El rompecabezas del crimen en Guerrero

Agencia SubVersiones.- Por José Luis Santillán, Cristian Leyva y Heriberto Paredes

Después del proceso electoral del 7 de junio de este 2015, el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de Guerrero es ya un hecho. La escalada de violencia continúa creciendo en diversos municipios del estado como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Atoyac y Teloloapan. El gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, ha desplegado el operativo «Tierra Caliente», donde 12 mil elementos del ejército mexicano están actuando desde Altamirano hasta Zumpango, además de contar con la presencia de 1,200 gendarmes. Así, por ejemplo, el fin de semana del 11 y 12 de julio, tan sólo en Acapulco se registraron 14 ejecuciones, a lo que el alcalde del puerto, Luis Uruñuela Fey comentó cómodamente: «Hay cosas que no se pueden evitar».

Los reacomodos políticos, territoriales y sociales que se están viviendo en la entidad, se viven en violentas jornadas que dejan ríos de sangre en las calles de varios municipios en distintas regiones del estado. Sólo por mostrar algunos ejemplos de la magnitud del terror: en la primera quincena de julio van 10 ejecuciones y cuatro desapariciones forzadas en el municipio de Iguala. El lunes 13 de julio en Atoyac de Álvarez, donde ya son varias las ejecuciones post-electorales, la más reciente es la de Gerardo Barrientos Delgado de 23 años: desconocidos armados entraron a su taller, atacándolo a balazos a él y a su padre. En el lugar se encontraron 16 casquillos percutidos calibre 38 súper. El martes 14 de julio un comando armado ejecutó a una pareja y secuestró también a sus dos hijas en la comunidad de Totoltepec, municipio de Teloloapan. En la misma demarcación, un grupo de sicarios en una camioneta se topó de frente con un convoy de cinco vehículos de policías federales y militares, aunque, después de la emboscada que derivó en un enfrentamiento, sólo lograron detener a uno de ellos.

La violencia continúa rebasando a las autoridades y causando terror en la población, los índices de ejecuciones son alarmantes, pero no pareciera ser una emergencia nacional. Más pareciera un reacomodo necesario para recibir al nuevo gobernador electo; mientras, quienes dejarán el poder temporal, toman lo que pueden y se preparan para negociar con el próximo gobierno.

Fotografía: Cristian Leyva
Mezcala, limite territorial entre Rojos y Guerreros Unidos. Fotografía: Cristian Leyva

Días antes del día 7 de junio –que marcó el futuro político inmediato del estado de Guerrero– un grupo de periodistas de Subversiones, recorrimos distintas regiones de la entidad para poder ofrecer un breve mapeo de la política en su faceta criminal y su influencia gubernamental y social. Lo documentado no deja lugar a dudas, el terror y la corrupción son las verdaderas políticas sociales que se viven en el estado. Desde esas fechas ya se advertían muchas de las desgarradoras realidades que hoy estamos viendo en Guerrero, quienes nos brindaron sus testimonios y opiniones, adelantaban también los resultados electorales.

Los pertinentes reacomodos del crimen organizado

Primera quincena de mayo 2015. Guerrero. México. «Guerreros Unidos se divide en tres grupos, por eso se le denominó como GU, uno lo dirige el Peque Mayor, que se hacen llamar los Peques, el otro es el Tilo, el Tilo también trae la banda, les dicen los Tilos y Montoya. El Peque y el Tilo al parecer son hermanos, no estoy muy seguro, pero hay una relación de familia, entonces juntos se hacen llamar GU, son los que operan principalmente en esta región y son los que tienen la mayor fuerza, son los GU. Aquí […] está una célula muy importante que controla esta parte […], ahí están operando. Y de hecho […] se presume de que ellos son los que ejecutaron a los normalistas. En una comunidad que se llama Cocoyula, ahí está un lugarteniente que le dicen el Mazacuato, él es el que controla esa parte. Entonces ellos son los Peques, los que están ahí. Los Peques son los que ejecutaron directamente a los normalistas, los mismos Peques en su huida llegaron a invadir territorio de Los Rojos, por eso se puso muy feo Carrizalillo porque por ahí llegaron ellos» nos afirma sin preocupación alguna y con cerveza en mano, una fuente cercana al grupo criminal Guerreros Unidos (GU). Con total impunidad revela quiénes –supuestamente– asesinaron a los estudiantes y dónde están asentados los responsables operando con regularidad, tal desfachatez es posible gracias al poder que ha adquirido el crimen organizado en la última década, cuando las cosas en Guerrero comenzaron a manejarse, de manera definitiva, bajo los códigos del negocio y no del bienestar para el pueblo.

Como en el resto del país, el Estado ha transitado de manera pública ­–y cínica– hacia una etapa criminal abierta, en donde organizaciones criminales no son entes separados sino extensiones orgánicas de las instituciones, tentáculos que alcanzan a llegar a donde los mecanismos tradicionales estatales no llegan. Las facultades de gobernar y tomar decisiones a niveles nacionales son ya parte de las acciones que diariamente ejecutan cárteles, ejército, cuerpos de policía, políticos y funcionarios. En la víspera del proceso electoral en Guerreo, una clara supremacía de ciertas organizaciones criminales, como Guerreros Unidos o Los Ardillos, se manifestaba en el asesinato de candidatos y el rumbo de las campañas; todo esto no sería posible si estas organizaciones no hubieran crecido de manera desenfrenada, sobre todo, cuando sus negocios superaron lo relativo al mercado de las drogas y comenzaron a controlar los secuestros, las extorsiones en todos los niveles imaginables, los robos a casas y autos, la trata de personas en casi todos los sectores económicos de lugares como Iguala, Chilapa, Chilpancingo, Tlapa y el puerto de Acapulco.

Fotografía: Heriberto Paredes
Campañas electorales: despilfarro de dinero. Fotografía: Heriberto Paredes

Basado en el principio de la soberanía en tiempos de la «necropolítica», es el reacomodo constante de los grupos criminales (por supuesto esto incluye a las instituciones del Estado) el reflejo de la dinámica política en Guerrero y de esta manera se decide quién llega a los cargos públicos, la forma de gobernar y cuándo deben de salir. Uno de los ejemplos más acabados de este comportamiento –y hasta tal vez un modelo a seguir en adelante– lo constituyó en 2005 la gubernatura de Zeferino Torreblanca, momento en el cual los Zetas que lo acompañan modifican la estabilidad que el Cártel de los Beltrán Leyva había mantenido.

Por eso un suceso como las muertes y la desaparición forzada de 43 normalistas ha causado un nuevo parteaguas en la «necropolítica» guerrerense y no –como debería suponerse– sólo nuevos proyectos políticos, alternativas o cualquier actividad en relación al bienestar de la población. No, presuntamente, se trata del intento del grupo Los Rojos por tomar Iguala –millonaria plaza– arrebatándosela a Guerreros Unidos pero que tuvo como consecuencia todo lo desatado a nivel nacional e internacional; o por lo menos eso es lo que afirma nuestro informante cuando dice que: «Ahora, miren, hay otro dato pero no estoy completamente seguro, no estoy así seguro, pero cuando los morros salen de Chilpancingo, de aquí hubo una llamada a Iguala, desde ahí hubo una llamada para Iguala, “¿sabes qué? Van los Rojos”, así dijeron, “van Los Rojos por ustedes”, entonces estos güeyes de acá, los compas, piden apoyo a Cocula, “¿saben qué? Jálense porque vienen los Rojos, nos van a partir la madre”, por eso cuando llegaron ya los estaban esperando».

Fotografía: Cristian Leyva
Entrada a la zona de fosas clandestinas en Pueblo Viejo, Iguala. Fotografía: Cristian Leyva

Sin dar por cierto lo que se plantea en este testimonio, lo que sí es una realidad es la fusión que la clase política y el crimen organizado logran al empatar intereses y formas de operar, por lo que las dinámicas de comportamiento de partidos políticos, empresarios, cárteles, cuerpos de seguridad y el ejército, en el pasado proceso electoral en Guerrero tuvieron la finalidad de recomponer el terreno, limpiarlo de la basura que estorba y continuar con los lazos con quien convenga para mantener al estado como el tercer productor de amapola dormidera o maíz bola –como se le conoce coloquialmente– del mundo, tan sólo un lugar después de Afganistán y Pakistán, posición que deja alrededor de 30,000 millones de dólares al llegar al mercado estadounidense.

Un ejemplo significativo de esta necesidad de reestructuración para asegurar el control total del estado, es la actuación del PRI a un mes de la contienda electoral. El 9 de mayo de 2015, un grupo armado compuesto por 300 personas aproximadamente, ingresa a la ciudad de Chilapa y exige la detención –o ejecución– de Zenén Nava Sánchez, conocido como «El Chaparro», líder local del cártel de Los Rojos, organización criminal que hasta el día de hoy, pese a los certeros golpes que le han dado, controla Chilpancingo y sus alrededores, incluyendo Tixtla y Chilapa, así como Zumpango y Mezcala, por mencionar algunas coordenadas. Conocido por el respaldo que el PRI otorgó –a través de sus funcionarios y gobernantes locales–, Los Rojos están en franca caída libre, luego de que GU avanzara en el control de la zona y de la alta cantidad de ejecutados que esto generó; las cosas no pintan bien, por una parte, el grupo contrario, Los Ardillos, aumentaron su base operativa, que se extiende desde Quechultenango hasta los territorios de las 26 comunidades campesinas que tomaron la cabecera municipal de Chilapa; en segundo lugar, el candidato del PRI a la alcaldía de dicha cabecera, Ulises Fabián fue asesinado el pasado 1 de mayo al termino de un acto de campaña, constituyéndose como uno de los golpes más fuertes que se le han dado a Los Rojos en los últimos años.

Fotografía: José Luis Santillán
Habitantes de Chilapa reclaman a la policía municipal y a la gendarmería su complicidad con Los Ardillos. Fotografía: José Luis Santillán

Lo que deja ver la ocupación de Chilapa es que no se trata de un grupo de campesinos que luchan por mejoras en las condiciones de vida o el fin del asedio de la delincuencia organizada en general; lo que pedían con mayor fervor y de manera agresiva era la detención del líder local de Los Rojos; con por lo menos 50 años de existencia en la región, Los Ardillos son una organización criminal que se ha asentado en las comunidades campesinas, tradicionalmente menospreciadas por los mestizos chilapenses. Javier Monroy, integrante del Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO) nos señala con mucha precisión que «el control empieza con la estructura agraria, los comisariados ejidales y de bienes comunales tienen un papel fundamental, ellos controlan las asambleas de los campesinos y ellos determinan; la misma estructura que se generó en los años 50 y 60 tal vez de los 40 con el problema de la madera, con la explotación de la madera, son las mismas estructuras que les han servido a estos grupos para aterrizar en las comunidades, y desde allí viene el control».

En esta inesperada acción de Los Ardillos, fuerzas estatales, gendarmería y ejército no hicieron sino obedecer de facto lo que les imponían los civiles armados y simplemente se dedicaron a hacer algunos recorridos mínimos que no tuvieronn sino la finalidad de engañar a la gente. ¿En qué momento el PRI deja de respaldar a Los Rojos y decide –jalando todo su apadrinamiento federal– apoyar a quien puede destruir a su antiguo aliado, en este caso el cártel de Los Ardillos? La respuesta del crimen organizado es demasiado coincidente con la que da la PGR en su momento: la respuesta está en la supuesta infiltración que Los Rojos llevan a cabo entre los normalistas para desestabilizar Iguala y luego tomarla; ese día –según la fuente– comenzó el fin de este cártel, sin que esta versión nos ayude a saber a ciencia cierta lo ocurrido y sobre todo, lo más relevante: cuál es el paradero de los normalistas y las verdaderas razones de este crimen.

Estado y crimen organizado sostienen, detalles más detalles menos, el mismo discurso. No es casualidad, es organicidad, se trata de dos caras de la misma moneda.

Según los últimos datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2014), uno de los indicadores de la violencia en el estado, lo constituye la tasa de ejecuciones dolosas: 39.30 personas por cada 100,000 habitantes. La cifra toma como indicadores lo que acontece en las zonas disputadas, tanto en Chilapa, como en el corredor Chilpancingo-Acapulco, a través de la carretera federal, donde constantemente se registran altercados y balaceras. La presencia de dos grupos de policía ciudadana, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Frente Unido por la Seguridad del Estado de Guerrero (FUSDEG), el segundo una reciente escisión del primero, no han modificado esta tendencia, al contrario, la han aumentado.

Integrantes del FUSDEG. Fotografía: Heriberto Paredes

Sin embargo, donde aparentemente no hay disputa, la situación es distinta y se refleja en la disminución de la crueldad de los homicidios. En palabras del reportero gráfico, Francisco Robles, «las cosas en Acapulco ya están controladas por un solo cártel, no hay disputa por lo que el nivel de asesinatos no se altera mucho, pero ya no presenta mensajes de un rival a otro, ni cuerpos desmembrados, algo pasó que ahora la plaza está controlada por un solo cartel, el Independiente de Acapulco». Sin embargo, esta aparente calma puede romperse inesperadamente, sobre todo tomando en cuenta que en marzo pasado fue detenido Víctor Aguirre Garzón, «El Gordo», líder de esta organización.

De acuerdo a nuestros más recientes recorridos por Guerrero, podemos presentar un conteo más preciso de organizaciones criminales que operan en el estado. De manera sucinta estas son las organizaciones que identificamos:

Organizaciones criminales en Guerrero
Se trata de 5 organizaciones que tienen su origen localmente, tomando en cuenta que en un inicio eran células de cárteles nacionales, sea el de Sinaloa o el de los Beltrán Leyva, al interior estos núcleos cuentan con otras bandas que operan en Guerrero e incluso tienen vínculos con bandas de otros estados colindantes.

Guerreros Unidos encabeza la lista, conformada por Los Peques, Los Tilos y Los Montoya, hasta ahora controlan buena parte del norte del estado, aunque otras organizaciones, como Los Rojos les disputan la hegemonía de su territorio. Mucho de su poderío lo obtienen de las alianzas con facciones del PRI y del PRD, así como con el 27 Batallón de Infantería del ejército.

En segundo lugar, Los Rojos, banda ligada orgánicamente al PRI, en específico por la pertenencia de Mario Moreno Arcos, presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alcaraz Abarca, edil de Tixtla y Francisco Javier García González, aún presidente municipal de Chilapa. El 45 Batallón de Infantería de Chilpancingo es su parte armada visible.

En tercer lugar están Los Ardillos, vieja organización que conecta la parte norte de la Montaña con la zona central, trabajó hasta comienzos de este año con una buena parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Como mencionamos anteriormente, el Cártel Independiente de Acapulco, organización apoyada por el ex gobernador Ángel Aguirre es quien todavía tiene el control del puerto y de la frontera entre la Costa Grande y la Costa Chica; en esta última está La Barredora quien es apoyada por un grupo de perredistas cercanos a Aguirre.

Entre las organizaciones provenientes de otras estados, es preciso mencionar que se trata de La Familia Michoacana la que tiene mayor presencia, específicamente en la región norte, aunque sin disputar el territorio con GU. Por otro lado, se trata de La Nueva Línea, cártel que surge de las cenizas de los Caballeros Templarios, quien tiene presencia en la zona de Tierra Caliente, aunque ya exploran ampliar su radio de acción. Finalmente, se trata del Cártel de Jalisco Nueva Generación quien se ubica en la Costa Grande.

De la «narco-política» a la «necro-política»

Aunque sean los partidos políticos los entes señalados como el punto de contacto con la delincuencia organizada, es necesario puntualizar que las estrategias y dinámicas no fueron uniformes en los distintos niveles de la «narcopolítica» mexicana, el federal, el estatal y el municipal, por mencionar algunos. En momentos se apreciaron contradicciones aparentes, como por ejemplo, el apoyo de un partido político a dos cárteles enemigos, mientras que a nivel federal se trate de otra la lógica, tal vez la de perdurar el negocio más allá de cualquier vestidura o insignia posible, sin embargo, son los que vestidos de traje o uniforme militar condecorado pueden establecer con mayor claridad el tablero de operaciones.

Sin titubear siquiera, en la charla que sostuvimos con la fuente de GU, éste afirmó tajantemente: «Lo que pasa es que aquí en la región, la banda casi no se preocupa por eso [por las elecciones], porque, vamos, por ejemplo, Alejandro está vinculado directo, él ahorita tiene vínculos, si quiere ahorita viene o da una orden y vienen por ustedes y se los llevan y los desaparecen. Él tiene desde ahorita los vínculos y algunos cuando ya estén ahí, y no se preocupan porque ellos controlan el territorio, o que, por ejemplo, tu te lanzas por el PT o por quien sea y tu no tienes vínculos con ellos, pero ya llegando te llegan,“sabes qué, el patrón quiere hablar contigo” y llega una persona y negocia, te ponen al director de Seguridad Pública. En todos los municipios ellos ponen al director de Seguridad Pública, ellos llegan y te dicen, “queremos esto y queremos esto y va a haber tranquilidad en tu municipio” y si no quieres negociar, empiezan las matazones. Y ya cuando dices, “no hay bronca, le atoro”, entonces tu cedes y ya y la policía está al servicio de ellos.»

Un secuestro y dos asesinatos, anuncios que se dejaron en la puerta de las elecciones del pasado 7 de junio, fueron la antesala de lo que continuará en Guerrero. Aún después de las elecciones, el reacomodo de los grupos de la delincuencia organizada seguirá su curso, al igual que los vínculos de los políticos de diferentes partidos con el narco y habría que ver si esto coincide con las estrategias federales o seguirán confrontándose.

El 13 de mayo del 2015, Silvia Romero Suárez candidata a diputada local por el PRD fue secuestrada junto con Luis Estephano Cervantes, parte de la dirigencia estatal del mismo partido; los hechos ocurrieron en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano y después de casi 24 horas, fueron encontrados. El 1 de mayo, Ulises Fabián Quiroz, candidato por el PRI-PVEM para alcalde del municipio de Chilapa, fue asesinado por un comando armado que de 15 disparos le quitó la vida en la comunidad de Atzacoaloya. El pasado 11 de marzo se confirmó el asesinato a manos de un grupo armado, quienes primero la secuestraron y posteriormente ultimaron, a Aidé Nava González pre candidata a la alcaldía de Ahuacuotzingo, postulada por el PRD.

Planteamos, en síntesis, que el Estado no está ausente o ha fallado, como se ha afirmado desde un sector de las opiniones públicas más recientes. Aceptar esta hipótesis sería asumir que hubo un Estado eficaz, que cumplía con las demandas, las necesidades y las expectativas de la sociedad, que por razones casi desconocidas cambió y fue invadido por una clase política corrupta, la cual, a decir de estos expertos de escritorio, es la que debe ser expulsada para dar cabida a políticos honestos y profesionales que hagan cumplir las leyes y el Estado de derecho. Nada de esta fórmula simplona es lo que pasa en nuestro país.

Definitivamente no existe un Estado fallido, ausente o ambos, dado que la presencia del Estado se marca visiblemente en los lugares donde supuestamente deja de cumplir sus funciones, por ejemplo, en materia de seguridad. O como en el caso de Chilapa, donde está presente a través de las fuerzas armadas jugando públicamente el papel de cómplice y protector de una organización criminal como los Ardillos. Es claro que lo que sucede en México –y en otros rincones del mundo– es que la fase actual del capitalismo es cínicamente criminal y por tanto el Estado mexicano cumple a cabalidad las funciones que le corresponden: despojo, represión, criminalización de la disidencia y destrucción del medio ambiente. Es decir, es coherente con su naturaleza.

A esta nueva fase también le corresponde un cambio en la forma de hacer política, de ahí que hablemos del paso de una «narcopolítica» a una «necropolítica», es decir, de la presencia de la corrupción total al poder de decidir –además– hegemónicamente sobre la vida y –especialmente– sobre la muerte de las personas que habitan el país.

En Chilpancingo, el periodista Erick Chavelas nos cuenta las estrategias de él y sus colegas para sobrevivir en medio de esta pesadilla y cómo se vivió el proceso electoral en la capital: «En Chilpancingo no se ha visto el trabajo de los candidatos en las calles. Sólo cuando vienen los candidatos a gobernador es que se ve todo lo ostentoso que traen, los del PRI y ahora también los del PRD ostentan poder y en Chilpancingo es cuando se ve toda la estructura que traen, pero cuando andan solos no se ve, a nivel municipal no se ve, sólo se ve en los anuncios y en la publicidad en los medios. Hoy están haciendo sus campañas en las colonias alejadas, igual que paso con las empresas refresqueras, Sabritas, etc., que están trabajando en las orillas y se alejaron del centro, Coca-Cola llegó y cerró y armó su esquema de distribución contratando a particulares. Están haciendo sus campañas en la radio, prensa escrita y en la televisión, ahí si están parejos todos están metiéndole durísimo a la televisión».

Y ¿Cuál es el engrasante que hace posible la faceta criminal del Estado y su «necropolítica»? El aceite es el negocio, la posibilidad de obtener ganancias cada vez más grandes, entre más dinero sea el resultado de algún negocio más poder se otorga y entre más poder, más capacidad de obtener dinero. El círculo vicioso del crimen.

Por ejemplo: un kilo de heroína en el mercado estadounidense genera alrededor de 4 millones y medio de pesos, el cual es producido gracias al cultivo de una hectárea de amapola en varias regiones de Guerrero. En México se pasó en 2005 de 6,900 hectáreas a 12,000 hectáreas de producción y de 8 a 50 toneladas de heroína enviadas a Estados Unidos. Tomando en cuenta que 70% se produce en Guerrero, podríamos entender que decenas de miles de personas –toda la clase política y los cuerpos de seguridad del Estado incluidos– estén dentro del negocio, o quieran estarlo.

La impunidad y el encubrimiento de lo ocurrido en Iguala el 26 de septiembre de 2014, no serian posibles sin la coordinación de todos los niveles de gobierno del país, ni del país vecino del norte. Considerando que México es el tercer productor de amapola en el mundo, además de acercar la producción a su patio trasero, un país como el nuestro, con reconocidos niveles de corrupción, también asegura un tráfico mucho mas fluido. Sólo entendiendo niveles locales, estatales, nacionales e internacionales de la delincuencia organizada podemos comenzar a comprender porqué en nuestro país y en el estado de Guerrero existe la impunidad que nos señala la fuente cercana al grupo delictivo Guerreros Unidos, cuando nos comenta: «Abarca es una persona que fue uno más realmente, no como lo acusan de ser el principal. Ese fue uno más de los que tenían vínculo con ellos, por ser presidente municipal, porque ellos trabajan, mire, la policía municipal está al servicio de ellos, la policía judicial también, inclusive el ejército le ha atorado con la organización. Todos».

La militancia, ¿infiltrada?

«Cuando en el 2005 desaparece nuestro compañero Jorge, las organizaciones pintaron su raya, nos pareció lógico que el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan iba ser nuestro apoyo y no, nos dejaron solos y nos dieron la espalda, nos aventamos ese periodo de lucha solos y desde 2007, por esa razón integramos con otras familias y amigos, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados de Guerrero, a nosotros nos quedaba claro que las responsabilidades de eso estaban en el Estado y así lo denunciamos. Curiosamente eso nos valió una estigmatización, no solamente del Estado mismo, que nos acusó de provocadores y de estar al servicio de los narcomenudistas, sino también del movimiento social, de organizaciones que durante mucho tiempo no se vincularon al fenómeno de la lucha por la presentación de desaparecidos y asesinatos extrajudiciales». Tal es la dureza de las palabras de Javier Monroy. Al terminar la entrevista, al local, comienzan a llegar una a una, madres con hijos desaparecidos, no hay reflectores, no hay consignas, lo que encontramos son vacíos, historias que no llegan a ningún lado, sin embargo, las mujeres congregadas ahí, afirman de inmediato que la situación de los 43 de Ayotzinapa es algo que debe pelearse hasta conseguirse, se refieren a la presentación con vida. Ellas hacen los mismo con sus esposos, hermanos, hijos, suegros y ahora, pese a todo, brindan apoyo a quien como ellas tienen un desaparecido.

Fotografía: Heriberto Paredes
Plaza central de Chilpancingo. Fotografía: Heriberto Paredes

Quizás no viajaron a Europa para denunciar su caso, ni miles de personas los acompañaron en largas marchas por todo el país. Pero día con día dignifican a sus desaparecidos y no cejan en su labor de búsqueda que han instrumentado en organización; su panorama es claro y su experiencia basta, siempre dispuestos a solidarizarse y compartir con otros y otras; por ejemplo, la lucha zapatista, que al fondo del lugar se escucha en forma de seminario desde San Cristóbal de las Casas y comentan, «lo estamos descargando, para compartirlo con los demás compas».

Nos trasladamos a la Costa Chica, ahí, el comandante Ernesto Gallardo Grande, del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSyJC) de la UPOEG nos comenta, siempre mirándonos directo a los ojos: «Cuando entramos al Ocotito, allí tocamos más intereses y allí se nos empieza a infiltrar gente del crimen, en Tierra Colorada igual, por allí compañeros de nosotros se empezaron a prestar a cosas que no deben de ser, empezamos a investigar y después de dos semanas descubrimos que quienes estaban vendiendo droga era gente de nosotros mismos, la consejera municipal y su marido como comandante, lo cual lo tuvimos que detener, exponerlo a la población; lo detuvimos con sesenta y ocho bolsitas de cocaína y aparte unos puños que aventaron a la taza del baño, se destruyeron varios laboratorios en Ocotito y allí igual, reconozco que se nos fue infiltrando gente, se infiltró el cártel Nueva Generación con un tal Ignacio Policarpio, con el cual los del Frente Unido por la Seguridad y Desarrollo Social de Guerrero (FUSDEG) hicieron buenas alianzas, ellos hicieron unas ejecuciones y tenemos pruebas de video, donde ellos mismos se grabaron y los recogimos cuando entra nuestra gente aquí de la costa y a mí me intentan matar los de Tierra Colorada, en coordinación con la presidenta municipal, entonces hicieron ese acuerdo y fue allí cuando nuestra gente le quita el teléfono a un comandante llamado Máximino, de su bando de ellos y el temor de ellos. Fue cuando jitomatearon a Bruno [Plácido], porque él tenía que informar de lo que estaba pasando. Boicotean la información para que no se dé la reunión, cuando se da el enfrentamiento de San Juan del Reparo íbamos porque estábamos invitados a los dos años que cumplía de muerto nuestro comandante Quiñones y su temor de ellos es que les presentemos la evidencia».

Fotografía: José Luis Santillán
Casa de Justicia entregada por Rogelio Ortega a la CRAC de San Luis Acatlán, aunque fue Ángel Aguirre el que ordenó su construcción. Fotografía: Cristian Leyva

Los enfrentamientos que se han originado entre miembros de distintos grupos de autodefensas y policías comunitarias lamentablemente han sido el tema de muchas discusiones, desde el 23 de febrero de 2013, cuando en San Luis Acatlán, se da la primera división de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC). Después de 15 años de trabajo desligado del gobierno del estado, en un breve periodo, la CRAC-PC, gracias al entonces coordinador Pablo Guzmán y su operador Valentín Hernández Chapa, la comunitaria es credencializada por el ejército mexicano y a partir de ese momento, se crean por lo menos 7 Casas de Justicia (sin asambleas regionales, sin que las comunidades decidan, sin que el reglamento de la institución indígena se cumpla), se dan enfrentamientos entre grupos de comunitarios –con resultados fatídicos– comienzan a caer presos políticos de diferentes regiones donde la CRAC-PC credencializada tiene presencia, por ejemplo, Nestora Salgado, Gonzalo Molina y Arturo Campos. Es el inicio de la fragmentación y hoy en día es el gobierno estatal interino, el que legitima a algunas de esas «sucursales», precisamente a través de su principal divisor, el ahora asesor de gobierno: Pablo Guzmán.

El caso reciente de enfrentamientos –y más de 20 muertos– entre el FUSDEG y la UPOEG, justo en el corredor Acapulco–Chilpancingo, es sin duda intrigante, al conducir por el corredor, encontramos retenes de cada uno, en cortas distancias y nos preguntamos ¿Qué tiene el Valle del Ocotito, que ha generado estas disputas? ¿Qué vale más que las vidas de los hombres que riegan estos caminos?

Existe un caso muy complejo que ningún medio de comunicación se ha atrevido a investigar y documentar: es el de los 6 desaparecidos, 5 asesinados, múltiples extorsiones y violaciones en la comunidad de Tierra Colorada, municipio de Malinaltepec, en la Montaña. Debido a la gravedad de la situación y la indiferencia total de cualquier institución gubernamental, el SSyJC y la CRAC de Pueblos Fundadores intervinieron; el comandante Ernesto, también habla acerca de cómo sigue el caso actualmente:

Se siguen descubriendo cosas allí, llegamos porque hay seis desaparecidos, llegamos a reforzar a la CRAC de Pueblos Fundadores, de la casa matriz Santa Cruz el Rincón, en el cual nos pidieron el apoyo y tuvimos que ir. Entramos con gente del municipio de Tecoanapa y principalmente con gente del pueblo de Buenavista, fuimos y, efectivamente, se hizo la detención inmediata de 16 personas, algunos se les recogió R-15, a otro, el mero jefe Alejandro, que ese tiró dos veces en contra de nosotros, de nuestros elementos, con AK-47 y tuvo que abatirse a este último porque no se rindió. En ese operativo se descubre que ellos se hacían pasar por un grupo guerrillero aunque aparentemente se metieron a esa camiseta para hacer sus fechorías porque un verdadero guerrillero no reprime a su pueblo, un verdadero guerrillero ama y defiende a su pueblo y ese hombre pues también hay que respetarlo, pero al que se mete a la guerrilla para someter a su pueblo eso no tiene perdón. Como lo hacía este amigo, balaceó casas, hay casa balaceadas, carros balaceados, mató mucha gente inocente pero también allí el mismo pueblo de Colorada tuvo un error. En que ese tecolote, yo siempre he dicho: crea tecolotes y te sacarán los ojos. Ellos al desespero que tenían entre el pleito con Tilapa, entrenaron gente, cuando se acabó el pleito, pues este ya no tuvo a quien pelear y empezó a reprimir a la misma ciudadanía allí, directamente se fue encontrar de los familia Oropeza, la cual cuando nos piden nuestra intervención, llegamos sitiar el pueblo entre las dos organizaciones, CRAC y el SSYJC, llevando el mando el Sistema y pues tuvimos ese resultado. El grupo guerrillero hasta donde hemos investigado, sí lo reclutaron, sí pertenecía al grupo, pero cuando ya ven que las cosas andaba haciendo mal, lo que dijeron pues de que lo sacaron y que no se hacían responsables de nada de ellos, de ninguno de ellos y es por eso que nosotros entramos y tuvimos que combatirlos.

Las investigaciones siguen y en este mismo sentido también decidimos continuar la búsqueda, en su momento presentaremos un trabajo puntual al respecto.

Familiar de dos desaparecidos en Tierra Colorada, Malinaltepec. Fotografía: José Luis Santillán

Francisco Robles, sigue platicándonos sobre su trabajo periodístico en Acapulco y al mostrarnos sus fotos, se detiene y nos relata el episodio del desalojo de los maestros en el boulevard de las Naciones, en este puerto, el día 24 de febrero de 2015, en donde mantenían un bloqueo integrantes y simpatizantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG). «¿Dónde quedó el chofer del autobús que impactó a los federales? Después de un rato aparece en una de las ambulancias siendo atendido por los mismos federales, ¡hasta con una botella de agua en las manos!. ¿No se supone que si él fue quien los embistió, tendría que estar siendo sometido por los federales, igual que a los profesores y profesoras que estaban en el lugar, como el profesor Claudio Castillo Peña, que falleció por la madrugada a causa de los golpes que le propiciaron los federales?». Robles nos comenta que la decisión del chofer de la CETEG que conducía un autobús, de impactar a algunos uniformados, desató la represión furtiva y brutal hacia los manifestantes, algunos de los daños fueron, un maestro asesinado, varios maestros heridos y maestras agredidas sexualmente.

La CETEG contaba con una gran masa política y social en Guerrero, ha demostrado esa fuerza con sus movilizaciones y actos radicales, lo cual los distingue de otros frentes. Se trata quizás de la única organización civil, que podría tener la capacidad de poner en jaque al gobierno guerrerense. Sin embargo, desde noviembre de 2014, comenzaron a agudizarse las confrontaciones internas que llevaron a cinco de las ocho regiones a desconocer al secretario general Ramos Reyes en febrero de 2015. El bloque integrado está por las regiones Centro, Acapulco, Norte, Tierra Caliente y Costa Grande, donde Antonia Morales Vélez, secretaria general de la comisión 3, ha sido la figura clave en dicha confrontación.

Esta división surge a partir de la liberación de vehículos oficiales estatales y federales y la reapertura de las delegaciones regionales de la Secretaria de Educación del estado de Guerrero (SEG). Anunciado esto por el secretario general, fue tomado como acto de traición. Por otro lado quienes hicieron el acto en Acapulco son parte del grupo que respalda a la profesora Antonia Morales. Dentro de este juego de acciones, todo parece indicar que son elementos de una serie de hechos planeados para posicionar a un bloque. Al final los dirigentes tendrán que negociar con el Estado el capital político que conservaban y tejer pactos que por un lado no beneficiaron totalmente a la base magisterial de dicha organización y por el otro, surgen ciertas preguntas: ¿Quién se beneficia con esta división en la CETEG? y aún mas intrigante, ¿Por qué no trascendió a niveles nacionales e internacionales el asesinato del maestro Claudio Castillo Peña, en el mismo estado y a unos cuantos kilómetros de donde se representa el dolor de los 43? Retomando las palabras de Javier Monroy, pareciera que se les da la espalda a ciertas organizaciones.

Más de dos horas duró la entrevista a la fuente cercana al grupo delictivo GU, quien además de revelarnos información sobre los vínculos de la narcopolítica y de las fuertes declaraciones en el tema que ha conmocionado al país y al mundo –los 43 normalistas desaparecidos– también asegura tener más información de otros movimientos sociales y nos da una muestra de ello: «Sí te das cuenta, en una ocasión, no sé, a lo mejor no se dieron cuenta ustedes, en una ocasión el líder de la UPOEG había ido por Quechultenango, territorio de Ardillos y ahí lo agarraron al güey, ¿dime por qué lo soltaron? Lo soltaron los güeyes; bueno, si tu eres un líder chingón, y nosotros, supongamos, que no nos gusta, te vamos a bajar porque te vamos a bajar, en la primera oportunidad se te quiebra y ese cabrón se tenía y ¿por qué lo soltaron? Porque el pinche gobierno intervino: “¿saben qué? Suéltenlo, este güey es de este lado, jala con nosotros, es de la banda”, por eso lo soltaron, así opera, desgraciadamente, todo. Si no ya lo hubieran matado al pinche Bruno Plácido, porque es al que agarraron allá».

«Aquí también, en los filtros, agarraron al de Tlachinollan, rumbo a Taxco, porque ahí se habían agarrado a unos güeyes, allá por el rumbo de Taxco, ahí los habían agarrado en una ocasión, al director, lo agarraron unos güeyes, pero no hubo problema porque de inmediato llamó el mero picudo».

Fotografía: Heriberto Paredes
Entrada a San Juan del Reparo, lugar en disputa entre FUSDEG y UPOEG. Fotografía: Heriberto Paredes

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Sin lugar a dudas, quienes podrían ofrecer una posibilidad de transformación radical en el estado de cosas de Guerrero, deberían de ser quienes integran el movimiento social. Lo que significaría, voltear todo de cabeza, es decir buscar la vida, en vez de la muerte, el futuro en vez de la destrucción, sí, aunque quizás lograrlo signifique armarse también, para nacer cientos de rebeldías, en ves de buscar decenas de mártires. Más allá de si nuestra fuente consultada dice o no la verdad, queremos preguntarnos y preguntarles. ¿Y si en quienes confiamos, no buscan en realidad un cambio radical, es decir, la vida por encima de la muerte? Entonces, quizás, deberíamos de dejar la comodidad de escondernos detrás de nuestros miedos y darnos cuenta, que nadie más, podrá decidir por nosotros el futuro que tenemos que construir. Muchas cosas nos ha removido el viaje a lo más duro y complejo de Guerrero, nuestro deber moral es presentar el resultado de ese trabajo, sin mentir y sin acomodar la información a conveniencia. No ha sido fácil para este equipo como no ha sido fácil para nadie, padecer, sobrevivir y entender, un lugar tan codiciado y tan golpeado por la violencia. Aquí tan sólo algunos apuntes.