El pasado 7 de enero, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) dio a conocer el asesinato de Aly Domínguez y Jairo Bonilla, integrantes de la resistencia de Guapinol, comunidad en el norte de Honduras que ha destacado por su lucha contra la minería a cielo abierto en dicha región.

Según el Comité, las puertas a la extracción minera en el área de conservación fueron abiertas por el propio Congreso de Honduras, al reducir la zona núcleo del parque, lo cual permitió el arribo de la empresa Inversiones Los Pinares quien opera desde el año de 2014 para la extracción de óxido de hierro.

Para el año 2015 y tras las evidencias de contaminación en las fuentes de agua, habitantes de la región se coordinaron para la defensa de su territorio mediante la creación del CMDBCPT. Fue así que, en 2018, se movilizaron contra las concesiones mineras y mediante un campamento bloquearon la calle de acceso a la concesión minera.

El 27 de octubre de 2018, tras casi tres meses de movilización, el campamento fue desalojado violentamente. Desde entonces no ha cesado la persecución, criminalización, hostigamiento y amenazas contra los defensores del agua. Destaca el proceso judicial contra 32 personas, de las cuales ocho de ellas permanecieron encarceladas por casi dos años y medio.

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Aly Domínguez fue una de las personas encarceladas, junto a doce defensores más, por acusaciones de Inversiones Los Pinares. Ahora, en el caso de su homicidio, la Policía Nacional de Honduras alega que el móvil fue un robo, descartando su labor en la defensa del territorio.

“Cuando se trata de personas que han sido criminalizadas y que han sido personas que son parte de una comunidad que defiende los ríos, debe haber una presunción de que cualquier acto en contra de ellos, en este caso su asesinato, tiene que ver con la defensa de los territorios y de la comunidad y de los ríos, por tanto, las investigaciones deberían ir por ahí”, compartió a medios locales el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicaciones (ERIC-SJ), Joaquín Mejía Rivera.

El homicidio de los dos defensores ocurrió al mismo tiempo que se encuentra vigente un Estado de excepción, decretado bajo el argumento de combatir a las pandillas. De esta manera, Tocoa, junto a los municipios vecinos de Trujillo, Sonaguera y Bonito Oriental, conforma una región con derechos suspendidos y cuya ampliación por 45 días más fue aprobada un día antes del asesinato de los defensores de Guapinol.

Ya desde diciembre del 2022, el Comité denunció que individuos armados, vinculados a la minera, vigilaron a sus miembros de Guapinol mediante seguimientos a bordo de vehículos sin matrículas. También denunciaron haber recibido amenazas de muerte.

Según el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), a pesar de las múltiples denuncias públicas, las autoridades, incluida la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras, no reforzaron ni ampliaron las medidas de protección para las personas defensoras de Guapinol y sus familias, ni tampoco llevaron a cabo una investigación en torno a las amenazasrecibidas.

El Observatorio recuerda que no es la primera vez que este tipo de campaña, seguida de amenazas de muerte contra los defensores del río Guapinol, desemboca en asesinatos: Arnold Joaquín Morazán Erazo fue asesinado en octubre de 2020, y Roberto Antonio Argueda Tejada, en agosto de 2019. Ambos asesinatos se mantienen en la impunidad.

Amenazas, en aumento

Desde agosto del 2022, el CMDBCPT denunció una escalada en la campaña de desprestigio contra sus miembros, la cual incluía vigilancia, acoso y amenazas contra la vida de quienes se oponen a la minería en el área de conservación.

La violencia contra el CMDBCPT se intensificó después que sus miembros acompañaron una gira interinstitucional, junto a funcionarios gubernamentales, a cuatro proyectos extractivos del Grupo Emco Holding en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Aún cuando la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Serna) encabezó estas visitas, la institución aún no ha publicado la información recabada durante la visita.

Frente al incremento en las agresiones y amenazas de muerte, en diciembre pasado el Comité exhortó a la presidenta de Guatemala, Xiomara Castro, para garantizar la integridad física de sus miembros, así como a cumplir su promesa para cancelar las concesiones de minería a cielo abierto.

Ahora, ante la denuncia del doble asesinato, el CMDBCPT remarcó que “la comunidad de Guapinol en los últimos años ha sido brutalmente golpeada por la criminalización mediática, la judicialización y el encarcelamiento, hasta llegar al asesinato como lo evidencia el hecho criminal que ha segado la vida de Aly y Jairo”.

Mediante comunicado, el Comité responsabilizó de las agresiones a la empresa minera Inversiones Los Pinares/Ecoteckla cual, señala, opera ilegalmente en la zona. Además, enfatizó que “hay personas defensoras de este colectivo señaladas como posibles objetivos de exterminio. Las estructuras del crimen organizado siguen vigentes en el territorio, no pierden su naturaleza criminal y es posible que una investigación seria, responsable y objetiva arroje como resultado los vínculos entre estructuras del crimen organizado, empresas extractivas y funcionarios públicos participando en ese frente criminal contra las personas y movimientos que luchan por la vida”.

En su posicionamiento, el CMDBCPT asegura que grupos empresariales están acostumbrados a imponerse por la fuerza. “La agroindustria, la minería e hidroenergía han demostrado su perversidad criminal para apagar la lucha social por los derechos humanos utilizando diversos medios, tanto económicos, armados, mediáticos”.

Promesa incumplida

Entre las promesas del gobierno de Xiomara Castro destaca su postura de frenar la minería a cielo abierto en Honduras. En concordancia, durante febrero de 2022, la Secretaría de Recursos Naturales declaró al país centroamericano como territorio libre de minería. No obstante, la medida no tuvo ningún efecto legal pues se redujo a la difusión de un comunicado.

“Las autoridades actuales, al igual que las autoridades del régimen anterior, no quieren o no tienen la voluntad o la valentía de cancelar, suspender, esos derechos mineros a una empresa tan poderosa perteneciente a la dupla Pérez-Facussé”, sostuvo Joaquín Mejía Rivera al referirse al matrimonio entre Lenir Pérez y Ana Facussé, hija del terrateniente dueño de Corporación Dinant, reconocido por imponer el cultivo de palma aceitera mediante violencia y despojo contra comunidades campesinas del valle del Aguán.

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Por su parte, Pérez es el presidente del Grupo Emco Holding, conglomerado de empresas con inversiones en la construcción, el sector aeroportuario y la siderurgia. Él es el dueño de las concesiones mineras ubicadas en el interior del Parque Nacional Carlos Escalera, las cuales reconoció haber negociado con diputados del Partido Nacional para la reducción de la zona núcleo del área de conservación.

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Además, a través de su empresa Alutech S.A. posee grandes inversiones en otros países de Centroamérica como Guatemala y El Salvador, donde donó un millón de dólares para la campaña presidencial de Nayib Bukele en 2019.

Ahora, una investigación del medio ContraCorriente señala que Pérez, además de beneficiarse con sus relaciones con el expresidente Juan Orlando Hernández, mantiene un acceso privilegiado al gobierno de Xiomara Castro mediante el trabajo legal de Pamela Blanco Luque, socia y esposa de Tomás Vaquero, titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.

Según el medio hondureño, Blanco ha trabajado continuamente para las empresas de Lenir Pérez y, por ejemplo, fue la notaría que se encargó de la constitución de al menos cinco empresas que forman parte del Grupo Emco Holding.

“La Secretaría de Gobernación, que dirige Vaquero, tiene la misión de rectorar lo concerniente al gobierno departamental y municipal, convirtiéndose en el enlace directo entre gobernadores, alcaldes y la presidenta. Además, debe procurar el acceso a la justicia, la vinculación del poder ejecutivo con organizaciones de sociedad civil, y entre sus funciones también tiene la promoción del acceso y la aplicación oportuna e imparcial de la justicia”, escribe el periodista Fernando Silva.

Para el abogado Mejía, quien reconoce que el Ejecutivo tiene la facultad, a través del Ministerio de Ambiente, para suspender las licencias de Inversiones Los Pinares, resulta sorprendente que aún no se cancelen la extracción minera. “Hasta el momento no entendemos por qué no se ha cancelado, no se ha suspendido el derecho minero, a pesar de los daños al medio ambiente y a pesar del peligro para la vida y la integridad de las personas”, señaló el investigador de ERIC-SJ.

Exigen investigación independiente

Mientras tanto, el Comité, junto a organizaciones sociales, denuncia que la fiscal Karen Edith Martínez Guardado, quien participó en la criminalización de los ocho defensores de Guapinol, será la responsable de la investigación en el doble asesinato de Aly Domínguez y Jairo Bonilla.

Ante ello, la Coalición contra la Impunidad alertó la falta de independencia e imparcialidad del Ministerio Público y de la Policía Nacional de Tocoa para investigar el crimen, “pues son las mismas autoridades que han reprimido, hostigado, amenazado, atentado y criminalizado a la comunidad de Guapinol”, por lo cual se suma a la exigencia de constituir una unidad especial de investigación independiente y con la participación de la comunidad afectada.

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Joaquín Mejía enfatizó que Jairo Bonilla y Aly Domínguez formaban parte de un espacio colectivo que fue criminalizado por el Ministerio Público de Tocoa. “Esa misma fiscal es la que ha sido nombrada como encargada de investigar el asesinato de dos personas con las que ella tiene o ha tenido una relación obviamente terrible, en el sentido que el Ministerio Público de Tocoa ha utilizado pruebas ilegales falsas para poder criminalizar al Comité de Guapinol. Obviamente esto nos indica que no puede ser imparcial ni puede ser independiente”, señaló el abogado y experto en derechos humanos.

^{Por Colectivo CrimethInc. / Traducción por A Planeta.}

^{En portada: Partidarios del derrotado ex presidente brasileño Jair Bolsonaro asaltan edificios gubernamentales en Brasili.}

El 8 de enero de 2023, partidarios de extrema derecha del derrotado ex presidente brasileño Jair Bolsonaro asaltaron edificios gubernamentales en Brasilia, aparentemente en una grotesca imitación del fiasco en el que los partidarios de Donald Trump hicieron lo mismo en Washington, DC el 6 de enero de 2021. En el siguiente informe, nuestros camaradas en Brasil detallan la trayectoria que condujo a estos acontecimientos y discuten los enigmas que los opositores al fascismo enfrentan en Brasil como consecuencia.

La incursión de la extrema derecha plantea cuestiones que los anarquistas y otros antifascistas deben afrontar en todo el mundo.

¿Quién está impulsando los esfuerzos de la extrema derecha para intensificar el conflicto civil y transformar las instituciones del Estado en un campo de batalla? Mientras que muchos en los Estados Unidos han sugerido la participación de Steve Bannon, Brasil y América Latina en general tienen una larga historia de golpes de Estado dirigidos por fuerzas militares y de derecha locales y apoyados por centristas, así como por conservadores dentro del gobierno de los Estados Unidos. A diferencia de Trump, el propio Bolsonaro estaba ausente de Brasil durante el asalto a los edificios, habiendo huido antes de que terminara su mandato presidencial. Probablemente sea un error reducir estos acontecimientos a las maquinaciones de unos pocos autócratas.

Quienquiera que estuviera detrás de la incursión, ¿por qué la debacle del 6 de enero de 2021 se consideró lo suficientemente exitosa como para merecer repetirse? ¿Era el objetivo de los participantes tomar el poder, ejercer presión sobre la administración entrante o provocarla para que reaccionara de forma exagerada, legitimar tácticas extralegales como un paso hacia la construcción de un movimiento fascista? ¿O no hay aquí ningún objetivo racional, sino sólo los efectos secundarios de las estrategias de campaña de los demagogos de extrema derecha, la creciente polarización de una sociedad fragmentada y la irresistible atracción de las tácticas meméticas?

¿Cómo pueden las poblaciones marginadas que son objetivo de los movimientos fascistas movilizarse para defenderse sin legitimar las mismas instituciones del Estado que tanto fascistas como centristas emplean contra ellas? ¿Cómo pueden los anarquistas y otras personas comprometidas con un cambio social profundo evitar que los “rebeldes” de extrema derecha monopolicen la forma en que el público en general ve las tácticas que nosotros también tendremos que utilizar, aunque sea en pos de la liberación?

Esperamos que la siguiente contribución ayude a nuestras y nuestros camaradas a reflexionar sobre estas cuestiones.

Las elecciones no detienen al fascismo

Desde la derrota de Jair Bolsonaro y la victoria de Luís Inácio Lula da Silva por un margen de menos del 2% en las elecciones presidenciales brasileñas del 30 de octubre de 2022, las movilizaciones de la extrema derecha han ido escalando tanto en tamaño como en violencia. Poco después del anuncio de la victoria de Lula, los manifestantes acamparon alrededor de cuarteles del ejército y bloquearon carreteras, impugnando los resultados electorales y pidiendo la intervención militar. Muchos de estos campamentos estaban equipados con baños químicos, tiendas de campaña y cocinas; estaban financiados por empresarios y políticos afines al bolsonarismo y a la extrema derecha. En noviembre, el Tribunal Superior Federal ordenó que se bloquearan las cuentas de algunos de los financiadores, firmando órdenes de registro y embargo.

Como documentamos, camioneros organizados por grupos patronales bloquearon cientos de carreteras en todo el país, beneficiándose de la indulgencia de la Policía Federal de Carreteras (PRF). Cuando estos bloqueos fueron derrotados, el impulso pasó a los movimientos bolsonaristas urbanos, especialmente los campamentos frente a los cuarteles militares. Los campamentos que habían comenzado con un carácter más diverso, incluyendo ancianos y niños, se convirtieron en predominantemente masculinos, con los participantes más dispuestos a utilizar la fuerza. Los linchamientos de personas que intentaban cruzar los bloqueos, secuestros e incluso torturas de quienes discrepaban de sus tácticas o puntos de vista se convirtieron en algo habitual.

En la noche del 12 de diciembre, durante el reconocimiento formal del presidente Lula y su vicepresidente Geraldo Alckmin como ganadores de las elecciones, la base callejera radicalizada del bolsonarismo avanzó un paso más en un ensayo general para los acontecimientos del 8 de enero. Grupos acampados en Brasilia atacaron una comisaría y la sede de la Policía Federal. Los partidarios de Bolsonaro incendiaron cinco autobuses y tres coches en respuesta a la detención de un indígena llamado Serere Xavante, pastor evangélico y bolsonarista. Xavante fue acusado de organizarse para dar un golpe de Estado, proferir amenazas y promover atentados contra el Estado democrático de derecho; el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenó su detención.

El Supremo Tribunal Federal ordenó la detención de decenas de personas implicadas en las manifestaciones pro-Bolsonaro y en la financiación de los campamentos. La izquierda continuó apostando a que la represión institucional bastaría para frenar a los bolsonaristas. Contar con leyes e instituciones que no habían hecho nada para disminuir el ímpetu de la extrema derecha dejó las calles abiertas a la organización fascista. En general, a pesar de las detenciones mencionadas, la policía y otras autoridades siguieron tratando con permisividad al movimiento bolsonarista.

La imagen de un autobús en llamas -anteriormente un símbolo de la lucha contra la represión estatal y la explotación capitalista, visto en las protestas contra la subida del billete de autobús en 2013, la Copa Mundial de la FIFA en 2014, y la violencia policial en la periferia urbana- se asocia ahora con el “terrorismo de derechas”. La izquierda legalista e institucional, representada por el gobierno entrante, adopta el papel de “defensora de la ley y el orden.”

Incapaz de soportar la derrota electoral, Bolsonaro dejó que sus partidarios lucharan solos por su sueño golpista. El 30 de diciembre, partió hacia Orlando, Florida, en el avión presidencial con su séquito y familiares; el dinero público lo pagó todo. Su vicepresidente, el general Hamilton Mourão, se convirtió en presidente interino, haciendo una declaración elogiando “la alternancia de poder en una democracia”.

La extrema derecha ve ahora tanto a Bolsonaro como a Mourão como traidores. Pero sin Bolsonaro, los Bolsonaristas sólo se volvieron más enfurecidos e impredecibles.

En la Nochebuena de 2022, el conductor de un camión de combustible encontró un artefacto explosivo en el vehículo y alertó a la policía. El autor del intento de atentado, George Washington de Sousa, fue detenido y confesó que pretendía hacer estallar el vehículo cerca del aeropuerto de Brasilia antes de la investidura de Lula, con la esperanza de obligar al todavía presidente Bolsonaro a establecer el estado de sitio. Las autoridades descubrieron un considerable stock de armas en el apartamento de Washington de Sousa; él afirmó haberlas adquirido a lo largo de los años, motivado por los discursos de Bolsonaro. Esto llamó la atención de las autoridades, incluido el gobierno entrante de Lula, sobre las formas en que las ocupaciones bolsonaristas estaban reclutando y radicalizando a la extrema derecha.

El 1 de enero de 2023, Lula juró el cargo bajo fuertes medidas de seguridad. Esto le convirtió en el único presidente elegido tres veces por votación democrática en Brasil, y a Bolsonaro en el primer presidente que no logra ser reelegido, así como en el primer presidente de la era democrática que se niega a pasar la banda presidencial en una ceremonia de investidura. Las imágenes de representantes de los pueblos indígenas, de los trabajadores, de los negros, de los discapacitados y de los excluidos pasando la bandera a Lula circularon por todo el mundo, significando optimismo, aunque las medidas paliativas para una sociedad capitalista en evidente declive probablemente no ofrecerán mucho más que una breve mejora superficial antes del colapso.

En cualquier caso, la sensación de calma tras la “derrota del fascismo en las urnas” no duró ni una semana.

La revuelta de los escoltados por la policía

Aunque la participación disminuyó después de que Lula asumiera el poder, las protestas y acampadas de extrema derecha continuaron. En los primeros días de enero, los partidarios de Bolsonaro convocaron una manifestación para el domingo 8 de enero. Aproximadamente 4000 personas que habían estado protestando a las puertas de los cuarteles en varias ciudades de Brasil tomaron autobuses fletados hasta la capital, Brasilia, uniendo fuerzas para una manifestación masiva de repudio a la toma de posesión de Lula como presidente. La multitud incluía un gran número de funcionarios, empleados de representantes parlamentarios e incluso tenientes de alcalde de ciudades más pequeñas. Afirmaban que las elecciones estaban amañadas y que Lula era el jefe de una banda criminal que pretendía malversar el dinero de Brasil para financiar el “comunismo”.

Cuando llegaron los autobuses a la capital, los fascistas vestidos con las camisetas de la selección brasileña de fútbol marcharon a primera hora de la tarde, sin sufrir interferencias ni acoso policial en un lugar que suele estar fuertemente vigilado y ser de difícil acceso. Se acercaron a los edificios del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palácio do Planalto (el palacio presidencial). Estas son las sedes de los tres poderes federales de Brasil: legislativo, judicial y ejecutivo. Los manifestantes asaltaron los edificios, destruyeron ventanas, equipos y mobiliario y dañaron y robaron objetos históricos y obras de arte raras de Candido Portinari, Emiliano Di Cavalcanti y Victor Brecheret valoradas en millones de dólares. Robaron documentos y armas de la Oficina de Seguridad Institucional, situada en la planta baja del Palacio del Planalto, lo que sugiere la posibilidad de que algunos de ellos tuvieran acceso previo a información sobre la ubicación de las mismas.

Al igual que en los sucesos ocurridos en el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, los manifestantes filmaron ellos mismos todo lo que hicieron, mostrando sus rostros y publicando las imágenes en directo en las redes sociales sin preocuparse por el riesgo. Irónicamente, llevaron a cabo una acción desafiando a los mismos poderes que mucha gente había confiado en que bastarían para librar a la sociedad del fascismo tras la elección de un gobierno progresista de izquierdas.

Los invasores contaron con el apoyo tácito de la Policía Militar del Distrito Federal, comandada por el gobernador Ibaneis Rocha; no sufrieron oposición ni represión policial durante al menos tres horas. La policía les permitió entrar en los edificios. Sólo a las 18h la policía consiguió tomar la iniciativa y rodear los edificios. Varios vídeos muestran a agentes de policía tomándose selfies y riéndose mientras los manifestantes invadían el Congreso; otros muestran a agentes de policía confraternizando con los Bolsonaristas dentro de los edificios invadidos.

Sólo después de las 8 de la tarde la policía, incluida la Fuerza Nacional -que suele estar tan ansiosa por atacar a profesores, estudiantes, e indígenas– consiguió “contener” pacíficamente la protesta, deteniendo a unas 200 personas. En los vídeos vemos a la policía desalojando pacíficamente a los Bolsonaristas, sin heridos ni muertos, a pesar de que la policía brasileña es posiblemente la más letal del mundo.

Esta reacción institucional sólo comenzó cuando Lula, que se encontraba en una ciudad del interior de São Paulo, emitió un decreto de Intervención Federal en la Seguridad Pública del Distrito Federal, nombrando al Secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia, Ricardo Cappelli, como interventor hasta el 31 de enero de 2023. En la práctica, esto significa retirar a la policía del gobierno del caso (la Policía Militar y la Policía Civil) y entregar el caso a la policía del gobierno federal (la Fuerza de Seguridad Nacional y la Policía Federal). En la noche del 8 de enero, el ministro de Justicia y Seguridad Pública hizo una declaración en la que afirmaba que se habían abierto investigaciones, se había identificado a los financiadores de los autobuses y se había detenido a unas 200 personas.

También habló el ministro de Justicia, Flávio Dino, ex juez y ex gobernador del estado de Maranhão, con un discurso mesurado en el que trató de salvaguardar la legitimidad de las instituciones de gobierno, describiendo a los participantes en las manifestaciones pro-Bolsonaro como radicales aislados que serían tratados como criminales, vaciando así el evento de contenido político al tiempo que lo describía como un intento de golpe de Estado. El ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, activo durante todo el gobierno de Bolsonaro como “guardián del orden institucional democrático”, también ordenó la destitución del gobernador del Distrito Federal, conocido partidario del bolsonarismo.

Un día después de los hechos, la situación sigue siendo desconcertante para la prensa y las autoridades, a pesar de que la manifestación estaba anunciada desde hacía meses en las redes bolsonaristas.

Una manifestación local de una ola fascista global

Hay muchas similitudes entre los acontecimientos del 8 de enero de 2023 en Brasil y los acontecimientos del 6 de enero de 2021 en Washington, DC. Pero también hay diferencias significativas, empezando por el liderazgo político de los fascistas.

Jair Bolsonaro siempre se ha posicionado como partidario de Donald Trump, alineándose con movimientos globales de extrema derecha, como los de Polonia y Hungría. Bolsonaro tiene conexiones con Steve Bannon, de quien fue mentor a los hijos de Jair Bolsonaro para la campaña presidencial de 2018 y en 2022 afirmó que la elección de Jair Bolsonaro era la segunda más importante para su movimiento. Tras la derrota, Bannon y Trump aconsejaron a Bolsonaro impugnar el resultado electoral. Aun así, no se puede afirmar que haya una injerencia directa de Bannon o de la extrema derecha internacional.

La motivación de las dos invasiones de edificios gubernamentales también es similar en el contenido de la supuesta conspiración: los partidarios de Bolsonaro alegan que las elecciones fueron amañadas a favor de una élite globalista simpatizante del comunismo y China, con el objetivo de desestabilizar a los gobiernos nacionalistas para difundir lo que llaman “ideología de género”, fomentar el consumo de drogas y promover los intereses de los cárteles criminales internacionales. Siguiendo el ejemplo de la alt-right (izquierda alternativa) en otras partes del mundo, se declaran liberales en su programa económico y conservadores en su programa cultural. Así, afirman defender la familia cristiana tradicional como medio para difundir la supremacía blanca, el odio a las personas LGBTQI+ y la ansiedad por una supuesta amenaza comunista.

Tanto el 6 de enero de 2021 como el 8 de enero de 2023, una turba fascista que dice ser la verdadera representante del pueblo y se niega a reconocer la legitimidad del proceso electoral que derrotó a su candidato invadió las sedes físicas de los poderes constituidos para generar el caos con la esperanza de suspender el resultado de las elecciones.

Después de décadas de gestión democrática, durante las cuales prácticamente todos los partidos aceptaron que era la única forma posible de hacer política en la era de la globalización capitalista, la extrema derecha ha vuelto a situar la política en el terreno de la disputa y el enfrentamiento. Cada vez está más claro que el consenso construido en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial en torno a la fórmula capitalismo + democracia liberal + derechos humanos, que ignoraba las contradicciones y desigualdades inherentes al sistema capitalista y estatal, se ha roto. Significativamente, es la derecha la que apuesta por esta ruptura, avalando explícitamente la guerra civil, mientras que la mayor parte de la izquierda sigue aferrada a las instituciones democráticas y a la gestión de una paz cada vez más precaria.

Los acontecimientos en Brasil difieren de los de Estados Unidos en que los bolsonaristas se cohesionaron en torno a algo más antiguo que el culto a Trump, algo específico de la historia política brasileña: la nostalgia de la dictadura instaurada por un golpe cívico-militar con la ayuda de Estados Unidos en 1964 y la lealtad a todos los aspectos de la dictadura que persisten en la sociedad brasileña.

En la formulación del psicoanalista Tales Ab’Sáber: “¿Qué queda de la dictadura en Brasil? Todo, excepto la dictadura”.

A diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos tras la elección de Biden, las Fuerzas Armadas brasileñas -compuestas por oficiales formados en escuelas militares impregnadas por el discurso anticomunista del contexto de la Guerra Fría y por el revisionismo histórico que denomina al golpe civil militar “Revolución del 64”- son parte fundamental de los movimientos golpistas. El bolsonarismo social y electoral involucra a numerosos oficiales de reserva del ejército, la marina y la fuerza aérea. Los oficiales en servicio activo apenas disimulan su apoyo a los manifestantes pro-Bolsonaro; desde 2014, han hecho declaraciones públicas expresando su oposición a los partidos y candidatos de izquierda. La prueba más evidente del apoyo de las Fuerzas Armadas a los movimientos golpistas es su tolerancia con las acampadas frente a sus cuarteles, que sin duda no habrían sido aceptadas si el contenido de las manifestaciones hubiera sido diferente.

Con la esperanza de lograr un acercamiento dentro de las instituciones, la coalición liderada por la izquierda institucional que ganó las elecciones de octubre nombró a José Múcio para el Ministerio de Defensa, un político de derechas amigo de los militares, cuyo partido (el Partido Trabalhista Brasileiro) utilizaba el lema “Dios, Familia, Patria y Libertad”. En su declaración sobre las manifestaciones, Lula admitió que el ministro de Defensa no había actuado para desalojar las ocupaciones en torno a los cuarteles.

Lo que está ocurriendo hoy en Brasil muestra la fuerza que la extrema derecha ha adquirido en la última década, capitalizando un difuso fascismo social que siempre ha existido en la sociedad brasileña. Las instituciones democráticas que se introdujeron con la Constitución brasileña de 1988 no supieron defenderse de ello, o no quisieron hacerlo. Podemos ver esto desde el principio, en la participación de los militares en el proceso de reintroducción de las elecciones democráticas en la década de 1980 y el “papel constitucional” de los militares como garantes del poder del Estado.

La mayor vergüenza para la izquierda en su conjunto -y especialmente para aquellos que se consideran radicales- es que el gobierno de Jair Bolsonaro y sus milicias ha reorganizado toda la estructura del Estado, desmantelando la salud pública, la educación y las protecciones medioambientales, al tiempo que ha atacado a las personas negras e indígenas, a las mujeres y a las personas LGBTQI+, todo ello en medio de una pandemia global que mató a más personas en Brasil que la media per cápita mundial. Sin embargo, no fuimos capaces de responder a esos acontecimientos, ni con una huelga general, ni cerrando ciudades y carreteras, ni invadiendo el palacio presidencial.

Ahora todas esas acciones, que deberíamos haber emprendido para defendernos de la extrema derecha, se asocian a la extrema derecha. Esto contribuye a un discurso que nos paralizará, haciendo imposible ejercer la influencia que necesitamos contra los fascistas tanto fuera como dentro de las instituciones del Estado, por no hablar de los otros partidos que también utilizarán las instituciones del gobierno para seguir imponiéndonos los peores efectos del capitalismo.

Necesitamos fomentar una revuelta popular que incluya a todos los sectores de la sociedad privados de derechos, a todos los que son objetivo de los fascistas, a todos los que sufren bajo el capitalismo incluso cuando lo gestiona un gobierno progresista. No debemos deslegitimar la insurrección cuando el aparato del Estado está en manos del centro-izquierda mientras las calles siguen en manos de los fascistas y las fuerzas de seguridad. Debemos encontrar formas de resistir, rechazando el chantaje de quienes afirman que lo más importante es mantener el orden, con su eterno moralismo en defensa de la propiedad privada y el poder del Estado.

^{En portada: David Hernández, activista bininiza de Puente Madera durante entrevista. Foto: Santiago Navarro F.}

Justo en el momento en que el indígena Binniza David Hernández Salazar se dirigía a su centro de trabajo, en Santo Domingo Tehuantepec, al sur de México, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), quienes contaban con una orden de aprensión por supuestos daños a las vías publicas de comunicación.

El activista David Hernández, al haber sido nombrado por su comunidad como agente municipal de Puente Madera, ha defendido las tierras de uso común y por mandato de su propio pueblo, se han opuesto conjuntamente a la instalación de uno de los 35 parques industriales que pretenden instalar en diversas comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec, en el marco del llamado Corredor Interoceánico.

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“En Puente Madera estamos en esa posición porque no hay información real de lo que consiste el parque industrial, en los terrenos de usos común de San Blas Atempa. Sobre todo, también por la forma en que pretenden instalar ese parque”, dijo Hernández en una entrevista que le realizó Avispa Midia meses atrás.

Al momento de este diálogo, Hernández se mostraba preocupado por una supuesta orden de aprehensión que se había liberado en su contra por las diversas protestas en que había participado. Esta detención fue ejecutada por la FGEO este martes (17) alrededor de las 8 am, mientras el indígena Binniza se dirigía a la Escuela Primaria Patria, donde trabaja como intendente.

Aún no hay una declaración pública de la fiscalía sobre las acusaciones, pero medios locales presumen que la orden fue ejecutada por denuncias realizadas por víctimas de supuestos delitos que implican daños por incendio y lesiones dolosas, cometidos en el municipio de San Blas Atempa, a donde pertenece la agencia municipal de Puente Madera.

En las diversas acciones de protesta en las que participó el activista, su principal exigencia fue que entregaran información a la comunidad, que por derecho debieron haber recibido por parte de las instancias correspondientes en relación a este parque industrial.

Este complejo industrial será instalado a menos de un kilómetro de donde habitan las personas de Puente Madera y, a siete kilómetros de donde cruzará el Tren Transístmico, el cual ya generará un impacto auditivo al cruzar cada 17 minutos. De ellos, las comunidades indígenas desconocen los impactos negativos que provocarán.

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“Nosotros realizamos una manifestación de bloqueo carretero a la altura de Puente Madera, hubo acercamiento por parte de autoridades de representantes del gobierno de estado y el gobierno federal. También estuvo presente el titular de la Procuraduría Agraria. En esa reunión yo solicité la información”, afirma el activista.

Documentos falsos

Entre la información que le fue entregada al comunero de Puente Madera, figuran las actas de asamblea que respaldan la instalación de este parque industrial.

“Tenemos muchas pruebas para decir que no se está llevando como debe de ser”, sostiene Hernández, y agrega que “en primer lugar convocaron una asamblea de comuneros (marzo 2021), entonces nosotros como comuneros de Puente Madera, asistimos a esa reunión, donde debería haber puros comuneros. Al momento de llegar al salón municipal donde se llevó acabo la asamblea, encontramos que sinceramente no eran comuneros, eran personas acarreadas”.

De acuerdo con los documentos obtenidos por el activista Binniza, destaca la participación de 900 comuneros que respaldan el parque industrial, de un total de 1,390 que debieron haber participado. “Revisé la lista de asistencia y resulta que aquí en Puente Madera falsificaron casi 52 firmas de comuneros”, dice el activista para Avispa Midia. “Ahí vemos que este proyecto se quiere implementar de la manera más ilegal o imponer a la fuerza en tierras de uso común en nuestras comunidades. Por esa razón nos vamos a mantener en resistencia”.

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Para Hernández, la mayor preocupación es que hay firmas que respaldan este parque por parte de autoridades comunales y municipales que han escalado en el poder por apoyar este proyecto, como el actual Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, Antonino Morales Toledo.

“Nosotros nos manifestamos en un bloqueo carretero el primero de mayo” y se reproduce la misma dinámica de acarreo dice Hernández. “De ahí se lanza otra convocatoria por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas el 9 de mayo. La misma dinámica de siempre, un acarreo de las agencias. Todo esto ya esta politizado, son personas afines al presidente municipal (Antonino Morales Toledo)”, refiriéndose al actual Secretario de Administración. Este funcionario tuvo el cargo de la presidencia municipal de la Villa de San Blas Atempa en dos ocasiones y también fue diputado federal.

La comunidad de Puente Madera decidió no participar en el proceso de consulta, “debido a que no hay aceptación en la consulta de comuneros. No tendría porque pasar a la continuación de ese proyecto. No hay información, no es una consulta libre, no es previa. Es una consulta amañada y de imposición. No sé si tenga conocimiento el gobierno federal de esto. Pero nunca se había visto una violación de los derechos de las comunidades indígenas en este periodo de gobierno”.

Protestas

Tras la detención del activista indígena, la comunidad de Puente Madera y otras más activaron bloqueos sobre la carretera transístmica en el tramo Juchitán – Tehuantepec, a través de los cuales exigen la liberación inmediata de David Hernández.

Integrantes de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), quienes también se encuentran en la manifestación, exigen la liberación del activista. Además, demandan la aclaración de la existencia de otras 14 órdenes de captura contra quienes mantienen resistencia al Corredor Interoceánico.

Desde este bloqueo, la Asamblea califica este acto como una “detención ilegal”, y agrega que, el  “clima de violencia, violación a nuestros derechos y de cualquier medida de presión, difamación, amenaza y agresión en contra de nuestros representantes de Puente Madera, de las agencias y pueblo de San Blas Atempa, y nuestra organización”, es responsabilidad de Antonino Morales Toledo; Cesar Octavito Morales Toledo, Representante de Bienes comunales de San Blas Atempa; Noel Hernández Rito, Presidente Municipal de San Blas Atempa; Salomón Jara Cruz, actual Gobernador del Estado de Oaxaca y hasta el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

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Al cierre de esta edición, los bloqueos se mantienen. Una integrante de la comunidad de Puente Madera asegura que mientras no se libere al activista, “no habrá ninguna liberación de tránsito, o tránsito de carretera, hasta que David sea presentado. Aquí esta el pueblo que lo respalda, porque él es una persona pacífica”.

La activista, quien no menciona su nombre por seguridad, alerta que en las proximidades se encuentra desplegada la Guardia Nacional. Aún así, “la decisión del pueblo es que no nos vamos a mover hasta que David llegue. Todo esto esta arraigado a la lucha que este pueblo tiene en contra del megaproyecto que se está tratando de detener, porque vienen muchos daños con ello”.

Fuente: Avispa Midia

^{En portada: Guardia Comunal de Santa María Ostula durante los festejos por el décimo aniversario de la fundación de Xayacalán. Foto: Regina López}

Tres integrantes de la Guardia Comunal de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula y de la Guardia Comunitaria del Municipio de Aquila, en Michoacán, los comuneros Isaul Nemecio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Mauno Zambrano, fueron asesinados el jueves (12) en un punto de vigilancia cercano a la cabecera municipal de Aquila por un comando de aproximadamente 20 sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó la comunidad por medio de un comunicado.

Los sicarios “acribillaron a nuestros compañneros, grabando diversos videos en los que hicieron ostentación de crueldad y de su pertenencia al mencionado cartel”.

Relatan la “complicidade de los gobiernos federal y del estado con los cárteles criminales”. El día cuatro de octubre de 2022 hicieron de conocimiento público que desde el 29 de septiembre de 2022 “el CJNG tomó el control de la cabecera municipal de Chinicuila y desplazó a personas y familias con el propósito de explotar las minas de este municipio, ocurriendo que unos días antes la Guardia Nacional ocupó este poblado, desarmó y desarticuló a su Guardia Comunal, detuvo a dos de sus elementos y copó por completo dicha localidad. El resultado: actualmente Chinicuila es un lugar sepulcral en manos de la delincuencia ante la presencia pasiva de los cuerpos federales de seguridad.”

Denuncian que los asesinatos no son un “hecho fortuito o casual”. Los comuneros estaban en un punto de vigilancia para mantener a “raya a la delincuencia que, desde Colima y Chinicuila, tiene cercados a los municipios de Aquila y Coahuayana”.

Histórico de amenazas

Entre los años 2009 y 2014 Santa Maria Ostula sufrió una “embestida fatal por parte de la delincuencia organizada en complicidad con los gobiernos en turno, destacando el contubernio entre la Marina Armada de México y el cartel de los Caballeros Templarios”.

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La situación provocó 34 asesinatos y 6 desapariciones forzadas de autoridades agrarias y lideres comunales, así como también el asesinato del niño Hidilberto Reyes García por parte del 65º batallón de infantería del Ejército Mexicano, lo que fue pericialmente comprobado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

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Autodeterminación

La comunidad manifesta que la guarda comunal de Santa María Ostula, junto con los grupos de autodefensa y guardias comunales de Aquila y Coahuayana, reforzará las “acciones para combatir y acabar con la presencia de la delinquencia organizada en toda la región”.

Exigen el “desmantelamiento del CJNG y el cese de la protección que otorgan a dicho cartel funcionarios y mandos militares corruptos” y el “respeto y otorgamiento de garantías para el funcionamento de nuestra guadia comunal y para el ejercicio de nuestra libre determinación y autonomía”.

Desaparición

Al cierre de esta edición se reporta la desaparición forzada del abogado defensor de Derechos Humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán.

De acuerdo a una alerta urgente, Lagunes Gasca actualmente realiza acompañamiento legal en la comunidad indígena de Aquila, donde hay una gran actividad minera que está generando grandes impactos en la zona.

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El día de su desaparición, domingo (15), Lagunes y Díaz acababan de salir de una asamblea en el auditorio comunal de Aquila y posteriormente se trasladaron con dirección a la capital de Colima, comunicándose por última vez en el puente Coahuayana, en el estado de Michoacán a las 18:50.

Ambos viajaban en una camioneta que fue encontrada el mismo domingo. El vehículo presentaba impactos de bala, pero en la unidad no se encontró a ninguna persona. Por tanto, se presume que el profesor Valencia y el defensor Ricardo Lagunes fueron privados de su libertad por desconocidos, situación que pone en grave riesgo su integridad física y su vida.

^{En portada: Funcionario de la Terminal Costa Azul GNL, en Ensenada, Baja California}

La estadounidense Sempra Energy que, en 2019, fue calificada por el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, como desleal, por haber firmado con gobiernos anteriores lo que él llamó como “contratos ventajosos” y “leoninos” y, por contratar exfuncionarios de gobiernos anteriores, ya podrá exportar gas desde territorio mexicano. Además, ampliará sus activos hacia lo que comprende la Zona Franca conocida como Corredor Interoceánico.

Sempra Energy se catapultó desde la reforma energética que se implementó en el año 2013 en México. Previamente contaba solo con 2 mil 500 millones de dólares (mdd) en activos en territorio mexicano y, en el 2018, cerraba con inversiones de 8 mil 769 mdd. Mientras que, en plena pandemia durante 2020, alcanzó los 10 mil 500 mdd posicionándose como una de las principales empresas de energía en el país y de Norteamérica.

Hasta el año 2020 contaba con 17 gasoductos por donde transporta y distribuye gas importado de los EEUU. También ya contaba con ocho complejos de generación de energía renovable y tres terminales de almacenamiento de gas. En una de ellas, establecida en el estado de Baja california, la terminal de almacenamiento y regasificación de gas llamada “Energía Costa Azul” (ECA), servirá para exportar gas licuado con países principalmente de Asia.

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En el mes de diciembre del 2022 esta empresa recibió el visto bueno del Departamento de Energía de EEUU para exportar gas natural estadounidense a México y, después de la licuefacción en territorio mexicano, reexportar por barco hacia cualquier país con el que Estados Unidos tenga o vaya a firmar un tratado de libre comercio. Las estimaciones oficiales de este mercado giran en torno al equivalente a 636 mil millones de pies cúbicos por año, lo cual contempla solo la terminal ECA, propiedad de Sempra Energy.

Según la empresa estadounidense, el proyecto de licuefacción de Energía Costa Azul, ubicado en el norte de Ensenada, a menos de 100 kilómetros del sur de San Diego, tiene una ventaja geográfica para entregar gas natural de EEUU hacia los mercados asiáticos en tan solo 11 días, cuando lo normal son aproximadamente 21 días.

La empresa tiene las expectativas de que, en la fase 2 de este permiso de exportación, Energía Costa Azul también cuente con dos trenes y un tanque de almacenamiento de gas natural licuado.

Mientras que, de otra terminal, propiedad también de Sempra Energy, que ya inició trámites en México para la comercialización de gas desde enero del 2022, llamada Vista Pacífico LNG, se prevé que la instalación cuente con una capacidad de reexportación de aproximadamente 200 mil millones de pies cúbicos al año, gas producido en EEUU y reexportado desde esta terminal en Topolobampo, Sinaloa, México.

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Sempra Energy pretende cerrar la pinza comercial al conectar con sus subsidiarias estadounidenses, Cameron LNG ubicada en Hackberry, Louisiana y Port Arthur LNG en Texas. Por el momento la empresa ya tiene acuerdos comerciales para 20 años con la francesa TotalEnergies y la japonesa Mitsui & Co., Ltd.

La empresa anuncia que “el desarrollo exitoso y la construcción de la Fase 1 de ECA LNG, así como los otros proyectos de exportación de gas natural licuado de Sempra Infraestructura (subsidiaria mexicana de Sempra Energy), están sujetos a una serie de riesgos e incertidumbres sin que exista garantía de que serán completados”.

El documento del Departamento de Energía de EEUU es tajante al anunciar que, en el caso de estas reexportaciones, “la economía estadounidense no recibe una porción significativa de los beneficios”. De la misma forma, alerta que, tras la construcción y operación de estas terminales de licuefacción e infraestructura que le acompaña, “pueden surgir consecuencias (medioambientales) a largo plazo”, de las cuales se deslinda al no estar sujetas directamente a las leyes estadounidenses.  Mientras tanto el gobierno mexicano no ha emitido informes de cómo se beneficiará, de los posibles impactos o si solo será beneficio para la empresa estadounidense.

Nuevo nombre

En octubre de 2021 la empresa estadounidense fusionó dos de sus subsidiarias, Sempra LNG e Infraestructura Energética Nova S.A.P.I. de C.V. (IEnova), con las cuales había hecho crecer sus inversiones en México, denominándola ahora como Sempra Infraestructura. Con un nombre recién estrenado dio continuidad a una decena de complejos más que aún estaban en fase de construcción o expansión.

Uno de estos complejos, que estaba suspendido por no haber realizado una consulta previa como lo marca la ley sobre derechos indígenas, es el gasoducto Sonora Guaymas-El Oro, que atravesaba territorio de los pueblos originarios de la Tribu Yaqui. Aunque en sus últimos informes anuales para sus inversionistas aparece como concluido, el gasoducto está suspendido, porque uno de los ocho pueblos de la Tribu no permitió el paso.

La conclusión de este tramo es de vital importancia ya que es a través del cual se importarán el gas proveniente de EEUU y que conecta con la terminal de Vista Pacífico LNG, de donde se reexportará este energético.

Sempra Energy no habla más del gasoducto Guaymas- El Oro que costó la vida de al menos dos personas y un preso político que lleva más de 2 mil días tras las rejas, él es el indígena yaqui Fidencio Aldama.  Tampoco el gobierno de México habla más de esta persona y de lo acontecido.

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Lo que sí ha hecho el gobierno y la subsidiaria de la corporación estadounidense, Sempra Infraestructura, es llegar a un convenio para desviar el gasoducto y así poder concluirlo. “Los nuevos acuerdos establecen el marco para una alianza entre las empresas, que finalmente permitirá la reanudación del servicio del gasoducto Guaymas-El Oro”, dice el documento firmado por la empresa y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), emitido en un boletín de prensa con fecha de enero del 2022.

A través de este convenio, la empresa también aseguró que se le permitirá el desarrollo y avance de la terminal Vista Pacífico que, en el mismo mes de enero, inició sus trámites con las autoridades mexicanas para la “Comercialización de gas natural”. Además, Sempra Energy, con su filial mexicana, también buscó figurar en la Zona Franca conocida como el Corredor Interoceánico.

En el memorándum de entendimiento se estableció una participación conjunta con CFE en el desarrollo de una terminal de gas natural licuado en Salina Cruz, Oaxaca. “Este nuevo proyecto apoyará las acciones del Gobierno de México para desarrollar el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, cuyo objetivo es promover el crecimiento económico y el desarrollo de la región sur-sureste del país”, resalta el acuerdo firmado por CFE y la empresa estadounidense.

Nuevo gasoducto

Desde noviembre de 2020, el Gobierno de México había anunciado la construcción del Gasoducto denominado Jáltipan – Salina Cruz, que será parte del Corredor Interoceánico, aunque será retomado como una obra prioritaria para este año 2023. Según un boletín de prensa de la CFE, emitido en junio de 2022, “el gasoducto suministrará gas natural a 470 plantas y 30 parques (industriales)”.

El gasoducto, que atravesará el Istmo de Tehuantepec (Salina Cruz-Coatzacoalcos), estará a cargo de la CFE, pero también habrá participación de privados “bajo la figura de negocio de alianza estratégica, donde el privado ancla la inversión en el gasoducto con una planta de licuefacción de gas natural en Salina Cruz”, anuncia la paraestatal.

Pero el único acuerdo de cooperación firmado por el momento sobre la planta de licuefacción en Salina Cruz, Oaxaca, es con Sempra Energy.

La prioridad del gobierno, por el momento es, según el boletín, “resolver el derecho de vía para el tendido de un gasoducto a cargo de la CFE con el objetivo de exportar gas natural a Asia y licitar una planta de licuefacción que tendrá un costo de 60 mil millones de pesos, y generará 3 mil empleos”.

Dependencia

En conferencia de prensa que emitió el mandatario mexicano el 11 de junio, alertó que urgía resolver el derecho de vía para el gasoducto Jáltipan – Salina Cruz, “porque tenemos un contrato de gas que nos permite tener volúmenes suficientes de gas para poder exportar el gas a Asia, pero tenemos ese gas en el Golfo y necesitamos un gasoducto para que aquí en Salina Cruz se construya una planta de licuefacción”, sostuvo en su gira por el estado de Oaxaca.

Sin dar más detalles, López Obrador informó también que esta planta de licuefacción “congela el gas para transportarlo y se lleva (el transporte) entre 12 y 15 horas a países de Asia, y ahí se re gasifica con otra planta, se vuelve otra vez gas y se introduce a los ductos” y agregó, “entonces, el precio de ese gas ahora en Texas está mucho más bajo a pesar de la inflación mundial que en Asia y mucho más bajo que en Europa, pero aquí estamos hablando de Asia”, refiriéndose a las exportaciones de gas desde el puerto de Salina Cruz.

Aunque México tiene un déficit de gas y no tiene suficiente para exportar, en todo caso, sería gas proveniente de EEUU. De acuerdo con la Secretaría de Energía solo en el año 2021 el consumo de gas natural en México ascendió a un promedio de 7,405 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd).

En particular, sostiene el Plan Quinquenal de Expansión de Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS), durante el tercer trimestre del 2021 el promedio de las inyecciones nacionales ascendió a 1,311 MMpcd y las importaciones fueron de 3,267 MMpcd, de los cuales 656 MMpcd corresponden a importaciones a través del gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan, perteneciente a Sempra Energy. Aunque también se importa a través del Gasoductos de Tamaulipas; Los Ramones, Fase I y II, entre otros.

El sector eléctrico de México es sostenido en mayor medida del consumo de Sistrangas, entre otros. Este organismo es un conjunto de gasoductos que suman una longitud total de 10,336 kilómetros. Una buena parte forma parte de los activos de Sempra Energy a través de los cuales fluye el gas importado proveniente de los EEUU. Por lo que México no tiene capacidad para cubrir al 100% sus necesidades de este energético.

En solo un mes, las fuerzas estatales asesinaron a 39 personas en localidades de los Andes. La movilización masiva exige la renuncia del Gobierno de facto, nuevas elecciones este año y una Asamblea Constituyente.

El 14 de diciembre de 2022, siete días después de que Dina Boluarte asumió la presidencia, se ejecutó el último paso para instaurar una dictadura cívico-militar en el Perú: la orden al Ejército de sofocar las masivas manifestaciones contra el Gobierno de facto.

En el primer mes bajo estado de emergencia, 39 personas -incluidos seis menores de 18 años- fueron asesinadas por disparos de militares y policías en localidades andinas de mayorías quechuas y aimaras. Otras seis fallecieron por incidentes relacionados a bloqueos de vías y hasta el momento se reportan más de 500 heridos.

En la jornada más violenta del estallido, este lunes (9) la represión dejó 17 víctimas en Juliaca (región Puno), entre ellas una menor de edad y un médico voluntario. De otro lado, se investiga la muerte de un policía en un vehículo incendiado. Se trataría de un montaje, pues el cadáver fue levantado sin la presencia de fiscales.

Las demandas unánimes de las movilizaciones son la realización de elecciones generales este año, el cierre del actual Congreso, la renuncia de Boluarte y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como condiciones para legitimar a un nuevo Gobierno que le suceda al de Pedro Castillo, destituido por el Poder Legislativo tras su fallido intento de disolver esta institución. Un golpe de Estado allanado por el propio Congreso desde antes de la investidura del profesor rural y dirigente sindicalista en julio de 2021. El conflicto se agrava por la decisión parlamentaria de llamar a elecciones en 2024, en defensa, por las armas, de la concentración de poder que ahora amenaza con extenderse sobre los organismos electorales.

Como una “dictadura cívico-militar-empresarial” la califica la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas (Onamiap). “El fascismo está cobrando su revancha histórica contra quienes se atreven a alzar la voz en defensa de las vidas y la dignidad. Es el clasirracismo colonial”, observa en un comunicado.

Boluarte, vicepresidenta en la gestión de Castillo, es la sexta persona que ocupa el despacho presidencial en los últimos seis años. Un número sobresaliente en la historia global de las democracias modernas. Así culmina, exacerbado desde la asunción de Castillo, un ciclo de coacciones políticas y judiciales por parte del Congreso -en manos de la oligarquía económica y la derecha radicalizada- para capturar el Poder Ejecutivo. El ensayo previo, la vacancia presidencial en noviembre de 2020, fue saldado con una semana de convulsión en que la Policía victimó a dos jóvenes en el Centro de Lima.

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En aquel contexto, la orden del ultraconservador Gobierno de facto de desplegar al Ejército en la capital no fue atendida por los cuarteles. El impacto de las muertes en la centralista ciudad y la reacción a nivel nacional forzaron la inmediata renuncia de los usurpadores. Hoy soldados y vehículos militares ocupan las vías públicas de Lima para disuadir las manifestaciones.

Represión extrema

En las regiones del sur andino, las que depositaron en Castillo el grueso de sus votos, se aplicaron las represiones más brutales. En Ayacucho, donde se intentó tomar el aeropuerto, las 10 víctimas registran disparos de arma de fuego en el abdomen y la cabeza. Uno era un padre de familia al que en un video se ve salir al frontis de su casa para atender a un herido y, en el acto, caer desplomado por un disparo, cuando los civiles huían de un enfrentamiento controlado, en un escenario despejado. En Apurímac, cientos de campesinos lograron tomar el aeropuerto y prendieron fuego a instalaciones, situación aplacada con seis cadáveres que presentan impactos de proyectiles y arma de fuego. Los uniformados están disparando al cuerpo perdigones, bombas lacrimógenas y balas de goma.

En la masacre de Juliaca las fuerzas estatales utilizaron balas expansivas, de efecto más letal. “No hay orificios de salida, los pacientes vienen con los órganos internos destrozados, como que fueran balas dum dum, explosivas”, declaró un médico.

En este punto de la crisis, el régimen extrema los métodos para aterrorizar a la población: detenciones masivas en la capital, intervenciones de dirigentes en autos sin identificación, atentados y amenazas contra la prensa, fabricación de pruebas, procesos judiciales por terrorismo, torturas, allanamientos de casas y locales de organizaciones sociales.

El rechazo a este gobierno dictatorial y sus condiciones para traspasar el poder -se empieza a dudar de que esto se materialice- proviene de todos los sectores de la población. Agricultores, mineros, múltiples sindicatos, las comunidades campesinas e indígenas, comités barriales, frentes provinciales, estudiantes, colectivos, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general se declaran en insurgencia. Los pueblos originarios de la Amazonía se encuentran en movilización permanente en sus territorios.

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La tregua concedida desde la última semana del año pasado se interrumpió el 4 de enero con el inicio de un paro indefinido en al menos un tercio de las 25 regiones del Perú. Los ocho departamentos agrupados en la Macrorregión Sur, entre ellos Puno, Cusco y Arequipa, encabezan las protestas más contundentes. En las regiones de los Andes, la consigna de reponer en el cargo de Pedro Castillo es sólida.

La respuesta militarizada del Ejecutivo y el Congreso se complementa con una política de estigmatización de la protesta, de creación del enemigo -el terrorismo-, traducida en la práctica en el poder de decidir qué vidas son válidas y cuáles no. Sostienen que las marchas son manipuladas por violentistas o directamente organizadas por terroristas. Lo que resuena a tiempos de violencia extrema que retornan a los mismos lugares barridos por el terrorismo de Estado y la subversión, como Ayacucho, epicentro de Sendero Luminoso y de la guerra insurgente-contrainsurgente (1980-1992).

La posición de la alianza civil-militar que tomó el Gobierno, representada por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ascendido desde el Ministerio de Defensa, es inmutable. Como es habitual en Latinoamérica, la dictadura cuenta con el respaldo de Estados Unidos y, la vez, acusa injerencias extranjeras, para el libreto, la del expresidente de Bolivia Evo Morales, a quien impidieron ingresar al país. Con 39 asesinatos en las manos, considerados como ejecuciones extrajudiciales por las organizaciones locales de derechos humanos, los represores insisten en criminalizar a los manifestantes y negar su responsabilidad, lo que avala la prolongación de las masacres y advierte un genocidio contra los movimientos sociales en el Perú.

El pasado jueves 5 de enero, miles de habitantes del municipio de Chicomuselo, ubicado en la Sierra Madre de Chiapas, realizaron una manifestación para exigir el fin de la violencia “desatada por la delincuencia organizada que pretende imponer la minería en la región con el silencio cómplice de las autoridades”, remarcaron voceros del poblado chiapaneco durante la movilización.

La protesta ocurre en un contexto de aumento de violencia en la región, localizada en la frontera con Guatemala, donde la presencia del crimen organizado se ha incrementado durante los últimos años arrojando un saldo de enfrentamientos entre grupos armados y contra militares, así como desapariciones y ejecuciones.

La demanda de los pobladores, quienes marcharon acompañados de representantes ejidales y comunitarios, se debe a que desde mediados del año pasado registraron la reactivación ilegal de una mina de barita ubicada en el ejido Santa María.

Para el 16 de octubre del 2022, los habitantes registraron el ingreso a la cabecera municipal de diversos camiones de carga para trasportar material minero. Un día después, los habitantes del ejido Santa María se percataron que dichos camiones ya se encontraban en el lugar de donde han estado extrayendo el material de barita, sin que los pobladores tuvieran conocimiento de la actividad minera.

Mediante la movilización que denominaron “Marcha por la vida”, las y los habitantes de Chicomuselo destacaron que la actividad en la mina tiene relación con la concesión otorgada a la empresa canadiense Blackfire Exploration Ltd, la cual se estableció en el ejido Grecia en el año de 2009 para la extracción del material minero utilizado para perforación de pozos petroleros y para el mismo sector extractivo.

Según comunicado de los habitantes de Chicomuselo, la extracción realizada hace más de 15 años en comunidades de dicho municipio se efectuó sin una consulta previa e informada, “afectando principalmente al agua subterránea, ríos, arroyos, montañas, la salud de la población y el tejido comunitario que caracteriza a las comunidades de nuestra región; situación que nos llevó a vivir bajo amenazas, hostigamientos y persecuciones”.

Las operaciones en el ejido Grecia se detuvieron después del homicidio del defensor Mariano Abarca, quien fue asesinado el 27 de noviembre de 2009 tras haberse opuesto a la industria extractiva.

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Tras el cierre de la mina se originó una disputa legal con la minera canadiense, quien exigió el pago de casi 800 millones de dólares como indemnización. Al mismo tiempo, familiares de Abarca han señalado el involucramiento de empresarios, funcionarios locales y miembros de la embajada canadiense en el asesinato del activista.

La concesión con título 225159, denominada La Revancha 2 Fracc A, cuyo titular es Tristán Canales Reyna, prestanombres de Blackfire, y cuya superficie se empalma con el ejido Grecia, aún continúa vigente y representa la concesión con mayor cantidad de tierras abarcadas en el municipio con un total de 11,387 hectáreas.

Paramilitares, en contubernio con minera

La población de Chicomuselo señala que desde el año 2017 la empresa canadiense realizó un cambio en el título de concesión para ahora llamarse “Barita de Chiapas” y, con ello, reiniciar la explotación ilegal del mineral en el ejido Santa María.

Para ello, sostuvieron los voceros durante la marcha, “se han valido de la violencia que ejerce por cuenta de esta minera un grupo de la delincuencia organizada denominado MAIZ, que ha recorrido las comunidades con armas largas para amedrentar a la población y advertirles que, si se oponen a la minería, les harán daño y, de paso, han comenzado el cobro de ‘derecho de piso’ al comercio y al transporte en el municipio”.

Las y los habitantes de Chicomuselo enfatizaron su preocupación de que la extracción minera se realice en contubernio con la delincuencia organizada y en un contexto de militarización, “siendo Chicomuselo la sede del 101 Batallón de Infantería del Ejército, lo que hace presumir que para imponer la minería se aplica una estrategia contrainsurgente”.

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Como demandas principales, la población de Chicomuselo exigió a los tres niveles de gobierno el “cese de la minería tóxica y los proyectos de muerte, y la clausura de la mina de Santa María y la cancelación de las concesiones mineras de ‘Barita de Chiapas’ y/o BlackFire”.

En octubre del 2022, mediante documento difundido por miembros de Modevite, pobladores de Chicomuselo señalaron la existencia de 12 concesiones vigentes y 2 vencidas en la región.

Mediante una revisión a la base de datos proporcionada por la Secretaría de Economía en 2022, el equipo de Avispa Midia encontró un total de 15 concesiones en Chicomuselo. De estas, cuatro fueron canceladas. Entre las 11 restantes, que aún se encuentran vigentes, abarcan una superficie de 18,857 hectáreas concesionadas a la minería en el municipio de la Sierra Madre de Chiapas.

Sin permiso

En septiembre del año pasado, miembros del Modevite denunciaron el incremento en la violencia contra defensores del territorio y pobladores de Chicomuselo derivado de la presencia de empresas y personas interesadas en reiniciar la explotación minera en localidades como El Naranjo, Nueva Morelia, Santa María, Ricardo Flores Magón, Grecia y Benito Juárez.

En aquel momento, sostuvieron que de nueva cuenta no se ha realizado el procedimiento de consulta previa, ni tampoco los estudios de impacto ambiental. Ante ello, presentaron una denuncia ambiental ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), institución la cual argumenta que no existen condiciones de seguridad para realizar la investigación ante la ola de violencia e inseguridad que se está dando en la región.

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“Esta omisión de Profepa y demás autoridades activa el riesgo para nuestras comunidades y para quienes cuidamos y defendemos nuestro territorio (…) Tampoco hemos tenido respuesta efectiva ante esta situación tan delicada que se está dando en el municipio, sabemos que no hay permiso de explotación minera en Chicomuselo y aun así se están realizando sin que las autoridades correspondientes actúen”, señalaron mediante comunicado.

En la denuncia presentada a Profepa, los pobladores argumentan que la extracción minera es ilegal y se está realizando a través de la intimidación, hostigamiento y amenazas. Al mismo tiempo, exigieron a los gobiernos estatal y federal para que emitieran una declaratoria oficial en la que se señale que no existe permiso de reactivación de las concesiones mineras en el municipio de Chicomuselo.

“Como Pueblo Creyente y Modevite hemos agotado los recursos legales y con apego a derecho para detener este proyecto extractivo con las autoridades municipales que no han actuado ante esta problemática que estamos viviendo y se ha dialogado con el fin de que la actual administración cumpla con sus promesas de campaña y proclame al municipio de Chicomuselo libre de minería y solo se ha quedado en un discurso bonito para ganarse aplausos pero sin un compromiso real con las luchas y resistencias del pueblo”, sostuvieron los voceros durante la movilización.