^{En portada: Instalaciones de la mina de níquel en El Estor, Izabal}

Un grupo de periodistas y académicos, dentro y fuera de Guatemala, han investigado las actividades ilegales de la mina de níquel que las empresas CGN y Pronico operan para la compañía ruso-suiza Solway en El Estor, Izabal.

Desde el año de 2017 se ha documentado el asesinato de un pescador a manos de la Policía Nacional Civil (PNC), la criminalización de líderes, autoridades ancestrales y periodistas maya Q’eqchi’.

Cuatro años después se cubrió la imposición de una consulta con la complicidad del Estado, sobre todo durante las presidencias de Jimmy Morales y Alejandro Gimmattei, para que la mina operara ilegalmente cuando tenía que estar clausurada tras la resolución de la máxima corte constitucional, la cual ordenó su cierre por no haber consultado a las comunidades afectadas y por funcionar, durante 22 años, sin los estudios ambientales correspondientes.

En el contexto de la colaboración de periodistas de 20 medios internacionales en The Store Project, Avispa Midia se une al esfuerzo para difundir los trabajos de investigación que develan los secretos más oscuros de la mina.

A continuación, puedes consultar los reportajes que revelan el pago de apoyos constantes a la PNC para garantizar su colaboración en el desalojo de comunidades Q’eqchi’ de tierras apetecidas por la mina; el uso de tácticas de espionaje y vigilancia para criminalizar a líderes indígenas y a periodistas locales críticos de la actividad minera; el ocultamiento de la contaminación ambiental, sobornos y la tolerancia del Estado de Guatemala a las irregularidades de la empresa ruso-suiza.

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El gobierno de Guatemala ha permitido la operación ilegal de la mina de níquel en El Estor, Izabal.

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Dos militares guatemaltecos implementan tácticas de inteligencia en contra de quienes se oponen a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico), ubicada en El Estor, Izabal.

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Guatemala: La versión caribeña de una red criminal entre rusos, suizos y chapines

La minera de níquel opera violando leyes, produciendo contaminación y atropellando a las personas que se declaren en oposición.

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Гватемала: los señores del polvo rojo y los señores del polvo blanco

La mina también se relacionó con el cartel de Los Mendoza, uno de los más grandes y violentos de Guatemala. Documentos prueban que la compañía otorgó al menos 7 contratos a una de las empresas del clan.

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^{Foto de portada: Manifestación de campesinos del Valle del Aguán para exigir alto a la violencia y represión.Octubre, 2021. René Estrada, CESPAD.}

En la región del Valle del Aguán se agudiza nuevamente la violencia. Apenas el pasado domingo (24), la presidenta Xiomara Castro declaró estado de excepción en el departamento de Colón, norte del país, tras el asesinato de tres policías.

De acuerdo a organizaciones, cooperativas y movimientos campesinos que integran la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Bajo Aguán (COPA), los elementos policiacos asesinados habrían respondido a agresiones contra un grupo campesino durante otro ataque ocurrido el 21 de abril.

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Aquel día, un grupo armado despojo a familias campesinas de la Empresa Asociativa Campesina de Producción la Auxiliadora. En comunicado, la Plataforma afirma que el grupo de hombres fuertemente armados, “manifestaron que su jefe Oscar Nájera ordeno llevar dicho desalojo ubicado en la comunidad de Cuacú del municipio de Santa Rosa de Aguán”, en referencia al ex diputado del Partido Nacional.

Nájera, diputado durante más de tres década, es un conocido socio comercial del cártel de la droga de “Los Cachiros” y fue acusado por el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga de recibir sobornos a cambio de protección. También fue incluido en la lista de funcionarios corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica y Reino Unido lo sancionó por corrupción.

La Empresa Asociativa Campesina de Producción la Auxiliadora es una de las organizaciones que, el pasado 22 de febrero, firmaron un convenio con una Comisión Presidencial para investigar los conflictos por tierras en el Aguán.

Alerta

La Plataforma Agraria difundió la alerta de que la mas reciente ola de violencia se ha agravado “con una campaña pública por parte de supuestos productores de palma quienes en medios nacionales amenazan de atacar a comunidades campesinas quienes defienden sus legítimos derechos históricos y constitucionales”.

Coincidentemente, en este contexto también se dieron las declaraciones del ex diputado Nájera “y el Gobernador de Colón y a la vez alcalde de Tocoa, Adán Funes, en la cual prácticamente hacen un llamado a hacer uso de las armas en el departamento, solicitando así la derogación del decreto de desarme 117-2012”.

También manifestaron su preocupación acerca de que los asesinatos de los policías ocurrieron horas después del nombramiento de una comisión jurídica “que se encarga de revisar los reclamos históricos del sector campesino del Bajo Aguán contra el despojo ilegal de tierras de la reforma agraria”.

Según las organizaciones campesinas, el mas reciente despojo “fue realizado por grupos económicos que forman parte de las redes criminales que durante los últimos doce años han asaltado al Estado y el pueblo de Honduras”.

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A su vez, denunciaron que se mantiene impune la operación de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte “quienes atacan a comunidades campesinas y controlen fincas de palma africana de la reforma agraria”.  Acorde a los campesinos, los grupos criminales actúan en coordinación con empresarios de palma aceitera, así como con oficiales del ejército hondureño.

Boicot

La Plataforma Agraria y COPA también sostuvieron que existe la intención, por parte de terratenientes y agroindustriales palmeros, de boicotear los acuerdos firmados en el convenio de febrero pasado.

Según los campesinos, una de las acciones sería generar una crisis económica e interna en las familias campesinas mediante el cierre de la agroindustria en la región, en señal de protesta en contra de los campesinos.

“Sería algo fatal”, detalló Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria, en referencia a la pretensión de cerrar la procesadora de aceite, pues son cientos de pequeños productores quienes dependen de la extractora para vender los frutos de la palma.

“Si los agroindustriales cierran las plantas extractoras, inmediatamente, procederemos al cultivo de granos básicos y hortalizas para desarrollar una verdadera soberanía alimentaria, con el fin de garantizar el retorno a la producción de alimentos en nuestra región del valle del Aguán”, afirmaron las organizaciones campesinas.

Por último, las organizaciones campesinas instaron a las autoridades a investigar los más 150 asesinatos de defensores de la tierra ocurridos en el marco del conflicto agrario que han quedado en impunidad durante los últimos doce años.

Voces de pueblos y organizaciones de la península de Yucatán expusieron las irregularidades y afectaciones que ya se evidencian con la construcción de los tramos del denominado “tren maya”.

A la cuestión ambiental, se añaden problemas sociales como el desalojo de familias; el engaño y la simulación de consultas a las comunidades; firma de convenios irregulares que derivan en extorsiones y fraudes contra ejidatarios; hostigamientos y condicionamiento a programas sociales, todo en un contexto de creciente militarización de la península.

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Estas y otras problemáticas fueron expuestas en el foro “Tren Maya: miradas y aproximaciones desde las comunidades”, realizado por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM.

Desde Campeche participaron Sara López, integrante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx) y María Hernández del Ejido Don Samuel en Escárcega. A su vez, desde Yucatán participó Wilma Esquivel Pat, del Congreso Nacional Indígena (CNI) y Ángel Sulub, indígena maya del Centro Comunitario U Kúuchil Ch’i’ibalo’on en Quintana Roo.

Engaños

María Hernández, ejidataria del ejido Don Samuel, detalló cómo, mediante engaños, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) validó reuniones para simular la consulta a las comunidades, quienes a pesar que desde 2019 exigen información clara y detallada sobre el megaproyecto, aún no se les ha compartido.

En un principio, compartió Hernández, Fonatur realizó un diagnóstico político para extraer información sobre los grupos, organizaciones y lideres de los ejidos y para diciembre del 2019, el ejido Don Samuel fue elegido como sede para las asambleas regionales que permitiría la votación para la aprobación del tren.

Hernández explicó que en aquel momento solo se habló de desarrollo y generación de empleos, argumentos con los cuales consiguieron convencer a la gente para dar su voto a favor del tren. No obstante, aún recuerda la preocupación entre los ejidatarios en el momento que se abordó la creación de nuevos núcleos urbanos mediante los denominados Fideicomisos para infraestructura y Bienes Raíces (Fibra).

La idea tras Fibra, como promocionaba en aquel entonces titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, era que “no se venda la tierra, sino que se rente la tierra, sobre todo a los desarrolladores” con el objetivo de permitir la construcción de complejos para vivienda, espacios comerciales y públicos, que podrían elevar el valor de la tierra.

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Hernández no fue la única a quien el tema de Fibra le resonó y cuestionó porqué negociar con empresas extranjeras y “no se creaba empresas sociales, porque lo que queremos es que desde las comunidades se de este cambio, de mejorar la situación económica, de mejorar nuestros ingresos, de tener más escuelas, mejor área de salud”.

La ejidataria enfatizó que aún cuando solicitaron la información mediante documento firmado por las autoridades, hasta la fecha aún no han obtenido ninguna respuesta sobre los fideicomisos.

“Se dio por realizada la consulta este día, sin que supiéramos que era una consulta indígena. No se habló de ningún impacto, se habló simplemente del desarrollo”, reclamó María Hernández por la manera en que las autoridades simularon la consulta para obtener la aprobación del megaproyecto.

Por su parte, Sara López remarcó que, de origen, el proyecto estuvo mal planificado, “pues no se consultó a los habitantes de las comunidades si lo querían o no, y de ser así ¿qué beneficios tendría para la comunidad?”, cuestionó por el incumplimiento del carácter libre, previo e informado de la consulta.

Desalojos

Un ejemplo del atropello contra las comunidades es el desalojo de familias en Campeche, quien de acuerdo a Sara López llevan seis meses sin casa pese a que el gobierno les prometió una vivienda. “Nos da una rabia e impotencia al ver como las máquinas destruyen el patrimonio de las personas, lo que con muchos esfuerzos lograron tener”, lamenta.

María Hernández remarccó el problema de que a las personas que vivían al lado de la vía siempre les llamaron invasores, “aunque tuvieron 30 años viviendo ahí, en el caso de (ejido) Samuel no hubo la opción de reubicación, estoy hablando de 19 mil, 20 mil personas”.

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Pese a las denuncias por los desalojos, Hernández señaló que las familias que reclaman han sido criminalizadas y amenazadas por grupos de choque, “nosotros hemos estado con muchos daños, desde lo moral, lo patrimonial”, subrayó en torno a los perjuicios.

Otro de los problemas es que viviendas que se localizan en las proximidades de las obras ya están presentando agrietamientos. Se trata de casas a 30 metros de distancia, las cuales están siendo afectadas debido a la vibración, así como la contaminación por el ruido, cuestión que nadie contempló pero que está perjudicando a los pobladores.

Extorsión

Otro de los problemas expuestos es el fraude realizado por la empresa Barrentos y Asociados, quien extorsionó a los ejidatarios para conseguir el derecho de vía para el proyecto del “tren maya”.

“En 2020, se presenta esta empresa, que es encargada de liberación de vía, y también entra la pandemia. En este periodo no se llevan a cabo asambleas representativas. Estuvo en esta asamblea y se da votación con 45 ejidatarios, somos alrededor de 210. Se vota el cambio de uso de suelo”, contextualiza María Hernández del ejido Don Samuel.

Otro problema fue que la empresa consiguió que los ejidatarios firmaran documentos sin entregar copias en la comunidad. “No supieron realmente lo que firmaron en este momento, no tienen copias – eran los convenios de ocupación previa a título gratuito. No les dejaron leer y no les dieron copia”, denuncia Hernández.

Para mayo del 2020, la empresa traslado a las autoridades ejidales al Palacio de Gobierno del estado de Campeche para repartir dinero que en teoría estaba destinado a los ejidatarios, para luego exigir una parte del pago en efectivo.

Como documentó Avispa Midia en junio de 2021, el proceso de negociación que la empresa Barrientos y Asociados operó en las comunidades estuvo plagado de vicios y se cometieron irregularidades y actos de corrupción.

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Hernández compartió que fue en ese momento cuando las comunidades se organizaron y formaron la Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya, desde donde han señalado los hostigamientos y condicionamientos de los programas públicos.

Los comisariados, por ejemplo, han estado en total sometimiento al Estado, sostiene Henández, pues acuden solos a reuniones con funcionarios federales cuando deberían estar acompañados por los núcleos ejidales. Por ello, “ya no se confía en las instancias federales”, remarca la ejidataria.

Militarización

Sara López externó su preocupación por el incremento de militares en toda la península. “Vayas a donde vayas” se encuentran efectivos militares, la Marina y la Guardia Nacional como forma de control, para “meter miedo y terror a los pueblos”.

Ángel Sulub también abordó el tema, al referir que la Península de Yucatán se ha “militarizado”, con el pretexto de la seguridad, pero principalmente para disuadir la resistencia de las  comunidades indígenas ante la construcción del tren.

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Sulub compartió que el Ejército ha sido comisionado para construir el polémico Tramo 5, que va de Cancún hacia Tulum. Dicho trazo atraviesa un sistema de cenotes en medio de un suelo frágil, “no adecuado para soportar el peso de trenes pesados para el transporte de turistas, mercancías e hidrocarburos”, como mencionan cientos de científicos mediante carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador a principios de abril.

Además, los militares también tienen a su cargo las obras del tramo 6 y 7, desde Tulum hasta Escárcega. “Su presencia no obedece a la paz o a la seguridad, sino de cuidar y proteger los intereses de los inversionistas y de los gobiernos detrás del tren”, sostuvo Sulub.

Wilma Esquivel destacó lo documentado sobre las consecuencias contra las mujeres en zonas militarizadas. “Hay una idea errónea de que nos va a traer seguridad, pero en la experiencia de muchos pueblos, los cuerpos de las mujeres terminan como carne de cañón”, compartió además de cuestionar cómo será el futuro de la población local en términos de garantizar acceso a recursos como el agua ante el incremento turístico y urbano que vendrá con el tren.

María Hernández recordó que la militarización viene desde los procesos de consulta, pues en las asambleas llegaban con elementos de la Guardia Nacional. “No te están poniendo las armas directamente, pero estás ahí mirando las armas, hay una intimidación de alguna forma. Preguntábamos que hace el ejercito aquí, de que es que Fonatur tiene que cuidarse, si nosotros no tenemos armas, no agredimos nada. Nosotros somos agricultores, vivimos de apicultura, de la ganadería”, contrastó sobre el actuar de las autoridades.

^{En portada: Una de las alertas más importantes que han hecho los pueblos en las movilizaciones es que el proyecto de ley 191 permitirá la explotación minera en territorio indígena.}

Este lunes (26), un tribunal federal confirmó la suspensión de la licencia ambiental para lo que sería la mayor mina de oro a cielo abierto en la selva amazónica en Brasil, un proyecto de la empresa canadiense Belo Sun Mining Corp.

En una votación de 3-0, el tribunal mantuvo su sentencia anterior. Como lo hizo en 2017, la empresa minera había apelado la sentencia la cual consideró que la consulta de la empresa con los pueblos indígenas locales y el estudio sobre los impactos socioambientales del proyecto no cumplían los criterios exigidos por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI).

Volta Grande es el nombre de la mina que se mantiene suspendida y que pretende operar a orillas del río Xingu, en el estado de Pará. El proyecto abarca 2,400 hectáreas para extraer oro, a solo 20 kilómetros de distancia de la central hidroeléctrica de Belo Monte.

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El cauce del río Xingu ya fue alterado por la construcción de Belo Monte hace más de una década. A la reducción de su caudal y la afectación a la reproducción de los peces, ahora los pueblos Xipaya y Kuruaya, amenazados por el proyecto Volta Grande, temen el envenenamiento de las aguas y tierras.

“Mi comunidad no fue consultada sobre el proyecto de Belo Sun”, sostuvo Lorena Curuaia, líder de la aldea Iawa. “Belo Monte ya ha tenido un gran impacto en el Xingu. Un segundo proyecto podría significar la muerte de los pueblos locales”.

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Por su parte, Belo Sun ha argumentado que, pese a que la comunidad más cercana está a más de 10 km de distancia, ya consultó a los pueblos indígenas.

Tal como durante el proceso de construcción de la hidroeléctrica, los pueblos dicen que no fueron consultados sobre el nuevo emprendimiento minero, denuncia que es corroborada por el Ministerio Público Federal (MPF).

Dicho organismo afirma que la empresa sólo tuvo en cuenta las áreas oficialmente demarcadas, y que las comunidades indígenas que se encuentran fuera de estos lugares también deberían ser tomadas en cuenta.

Lorena Curuaia, de la comunidad Iawá, también se queja de que, después de ocho años, siguen siendo ignorados, pues fue desde 2014 cuando la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Sostenibilidad (Semas) concedió a Belo Sun una licencia preliminar para el proyecto.

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Belo Sun puede apelar la decisión ante un tribunal superior. En el contexto de la posible aprobación del proyecto de ley 191/2020, que libera la actividad minera en territorios indígenas, las decisiones de tribunales pueden sentar un precedente para definir las normas sobre cómo deben realizarse las consultas con pueblos tradicionales.

^{En portada: Cierres de infraestructura clave, como el Puerto de Ningbo-Zhoushan, Zhejiang en China, han creado “cuellos de botella” en la circulación de productos industriales alrededor del mundo.}

El Banco Mundial (BM) ha alertado que, por la guerra entre Rusia y Ucrania, están aconteciendo pérdidas económicas severas en la región de Europa, Asia Central y el resto del mundo. Este escenario es considerado, por este organismo, como la segunda crisis más importante en estos dos años, así como la sexta recesión global más grave.

Las previsiones son benéficas para las empresas y gobiernos productores de petróleo, pero los impactos más severos recaen en las poblaciones y países más pobres. El BM señala en su documento llamado Guerra en la región: Europa y Asia Central, presentado este 2022, que se prevé que 40 millones de personas podrían cruzar el umbral de pobreza extrema. No obstante, en 2021, con la COVID-19, el Banco ya había documentado que al menos 100 millones de personas se sumaban a este umbral.

Además, la Organización de las Naciones Unidas ya registraba que, en 2019, la pobreza mundial rebasaba 1,300 millones de personas que viven por debajo de 1.90 dólares al día.

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El BM, en su documento recién lanzado, muestra su preocupación por el ritmo de producción de mercancías y servicios, ya que en 2022 prevé una caída del doble de lo que fue la recesión sufrida en 2020. “Los países de la región ya se estaban preparando para una ralentización de la recuperación del COVID-19 que comenzó en 2021, debido a la reducción del crecimiento”, pero con la guerra empeoró la situación señala el Banco.

El documento anuncia que las continuas interrupciones en las economías, por la COVID-19 y la escalada de las tensiones geopolíticas, ya deja sentir los impactos a través de múltiples canales, como los mercados financieros y de materias primas, los vínculos comerciales y migratorios y en la confianza de los inversores.

Estos contextos han golpeado principalmente los bolsillos de los consumidores con la subida de precios de los energéticos y los alimentos a nivel mundial. Esto es uno de los factores, al que atañe el BM, “han llevado a un número significativo de personas a la pobreza extrema”.

Tras la guerra en Rusia y Ucrania, la región Euro-Asiática sintió inmediatamente los efectos y, posteriormente, en escalada, ha impactado al resto del planeta.  Rusia es un importante exportador de energía y metales industriales, pero, además, entre los dos países en conflicto bélico, suministran conjuntamente más del 25% de las exportaciones mundiales de trigo.

“Europa depende especialmente de la energía rusa, de la que importa el 47% del gas natural y el 25% del petróleo. Armenia, Georgia, Kazajstán y Turquía importan más del 75% de su trigo de Rusia y Ucrania, y muchos países de Oriente Medio y África dependen de las importaciones de trigo y otros productos básicos provenientes de Rusia y Ucrania, lo que podría provocar inseguridad alimentaria”, alerta el Banco Mundial.

El escenario actual ha fragilizado los tejidos de la llamada globalización económica y financiera, al interrumpir la conectividad de las rutas comerciales, lo que ha provocado no solo el aumento de los costes de producción, sino que, también, tensiones en las cadenas de los principales sectores industriales en el mundo. Desde la industria alimentaria, la automovilística, la construcción, la petroquímica y la del transporte.

La migración

Junto a los impactos económicos, también se está desprendiendo una ola migratoria y de refugiados provenientes tanto de Rusia como de Ucrania, así como de los países impactados. El Banco Mundial registra que más de 4 millones de personas han huido de Ucrania. Más de la mitad han cruzado a Polonia y otros más se han dirigido hacia Hungría, Moldavia y Rumanía. “Se calcula que el número de refugiados aumentará en los próximos meses, por lo que los países de acogida tendrán que afrontar el reto de acogerlos”, según este organismo.

Desde que el presidente de los Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, anunció que recibiría hasta 100 mil personas que están huyendo de la guerra, en Tijuana, la frontera de México, cada día sigue llegando gente proveniente de Ucrania, Rusia y de otros países. Este nuevo reflujo migratorio se suma a los miles de personas que esperan cruzar hacia EEUU, provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba, Venezuela y Haití.

“Habrá que movilizar rápidamente recursos financieros adicionales y ayuda humanitaria para aumentar la capacidad y garantizar la prestación de servicios básicos. En Ucrania, se calcula que ya hay 6,5 millones de personas desplazadas internamente y que aproximadamente un tercio de la población necesita ayuda humanitaria de emergencia”, señala el documento del BM.

Mientras tanto, EEUU recibe a los miles de migrantes en unas de sus peores crisis. De acuerdo la Oficina de Estadísticas Laborales el Índice de Precios al Consumidor de este país ha alcanzado uno de los niveles de inflación más altos en los últimos 40 años. Alcanzó un incremento de 8,5% para el año que finalizó en marzo y lo mismo sucede en América Latina.

El impacto de la guerra en las perspectivas económicas de la región depende de cómo evolucione el conflicto en curso. “Un conflicto más prolongado podría incrementar los costes humanos y económicos, aumentar la incertidumbre política, fragmentar la integración regional y perturbar los vínculos críticos de comercio e inversión”, prevé el organismo financiero mundial.

Transición energética

El Banco Mundial ha aprovechado los diversos escenarios de crisis para acelerar las políticas que permitan el reemplazo de la matriz energética, sobre todo en los sectores productivos, como una necesidad para sostener el ritmo de producción de mercancías y servicios y así, el engranaje de las principales economías pueda funcionar.

Por ello, este organismo llama a los Estados-nación a “mantener la atención en la mejora de la eficiencia energética y la transición verde para asegurar un futuro sostenible”.

Según el BM, la guerra y el aumento de los precios de la energía convencional, “demuestran aún más el atractivo de las energías renovables y la importancia de la transición de los sistemas energéticos hacia una energía más barata, limpia y fiable”, ya que ello asegurará “el uso de innovaciones tecnológicas que podrían permitir a las economías de la región mitigar el impacto de la guerra en el crecimiento económico”.