Vemos las casas derribadas. Los árboles talados. Duele. Duele que los hogares se destruyan; el esfuerzo por levantar muros y techos; donde se hacían las reuniones con la familia y las amistades; donde las risas y el llanto, donde se descansa, donde se duerme y su sueña; los árboles por donde se jugueteaba, se caminaba, se pensaba. Vemos también la rabia. La rabia digna que muy bien ha nombrado el zapatismo; la injusticia, que lejos de arrodillarnos, nos llama a organizarnos; los rostros burlones de trajeados, de policías y granaderos que, como bestias carroñeras, roban, recogen las sobras entre los escombros; que lejos de atemorizar, llaman a la resistencia.

No importó que el 11 de febrero el Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México halla concedido la suspensión de la construcción de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan a favor de nuestras compañeras y nuestros compañeros de San Francisco Xochicuautla. No importó. Tampoco oímos los aullidos de los Ciros Gómez Leyva o de otros merolicos de los medios de paga, pidiendo que se aplique la ley mientras las maquinarias destruían los hogares de los indígenas de Xochicuautla. No los escuchamos. Sumemos las mediocres actuaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y de la Representación de las Naciones Unidas. La razón la sabemos: la ley y la justicia son unos simples accesorios para quien puede pagarlas.

A la población no se le consulta, sino se le somete a los intereses, ya no digamos del “Estado”, sino de los grandes consorcios empresariales. Ahí está Grupo Higa y sus filiales que se han caracterizado por sus corruptelas y por depredar México. Sí, Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, de quien los llamados “Papeles de Panamá” nombra “el contratista favorito” del gobierno de México. Hinojosa Cantú ha alquilado los granaderos de Eruviel Ávila para realizar su jugoso proyecto carretero. ¿Y el Amparo? ¡Bah!

No es poco lo que enfrenta Xochicuautla. Es la agresión de un monstruo, es verdad, una Hidra, con tantas cabezas podamos imaginar, feroz, mortífera, que nos ataca cotidianamente y que hoy clava una de sus garras en territorio otomí: la Hidra Capitalista de la que nos alertan desde las montañas del Sureste mexicano. De ahí que, como Brújula Roja, mostramos nuestra solidaridad ante esta agresión, porque también combatimos a esa bestia; porque Xochicuahtla, pese a este golpe, no se ha rendido, porque su lucha, lo sabemos, es por la vida.

Brújula Roja

A LOS  PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS

Ante la cobarde traición a la comunidad indígena Ñatho de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma en el Estado de México para imponer el proyecto carretero Toluca Naucalpan  y el atentado sufrido por policías comunitarios de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, como Congreso Nacional Indígena nos declaramos en alerta máxima y llamamos a los pueblos, organizaciones y personas solidarias a estar atentos y acudir al llamado realizado por la comunidad de Xochicuautla.  

Denunciamos que:

El lunes 11 de abril alrededor de las 9 de la mañana comenzaron a llegar más de 1000 policías estatales de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) y las Fuerzas de Acción y Reacción (FAR), entrando por 3 lados de la comunidad, la colonia Buenavista, por la calle Cuauhtémoc para llegar al paraje “Lampeni” y en el paraje “Lapondishi” donde se encontraba el Campamento de la Paz y la Digna Resistencia y que fue destruido por los policías.

En el paraje “Lampeni” el compañero Armando García Salazar, tío de David Ruíz García, delegado del Congreso Nacional Indígena y asistente a la compartición entre el CNI y el EZLN de agosto de 2014 llevado a cabo en La Realidad zapatista, tenía su casa y el patrimonio de sus hijos. Dentro de la casa se reunieron alrededor de 25 personas para defender la propiedad, en su mayoría mujeres y con lujo de violencia las desalojaron, empujando y tirando a la compañera Isabel Hernández de 64 años quien forma parte del Concejo Supremo Indígena y que en ese momento tenía en brazos a una niña.

Acompañados de policías le fue entregado al compañero Armando un papel en donde le informaban que su casa estaba en propiedad federal y la tenían que destruir, también le mostraron el decreto expropiatorio sobre el cual se ganó un amparo.

Sin mediar más palabras y a empujones sacaron de la casa a quienes estaban dentro, sacando también las pertenencias que se encontraban en el primer piso, quedando dentro documentos, ropa y herramientas de trabajo.

Nuevamente el mal gobierno demuestra que las leyes que dice representar o el supuesto estado de derecho no son mas que herramientas de despojo que cumple siempre y cuando están estén en contra de los pueblos. El despojo y represión viola la suspensión otorgada en los amparos 1123/2015 y 771/2015 que fueron otorgados el 18 de febrero de 2016 y que el juzgado notificó a la mayoría de autoridades el 23 de febrero, incluida SAASCAEM, que es la institución a la que se le otorgó el territorio de Xochicuautla en el decreto expropiatorio.

En tanto que en la noche del pasado  domingo 10 fueron atacados compañeros miembros de la policía comunitaria de de Santa María Ostula, en las inmediaciones de la localidad de San Juan de Alima, Michoacán, cuando desde un automóvil en movimiento fue asesinado el comunero Francisco Grajeda y herido el comunero Abraham Girón, quien además es comisionado de la comunidad para el Congreso Nacional Indígena y participante en la compartición realizada en La Realidad Zapatista.

Denunciamos el intento del mal gobierno  por minimizar este crimen con el que pretenden propiciar el regreso de la violencia a la región de la sierra costa de Michoacán y poner nuevamente en manos de narcopolíticos, sus paramilitares, sicarios y empresas el territorio, recursos naturales, la dignidad y paz en la región.

Llamamos a los pueblos de México y el mundo a solidarizarse de manera urgente con las acciones en defensa de los derechos de San Francisco Xochicuautla, asistiendo físicamente a la comunidad, movilizándose donde cada quien se encuentre para denunciar y exigir el cese de las agresiones en contra de la comunidad, su territorio y comuneros.

Responsabilizamos a Eruviel Avila Villegas y su jefe Enrique Peña Nieto de la integridad de nuestros compañeros y quienes se solidarizan con la digna lucha.

POR LA REIVINDICACIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS

A 12 DE ABRIL DE 2016

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

Agentes del INM torturan hasta a mexicanos para frenar migrantes

[INM]

Por Agencias

04/04/2016 – 04:00 PM

Ciudad de México.- Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) están involucrados en la detención de mexicanos, a quienes, por provenir de comunidades indígenas, intentan deportar a Centroamérica mediante amenazas y malos tratos, revela un reportaje publicado este día por The Guardian.
El diario británico menciona que esta ofensiva ocurre en medio del Plan Frontera Sur y de la estrategia impulsada desde el Gobierno de Estados Unidos para frenar el flujo de migrantes que atraviesan México para cruzar su frontera norte.

Los datos refieren que agentes migratorios han recurrido a amenazas, malos tratos e incluso tortura, contra mexicanos indígenas para obligarlos a decir que provienen de otros países de Centroamérica. Organizaciones sociales consultadas por el medio dijeron que lo anterior es para cubrir “cuotas”. (Continuar leyendo…)

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Mexico tortures migrants – and citizens – in effort to slow Central American surge

Esther Juárez, 15 and her sister Amy, 24. Photograph: Nina Lakhani

Nina Lakhani in Ocosingo

Monday 4 April 2016 12.10 BST6

Amy and Esther Juárez were edgy with excitement as they boarded the bus full of seasonal workers heading for a farm at the other end of Mexico from their home in the poverty-stricken southern state of Chiapas.

Although their brother Alberto,18, had made the same journey the previous year, it was the first time Amy, 24, and Esther, 15, had left the tiny indigenous community where they had grown up.

But about half-way there, immigration agents boarded the bus, and after checking all the passengers’ papers, ordered the three siblings to get off. (Continuar leyendo…)

Berta Cáceres’ killing was a symptom, not an isolated incident. In memory of Nelson García.

by Andrea Reyes Blanco and Tim Shenk
This article appeared first on teleSUR, here.

Berta Cáceres wasn’t the first and, unfortunately, she hasn’t been the last. The world-renowned Lenca leader assassinated last month in Honduras for her opposition to government-backed megaprojects is one of an increasing litany of fallen fighters for indigenous and environmental rights in Honduras and around the globe.

The pattern of murder and criminalization of those who would defend land and the rights of rural people has only gotten more clear. We argue that this pattern responds to the land grab phenomenon that has intensified since the global financial and food crisis of 2007-2008.

On March 15 another Honduran environmental and indigenous activist was murdered. Nelson García was an active member of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (Copinh). His murder took place “when he came home for lunch, after having spent the morning helping to move the belongings of evicted families from the Lenca indigenous community of Rio Chiquito,” said Copinh.

García was a colleague of the recently slain Cáceres, working with communities opposing the Agua Zarca hydroelectric dam project. The Agua Zarca dam project, which has recently begun to lose funding, would provide energy for the numerous extractive projects slated for Honduras in the coming decade. Since the 2009 coup d’etat against President Manuel Zelaya, 30 percent of Honduran territory has been allocated to mining concessions.

The eviction after which García was killed was one of many recent violent evictions carried out by Honduran military police in indigenous territories. Elevated levels of state violence and disregard for due process are business as usual nowadays in Honduras, according to civil society organizations.

In its February 21 report on the Situation of Human Rights in Honduras, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) expressed concern about the high levels of violence and insecurity present in Honduran society, highlighting risks to indigenous people. The report pointed out that violence against indigenous people has emerged to a large degree from land grabs. The violence is exacerbated by a context of inequality and discrimination, in addition to the consequent barriers to access to justice. Official figures released in April 2013 by then Attorney General Luis Alberto Rubí indicate that 80 percent of killings in Honduras went unpunished due to a lack of capacity on the part of investigative bodies.

According to the IACHR report, the challenges that indigenous communities face are mainly related to: “(i) the high levels of insecurity and violence arising from the imposition of project and investment plans and natural resource mining concessions on their ancestral territories; (ii) forced evictions through the excessive use of force and (iii) the persecution and criminalization of indigenous leaders for reasons related to the defense of their ancestral territories.”

Moreover, the IACHR has clearly stated that many of the attacks carried out against indigenous leaders and advocates are specifically aimed at reducing their activities in defense and protection of their territories and natural resources, as well as the defense of the right to autonomy and cultural identity.

Harassment takes the form not only of targeted criminal attacks, as we have seen in the case of Berta Cáceres, Nelson García and many others, but a much broader net has been cast against environmental and indigenous leaders. Official state entities, enacting formal legal procedures, have used the judicial system to catch activists in false charges, resulting in months or years of preventive prison, bogus sentences, legal fees and often a permanent criminal record. In a context in which state violence intertwines itself with the violence of international economic power, corruption and unethical practices, hundreds of leaders have been prosecuted for crimes such as usurpation of land and damage to the environment.

What we see in Honduras is part of the global land grab phenomenon, a term that in the words of Phillip McMichael, professor of development sociology at Cornell University, “invokes a long history of violent enclosure of common lands to accommodate world capitalist expansion, but it sits uneasily with the ‘free market’ rhetoric of neoliberal ideology.” Land grabs are a symptom of a crisis of accumulation in the neoliberal globalization project, which has intensified since the global financial and food crisis of 2007-2008. This in turn is linked to an acceleration of a restructuring process of the food regime as a consequence of a large-scale relocation of agro-industry to the global south.

According to the 2011 Oxfam briefing paper, “Land and Power, the growing scandal surrounding the new wave of investment in land,” recent records of investment show a rapidly increasing pressure on land, resulting in dispossession, deception, violation of human rights and destruction of livelihoods. It is a war on indigenous peoples conducted in order to establish modern corporate capitalism.

Indeed, all around the world peasants and indigenous people are being displaced from their territories in order to develop large-scale agribusiness, such as massive palm oil and soy plantations, mining projects, hydroelectric dams and tourist resorts, among other investments. State-sanctioned violence and impunity create the conditions for investors to acquire land that would otherwise not be for sale. The result is a serious threat to the subsistence and socio-ecological resilience of millions of people across the world.

One of the most dramatic examples of this process is the case of the Honduran Palm Oil Company Grupo Dinant, which has an extended record of violence and human rights abuses associated with the killing of more than 100 peasants in Lower Aguan Valley. The Unified Peasants Movement of the Aguán Valley (MUCA) waged a long battle to defend their land rights, sustaining many losses. In addition, international human rights groups such as FoodFirst Information and Action Network (FIAN) brought pressure to bear, and in 2011 the Honduran government was forced to convene MUCA and the company to negotiate a deal. Paradoxically, according to the deal, the farmers have to buy back the disputed land at market prices (Oxfam 2011).

Land grabbing in Honduras has a long and lamentable history, and related violence has increased dramatically since the 2009 coup d’etat. Despite regular violent evictions by state security forces, indigenous and peasant groups continue to pursue their right to control their ancestral lands through land occupations.

Those who are incensed by the killing of Berta Cáceres must understand that her assassination was not an isolated event carried out by those who had a personal vendetta against her. Rather, Berta, her colleagues at Copinh and other indigenous organizations represent an obstacle for those who would further a vision of society that values profit over all else.

Andrea Reyes Blanco is a Humphrey Fellow at Cornell University, and Tim Shenk is Coordinator of the Cornell-based Committee on U.S.-Latin American Relations (CUSLAR).

En la región norte de Chiapas, pueblos indígenas choles, tseltales, tsotsiles y zoques defienden la Madre Tierra y mantienen la memoria de la impunidad por la Masacre de Viejo Velasco perpetrada el 13 de noviembre de 2006 en el municipio de Ocosingo. Del 3 al 10 de abril realizan una peregrinación que inició en la comunidad Arroyo Granizo y terminará en Oxchuc. El Comité de Defensa delas Libertades Indígenas CDLI Xinich y la Misión Santísima Trinidad (La Arena) invitan a que les acompañen en este caminar.

Las organizaciones convocantes invitan a:

La proyección del documental sobre la masacre de Viejo Velasco, el miércoles 6 de abril, a las 7:00 a.m. (hora de Dios), en la plaza de Ocosingo.

Rueda de prensa, el sábado 9 de abril a las 11: 00 horas, enfrente de la iglesia de Oxchuc, Chiapas. Y oración final de la magna peregrinación en la iglesia de Oxchuc.

Leer:

http://www.rostrosdeldespojo.org/caminamos-por-la-defensa-de-nuestra-madre-tierra-y-en-memoria-de-la-masacre-de-viejo-velasco/
http://chiapasdenuncia.blogspot.mx/2016/04/caminamos-por-la-defensa-de-nuestra.html

Escuchar audios:

https://soundcloud.com/chiapas-denuncia-p-blica/inicio-peregrinacion-en-defensa-de-la-madre-tierra-y-por-la-memoria
https://soundcloud.com/chiapas-denuncia-p-blica/caminamos-con-los-desplazados-de-viejo-velasco-no-queremos-mas-despojo
https://soundcloud.com/chiapas-denuncia-p-blica/peregrinacion-por-la-madre-tierra-agradece-alimentos-a-las-comunidades

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, 04 de abril de 2016

A las Juntas de Buen Gobierno del E.Z.L.N
Al Congreso Nacional Indígena
A la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
A los Centros de Derechos Humanos honestos e independientes
A la Red Contra la Represión
Al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
A los colectivos internacionales
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
A los Medios Libres
Al Pueblo Creyente en Chiapas
A las compañeras y compañeros de los pueblo originarios de Chiapas, México y del Mundo

A 4 años y cinco meses,

El 04 de diciembre de 2011, fuimos agredidos por armas de fuego por los priistas del mismo paraje Banavil, y desplazados 13 personas, la mayoría niñas, niños y mujeres y nuestro padre Alonso López Luna fue desaparecido de manera forzada por la gente del paraje Banavil, integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A más de 4 años y cinco meses de ocurrido esta grave violación a los derechos humanos, nuestra familia de Alonso López Luna, continuamos en su búsqueda de la verdad y justicia. Pero también recordamos la obligación del estado mexicano que investigue necesariamente por el paradero de Alonso hasta encontrarlo. También hay miles de casos de los desaparecidos en México y sus familiares siguen en pie de lucha alzando la voz como nuestras hermanas y hermanos, padres de los familiares de Ayotzinapa Guerrero.

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A 3 de abril de 2016

A los medios de comunicación
A la sociedad civil nacional e internacional
A los pueblos y comunidades indígenas
A la opinión pública

Queremos hacer del conocimiento público que el 18 de enero de 2016 a nuestra comunidad tsotsil de Los Llanos, municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas se le otorgó el amparo contra el proyecto de la autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque que el gobierno nos quería imponer bajo amenazas e intimidación desde noviembre de 2013 a través del Ayuntamiento Municipal y la Secretaría General de Gobierno de Chiapas.

En la sentencia del amparo 16/2014 el juez ordena a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Infraestructura del Estado de Chiapas la cancelación del trazo en campo del proyecto de construcción o cualquier otro tendiente a la construcción de la autopista San Cristóbal de las Casas-Palenque, Chiapas, en el kilometraje comprendido dentro de los municipios de San Cristóbal de las Casas-Huixtán, Chiapas en particular en las tierras de nuestra comunidad.

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Les extendemos la invitación para celebrar conjuntamente a nuestro querido Mumia y su lucha con todo lo que ella implica en su cumpleaños 62. Sigamos exigiendo su libertad y también su derecho a un tratamiento médico digno y necesario en su condición actual. No le dejemos solo ya que Mumia corre el riesgo de morir de hepatitis C.

Desde que él fue detenido a la edad de 27, encarcelado y acusado de matar a un policía blanco el 9 de diciembre de 1981, el Estado ha intentado asesinar a este periodista, escritor, simpatizante de MOVE y ex Pantera Negra. Primero con la pena de muerte rápida, luego con la pena de muerte lenta (cadena perpetua) y ahora con la negación de un tratamiento que le podría curar. Hace falta un gran esfuerzo para lograr que le den tratamiento y, más que nada, que le otorguen la libertad que él merece y necesita para sanarse. Mumia. sigue luchando con sus escritos, como siempre lo ha hecho. ¡Ahora nos necesita! Acompañémosle!

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Escucha/descarga aquí:
(Descarga aquí)  

La Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia propone recopilar las experiencias y testimonios de las violaciones a derechos humanos cometidas como consecuencia de las estrategias de seguridad en la lucha contra las drogas. Partió de Honduras el pasado 28 de marzo y llegará a Nueva York a la apertura de la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre Drogas el 19 de abril. En la caravana confluyen familiares de víctimas y organizaciones sociales. Berta Cáceres defensora lenca, coordinadora de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras asesinada en su casa, el 03 de marzo de 2016, impulsaba La Caravana.

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