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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

^{En portada: Comunidades indígenas de Chiapas se movilizan para exigir la libertad de cinco defensores de Cancuc, presos arbitrariamente y acusados con pruebas fabricadas por la fiscalía de Chiapas. Junio, 2022.}

Para visibilizar la violencia contra pueblos originarios de México a partir de la presencia del crimen organizado, grupos herederos del paramilitarismo y organizaciones armadas con historia política, Indigenous Peoples Rights International (IPRI) realizó un informe que contiene el análisis y sistematización de 16 casos de violaciones graves de derechos humanos durante 2021.

En este ejercicio se identificaron siete tipos diferentes de violaciones graves a los derechos humanos en el año 2021 y reconoce que existen más agresiones de las que lograron documentar a profundidad.

Cinco de los casos presentados son por desplazamiento forzada, tres por desaparición forzada, tres por homicidio, dos por violación al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), uno por criminalización, uno por despojo del territorio y uno por violación al derecho humano al reconocimiento de la personalidad jurídica.

El coordinador de la iniciativa en este país, Abel Barrera, dijo que el trabajo de documentación se realizó en dos años con visitas a determinadas zonas de ocho entidades que integran el estudio que realizaron con organizaciones aliadas.

“Los rarámuris han sido despojados históricamente de sus territorios”, hizo hincapié en la presentación de la investigación, “la región de Chihuahua es como el México olvidado, sometido por la delincuencia organizada; no respetan las formas de vivir de los pueblos”.

En el sur, lamentó que los pueblos originarios estén en la primera línea de fuego que provocan los grupos paramilitares que están presentes en Chiapas, donde los desplazamientos forzados también son un fenómeno recurrente.

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Agregó que en Guerrero las resistencias enfrentan los promotores de los megaproyectos y como en los demás estados, existe persecución de líderes indígenas como el caso de Marco Antonio Suástegui, quien enfrenta la desaparición de un hermano; delito que también va en aumento.

En Loma de Bacúm, Sonora, son 10 las personas desaparecidas, dijo la también coordinadora de este informe, Anabela Carlón, “tiene que ver mucho con el despojo y la criminalización del pueblo yaqui”.

Carlón mencionó que en Zitácuaro, Michoacán está lucha contra el crimen organizado, en Guerrero contra la desaparición forzada, en Chiapas por desplazamiento forzado, y en ese tenor destacó el caso de Laguna Larga, donde más 450 guatemaltecos sobreviven en condiciones adversas e inhumanas en la franja fronteriza que colinda con Candelaria, Campeche.

El asedio que se da por grupos paramilitares en Chiapas, por empresarios en Chihuahua, por la delincuencia organizada en Guerrero es principalmente contra los territorios originarios, agregó Barrera, “es algo grave que está documentado”.

Desigualdad

Los coordinadores del estudio hablaron sobre la preocupación por la dinámica estructural, las condiciones de desigualdad que impiden el goce de derechos para individuos y comunidades.

Las agresiones a partir de la discriminación buscan eliminar la organización comunitaria, dijo Carlón, “los pueblos defienden sus derechos con organización y con litigios en los que siempre están en desventaja. Aún cuando los pueblos indígenas ganan cualquier litigio, no son ejecutados, no los vemos materializados en acciones verdaderas hacia los pueblos”. Como ejemplo, mencionó la situación de los movimientos por los derechos colectivos al territorio y al agua de los yaquis de Sonora.

Los 16 casos son presentados en historias narradas desde los pueblos originarios. El apartado de Chiapas destaca el caso de Acteal con la mención del reciente asesinato del defensor de los derechos humanos, Simón Pedro Pérez.

En Michoacán, en el municipio de Zitácuaro, las comunidades mazahua y hñahñu de Crescencio Morales, Donaciano Ojeda, Francisco Serrato y los ejidos Francisco Serrato y Carpinteros, que son amenazados por el crimen organizado y el gobierno del estado.

Abel Barreda dijo que, en general, el tema es complicado en este momento y ejemplificó el contexto de municipios como San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; así como los asesinatos de defensores de derechos humanos en territorios indígenas donde no hay avances en las investigaciones de las autoridades locales.

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Mencionó la grave situación de la comunidad Paso de la Reyna, Oaxaca en la lucha por río Verde; además de Homún, Yucatán y el caso del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) Guerrero.

Citlali Hernández, coordinadora del trabajo de IPRI en México, dijo que están atentos de lo que pasa en Jalisco pero el tema no fue mencionado por razones de seguridad, pues se trata de acoso y asesinato de autoridades indígenas como en el pueblo de San Juan Bautista de la Laguna, donde no hay respeto por la autonomía de la comunidad.

En el trabajo de documentación, IPRI hizo recomendaciones que van desde establecimiento de un marco jurídico que garantice los derechos colectivos de los pueblos indígenas para solucionar la crisis humanitaria del desplazamiento; por mencionar alguna.

“Se debe intervenir para romper el pacto de impunidad y la colusión de instituciones estatales con el crimen organizado y grupos herederos del paramilitarismo”. En los casos de homicidios y desaparición forzada, seguimiento puntual a las denuncias penales, a las denuncias públicas y a las acciones urgentes.

El informe incluye relatos de Monterde y el Manzano, Chihuahua; Bosques de San Elías Repechique, Chihuahua; Tehuerichi, Chihuahua; Huitosachi, Chihuahua; Aldama y Acteal en Chiapas; Loma de Bácum, Sonora; Zitácuaro, Michoacán; Homún, Yucatán; Chablekal, Yucatán; Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) Guerrero; Paso de la Reyna, en Oaxaca; y Laguna Larga, Guatemala.

IPRI tiene registro que en el periodo 2020- 2023, los países focales están en África, Asia y América Latina, y son aquellos con altos índices de criminalidad e impunidad: Colombia, México, Brasil, Filipinas, India, República Democrática del Congo y Kenia.

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Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

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Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

Son más de 2 mil días en prisión. Han pasado tantas cosas fuera de los muros, pero la memoria esta fresca, como si todo hubiera sucedido ayer. Fidencio Aldama, originario de la Tribu Yaqui, del estado de Sonora, rememora siempre que puede por qué esta en el encierro y culpa directamente al gobierno y a la transnacional estadounidense Sempra Energy de ello.

Fidencio fue llevado a prisión desde octubre del año 2016 por un supuesto homicidio que el sostiene que no cometió. Tiene presente cada acontecimiento en el que participó y contextualiza en un audio (recientemente publicado por la red de activistas que los apoyan), que antes de que lo detuvieran, “habían estado consultando con el pueblo de Loma de Bácum sobre el proyecto de la construcción de un gasoducto, en donde se organizaron varias reuniones”, refiriéndose al gasoducto denominado Guaymas-El Oro, de la empresa Ienova, filial de Sempra Energy, el cual pretendía cruzar por 90 kilómetros dentro del territorio Yaqui.

El preso político recuerda que en aquel momento se habían reunido los 8 pueblos de la Tribu Yaqui, en el pueblo de Loma de Bácum, dónde se llegaron a algunos acuerdos sobre este proyecto. La empresa ofreció entre 150 y 300 pesos mexicanos por metro lineal por donde cruzaría este ducto.

Según cuenta el indígena, las personas interesadas en que el gasoducto cruzara por el territorio Yaqui, “observaron que los 8 pueblos se estaban organizando y se percataron de la fuerza que estaba tomando la tribu, por esta razón optaron por sobornar para poder dividir a los pueblos, comprando conciencias, al grado de querer imponer a gobernadores (de cada pueblo) para que aceptaran el trato del gasoducto”.

Ver investigación Los “Ventajosos” beneficios de Sempra Energy en México

El único pueblo que no lograron convencer fue Loma de Bácum. Incluso, en la propia Acta Marco de la Consulta Previa, Libre e Informada, realizada por la Secretaría de Energía (SENER) y la empresa Ienova, se establece que dicha consulta fue aprobada por los 8 pueblos que conforman la Tribu Yaqui, pero este documento, en los espacios que corresponden al pueblo de Loma de Bácum, quedaron vacíos, es decir, nadie firmó esta supuesta consulta.

La comunidad de Loma de Bácum determinó no aprobar este proyecto, ya que consideraban que, por la cercanía de las viviendas, se corría un alto riesgo. Al menos en ese sentido, la Consulta sí anunció este posible riesgo, ya que el gasoducto llamado Guaymas-El Oro, transportará diariamente 510 millones de pies cúbicos de gas metano, “altamente inflamable en contacto con el oxigeno”, considerando que las temperaturas que alcanzan al momento de transportar el metano alcanzan “un intervalo de 10 a 50 grados centígrados”, se estipula en el Acta de la Consulta, lo que significa que con alguna fuga podría estallar.

El asesinato

Un juez federal en el juzgado séptimo de distrito con sede en Ciudad Obregón, ordenó la suspensión de la construcción de este gasoducto, al menos en el área de influencia de Loma de Bácum, por no tener el consentimiento de toda la tribu. No obstante, la filial de Sempra Energy continuó con sus labores de construcción. Fue así que este pueblo decidió parar la construcción por sus propias manos apegados la libre determinación como pueblo indígena. Fueron acusados por Ienova como acto de sabotaje.

Fidencio cuenta que, “al no conseguir las firmas de la totalidad de los 8 pueblos, decidieron accionar un ataque hacia Loma de Bácum”.

Fue así que el primero de octubre de 2016 un grupo armado irrumpió en la comunidad que no quiso firmar. Lo que pretendían dice Fidencio, era “derrocar a las autoridades tradicionales de la comunidad e imponer otras autoridades a favor del gasoducto. Este ataque dejó un muerto, varios heridos y doce vehículos quemados”.

El fallecido en esta trifulca respondía al nombre de Cruz Buitimea Piñas, responsabilizando a Fidencio Aldama por su muerte, motivo por el cual fue detenido y trasladado al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Ciudad Obregón, en Sonora.

Fidencio hoy se considera un preso político y, asegura que en la carpeta de investigación de su caso “existen muchas irregularidades y anomalías, por ejemplo, no concuerda el arma que yo portaba ese día, era un arma calibre 45 y el proyectil del arma de fuego que impacto y dio por muerte a Cruz fue un calibre 22 y aun así el juez no tomó valida mi prueba dejándome como asesino, siendo que soy todo lo contrario, inocente”.

El indígena Yaqui, como parte de la Guardia Tradicional de este pueblo, tenía el derecho de estar armado con ciertos tipos de armas para velar por la seguridad del pueblo, tal y como lo marca la ley mexicana y apegados a la libre determinación como pueblo originario. “En la vigilancia de la tribu Yaqui siempre me esforcé por hacer lo correcto, de vigilar y velar por la comunidad, patrullaba los linderos del pueblo por los problemas de robo de ganado o el ingreso de personas desconocidas al territorio, cuando estas desobedecen son llevados ante las autoridades tradicionales”, comparte Fidencio.

Entre las palabras que comparte Fidencio, sin duda alguna, se considera “una persona de buena conducta”, tan es así que, para obtener su libertad, le ha apostado a la solidaridad y a seguir “las reglas internas del CERESO. Practicando el deporte como el fútbol, me mantengo elaborando cuadros para subsistir aquí adentro, así como también me encuentro estudiando, ya que me gane dentro del centro la confianza, dándome la oportunidad de estudiar la preparatoria, trato de aprovechar el tiempo”.

Al final de su audio-carta, llama a su pueblo para seguir luchando y para no dejarse vencer.

Más beneficios a Sempra Energy

El pasado mes de enero, La Comisión Federal de Electricidad (CFE), representada por su Director General Manuel Bartlett Díaz, y la empresa Sempra Energy, a través de su Presidenta para México Tania Ortiz Mena (ex consejera de la Comisión Reguladora de Energía), firmaron un acuerdo que contempla la reanudación de la operación del gasoducto Guaymas –El Oro, a través de una nueva ruta “que deriva del entendimiento mutuo entre la comunidad Yaqui y la CFE, privilegiando el diálogo y el respeto”, anunciaron en un boletín de prensa.

De acuerdo con estas instancias, con esta nueva ruta, la CFE podrá abastecer de gas natural a mercados industriales, comerciales y residenciales de los estados del Pacífico Mexicano, Baja California Sur, así como a la terminal de licuefacción de Topolobampo.

La empresa Sempra Energy no perdió ni un peso, ya que mientras la construcción fue detenida, el gobierno mexicano en turno, que presidía Enrique Peña Nieto y, con la administración actual, con Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, recibió el pago de sus servicios como si los estuviera brindando.

Esto fue debido a que en los contratos se establecieron clausulas que Obrador, cuando recién asumió el poder, les llamo de “ventajosas y leoninas”, las cuales se apegaban a clausulas de “fuerza mayor y caso fortuito”.

A parte de reactivar el Gasoducto Guaymas-El Oro, el acuerdo da mayores beneficios a la empresa Sempra Energy, ya que se le adjudica directamente el desarrollo conjunto de la terminal Vista Pacífico LNG, en Topolobampo, Sinaloa. Esta terminal permitirá la importación de alrededor de 4 millones de toneladas métricas de gas natural por año, proveniente desde las cuencas de Texas hasta Topolobampo. “En apego al compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de suministrar al estado con electricidad de bajo costo y combustibles menos contaminantes y más amigables con el medio ambiente”, según la CFE.

Reunión con Sempra Energy

El presidente de México cerró este miércoles (13) una gira de dos días por Estados Unidos, donde sostuvo una reunión con el presidente de este país, Joe Biden. También acudió al encuentro denominado CEO Dialogue, una reunión con empresarios de ambos países, donde figuró el magnate Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo. También brilló la presencia de, Jeff Martin, director ejecutivo de Sempra Energy y de Tania Ortiz Mena, directora general de la subsidiaria estadounidense Ienova.

López Obrador sostuvo que las empresas estadounidenses planean invertir 40 mil millones de dólares en México de aquí a 2024, principalmente en el sector energético.

Sempra Energy es una de las transnacionales que va acaparando diversas ramas del sector energético en México pues integra el transporte, almacenamiento y distribución de gas (natural, etano y LP), además de la generación de electricidad y almacenamiento de productos refinados.

Tan solo en 2018, ya contaba con 17 gasoductos en México, seis terminales de almacenamiento, cinco complejos de energía solar, tres de energía eólica y una termoeléctrica. También están a cargo de 6 de los 16 puntos de interconexión para importación de gas proveniente de los Estados Unidos.

Al cierre de 2020 su presencia abarca a 17 estados de la República Mexicana con 10 mil millones de dólares en activos totales, “posicionándonos como una de las empresas privadas de energía más grandes del país”, rezan los informes financieros de esta empresa.

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El 12 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos #CIDH realizó una visita in situ en el municipio de Aldama, #Chiapas, para dar seguimiento a las #MedidasCautelares MC-274-18 otorgadas en abril del año 2021 a 12 comunidades de este municipio.

De enero del 2021 a la fecha se registró el asesinato de 3 personas y 7 más heridas. En lo que va del año 2022 han sido atacadas en más de 1,000 ocasiones las comunidades, siendo utilizadas armas de grueso calibre en medio de una “disputa territorial” en la que emergen violencias de grupos armados que controlan el territorio a través del terror y ataques sistemáticos contra la población maya tsotsil dejando consigo impactos permanentes y prolongados, tanto individuales como colectivos contra la población civil.

Fotografías: CdhFrayba

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AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA
AL CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDIA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y DIGNOS
A LAS ORGANIZACIONES DE LUCHAS DIGNAS
Al pueblo de México:

¡EXIGIMOS JUSTICIA NO DISCURSOS MAÑANEROS!

El 22 de junio recién pasado, en un acto público efectuado en el campo militar numero 1, se dieron a conocer algunas acciones para el esclarecimiento de la llamada “Guerra sucia” efectuada entre los años 1965 a 1990, que realiza o pretende realizar el gobierno federal.

A nosotros, militantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.), viendo y oyendo ese evento, nos han surgido varias preguntas:

¿Porque hasta 1990?, ¿Por qué no se investiga a los muertos, desaparecidos y encarcelados por el estado mexicano después de esa fecha? ¿Se protege a alguien?

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,

05 de julio de 2022.

Boletín No. 24

Simón Pedro, piedra y fortaleza para la paz

• Símbolo que articula las exigencias de paz y justicia en Chiapas.
• Un año de su asesinato y la violencia y los grupos armados proliferan junto a la criminalización de las personas defensoras.

A un año del asesinato de nuestro compañero Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro), las circunstancias de violencia criminal se han agudizado drásticamente, vivimos en un estado convulsionado, contraído en sus funciones gubernamentales y de Estado. Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), y en medio de un abrazo colectivo, caminamos junto a la familia de Simón Pedro y a La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, en el horizonte de verdad y justicia en el contexto de la proliferación de grupos criminales en la región de Los Altos, Norte y Selva fronteriza de Chiapas.

Simón Pedro Pérez López nació, creció y vivió en nuevo Israelita, una comunidad al norte del municipio de Simojovel, Chiapas; su nombre deviene del primer apóstol de Jesucristo, Simón Pedro, el pescador, su parentesco no es solo en el nombre sino también en la fortaleza y la palabra. Al igual que el pescador de Capernaum, se dedicó a llevar la palabra de Dios, palabra liberadora que desde su ser indígena, campesino y carpintero, convivio con la práctica de quienes vienen de la tierra; sembrar, cultivar y construir para edificar lo caminos de la paz.

Como hace un año, la violencia se cierne en Chiapas y resuena en la región de Los Altos como nunca antes. La división comunitaria, multiplicación de grupos armados, crimen organizado enquistado en las estructuras políticas, actores difusos ejerciendo el control territorial, político y económico en la región. El 5 de julio del 2021 quisieron borrar con terror, violencia y miedo, la digna voz de los pueblos que se organizan contra la realidad de muerte.

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Fuente: Viaje Zapatista

Desde Slumil K´Ajkemk´Op denunciamos enérgicamente y con suma indignación las amenazas de muerte en contra de las y los observadores nacionales e internacionales miembros de las Brigadas Civiles de Observación (BriCO) y la obstaculización de trabajo de defensa de DDHH del Centro de Derechos Humanos, Frayba, por parte de grupos armados de la región.

Estos grupos de corte paramilitar han venido agrediendo, desde 2019, a las comunidades indígenas zapatistas de Nuevo Poblado San Gregorio (Nuevo San Gregorio), territorio recuperado pacíficamente en 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Debido a la ausencia del Estado mexicano en la solución de este conflicto que pone en peligro la vida, la integridad y la seguridad de las comunidades indígenas zapatistas de Nuevo Poblado San Gregorio (Nuevo San Gregorio), el Frayba instaló campamentos de Brigadas Civiles de Observación con la finalidad de documentar de manera confiable y fidedigna las condiciones de peligro en las cuales los zapatistas sobreviven día con día.

Ahora, las amenazas de muerte por parte de estos grupos armados han alcanzado a las y los observadores de BriCO, obstaculizando así de manera masiva el trabajo de defensa de los DDHH en esta región.

Esta es una situación de extremadamente preocupante, que no debería existir en un gobierno que se dice democrático y que afirma públicamente respetar los derechos humanos.

Desde nuestros territorios insumisos y rebeldes hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional solidaria con los zapatistas, a manifestarse por la vida y en contra de las amenazas de muerte y de las agresiones de los grupos armados.

• Exigimos que el Estado mexicano respete la defensa de los Derechos Humanos en conformidad a los acuerdos internacionales que ha firmado y ratificado.
• Exigimos cese inmediato a las amenazas de muerte contra las y los observadores de DHH del Frayba.
• Exigimos cese inmediato de los ataques armados contra la población de los pueblos Emiliano Zapata y La Resistencia y demás comunidades de la región Moisés Gandhi.
• Exigimos investigaciones correspondientes, serias y profundas, a fin de sancionar a los autores de los delitos señalados y de las violaciones a derechos humanos.
• Exigimos se garanticen las medidas de no repetición a fin de salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen su derecho a la libre determinación y autonomía en el marco de los acuerdos de San Andrés, el convenio 169 de la OIT y las Declaraciones sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU y OEA.

Para más información sobre los hechos ocurridos, consultar aquí:

https://frayba.org.mx/amenazas-de-muerte-contra-observadores-nacionales-e-internacionales

Lxs Zapatistas No están solxs!

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

Cinco observadores de las Brigadas Civiles de Observación (BriCO) se retiraron de la comunidad tsotsil Nuevo San Gregorio, en Chiapas, ante la falta de garantías de seguridad y la agudización de los ataques contra el territorio zapatista.

Al parecer, las agresiones vienen de personas del ejido San Gregorio, Ranchería San Andrés Puerto Rico, Ranchería Duraznal y Ranchería Rancho Alegre que buscan desplazar a los zapatistas y apropiarse del territorio.

Los ataques iniciaron en 2019 y, desde entonces, son constantes, según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). Por ello, el 3 de marzo de 2021, se instaló en la comunidad el campamento de las BriCo.

Sólo en 2022, las brigadistas documentaron 21 agresiones en contra de cinco familias –27 personas- que habitan Nuevo San Gregorio, localidad perteneciente al territorio colectivo del municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas, del Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”, de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”.

En las videograbaciones del trabajo de observación, una joven denunció que fue amenazada con ser secuestrada por uno de los ‘invasores’. “Sentí miedo, sentí mucho miedo. Antes podíamos salir a caminar, a cargar leña con todos mis hermanos y mis papás, pero desde que empezó el problema ya da miedo. Regresé temblando”.

Los más pequeños plasmaron en dibujos el contexto de la comunidad. “No hay días que no vengan, así como se ve en los dibujos vienen con palos y machetes”, dijo una adolescente. Mientras un niño dijo sentirse muy triste por todo lo que están viviendo.

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