«No es cosa de otro mundo lo que nosotros hacemos», dicen dos compañeros del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). «Es la forma en que vivimos, como viven los pueblos». Tranquilos a pesar del hostigamiento, las amenazas y el dolor por sus cuatro compañeros recientemente asesinados, cuentan cuál es el objetivo central de su organización: la reconstitución de los derechos de los pueblos amuzgos, tlapanecos, nahuas, mixtecos y mestizos de Guerrero.

No es casualidad que su horizonte coincida casi perfectamente con el lema del Congreso Nacional Indígena (CNI). Prácticamente desde su fundación, el CIPOG-EZ ha formado parte del CNI. En 2017, Lucio Bartolo Faustino —asesinado el 4 de mayo pasado junto a Modesto Verales Sebastián— fue elegido concejal del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y acompañó, junto a los pueblos de la Montaña de Guerrero, el recorrido de María de Jesús Patricio, Marichuy, por esa región. Uno de los compañeros del CIPOG-EZ lo dice claramente: trabajan «para que los siete principios [del mandar obedeciendo] se realicen, para que no sean solo un sueño».

Precisamente por esos principios, las decisiones y los proyectos que acompaña el CIPOG-EZ se construyen desde abajo, tejiendo consensos en asamblea. La educación, la salud, la agronomía y la seguridad autónomas se construyen así: «nuestra propuesta se basa en el proceso de la plática con los pueblos».

Ese proceso, insisten, no es un ‘invento’ del CIPOG-EZ. Es la forma en que de por sí los pueblos se organizan. Las comunidades que conforman hoy el CIPOG-EZ tienen una historia centenaria de lucha que, en los últimos 25 años ha cristalizado en el movimiento por la autonomía de Guerrero: el Consejo Guerrerense 500 años de resistencia; la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas primero y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) después.

En 2014 los pueblos organizados en torno al CIPOG-EZ buscaron reconstituir sus sistema de seguridad y justicia comunitarias, acompañando la formación de la policía comunitaria de la CRAC de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF). Hasta hoy, el principio es el mismo: más allá de cualquier institución, las decisiones sobre la vida colectiva las toman los pueblos mismos a través de sus asambleas. El nombre no es, tampoco, una ocurrencia: las comunidades son las fundadoras y depositarias de la herencia de lucha por la autonomía en Guerrero, las que han acompañado el caminar del CNI y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Fotografía: Cristian Leyva

Desde entonces, cuentan los compañeros, los pueblos han buscado construir «una alternativa de vida, propia de las comunidades». Esa alternativa es un verdadero horizonte, es la forma de vida de los pueblos. En 2015 se fundó en el ejido Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, Radio Zapata: una emisora libre y comunitaria cuyo objetivo es fortalecer la defensa del territorio. Allí mismo, en un terreno donado por la asamblea se prepara la construcción de un Centro de Saberes, uno de los proyectos más ambiciosos del CIPOG-EZ. Así lo explican:

Los Centros de Saberes son una propuesta educativa para resolver en colectivo y de manera autogestiva nuestras demandas y necesidades: seguridad y justicia, defensa del territorio, alimentación, producción y mercado interno, información, educación y salud comunitaria. Para rescatar nuestra cultura, nuestra memoria y la experiencia de nuestras comunidades.

Por lo que se viene, pensamos que el futuro del Territorio Comunitario y el futuro de los pueblos Ñu savii, Me´phaa, Nahua y Ñomdaá requiere, ahora como antes, de la fuerza organizativa de nuestras comunidades y de la autonomía de nuestras instituciones y organizaciones.

El Centro, como todos los proyectos que acompaña el CIPOG-EZ, tiene su origen y su fin en la asamblea: de ella surgen los acuerdos y hacia ella se dirige su fortalecimiento. Las mujeres, hombres, niños y ancianos son el sustento y la razón de ser de la organización. El sistema de cargos tradicional es el soporte ancestral de su fuerza: los comisarios, los representantes con mayor respeto de la asamblea, son también los encargados de realizar las peticiones de lluvia para las milpas. La vida entera se genera y se reproduce en la asamblea.

Y, como en todos los pueblos originarios, el corazón de la vida es la tierra. Una de las primeras luchas de los pueblos que hoy conforman el CIPOG-EZ fue la resistencia frente a la reforma al artículo 27 constitucional en 1992, y al programa de «certificación» individual de lo que eran tierras comunales y ejidales, el Procede.

El programa Procede ha sido la herramienta jurídica fundamental para el despojo de las tierras colectivas de los pueblos. Al otorgar títulos de propiedad individuales a comuneros y ejidatarios, facilita la venta de las tierras. A través de ese mecanismo, mineras, inversionistas y grupos narcoparamilitares han ocupado el territorio guerrerense. Los pueblos del CIPOG-EZ han resistido y resisten a la fragmentación y venta de sus tierras: las 22 comunidades nahuas del municipio de Chilapa de Álvarez que se han negado a venderlas son, hoy, el principal obstáculo del Estado narcoparamilitar.

El territorio que defienden esas comunidades es el que hoy se encuentra sitiado por Los Ardillos y Los Rojos, los principales grupos criminales de la región. Además de intereses mineros, las tierras nahuas están en una zona de paso para el tráfico de drogas y armas y sus zonas altas son ideales para la siembra de amapola. Por eso, la existencia misma de los pueblos es un obstáculo para el despliegue de los grupos del crimen organizado, en franca complicidad con los tres niveles de gobierno.

Para los compañeros del CIPOG-EZ, la gravedad de la situación es clara: el objetivo de los narcogbiernos es eliminarlos como organización e, incluso, desaparecerlos como pueblos. Hasta hoy, cuatro familias han sido desplazadas de la comunidad de Tula, cuatro localidades permanecen sin luz, y existen retenes en los principales cruceros de acceso a la zona nahua de la Montaña Baja. Los puestos de control del narco —abiertamente tolerados por las Fuerzas Armadas y por las policías municipal y estatal— impiden que las familias se abastezcan de productos básicos en la cabecera municipal. La situación es tan grave que, en muchas comunidades, es imposible incluso salir a trabajar la tierra: las lluvias comenzaron ya y no se está sembrando las milpas que son el sustento de la vida.

Precisamente en un viaje para comprar víveres, Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote fueron levantados el pasado 23 de mayo. Sus cuerpos aparecieron al día siguiente, descuartizados, dentro de bolsas negras de basura. El mensaje era claro. En la región todos saben que el presidente municipal de Chilapa —el priista Jesús Parra García— obedece a Los Ardillos, pero un detalle atroz disipa cualquier duda. Un día después de que los cuerpos fueron encontrados, Parra García extorsionó al pueblo de Xicotlán, ofreciendo dinero y los cuerpos de Hilario y Xanteco a cambio de la liberación de dos sicarios que el pueblo mantenía retenidos bajo el sistema comunitario de seguridad y justicia.

La respuesta de los pueblos del CIPOG-EZ ha sido clara, pacífica y digna. Abrazados por la solidaridad del CNI-CIG y del EZLN, y confrontados con la omisión y complicidad de los tres niveles de gobierno, publicaron a comienzos de junio la Primera declaración de resistencia del CIPOG-EZ, CNI-CIG ante el cerco de los grupos paramilitares y la omisión de los tres niveles de gobierno. Se trata de un documento histórico, donde los pueblos se declaran abiertamente en resistencia y autonomía frente al Estado narcoparamilitar:

Hoy informamos públicamente que las comunidades que conformamos el Territorio Comunitario de la Montaña Baja, integradas al CIPOG-EZ, nos declaramos como comunidades en resistencia del CNI-CIG ante el terror narcoparamilitar y ante la ausencia del Estado mexicano. Nuestro territorio será cerrado totalmente para evitar una masacre por parte de los grupos narcoparamilitares, pero también está cerrado para cualquier partido político o funcionario gubernamental, porque solo se han venido a burlar de nosotros, cualquier comunicación deberá ser directa con nuestras asambleas permanentes presididas por las autoridades civiles y agrarias del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata. Reiteramos que nuestra lucha es civil y pacífica, pero no podemos resistir ante los grupos narcoparamilitares solo con voluntad, así que a partir de hoy se establecerán las barricadas que sean necesarias, desde donde los hombres y mujeres de todos nuestros pueblos seremos quienes resguardemos nuestro territorio, porque hoy tomamos en nuestras manos el destino de nuestra vida colectiva.

En la Declaración se reitera, una vez más, que todas las decisiones, las responsabilidades de seguridad y la interlocución con otros actores reside únicamente en las asambleas locales y regionales:

Somos los pueblos de la región Montaña Baja de Guerrero que estamos integrados al CIPOG-EZ, los que hoy estamos en resistencia, quienes les informamos que la CRAC-PC-PF quedo rebasada ante esta situación. Y que hoy reafirmamos como pueblos, autoridades civiles y agrarias, que en nuestro territorio comunitario las decisiones se tomaran de forma colectiva por todos los pueblos en resistencia en pleno apego a nuestros modos de organización. Declaramos que no buscamos ninguna confrontación con nadie y que nuestra lucha es por la vida. Nuestra voz y nuestras decisiones emanan de nuestras asambleas permanentes, cualquier interlocución es con esta estructura comunitaria y se dará a conocer a todos nuestros hermanos y hermanas de México y el mundo a través del CIPOG-EZ, y el CNI-CIG.

La solidaridad no se ha hecho esperar. El CNI-CIG y el EZLN convocaron recientemente a una Campaña por la vida la paz y la justicia en la Montaña de Guerrero «que partirá de la comunidad indígena nahua de Amilcingo, Morelos, el día 12 de julio de 2019 para estar los días 13 y 14 de julio en la comunidad de Acahuehuetlan, municipio de Chilapa, Guerrero».

Además, se han activado distintos centros de acopio de víveres y una cuenta bancaria para recibir los apoyos económicos y en especie para las 22 comunidades que se encuentran dentro del cerco paramilitar.

La guerra de exterminio es de larga duración, y cada vez cobra una forma distinta. Los pueblos que conforman el CIPOG-EZ lo saben. Han resistido más de 500 años y, por más de 25, lo han hecho con un horizonte claro: su autonomía, es decir, su libertad.

Los pueblos mismos, pues, son los que tomarán las decisiones que les permitan defenderse y vivir seguros, en paz, autonomía y dignidad. Por ahora, su llamado es a la solidaridad. Antes de despedirnos, le preguntamos a los compañeros qué quisieran decirle a quien lea estas palabras. Su respuesta es cristalina: «que necesitamos un alto a la guerra. Queremos paz. Es eso. Porque ya no queremos que haya más muertos».