Por R. Aída Hernández Castillo*

El 19 de febrero finalizó el plazo de registro de los candidatos independientes a la Presidencia de la República. Sólo tres candidatos “independientes” lograron el registro, los tres con gastos diarios iguales o mayores a los que hicieron los candidatos partidistas. María de Jesús Patricio, vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), no logró conseguir uno por ciento de las firmas de padrón electoral de 17 estados como se requería para que fuera candidata independiente. Desde el principio supimos que se trataba de una contienda muy desigual en un terreno profundamente marcado por las desigualdades que caracterizan a nuestro país. Mientras Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, gastaba 58 mil pesos diarios y contaba con todo el aparato institucional del gobierno del estado de Nuevo León para juntar las firmas, María de Jesús Patricio gastaba 860 pesos que compartía con los concejales y concejalas que viajaban con ella. Las barreras tecnológicas se enfrentaron en todo el proceso: la necesidad de un dispositivo celular moderno que permitiera bajar la aplicación para juntar las firmas, la conectividad por Internet requerida, el dinero para la movilidad de los auxiliares; cada uno de los pasos representaba una lucha contra las desigualdades y exclusiones que Marichuy y el CIG están denunciando.

Tengo que reconocer que como integrante de la Asociación por el Florecimiento de los Pueblos AC, que apoya su registro, me siento frustrada por no haber logrado superar todas esas barreras y no haber podido hacer más por mover las conciencias de este país en torno a la urgencia de cambios profundos. Este sentimiento se agudiza porque el 19 de febrero estoy en Ahome, territorio yoreme, donde la violencia del crimen organizado coludido con las fuerzas de seguridad ha convertido al estado de Sinaloa en una gran fosa común. Los testimonios de las madres de los desaparecidos nos recuerdan una y otra vez que estamos en un momento de emergencia nacional, que no se soluciona con “capacitaciones” o “modernizaciones institucionales”. Requerimos un cambio profundo que ninguno de los candidatos que aparecerán en las boletas electorales está dispuesto a hacer.

El país está plagado de Ayotzinapas anónimas donde las fuerzas de seguridad coludidas con el crimen organizado están perpetrando un juvenicidio delante de nuestra mirada y con la complicidad de nuestro silencio. Los estudiantes de Conalep masacrados en Juan José Ríos por no acatar el toque de queda establecido por el crimen organizado que controla el ejido más grande de México; la joven yoreme estudiante de la Universidad Intercultural de Sinaloa, cuyo cuerpo apareció en una fosa clandestina en Capomos; los 117 cuerpos encontrados por Las Buscadoras, madres de desaparecidos que con picos y palas buscan a sus “tesoros”, no parecen propiciar ya marchas ni protestas. Nos hemos acostumbrado a esta política de muerte.

Paralelamente, María de Jesús Patricio recorre el país hablando promoviendo una política de vida. Cuando me invade la desesperanza por no haber logrado las 866 mil firmas requeridas, pienso en lo que sí se ha logrado. En sus visitas a 126 localidades en 27 estados de la República Mexicana, María de Jesús y los compañeros del Concejo Indígena de Gobierno llevaron un mensaje de respeto a la vida y articularon esfuerzos organizativos en defensa de la madre tierra y contra estas políticas desarrollistas que nos están matando a todos, a unos más rápido que a otros.

En sus recorridos visitó pueblos en resistencia en todo el país, comunidades y luchas ignoradas por los otros candidatos. Se reunió con las organizaciones de pueblos totonacos que se oponen a los megaproyectos de gas fracking en Veracruz; en Texcoco con los pueblos del valle de México que luchan contra la construcción del nuevo aeropuerto que afectará no sólo sus terrenos agrícolas, sino los mantos freáticos que dan agua a Ciudad de México; en ciudad Neza su voz se unió a las organizaciones que denuncian los feminicidios y las múltiples violencias contra las mujeres; en Chiapas denunció la violencia paramilitar que atenta contra la autonomía indígena. El objetivo principal de su campaña ha sido, y seguirá siendo, articular nuestras luchas y construir alternativas de vida desde abajo, a partir del respeto a la madre tierra y a la dignidad de los pueblos.

Su llamado ha sido a defender la vida y el territorio de las políticas de muerte, y a retomar los valores comunitarios y experiencias de resistencia de los pueblos indígenas. En su discurso en el Totonacapan decía: “Los capitalistas nos quieren hacer creer que nuestro territorio son los miles de pozos petroleros, decenas de concesiones mineras, las mujeres asesinadas, las y los desaparecidos. Pero nosotros sabemos que no lo es, así como la violencia, la deforestación, las altas tarifas de luz y agua, el control del agua por caciques regionales y los megaproyectos extractivos tampoco son el territorio indígena de Veracruz. Nuestros territorios sí son las lenguas originarias, las culturas ancestrales, nuestras resistencias, la organización comunitaria que invita a no vendernos, a no rendirnos ni claudicar, a no olvidarnos de lo que heredamos de nuestros antepasados para proteger, que nos invita a organizarnos y a gobernarnos ejerciendo lo que en colectivo decidimos”.

Sin importar que las reglas impuestas desde arriba no le permitan estar en la boleta electoral, su llamado a no claudicar, a seguir organizándonos y defender la vida y el territorio sigue en pie. Continuamos rearticulándonos en esta nueva etapa de resistencia. Seguimos.

*Invetigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Fuente: La Jornada