La Suprema Corte de Justicia canceló los permisos ambientales emitidos para la planta de Fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del conglomerado suizo-alemán, Proman AG, quien tiene proyectado una inversión de 100,000 millones de pesos para la producción de agroquímicos en Topolobampo, Sinaloa, norte de México.

Yasmín Equivel Mossa, ministra de la Segunda Sala, encargada de sesionar asuntos en materia administrativa y laboral, llevó a votación ante el Pleno de la Segunda Sala de la Corte y, por unanimidad de cinco votos, determinó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene que reiniciar el proceso para los permisos ambientales.

El amparo 528/2018, fue interpuesto por pescadores indígenas yoreme del campo pesquero Lázaro Cárdenas en el año 2018, contra los permisos que emitió la Semarnat, el 21 de abril de 2014, para la instalación de la planta de amoniaco.

Estos pueblos indígenas apelaron a que, tanto autoridades ambientales como la empresa, pasaron por alto realizar la respectiva consulta indígena, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de derecho indígena, del cual es signatario el Estado mexicano.

La sentencia que se desprende del amparo 528/2018, atraído por el ministro Alberto Pérez Dayán, también dictaminó amparar y proteger a los pueblos originarios que promovieron este recurso jurídico, esto implica, por derecho, que se les realice la respectiva consulta indígena, considerando los posibles impactos hacia sus comunidades y áreas de supervivencia.

Por ello, la Corte resolvió dejar sin materia el amparo de revisión que promovió la Semarnat a favor de los permisos emitidos para la empresa.

Proman AG

Fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente es la filial mexicana de Proman AG, dirigida en México por Arturo Moya Hurtado. Esta empresa pretende producir 2,200 toneladas por día de amoniaco anhidro, insumo base en la producción de fertilizantes, destinado para los agricultores mexicanos y el resto de Latinoamérica.

Se ha decidido elegir esta región, según la empresa, “porque aquí es dónde tenemos acceso a gas natural y transporte terrestre y marítimo”.

La construcción de esta planta esta proyectada para realizarse en tres fases que incluye, una planta de amoniaco, la producción de 2,200 toneladas de amoniaco diariamente y, la puesta en operación de una tercera planta, donde se producirá metanol. “Garantizamos la seguridad de todas y todos como lo hemos hecho en Alemania, Suiza, Italia, Portugal, Trinidad y Tobago, Estados Unidos”, anuncia la empresa.

Esta empresa está recibiendo el apoyo del gobierno de Alemania y, entre sus carteras de servicios, también están proyectos derivados del gas natural. Este conglomerado suizo-alemán no solo ha violado el derecho de consulta de los pueblos yoreme, sino que también, la construcción y operación de su terminal portuaria para el transporte de amoniaco se encuentra ubicada en los límites del sitio Ramsar “Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira”, en el municipio de Ahome, Sinaloa.

Según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de este puerto, el proyecto considera que dentro de un sitio Ramsar puede “haber unidades de manejo, zonificación y zonas de amortiguamiento que permiten el desarrollo de otras actividades adicionales a la conservación”. Desde el año 2016, el Senado de la República ya había alertado a las autoridades ambientales que, “desde la presentación de este proyecto se han presentado diversas contradicciones e inconsistencias entre las autoridades encargadas de su aprobación por lo que habitantes de la zona y estudiosos del tema han manifestado su preocupación por el daño que puede causar esta planta a las especies vegetales y animales que habitan o anidan en este humedal”.

El territorio de la comunidad indígena Tepehuana y Wixárika en San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, ha sido invadido por el Servicio Geológico Mexicano. Desde por lo menos noviembre de 2021, sin la autorización de la comunidad, han realizado trabajos de prospección minera.

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Durante varias semanas, a finales de 2021, la comunidad registró vuelos de helicóptero, del cual se colgaba un magnetómetro. “Empezamos a ver un helicóptero volar en la zona de lugares sagrados que tenemos en la comunidad. Nos llamó la atención. Empezamos a verlo seguido, día tras día”, dijo el secretario del Comisariado Autónomo de Bienes Comunales de la comunidad, Mario González.

Después de los vuelos vinieron las incursiones, en los mismos lugares sagrados para los Tepehuana y Wixárikas, de camionetas con la identificación del Servicio Geológico Mexicano. “Empezamos a ver personas en vehículos que trabajaban recolectando materiales en nuestros lugares sagrados”, cuenta González.

De acuerdo con el relato de Andrés Plateado, indígena de la comunidad, los funcionarios han entrado en sus lugares sagrados, “mueven cosas donde hacemos ceremonias que nos enseñaron nuestros ancestros; es una ofensa para nosotros”.

Sin información por parte de instancias del gobierno, la asamblea de la comunidad, el día 13 de marzo, ordenó que se investigara quién eran estas personas y lo qué hacían.  “¿Cómo?,  deteniendo una camioneta para que nos digan qué es lo que están haciendo, qué estudios están haciendo”, explicó González.

El 15 de marzo se detuvo una camioneta del Servicio Geológico Mexicano, la cual permanece hasta hoy bajo el resguardo de la comunidad.

Fue entonces que se demandó una reunión con distintas instancias del Estado con el objetivo de tener informaciones sobre la motivación de las incursiones, sin permiso, al territorio Tepehuana y Wixárikas.

La reunión ocurrió el 6 de abril entre autoridades comunales, instancias federales y estatales. En el mismo día la comunidad hizo público el contenido de la reunión y los acuerdos por medio de una conferencia de prensa.

De acuerdo con los voceros de la comunidad, representantes del Servicio Geológico Mexicano negaron que hayan hecho sobrevuelos en el territorio Tepehuana y Wixárika, “señalan que [el registro] no está en ninguna de sus bitácoras; literalmente nos dijeron que ‘quizás algún minero se aprovechó que estábamos haciendo el servicio geológico’”, señaló Cristian Chávez, asesor de la comunidad.

Representantes del órgano del gobierno federal también se comprometieron a tener los trabajos de prospección minera, pero irónicamente, cuenta Chávez, que cuando la comunidad detuvo la camioneta el 15 de marzo, “habían dicho que ya se había terminado el trabajo de campo”.

Los representantes del Servicio Geológico no informaron cuáles minerales estaban buscando. “Nos dijeron que están buscando salmueras en el país, buscando sales, no nos aclararon cuáles serían”, contó Chávez. Tampoco han informado sobre el proyecto minero Amonitas que estaría por detrás de la prospección.

El día 8 de mayo las instancias gubernamentales se comprometieron a ir hasta la comunidad para informar sobre el objetivo, promovente y descripción del proyecto minero Amonita.

Otro de los acuerdos es que el Servicio Geológico va a desistir de la denuncia que hizo en el Ministerio Público de Villa Guerrero contra la comunidad por detener el vehículo, “una vez que haya recibido el vehículo y haya informado a la comunidad los pormenores que está solicitando sobre el proyecto minero Amonitas”, explicó Chávez.

Venta de tierra

El ejido de San Lorenzo Azqueltán es colindante con los bienes comunales de la Comunidad de San Lorenzo Azqueltán. De acuerdo con los voceros de la comunidad, fueron las autoridades del ejido que dieron el permiso a Servicios Geológicos para la prospección.

Los trabajos de prospección se basan en un “ilegal permiso otorgado por personas ajenas a nuestra comunidad, representantes de un ejido que nada tiene que ver con la superficie donde se realiza la prospección minera”, denunció la comunidad en un comunicado.

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El conflicto no es de ahora. “Las autoridades ejidales han viniendo rentando y vendiendo terrenos fuera de su propiedad agraria; eso ha sido el motor de una violencia sistemática durante los últimos años que ha resultado en ataques armados, desapariciones forzadas, amenazas de muerte, y numerosos despojos contra la comunidad”, explica Chávez.

De acuerdo con él, “el permiso otorgado por autoridades ejidales al Servicio Geológico fue la gota que derramó el vaso de una serie de despojo de venta de tierra hecha por autoridades ejidales fuera de terrenos ejidales. La comunidad hace años denuncia estas ventas fraudulentas, solicitando la intervención de las instancias federales y estatales”, dijo Chávez.

Representantes de la Procuraduría Agraria, también presentes en la reunión, se comprometieron a advertir a las autoridades ejidales a no realizar ventas y rentas de tierra fuera de sus límites agrarios.

Despojo de territorios, contaminación, crimen organizado, hidroeléctricas, extracción minera y de hidrocarburos son las constantes denuncias de los pueblos originarios al paso de la Caravana por el Agua y la Vida, a dos semanas de haber iniciado su travesía por nueve entidades mexicanas.

El pasado 22 de marzo, organizaciones convocadas por Pueblos Unidos de la Región Choluteca y de los Volcanes, a propósito del aniversario de la toma de la sede de la empresa Bonfont en Puebla, partieron de la comunidad Juan C. Bonilla y, respetando el itinerario, continuaron con actividades en el Mercado Hidalgo, Calpan, Atlixco, Ahuacatlán, Ocotepec, en Puebla.

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Durante las dos primeras semanas también visitaron Apizaco, Tlaxcala; Actopan, Puerto de Veracruz y Santa Marta, en Veracruz. Aunque hubo alertas del cuerpo de seguridad este fin de semana (2 y 3 de abril) las organizaciones realizaron las actividades previstas en Chilapa de Álvarez y Alcozacán, Guerrero, sin incidentes.

El domingo llegaron a Milpa Alta en la Ciudad de México y el lunes (4) compartieron un mitin con el Campamento Triqui y a las afueras de Okupa Chiapas.

En el trayecto participan en acciones como mítines, marchas, foros, asambleas, conversatorios, eventos culturales que organizan los grupos en cada destino.

“En los diferentes puntos que hemos recorrido los compañeros denuncian la contaminación que hay en los territorios, la violencia que se desata por parte del mismo Estado y las empresas”, señaló Camilo, integrante de la caravana, en entrevista con Avispa Midia.

Resistencia 

La primera denuncia de la caravana tiene contexto en la comunidad Juan C. Bonilla, en la zona cholulteca, con la extracción masiva de agua por parte de los corredores industriales y embotelladoras (Danone) que provocaron consecuencias, como el socavón de 50 metros de profundidad y 126 metros en su eje mayor, que apareció el 29 de mayo de 2021. Según estudios del Instituto Politécnico Nacional, fue ocasionado por extracción masiva de agua.

A su paso por Xoxtla y en Tlaltenango, la queja se causó contra las industrias Ternium; una fundidora de hierro que “genera montañas de desperdicio” de armex, de varillas, de latas, “que no les funcionan y son montañas a cielo abierto que han contaminado ya todo el aire de la región”, explicó Camilo.

En el mismo estado de Puebla, con el problema de basureros en San Juan Tautla, hicieron visibles la contaminación por los líquidos que se filtran al subsuelo que dañan los mantos acuíferos y el aire. Mientras en la sierra norte denunciaron los proyectos mineros.

La privatización del agua, extracción de hidrocarburos, delincuencia y crimen organizado, de nueva cuenta, fueron los temas centrales de las acciones en Veracruz.

Por ello, Camilo reiteró la importante labor de la Caravana en visibilizar las batallas, para organizarse como pueblos y trabajar en colectivo con el Consejo Nacional Indígena (CNI) y el Consejo Indígena de Gobierno (CIG).

Alerta

El sábado 2 de abril, el portal del CNI publicó un reporte de la presencia de 50 camionetas y 20 motocicletas del grupo de sicarios «Los Ardillos» en la comunidad de Colotepec, Chilapa, uno de los puntos por donde la caravana transitaría para continuar su recorrido en Guerrero.

El CNI reiteró que el movimiento es pacífico y repudió las prácticas de guerra en contra de los pueblos, “hacemos responsables a los tres niveles de gobierno de cualquier atentado en contra de la Caravana y de nuestros hermanos del CIPOG-EZ”, se lee en la información.

Camilo dijo que en la marcha se incorporan más organizaciones como Sol Rojo de Oaxaca, la Red de Resistencias y Rebeldías de Veracruz, Euskadi de Tlaxcala, medios de comunicación y una delegación de Francia y Alemania.

Los que faltan 

Este 5 de abril la caravana cumplió 15 días de haber iniciado su trayecto para fortalecer la defensa de los territorios con un llamado reiterado a la conciencia, como lo expresó en su mensaje María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Concejo Indígena de Gobierno, también conocida como Marichuy.

“Los megaproyectos se aprovechan de lo que da la vida en nuestras comunidades”, dijo en el mitin realizado a las afueras de Casa Okupa Chiapas en la Ciudad de México, en el que hizo llamado para unificar luchas y construir “algo más fuerte”.

En la misma ciudad, la caravana visitó el plantón de mujeres Mazatecas por la Libertad de siete indígenas, presos políticos de Eloxochitlán, que mantienen frente al Consejo de la Judicatura Federal, ante la omisión del gobierno de Oaxaca.

“Hoy hacemos uso de nuestra autonomía a nuestra libre determinación. Los pueblos seguimos resistiendo. Mientras ustedes permanecen sordos nosotros seguiremos luchando”, se escuchó en las participaciones.

También acudieron a Ciudad Universitaria y a las instalaciones de Conagua, “es la culpable de la sequía en nuestros pueblos … la declaramos culpable de las muertes que provoca en nuestros pueblos, le decimos a Conagua que el agua no se vende, se ama y se defiende”, se escuchó al unísono.

El 6 de abril continuarán en actividades en el plantón en la Preparatoria Benito Juárez de Iztapalapa; el 7 estarán en Calixtlahuaca en el Estado de México y regresan a Xochimilco en la Ciudad de México para participar al día siguiente (8) en el Encuentro Internacional en defensa de la Madre Tierra con la Casa de los Pueblos y las comunidades indígenas “Samir Flores Soberanes”; y con la comunidad Otomí.

El 9 de abril planean llegar a Querétaro donde serán recibidos por el Consejo Autónomo de Santiago Mexquititlán de Amecalco. Un día después vuelven a la Ciudad de México para una movilización por el 103 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. El 11 de abril está calendarizado en Asurco y Huexca, Morelos; y el 12 en Amilcingo y Tetlama, en la misma entidad.

Del 13 al 16 de abril las actividades serán con organizaciones internacionales en reuniones por plataformas digitales. El 17 y 18 estarán en Tehuacán y Chila de las flores, respectivamente; para después viajar a Santa Rosa, el 20 de abril a 4 Venados, el 21 a Yerba Santa y el 22 al Istmo de Tehuantepec. La caravana concluye en Cuentepec el 23 y 24 abril con la Primera Asamblea del Pueblo Nahum de Morelia.

“Falta Querétaro, Estado de México y Oaxaca para concluir en Morelos donde se realizará un decreto comunitario de los Pueblos Nahuas de Morelos: es sobre la minería, se nos quiere imponer un proyecto de muerte pasando por los derechos indígenas de los compañeros de las comunidades de Tetlama y Cuentepec y de lo que se va sumando”, dijo un morelense integrante de la caravana.

El decreto es con base en la ley de los pueblos y la libre determinación que tenemos las comunidades originarias “para decidir qué es lo que queremos o no, en nuestro territorio”.

Al finalizar la caravana, las organizaciones trabajarán un informe sobre la documentación realizada en la ruta por los nueve estado de México, “para acordar lo que sigue”, precisó Camilo.

Avispa Midia se une al esfuerzo para difundir el trabajo de periodistas guatemaltecos en “The Store Project”, quienes investigaron las actividades ilegales de la mina de níquel que las empresas CGN y Pronico operan para la compañía ruso-suiza Solway en El Estor, Izabal. El resultado es una serie de reportajes elaborados a partir de una filtración recibida por Forbidden Stories, quien ha compartido los documentos con medios en todo el mundo para develar los secretos más oscuros de la mina.

^{Texto y fotos: The Store Project}

Dos militares guatemaltecos implementan tácticas de inteligencia en contra de los opositores de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico), ubicada en El Estor, Izabal. Desde sus oficinas, dirigen acciones de espionaje, seguimiento y criminalización en contra de líderes comunitarios, concejos ancestrales y la prensa local. Para este gigante minero, la difusión de rumores, la compra de líderes comunitarios, el financiamiento a la policía y la fabricación de pruebas falsas, es un cúmulo que forma parte del gran plan: mantener funcionando al proyecto Fénix.

El sol no es el único que se asoma por la ventana del periodista comunitario Juan Bautista Xol, a las 7:00 a.m. del 26 de octubre de 2021. Veintinueve policías acompañados por elementos del ejército y el Ministerio Público esperan afuera de su casa, ubicada en el barrio San Jorge, a 7 kilómetros del recinto minero de CGN-Pronico, en El Estor, para allanar la vivienda. Los agentes buscan armas o cualquier evidencia que pueda inculparlo de pertenecer al grupo de la resistencia Qʼeqchiʼ que impidió por más de 20 días el funcionamiento de la mina. En los siguientes minutos, lo localizan y lo fuerzan a sentarse en una silla. Xol no tiene permitido moverse. Tampoco hablar. Del otro lado de la habitación está su esposa, quien aterrada ante la escena de invasión de su hogar, observa cómo lo despojan de su gafete, chaleco de prensa y de su celular, mientras vuelcan el resto de sus pertenencias en el suelo. La policía lo retiene por algunas horas antes de retirarse. En los siguientes días, sus pasos, los de otros periodistas y los de las autoridades ancestrales serían observados y seguidos de cerca como parte de un plan para intimidarlos y/o criminalizarlos.

La intimidación ha estado ligada a la operación de la mina en El Estor desde siempre. Cada vez que la minera no ha podido reprimir a la resistencia de los comunitarios por su cuenta, ha utilizado al brazo armado del Estado, al ejército y a la policía, para reducirlos, atemorizarlos y hacerlos desistir de denunciar los abusos que han cometido en el territorio.

Las transmisiones en vivo y los reportes de Xol han sido parte clave para revelar al mundo lo que ocurre en El Estor. A raíz de esto, su rostro ha sido difundido en redes sociales y ha sido señalado de haber participado en las protestas y de promover la violencia, cuando desarrollaba su labor periodística.

El allanamiento en la casa del periodista comunitario, ocurrido durante el estado de sitio que el presidente Alejandro Giammattei decretó a finales de 2021 en favor de la mina, es solo una pequeña muestra de la influencia y poder que tiene dentro y fuera del territorio, y sobre las autoridades del Gobierno Central y Municipal. La mina ha sido, entre otras cosas, capaz de articular una mayor presencia policial para resguardar sus intereses.

La Policía Nacional Civil (PNC), de hecho, ha recibido donativos regulares de la mina, al menos desde 2015, y las empresas mineras han planificado junto a “altos jefes” policiales operativos de desalojos de comunidades, según documentos revisados para esta investigación.

Dos abogados guatemaltecos consultados por The Store Project coincidieron en que no es ilegal que la mina realice donaciones a diferentes instituciones del Estado, pero sí es antiético que lo hagan en el marco del ejercicio de violencia en favor de una parte involucrada, e incluso eso podría configurar un delito como el cohecho.

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Durante el estado de Sitio decretado por el Ejecutivo el 24 de octubre de 2021, tras jornadas en las que la policía y el ejército disolvieron de forma violenta la protesta pacífica de comunidades Q’eqchi’ contra la mina, la participación de 700 militares y más de 500 policías. Su presencia sirvió para ejecutar 40 allanamientos y 90 órdenes de captura, pero también para instalar puestos de control y registro en todo el municipio, especialmente, en las rutas de movilización de la compañía. Los agentes de la fuerza pública también llevaron a cabo rondas de vigilancia en los barrios de El Estor, que los vecinos catalogaron como asedio y que tendría el objetivo de instalar el terror en las comunidades. Durante el estado de sitio, tras la dispersión de la resistencia, CGN-Pronico desarrolló una consulta comunitaria sin tomar en cuenta a más de 94 comunidades afectadas por la mina, con el propósito de devolver la “legitimidad” al proyecto que ha operado de manera irregular desde 2005.

El acoso que han denunciado de forma pública Xol, otros periodistas comunitarios, organizaciones sociales y la resistencia antiminera en contra de la empresa es el resultado de una serie de planes que ha puesto en marcha la compañía para asegurarse el control total de El Estor y la libre explotación de los recursos naturales.

En el 2005, la mina Fénix empezó a operar en el municipio luego de que el Gobierno de Oscar Berger le otorgara un permiso para extraer níquel y otros minerales. Desde su llegada al territorio, la comunidad Qʼeqchiʼ ha señalado las anomalías que los dueños del proyecto, antes canadienses y ahora rusos, han cometido, como la omisión de un estudio de impacto ambiental, de acuerdo con declaraciones del abogado ambientalista Rafael Maldonado en agosto de 2021, y de una consulta comunitaria de vecinos, requisitos contemplados en la ley guatemalteca previo a la operación de cualquier proyecto extractivo.

Sin embargo, la mina ha conseguido el beneplácito de los Gobiernos de Álvaro Colom, Otto Pérez Molina, Jimmy Morales, Alejandro Maldonado y, de manera más reciente, de Alejandro Giammattei, quien ha defendido la “legalidad” del proyecto.

Los actuales dueños de la mina, la firma rusa Solway Investment Group, filial de la Compañía Guatemalteca de Níquel, CGN-Pronico, saben bien que El Estor es tierra de nadie. En este municipio del caribe continental de cara al Océano Atlántico, la única autoridad a la vista son los mineros y ellos lo saben.

En 2018, un grupo de amparistas -pescadores y autoridades indígenas- demandó al Estado de Guatemala por permitir a la mina operar desde 2005 sin haber realizado una consulta previa a las comunidades Q’eqchi’ afectadas, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En 2019, la Corte de Constitucionalidad falló a favor de los solicitantes y ordenó el cierre de la mina. Resolución que reiteró en 2020, cuando el Ministerio de Energía y Minas (MEM) comunicó a CGN que debía dejar de operar. El proyecto Fénix, sin embargo, continúo como si nada.

Y es que los mineros se han asegurado una cuota de impunidad para mantener el funcionamiento del proyecto, al mismo tiempo que desarrollan tácticas contrainsurgentes que pasan por el espionaje, el perfilamiento y la criminalización de personajes clave como los pescadores, los integrantes de los Consejos Comunitarios Maya Qʼeqchiʼ, las organizaciones de derechos humanos y la prensa local, con el objetivo de dividirlos y evitar que se fortalezcan.

En esta historia develamos algunos de los hallazgos más relevantes surgidos de la filtración de más de 8 millones de documentos que explican cómo opera el gigante minero, dando paso a la segunda entrega de Green Blood llamada: “Mining Secrets” (Secretos Mineros). Una investigación colaborativa coordinada por Forbidden Stories en la que participan 65 periodistas, de 20 medios y de 15 países del mundo.

Un militar frente al departamento de relaciones comunitarias

En agosto de 2015, Maynor Giovani Álvarez Mai se convirtió en el gerente de Relaciones Comunitarias de Pronico. Álvarez, un hombre de 40 y tantos años, calvo, tez rojiza, de estatura media y que usa gafas de aros platinados de estilo aviador, es un militar retirado con el grado de mayor de infantería en el ejército de Guatemala, graduado en 1993 de Escuela Militar de Aviación.

Su contratación ocurre cuando la mina buscaba ampliar las tácticas de inteligencia y desarrollar “planes de contingencia en temas sociales” que, hasta ahora, han incluido ignorar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional para evitar el cierre de la planta procesadora de níquel por operar ilegalmente, montar estrategias de control, seguimiento, vigilancia, cooptación, criminalización y ataques hacia personas que la empresa considera opositoras y de “alto riesgo”.

En 2019, en medio de una manifestación afuera de la Corte de Constitucionalidad, que buscaba revocar la sentencia de suspensión, Maynor Álvarez resume en cuatro palabras el papel de los mineros en El Estor: “nosotros somos el Estado”.  Si la mina es el Estado, es uno “paralelo” que rige y hace cumplir su propia ley, de acuerdo con la evidencia que la filtración ha arrojado. Si bien es cierto que previo a su llegada, CGN-Pronico ya implementaba mecanismos de espionaje a través de informantes comunitarios, una acción que es penada de 5 a 10 años de prisión, y planes de “apaciguamiento” para mostrar el rostro amigable de la compañía a actores clave que podían ejercer influencia de afuera hacia dentro de las comunidades para así desbaratar cualquier resistencia en el desalojo de tierras, Álvarez las potenció y redirigió ese tipo de tácticas en contra de objetivos mayores que empezaban a incomodar a la mina.

En 2015, la compañía realiza un diagnóstico en donde identifica que los mineros han actuado de forma “reactiva” y que la nueva estrategia a seguir es aplicar la “inteligencia social”, la cual consiste en “dividir a los líderes” y “profundizar dentro de los grupos de oposición”, de acuerdo con la explicación de Roberto Zapeta, gerente de Seguridad General de Pronico.

En otras palabras, aniquilar a la resistencia con ayuda del espionaje de informantes. Todo esto para “evitar el incremento de bloqueos y usurpaciones”, según escribió Zapeta en un correo del 10 de diciembre de 2020, parte de los documentos filtrados. La tarea corresponde tanto a Relaciones Comunitarias como a la Gerencia de Seguridad de la mina.

Zapeta, quien tiene una maestría en “Altos Estudios Estratégicos con Especialidad en Seguridad y Defensa”, mantiene una relación directa con la Escuela de Inteligencia del Ejército, relación que Solway/CGN/Pronico justifican al decir que su gerente imparte “conferencias, a título personal, sobre su testimonio como víctima del conflicto armado interno” y, ahora, como promotor de la paz en Guatemala, de acuerdo con una carta enviada a Forbidden Stories a finales de febrero de 2022,.

Álvarez y su equipo también buscan bloqueos en las rutas que utiliza la mina, con ayuda de informantes que los previenen de las acciones antes de que sucedan elaborando “análisis críticos”, y siguen muy de cerca las manifestaciones de la disidencia con el objetivo de identificar a sus participantes y el nivel de peligrosidad de cada uno. A los líderes que tienen el nivel más alto de alerta, les implantan denuncias para desacreditarlos y que pierdan apoyo. Como es el caso de los líderes e integrantes de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor (GPA) Cristóbal Pop, Eduardo Bin, Vicente Rax, Tomas Che, Jorge Xol, Marco Tulio Ical y Juan Eduardo Caal Suram.

Por ejemplo, el 11 de mayo de 2019, Marvin Méndez, de Pronico, coordina una entrevista a un grupo de 80 mujeres, algunas de ellas esposas de trabajadores de la empresa, quienes dicen haber sido víctimas de violencia por parte de los pescadores Cristóbal Pop y Eduardo Bin, durante una manifestación en mayo de 2017.

Méndez redacta un documento en donde detalla paso a paso el orden en que las mujeres contarán sus testimonios y las denuncias realizadas en el caso. En el texto es posible detectar que la intención era hacer preguntas que simularan a una conferencia de prensa para que pudiesen practicar sus respuestas de antemano. Entre las interrogantes, Méndez busca dejar en claro que la minera quiere quedar desvinculada del grupo de denunciantes, preguntando en varias ocasiones si CGN-Pronico ha estado detrás del apoyo o financiamiento recibido. Un aspecto que las interpeladas no aceptan, pero tampoco niegan al responder: “Estamos organizadas y gestionamos apoyo con diferentes instituciones para continuar en nuestro duro proceso en defensa de nuestros derechos”.

La relación de la compañía con las mujeres queda plasmada en otro documento de la filtración elaborado en septiembre de 2019, en el que se planifican jornadas de protesta para octubre y noviembre de ese año, con los empleados de la mina frente a la Corte de Constitucionalidad en Ciudad de Guatemala. Las mujeres están allí para desacreditar a los amparistas, especialmente, a los pescadores Pop y Bin, y para enviar un mensaje a grupos allegados a los magistrados de la corte que podrían incidir en la revocatoria de la sentencia.

En esa misma hoja de cálculo, creada por Humberto Matheus, director administrativo de Pronico, la minera plantea otras acciones como “indicadores de éxito”. Entre ellas están: Conseguir que el MEM presente un recurso ante la CC, la desacreditación de la resistencia antiminera alegando que el amparo que la corte concedió y que logró la suspensión de la empresa, fue elaborado con firmas falsas; así como el uso de netcenters y colaboraciones pactadas con el portal de noticias mineras miningworks.gt, para difundir esta información en internet y redes sociales.

De estas acciones estuvo a cargo Álvarez, Marvin Méndez, Ivan Camey, Humberto Matheus, Iryna Litviniuk, entre otros empleados de Relaciones Comunitarias y de la Gerencia de Seguridad.

De manera pública, la minera ha promovido la instalación de mesas de diálogo con las comunidades Qʼeqchiʼ opositoras, pero todo ha sido un espejismo. En un correo de fecha 1 de junio de 2020, enviado por Oscar Chávez Morales, de Relaciones Comunitarias, se demuestra que todo ha sido parte de una estrategia para entretener a la gente mientras les arman casos penales y/o los denuncian anónimamente ante Crime Stoppers.

“Nataly: por instrucciones de Marvin Méndez solicito tu apoyo para la presentación de denuncias anónimas. Nombres y apellidos, CUI, residencia y número telefónico.  Ingresar al sistema Crime Stoppers Guatemala y llenar la información requerida”, lee el correo. Crime Stoppers Guatemala es un portal del Gobierno, la Oficina de Drogas y Crimen de la ONU, Interpol y otras organizaciones, en las que las personas pueden realizar denuncias y compartir pruebas o pistas para la investigación de hechos delictivos.

A esto se suma al hecho que Méndez ha solicitado que se instalen cámaras de seguridad dentro de la colonia para “registro audiovisual de las reuniones y el registro visual de potenciales detractores”. Una estrategia de documentación útil para la mina ya que, anteriormente, el Ministerio Público (MP) ha acudido a CGN-Pronico para obtener información de los líderes denunciados.

Es así que la “inteligencia social” que Álvarez y Zapeta desarrollan desde Relaciones Comunitarias y la Gerencia de Seguridad, no son más que planes y estrategias militares que obedecen a una política similar a la contrainsurgente, en donde el objetivo es “prevenir, detectar y detener las actividades de los opositores” mediante el despojo y/o el silenciamiento.

Las comunidades de El Estor reconocen que las acciones de asedio, intimidación y criminalización que han sufrido en los últimos años por parte de CGN-Pronico, para desintegrar a la resistencia antiminera, son las mismas que aplicaron las fuerzas armadas durante el conflicto armado interno.

“Yo veo que el estado de Sitio es igual que la historia del conflicto armado interno. Porque llegan, de noche o de día, te agarran en la calle y te matan como a un animal. No he conocido a mi padre. Lo sacaron de la casa y hasta ahora no se sabe dónde está, si está vivo o muerto. Muchas de las mujeres sentimos miedo, no podemos salir. Nos dicen que tenemos paz, pero no es así. Vienen insultando, rompiendo y robando las cosas. La historia del ochenta es lo que se está repitiendo aquí”, refirió Olga Marina Ché, tesorera de la Gremial de Pescadores Artesanales e integrante del Consejo de Autoridades Ancestrales Q’eqchi´, el 6 de noviembre de 2021.

Doña Margarita, vecina Lote 8, habla del miedo que han vivido las mujeres en la resistencia: “nosotros -el Lote 8- participamos en la resistencia -octubre 2021-. Estábamos en nuestro derecho como pueblos indígenas, pero lo que han dejado los mineros son traumas y enfermedades. Desde esa fecha que nos corrieron de ahí, los helicópteros estaban sobrevolando y había presencia de muchos contingentes policiales. En el momento, no sentimos el trauma, pero ahora no me siento bien. Siempre estoy preocupada que algo me va a pasar. Mi cuerpo así me lo dice y no he estado bien. Tengo fiebre y dolor de cuerpo. Tuve mucho miedo cuando nos comentaron que a todos los que fuimos a apoyar a la resistencia antiminera nos tomaron fotografías y que serían denunciados. No salí en ningún lado durante un mes”.

“Inteligencia” como “control social”

Para inicios de 2017, los pescadores del Lago de Izabal se habían convertido en una incomodidad constante para la mina, pues reclamaban que los mineros eran los principales responsables de la muerte de los peces y otras formas de vida acuática en el lago, que es su medio de subsistencia.

Es aquí cuando el departamento a cargo de Álvarez, que hasta entonces había priorizado el despojo de tierras de interés de la mina y el desalojo de las comunidades que las ocupan, empezó a perfilarlos.

Los pescadores se organizaron en abril de 2017 y conforman la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor (GPA).

Las organizaciones civiles y los concejos ancestrales, que cuentan con pescadores entre sus integrantes y son una forma de organización comunitaria Maya Q’eqchi’, además de periodistas locales que han seguido de cerca el desarrollo de los hechos, también pasaron a ser enemigos declarados de CGN-Pronico. Para desbaratar sus reclamos, los mineros optaron por criminalizarlos.

En un correo del 11 de mayo de 2017, el abogado de la mina Ivan Camey, bajo órdenes de Dmitry Kudryakov, presidente CGN-Pronico, solicitó los nombres completos, direcciones de domicilio, número de identificación y fotografías de los involucrados en las tomas de la carretera de El Estor, principal vía de suministro y liberación de la minera, para denunciarlos penalmente. Incluso refiere que es de interés de la mina contactar a los transportistas afectados por el cierre para animarlos a denunciar a los manifestantes.

Con esta información, el Departamento de Relaciones Comunitarias creó listas de actores clave entre las cuales incluyó a personas a favor y en contra del proyecto, junto a las tácticas disuasivas que debía utilizar para abordarlos. En algunas ocasiones, la estrategia se trató de buscar alianzas o colaboraciones para proyectos. En otros, el monitoreo y/o seguimiento por medio de informantes o infiltrados.

En las listas se encuentran miembros del Consejo de Alcaldes Indígenas, como Guadalupe Quinich; el líder de la comunidad Las Nubes (una zona que la minera busca explotar), Rodrigo Tot, y organizaciones civiles como la Fundación de Defensores de la Naturaleza.

En otro documento elaborado en marzo de 2018, Zapeta enlistó a los grupos de opositores según el nivel de riesgo, los vínculos de organización y persona, además de las amenazas que representaban para la empresa, como la posibilidad de que presentaran amparos que promovieran la realización de una consulta popular con resultados adversos para Solway, o bien, desprestigiar la actividad minera. Los pescadores, la Defensoría Q´eqchi´, medios de comunicación y periodistas locales, como Prensa Comunitaria y Radio Tultaka, y la Fundación Guillermo Toriello lideran las listas con el nivel más alto de riesgo.

La policía, la Municipalidad de El Estor, el Ministerio de Ambiente y otros más, fueron identificados como “soporte” de la minera. En un mapeo realizado en enero de 2019, la gerencia de seguridad clasifica al Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), la Fundación Luis Augusto Turcios Lima y al Comité de Unidad Campesina (CUC) como “opositores mineros locales” que estarían “articulados por la Defensoría Q’eqchi’ para provocar crisis”.

A la mina le ha interesado llevar una bitácora de todas las manifestaciones, protestas y movilizaciones que ocurren en El Estor ya que piensan que tienen el potencial de perjudicarlos, aun si las actividades no tienen nada que ver con el proyecto extractivo.

Un “plan de reacción y seguridad” elaborado por Zapeta, buscaba ir más allá de registrar las actividades para identificar cuáles organizaciones apoyan a la Gremial de Pescadores y, así, impedir que consiguieran el apoyo para realizar nuevos bloqueos.

A raíz de este seguimiento y vigilancia, dos reportes del 11 de mayo y 7 de julio de 2017 identificaron a Eduardo Bin Poou, a Tomas Che Cucul, a Juan Eduardo Caal, de Sinaí, y a Cristóbal Pop Coc como los principales dirigentes de las protestas pacíficas por parte de los pescadores. En estos reportes aparecen sus nombres debajo de las fotografías de sus rostros e incluyen datos sensibles de identificación, lugar de residencia y actividades o hechos en los que fueron avizorados.

En los mismos reportes la empresa enlistó a algunos periodistas y a representantes de organizaciones sociales. Entre ellos está Jerson Morales Xitumul, a quien identifican como portavoz de los pescadores, Rolanda García y Santiago Botón, como reporteros de TeleSur; al periodista Carlos Ernesto Choc, como extrabajador municipal; Santiago Choc Cac, representante del sindicato de magisterio de El Estor; Mario Lobos, maestro de la Escuelas de Las Nubes; Angélica Choc, viuda de Adolfo Ich Chaman y lideresa del barrio La Unión, y Ernesto Rueda, párroco de la iglesia católica de San Pedro en El Estor, entre otros.

El conocimiento de la minera sobre las actividades de los pescadores ha traspasado el seguimiento e infiltración. En más de una ocasión, se tornó en espionaje al documentar o grabar sus diálogos con otras personas, relacionados a CGN-Pronico.

“(Los pescadores) se han reunido un promedio de cuatro veces después de los incidentes”, se lee en un reporte del 6 de septiembre de 2017 de la filtración, en donde la mina demuestra que está al tanto de las reuniones que han mantenido desde mayo y del contenido de las mismas. La recomendación de Relaciones Comunitarias y de la Gerencia de Seguridad fue “buscar cómo dividirlos”. En ocasiones, con intervención de la policía.

En el mismo documento, Zapeta escribió que se debe “armar una estrategia… para mantener tranquilo al grupo -de pescadores-. Mientras se define lo de las capturas” pues “el comisario presentará una solicitud ante sus superiores en la capital para aprobar el operativo”.

Otro de los ejemplos de espionaje es un informe del 10 de septiembre de 2017, también redactado por Zapeta, sobre una reunión que sostuvieron los pescadores con los madereros y leñadores de El Estor. De acuerdo con el documento, estuvieron presentes Eduardo Bin, Cristóbal Pop y Vicente Pop, además del periodista Jerson Xitumul. En la junta, los pescadores expresaron su preocupación por la situación en El Estor y su temor a ser detenidos el día que acudieran a una citación en el juzgado de Puerto Barrios. Por eso, se plantearon la posibilidad de tomar las instalaciones de CGN-Pronico como medida de presión.

La vigilancia sin descanso que Álvarez y Zapeta han comandado desde sus oficinas, para beneficio de la mina tiene un fin último: suprimir a la oposición a través de la criminalización y los líderes comunitarios siempre han sido quienes los objetivos principales de sus acciones. Una de las figuras más representativas de la resistencia antiminera, desde 2017 hasta la actualidad, ha sido Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales.

Pop se ha enfrentado a CGN-Pronico desde ese día que el lago se tiño de rojo hasta la fecha, pasando por procesos legales de criminalización que han buscado desgastarlo con la suspensión de las audiencias judiciales. Eduardo Bin, vicepresidente de los pescadores, ha corrido con una suerte similar, pues ha sido detenido y liberado en repetidas ocasiones por la policía.

El espionaje ha llegado al punto de documentar las conversaciones de los pescadores en audios. Nadie ha estado a salvo de los oídos de la mina.

El 9 de septiembre 2018, realizaron el reporte de una nueva reunión entre los pescadores con varios archivos de audio en idioma Q’eqchi’ que fueron recibidos por Juan José Salazar, coordinador de Relaciones Comunitarias. En las palabras de Pop no había miedo sino más bien resignación ante la suspensión de una nueva audiencia, a petición de CGN-Pronico, pues el objetivo habría sido capturarlo y evitar que el juez escuchara el testimonio de una organización ambientalista a su favor.

Ese mismo año, el seguimiento contra Pop escaló a un nuevo nivel con el intento de secuestro. “El 20 de agosto -de 2018- , yo iba a una reunión. Apareció una camionetilla con 6 personas jóvenes, pero no tenían identificación. Me pararon, sacaron la pistola, dijeron que querían hablar conmigo. No sabía si eran o no policías, pero se fueron en contra mía. Con la persona que me acompañaba, tuvimos que forcejear y nos fuimos a los golpes. No lograron su objetivo, porque la comunidad, o sea, el barrio el Zapotillo me apoyó. Es así que no me lograron secuestrar. Cuando se pone la denuncia, dice el MP que no eran secuestradores sino que eran policías. Entonces, ¿por qué no llevaban identificación, chaleco o un carnet?”, contó Pop en una entrevista de 2021.

Acoso y desinformación para la prensa

La prensa local, especialmente los reporteros de Prensa Comunitaria, Carlos Ernesto Choc, Jerson Xitumul y de manera más reciente, Juan Bautista Xol, han sido vigilados por la mina. Desde el inicio, los periodistas han denunciado ser objeto de persecución e intimidación de parte de CGN-Pronico. El escenario más evidente y también el más actual, es el estado de Sitio decretado por el Ejecutivo el 24 de octubre de 2021. Uno que Xol relata así:

“Cuando empecé documentar la resistencia los primeros días fue tranquilo, con él con el paso del tiempo empezaron a llegar las autoridades estatales. Yo trataba de tomarles entrevista a algún elemento de la policía y la Comisión Presidencial de Diálogo, pero se negaban. Lo que hacían era tomarme fotografías, pero en ningún momento pensé que iba a tener consecuencias después.

El 23 de octubre, ya circulaba una fotografía mía -en el internet-. La subió el director de Radio Sonora diciendo que yo estaba en la manifestación, que ya estaba portando una escopeta y estaba disparando en contra de los policías. Cosa que no fue así porque estaba dándole cobertura como periodista comunitario. Ahí empieza la persecución y la consecuencia de la documentación que hice durante más de veinte días”.

Varios documentos y correos de la filtración comprueban que el perfilamiento, el acoso y el espionaje, han perdurado por años. Sobre todo para Carlos Choc, quien ha persistido en documentar los hechos que involucran a la mina y a sus trabajadores.

Choc tiene casi 15 años de ser periodista comunitario y, en ese tiempo, ha dado cobertura a eventos vecinales como inauguraciones, desperfectos de los servicios públicos, nuevos proyectos, el desarrollo de las audiencias en los Juzgados de Izabal, manifestaciones y, todo lo que tenga que ver con los proyectos extractivos ubicados en El Estor, como el cultivo de palma africana y la mina de níquel.

En un documento de 2019, Crisantos Reyes, trabajador del de Relaciones Comunitarias, registra “información básica” de Choc y de Xitumul, quienes han dado cobertura a la contaminación del lago y la insistencia de los pescadores y las comunidades para obtener una respuesta gubernamental.

Al lado de sus fotografías, en donde se les ve utilizando el chaleco de los medios de comunicación para los que trabajan, aparece una lista de delitos que leen: “Violación a Derechos Humanos, libertad de emisión del pensamiento, censura en los medios de comunicación, intimidación por reportaje del lago de Izabal y amenaza contra periodista comunitaria”.

El 27 de mayo de 2017, en medio de la cobertura Choc documentó el asesinato del pescador Carlos Maas. Eso cambió su vida para siempre.

“En una manifestación el 27 de mayo de 2017, documenté también el asesinato de un pescador, Carlos Maas, a manos de la Policía Nacional Civil. Y a raíz de todo esto comienzan a amenazarme a través de llamadas telefónicas y luego con una persecución penal. En una orden de captura me imputan seis delitos. Desde ese momento, pues comienza un desplazamiento forzoso para mi vida, en donde tuve que abandonar a mis hijos, a mi familia, mi comunidad”, dijo el reportero.

Por esas fechas, Choc adquirió especial relevancia para el presidente de CGN-Pronico, Dmitry Kudryakov, tal y como lo refiere un correo de Ekaterina Komarova, trabajadora de la mina, fechado el 22 de agosto de 2017. En este, Komarova solicitó que Maynor Álvarez redacte una “nota informativa” sobre el reportero, a quien entonces la mina identificaba como vocero de los pescadores.

A partir de ese momento, el periodista comunitario fue observado y asediado. No solo sus movimientos sino su huella digital. Es decir, cada publicación que realiza en sus redes sociales y notas informativas. Todo ha sido sistematizado en diferentes documentos y presentaciones de Power Point.

Choc ha sido uno de los blancos persistentes de la mina porque ha visibilizado acciones como los desalojos en la reserva El Setal. Casi al mismo tiempo, la mina comienza a perfilar a Prensa Comunitaria y lo cataloga como un medio de izquierda, de acuerdo con varios correos de la filtración.

En agosto de 2017, CGN-Pronico denunció penalmente a Choc y lo señaló de haber participado en la retención de trabajadores de la minera entre el 3 y el 4 de mayo de 2017. Los delitos de la denuncia en su contra son: por detención ilegal, amenazas, daños, instigación a delinquir, asociación ilícita y reuniones y manifestaciones ilícitas.

En la incesante búsqueda de la mina por descifrar el carácter, los intereses y conexiones de Choc, el asedio también fue dirigido hacia su expareja e hijos. En un documento con fecha 29 de enero de 2019, un trabajador de la mina escribió un nuevo “análisis sobre Carlos Ernesto Choc” con fotografías del periodista, su expareja y nombre de la iglesia evangélica a la que asiste, además de sus pasatiempos.

En mayo, Relaciones Comunitarias redacta el “Informe de acontecimientos relevantes”, en donde aparece una cronología de las publicaciones del reportero desde el 13 de mayo de 2017 hasta el 11 de marzo de 2019. En el pie de nota, lee: “Antes de mayo 2017, no existían publicaciones relacionadas con nuestra empresa. Sus publicaciones con Prensa Comunitaria inician el 13 de mayo del 2017. El 18 de abril del 2018 actualiza su estado, indicando que trabaja para Prensa Comunitaria”.

No pasa mucho tiempo antes de que el periodista vuelva a surgir en el radar de la mina tras la publicación de la primera entrega del proyecto investigativo Green Blood, de Forbidden Stories, en el que colabora Choc. El 26 de junio de 2019, la compañía de níquel insiste en la criminalización del periodista para desprestigiarlo. En el mensaje,  el Departamento de Prensa de la Solway Group le compartió a Dan Bronstein, presidente de la Junta Directiva de Solway, un fragmento de una entrevista realizada a Choc por un medio de comunicación europeo, y se giran instrucciones para armar un caso penal en su contra que incluya un archivo “hecho desde cero”, con fotos borrosas importadas de Facebook y la denuncia de seis delitos, entre ellos: “asociación ilícita, reuniones y manifestaciones ilícitas e incitación a delinquir.

Esto sucede al mismo tiempo que Méndez elaboraba un nuevo “Informe de actividades de Carlos Ernesto Choc” en donde detalló las actividades del reportero, sus coberturas en las audiencias contra Bin y Pop, además de la cantidad de publicaciones que realizó a través de sus redes sociales.

Solway/CGN/Pronico fue consultada al respecto. La companía negó haber tomado fotografías y haber perfilado a los periodistas nacionales y europeos que han dado cobertura a los hechos que rodean a la mina.

Censura a la prensa internacional

La situación de El Estor tras la suspensión temporal de la mina, capta la atención de la prensa internacional en 2019, que visita el municipio al menos dos veces en menos de un año.

La mina se propone utilizar la denuncia del grupo de mujeres quienes acusan a los pescadores Pop y Bin de haberlas violentando en una manifestación de 2017, para distraer a los periodistas internacionales y restar relevancia a los hechos que se acumulan en contra de CGN-Pronico. En una hoja de cálculo elaborada por Marvin Méndez, entre enero y mayo de 2019, la compañía traza un plan para que los medios se enfoquen en los testimonios del grupo de mujeres. El objetivo es “dirigir la atención de la prensa ante la vulnerabilidad de los derechos de la mujer y evitar la vinculación con intereses de la empresa”.

En noviembre, se preparan para la segunda visita de los periodistas que buscan dar seguimiento a las denuncias de criminalización y la violación de derechos humanos de las comunidades Qʼeqchiʼ.

En un correo del 11 de noviembre, Iryna Litviniuk, de Pronico, escribe al abogado Ivan Camey que deben de preparar las preguntas y respuestas que creen que serán de interés para los periodistas o si no se les puede “salir de las la manos” la entrevista, con el caso de la explosión de una caldera que dejó cinco muertos en 2016 y la muerte de tres estudiantes universitarios, incidente que la mina trató de ocultar.

El plan que trazan para febrero de 2020 consiste en: difundir noticias falsas de la aceptación de la comunidad hacia la mina, crear temor en la prensa de ser abordados por los comunitarios a través de publicaciones locales que muestran que estaban inconformes con la visita y plantear una segunda demanda en contra de uno de los abogados de los amparistas, Aníbal Maquín, para “minimizar el impacto mediático negativo y limitar acceso de los periodistas a fuentes de información dentro de las comunidades”. Y de esta forma controlar la narrativa en los medios internacionales y no perder la cartera de comerciantes internacionales.

“La cara amigable de la mina”

Álvarez y el departamento de Relaciones Comunitarias también se han encargado de implementar la otra parte de la estrategia de control, una que consiste en mostrar el rostro amigable de la empresa. Para eso emplearon un plan de divulgación de temas ambientales, sociales y de la operación de la minera para contrarrestar las opiniones negativas en los tomadores de decisiones.

Este plan fue accionado en junio y julio de 2017, tras la contaminación del lago. Para ello, destinaron un presupuesto de Q175,374 (USD$22,775) que abarca el pago de medios escritos, radiales y televisivos.  Nuestro Diario, Prensa Libre, Guatevisión, Canal 3, Radio Manatí, Radio Norte, Radio Comunitaria Mega, Radio Cristiana Miel son algunos de los medios mencionados en el documento filtrado.

A lo interno de las comunidades, la estrategia se ha centrado en ofrecer dádivas para que los líderes comunitarios y los vecinos aprueben la operación de la mina y hablen a otros sobre los beneficios que han recibido. Las acciones y proyectos han incluido la reparación de escritorios, la construcción de carreteras, la repartición de víveres y agua potable para la primera parte de la pandemia del coronavirus, y la oferta de empleo. Entre los beneficiados de este último apartado, aparecen algunas personas sugeridas por la Municipalidad de El Estor.

Ante la interrogante ¿el presidente de Pronico, Dimitry Kudryakov, ofreció a los líderes de los Cocodes y a los opositores empleos, financiamento para proyectos comunitarios o alguna otra alternativa, para apoyar a la compañía?

Solway/CGN/Pronico respondió a finales de febrero de 2022, que “analiza las necesidades, expectativas con respecto a la empresa, las dificultades y perspectivas desde el punto de vista de las partes interesadas, y las cuestiones más relevantes que les preocupan”.

A pesar de los esfuerzos, CGN-Pronico no ha logrado contentar a quienes han aceptado sus donaciones. Uno de ellos es un vecino de la comunidad Las Nubes, quien prefirió omitir su nombre para esta publicación: “La empresa no paga bien. La empresa siempre daña a nuestra comunidad. No estamos satisfechos con que nos den trabajo por que siempre está perjudicando nuestro medioambiente y nuestro cultivo. Nos afecta por el humo que daña al cultivo, porque se cae más rápido. Rápido se mueren las plantaciones”.

Los mineros saben que mientras las personas acepten sus ofrecimientos, ellos no harán nada en su contra. Aun si ese fuese el escenario, la compañía cuenta con un plan de respaldo: pagar a la policía para “evitar el fortalecimiento de los grupos de presión”.

En varios correos y documentos de la filtración, CGN-Pronico destinó presupuestos mensuales de US$5 mil 250 dólares (cerca de Q40,425) para la alimentación de la policía y US$384.62 (cerca Q2,961) para cubrir los “imprevistos” de las instituciones públicas que “apoyan a la Gerencia de Seguridad”.  Es así como han mantenido y fortalecido la presencia de la policía en un municipio en donde las comunidades se han encargado de desalojar a las fuerzas de seguridad en más de una ocasión.

Las donaciones y presupuestos para la policía han sido negadas por Solway/CGN/Pronico. Sin embargo, han aceptado ser promotores de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia (Comupre) en el municipio, y dar “cobertura” al programa “Fortaleciendo a mi Comunidad”.

La influencia de la mina también se mide por sus influencias políticas, pues ha conseguido poner de su lado a los ministros de los diferentes Gobiernos. En una citación del 1 de junio de 2017, los ministerios de Ambiente, Gobernación y, Energía y Minas, los respaldaron y los liberaron de toda responsabilidad por la contaminación del lago. En cambio culparon a los pescadores de romper la mesa de diálogo con la empresa, antes de resolver el conflicto.

Por si fuera poco, cada año, la compañía ha repartido “presentes navideños” entre los funcionarios del Gobierno Central, Municipal y lo judicial. De acuerdo con un correo de noviembre de 2017, conforman la lista los ministerios del Ejecutivo en Izabal y la capital, el Ministerio Público y los juzgados, la policía, el ejército, los funcionarios de salud, y otros actores clave ubicados en El Estor, Livingston y Los Amates.

La entrega de regalos habría iniciado en 2014, tras la llegada de Solway Group a El Estor y la creación de Pronico, aunque la minera negó que se le otorgaran regalos a figuras que la ley prohíbe, como los jueces.

De acuerdo con la Ley de Probidad guatemalteca, los funcionarios (no específica cargos) tienen prohibido: “solicitar o aceptar directamente o por interpósita persona, dádivas, regalos, pago, honorarios o cualquier otro tipo de emolumentos adicionales a los que normalmente percibe por el desempeño de sus labores.”

Álvarez y el despojo de Las Nubes

Tras tres años como gerente de Relaciones Comunitarias, Maynor Álvarez abandonó el puesto en noviembre de 2018, pero continúa trabajando para la mina, de acuerdo con información de la filtración. Esta vez, con el encargo de coordinar el desalojo de “Las Nubes”, una comunidad localizada cerca de la propiedad de CGN-Pronico, pero también próxima al centro de El Estor.

Su participación se ha comprobado con una serie de vouchers de pago cancelados por la Fundación Raxché, una ONG que canaliza donaciones y provee a la minera para la realización de proyectos.

El plan de CGN-Pronico siempre ha sido quedarse las tierras de las comunidades Qʼeqchiʼ pues son de interés para la explotación, como es el caso de Setal, Semuy y Las Nubes.

El director general de CGN, Alexey Morín, aceptó en un correo de febrero de 2018, que el plan es conocer las coordenadas de “los territorios que les vamos a quitar a la aldea Las Nubes” en donde planearon perforar en los siguientes cuatro años.

Tras identificar a las personas dentro de las comunidades que ocupan tierras, a través de acciones de inteligencia, los mineros determinan si tienen vínculos con trabajadores de la empresa, como una manera condicionarlos.

Por ejemplo, en El Setal identificó que algunos de los líderes comunitarios que ocupaban las tierras eran: Ofelia Cruz y la familia Álvarez Jacinto. Posteriormente, identificó que Axel Alberto Álvarez Jacinto, trabajador en la planta de níquel, podría ser su pariente.

La mina también dio con los perfiles de redes sociales de los comunitarios que ocupan las tierras que les interesan y llevaron un registro exhaustivo de cada vehículo que ingresaba y los abastecía.

Ya que uno de los objetivos de la mina ha sido reasentar a las comunidades que han ocupado y continúan ocupando tierras de su interés, crearon programas como bonos de “desarrollo familiar”, un sistema de pagos mensuales con un valor de US$130 (Q1,000) para cada una de las 68 familias de Las Nubes. Un costo total de US$8,840 (Q68,068) mensuales. Solway/CGN/Pronico negaron que reubicar a los residentes de Las Nubes sea parte de sus planes, además de la creación y uso de listas de informantes dentro de las comunidades. También negaron haber coordinado con la policía el número de agentes presentes en los desalojos que han realizado en tierras de El Estor.

Pese a la respuesta de la mina, la gente tiene claro que quienes se niegan a abandonar sus tierras y cultivos a cambio de algún beneficio, debe enfrentarse a la brutalidad de la compañía, como es el caso del pescador German Choc: “Para dejar mal a los gremiales -de pescadores- buscaron los líderes de los mareros, de los pandilleros. Dijeron: les vamos a pagar, pero vayan a cerrar al otro lado -del camino-, y vayan a cobrar. A los camiones de la empresa los dejan pasar.  Nos querían dejar en mal cuando la empresa publica que están son las gremiales de pescadores las están cobrando. Lograron su objetivo porque el Gobernador y el Presidente mandaron bastantes policías antimotines, incluso soldados”.

En febrero de 2020, Relaciones Comunitarias elabora una estrategia para esparcir rumores en las comunidades que quieren desalojar. La mina busca generar tensión entre los comunitarios para dividirlos con tácticas de guerra psicológica en las que contempla difundir información falsa que señale que los líderes de la comunidad Las Nubes han contraído VIH-Sida por su “promiscuidad”. Además, planean el pago de sobornos para que un grupo de pandilleros de otro municipio, incendie los cultivos de cardamomo que pertenecen a los comunitarios.

Otro aspecto que la minera ha negado en su comunicación con el equipo de Forbidden Stories.

La estrategia que la minera ha implementado en estos años, es amplia y diversa, pero desacreditar a los comunitarios sigue siendo una de las alternativas más utilizadas por la empresa.

“A los cuatro días de haber empezado la resistencia -octubre 2021-, empiezan otras dos manifestaciones en Cobán, Alta Verapaz, y otra en Río Dulce, Izabal. Nos dimos cuenta que esas dos manifestaciones nuevas estaban a favor de la empresa CGN-Pronico. Estaban con carteles, con mantas, en donde mostraban su apoyo a la empresa. En otros carteles, exigían que se liberara el paso para los transportes pesados.  En ese caso, ellos empezaron a cobrar el paso a los vehículos. Cosa que utilizaron como una estrategia para poner en mal a la resistencia”, contó el periodista Juan Bautista Xol, criminalizado por la compañía.

En este rincón del mundo, nadie está a salvo de la ferocidad de la mina. Aun sin la intervención del Estado, la empresa cuenta con los medios y los alcances para elaborar y ejecutar planes que aseguren la continuidad del proyecto Fénix y la represión de la resistencia antiminera, que busca la liberación de un territorio golpeado y abatido por la complicidad del Estado de Guatemala con los intereses privados que buscan enriquecerse en las tierras ancestrales de los Maya Q’eqchi’, a costa de todo.

Este domingo (27), la empresa canadiense Minerales de Occidente S.A. de C.V. (Minosa), subsidiaria de la minera Aura Minerals, empezó a dinamitar el cerro llamado El Cementerio donde estaba el camposanto de la comunidad maya Chortí de Azacualpa, departamento Copán, en Honduras. Las explosiones continúan el día de hoy (28), denuncia el Bufete Estudios para Dignidad, que asesora jurídicamente a la comunidad en su lucha contra la minera.

“Adiós cementerio de Azacualpa, teníamos una esperanza en el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya, pero hoy se desvanece como el polvo en el aire. Nos invade un mar de tristeza, en un país donde pesa más el dinero que la vida del pueblo que resiste”, publicó en sus redes sociales Azacualpa Resiste.

En los últimos meses la minera Minosa no detuvo sus trabajos en el cerro, a pesar de existir resoluciones judiciales que obligan a parar sus operaciones. La minera destruyó el camposanto de la comunidad y su entorno porque posee planes de explorar oro y plata en el cerro. Otros cerros en la región fueron destruidos por la empresa en su proceso de explotación. Tres comunidades ya fueron desplazadas.

^{Te puede interesar: En Honduras, cementerio Maya Chortí es tragado por la minera Aura Minerals}

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de la Justicia ordenó, en noviembre de 2020, que la empresa parara las exhumaciones. Sin embargo, Minosa continuó con la destrucción. En febrero de 2022, la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán detuvo de forma provisional las exhumaciones. De nuevo, la empresa no hizo caso a la decisión judicial.

De acuerdo con denuncia de Bufete, el día 26 de marzo, en la madrugada, con apoyo de la policía nacional de la zona, subió maquinaria a la superficie del cerro del cementerio para continuar con las acciones de destrucción de este, realizando perforaciones para dinamitarlo.

En esta ocasión, en la zona del cementerio, se encontraba un grupo de trabajadores de la empresa y otras personas, contratadas y pagadas por la empresa Minosa para detener violentamente y agredir a las personas que se oponen a la destrucción del cerro El Cementerio.

Hoy las amenazas continúan. Un equipo del Bufete Estudios para Dignidad, del Comité de Afectados por Minosa y del Movimiento Amplio de Honduras buscó llegar al cerro en su labor de defensoría de derechos humanos, pero fueron alertados que serían atacados por personas vinculadas a Minosa. Un funcionario de la empresa amenazó directamente a uno de los abogados del Bufete, Víctor Fernández: “Víctor, no eres bienvenido”.

En un comunicado, las organizaciones sostienen que la destrucción del cerro “lo permitió un nuevo gobierno sin claridad, sin fuerza y con la cobardía de anunciar grandes decisiones y recular a la primera reacción de los mineros opresores”, refriéndose al hecho de que la presidenta de la República que recién asumió su cargo, Xiomara Castro de Zelaya, hizo la promesa de acabar con la minería a cielo abierto en Honduras.

Recientemente misiones de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) visitaron el cementerio y confirmaron las violaciones a derechos, el hostigamiento y discriminación contra quienes defienden derechos y denuncian a la empresa minera.

En un comunicado, la Secretaría de Derechos Humanos reconoció que la “conflictividad social regresó a la zona al continuar con la destrucción del cementerio de la localidad por parte de la minera, generando hostigamiento y discriminación en contra de las y los defensores de derechos humanos que protegen la tierra y sus bienes naturales”.

En sus redes sociales el Alto Comisionado expresó que “lamenta la conflictividad social generada el día de hoy [27] con la entrada de maquinaria pesada en el cerro del cementerio de Azacualpa, a pesar de existir resoluciones judiciales que ordenan detener exhumaciones en el cementerio, procurando su integridad”.

La Oficina hace un llamado a acatar las sentencias de la Sala de lo Constitucional y de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán que ordenaron el cese de exhumaciones e insta a las autoridades a garantizar la seguridad y protección de las personas.