México Distrito Federal, 29 de Noviembre del 2016

A los medios de comunicación
A los medios de comunicación independientes
A las organizaciones sociales
A la gente honesta y de abajo
Al pueblo de México

El 24 de noviembre del 2015 en este mismo lugar, Centro de Comunicación Social, dimos a conocer la conformación de este Comité de Sobrevivientes a la Tortura del Caso Atenco como una necesidad de hacer pública la farsa de justicia y fraude a la ley que el estado mexicano pretendía llevar a cabo para salir al paso de la denuncia que han interpuesto 11 compañeras nuestras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en contra del estado mexicano por los delitos de tortura sexual y cuyo informe de fondo estaba por resolverse.

Denunciamos que los mismos ministerios públicos, que fueron la parte acusadora en contra nuestra hace 9 años, hoy se hacen aparecer como la representación social de las ofendidas en los delitos de tortura y encubrimiento y que ante la imposibilidad de una solución amistosa con las denunciantes, el estado mexicano ha optado por seguir utilizando al poder judicial para reprimir, revictimizar y hacer un fraude a la ley, procesando a 12 policías, 21 médicos legistas y 1 ministerio público, por el delito de tortura y encubrimiento en las causas legales 55/13 y 166/14 del Juzgado Primero Penal de Toluca Estado de México, llamándonos a comparecer con amenazas de órdenes de presentación y multas, en calidad de testigos al conjunto de compañeros que fuimos víctimas de la criminalización y tortura en procesos irregulares a los que fuimos sometidos en el 2006.

Denunciamos que en estas causas mencionadas, se nos ha obligado a participar en careos revictimizantes.

Denunciamos que dichos careos solo han dejado claro que la tortura es una práctica sistemática y continuada desde nuestra detención y hasta el día de hoy en que el juez encargado del procesos, se niega a dejar de solicitar estas órdenes de presentación para los compañeros que fuimos parte de la tortura. Se empeña en un juicio fraudulento, donde el gobierno y sus ministerios públicos son juez y parte y lo único que pretenden es simular justicia y procesar a los más bajos niveles de una cadena de mandos que se niegan a investigar Por si esto fuera poco, denunciamos que de testigos se nos convirtió en denunciantes, pero que cuando pedimos que se fincara responsabilidad a los funcionarios titulares de esa cadena de mandos, por ejemplo; al Exgobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, el ministerio público pretendía negarse a asentar estos nombres en las actas, alegando que “no nos consta que ellos hayan dado las ordenes de violencia y tortura”.

En el mismo acto del año pasado llamamos a los compañeros que estaban por ser notificados, a sumarse a este comité y nos pronunciamos por desacatar los citatorios y no presentarnos a comparecer, por las razones antes expuestas.

Hoy a un año de distancia queremos informar a la opinión pública que a pesar de habernos pronunciado por el desacato lizo y llano como un acto de rebeldía y desobediencia civil, en los hechos el habernos organizado como comité de sobrevivientes nos dio claridad sobre nuestros derechos y nos permitió recobrar la dignidad y calidad procesal así como tomar conciencia de que además de la Razón, también nos asiste el Derecho, por lo cual el 13 de junio del presente año, 47 miembros del comité promovimos en nuestra calidad de testigos de las causas causas penales 55/13 y 166/14 del Juzgado Primero Penal de Toluca Estado de México una respuesta a los citatorios de comparecencia fundada en :

I.- CONSIDERACIONES SOBRE EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO.

Recordando al juez que aun que en estas causas nos hacen comparecer como testigos y no como víctimas, existe de la averiguación previa TOL/DR/1/466/2006 DONDE SOMOS VICTIMAS DE LOS DELITOS REFERIDOS en la recomendación 38/2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre los hechos de violencia suscitados los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y Atenco, así como el dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006 integrado con motivo de la solicitud formulada por el ministro Genaro David Góngora Pimentel, para investigar violaciones graves de garantías individuales. Como constancia de que todos los detenidos fuimos víctimas de violaciones graves a los derechos humanos cometidos en los operativos del 3 y4 de mayo.

II.-CONSIDERACIONES SOBRE NUESTROS DERECHOS CONSTITUCIONALES COMO VICTIMAS DE TORTURA.

Invocamos el Artículo 20° de nuestra constitución política.

III.- CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA TORTURA.

Invocando los artículos 1°,6°y 8° done se le recuerda al juez que los estados partes se obligan a prevenir y sancionar la tortura tomando medidas efectivas que garanticen a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura el derecho a que su caso sea examinado en ámbito de su jurisdicción.

IV.-DECLARACION SOBRE PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE JUSTICIA PARA VICTIMAS DE DELITOS Y DEL ABUSO DEL PODER, Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985.

En la que se establece que las victimas deberán ser tratadas “con compasión y respeto por su dignidad” y que “tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta e INTEGRAL reparación del daño que hayan sufrido” adoptando medidas para minimizar molestias.

Así pues con estos elementos y fundamentos de derecho nacional e internacional fue que promovimos respuesta a los citatorios de las causas penales 55/13 y 166/14 del Juzgado Primero Penal de Toluca, sin tener hasta el día de hoy 29 de noviembre una respuesta por escrito del juez titular.

A las organizaciones sociales, a las luchas del pueblo que defienden la vida, la tierra, el agua, la identidad, al pueblo en general, queremos compartir nuestro sentir y nuestra experiencia en este último año de lucha. Si bien es cierto que nos estamos amparando legalmente, en nuestros derechos como víctimas; queremos decirles que la cura a las secuelas psicológicas, emocionales, políticas y hasta físicas de la tortura que el estado cometió en Atenco con la intención de dar un escarmiento a la disidencia y solidaridad de las luchas por un país mejor la hemos encontrado en la organización, la organización nos ha permitido ponernos de pie en un juzgado y poner un alto a la re victimización, la organización nos ha permitido recobrar nuestro espíritu de lucha por la justicia y seguir tejiendo solidaridad con las resistencias que hay nuestro país y con este espíritu es que les comunicamos que a hora no nos conformaremos con que nos dejen en paz y nos dejen de citar y torturar, porque a hora estamos convencidos que organizados buscaremos justicia y castigo a la cadena de mandos responsable de los crímenes cometidos en el 2006 en Texcoco y Atenco.

Anunciamos que en año 2017 promoveremos legalmente en nuestra calidad de ofendidos en la causa TOL/DR/1/466/2006 por el delito de tortura en contra del estado cometidos en los operativos del 2006 en Atenco y pediremos con fundamentos legales, que se cite a comparecer y sean juzgados por su responsabilidad en la cadena de mandos los funcionarios que ocupaban puestos jerárquicos y que no los exime de la responsabilidad de los actos ejecutados por sus subordinados, por lo cual se hace necesario volver a repetir los nombres y puestos de los funcionarios que planearon y ordenaros dichos operativos y que los juicios d las causas 55/13 y 166/14 pretenden dejar impunes, entere los que se encuentran: Nazario Gutiérrez Martínez Presidente Municipal interino de Texcoco (hoy nuevamente presidente municipal), Raúl Alberto Castrejón Nuñez Subprocurador de Justicia de Texcoco, Pascual Pineda Sánchez Presidente Municipal de San Salvador Atenco. A nivel estatal: Wilfrido Robledo Madrid ex director de la Policía Federal Preventiva (PFP) y ex comisionado de la Agencia de Seguridad del Estado de México (ASE), Abel Villicaña Estrada Procurador General de Justicia, Humberto Benitez Treviño Secretario General de Gobierno. A nivel federal: Vicente Fox Quezada ex presidente de México, Daniel Cabeza de Vaca Procurador general de la república, Eduardo Medina Mora Secretario de Seguridad Pública, Carlos Abascal Carranza Secretario de Gobernación, Miguel Angel Yunes Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Genaro García Luna director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Aurelio Vargas jefe de la policía federal preventiva, y el entonces gobernador del estado de México Enrique Peña Nieto. De quien existen declaraciones públicas ante medios masivos de comunicación en donde el ex gobernador asume la responsabilidad de los operativos de Atenco y además presume “lo volvería a hacer”.

Así pues con este anuncio; llamamos al pueblo a organizarse siempre, aun y sobre todo después de la represión, porque estamos convencidos que la organización y la solidaridad es la terapia natural para esta sociedad enferma, explotada, despojada, reprimida y torturada, por lo cual desde aquí nos solidarizamos con todas las luchas que se llevan a cabo en pro de un futuro mejor y en contra de la devastación , el despojo y la injusticia y de manera muy especial por el ejemplo que nos han dado, a las 11 mujeres denunciantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del estado mexicano, a la lucha del frente de pueblos en defensa de la tierra del valle de Texcoco, y a la comunidad Yaqui de loma Bacum que defiende su territorio ancestral y se opone a la construcción de un gaseoducto, por mencionar las más próximas en este proceso, asi como al centro de derechos humanos Zeferino Ladrillereo y Miguel Agustín pro Juarez que nos acompañaron en dos foros donde analizamos la inconstitucionalidad de la ley Eruviel, uno en la UACM y otro en la UAM Xochimilco en cuyos foros nos acompañaron los rectores de estas casas de estudiosa los cuales reconocemos su calidad humana y su compromiso social.

Compartimos a los cuatro vientos, al cielo y a la tierra, que al organizarnos como sobrevivientes, nos pusimos de pie en acto rebelde, pacifico, político, legal y de conciencia para reconocer nuestra capacidad jurídica de reclamar justicia por los crímenes de Estado cometidos en el caso Atenco.

No buscamos arreglos ni soluciones amistosas, buscamos justicia para nuestros pueblos y castigo a los responsables.

“LA TIERRA Y LA DIGNIDAD NO SE VENDEN,

SE AMAN Y SE DEFIENDEN”

COMITÉ DE SOBREVIVIENTES DE LA TORTURA DEL CASO ATENCO.