News:

paramilitares

image/svg+xml image/svg+xml
radio
Avispa Midia

(Español) Oaxaca | El Rebollero cumple seis días bajo ataque de paramilitares

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Campesinos zapotecas de la comunidad El Rebollero, localizada a menos de una hora de la ciudad de Oaxaca, podrían estar conmemorando los días santos, pero este sábado (16) cumplen una semana de estar esquivando balazos de alto calibre. Desde la zona conocida como “La Mesa”, un grupo paramilitar de más de 30 personas les ha estado disparando con armas de uso exclusivo del ejército.

La comunidad de El Rebollero, perteneciente al municipio de San Pablo Cuatro Venados, en un comunicado emitido este mismo sábado, afirma que incluso la Guardia Nacional y la policía del Estado hicieron acto de presencia en dónde se encuentran los paramilitares y entablaron un diálogo. “Tiempo después los elementos de seguridad se retiraron y el hostigamiento continuó”, alertaron los campesinos.

De acuerdo con los agredidos, el gobierno de Oaxaca, a través de la Junta de Conciliación Agraria del Estado de Oaxaca, los llamó a una mesa de diálogo con autoridades vecinas de Cuilápam de Guerrero, para destrabar la situación legal de estas tierras. En esta cita se reunirían una comisión de El Rebollero y otra de Cuilápam de Guerrero, los primeros acudieron a pesar de haber sido agredidos con armas de fuego un día antes, mientras que la comisión de Cuilápam no se presentó.

“Nosotros como comunidad decidimos participar en este diálogo, el cual se realizaría el día 11 de abril, pero el hostigamiento comenzó un día antes y, el día siguiente, nos avisaron que la mesa de diálogo se suspendía”, denuncian los campesinos que hoy se resguardan de los ataques armados que ya cumplen seis días.

En una entrevista, vía telefónica, uno de los integrantes de la comunidad que, por seguridad, prefiere mantenerse en el anonimato, dijo que hasta este momento no hay registro de heridos, “solo de una casa incendiada, casas balaceadas y el miedo en los niños y mujeres que temen por sus vidas”.

Los habitantes de la comunidad denuncian que, mientras las autoridades de Conciliación Agraria les pidieron ceder para la mesa de diálogo, un equipo de ingenieros y trabajadores “comenzaron a realizar actividades en la vieja mina conocida como Zavaleta”.

Según los habitantes de El Rebollero, las actividades mineras “ya han provocado pigmentaciones de contaminación en el arrollo que pasa por la comunidad, y esto no lo saben los habitantes de las comunidades vecinas”.

El conflicto

En mayo de 2019, un grupo de centenas de personas armadas ingresaron a la comunidad derribando las viviendas y quemando los cultivos.

Un equipo de Avispa Midia se dio a la tarea de documentar la zona destrozada un día después y, nuevamente, les volvieron a disparar, donde el equipo de periodistas pudo presenciar y grabar los disparos.

En una declaración pública, Diego Moisés Pérez, edil municipal de Cuilápam en ese momento, dijo para un medio local, “le pedimos al gobierno del Estado que ya sea certero y que sea firme. Ningún invasor debe estar presente en la jurisdicción de Cuilápam de Guerrero. Cuatro Venados tiene su propia área delimitada y Cuilápam también. Quienes están ahí son invasores”.

El entonces edil municipal de Cuilápam se refería al convenio firmado entre autoridades de Cuilápam y Cuatro Venados, dentro del juicio agrario numero 309/1996, en el cual delimitaron sus territorios y donde dividieron la zona de conflicto en dos polígonos, A y B.

Pero el polígono A, que se le entregó a Cuilápam, es donde viven estos campesinos que han sido atacados. Los campesinos hoy agredidos saben que han quedado en medio de un acuerdo monetario al que llegaron autoridades de Cuilápam y de Cuatro Venados.

“Nunca nos consultaron, no nos informaron. Simplemente nos tacharon de paracaidistas. Pero aquí hemos vivido y nuestro abuelos y padres han cultivado. Aquí hay comuneros y gente ha prestado sus servicios en la cabecera municipal, ¿cómo van a decir que somos paracaidistas?”, comparte el entrevistado vía telefónica, “mientras las actividades mineras van avanzando en nuestro territorio”.

Los habitantes de la comunidad El Rebollero se sienten traicionados al ver que “el gobierno, tanto estatal como federal, está respaldando a este grupo paramilitar para avanzar con la apropiación de nuestras tierras y continuar con la explotación minera”, dijo el entrevistado.

La comunidad llama a la solidaridad y reafirma que, “no cederemos ni un milímetro de nuestro territorio, vamos a seguir defendiendo el agua y el bosque”.

Ver también: Atacan y derriban casas de indígenas zapotecos, los acusan de usurpar sus propias tierras

radio
Presos en Lucha y Defensores de los Derechos Humanos dentro del CERSS No. 5

(Español) Denuncia de presos en lucha en CERSS 5 de despojo de pertenencia por parte del Grupo Lobo

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Denuncia Publica de nuestros compañeros presxs en lucha de la organización La Verdadera Voz del Amate, tras el robo de material, dinero y destrucción de sus alimentos por parte de funcionarios pertenecientes al Grupo Lobo.

El día 11 de abril del presente año.

Al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de las Casas

Al Grupo de Trabajo No Estamos Todxs.

La Organización la Verdadera Voz del Amate adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

La vos de los presos en lucha sacamos una denuncia en contra del gobierno del estado de Chiapas por el abuso de las autoridades

El día domingo 10 de abril del presente año hubo un amotinamiento de los presos internos dentro del área de población, por ese motivo entraron el grupo de la Secretaría de Seguridad Publica conocido como Grupo Lobo a revisar las instalaciones del CERSS No. 5 carretera kilómetro 20 de los Pinos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas donde esta encargado el señor director criminologo Obdelin Meza de los Santos y el inspector Pablo Mendoza Morales.

El día lunes, 11 de abril, aproximadamente de 8 am a 9 am entraron a robar los del Grupo Lobo en el área donde nos encontramos ubicados, el área de encamados.

Mientras nos tienen separados en la celda, ellos entraron en el campamento donde nos cocinamos y trabajamos, donde sufrimos de frio y de hambre hace tres años durante la huelga de hambre y de plantón. Existe una minuta de trabajo firmada por las autoridades donde se respetaría el campamento, si se rompía dicho acurdo regresaríamos en plantón indefinido. Ese día rompieron el acuerdo, porque entraron a robar, a mi German me robaron el material con el que se hago artesanías para nuestro sustento dentro del penal, nos robaron chaquira, llaveros y además de $1500 de mi ahorro, a mi hermano Abraham le robaron $1000 de ahorro, estos ahorros han sido juntados con gran sacrificio con la venta que realizamos en el interior de este centro. A nuestro compañero, preso solidario, Abrelio Sánchez le robaron $1000 de su producto. Aparte de ello que nos llevaron las llaves y el desarmador de las maquinas para bordar, ese materia es para trabajar y no para otra cosa, nosotros luchamos por ellos. Además de ello nos vinieron a regar y destruir nuestra despensa, nuestra comida pisoteada, trastes quebrados y se llevaron cargadores de los cuales tenemos permiso para tenerlos.

Exigimos que nos regresen todo lo robado.

Lo que queremos es saber si fue una orden del gobierno del estado de Chiapas, del gobierno de Rutilio Escandon Cadenas dio la orden a José Miguel Alarcon por que no dijo que el no lo haría.

Esperamos que esta denuncia llegue a su mano al gobierno, pues son las autoridades que roban al pobre preso los materiales que usan para sobrevivir.

Porque el director de este centro no dio la orden que entren el Grupo Lobo, el licenciado Israel del Grupo lobos entro por su huevos. También exigimos que nos pongan una caseta telefónica para poder comunicarnos con nuestros familiares.

Lo que paso es una violación de los derechos humanos, no más abuso, humillación y discriminación de las autoridades.

Exigimos a los tres niveles de gobierno que se haga algo.

Palabras de presos en lucha y defensores de los derechos humanos dentro del CERSS No. 5.

Atentamente:

German López Montejo.

Abraham López Montejo.

Solidario con la organización:

Abrelio Sánchez Pérez

 

radio
CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Atenta contra la justicia y verdad la propuesta de procedimiento abreviado planteada en el caso del asesinato de Simón Pedro

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

18 de abril de 2022

Boletín No. 14

 

Justicia para Simón Pedro Pérez López

 

  • Atenta contra la justicia y verdad la propuesta de procedimiento abreviado planteada por la defensa del acusado de ser el asesino material de nuestro compañero.

El pasado 28 de marzo de 2022, se suspendió la audiencia de etapa intermedia debido a que la defensa del acusado solicitó diferirla para realizar una propuesta de procedimiento abreviado (en donde el acusado admita su responsabilidad). Seguimos en espera de fecha para la celebración de la audiencia intermedia en el Juzgado de Control del municipio de Cintalapa, Chiapas.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas dio un plazo de diez días para que se valorara la propuesta por parte de la representación legal que encabeza el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), junto a la familia de Simón Pedro y la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal). Este tiempo ha sido de reflexión colectiva, consideramos que la estrategia de procedimiento abreviado propuesta por la defensa del acusado de ser el asesino material de Simón Pedro atenta contra la verdad, la justicia y las pruebas aportadas tanto por equipo del Frayba, como por la familia de nuestro compañero asesinado.

La propuesta de la defensa implica que el delito sea reducido a un homicidio simple, lo que omite el carácter de ejecución sumaria y la vinculación del hecho al trabajo de defensor de derechos humanos que realizó Simón Pedro en la región de Simojovel, Pantelhó y Chenalhó en medio de un contexto de violencia generalizada auspiciada y permitida por el Estado mexicano; esto es, en los hechos del asesinato quedarían exentos tanto la alevosía como la ventaja, además de omitir el trabajo de vigilancia, seguimiento e inteligencia que implicó la planeación de la ejecución con arma de fuego.

No nos cansaremos de hacer hincapié en que el camino emprendido por Simón Pedro ha sido de luz en medio de una profunda obscuridad, por eso lo reivindicamos desde la memoria por su compromiso como catequista, padre, hermano, esposo, hijo y defensor de derechos humanos. Su mirada profunda y llena de esperanza fue el reflejo de su decisión de luchar por defender la vida y caminar junto a los pueblos para denunciar la injusticia e impunidad.

Junto a Las Abejas de Acteal y la familia de Simón Pedro seguiremos exigiendo al Estado mexicano una investigación exhaustiva que abarque a los autores intelectuales de su asesinato, exigimos también que retome lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a los casos de defensores de derechos humanos asesinados: “las autoridades investigadoras deben tomar en cuenta el contexto de los hechos y sus actividades para identificar los intereses que podrían haberse visto afectados en el ejercicio de las mismas, a efectos de establecer y agotar las líneas de investigación que tengan en cuenta su labor, determinar la hipótesis del delito e identificar a los autores.[1]  

La vida de Simón Pedro será alegría para nuestra lucha por generaciones, por eso continuaremos construyendo La Otra Justicia, desde el no olvido, la memoria y la verdad, exhibiendo la muralla de impunidad que el gobierno mexicano ha impuesto, construida desde la permisividad del contexto de violencia que cubre la región de Los Altos de Chiapas.

Desde este pequeño espacio de luchas profundas que representa Chiapas, abrazamos a todas las familias de las personas defensoras de derechos humanos asesinadas en nuestro país, les decimos que seguimos luchando a su lado porque estos crímenes no queden en la impunidad y por hacer que en este mundo existan espacios para la justicia y la dignidad.

 

-*-

 

[1]    Corte IDH. Caso Escaleras Mejía y otros Vs. Honduras. Sentencia de septiembre de 2018. Serie C No. 361. Párrafo 47.

Descarga el Boletín No. 14 en PDF (55.04 KB)

 

radio
Comuneras y comuneros de la localidad el Rebollero, Rio Minas y paraje los Arquitos

(Español) Acción Urgente: comando armado lleva seis días atacando a la comunidad de El Rebollero, Cuatro Venados, Oaxaca

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

16 de abril del 2022

Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Congreso Nacional Indígena
A los medios de comunicación en general

Denunciamos que este sábado 16 de abril se cumplen 6 días consecutivos de hostigamiento, por parte de un grupo armado de más de 30 personas, proveniente de la comunidad de Culilápam de Guerrero, quienes han disparado hacia la comunidad de El Rebollero. Incluso, la Guardia Nacional y policía del estado de Oaxaca, subió este mismo sábado a las 12:50 am y se retiró 13:03 pm, permaneció menos de una hora y, entabló comunicación con las personas que han disparado contra habitantes de nuestra comunidad, El Rebollero, perteneciente al municipio de San Pablo Cuatro Venados. Tiempo después los elementos de seguridad se retiraron y el hostigamiento continuó

Cabe señalar que, en meses pasados, el gobierno de Oaxaca, a través de Junta de
Conciliación Agraria del Estado de Oaxaca, nos llamó para entablar un diálogo con
autoridades vecinas de Culilápam de Guerrero, para tratar el tema de nuestras tierras que, sostienen, les pertenece. Nosotros como comunidad decidimos participar en este dialogo, el cual se realizaría el día 11 de abril, pero el hostigamiento comenzó un día antes y, el día siguiente, nos avisaron que la mesa de dialogo se suspendía.

Nosotros, nosotras, como comunidad El Rebollero, estuvimos abiertos a compartir la
palabra, porque pensamos como nos han enseñado nuestros ancestros, que la palabra vale. El rompimiento del diálogo no solo viene del gobierno, sino que también, de la  comunidad de Cuilapam de Guerrero y del municipio de San Pablo Cuatro Venados al desconocernos.

Además, no solo han traicionado su palabra, sino también a sus propios paisanos de su
comunidad, ya que uno de los objetivos de ocupar nuestras tierras es, la explotación minera, a la cual nos hemos opuesto. Mientras pidieron tregua, estos meses, sin permiso ambiental, comenzaron a realizar exploraciones en una de las tres concesiones mineras que hay en nuestra comunidad. El arroyo que cruza por nuestros poblados y, que tiene como final la comunidad de Cuailpam, ya ha mostrado pigmentaciones de contaminación y esto, no lo saben los habitantes de las comunidades vecinas.

Vemos una vez más que el gobierno, tanto estatal, como federal, está respaldando a este
grupo de corte paramilitar para avanzar con la apropiación de nuestras tierras y continuar
con la explotación minera. Dejamos claro que no cederemos ni un milímetro de nuestro
territorio, vamos a seguir defendiendo el agua y el bosque.

Estos pistoleros están disparando directo hacia los hogares donde hay mujeres y niños.
Responsabilizamos al gobierno de Oaxaca, que encubre y respalda a este grupo armado de
corte paramilitar, así como al gobierno federal, de la escalada de violencia hacia la
comunidad de El Rebollero. También Responsabilizamos a las autoridades de Culilápam de
Guerrero y San Pablo Cuatro Venados y los políticos involucrados, del saldo que pueda
tener esta incursión paramilitar en nuestro territorio.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para denunciar estos
atropellos y violación a nuestros derechos humanos y como pueblo zapoteca.

A los medios de comunicación, convocamos a una conferencia de prensa, para este día 20
de abril, a las 2.30 pm, en la Alameda de León, en el centro de Oaxaca. En el marco de la
Caravana por el agua y la vida donde estaremos detallando estas agresiones.

Atentamente
Comuneras y comuneros de la localidad el Rebollero, Rio Minas y paraje los Arquitos
¡Nunca más un México sin nosotros¡

radio
CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia 170 familias en la comunidad Amparo Agua Tinta, municipio de Las Margaritas, Chiapas

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
13 de abril 2022
Acción Urgente No. 05

El Estado mexicano debe garantizar la vida, libertad, seguridad, integridad y la paz a la población

  • Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia 170 familias en la comunidad  Amparo Agua Tinta, municipio de Las Margaritas, Chiapas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recibió información urgente de integrantes de la organización Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda (ASSI), con sede en el municipio de Las Margaritas, Chiapas; que el día 11 de abril de 2022, autoridades locales de la comunidad Amparo Agua Tinta, municipio de Las Margaritas, privaron de la libertad y golpearon a hombres y mujeres por declararse integrantes de ASSI.

A raíz de diversas violencias por usos y costumbres y violaciones graves a derechos humanos perpetradas por la asamblea y autoridades comunitarias de Amparo Agua Tinta, 170 familias se declararon integrantes de la organización ASSI, esto por invitación del presidente municipal de Las Margaritas Bladimir Hernández Álvarez, para que el problema se resolviera de manera pronta. El presidente municipal los invitó a ser parte de la organización ASSI.

La situación de abuso y violencia perpetradas por las autoridades locales adheridos a la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), habría comenzado desde marzo de 2021, ya que las 170 familias se manifestaron en contra de la retención del personal del Hospital Rural en Amparo Agua Tinta. Las 170 familias argumentaron que “…cansados de tanto abuso, hartos de como se comporta las autoridades locales, con mucha corrupción y violencia, multas excesivas…. es mucha la injusticia y el abuso de poder…” decidieron afiliarse a la ASSI para buscar una protección. El 8 de abril de 2022, las 170 familias dieron a conocer en redes sociales su afiliación, por lo que el 11 de abril de 2022, a las 14.00 hrs., estas familias fueron agredidas y privadas de su libertad, entre ellas se encuentran mujeres ancianas y embarazadas. Las mujeres, hombres y adolescentes fueron obligadas a salir de sus casas, fueron amarradas, golpeadas y castigadas, refieren haber sido torturadas, así como obligadas a firmar un documento donde asumen una sanción correspondiente a trabajos comunitarios y a pagar una multa por la cantidad de 20 mil pesos cada persona. El resultado hasta hoy es que 70 mujeres pagarán una multa de 20 mil pesos cada una y 15 días de trabajo comunitario.

Frente a los hechos de violencia y el abuso de poder hacia estas familias, el Frayba manifiesta su preocupación por la privación arbitraria de libertad y tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes a hombres, mujeres y jóvenes en la comunidad de Amparo Agua Tinta, por lo que exigimos al Estado mexicano el respeto a los derechos humanos de las 170 familias, de manera puntual a las 70 mujeres en riesgo, así como la libertad inmediata de quienes aún se encuentran privadas de la libertad, implemente medidas necesarias, urgentes y efectivas para proteger vida, libertad, seguridad, integridad y la paz a la población; así como investigar los hechos y entablar un diálogo para devolver la paz y tranquilidad a las familias agredidas, anulando las sanciones injustas hacia ellas.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional que firmen esta acción urgente:

 

radio
Avispa Midia

(Español) Exterminio de los pueblos indígenas ha sido práctica en toda América Latina

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

La discriminación, racismo y exclusión que sufren los pueblos originarios en América Latina por un contexto político y social ‘convulso’, violan los derechos y propician victimización individual y colectiva, por medio de la tortura, penas crueles, inhumanas o degradantes.

El estudio “¡Pues es tortura!”, promovido y coordinado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), rescata las vivencias y conocimientos de las personas que integran el Grupo de Trabajo Pueblos Indígenas y Tortura en América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, México y Nicaragua.

En los últimos años se multiplicaron los intentos en todo el continente de controlar la tierra, el territorio y a la propia población indígena en pro de la implementación de megaproyectos de desarrollo turístico, hidroeléctricos o extractivos y en detrimento de sus derechos fundamentales.

Te puede interesar → México: Escala violencia contra pueblos que resisten a megaproyectos

La tortura generalmente aparece ligada a otras formas de violencia, como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la detención arbitraria y la violencia sexual con base en el género, para mencionar algunas.

“Efectivamente, con este informe se ha podido demostrar cómo la tortura tiene un impacto más allá de lo individual y afecta colectivamente la identidad, la cultura y el ámbito político-organizativo de los pueblos y comunidades”.

Este estudio se enfocó en tres variables: la persistencia del racismo institucional y estructural como “caldo de cultivo” que ha permitido y potenciado que se cometan actos de tortura y malos tratos en total impunidad; las violencias sociales, políticas y económicas a través de la militarización, el endurecimiento de las políticas de seguridad nacional y las leyes anti-terroristas, que vulneran cotidianamente los derechos de los pueblos indígenas; y la violencia en torno a la tierra y el territorio que se manifiesta en el despojo histórico y la usurpación de sus territorios ancestrales.

En América Latina habitan 58,2 millones de personas indígenas, lo que representa el 10% del total poblacional; las mujeres representan el 50,8% de la población total, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con datos de 2018.

Por ello, analizaron el contexto de los siete países donde los pueblos originarios enfrentan tortura por despojo de tierras; protesta social; la criminalización, la estigmatización y las amenazas contra los líderes y las lideresas indígenas; en el contexto de detención o cárcel y a través de actos de violencia sexual y con base al género, en especial en contra de las mujeres indígenas.

Una anciana indígena Achí. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

Despojo 

El estudio da cuenta que el despojo de tierras y bienes puede representar tortura o malos tratos y señalan a autoridades estatales y grupos criminales armados como responsables.

“En estos casos, los Estados incumplen generalmente con sus obligaciones de protección conforme al principio de debida diligencia. Este despojo se da en muchas ocasiones para permitir que empresas y megaproyectos se instalen en territorios indígenas sin consulta previa, primando los intereses económicos y comerciales”.

Estas estrategias provocan desplazamientos, violencia, intimidación y uso excesivo de la fuerza. A su vez afectan a los pueblos originarios en su colectivo, tanto en el ejercicio de sus derechos a la tierra y el territorio como en su cosmovisión, espiritualidad y reproducción social y cultural.

Las mujeres también se enfrentan a altos índices de violencia sexual, a la que se le agrega la tortura que el agresor o los agresores efectúan en el contexto de la detención a través de golpes en partes sensibles del cuerpo de las mujeres, manoseos, desnudez forzada y violencia sexual.

A esto se le suma la represión estatal a partir de la tortura y malos tratos por la protesta social vinculada en América Latina a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, que ha dejado numerosas personas muertas y heridas a lo largo y ancho de todo el continente.

Te puede interesar → Crisis climática y violencia contra defensor@s del territorio se intensifican

El caso de la criminalización, estigmatización y detención de defensores de derechos humanos indígenas se repite en todos los países de la región latinoamericana. La investigación registró el encarcelamiento de 12 personas con denuncias falsas y persecución laboral que muchas veces han terminado en actos de tortura física y psicológica mientras están privados de libertad.

“La cárcel se presenta como un entorno torturante que, en sí misma, afecta de manera específica a las personas indígenas, no solo por las deficientes condiciones de detención, pero también por la falta de consideración de los elementos específicos que respeten al máximo posible sus tradiciones y cosmovisión en el marco de la privación de libertad”.

Discriminación

La región cuenta con una gran diversidad lingüística y cultural, con 424 lenguas distintas (incluyendo castellano, portugués, francés e inglés) de las cuales 107 (el 24,5%) son idiomas transfronterizos que se utilizan en dos o más países. Al mismo tiempo, es la región con mayores desigualdades en el mundo, según CEPAL.

Y son, precisamente, los Estados latinoamericanos que enfrentan a altos índices de discriminación por razones de género, etnia, lengua y clase que dificultan más el acceso a la justicia.

“La clasificación social en ‘razas’, algunas de ellas ‘superiores’ a otras”, remonta al periodo colonial y fue heredada en los procesos de independencia y/o consolidación de los Estados-nación con el propósito de imponerse políticamente, homogeneizar culturas (y en ocasiones erradicarlas) y despojar a los pueblos originarios de sus territorios”.

En América Latina el racismo, profundamente enraizado en los sistemas judiciales, políticos y sociales, permiten las violaciones a la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos en el caso de los pueblos indígenas.

Por ello, tienen un impacto grave en la vida individual y colectiva de los pueblos indígenas. La investigación del Grupo de Trabajo y Frayba señala que en Guatemala se forjó un modelo que racializó al sujeto “indio”, despojándolo de su condición de sujeto de derecho, el cual debía ser “civilizado o civilizada” para su integración a la sociedad en general y para ser considerado “ciudadano” o “ciudadana”.

Nada contrario de lo que sucede en Bolivia, donde el proceso histórico de construcción del Estado se caracterizó por la dominación de la minoría mestiza-criolla y la exclusión de los indígenas del aparato estatal.

A pesar de que la Constitución de 1991 reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas como fundamentales en Colombia, no existe una transformación real de las precarias condiciones de vida de los pueblos indígenas, como tampoco la superación de la desigualdad.

Mientras, en Nicaragua, los pueblos indígenas del Pacífico, el centro y el norte resisten los procesos de dominación y de asimilación cultural forzada, impuestos desde la colonización española por el Estado nacional, y que tienen como común denominador su invisibilización, la negación de sus identidades, tradiciones e historia.

En el caso de las poblaciones indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe –cuya extensión constituye la mitad del territorio nacional nicaragüense-, son objeto en la actualidad de una violenta colonización interna.

En México se repite el mismo patrón con un limitado reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en lo relativo a la autonomía y libre determinación, presentan una continuidad temporal en lo relativo a la discriminación estructural que existe desde la época colonial.

En este contexto, la tortura en la cárcel, por ejemplo, “se caracterizan por la fabricación de confesiones o declaraciones autoinculpatorias, a través de tortura, aprovechándose de la marginación, pobreza y del desconocimiento del castellano por parte de las personas indígenas detenidas”.

“El racismo sigue profundamente enraizado en la cultura latinoamericana, permeando sus sociedades de manera estructural, lo que se ha reproducido a través de sus diversos sistemas económicos, políticos, sociales y jurídicos y ha traído consigo la marginación, exclusión e invisibilización política y social de los pueblos originarios”.

Esto sin descartar que, en AL, el 6% de las personas no cuentan con una vivienda, y aunque la tasa de alfabetización de la población entre 15 y 24 años de edad es del 98,2%, un 8% de la población total no sabe leer ni escribir. El acceso al agua y al saneamiento aún no es universal: el 7% de la población no tiene acceso al agua potable (más de 45 millones de personas) y el 12% carece de saneamiento adecuado.

Protesta en Brasilia contra proyectos legislativos que vulneran el reconocimiento de las tierras indígenas. Foto:APIB

Leyes

En general, los derechos de las personas indígenas son reconocidos, pero no materializados en casi todas las Constituciones latinoamericanas.

En México, para que el despojo de los territorios ancestrales se lleve a cabo, la militarización juega un papel fundamental; y ha sido una de las problemáticas que ha desatado mayor preocupación en derechos humanos.

“Una guerra directa entre cárteles de la droga y el gobierno federal ha traído consigo asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados de miles de personas en el marco de esta estrategia”.

Te puede interesar → En un país militarizado, ¿Quién vigila a la Guardia Nacional?

Por ello, organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT), han expresado la preocupación de la seguridad pública recaiga en las autoridades militares.

Entre 2018 y 2019, Chile y Argentina endurecieron las políticas de seguridad nacional. Por un lado, en Argentina se consideró como un problema de soberanía nacional la existencia del pueblo Mapuche, aumentando el hostigamiento y la criminalización contra el ejercicio de los derechos culturales.

El informe tiene registro de la creación de comandos especiales para combatir la resistencia Mapuche que incrementan la violencia estatal, las detenciones arbitrarias, los montajes judiciales, las privaciones arbitrarias de la libertad, el espionaje, las desapariciones forzadas, la tortura, el uso desproporcionado de la fuerza y los asesinatos.

El pueblo Mapuche en Chile también enfrenta un Estado que aplica de manera discriminatoria la Ley Antiterrorista, criminalizando la protesta social del pueblo originario y somete a largos periodos de prisión preventiva a varios de sus líderes y lideresas.

En este tenor son comunes la falsificación y el ocultamiento de pruebas ante los tribunales para condenar a dirigentes y autoridades tradicionales, y se han realizado muchos operativos policiales violando las normas internacionales y nacionales que regulan el uso de la fuerza.

En Colombia, la población ha vivido un largo conflicto armado que data de la década de los años 50; sus causas inician en la desigualdad en el acceso a las tierras y en la inequidad social y económica.

A esto se le agrega la dinámica del paramilitarismo que, aunado al narcotráfico, con el pretexto de la lucha contrainsurgente, es responsable de graves masacres y desplazamiento forzado como estrategia para el despojo de tierras.

El caso nicaragüense tiene antecedentes de décadas de abuso y discriminación, agravados con el desmantelamiento de la institucionalidad democrática y que se agudizaron con la llegada al poder en 2007 del presidente Daniel Ortega, bajo cuyo gobierno se cometieron los primeros abusos en áreas rurales contra campesinos e indígenas por parte el Ejército.

Mientras, los pueblos indígenas en Guatemala han pasado por épocas históricas que han marcado su existencia, condición y situación de desarrollo social, económico y político. Como ejemplo el periodo del conflicto armado interno de 1960-1996 cuando se cometieron graves violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales que llegaron a ser calificados como genocidio por los tribunales.

“A ello se añadieron masacres, torturas, desapariciones forzadas, actos de esclavitud y violencia sexual cometidos por y desde el Estado”.

Protección 

La falta de investigación, juzgamiento y sanción a los responsables de tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes (TCID) provocan daños inmateriales, morales o psicológicos, en lo individual y colectivo a los pueblos originarios.

Las recomendaciones de la investigación justamente parten de este racismo que se propaga desde el poder, ante la urgencia de que se aplique el marco internacional y nacional de prevención y erradicación de la tortura y otros malos tratos desde una perspectiva colectiva, diferenciada y cultural, que proteja y prevenga la violencia contra los pueblos indígenas.

El Grupo de Trabajo y Frayba emiten recomendaciones específicas para los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, los Estados individualmente considerados, y al movimiento de derechos humanos contra la tortura, en específico al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT).

En ellas piden tipificar a nivel nacional la tortura y los malos tratos de acuerdo con los estándares internacionales y particularmente incluyendo el motivo de la discriminación como uno de los propósitos básicos de la definición de tortura. Asimismo, garantizar que en todos los espacios y mecanismos anti-tortura haya una pluralidad de voces y de experiencias y representación de jóvenes, mujeres y hombres.

Las organizaciones solicitan una elaboración de observaciones generales o informes de fondo a nivel de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano sobre las particularidades de la tortura en los pueblos indígenas, analizando las obligaciones de los Estados de garantizar la prevención, protección y reparación por los actos de tortura desde un enfoque colectivo, diferenciado y cultural.

Al movimiento de derechos humanos contra la tortura y los malos tratos, recomiendan fomentar la formación de personas indígenas en el conocimiento del derecho a nivel nacional y del derecho internacional de los derechos humanos.

El estudio de 120 páginas documenta que la tortura contra los pueblos indígenas ha sido una práctica generalizada en América Latina, utilizada no solo en contextos de conflicto armado sino de manera permanente, en correspondencia con intereses individuales, particulares o privados (por ejemplo, de empresas naciones y transnacionales).

“Los pueblos indígenas la perciben como una forma de exterminio y extinción de sus pueblos. De tal manera, los pueblos indígenas vienen vivenciando importantes formas de tortura a causa de sus luchas por consolidar su propio proyecto político y de desarrollo, cuya fuente principal es el territorio. Y es en torno al territorio que actúan intereses estatales, ilegales y transnacionales, poniendo en alto riesgo la vida y la pervivencia de muchos pueblos indígenas”.

radio
CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

(Español) El Estado mexicano le miente a la comunidad internacional. Mientras tanto las desapariciones y la muerte se mantienen en Guerrero y en todo el país

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Red Nacional contra la Represión

A los medios de comunicación

A las Organizaciones de Derechos Humanos

A un día de la conmemoración de los 103 años del asesinato del General Emiliano Zapata, a un día también de la Consulta de Revocación de Mandato. Abismal diferencia de hechos. Por un lado, Zapata defendiendo la tierra, la vida, la libertad, justicia y ley. Por el otro una disputa por el poder, allá arriba, donde quien llega se olvida de mirar abajo pero ahora le dice al abajo que puede cambiar a su verdugo cada 3 años y no 6, le dice al abajo que tiene que agradecer porque el mandón seguirá mandando, destruyendo la tierra, las selvas, los bosques, el agua, entregando el país al capital extranjero y nacional, privatizando los bienes naturales y explotando a los trabajadores, permitiendo que el crimen organizado asesine y extorsione, pero ahora nos van a preguntar acá abajo, si todo bien o si preferimos que todo lo anterior descrito, lo haga el mismo u otro, otra, un éxito completo ¿De algo servirá que el verdugo cambie cada 3 años?

11 de abril de 2022

Mientras tanto, la realidad sigue golpeando nuestras caras, nos sigue despreciando, asesinando. En el país y en nuestro estado, Guerrero, creen que se puede resolver con discursos, dicen que ya todo lo están arreglando y que todo está bajo control. Tal como hacen en la respuesta del 30 de marzo de 2022 al Comité Contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, respecto a la denuncia que hicimos por la desaparición de nuestros hermanos Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, ocurrida el 25 de enero de 2022 en manos de la policía municipal de Atlixtac y encubierta por la fiscalía, el gobierno municipal, por el gobierno de Guerrero y ahora por el gobierno federal.

1. El Estado mexicano le dice al Comité de las Naciones Unidas: “tengan por presentado el informe […] tenga por atendida la solicitud de información solicitada por el Comité respecto a Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez”. De manera contundente, no dicen nada. Explican que se han reunido con la familia, que han hecho búsquedas y mas reuniones. Pero ninguna detención, es decir, hay desaparecidos y perpetradores, dicen buscar a los desaparecidos, pero no detienen a quienes los desaparecieron, saben que fueron detenidos por la Policía municipal de Atlixtac, que a su vez es protegida por el Municipio, la fiscalía y por el mismo gobierno del Evelyn Salgado, del partido Morena. El Estado se protege a sí mismo, habla bien de sí, cuando dentro del mismo están los culpables y sus cómplices.

2. El mismo 30 de marzo de 2022, día en que el Estado Mexicano le responde al Comité Contra la Desaparición Forzada que “están trabajando y redoblarán esfuerzos”, se reunió la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, para modificar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de tal forma que:

  • El acompañamiento para las personas beneficiadas del Mecanismo de Protección será de un máximo de 5 días al mes.
  • Se deberá solicitar el Mecanismo con 72 horas hábiles de anticipación e itinerario correspondiente.
  • Los acompañamientos dependerán de la disponibilidad de los elementos.
  • Las medidas son de carácter temporal.

Como si la violencia en contra de periodistas no fuera tan brutal. Como si la vida de quienes hacemos el trabajo del Estado Mexicano de brindar seguridad a nuestros pueblos, enfrentando a la delincuencia organizada y a los grupos narco-paramilitares, no estuviera en riesgo todo el tiempo, dentro de nuestras comunidades, en las carreteras, dentro de los municipios, los grupos delincuenciales se mueven con holgura y son informados, solapados y apoyados por las mismas autoridades, como sucedió en Atlixtac donde siguen impunes y fuera de investigación quienes desaparecieron a nuestros hermanos Pablo y Samuel.

Es por lo anterior que como Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, responsabilizamos a los 3 ordenes de gobierno por lo que le pueda suceder a nuestros hermanos y promotores Jesus Plácido Galindo, Isaías Posotempa Silberio, Adán Linares Silverio, Benjamín Sánchez Hernández, a las familias de los desaparecidos Pablo Hilario y Samuel Hernández, así como a cada integrante de nuestra organización. Sepan que los ojos de la comunidad internacional están atentos a la forma en la que nuestros derechos son vulnerados y al desprecio con el que nos miran, la forma en la que mientras dicen trabajar por la aparición de Samuel y Pablo, dejan en total abandono a quienes, si solicitamos el Mecanismo de Protección, no fue por sentirnos importantes o para ganar votos para tener un puesto en el gobierno -tal como ustedes se manejan-, sino porque nuestras vidas están en riesgo y no sólo las nuestras, sino las de miles de personas que en México luchamos por un mundo donde podamos vivir en paz y libertad.

¡BASTA DE SIMULACIÓN!

¡EXIGIMOS LA PROTECCIÓN DE QUIENES LUCHAN POR LA DEFENSA DE LA VIDA!

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

radio
CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Notifrayba: Simón Pedro y la lucha por la vida en medio de una oscura realidad

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

El 5 de julio del 2021 fue asesinado Simón Pedro Pérez López, defensor de derechos humanos, catequista e integrante de Las Abejas de Acteal. Los hechos se dieron en medio de un control territorial por parte de grupos criminales en la región.

radio
CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Estado mexicano incumple recomendaciones de la CIDH para garantizar la seguridad y la vida de la población en el municipio de Aldama, Chiapas

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
11 de abril de 2022
Boletín No. 13

Estado mexicano incumple recomendaciones de la CIDH para garantizar la seguridad y la vida de la población en el municipio de Aldama, Chiapas

  • En el mes de marzo se registraron 437 reportes de ataques armados contra las comunidades.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registró durante el mes de marzo 437 reportes de ataques con armas de fuego en contra de las comunidades del municipio de Aldama, Chiapas. Esto implica el desplazamiento intermitente de cerca 3499 personas, que viven el impacto de la violencia permanente. En este periodo resultaron heridas dos personas a consecuencia de los disparos constantes: un “integrante de la banda de música” originario del municipio de Santiago el Pinar, quien fue lesionado en el tobillo durante la fiesta del Cuarto viernes celebrada en la comunidad de San Pedro Cotzilnam y una niña de 9 años de edad originaria de comunidad Tabac, municipio de Aldama, lesionada en la cabeza. Afortunadamente ambas personas se encuentran fuera de peligro.

Frente a los ataques armados y el continuum de violencia que se agudizó contra las comunidades desde principios del 2018, una comisión del grupo de representantes de los 115 comuneros y el Frayba, solicitaron desde hace 4 años medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien luego de analizar y considerar que existe una “situación de gravedad, urgencia y la posible generación de un daño irreparable”, actualizó el seguimiento de las medidas MC-882-17, MC-284-18 -Familias tsotsiles de veintidós comunidades identificadas en los municipios Chalchihuitán, Chenalhó y Aldama, bajo la Resolución No. 102/21(Seguimiento) con fecha del 15 de diciembre de 2021. Las acciones que han efectuado las autoridades del Estado mexicano para garantizar la vida y la seguridad de la población han sido ineficaces como hemos resaltado constantemente.

El gobierno mexicano ha centrado su atención en el conflicto territorial y para ello el día 3 de marzo del presente año entregó a los comuneros de Aldama el predio Cerro Bola ubicado en el municipio de Ixtapa, sitio que se encuentra a casi 100 kilómetros de su lugar de origen. El mismo día de la ceremonia de entrega del predio la población estuvo bajo ataque constante. Sin embargo, los gobiernos estatal y Federal siguen sin atender la investigación, desarme y desarticulación del grupo agresor, sus fuentes de financiamiento y el vínculo con autoridades estatales y locales.

Lamentamos la negativa del Estado mexicano de dar cumplimiento a las exigencias planteadas por la CIDH, incluyendo la criminalización donde se mantiene en privación arbitraria de la libertad al señor Cristóbal Sántiz López, quien fungía como vocero de los representantes de los 115 comuneros de Aldama, siendo claramente un defensor comunitario preso de manera injusta desde marzo de 2020.

El Frayba manifiesta su preocupación por que el Estado mexicano no respeta, ni proporciona garantías necesarias que protejan la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes de las comunidades de Aldama, por lo que exigimos cumpla con su responsabilidad efectiva de devolver la paz y tranquilidad a la población como parte fundamental de los derechos humanos y por consiguiente el cumplimiento cabal de las recomendaciones de la Resolución No. 102/21 de la CIDH, ya que el municipio de Aldama sigue asediado con agresiones diarias, siendo que al cierre de este boletín, en el mes de abril se han registrado 49 ataques con armas de fuego hacia las comunidades.

-*-

radio
Indigenous Peoples Rights International y CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Desplazamiento e impunidad: Chiapas, México

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

La violencia contra los Pueblos Indígenas en #Chiapas no ha parado. En los Altos, un grupo de corte paramilitar aprovecha la impunidad para seguir operando, intensificando agresiones y desplazamiento forzado. Los Pueblos Indígenas viven en continua violación a sus derechos. Esta es la historia de Aldama, Chalchihuitán y Acteal. Un documental de IPRIMéxico y Frayba Derechos Humanos.