San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

5 de mayo de 2026

Boletín No. 5

El CED de la ONU emite una Acción Urgente por la desaparición forzada de Ángel Jiménez López, indígena maya tseltal del municipio de Nicolás Ruiz, Chiapas

El 1 de mayo de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos transmitió al Estado mexicano la Acción Urgente No. 2316/2026, relativa a la desaparición forzada del señor Ángel Jiménez López, indígena maya tseltal, del municipio de Nicolás Ruiz, Chiapas. Ángel fue desaparecido el 24 de abril de 2026 por un grupo vinculado a la delincuencia organizada, en el contexto de violencia generalizada en la región y hasta la fecha no existe información sobre su suerte o paradero.

Ante esta situación, el Comité ha requerido al Estado mexicano que emprenda de manera inmediata acciones de búsqueda y localización, además de una serie de medidas orientadas a fortalecer la investigación y garantizar la participación de la familia y sus representantes.

1. Búsqueda del Sr. Ángel Jiménez López e investigación de su alegada desaparición forzada.

El Comité solicita que los procesos de búsqueda e investigación se desarrollen bajo una estrategia integral y coordinada, con un plan de acción y un cronograma claro para su ejecución inmediata. Estas acciones deben realizarse con la debida diligencia, considerando todas las hipótesis y la información disponible, incluido el contexto en el que ocurrieron los hechos, así como la identificación de los perpetradores materiales e intelectuales.

2. Acceso a la información y participación de los allegados y representantes del Sr. Ángel Jiménez López.

Las autoridades responsables deberán informar periódicamente a los allegados y representantes de Ángel sobre los avances en la búsqueda y la investigación, incluyendo los retos enfrentados y los resultados obtenidos. Asimismo, deberán garantizar su participación efectiva en todas las etapas de los procesos, asegurando que sus aportes, experiencias, sugerencias y cuestionamientos sean tomados en cuenta como insumos para fortalecer las acciones emprendidas.

El CED subraya la urgencia de que las autoridades mexicanas actúen de inmediato para buscar y localizar a Ángel, e instruye al Estado a implementar cada una de las recomendaciones transmitidas, informando sin demora sobre las medidas adoptadas a más tardar el 15 de mayo de 2026.

El pueblo organizado del municipio de Nicolás Ruiz, la familia de Ángel y sus representantes reconocemos la disposición del Comité para velar por los derechos humanos de las personas indígenas desaparecidas. En virtud de las obligaciones establecidas en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, exigimos al Estado mexicano implementar todas y cada una de las recomendaciones de la Acción Urgente No. 2316/2026 y demostrar su voluntad real y efectiva para dar con el paradero con vida de Ángel Jiménez López, así como de las demás personas desaparecidas en Chiapas.

En México según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) ha registrado 133,637 personas desaparecidas y no localizadas. En Chiapas se reportan 1,991 personas desaparecidas, de los cuales 573 personas desaparecidas son registradas en el periodo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

En los municipios de la región han desaparecido 22 personas, en Venustiano Carranza 7; en Teopisca 3; en Amatenango del Valle 4; en Nicolas Ruiz 1; en Acala 3 y en Villa Las Rosas 4. Estas desapariciones ocurren en un contexto de violencia generalizada y sistemática provocada por grupos armados vinculados con la delincuencia organizada, que operan con la aquiescencia y tolerancia de autoridades mexicanas.

El caso de Ángel ejemplifica la grave situación de seguridad en la zona y el contexto de las desapariciones forzadas en Chiapas y todo el país, que motivo al CED en abril de 2026 solicitar al Secretario General de la ONU que remita la crisis de desapariciones en México a la Asamblea General.

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A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México

A los mecanismos internacionales de derechos humanos

A los pueblos de México y del mundo

A la opinión pública nacional e internacional

Han pasado 16 años desde el asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, ocurrido el 27 de abril de 2010 en el camino hacia San Juan Copala, Oaxaca.

Dieciséis años no han sido suficientes para alcanzar justicia.

Pero sí han sido suficientes para evidenciar algo más profundo:

el fracaso estructural de las instituciones de justicia en México y la responsabilidad directa del Estado en la reproducción de la impunidad.

El caso de Bety y Jyri no es únicamente un expediente sin resolver.

Es un símbolo de la impunidad institucionalizada, donde la omisión, la negligencia y la complicidad han operado como política de Estado.

A lo largo de estos años, las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia no solo han fallado, sino que han contribuido a sostener un sistema donde la violencia contra quienes defienden la vida y el territorio no tiene consecuencias.

Hoy, este caso debe ser entendido no como un hecho del pasado, sino como una advertencia vigente.

LA IMPUNIDAD SE REPRODUCE

Los asesinatos y desapariciones de personas defensoras continúan ocurriendo.

El caso de Sergio Rivera Hernández, defensor del río Coyolapa desaparecido en la Sierra Negra de Puebla, es un ejemplo doloroso de cómo la impunidad se mantiene viva. Su desaparición forzada sigue sin resolverse, evidenciando la incapacidad y falta de voluntad del Estado para garantizar verdad y justicia.

En el contexto actual del gobierno de Salomón Jara Cruz, se han registrado nuevos hechos de violencia contra defensores del territorio, que reflejan la continuidad de un patrón:

– Agresiones y asesinatos que permanecen sin esclarecimiento.

– Desapariciones forzadas sin verdad ni justicia.

– Falta de garantías reales de protección para comunidades en resistencia.

– Un entorno donde la defensa del territorio sigue siendo una actividad de alto riesgo.

Estos hechos no son aislados.

Son la expresión de un continuo histórico de violencia e impunidad, donde el Estado no solo es incapaz de proteger, sino que termina siendo parte del problema.

EXTRACTIVISMO E IMPUNIDAD

La violencia contra las comunidades y sus defensores está profundamente vinculada a la imposición de proyectos extractivos.

En el territorio mixteco, las concesiones mineras continúan siendo una amenaza directa contra la vida, el agua y la autonomía de los pueblos. Estas concesiones han sido otorgadas sin el consentimiento de las comunidades, generando conflictos, despojo y violencia.

La impunidad en casos como el de Bety Cariño, Jyri Jaakkola y Sergio Rivera Hernández no puede entenderse sin este contexto de intereses económicos y políticos que priorizan el extractivismo sobre la vida.

UN LLAMADO INTERNACIONAL FRENTE A LA IMPUNIDAD

Frente a este escenario, el caso de Bety Cariño y Jyri Jaakkola debe ser asumido como un caso paradigmático de impunidad en México.

Por ello, demandamos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México:

– Que se pronuncie públicamente sobre este caso como ejemplo de la crisis estructural de derechos humanos en el país.

– Que visibilice la responsabilidad del Estado mexicano en la perpetuación de este ciclo de impunidad.

– Que dé seguimiento a la situación de personas defensoras desaparecidas y asesinadas en México.

Asimismo, exigimos la cancelación de las concesiones mineras en territorios de la Mixteca, por representar una amenaza estructural a los derechos de los pueblos indígenas.

MEMORIA QUE DENUNCIA, MEMORIA QUE RESISTE

Nombrar a Bety, Jyri y Sergio no es un acto simbólico.

Es una denuncia viva.

Es recordar que en México se puede asesinar o desaparecer a quienes luchan por la vida y que, después, no pasa nada.

Pero también es afirmar que los pueblos no olvidan.

Que la memoria es una forma de resistencia.

Y que frente a la impunidad, la dignidad sigue organizándose.

¡BETY, JYRI Y SERGIO VIVEN EN LA LUCHA DE LOS PUEBLOS!

¡ALTO A LA IMPUNIDAD ESTRUCTURAL!

¡CANCELACIÓN DE LAS CONCESIONES MINERAS!

¡EL ESTADO MEXICANO ES RESPONSABLE!

San Cristóbal de las Casas a 27 de abril de 2026

“A ellos les gritamos: ¡Deténganse! ¡Es tiempo de Paz!” León XIV

A los hermanos y hermanas del pueblo organizado de Nicolás Ruíz
A los hermanos y hermanas de la comunidad parroquial de San Bartolomé de los Llanos

Como diócesis de San Cristóbal de las Casas, saludamos a su corazón que sufre el dolor ante la situación de violencia que han vivido en los últimos días; especialmente a las familias que lamentablemente han perdido un ser querido.

Reconocemos y valoramos su caminar de lucha y resistencia por mantener a su pueblo organizado desde la asamblea de bienes comunales. Como nos ha enseñado el Papa Francisco, “sigan siendo artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia” (Carta Enc. Fratelli Tutti, Nº. 225).

Estos hechos violentos ocurridos contra la comunidad de Nicolás Ruíz y Venustiano Carranza, evidencian que desde el gobierno no se cuenta con una verdadera estrategia para combatir al crimen organizado y a los grupos delictivos; a pesar del discurso oficial de que en Chiapas no se iba a tolerar a los grupos del crimen, como Agentes de Animación y Coordinación Pastoral, constatamos que los grupos de la delincuencia siguen operando y controlando los territorios de nuestro estado en completa impunidad, generando amenaza, persecución, desapariciones y muerte.

Como diócesis de San Cristóbal de las Casas, requerimos: Que se garantice la seguridad e integridad de los pueblos de Nicolás Ruíz y Venustiano Carranza. Que de parte del gobierno estatal se implemente una verdadera estrategia de paz que garantice la seguridad, justicia e integridad de cada una de las personas de nuestro estado de Chiapas.

Como diócesis nos sumamos a las demandas del pueblo organizado de Nicolás Ruiz:

· Investigación pronta y dirigente de los hechos ocurridos
· La reparación de todo el daño que se ha causado
· La aparición con vida del hermano Ángel Jiménez López
· El Derecho a vivir en Paz desde el convenio 169 de la OIT
· Que se garantice la seguridad de los pueblos que construyen la Paz

“Basta ya de la guerra” León XIV

DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Pbro. Víctor Manuel Pérez Hernández
Vicario General

· Rodrigo Aguilar Martínez
Obispo de San Cristóbal de Las Casas

Hna. Carolina Lara Rodríguez
Vicaria de pastoral

Pbro. Bernabé Antonio Altamirano Díaz
Coordinador de la Pastoral Social

Hna. Micaela Méndez Vázquez, OSF.
Secretaria Canciller

Pbro. Miguel Ángel Montoya Moreno, MSC
Vicario de Justicia y Paz

Comunicado del Pueblo de Nicolás Ruiz.

A los medios de comunicación nacional e internacional
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
A las organizaciones que luchan por los derechos humanos
A la sociedad civil
A los pueblos organizados que luchan por la paz y la justicia del estado de Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de Las Casas

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Compañeros y Compañeras,

1. Nosotros no confrontamos a las camionetas o vehículos blindados, simplemente se les pidió que se identificaran, ellos se negaron y con actos de violencia enfrentaron a los encargados de la vigilancia. Nosotros solamente nos defendimos de los disparos que iban haciendo con armas de alto calibre a su paso por nuestro pueblo.
2. La situación de Venustiano Carranza es lamentable y nos duele, pero ellos tienen su propia historia de lucha, aunque esperamos que ellos tengan solución a sus problemas.
3. Nuestro pueblo de Nicolás Ruiz, Chiapas es un pueblo organizado con usos y costumbres no pertenecemos a ninguna organización delictiva o carteles que operan en nuestro Estado de Chiapas, México y nunca perteneceremos. Estamos en acuerdo con otras comunidades como NUEVO LEÓN, ZHINTUL, LLANITOS, MATAMOROS, PONCIANO Y GUADALUPE VICTORIA.
4. Exigimos la recuperación de nuestro compañero Ángel Jiménez López que fue levantado cuando pasaron las camionetas fuertemente armadas por nuestro territorio de Nicolás Ruiz.

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COMISARIO DE BIENES COMUNALES NICOLÁS RUIZ

Amadeo López Méndez

PRESIDENTE MUNICIPAL NICOLAS RUIZ

Audelio Jiménez Gómez

Nicolás Ruiz, Chiapas, México.
25 de abril de 2026

Boletín de prensa
Ataque armado a nuestro pueblo organizado, contra la violencia sistemática y generalizada en
Chiapas.

A los medios de comunicación nacional e internacional
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
A las organizaciones que luchan por los derechos humanos

Hermanas y hermanos,

Somos un pueblo tseltal, que lo único que defendemos es la paz en nuestro territorio.

Lamentablemente el día 24 de abril de 2026, nuestro pueblo volvió a ser blanco de ataque de grupos del crimen organizado o paramilitares, que el gobierno y todos los niveles de gobierno saben muy bien quienes son. Ayer aproximadamente las 15:00 horas, cinco camionetas con gente armada entraron a nuestro pueblo: tres entraron del lado de los terrenos de San Juan y dos del lado de los predios de Santa Lucia, estos últimos pasaron por el pueblo disparando y asesinando a José Alfredo Jiménez Paredes y Luis Angel Gómez Ramírez; resultando heridos Romeo López Pérez y Raquel López Díaz. Hasta momento nuestro compañero Ángel Jiménez López se encuentra desaparecido y no sabemos a donde se lo llevaron, aunque el día de hoy, recibimos el reporte de que una persona se encontraba tirada al lado de la carretera en la colonia 20 de noviembre pero no era nuestro compañero desaparecido y nuestra incertidumbre ha crecido.

Los médicos tienen miedo de poner en las actas de defunción de nuestros compañeros caídos la verdad de cómo los encontramos y cuál fue la causa de la muerte, y quieren poner que la causa de la muerte es “natural”, ningún natural, fueron víctimas de la violencia generalizada y sistemática que hemos vivido en Chiapas y en todo México.

Por la tarde de ayer, el delegado de gobierno Juan Luis Zarasua, acudió a nuestro pueblo para ofrecernos retenes policíacos, nosotros no estamos solicitando eso, somos nosotros mismo que hemos restablecido la paz y no el mal gobierno, porque somos un pueblo organizado desde nuestra Asamblea de Bienes Comunales y exigimos respeto a nuestro territorio.

Recordamos que el año pasado, nos organizamos como Alianza por la Seguridad y el Bien de nuestros Territorios, conformada varias comunidades aledañas para las guardias comunitarias, haciendo rondínes para evitar que entre la delincuencia en nuestros territorios. Tomamos estos acuerdo porque vimos que las autoridades estatales y federales han omitido su responsabilidad en la seguridad o son parte de la violencia generalizada. Así como pueblos organizados seguiremos trabajando por la construcción de paz.

Nosotros no tenemos ningún otro problema, algunos medios de comunicación dicen que estamos en disputa de tierras, eso fue antes, ahora hemos logrado nuestra lucha y seguimos organizados, por lo que pedimos que no confundan nuestra lucha.

Nos declaramos en alerta máxima y con más ganas de defender nuestro territorio, el pueblo de Nicolás Ruiz es un pueblo con valor y con espíritu.

Aunque sabemos que no va a pasar, pero es responsabilidad del Estado mexicano y su gobierno, una investigación, pronta y diligente de este crimen e identifique a los responsables materiales e intelectuales los castigue y desde ahora, repare todo el daño que ha causado.

Exigimos al Estado mexicano y a su fuerza pública la aparición inmediata y con vida de nuestro compañero Ángel Jiménez López quien hasta este momento se encuentra desaparecido y le hacemos responsable de lo que le suceda.

Exigimos nuestro derecho de vivir en paz y el respeto a nuestra autonomía de acuerdo al Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas que somos.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para estar atentos y exigir al Estado mexicano detener la violencia contra la lucha de los pueblos organizados y en paz.

Porque es el Estado, exigimos justicia.
Porque es el Estado, no nos callaremos.
Porque es el Estado, vivos de los llevaron y vimos los queremos.

Atentamente,

Pueblo Organizado de Nicolás Ruiz, Chiapas.
Alianza por la Seguridad y el Bien de nuestros Territorios

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Fuente: CNI

A los medios de comunicación

A la opinión pública nacional e internacional

A las organizaciones sociales y de derechos humanos

A los pueblos de México y del mundo

Al Congreso Nacional Indígena

Hermanas y hermanos:

Han pasado 16 años desde que arrebataron la vida de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, y el tiempo no ha sido suficiente para cerrar la herida ni para alcanzar la justicia. Sus nombres siguen latiendo en la memoria de los pueblos que no se resignan a la muerte impuesta por la guerra. No son un eco perdido en la nada: son presencia viva que camina en cada lucha por la dignidad y contra el olvido.

Bety, mujer de raíz profunda y palabra firme, sembradora de organización y esperanza; Jyri, compañero solidario que cruzó fronteras para abrazar la causa de los pueblos. Ambos fueron asesinados en un contexto de violencia que no ha cesado, en un país donde defender la vida, el territorio y los derechos sigue siendo una condena.

Hoy, su memoria también nos recuerda la lucha que defendían.

La tierra de Bety, en la Mixteca, continúa bajo amenaza por proyectos extractivos, particularmente la minería, que avanza sobre territorios indígenas sin el consentimiento de los pueblos. Bajo discursos de “desarrollo” o “transición energética”, se siguen imponiendo concesiones que vulneran la libre determinación y rompen el tejido comunitario.

Lo ocurrido hace 16 años no es un hecho aislado: el extractivismo sigue generando violencia, despojo e impunidad.

Hoy, sus ausencias se entrelazan con otras:

con las voces de las madres buscadoras que recorren caminos de tierra y silencio, con las familias que escarban la tierra buscando lo que el Estado se ha negado a encontrar, porque el amor es más grande que el dolor, más grande que la muerte y la desesperanza, y con los nombres de quienes han sido asesinados por defender el agua, la tierra y la vida frente al despojo.

México se ha convertido en un territorio donde la memoria es resistencia.

Donde la justicia se aplaza, se diluye o se niega para sostener el ciclo permanente de la impunidad.

Donde las víctimas son obligadas a hacer la búsqueda que le corresponde al Estado.

A 16 años, seguimos preguntando:

¿Dónde está la justicia para Bety y Jyri?

¿Dónde están las garantías para quienes hoy defienden la vida?

¿Hasta cuándo la impunidad será la norma?

No es solo un crimen del pasado: es una herida abierta que dialoga con el presente.

Es la misma violencia que hoy golpea a las madres que buscan a sus hijas e hijos,

la misma que amenaza y asesina a quienes defienden sus territorios, la misma que intenta sembrar miedo donde florece la organización y se levanta la palabra.

Pero también es la memoria la que nos sostiene.

Porque recordar es un acto de dignidad.

Porque nombrar es resistir.

Porque la justicia no prescribe en el corazón de los pueblos.

Hoy levantamos la voz para exigir:

* Verdad y justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola.

* Alto a la violencia contra personas defensoras del territorio y los derechos humanos.

* Cancelación de concesiones mineras en nuestros territorios.

* Reconocimiento y protección real para las madres buscadoras.

* Fin a la impunidad que cobija a los responsables materiales e intelectuales.

* Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas y los pueblos del mundo.

A 16 años, no hay silencio posible.

La memoria camina.

La dignidad persiste.

La lucha continúa.

Porque mientras haya injusticia,

sus nombres seguirán siendo semilla.

¡Bety y Jyri viven en la memoria de quienes resistimos, en los pueblos que no claudican!

¡Justicia!

¡ALERTA ATLAPULCO!

14 de abril de 2026

Desde la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (Anavi) nos declaramos en ALERTA ante la agresión ejercida contra nuestra compañera Hortensia Telésforo (de la Asamblea de Atlapulco y Tlamachtilollan) que en estos momentos se encuentra en urgencias.

Llamamos a todos los colectivos y organizaciones a estar pendientes para responder al llamado que nos hagan los compañeros de la Asamblea de Atlapulco y Tlamachtiloyan.

Tlamachtiloyan de Atlapulco

!SI TOCAN A UNO/A NOS TOCAN A TODO/AS!

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno

A quienes suscribieron Una Declaración por la Vida

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A los organismos de derechos humanos

A la Misión Civil de Observación Sexta

Al Pueblo de México

Al movimiento social de Guerrero

A los medios de comunicación

6 de abril de 2026

Hermanos, hermanas, de México y del mundo, la mañana de hoy 6 de abril de 2026, pasadas las 7 de la mañana, en la comunidad de Xicotlán, perteneciente al municipio de Chilapa, fueron asesinados nuestros hermanos Isaías Morales Lucas, Bernardino Hilario Ocotlán, Ernesto Hilario Ocotlán e Isacar Villalba Rosario, originarios de la comunidad de Tula.

La comunidad de Xicotlán donde fueron asesinados, así como la de Tula de donde eran originarios, son parte del Concejo Indígena y Popular de Guerrerro Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). Ambas comunidades han sido asediadas por el grupo narco-paramilitar de los ardillos a quienes hemos denunciado por muchos años, pero que sabemos que han sido protegidos por los gobiernos estatales, municipales y federales. Nuestros 4 compañeros, habían llegado por la mañana a realizar su trabajo de albañilería, cuando de pronto hombres armados en una camioneta de color blanco, blindada, abrieron fuego en contra de ellos, arrebatándoles la vida.

Ellos se dedicaban a la construcción, al mismo tiempo que formaban parte del sistema de justicia de la Montaña Baja de Guerrero, eran Policías Comunitarios de los Pueblos Fundadores y del CIPOG-EZ, pues la tortura, descuartizamientos, desapariciones, asesinatos y demás atentados en contra de la vida a nuestras comunidades cometidos por los ardillos, los llevaron a ser defensores de la vida, de la tierra y del territorio, o sea que además de construir casas, construían un mundo mejor para nuestras comunidades; eran parte también del Congreso Nacional Indígena.

Su asesinato no es casual. Ya en 2022 habían asesinado a Guillermo Hilario Morales quien fuera promotor del CIPOG-EZ y tío de los hermanos Bernardino y Ernesto Hilario, a quienes hoy les tocó ser asesinados, padecer la incompetencia del gobierno, pero también su complicidad. En el crucero del Jagüey hay un cuartel del Ejército Mexicano, por ahí cruzó la camioneta blanca, blindada, con hombres armados, rumbo a Xicotlán, por el mismo lugar salió la camioneta después de haber perpetrado los asesinatos. Ese crucero está a menos de 15 minutos de distancia de Xicotlán, aproximadamente a 1 kilómetro entre el cuartel y la comunidad de Xicotlán. El ejército no vio nada, como tampoco vio ni hizo nada en los más de 67 asesinatos de hermanos y hermanas de nuestras comunidades, que se suman de 2018 a la fecha. Pero no solo eso, en cada asesinato y agresión que hemos vivido, llegan los ministeriales, la fiscalía, se enteran los presidentes municipales, llega a oídos de la gobernadora del estado, se entera el gobierno federal y no existe hasta ahora ningún responsable, ninguna investigación en proceso ¿eso ocurrirá con nuestros 4 compañeros asesinados el día de hoy? ¿eso nos espera a las comunidades que formamos parte del CIPOG-EZ? ¿la muerte y el sufrimiento es nuestro inevitable destino?

El compañero Isaías Morales Lucas, fue uno de nuestros hermanos promotor del CIPOG-EZ, defensor de la vida, tierra y del territorio. Hoy también fue asesinado. Llevábamos 2 años solicitando para él, el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, pero le fue negado. Hoy ya no está con nosotros. “NOS ESTÁN ASESINANDO FRENTE A LA INDIFERENCIA DEL GOBIERNO”, se leía a espaldas de nuestro hermano Isaías Morales, en una lona allá en noviembre de 2022, cuando realizamos un acto de protesta y de memoria porque el 5 de noviembre los ardillos habían asesinado a Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales a 100 metros de un puesto de control del Ejército Mexicano. Hoy fue asesinado frente a la indiferencia del gobierno. quizás en 2022 quienes gobernaban eran unos, hoy son otros u otras, da lo mismo, el gobierno ha dejado claro que no le interesan los muertos de los pueblos, la violencia a la que son sometidos, ni hablar de la pobreza y miseria.

Los gobiernos nos han dejado claro que están con los delincuentes: el diputado del PRD Bernardo Ortega, es hermano de Ivan Ortega y Celso Ortega, líderes del grupo narco-paramilitar los ardillos, desde donde se construye una red criminal entre la clase política de Guerrero y los ardillos; derivado de esta red, presidentes municipales, policías municipales, estatales, ministeriales, están al servicio de los ardillos. Celso Ortega es el mismo que se aprecia en un video con Norma Otilia Montaño, ex-presidenta municipal de Chilpancingo y parte de Morena, quien le pregunta a Celso Ortega, cómo lo puede ayudar. Morena le retiró sus derechos políticos por unos meses y pero ya esta de vuelta, como si no hubiera pasado nada. A la fecha de hoy, la presidenta municipal de Chilapa Mercedes Carballo Chino es familiar de los ardillos. A nivel territorial, los ardillos extorsionan, cobran piso, secuestran, asesinan, torturan, desaparecen, queman negocios, transporte público, obligan a las personas a hacer bloqueos carreteros, siembran, procesan y venden drogas; todo lo anterior lo hacen con total impunidad y protección de los 3 niveles de gobierno.

Es por lo anterior que responsabilizamos a los gobiernos municipales, al estatal de Evelyn Salgado, y al subsecretario del gobierno de Guerrero Francisco Rodriguez Cisneros, así como a la presidenta Claudia Sheinbaum por el asesinato de nuestros 4 compañeros. No seremos parte de su mentira de que en el país todo va bien, porque ¡NOS SIGUEN ASESINANDO Y USTEDES NOS SIGUEN IGNORANDO! Denunciamos frente al pueblo de México y al mundo que nuestro estado está controlado por el crimen organizado en alianza con los gobiernos y que éstos últimos sólo simulan orden, pero que la realidad los rebasa y la sangre de nuestros muertos es una muestra más del desprecio por la vida que los malos gobiernos actuales practican y encubren. Llamamos a las organizaciones de derechos humanos, a nuestras compañeras y compañeros solidarios, a exigir al gobierno mexicano el ¡ALTO A LA GUERRA! en contra de nuestros pueblos y de los pueblos de México. Nosotras y nosotros, como CIPOG-EZ nos mantendremos en esta digna lucha por la vida, recordando a quienes han dado su vida por la construcción de un mundo en el que la violencia sólo sea un mal recuerdo de un tiempo que no tuvo que existir y por nuestros caídos, juramos vencer.

¡HASTA SIEMPRE HERMANOS ISAÍAS MORALES LUCAS, BERNARDINO HILARIO OCOTLÁN, ERNESTO HILARIO OCOTLÁN E ISACAR VILLALBA ROSARIO!

¡NO HAN MUERTO COMPAÑEROS, VIVIRÁN EN NUESTRA MEMORIA Y REIVINDICAREMOS SU NOMBRE EN EL LARGO CAMINO POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN MEJOR MUNDO PARA TODOS Y TODAS!

Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata.

A CASI 4 AÑOS DEL INICIO DE ESTE JUICIO, DA ABSOLUCIÓN AL ÚNICO DETENIDO COMO PRESUNTO CULPABLE DEL ASESINATO DE SAMIR FLORES

El día de ayer 13 de marzo del 2026, el juez federal emitió sentencia sobre el único detenido como presunto culpable del asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes. Por un lado, el juez reconoció que quedó demostrado en el presente juicio, que existió un móvil para asesinar a SAMIR: su activismo social ante el Proyecto Integral Morelos y por sus denuncias como comunicador comunitario.

Por otro lado, el juez federal dió la absolución a Javier “N” al calificar de deficientes e inverosímiles las entrevistas de los principales testigos de la teoría del caso, al concluir que la forma en que la Fiscalía de Morelos (que en ese entonces estaba encabezada por Uriel Carmona) incorporó estos testimonios en la carpeta de investigación denotando muchas inconsistencias y que “pareciera que la Fiscalía buscaba ocultar algo más grande”.

Se lo venimos diciendo a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libre Expresión (FEADLE) desde hace 3 años, cuando supimos que continuaría con el mismo guión de Carmona. La investigación sobre el asesinato de Samir era un montaje mal hecho de la Fiscalía de Morelos para distraer y encubrir a los autores materiales e intelectuales del asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes y a pesar de ello, insistió en continuar con esta acusación, en vez de evidenciar las anomalías en la integración de la carpeta y enfocar sus esfuerzos a desarrollar su propia investigación.

Y a pesar de ello, citó a declarar a la familia de Samir y a compañeras y compañeros de lucha, someterlos a un proceso desgastante por casi 4 años, los testimonios por más cuidado que quiso poner la FEADLE, fueron revictimizantes, dolorosos e innecesarios. Solo fueron utilizados para tener más elementos alrededor que presentar y querer tapar o suplantar las deficiencias de la acusación y la construcción de verdad de Uriel Carmona.

Al continuar con el guión construido por la Fiscalía de Morelos se le cayó la teoría del caso a la FEADLE, la cual era una imagen clara de a quién perseguir, pero imposible de reproducir en el juicio y de ser creíble los testimonios ocurridos.

Con respecto a los pueblos y a los que buscamos justicia para Samir, le demostramos a la federación que teníamos razón, Uriel Carmona construyó una carpeta de investigación a modo en el caso de Samir y, alrededor de esa construcción hay una serie de posibles delitos que se cometieron, como lo son la construcción de testimonios y testigos, la desaparición forzada de testigos, el asesinato de testigos, posibles declaraciones bajo tortura, golpes o tratos crueles e inhumanos, declaración de hechos falsos ante el juez, ocultamiento y desaparición de carpetas de investigación, entre otros. Pues a pesar de que los testigos antes de su asesinato y desaparición manifestaron temer por sus vidas, la Fiscalía de Morelos no dió protección a los testigos.

La FEADLE tendrá que ser humilde y aceptar que se equivocó en concentrar todos sus esfuerzos en un caso que perdió desde el inicio, porque no tenía consistencia la investigación de Uriel Carmona, pero tampoco empieza desde cero. Si realmente está interesada en dar con los culpables del asesinato de Samir, tiene que investigar y llamar a declarar a Lopez Obrador, Uriel Carmona, Cuauhtémoc Blanco, Hugo Erik Flores, Valentín Lavin, Angelina N y Humberto Sandoval, y ahora, también a los policías ministeriales que pudieron incurrir en delitos cometidos como funcionarios públicos en la procuración de justicia al rendir declaraciones falsas en el juicio sobre los principales testigos que dan cuenta quienes mataron a Samir, pues hay que preguntarles por que declararon con falsedad, antes de que huyan o los maten, que no se le desea a nadie, pero es desgraciadamente el patrón que ha llevado la investigación de quién asesino a Samir.

Además se debe investigar toda la cadena de mando en la Fiscalía de Morelos, desde el ministerio publico hasta el ex Fiscal Uriel Carmona. Con lo desahogado y demostrado en el juicio (mala actuación y posible encubrimiento de la fiscalía de Morelos) preguntamos: ¿Por qué le interesaba encubrir el asesinato de Samir o construir testimonios sobre el asesinato de Samir? ¿A quién quería proteger Uriel Carmona? Quienes verdaderamente saben quién mandó matar a Samir son los de arriba. Por eso se cubren entre ellos mismos, se enrollan como serpientes y se esconden para ocultar las cabezas de los culpables, se niegan a citarlos a declarar, se niegan a investigarlos, se niegan a mirar lo que esta frente a sus ojos, lo que es evidente. Nos preguntamos ¿la FEADLE continuará con esta metodología novelesca de inventarse nuevos personajes, testimonios y guiones absurdos? O realmente ¿hará una investigación seria, comprometida y ética para dar con los asesinos materiales e intelectuales de nuestro compañero?

Con la resolución del juicio se caen los principales elementos de la investigación sobre los autores materiales del asesinato de Samir, pero se abre una nueva línea de investigación: ¿por qué la Fiscalía de Morelos fabricó pruebas en el asesinato de Samir? Pues quien distrae y fabrica pruebas tiene un interés y participación en el asunto.

Una vez más, insistimos en que se cite a declarar e investigue a Lopez Obrador, Uriel Carmona, Cuauhtémoc Blanco, Hugo Erik Flores, Valentín Lavin (presidente municipal de Temoac) Angelina N y Humberto Sandoval. En la investigación del asesinato de Samir se deben de usar los entornos, las referencias, los señalamientos directos e indirectos en un contexto de hostigamiento contra una persona defensora de derechos humanos, se debe de entender la complejidad contextual y material que se observa para llegar a la verdad de los hechos que acontecieron el 20 de febrero de 2019, entre las 5 y 6 de la mañana en la comunidad de Amilcingo, en la puerta de su casa, donde fue asesinado el locutor de la Radio Comunitaria Amiltzinko, luchador social y líder en su comunidad e integrante del FPDTA-MPT, Samir Flores Soberanes, quien pago con su propia vida el defender sus ideales y los derechos de su pueblo, 3 días antes de la consulta nacional sobre el destino del Proyecto Integral Morelos.

¡Basta de simulación!

T’neki tlalle una atl para tenochti, amo timikiske por tumi – Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero.

FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA, MORELOS, PUEBLA Y TLAXCALA

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

27 de febrero de 2026

Boletín No. 02

Desplazamiento forzado y criminalización contra integrantes del CNI en Jotolá

• Libertad inmediata a Francisco Moreno y María de Jesús integrantes del CNI y cancelación de las ocho ordenes de aprehensión.
• Condiciones precarias en el lugar de refugio de 8 familias, 30 personas, tseltales, entre los que se encuentran 17 menores de edad. 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó el desplazamiento forzado de 30 personas tseltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), ocurrido el 12 de febrero de 2026 en el ejido Jotolá, municipio de Chilón, Chiapas. Ocho familias campesinas fueron obligadas a abandonar sus hogares con violencia extrema. Entre ellas se cuentan 17 niñas y niños, una mujer embarazada, dos personas adultas mayores y dos menores de edad con discapacidad. 

A las ocho de la mañana fue la detención de Francisco Moreno Hernández (Francisco) por la Policía Municipal. En un segundo momento a las 11.00 hrs., aproximadamente cien personas irrumpieron en la tierra donde tenían sus casas y hacían la vida las ocho familias que están desplazadas. Entre los agresores se identificó la participación de la Guardia Estatal, la Policía Municipal de Chilón, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Tribunal Unitario Agrario.

El desplazamiento forzado interno dejó cinco casas destruidas, pertenencias robadas y quemadas, animales domésticos asesinados y al menos tres personas sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en ese momento fue detenida María de Jesús Sánchez (Maria de Jesús), durante el traslado fue torturada por un elemento de la Fiscalía Indígena y amenazada con ser desaparecida.

La violencia no terminó con el desplazamiento. Se profundizó en actos de criminalización y judicialización contra integrantes del CNI. Ese día Francisco y María de Jesús fueron puestos a disposición ante el Juzgado de Control de Yajalón, en el que se les señalo que estaban acusados del delito de despojo agravado.

El martes 17 de febrero continuó la audiencia, en la cual el Juez vinculó a proceso a las personas imputadas. A Francisco se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pese a que la Fiscalía no argumentó la necesidad de dicha medida, siendo esta la más lesiva. Actualmente se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados de Yajalón No. 12. Por su parte, a María de Jesús se le impuso la medida cautelar de firma periódica semanal.

Estas acciones forman parte de una estrategia de represión contra quienes defienden la tierra y se niegan a privatizarla. La participación de estas autoridades y actores locales en este evento constituye una grave violación a los derechos humanos.

A lo anterior se suman ocho órdenes de aprehensión que buscan legitimar la violencia y el desplazamiento, aumentando la vulnerabilidad de las familias que tuvieron que huir de sus hogares y que actualmente se encuentran en riesgo su libertad y seguridad.

Las consecuencias de este ataque afectan derechos fundamentales: la integridad y seguridad personal, el derecho a la vivienda y a la tierra, el acceso a la salud —incluyendo la salud sexual y reproductiva de las mujeres— y los derechos de niñas, niños y adolescentes a vivir en condiciones de bienestar y protección. En particular, se subraya el derecho a la no discriminación en el caso de María de Jesús, mujer desplazada y madre de dos hijos y dos hijas en situación de vulnerabilidad que se agrava por la violencia y el desplazamiento.

Los impactos psicosociales son múltiples: ansiedad, miedo, insomnio, estrés, dolores físicos y agravamiento de enfermedades crónicas en adultos y personas mayores. Las infancias presentan pesadillas, decaimiento y afectaciones emocionales; un bebé de dos meses sufre vómito y diarrea, mientras que una mujer embarazada de cuatro meses padece dolores en el vientre.

El Gobierno federal y estatal son responsables de este grave desplazamiento que vulnera los derechos humanos de las familias afectadas. Deben garantizar protección, investigar los actos de violencia y asegurar justicia para quienes habitaron el ejido por más de 30 años.

Exigimos al Estado mexicano la aplicación inmediata de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU y, en consecuencia, el cumplimiento de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas. En este marco, es urgente garantizar atención integral a mujeres embarazadas, personas adultas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, quienes enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad tras el desplazamiento forzado. Asimismo, demandamos el cese de la criminalización y el retiro de las órdenes de aprehensión emitidas contra integrantes del CNI, así como la liberación inmediata de Francisco Moreno Hernández, actualmente privado de su libertad. Resulta indispensable que se realice una investigación exhaustiva y se sancione a los perpetradores identificados cuya participación directa e indirecta en los hechos constituye graves violaciones a los derechos humanos. 

Convocamos a la solidaridad nacional e internacional a manifestarse y expresar su apoyo frente a estos actos represivos que buscan desarticular la resistencia de las comunidades indígenas en defensa de la tierra y la vida. La violencia ejercida contra las familias tseltales del ejido Jotolá es parte de una estrategia sistemática de despojo y represión que vulnera derechos fundamentales y amenaza la dignidad de los pueblos originarios.  

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