Ocho años han transcurrido desde uno de los mayores desastres ambientales registrados en México. Fue el 6 de agosto de 2014 cuando la mina Buenavista del Cobre derramó 40 millones de litros de desechos tóxicos y metales pesados en el cauce del río Sonora.

A pesar del tiempo, habitantes de los pueblos de dicha cuenca, al norte del país, aún reclaman justicia, reparación y condenas contra Grupo México, empresa responsable por la contaminación que ha impactado en su salud, afectado las tierras y envenenado el río.

“Me duele lo que nos está pasando (…) Nos truncaron la vida, nos quitaron nuestra costumbre, vivimos en una vida triste”, compartió Norberto Bustamante, de la comunidad de Huépac y miembro de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) durante conferencia de prensa realizada este miércoles (3).

Durante el evento, acompañados de científicos y organizaciones de derechos humanos, lxs afectadxs compartieron los hallazgos que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) entregaron el 8 de abril de este año, los cuales confirman el daño a los habitantes de la región.

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Tras analizar a 650 afectadxs de ocho municipios de la cuenca del río Sonora, se encontró que en sus cuerpos mantienen la presencia “homogenizada” de metales. Más del 95% de la población registra plomo en la sangre y orina, 79% registra presencia de cadmio y 50% de las pruebas también evidenciaron el arsénico en lxs pobladores.

Acorde a Bustamante, en el Río Sonora existen personas con tumores, cáncer, alergias y leucemias, lo que implica la necesidad de tratamientos que son costosos y que la mayoría de la población no puede cubrir pues la economía de la región también se vio afectada por el derrame.

“Tengo tiempo padeciendo enfermedades y no sabía que era causa de la contaminación”, relató María Filomena Bonilla, habitante del municipio de San José de Gracia. Bonilla explicó también que la evidencia señala que el deterioro a su salud está causado por la presencia de los metales pesados en el río Sonora. “Mi esposo falleció el año pasado; se fue y nunca supo que los malestares eran por los metales”, reclamó.

Afectaciones, impunes

Durante la conferencia destacó la presentación de hallazgos sobre los daños a la salud, medio ambiente, al ecosistema y la economía, lo cual confirma los señalamientos de las comunidades sobre las graves afectaciones por el derrame de millones de litros de sulfato de cobre.

No obstante, desde el año de 2020, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) había informado a siete comunidades de la cuenca sobre la alta concentración de arsénico y plomo en los pozos de agua utilizados por las poblaciones para consumo humano y actividades agropecuarias.

“A esta información hay que agregar que los porcentajes de población en donde se detectó alto riesgo y muy alto riesgo van del 1 al 10% en cada municipio y en los cuales se reconoce el riesgo a desarrollar arsenicosis y neuropatía”, señala el informe El camino hacia la verdad tras 8 años de impunidad en el río Sonora, presentado por los CCRS y la organización PODER.

El documento también indica que, pese a los discursos de las instituciones, aún no se avanza en la reparación del daño. Por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha retrasado avances para la operación de plantas potabilizadoras y tampoco se ha conseguido la coordinación entre autoridades para la construcción de un hospital que había sido prometido para la atención de lxs afectadxs.

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Al contario, la administración federal permitió la expansión de Grupo México para la explotación minera con la construcción, a 23 kilómetros de Bacanuchi, uno de los poblados más afectados por la contaminación, de una nueva presa para sus residuos tóxicos.

“Grupo México lleva operando 11 años sin un plan de manejo de residuos, o sea, lleva 11 años haciendo lo que quiere”, denunció José ManuelLópez, también integrante de los CCRS quien añadió que los trabajadores de Conagua insisten en que el agua del Río Sonora está limpia, “van y le comentan a la gente que el agua está limpia y la pueden beber cuando los resultados nos arrojan que el agua está contaminada”.

Reparaciones que no llegan

Entre las afectaciones también se mencionó el valor económico en pérdidas cuantificadas por 10 mil 200 millones de pesos, más del triple de lo estimado inicialmente y una cifra cinco veces mayor al monto del Fideicomiso Río Sonora (2 mil millones de pesos).

En el año 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que dicho fideicomiso, creado por Grupo México para compensar económicamente a las víctimas, no cumplió con el proceso de reparación de los daños y violó el derecho de participación de lxs afectadxs. De acuerdo a PODER, sólo 351 personas recibieron pequeñas cantidades de dinero, lo cual representa solo el 10% de las ayudas que iban a ser destinadas para resolver las consecuencias del derrame.

Para noviembre del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció un “Plan de Justicia para Cananea” encaminado a resolver el problema ambiental en una de las regiones mineras más importantes de México.

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El informe de PODER hace énfasis en que en la presentación del Plan se incluyó en la mesa a Grupo México, pero no a representantes de las comunidades afectadas, por lo cual desde su inicio las comunidades rechazaron el hecho de que no se menciona al Río Sonora de forma explícita.

Martha Patricia Velarde, miembro de los CCRS, argumentó que existe una captura corporativa del Estado y por ello no puede haber justicia. Esto lo ejemplificó al mencionar que “en Sonora el gobierno está aplaudiendo todas las acciones que tiene Grupo México, cuando ellos (la minera) están promoviendo inversiones en su propio beneficio” y en cambio, pese a que la empresa ha ido citada en dos ocasiones por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Grupo México se ha negado a reunirse con las autoridades ambientales.

Pueblos zoques de Chiapas denunciaron que desde el pasado 26 de julio se presentó un derrame de petróleo, el cual está contaminando gravemente a los ríos Mezcalapa y Carrizal y afecta el suministro de agua para más de 600 mil personas de la región.

“La mancha de aceite crudo se dispersó por arroyos, ríos y pastizales principalmente en la ranchería El Platanar, municipio de Pichucalco, ubicada entre los límites de Chiapas y Tabasco, sobre la Cuenca Grijalva”, señalan organizaciones defensoras de la vida y del territorio zoque.

A su vez, identificaron como responsables de la contaminación a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), así como a la negligencia de los gobiernos de Chiapas y Tabasco por no realizar una revisión exhaustiva de los ductos de transportación de hidrocarburos.

Territorios de sacrificio

Mediante comunicado, el colectivo Defensoras de Nasakobajk, Concejo Zoque en Defensa de la vida y el territorio, así como el Centro de Lengua y Cultura Zoque y comunidades zoques residentes en Jalisco y Boston, reclamaron el hecho de que, pese a que desde hace meses se realizó el reporte de fuga en el municipio de Reforma, Chiapas, la petrolera mexicana no actuó para evitar el derrame.

“Ésta negligencia es una evidencia de las formas de operación del Estado Mexicano, en particular desde su empresa Petróleos Mexicanos, quien desde hace 5 décadas ha convertido a nuestras tierras en verdaderos territorios de sacrificios como ocurre en el ejido Nuevo Volcán Chichonal, municipio de Juárez, pozo Catedral en Ostuacán y la laguna El Limón de Reforma, Chiapas, que son pasivos ambientales generados por el gobierno”, detallaron las organizaciones.

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En el documento difundido este lunes (1), también exigen revisar los derechos de vía de los ductos, “pues muchas de ellas, se encuentran sobre viviendas, escuelas y torres de alta tensión de comunidades campesinas que además padecen los efectos de la lluvia ácida”.

Desastre

Según la versión de las autoridades municipales de Pichucalco, el desastre ambiental sucedió tras la perforación clandestina de los ductos que transportan los hidrocarburos, por lo que se decidió parar el bombeo de agua hacia los pueblos y comunidades de la zona, afectando con ello el suministro para 600 mil personas. En contraste, Octavio Romero Oropeza, director de PEMEX afirmó que aún están investigando las causas del derrame.

Por su parte, autoridades del municipio de Huimanguillo, Tabasco, informaron que pese a que desde el mismo 26 de julio se reportó el derrame, los especialistas de PEMEX arribaron al lugar un día después. A pesar de que, en un comunicado, el gobierno de Pichucalco informó que la fuga ya está controlada, los restos del hidrocarburo siguen filtrándose por la corriente del agua.

De acuerdo a un reporte de Pie de Página publicado este martes (2), aún se puede observar el líquido negro por varios kilómetros en las aguas de la subcuenca del río Mezcalapa, entre los municipios de Pichucalco, Chiapas y Huimanguillo, Tabasco.

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Cabe destacar que según la ASEA, desde 2016 y hasta mayo del 2022 registró 5,777 accidentes en el sector de hidrocarburos. El reportaje Pemex: el infierno que la petrolera ha provocado afirma que, del total de estos incidentes, en 3,836 está involucrada PEMEX y sus filiales PEMEX Exploración y Producción (PEP), Perforación, Logística, Refinación y Transformación Industrial (TI). Además, testimonios de Veracruz, Hidalgo, Puebla y Tabasco demuestran graves afectaciones al medioambiente derivado de la extracción y distribución de hidrocarburos.

Para las organizaciones zoques, “ésta catástrofe es provocada por el sistema capitalista que, domina el mundo hoy en día. En este sistema, los dueños de las grandes corporaciones mundiales, en alianza con los gobiernos y todos sus aparatos de control y de represión, quieren obtener ganancias multimillonarias y acumular poder. Por eso, saquean nuestros territorios, destruyen la naturaleza, la vida del ecosistema y explotan nuestra fuerza de trabajo. Convocamos a los pueblos a fortalecer la organización comunitaria porque solamente como colectivos podremos defender a la madre tierra”.

^{Con información de Pozol colectivo}

La mañana del pasado sábado (30), habitantes del ejido Tila, norte de Chiapas, marcharon por las principales calles de la comunidad para conmemorar el 88 aniversario del reconocimiento de sus tierras ejidales, lo cual sucedió a través de la resolución presidencial emitida el año 1934.

Las y los indígenas Choles, aprovecharon para denunciar “la corrupción de los tres niveles de gobierno y del sistema agrario”. Por ser indígenas “no somos tomados en cuenta, sólo en las contiendas políticas”, puntualizaron durante un mitin en la plaza central de Tila.

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Los también integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), evidenciaron que Eduardo Gutiérrez Martínez fue reconocido como comisariado por el Registro Agrario Nacional (RAN), en el periodo 2015-2018, falsificando firmas para obtener personalidad jurídica. Otro de los comisariados que posteriormente no han sido reconocido por el ejido es Miguel Vázquez Gutiérrez, denuncian los indígenas Choles. Ambos comisariados desconocidos por el ejido son respaldados por los tres niveles de gobierno y dependencias agrarias, recalcan los descendientes del pueblo Maya.

Los indígenas del norte de Chiapas, exigen se respete la resolución presidencial que ampara y protege las 5,405 hectáreas. Por defender la herencia de sus antepasados “hemos recibido amenazas, represión, hostigamiento, calumnias y difamaciones”, expresan los ejidatarios en resistencia.

Lucha histórica

Las tierras del ejido fueron reconocidas a los ch’oles por resolución presidencial en 1934. En 1966 se intentó modificar el plano para entregar 130 hectáreas a la presidencia municipal, pero los ch’oles obtuvieron el amparo 890/77, que ganaron en definitiva en el año de 1994.

En 1982, el Congreso estatal decretó la expropiación de las 130 hectáreas que ambicionaba el ayuntamiento. Un nuevo amparo de los ejidatarios, el 259/1982, comenzó a tramitarse. Dicho amparo, ganado en 2008 por el ejido, ordenó la restitución de las 130 hectáreas de tierras ancestrales; sin embargo, bajo el falso argumento de imposibilidad para la ejecución de la sentencia, el ayuntamiento municipal la incumplió, motivo por el cual las y los ejidatarios de Tila promovieron el incidente de inejecución de sentencia 1302/2010 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Desde diciembre del año 2015, los indígenas choles por acuerdo de la asamblea, retiraron a la presidencia municipal del ejido y a los partidos políticos, tomando en sus manos las gestiones de limpieza, seguridad, justicia entre otros rubros.

De acuerdo al posicionamiento de las y los ejidatarios, el actual gobierno de Rutilio Escandón no ha dado las garantías judiciales, al no dar cumplimiento a la ejecución de sentencia ordenada por la SCJN, que condena la restitución de las tierras expropiadas al ejido para un denominado fundo legal. Esta condena, aunque fue emitida desde el 12 de septiembre del 2018, sigue sin ejecutarse, lo que ha provocado el incremento de la violencia en la región contra los ejidatarios, asegura el académico y comunicador José Adriano Anaya.

Como lo indica el periodista Luis Hernández, “La controversia agraria en Tila no es sólo asunto de tierras; es, también, una disputa para enfrentar el poder del cacicazgo, frenar la privatización de la tierra, reconstituir el pueblo chol, construir la autonomía y resistir la política de contrainsurgencia”.

Activistas, comunidades indígenas e integrantes de la Red en Defensa del Agua y la Vida (REDAVI) se movilizaron el viernes (30) para exigir un alto a la represión contra quienes rechazan la aprobación de la Ley de Aguas en Querétaro.

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A dos meses de su entrada en vigor, la REDAVI ha exigido la abrogación de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro pues busca privatizar el agua mediante concesiones que podrán ser otorgadas por el estado de Querétaro a empresas privadas.

También señalaron que, pese a las manifestaciones pacíficas que demandan un parlamento abierto, han sido ignorados por las autoridades para compartir sus argumentos científicos, sociales y por los derechos humanos mediante los cuales rechazan la aplicación de la norma.

A su vez, exigieron detener la criminalización de la protesta pues existe ya una investigación, por parte de la Fiscalía General del Estado, contra tres activistas ambientales, quienes fueron detenidos durante una movilización pacífica, y son acusados por distintos delitos de desobediencia y contra las vías de comunicación.

La Red denunció también otros casos de intimidación y hostigamiento contra organizaciones e individuos que han declarado su desaprobación contra la también conocida como Ley de Concesiones.

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Es el caso de las amenazas contra un integrante de la Confederación Indígena del barrio de San Francisquito y la respuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de Bernardo Romero Vázquez, consejero ciudadano quien reclamó la postura del organismo de derechos humanos al respaldar el despojo de la ley.

Abrogación

Mediante documento dirigido a distintas autoridades de Querétaro, la REDAVI solicitó la abrogación de la Ley de Aguas, pues acorde a la organización busca privatizar el agua sin contemplar el bienestar social ni la salud ambiental. Además, la legislación tampoco considera los impactos negativos a los derechos humanos de la población.

Durante casi dos meses, distintas organizaciones han realizado movilizaciones para evidenciar el rechazo a la norma desde su aprobación por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. “Nos hemos movilizado durante 11 semanas para exigir su abrogación. La respuesta que hemos recibido por parte del gobierno (…) ha sido la represión y la violencia del estado”, compartieron en comunicado.

Violencia de Estado

Tras la represión y detención arbitraria de quienes se manifiestan contra la Ley de Aguas por la legítima lucha en defensa del agua, la REDAVI señaló como responsables al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, así como a la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía, quienes criminalizan el movimiento social.

Cabe recordar que el pasado 10 de junio, las autoridades estatales ordenaron la represión de una protesta pacífica donde la policía estatal hizo uso excesivo de la fuerza contra quienes se movilizaron en rechazo a la Ley de Aguas.

Desde entonces, la REDAVI ha señalado que el movimiento en defensa del agua ha sido estigmatizado mediante las declaraciones de funcionarios de gobierno en medios masivos de comunicación.

Según la red, lo que sucede en Querétaro mediante dicha normativa pone en riesgo derechos, ecosistemas y la justicia hídrica, además “se da en un contexto de racismo y agresión hacia personas y comunidades defensoras de la tierra”.

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Entre las agresiones de parte del Estado, destacan las amenazas, detenciones arbitrarias y prisión política contra la comunidad hñähñu de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco. Ya desde el año de 2020, la Iniciativa Mesoamericana de mujeres defensoras alertó sobre una campaña de descalificaciones, calumnias, desprestigio, amenazas y criminalización de la defensa territorial en dicha comunidad.

En 2020 Front Line Defenders emitió una alerta global por las distintas agresiones a mujeres ambientalistas, periodistas y ejidatarias en la zona Metropolitana de Querétaro.

“La criminalización y violencia institucional no solo vulneran derechos, estigmatizan la organización y fragmentan el tejido social, también son particularmente graves en un contexto de represión sistemática de defensores ambientales”, señaló la REDAVI al contextualizar que las agresiones a defensores se duplicaron en 2021 con respecto a datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental registrados en 2020.