por Magdalena Gómez

Las agresiones contra comunidades zapatistas en Chiapas por parte de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao) han permanecido impunes a lo largo de los años en los sucesivos gobiernos estatales. Se conocen los nombres de quienes han participado y, sin embargo, las redes oficiales de complicidad y acceso a recursos de la Orcao les han permitido continuar con acciones violentas contra diversas comunidades pertenecientes a las juntas de buen gobierno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Esta situación está en ascenso justo en la etapa actual de la llamada Cuarta Transformación, con un gobernador del ahora partido oficial, Morena. El 19 de septiembre de 2021 el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN emitió un fuerte comunicado denominado “Chiapas al borde de la guerra civil”. En él se refirió a la Orcao como organización paramilitar al servicio del gobierno de Chiapas. Y denunció el secuestro por esta organización ocho días antes, de dos de sus integrantes, autoridades autónomas de la junta de buen gobierno Patria Nueva Chiapas. Reconoció la labor de organismos de derechos humanos y la Iglesia católica progresista. Todo ello cuando la delegación zapatista se encontraba en la Ciudad de México para partir hacia la Europa insumisa. Fueron liberados en la fecha del comunicado. En el mismo, enumeró además las acciones desestabilizadoras de Rutilio Escandón, entre ellas agresiones a normalistas, violación de acuerdos con el magisterio democrático, alianza con grupos de narcotráfico cuyas bandas agreden sistemáticamente a las comunidades de Aldama y Santa Martha. Lo muy relevante de este posicionamiento, cuyo encabezado lo anunciaba, fue la contundente declaración: “Tomaremos las medidas pertinentes para que se aplique la justicia a los criminales de la Orcao y funcionarios que los apadrinan. Es todo, para otra ocasión ya no habrá comunicado, o sea no habrá palabras, sino hechos”.

Reconocemos y valoramos que el EZLN, pese a las múltiples provocaciones recibidas a lo largo de los años, ha mantenido un respeto irrestricto al cese al fuego que se acordó y consigna la Ley para el diálogo, la reconciliación y la paz digna en Chiapas, que data de 1995. Ahora nos preguntamos si hay una clara intencionalidad política del gobierno chiapaneco por llevar al límite las agresiones al zapatismo y colocarlo ante la decisión de responder a los ataques armados que lejos de cesar, se incrementan. También sería importante establecer si Rutilio Escandón actúa por su cuenta o está avalado desde la Federación, y de paso recordamos que aún existe la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), cuyo silencio es abiertamente ominoso, por decir lo menos.

Apenas la semana pasada, la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq documentó el 2 de mayo el ataque y desplazamiento forzado de habitantes de las comunidades Emiliano Zapata y La Resistencia, ambas pertenecientes a la junta de buen gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia por la Vida y la Humanidad, en la demarcación del municipio oficial de Ocosingo. Nuevamente la Orcao, en acción contra las bases de apoyo zapatistas, liderados, lo señalaron, por Tomás Santiz Gómez, José Pérez, Antonio Juárez, Marcos López Gómez y Juan Gómez, dispararon en contra de los habitantes de las comunidades mencionadas, provocando el desplazamiento forzado de 54 personas (11 familias), entre los que se encuentran menores de edad y personas adultas. Tres días después, la misma organización, atacó pasada la medianoche la comunidad San Felipe, y dispararon en la comunidad autónoma La Resistencia. Media hora más tarde “un grupo de agresores quemó la escuela autónoma zapatista y el garaje de un integrante de las BAEZLN; derivado de estos hechos 29 personas (cuatro familias) fueron desplazadas”. En total fueron desplazadas por la fuerza 83 personas bases de apoyo, 54 de Emiliano Zapata y 29 de La Resistencia. Ojalá no se recupere el artificio de “conflictos intracomunitarios”, al que recurrieron los gobiernos chiapanecos en el pasado. No sabemos hasta dónde puede llegar la captura del Estado por los poderes fácticos.

La situación nacional no goza de mejor salud. En varias regiones los pueblos originarios están siendo atacados por fuerzas que buscan ocupar sus territorios promoviendo el desplazamiento forzoso, mientras el Estado es omiso en garantizar sus derechos colectivos. Veamos a los rarámuris, a los pueblos de la región cholulteca en defensa del agua, peor aún, en ocasiones no obstante que ya han ganado juicios se obstaculiza su cumplimiento. Es el caso de la Marcha por la Dignidad y la Conciencia Wixárika que se dirige a la Ciudad de México para exigir al Presidente de la República la restitución de sus tierras.

Es urgente una respuesta hoy desde el gobierno federal para que en efecto se marque la distancia con el pasado, en Chiapas y en todo México.