Reparto de tierras y reconstrucción de la comunidad en Ostula

Heriberto Paredes

[…] ti quin tlanizque aquihque yancuic
mahcoquizque de quin palehuizque non
tetlalquiquixtilihque de non mo
huei tomin chihua ican equitl den to ampoa […]
***
venzamos a aquellos que de nuevo
se han encumbrado, de los que ayudan a
los que han quitado la tierra a otros, de los que para sí
gran dinero hacen con el trabajo de los que son como nosotros

Segundo manifiesto en nahuatl, Emiliano Zapata, 27 de abril de 1918.
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Seguir combatiendo sin desmayar por la conquista de la tierra que fue de nuestros antepasados y que manos rapaces nos arrebataron a la sombra de pasadas dictaduras; continuar enarbolando con mano firme y corazón resuelto el hermoso estandarte de la dignidad y de la libertad campesina; luchar hasta el fin contra los nuevos cómplices de los despojadores de tierras, de los explotadores del trabajo, de los negreros de las haciendas; tal es nuestro deber, si queremos merecer el dictado de hombres libres y de ciudadanos conscientes.

Han pasado ya 6 años desde que la comunidad nahua de Santa María Ostula decidió recuperar alrededor de 1000 hectáreas que estaban en poder de organizaciones criminales y que originalmente pertenecen –oficialmente desde la década de los 60, aunque históricamente, desde la fundación, en 1531, de este asentamiento– al territorio comunal. En mayo de 2015 tuvo lugar uno de los procesos más complejos en lo que respecta a la posesión de la tierra, el equilibrio entre lo colectivo y la producción familiar, es decir, el reparto de tierras.

México, tras el fallido proyecto revolucionario de comienzos del siglo XX, se convirtió en escenario de disputas entre los diversos proyectos de país, aunque los que más consolidados fueron, por un lado, la visión industrial y tecnológica en la que el latifundio, los terratenientes y la mano de obra jornalera no representaban una contradicción, siempre y cuando estos entes pasaran por un proceso de «modernización», que consistía en reducir los costos de producción, aumentar el uso de tecnología agrícola y ubicar el centro del desarrollo nacional en la generación de industrias, dejando así al campo en un segundo plano. Tal vez Brasil sea hoy en día algo similar a lo que las élites del norte mexicano deseaban para el país.

El segundo proyecto, consolidado e impulsado por élites locales, emergentes sobre todo en el centro y sur tras el fracaso revolucionario, consistió en desarrollar al campo, colocando esta actividad como leitmotiv del Estado; considerando que México es mayoritariamente una sociedad no urbana, la imagen agrarista de la nación sólo sería posible fortaleciendo la identidad campesina y una distribución específica de las tierras. Resultado de este esfuerzo y de cierta influencia del zapatismo, el artículo 27 constitucional plasmó la existencia de una nueva figura agraria de tenencia de la tierra: el ejido.

Con características muy concretas, como la tenencia comunal de la tierra, el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de esta forma de propiedad colectiva, el ejido fue apropiado como una mecanismo de protección de las tierras ocupadas por los pueblos originarios. Fueron las reformas que Carlos Salinas de Gortari llevó a cabo en 1992 las que permitieron la posibilidad de compra-venta de tierras comunales a través de la eliminación de los candados protectores. Y hablando en lo concreto, no sólo se trata de la tierra para trabajo agrícola sino también del subsuelo, su propiedad y su explotación.

Para los comuneros de Ostula, la lucha en defensa de su territorio y de los recursos naturales que en él se encuentran ha significado aferrarse a la vida y mantenerse de pie pese a toda agresión, proveniente del Estado o del crimen organizado, o bien, de ambos aliados para ejecutar un plan de despojo. Tras una lucha política que data de los años 60, toda una generación de líderes comunitarios impulsó un proyecto cercano a lo que hoy puede llamarse autonomía. Luego de soportar que casi 1000 hectáreas de buenas tierras estuvieran en manos de gobernantes o de criminales, la decisión de recuperar las tierras, pasó también por todos los recursos legales existentes, sin recibir respuesta alguna.

Es por ello que, el 17 de junio de 2009, tras un impulso organizativo, la comunidad decide emitir algunos documentos que expresan, en su conjunto, la preferencia autonómica, así como la legitimidad para ejercer la autodefensa a partir de la recuperación de formas antiguas, expresión de sus usos y costumbres. Baste recordar algunos de los puntos plasmados en estos documentos:

Hemos agotado todas las vías legales y jurídicas para la defensa y reconocimiento de nuestras tierras y territorios y sólo hemos recibido negativas, moratorias, amenazas y represión por parte del Estado, como es el caso de esta comunidad de Santa María Ostula. El camino que sigue es continuar ejerciendo nuestro derecho histórico a la autonomía y libre determinación. Insistimos en que la tierra, que es nuestra madre, NO SE VENDE, CON LA VIDA SE DEFIENDE. (Manifiesto de Ostula)

Que de conformidad con lo que dispone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) «Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes», nuestros pueblos TIENEN, EN EL MARCO DE SUS DERECHOS A LA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA, EL DERECHO DE ORGANIZAR SU AUTODEFENSA DEL MODO QUE CONSIDEREN CONVENIENTE EN TANTO NO ATENTE CONTRA EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS; por lo que la creación, en el marco de nuestra cultura y organización tradicional, de policías comunitarias, guardias comunales u otras formas organizativas comunales para la autodefensa indígena, SON LEGALES, LEGÍTIMAS Y, SOBRE TODO, NECESARIAS FRENTE A LA PROFUNDA CORRUPCIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE IMPARTIR JUSTICIA. (Pronunciamiento sobre el derecho a la autodefensa indígena)

Además de la posibilidad de crear un nuevo asentamiento –lo que se conoce como la encargatura de Xayacalan– esta recuperación de tierras (llevada a cabo finalmente el 29 de junio de 2009) significó una afrenta a los criminales que estaban en poder de las hectáreas y para la comunidad, esto se tradujo en violencia y muerte, en desaparición forzada y exilio. Pero no en rendición.

Luego de que buena parte de los habitantes del lugar tuviera que salir para salvar la vida, de la ofensiva de la Familia Michoacana, después de Los Caballeros Templarios y de que un periodo oscuro se concretara en Ostula, es en febrero de 2014 que una nueva policía comunitaria, reorganizada cuidadosamente en el exilio, y la participación y el apoyo de autodefensas de municipios colindantes como Cohuayana, Chinicuila y Coalcomán, llega a establecer las condiciones para que la comunidad vuelva a tomar las riendas de su territorio.

A poco más de un año de iniciado el proceso de reconstrucción comunitaria, tanto de los mecanismos organizativos como de las actividades productivas, los primeros pobladores de Xayacalan han sido dotados de tierras para ser cultivadas y así reactivar la vida agrícola con cultivos de papaya, hoja de jamaica y ajonjolí, maíz y hortalizas entre otros productos. Este hecho es sin duda uno de los mayores aciertos que se han logrado en medio de un contexto de violencia ejercida parte del crimen organizado en conjunción con la clase política local. Ante la represión y el despojo, las y los comuneros han decidido responder con la reconstrucción de la comunidad, donde antes hubo trasiego de droga o entrenamientos de sicarios, hoy se siembra y se cosechan alimentos para la reproducción de la vida, no de la muerte.

Repartir tierras ya bien entrado el siglo XXI, no sólo es visto por el poder estatal como algo anticuado sino como algo obsoleto; en este sentido defender la tierra comunal se ha vuelto una de las mayores consignas de los habitantes de la comunidad y hasta ahora constituye un mecanismo concreto para fortalecer, por un lado la producción agrícola y por el otro, la cohesión de la propia comunidad. Por ello se han librado fuertes batallas, porque trabajar la tierra cumple –de facto– las expectativas de autosuficiencia, autonomía, recomposición del tejido social y la reconstrucción de una identidad campesina e indígena.

Repartir la tierra

Nicolás, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Ostula, comenta que es fundamental «valorar la lucha que se dio en 2009 y la que ahora se está dando, sobre todo porque lo de ahora es la continuidad de aquel tiempo». Una vez concluidos los trabajos de este primer reparto, él , como autoridad agraria nos explica lo sucedido en este día tan significativo para Xayacalan y para el resto de los habitantes de las encargaturas de la comunidad: «Hoy beneficiamos a 54 comuneros o familias con un terreno de 100 metros de boca por 200 de altura, o sea, 2 hectáreas. La comunidad, a través de la asamblea general, decidió que se diera esta cantidad de tierras. Fue en base a las disposiciones de la ley agraria en su capítulo 99, al convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y a los usos y costumbres que se decidió el tipo de reparto que se haría. Las tierras son inalienables, es decir que no pueden venderse, regalarse, abandonarse o cosas parecidas; son inembargables y también son imprescriptibles, o sea que nadie puede decir que son suyas aunque hayan pasado 30 o 40 años. Las tierras siempre serán de la comunidad».

No está de más señalar que el reparto de tierras que llevaron a cabo comuneras y comuneros de Ostula no pretende recuperar la falsa tradición campesina enarbolada por la clase política que controla el Estado, por el contrario, uno de los objetivos que resaltan más es el distanciamiento con esta tradición y un acercamiento a las historias de la lucha por la tierra que han protagonizado cientos de pueblos y comunidades indígenas campesinas en todos los rincones del país.

En este sentido el reparto de la tierra comunal, significa la posibilidad de consolidar un equilibrio entre el desarrollo personal y familiar y el trabajo colectivo, ya que existe una identidad campesina que es también un común denominador entre las y los beneficiados. «Al fin de cuentas uno puede sembrar lo que quiera, porque nadie va a venir a decirnos que no; todo menos drogas. Y si dejo de trabajar la tierra y mi familia no se hace cargo pues la tengo que devolver a la comunidad» nos explica una muy joven mujer que recibe sus 2 hectáreas. El trabajo personal y familiar están en la misma balanza y al mismo nivel que el trabajo colectivo, por eso la satisfacción es doble al terminar una cosecha: las personas se sienten valoradas y productivas pero saben, además, cada pedazo de tierra bien cosechado significa un buen uso de la tierra y eso permite que la comunidad se fortalecerá en varios ámbitos, por ejemplo, en la autogestión.

Fotografía: Heriberto Paredes
Fotografía: Heriberto Paredes

Bajo un intenso sol, asistimos a la entrega simbólica de la mayor parte de las 108 hectáreas correspondientes a 54 familias o comuneros que fueron beneficiados. Desde muy temprana hora, una fuerte expectativa crecía entre mujeres y hombres, que machete en mano, se concentraban poco a poco en la entrada principal de Xayacalan. Una vez que Carlos González, asesor jurídico de la comunidad, explicó el tipo propiedad comunal que se tiene actualmente y lo que significaba un reparto de esta naturaleza. Para él está claro que lanzar una señal de unidad, fuerza y cohesión es parte del proceso de reconstrucción de lo social y de lo constructivo que debe ser la lucha.

La edad no era una cuestión relevante para ser beneficiada o beneficiado, había jovencitos que no llegaban ni a los 18 y sobre ellos ahora está la responsabilidad de conservar y cultivar por lo menos 2 hectáreas; sin embargo el rostro de triunfo y de satisfacción se volvió una característica común. Asistimos a un proceso que tal vez debió de desarrollarse en los meses posteriores a la recuperación de las tierras en 2009, un momento histórico para la comunidad y una suerte de homenaje a los comuneros asesinados y desaparecidos.

En una siguiente entrega abordaremos con detenimiento algunas de las consecuencias de atreverse a construir autonomía, además de que tocaremos explícitamente algunas de las dinámicas de vinculación entre gobierno local y crimen organizado que posibilitaron la violencia y el miedo entre la población originaria y campesina en Ostula y de la costa michoacana.