militarización
(Español) Pronunciamiento del Modevite ante el contexto de inseguridad y violencia y amenaza de reactivación minera en Chicomuselo
Chicomuselo, Chiapas México, 26 de septiembre de 2022.
DENUNCIA PÚBLICA
A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO EN GENERAL
El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, expresa su preocupación ante el contexto de inseguridad y violencia ante la amenaza latente de reactivar las actividades mineras en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, originado por la falta de intervención de las tres órdenes de gobierno.
En los últimos meses del presente año se ha constatado la presencia de empresas y personas interesadas en reiniciar la explotación minera en las diversas localidades de este municipio como son: El Naranjo, Nueva Morelia, Santa María, Ricardo Flores Magón, Grecia, Benito Juárez, promoviendo actividades mineras sin la consulta previa e informada, sin el consentimiento de los ejidos y comunidades que se verán afectados con estas actividades.
Esta situación pone en riesgo la estabilidad de las comunidades que han decidido rechazar estos proyectos extractivos y han estado en resistencia por mantener la paz y la armonía desde la defensa de los derechos humanos y colectivos. La respuesta de estos grupos con intereses personales, económicos y políticos ha sido la intimidación, el hostigamiento y las amenazas de muerte en contra de nuestras compañeras y compañeros defensoras y defensores de derechos humanos como recurso para frenar la lucha en la defensa de la vida y el territorio, por ello nos preocupa la integridad y la vida de cada uno de ellos que a diario enfrentan diversas situaciones por denunciar estas acciones.
En 2009, los habitantes del municipio de Chicomuselo han sido testigos de las afectaciones ambientales, daños a la salud, división comunitaria, conflictos sociales, entre otros, provocado por la empresa minera canadiense Blackfire
Exploration Ltd en el ejido Grecia perteneciente a este municipio de Chicomuselo, afectando principalmente al agua subterránea, ríos, arroyos, bosques, la salud de la población y el tejido comunitario que caracteriza a las comunidades de nuestra región; situación que culminó con el asesinato del señor Mariano Abarca Roblero.
Desde el mes de noviembre del año 2021, integrantes de este movimiento han presentado al actual Presidente municipal Jorge Martin Sepúlveda Morales, la situación social del municipio y las luchas y resistencias contra la explotación minera, el programa MOSCAMED, el proyecto de remunicipalización, la venta ilegal de bebidas alcohólicas, que son una problemática en conjunto, ya que vulneran los derechos humanos y colectivos de las comunidades; tomando en consideración que en su campaña había manifestado que estaba en contra del proyecto minero y apoyaría al pueblo en sus luchas y resistencias, caso que durante el tiempo de su administración no se ven los resultados.
La Delegación de Gobierno en este municipio ha minimizado esta problemática social al no atenderlos con responsabilidad y compromiso, puesto que en varias ocasiones se han detenido a personas que realizaban actividad minera de forma ilegal en el municipio y donde se han comprometido a no seguir realizando estas actividades al presentarles las resistencias del pueblo, el delegado de gobierno de este municipio no ha hecho ninguna acción tomando en cuenta que a nivel estatal y municipal no hay un permiso para la actividad minera en Chicomuselo.
De manera formal se ha presentado denuncias ambientales ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) sobre el caso Chicomuselo, sin embargo, la respuesta ha sido la falta de interés vulnerando los fundamentos legales plasmados en el marco jurídico nacional e internacional.
Actualmente seguimos en espera de una mesa de dialogo con funcionarios del gobierno estatal y federal para atender esta problemática social sin que hasta la fecha se tenga respuesta alguna.
Con respecto al proyecto de remunicipalización en los ejidos Unión Buena Vista y Pablo L. Sidar no existen las condiciones y no cumple con los requisitos según la ley para hacerse municipio, sin embargo quienes tienen sus intereses en este proyecto están presionando a los ejidos vecinos para que acepten el proyecto, vulnerando sus derechos ejidales.
El programa de MOSCAMED en nuestro municipio se está convirtiendo en un programa impuesto aunque en los ejidos no hayan aceptado, permanece la insistencia de entrar poniendo en contra a las personas y fracturando el tejido social.
Nos percatamos que quienes tienen sus intereses en nuestro territorio van conjuntando estos tres proyectos e insistiendo bajo engaño, intimidación y amenazas con el fin de presionar a las comunidades y acepten por temor.
La falta de respuesta oportuna de parte del estado pone en riesgo a quienes defendemos la vida y el territorio con acciones pacíficas y dentro del marco legal.
Por lo anterior, hacemos un llamado a los distintos niveles de gobierno a que cumplan con su deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos individuales y colectivos de la población en general que busca por medios pacíficos generar espacios de unidad para construir la paz entre los pueblos y comunidades en un entorno de respeto y armonía.
Responsabilizamos al estado mexicano sobre cualquier acto que ponga en riesgo la integridad y la vida misma de quienes defendemos el territorio y los derechos humanos que actualmente se encuentran amenazados por los intereses económicos y políticos de unas cuantas personas.
Finalmente invitamos a los diferentes movimientos sociales del estado y del país, así como de la población en general a fortalecer la unidad y a permanecer atentos ante los nuevos acontecimientos sociales que violentan nuestros derechos para responder de manera articulada, organizada, consciente y en apego al marco legal.
¡SI A LA VIDA, NO A LA MINERIA DEPREDADORA ¡
¡ALTO A LAS AMENAZAS CONTRA DEFENSORES DE LA VIDA, LA TIERRA Y EL TERRITORIO! ¡NO MAS CONCESIONES MINERAS ¡
¡NO A LA EXPLOTACION DE NUESTROS BIENES NATURALES!! ¡CANCELACION DE CONCESIONES MINERAS EN CHICOMUSELO!
¡NO AL PROGRAMA MOSCAMED!
¡NO A LA REMUNICIPALIZACION!
Atentamente
Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio
(Español) Ayotzinapa | A ocho años se vislumbran horizontes de impunidad
Ayotzinapa , Guerrero a 26 de septiembre de 2022 .-
Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero a ocho años de que agentes del estado y criminales desaparecieron a nuestros hijos, seguimos de pie y con la frente en alto en su búsqueda permanente.
En este sinuoso camino hemos perdido a varias madres y padres que se han adelantado sin saber el paradero de sus hijos. Un ejemplo de este temple y entrega por la causa es la de nuestro compañero Bernardo Campos que arriesgó su salud y perdió la vida buscando hasta el último aliento a su hijo.
A que las imágenes de la violencia irracional de policías, soldados y delincuentes desplegada la noche del 26 de septiembre contra nuestros hijos golpean nuestra memoria en estos días. Sus acciones siniestras, desapareciendo y matando a jóvenes que solo querían ser maestros, ilustra la podredumbre de las instituciones de un estado decadente.
Cuatro años del gobierno anterior y cuatro del actual han sido insuficientes para darnos verdad. La administración pasada se confabuló con policías, soldados y delincuentes, construyendo una investigación penal basada en tortura y manipulación de evidencias, para maquillar los hechos y ocultar el paradero de los 43. Por su parte el gobierno actual pese a su compromiso de esclarecimiento, solo ha presentado avances parciales.
Al día de hoy estamos lejos de obtener verdad y justicia. En las investigaciones solo existen hipótesis sin solidez probatoria. Se habla de la muerte de nuestros hijos, pero no nos muestran prueba científica indubitable. Líneas y más líneas de investigación que solo aumentan nuestra incertidumbre y dolor.
Como en el gobierno anterior, la jerarquía militar toma la tribuna política y desde allí lanza amenazas contra quienes les imputan crímenes y violaciones a derechos humanos. Los militares se niegan a ser investigados pese a la existencia de pruebas que establecen su responsabilidad directa e indirecta en la agresión de nuestros hijos, mismas que han sido valoradas por los jueces que libraron órdenes de aprehensión. No quieren ir a rendir cuentas ante los jueces civiles, se sienten intocables. Se creen fuera del imperio de la Ley. Jueces y ministerios públicos sucumben ante el poder militar, cancelando 16 órdenes de aprehensión que existían en su contra.
Como en el gobierno anterior las autoridades nos mienten, primero nos informaron de la existencia de 83 órdenes de aprehensión y ahora los medios de comunicación dan cuenta que se desistieron de más de 21 acciones penales entre ellas contra 16 militares, mientras tanto, el actual gobierno guarda silencio, sin darnos una explicación. Por el contrario, se agazapan, nos cierran las puertas de las instituciones y ponen al frente a la policía como muestra de su indolencia.
Este gobierno criminaliza nuestra forma de lucha y protesta. Se acude al fantasma de la infiltración e intereses ajenos en las protestas para descalificarnos, invisibilizando e invalidando nuestro dolor y digna rabia.
Para frenar los pocos avances en el caso, se abren guerras intestinas dentro del gobierno, golpeando a funcionarios que muestran compromiso con el caso, relegándolos y restándole mérito al trabajo que realizaron, creando un ambiente enrarecido que frena el avance del caso. De igual forma el propio gobierno filtra a los medios de comunicación partes sensibles de la investigación para obstaculizar los procesos judiciales y el acceso a la justicia. Se usa nuestro caso para que un poder del Estado golpee políticamente a otro, se culpan mutuamente por los fracasos judiciales, por su parte los perpetradores se engalan y tienen voz en los medios de comunicación. Mientras nosotros, como víctimas pasamos los tragos amargos de la impunidad que acrecienta nuestro dolor y sed de verdad y justicia.
Las anteriores, son señales funestas que presagian impunidad, que ilustran más de lo mismo. El tiempo transcurre inexorable, los días de esta administración gubernamental se agotan y nuestro caso se empantana en un lodazal de manoteos, zancadilas y golpes por debajo de la mesa entre una y otra institución, con el fin avieso de frenar el avance del caso y tejer un manto de impunidad.
Pero desde aquí les decimos las madres y padres de los 43 y la normal ruralde Ayotzinapa, no lo permitiremos. Alzaremos nuestra voz, recorreremos las calles del país y elevaremos el nivel de nuestra lucha para lograr verdad y justicia.
Atentamente ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Comité de Padres y madres de los 43
