Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, acudió a Chiapas para reunirse con las integrantes del Colectivo Madres en Resistencia y la nueva directora de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), Guadalupe Elizabeth Santiago Ballinas, para coordinar los próximos trabajos de búsqueda y transparentar el uso de recursos.

Isabel Torres, madre de Cassandra Arias Torres desaparecida forzadamente, e integrante del colectivo, destaca para Avispa Mídia que en el conversatorio realizado el 17 de enero, la Comisión Nacional reconoció que, durante un periodo de cinco años – desde que inició funciones la CEB, en 2019, a 2024 – envió más de 48 millones de pesos para la búsqueda de personas en Chiapas.

Además del citado recurso, de acuerdo la Secretaría de Finanzas, la Comisión Estatal de Búsqueda también recibió 2,647,188.34 de pesos en 2021; 2,610,346.06 en 2022; para 2023 fueron 4,409,737.17 y 7,830,224.82 de pesos en 2024 del Presupuesto de Egresos del Estado. 

En el 2024, la CNB también envió cinco escáneres portátiles de huellas dactilares para identificación humana, tres llegaron al área de peritaje de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas y dos para la CEB.  

Estos dispositivos son parte de una donación de 300 escáneres que hizo Alemania, a través del programa Identificación Humana del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); 86 se entregaron a las comisiones estatales y 149 a las fiscalías locales para abonar a la identificación rápida de cuerpos y a la búsqueda en vida. El escáner registra la huella y se envía al Instituto Nacional Electoral (INE) que se encarga de la identificación en un periodo aproximado de tres días. 

“Cuestionamos por qué no han usado los escáneres y a dónde se fueron los 48 millones porque en las búsquedas no. En la primera búsqueda que se hizo de mi hija Cassandra la directora de Búsqueda (Rosa Elena Vela Govea) levantó un palo para poder buscar entre el monte y, en la última vez (Emiliano Zapata), no llevaron ni una pala para poder escarbar”, lamenta Isabel Torres. 

Reyes Sahagún les aseguró que ya está pidiendo cuentas a la Comisión Estatal sobre los recursos. Dijo a las madres que ahora los gastos deberán justificarse debidamente. Este 2025 se prevé más apoyo para las búsquedas, aunque no dio la cifra. Además, la CNB enviará a más personal para las labores de búsqueda, pues, en la actualidad la comisión local cuenta con dos buscadores y una persona en informática. 

La directora de la Comisión Estatal, que entró en funciones el pasado 3 de enero, se comprometió a trabajar de cerca y sin intermediarios con las madres y familias buscadoras. En este primer encuentro, tanto la comisionada como la directora acordaron dar seguimiento a las pautas. 

La CNB informará al colectivo sobre los planes de búsqueda y respetará el derecho de las familias de documentar el trabajo de las autoridades con sus teléfonos móviles. Serán las únicas autorizadas para usarlos. 

Vicky Garay Cazares del colectivo Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros AC, en Nayarit, explica que siempre ha existido mucho problema con los recursos destinados a las comisiones locales, “cuando los dan no verifican al 100 por ciento en qué se gastó”. 

Con base en su experiencia, la CNB y el Estado no verifican qué falta en las comisiones locales, en qué se gastó el recurso o cómo lo gastaron. En el caso de Nayarit, las colectivas han solicitado, incluso por escrito, que se realicen auditorías a las comisiones locales.

Vicky insiste en que las búsquedas dependen del manejo y el trabajo que tenga la comisión local. “Debemos presionar, hay que trabajar con la Comisión Estatal”, dice. Considera, además, que se debe crear el Consejo Ciudadano de dichas comisiones.  

En el conversatorio también estuvieron presentes representantes de la Colectiva Cereza, que son acompañantes de la lucha de Madres en Resistencia, así como de la Protección Civil y del Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Las madres ya habían denunciado

“Lo que ahorita está haciendo la Fiscalía se había solicitado desde mucho porque varios casos del Colectivo la geolocalización apuntaba a la misma dirección, en ese rancho [de San Isidro, en Emiliano Zapata]”, dice Adriana Gómez al referirse a los recientes operativos realizados por el gobierno de Chiapas, a partir de los cuales se anunció el hallazgo de diversas fosas. 

Los teléfonos celulares de Edwin Alejandro Delgado Vázquez, Néctar Galdámez Chandomí, Victor Chavarría y Cassandra Arias Torres, desparecidos en diferentes momentos y lugares, estuvieron en San Isidro, municipio de Emiliano Zapata. 

La geolocalización que realizó la Fiscalía de Chiapas del dispositivo de Cassandra Arias Torres, desaparecida forzadamente el 17 de diciembre de 2022 en Berriozábal, arrojó una ubicación en el municipio de Emiliano Zapata y, desde ese momento, el colectivo solicitó la búsqueda, pero la autoridad no hizo nada. 

Dos años después, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, los operativos de la estrategia de seguridad del estado chiapaneco han reportado hallazgos de 27 fosas clandestinas con restos humanos pertenecientes a unas 40 personas en los municipios de Suchiate, Palenque, Emiliano Zapata y La Concordia, según la información difundida por la FGE. El material genético fue enviado a la Ciudad de México para su estudio.

Los operativos coincidieron con la huelga de hambre que sostenían las Madres en Resistencia en Palacio de Gobierno para solicitar audiencia con el gobernador Eduardo Ramírez, que por meses se negó a atender y reconocer el tema de la desaparición de personas. 

Tras días de protestas, las madres fueron recibidas por el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca a quien le solicitaron una nueva búsqueda en el rancho de San Isidro en Emiliano Zapata. 

El 8 de enero fueron citadas a las 6 horas, pero los elementos de la Fiscalía y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) llegaron tres horas tarde. “Nos tuvieron paradas en la carretera esperándolos y cuando llegan se bajan inmediatamente a tapar la vialidad, de forma innecesaria. Luego nos fuimos a la búsqueda donde iniciamos casi las 10 de la mañana”, recuerda Adriana Gómez. 

También acudieron profesionales de Protección Civil (PC) con el área Canina, de la CEB y tres madres del Colectivo. “Nos dividimos porque ellos querían sacar el agua de una laguna con una bomba, nosotras dijimos que buscaríamos por otro lado o ahí se nos iría todo el día y son pocas las oportunidades de búsqueda que nos dan”.

Los de PC se metieron al agua a buscar, los demás fueron sus observadores alrededor de la laguna, relata Adriana. Observó un rancho con una casa lujosa de ventanales de cristal, varias habitaciones y en una de las paredes vio dibujos que parecían hechos por niñeces. 

“Dicen que había un área de tortura que a mí ya no me tocó ver, pero sí vimos una mesa de billar y una alberca grande. Habían varios pozos de cemento, con agua y en uno había una escalera grande, y ahí se necesitaba una revisión minuciosa. Pero ellos (autoridades) no buscan, llegan un rato medio observan y buscan una sombra para tomarse un refresco y comer sus frituras o su pollito”, lamenta Adriana.

Pero las integrantes del colectivo saben que deben poner mucha atención en el suelo que pisan y los detalles, “vamos revisando con nuestro pie para saber si la tierra está suelta”. Eso hacían el 8 de enero en San Isidro cuando les llamó la atención un corral de cemento para cerdos. 

“Aún había deshechos en el suelo y había un tubo de PBC que llevaba su descarga a una fosa séptica de cemento, parecía un tanque. Pertenecía al rancho pero como tenía el alambrado daba la impresión que era otro predio”, describe Adriana. 

Las madres cruzaron ese alambrado y los representantes de la fiscalía les insistieron que ahí ya habían revisado, “pero cada vez que decían eso nosotras volvíamos a revisar y nos metimos las tres madres al alambrado, nos agachamos para ver la fosa séptica con nuestra lámpara, porque ellos ni eso llevaban, y ahí vimos la osamenta”, describe. 

Dieron parte al personal de la Fiscalía, pero éste no llevaba guantes ni personal capacitado para introducirse al reducido espacio. Fue un policía que sacó los restos, pero antes retiraron a las madres buscadoras del lugar. “El policía dijo que eran de tres cuerpos, pero no sabemos en realidad cuántos sacaron”. 

“Ellos no querían aceptar el hallazgo que hicimos porque ya habían buscado ahí y de hecho le echaron la culpa al canino de Protección Civil, pero el perro no identificó los restos porque estaban en el excremento, ya no tenían ni tejido. Incluso, en ese rancho también hay una laguna y no sabemos si ahí también podrían haber cuerpos”. 

El colectivo ha expresado en diferentes momentos su preocupación por la incapacidad y falta de profesionalismo con la que las autoridades atienden la búsqueda de personas, pues consideran que tras un hallazgo, mientras la autoridad correspondiente realiza la documentación, los demás elementos deben continuar con los trabajos. 

“Cuando encuentran dejan de trabajar. No se les está pidiendo algo que no exista, la búsqueda es un derecho que tenemos. La fiscalía debería actuar rápido, hay una ley y dice que en esos casos la geolocalización debe ser rápida y parece que aquí hacen las cosas al revés”, insiste Adriana. 

Redes

El Colectivo de Madres en Resistencia de Chiapas sólo espera que los acuerdos que adquirieron con las comisiones no sean momentáneos. Hasta ahora, todo lo que obra en las carpetas de investigación de los casos que acompañan ha sido trabajo del Colectivo. 

Adriana Gómez, fundadora del Colectivo, recuerda que al no tener acceso a la justicia hace tres años se vio en la necesidad de aprender, tejer redes y surgir como Colectivo. Después comenzaron a llegar las denuncias sobre desapariciones a las redes sociales de las Madres en Resistencia.

Se aliaron a otras madres buscadoras de Sonora, Tijuana y Ciudad Juárez quienes les dieron recomendaciones para pedir las búsquedas ante la CEB y la fiscalía, les explicaron sobre la geolocalización de los dispositivos móviles y cómo solicitarla. “Se necesitaba el acompañamiento y nosotras iniciamos solas”.

Al Colectivo se acercaron estudiantes de Derecho y abogadas de profesión, que las acompañan en las actividades. En la huelga que realizaron a finales de diciembre de 2024, Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas también brindaron acompañamiento. 

Cuando el Colectivo tomó fuerza, Jorge Luis Llaven Abarca, que entonces también era Fiscal General, intentó dividirlas, “pero no lo consiguió porque nos conocemos y conocemos todos los casos, leemos las carpetas y no confiamos en las autoridades”. 

También investigaron sobre las herramientas que podían conseguir con sus propios recursos como las varillas de hierro, las mandaron a hacer de cinco centímetros de grosor, aproximadamente, con punta para atravesar la tierra y un gancho para sostener la varilla sin que resbale al empujarla con fuerza. 

“Cuando buscamos llevamos palas, picos y las varillas. Identificamos si la tierra está suelta, amontonada o si está fresca, eso se identifica rápido. Metemos la varilla, si entra al sacarla la olemos, no somos expertas pero hemos ido al Servicio Médico Forense (Semefo) a buscar y se identifica el olor. Al igual observamos si hay ropa tirada y también nos guiamos del presentimiento para saber dónde a escarbar”, explica Adriana. 

Todxs cuentan

El país entero tiene la problemática de la desaparición, en Chiapas pasaba menos, señala Voces Mesoamericanas que acompaña casos de personas migrantes de Chiapas desparecidas en el norte del país. 

Considera que los obstáculos a los que se enfrentan los denunciantes es la falta de información para que una persona sepa qué hacer ante una desaparición. Pero cuando las personas ya saben qué hacer se encuentran con que las instituciones no levantan las carpetas de investigación por desaparición y solo inician registros de atención. 

También recurren a la revictimización y en las fiscalías les dicen que esperen porque sus familiares van a regresar porque quizá se fugaron con la pareja y de esa forma minimizan la situación para que no haya un registro real de cuántas personas desaparecidas hay en Chiapas, explica Voces Mesoamericanas.

Una vez que la familia pudo denunciar, el problema es la falta de acceso a la justicia, al debido proceso, a ser escuchada, a la reparación de daño, por lo complicado que es ingresar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Si se trata de una persona migrante desaparecida en Chiapas, para que la familia pueda entrar a México a hacer las denuncias o los seguimientos, necesita visas y no están a disposición, tiene que hacer el mismo proceso que los demás y esperar. 

“No hay políticas públicas que atienda la desaparición en contextos de movilidad humana, es decir, personas en situación migratoria y personas en situación de desplazamiento forzado”, insistió la organización que acompaña al Colectivo Junax Ko’tantik, integrado por familias chiapanecas que buscan a migrantes desparecidos en el norte del país y Estados Unidos. 

Para Voces Mesoamericanas la Comisión Estatal de Búsqueda de Chiapas tiene muchos vacíos y no hay claridad sobre las personas que la integran y los nombramientos los realizan sin una consulta pública como lo establece la ley local y sin priorizar las características del perfil seleccionado. 

Incluso, a cinco años de la CEB iniciar funciones, no ha emitido la convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda para ser vigilante de los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas en Chiapas.

Otra ausencia en la CEB es el registro de personas desaparecidas en territorio chiapaneco y personas desaparecidas de origen extranjero, y chiapanecos migrantes desaparecidos en otro lugar. La organización cuestiona y lamenta que tampoco exista un mecanismo de búsqueda de personas, tanto en búsqueda inmediata o de larga data, en situaciones migratorias, y desde una perspectiva diferenciada. 

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México 110,668 personas están desaparecidas y 1482 son de Chiapas. En el desglose, en 2019 existe un registro de 68 personas desaparecidas y no localizadas, 87 en 2020, 162 en 2021 y 244 en 2022, cifras también plasmadas en el informe Tocar el Vacío, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). 

En el estudio, Frayba hace referencia al aumento de 358% de las desapariciones en el periodo entre 2019 y 2022. 

¿Qué hacer?

Hasta ahora solo organizaciones como Fundación para la Justicia cuenta con información en su plataforma digital sobre qué hacer si una persona desaparece. Aclara que no es necesario esperar 24, 48 o 72 horas para reportar o denunciar su desaparición. 

El reporte puede ser ante la CNB o ante la Comisión Estatal de Búsqueda, pero si se desconoce el estado donde desapareció la persona el reporte es al +52 55 1309 9024 o desde el extranjero a la lada gratuita 185 52 62 31 09.

Por su parte la fiscalía de Chiapas aseguró que cuenta con protocolo de atención en el que recomiendan realizar la denuncia ante la autoridad ministerial más cercana y toda autoridad debe iniciar la denuncia correspondiente “ya sea registro de atención por la no localización de la persona o en su caso carpeta de investigación por la desaparición”.

El denunciante debe presentar documento que acredite personalidad, en caso que la víctima sea menor de edad presentar acta de nacimiento que acredite parentesco. Sin importar la edad de la víctima presentar fotografía reciente, sin manipular.

En caso de menores de edad se activa la alerta Amber, en mujeres mayores de edad se activa Protocolo Alba y en hombres se activa ¿Has visto a? 

Una vez iniciada la denuncia se giran los oficios correspondientes a las corporaciones policiacas, instituciones públicas y privadas. Y de acuerdo a la fiscalía se deben hacer brigadas de búsqueda en diversos puntos de la zona en la que fue vista por última vez la víctima. 

Si la persona desaparecida es migrante y fue víctima de un delito federal, se puede denunciar la desaparición en la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes al correo electrónico: unidadmigrantes@fgr.org.mx

La Fiscalía General de la República fue contactada para solicitar el protocolo de atención en caso de víctimas de desaparición forzada pero dijo no tener información al respecto, únicamente a través de las líneas telefónicas. 

El próximo 21 de enero Eduardo Ramírez se comprometió a atender a las madres buscadoras y el 24 de enero dialogarán con el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca. 

LLAMADO A LA JORNADA GLOBAL:
¡JUSTICIA PARA SAMIR FLORES SOBERANES! 6 AÑOS DE IMPUNIDAD

A LOS FIRMANTES DE LA DECLARACIÓN POR LA VIDA

HERMANAS, HERMANOS:

Son 6 años desde que le arrebataron la vida a nuestro hermano Samir Flores Soberanes, seis años que gobierna quien lo mandó a matar, seis años de continuar con el engaño, la imposición y el desprecio hacia nuestros pueblos, seis años más de resistencia, de rebeldía, de lucha por la vida, de ser Samir, inspiración, semilla y ánimo de construcción de autonomía, de otro mundo posible.

Justicia para Samir, grita la resistencia por la vida contra el Proyecto Integral Morelos y contra el narcogobierno, justicia grita en cada uno de los pueblos, lugares y corazones que lo conocieron antes o después de su muerte. Justicia gritamos desde la lucha por la vida en Gazza, en Chiapas, en Ostula, en la lucha contra el basurero de Cholula, en el grito de las familias de nuestras hermanas y hermanos desaparecid@s, en la lucha contra el Tren militar malla, contra el corredor interoceánico, la xenofobia y el desplazamiento forzado, la mina, la presa, el tren, el corredor, el gasoducto, la termoeléctrica, el fracking, el cartel inmobiliario, el negocio de la basura, la defensa de los ríos, mares y cuerpos de agua, de los bosques y espacios autónomos en la tierra o en el aire. Justicia construyó Samir durante su vida.

A 6 años de su cruel asesinato el 20 de febrero de 2019 en Amilcingo, Morelos, tres días antes de la consulta impuesta por López Obrador para “legitimar” su cambio de parecer y terminar de imponer el Proyecto Integral Morelos (PIM), los asesinos de Samir siguen libres y gobernando. Son 6 años de impunidad, 6 años de imposibilidad de que los culpables sean castigados porque los culpables están en el gobierno y pueden fácilmente escapar de la justicia del Estado, porque ellos son el Estado…

Pero la justicia está en la lucha por la vida, y sí, en nuestra exigencia, tal vez absurda, de exigir al verdugo se persiga y se castigue, de desnudar al rey capitalista, al narcogobierno mexicano que mando a matar a Samir. 

A 6 años del asesinato de Samir, convocamos a los firmantes de la Declaración por la Vida que dediquemos un momento, un instante, una siembra de memoria, de vida y rebeldía a nuestro compañero Samir Flores Soberanes los próximos 20, 21, 22 o 23 de febrero, construyendo de manera dislocada la “Jornada Global: ¡Justicia para Samir Flores Soberanes! 6 años de impunidad”.

En esos días, en México, Estados Unidos, Euskal Herria, Francia e Italia se sembraran 6 bustos de Samir, sembrando su memoria en los territorios dignos de nuestras hermanas y hermanos, en países cuyas empresas están o estuvieron involucradas en el crimen del PIM: Elecnor (Euskal Herria), Saint Gobain (Francia), Bonatti (Italia), Macquaire (Estados Unidos), NarcoGobierno (México), para que no se olvide la responsabilidad del gobierno global capitalista sobre la muerte de Samir y la lucha por la vida.   

Pero no solo con bustos se siembra la memoria de nuestro compañero, también con la lucha por la vivienda digna de la comunidad otomí de la Ciudad de México que fundo y resiste la Casa de los pueblos “Samir Flores Soberanes”, antes, oficinas centrales del INPI. En un árbol en el campamento de resistencia en Lutzerat, Alemania, en una canción, una poesía, un dibujo, una plática, video, conversatorio, foto, pintura, grabado, flor o fruto, en todas ellas esta nuestro hermano Samir Flores Soberanes.

Llamamos a las firmantes de la Declaración por la Vida a sumarse con una acción o una palabra a la “Jornada Global: ¡Justicia para Samir Flores Soberanes! 6 años de impunidad”, los días 20, 21, 22 o 23 de febrero de 2025 o cuando sus realidades se los permitan.

La justicia vendrá de abajo y a la izquierda, en común.

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

Congreso Nacional Indígena

Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Más informes y registro de actividades en: cnicomunicacion@gmail.com

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

El miércoles (8) se realizó la última audiencia del proceso de amparo contra el plan de extracción subterránea de cobre y zinc en el área del sistema hídrico de Marcapomacocha, en la región Junín, donde se capta el agua que abastece a más de 11 millones de personas en la capital del Perú, Lima, y la provincia del Callao.

Southern Peaks Mining (SPM), empresa formada en sociedad con el Global Natural Resource Investments, un fondo de inversión británico, es la responsable del proyecto que fue aprobado en 2016 por el Ministerio de Energía y Minas. 

El sistema hídrico de Marcapomacocha, ubicado a 100 kilómetros de Lima, dentro del terreno de la comunidad campesina Santiago de Carampoma, consiste en un conjunto de 48 lagunas, bofedales y aguas subterráneas que, a través de un túnel, se trasvasan desde la cuenca del río Mantaro a la del río Rímac, que es el que provee de agua a la capital. 

La minera planea depositar relaves tóxicos en una zona altamente sísmica, a 500 metros de la entrada principal del túnel de captación.

Durante la temporada seca, el sistema hidráulico aporta el 62% del agua para las dos zonas metropolitanas más pobladas del Perú, de alto estrés hídrico. El país es el tercero más afectado por este problema en América Latina y el Caribe. Y Lima es la región peruana en mayor riesgo de crisis hídrica. 

En el libro La mina Ariana y la amenaza al agua de Lima y Callao. Lecciones de un caso inaudito, editado por Cooperacción en 2023, se reportan 390 pasivos ambientales que ya generan contaminación en en la cuenca del río Rímac. 

Omisión en estudio de impacto ambiental

El fallo del juez dirimente, a emitirse en los próximos días, dejará un precedente para la gestión minera en torno a las fuentes de agua. 

En la anterior audiencia, en enero de 2023, una jueza del sexto juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima ordenó la suspensión de Ariana y la realización de estudios hidrogeológicos. 

Las partes demandantes del proceso señalan una omisión grave en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto: la falta de una evaluación profunda de los posibles efectos en el sistema hídrico

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas defiende la competencia de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para determinar la inocuidad del proyecto, sin embargo este organismo, en su evaluación inicial, no analizó el impacto en el sistema hídrico.

A pesar de que el propio Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) advierte los peligros de contaminación, el Ministerio de Energía y Minas ha obviado sus recomendaciones. Entre las observaciones, Sedapal indica que el uso de dinamita alteraría el cauce de las aguas.

Debido a que la minera cercó parte del área de influencia de Marcapomacocha, no se puede examinar los niveles de contaminación en las lagunas.  

Si de beneficios económicos se trata, Sedapal, con el agua de este sistema hidráulico, ha generado mayores ingresos de los que estima el proyecto Ariana. 

La industria del cobre es de las más cotizadas en el Perú, el segundo productor mundial de cobre, mineral de alta demanda para la transición energética en el norte global. Asimismo, en 2023 ocupó el segundo lugar en producción de zinc, empleado principalmente en el sector de la construcción. 

Historial de contaminación

Southern Peaks Mining tiene antecedentes de falta de responsabilidad ambiental. Cuando fue propietaria de la mina Quiruvilca (región La Libertad), entre 2012 y 2015, el Organismo de Fiscalización Ambiental la sancionó por incumplimiento de acuerdos de manejo de aguas de drenaje de desmontes y relaves. Tras vender la operación minera en 2015, la zona fue declarada en emergencia ambiental debido a impactos graves en el río Moche. 

La compañía opera en el Perú la mina Condestable, al sur de Lima, en la que produce 23,000 toneladas de cobre por año. 

Con respecto a la mina Ariana, la empresa ha manifestado que las actualizaciones de los estudios que realizó serán presentados a las autoridades cuando lo requieran, “sin perjuicio de la continuidad o avance del proyecto”. 

La empresa sostiene un mensaje de producción con energías limpias, de acuerdo a la llamada transición energética en los países de capitales extractivistas, a costa de zonas de sacrificio. La industria del cobre es la causa de dos de los conflictos socioambientales más violentos en el Perú: el del proyecto Tía María (región Arequipa) y el de la mina Las Bambas (Apurímac).

Lo inusual del caso del proyecto Ariana es que el posible impacto sea en la capital de un país donde la minería contamina y amenaza fuentes de agua en los territorios de las provincias, habituada a ver a distancia estos peligros.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Acto simbólico realizado en el Río Lempa, donde líderes comunitarios y miembros de la ADES bendijeron al cauce del afluente, exigiendo su protección frente a los riesgos de contaminación por la reanudación de la minería. Foto: Rodrigo Sura} 

Desde los primeros días de enero del 2025, comunidades del norte de El Salvador, acompañadas de iglesias, organizaciones sociales y colectivos ambientalistas, han realizado diferentes movilizaciones para rechazar la reciente reactivación de la minería metálica en el país centroamericano. 

En una de las más recientes acciones, durante una rueda de prensa realizada este miércoles (15), habitantes de la comunidad de Santa Marta, departamento de Cabañas, alertaron a la población sobre los impactos sociales y ambientales que traerá consigo la reanudación de la minería en El Salvador. Por ello, convocaron a la defensa del agua, la salud y la vida, en el contexto de la publicación, el pasado 10 de enero, de la recientemente aprobada Ley General de Minería Metálica, la cual revierte la prohibición a dicha industria que existía desde el año 2017.

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Pese a que el discurso oficial afirma que la nueva ley de minería contempla medidas para aprovechar de manera racional y sostenible los recursos minerales del país, tales como la prohibición del uso de mercurio, existen señalamientos que consideran a la nueva reglamentación como un peligro.

Acorde a Andrew McKinley, experto en temas de agua y minería de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la baja concentración de minerales en el subsuelo salvadoreño hace inviable una extracción rentable y sostenible, además de las posibles afectaciones a millones de personas en zonas vulnerables.

Durante una intervención pública en diciembre pasado, McKinley detalló que, además de la sobre explotación de agua, la minería causará altos costos ambientales para el país. Esto debido a que, argumenta, para extraer suficiente oro para un anillo es necesario procesar más de 20 toneladas de roca y tierra. “Eso convertiría a El Salvador en la luna con sus cráteres por todos lados en un periodo muy corto”, aseveró el experto.

Por su parte, los habitantes de Santa Marta exigen revertir la nueva ley pues denuncian que el Ministerio del Medioambiente no realizó ningún estudio técnico que valide la derogación de la prohibición y la reactivación de la minería. Además, pese a que en la nueva normativa se establece que el Estado salvadoreño será el único responsable de la exploración, extracción y procesamiento de minerales metálicos, también se permite las asociaciones con empresas privadas en el esquema de cooperación público-privada.

Ante este escenario, las comunidades y organizaciones remarcaron el llamamiento para rechazar la industria extractiva al considerar que “la única forma de salvar al país de la minería metálica y librarnos del desastre que podrían provocar los proyectos extractivos es la resistencia ciudadana y popular”.

Resistencias

Mediante pronunciamiento conjunto compartido este miércoles (15), las organizaciones aseveran que la aprobación de la nueva ley minera se realizó ignorando el clamor de la mayoría de la población salvadoreña, la cual rechaza la minería metálica. 

Para ello, señalan los datos de encuestas recientes realizadas por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA. Indican que el 60% de la población piensa que el país no es apropiado para la minería; el 70% sabe que la explotación minera daña al medioambiente; el 91% dice que no trabajaría en una mina y el 95% considera peligroso vivir cerca de una mina.

Apenas el pasado sábado (11), en un acto simbólico realizado en el embalse Cerrón Grande del Río Lempa, líderes comunitarios y miembros de la ADES realizaron una bendición al cauce del afluente, exigiendo su protección frente a los riesgos de contaminación por las actividades mineras. En el lugar realizaron un homenaje a tres compañeros asesinados en 2009 en Sensuntepeque, en el contexto de la lucha contra la minera canadiense Pacific Rim.

Vidalina Morales, presidenta de ADES, destacó que el río Lempa, principal fuente hídrica del país, sería gravemente afectado por los proyectos extractivos. “Este río es sagrado y vital para miles de familias. La minería es una amenaza directa a nuestra vida y futuro”, sostuvo.

En este contexto, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana lanzó la campaña denominada “Sí a la Vida, NO a la Minería” la cual fue saludada por las counidades del norte de El Salvador. “Abrazamos el acompañamiento de la iglesia Católica y las iglesias históricas a la lucha de las comunidades primeramente amenazadas por estar en las zonas de potencial minero y que ya están siendo militarizadas”, agradecieron mediante comunicado.

El mismo sábado (11) reiteraron su exigencia para poner fin a la criminalización de líderes ambientales de la ADES. Éstos son Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas, Alejandro Laínez, Pedro Antonio Rivas y Miguel Ángel Gámez. A pesar de haber sido absueltos durante octubre pasado, tras ser acusados por homicidio durante el conflicto armado en la década de los ochentas, aún permanecen bajo juicio debido a una apelación del sistema judicial salvadoreño. 

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Las iglesias históricas y colectivos sociales subrayan que esta criminalización busca desmovilizar la resistencia popular, pero aseguran que ha logrado lo contrario. “Nuestra voz ahora es más fuerte”, expresaron. Además, hicieron un llamado a la comunidad internacional y a organismos como la Organización de las Naciones Unidas y al sistema Interamericano de Derechos humanos para acompañar la lucha por la vida y los derechos humanos en El Salvador.

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Diversas comunidades Mayas entregaron un informe a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcenas, durante el foro del Plan Nacional de Desarrollo sobre Desarrollo Sustentable 2025-2030, celebrado en Mérida el pasado jueves (9), detallando los desafíos y conflictos socioambientales que enfrentan los pueblos originarios de la Península de Yucatán. 

En su intervención, José Argamiro Cobá Cocom, Comisario Ejidal de Ixil en Yucatán, subrayó que el modelo de “desarrollo” impuesto en la región ha generado despojo, deforestación y contaminación, con impactos devastadores sobre los ecosistemas esenciales de la región, como la selva y los manglares. “Nos están despojando de nuestra tierra, y con ella, de nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestro derecho a vivir dignamente”, afirmó el campesino, quien destacó que la lucha de los pueblos mayas no es solo por la tierra, sino por la preservación de una cosmovisión ancestral.

Las comunidades denuncian que los proyectos de desarrollo, principalmente del sector inmobiliario, vienen invadiendo tierras comunales, alterando los ecosistemas y amenazan con destruir el patrimonio arqueológico maya. “En Ixil, por ejemplo, se están llevando a cabo proyectos inmobiliarios en 5,300 hectáreas de tierras, sin tomar en cuenta los vestigios arqueológicos ni la biodiversidad que habitan en ese territorio”, que pretenden convertir en zonas turísticas y residenciales resaltaron.

Cobá Cocom señaló que, en los 106 municipios del estado de Yucatán, aún se conserva la cultura de los mayas. “En nuestro territorio se encuentra el reservorio del pensamiento mágico de los mayas. Si se despoja vendrá la total desaparición de los pueblos originarios, de nuestras costumbres, formas de vida y cultura”.

Otra comunidad de Yucatán que corre con el mismo destino es Kinchil, otro territorio invadido por el sector inmobiliario con fines de urbanización. Aquí habitan más de 200 familias y hoy están siendo vulneradas por el riesgo de perderlo todo “frente a especuladores con poder político. La situación se agrava aún más con el creciente desinterés por parte de las autoridades, que han permitido que se registren tierras como ‘propiedad privada’ sin el consentimiento de las comunidades afectadas”, afirman los representantes de esta comunidad.

Federico May Cuitún, del Consejo Comunitario de Kinchil, puntualizó que “están vendiendo nuestras tierras en internet, sin documentos legales; ya hay personas que se consideran dueñas de nuestros territorios, y el gobierno no hace nada”.

La industria 

Otro de los problemas abordados en el informe es la expansión de las megagranjas porcícolas y avícolas en la región. Estos proyectos industriales, señalan las comunidades, vienen provocando “afectaciones ambientales, de salud pública, sobre el tejido social y la calidad de vida, plenamente conocidas por el Gobierno Federal”.

Para ello toman el ejemplo de otra comunidad de la Península, Santa María Chi, de unos 500 habitantes, una zona donde se estableció una granja de 72 naves y más de 60 mil cerdos, que está ubicada a 100 metros del pueblo. “Lleva 40 años contaminando el agua, causando enfermedades respiratorias y estomacales, y alterando la armonía, la cohesión social y la vida interna de la comunidad”. 

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Los habitantes denuncian que la vida ya no es viable en esta región debido a la peste insoportable, así como la acumulación de excrementos, moscas, incluso, argumentan, “por el ruido que día y noche generan las instalaciones y los transportes de cerdos”.

Esta mega granja, según los indígenas Maya, pertenece a la familia del empresario y periodista Loret de Mola, la cual “no cuenta con permisos, registros ni autorizaciones a nivel municipal, estatal y federal. Sin embargo, las autoridades no han hecho nada para clausurarla”, expresan las comunidades ante Semarnat.

Wilberth Nahuat Puc, Comisario Municipal de Santa María Chi, denunció la impunidad con la que operan estas empresas afirmando que, “el gobierno nunca nos ha escuchado. Nos tratan como delincuentes por defender nuestra tierra y nuestra salud”, expresó. 

Las comunidades denuncian en su informe que Semarnat se limitó a colocar un sello de clausura sin folio pero que la empresa siguió funcionando y que “nunca llegaron inspectores federales a investigar”. 

Tras las diversas protestas de estos pueblos, “la granja está hostigando judicial y policialmente a las autoridades comunitarias, y ha imputado a Wilberth Alfonso Nahuat Puc por delitos fabricados, prohibiéndosele acercarse a menos de 300 metros de lote catastral en que se ubica la granja, situado a 30 metros de su casa”, destaca la denuncia de las comunidades.

Agudización de la crisis climática

Además, el escenario cambiante por la crisis climática ya ha comenzado a impactar estas comunidades y las condiciones se agudizan con las políticas aceleradas de desarrollo, por su flexibilidad con la falta del cuidado del medio ambiente y el tejido comunitario. A ello se suman las sequías prolongadas, las lluvias irregulares y el calor extremo que están afectando la producción agrícola, base tradicional de subsistencia en la región.

Las comunidades mayas han solicitado medidas para mitigar estos efectos, como el fomento a la energía renovable local y la restauración de ecosistemas clave para la agricultura, como los manglares.

Peregrina Cutz Tec, del Consejo Comunitario de Ixil, expresó que “el cambio climático ya no es algo lejano, lo vivimos a diario. La falta de lluvia y el aumento de las temperaturas están afectando nuestra tierra y nuestras costumbres. Necesitamos que el gobierno federal atienda nuestras propuestas para adaptarnos sin destruir nuestro territorio”, ha puntualizado.

Frente a esta situación, las comunidades mayas han propuesto una serie de medidas urgentes para revertir los efectos del modelo de desarrollo actual. Entre ellas, destacan la creación de una mesa de trabajo con la participación activa de las comunidades mayas y organizaciones sociales y ambientales para diseñar un modelo de desarrollo sustentable basado en los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos originarios.

En respuesta a las demandas, la secretaria Alicia Bárcenas se comprometió a organizar una reunión con las comunidades mayas de la región en febrero de 2025, en Ixil, donde se discutirán con más detalle las propuestas presentadas. 

Mientras tanto, las comunidades mayas reafirman que su lucha no solo es por la defensa del territorio, sino por la supervivencia de su cultura y sus tradiciones. 

Leydi Eloína Cocom Valencia, del Consejo Protector de Santa Gertrudis Copó, concluyó: “No solo estamos defendiendo nuestra tierra, estamos defendiendo nuestra historia, nuestra cosmovisión, nuestra manera de vivir en armonía con la naturaleza. Si perdemos nuestra tierra, perdemos todo lo que somos”.

Fuente: Avispa

^{Por Mariángeles Guerrero, Gioia Claro, Roxana Sposaro, Celeste Vientos y Mariana Aquino / Agencia Tierra Viva}

^{Foto de portada: Roxana Sposaro}

El desalojo a la comunidad mapuche Pailako de su territorio ancestral en el Parque Nacional Los Alerces (Esquel, Chubut) había sido anunciado con mucho énfasis. A las 8 de la mañana de este jueves comenzaron a llegar por la ruta 71 más de 30 móviles de la Policía Federal y de Gendarmería, camionetas y colectivos, y personal de Parques Nacionales. La magnitud del operativo para excluir a unas pocas familias de sus tierras se condice con el discurso racista del gobierno provincial y nacional; y se basa en una disposición del Poder Judicial Federal de Esquel. Pero la Lof resolvió retirarse previamente, de forma pacífica, por lo que los agentes no encontraron a ninguna persona en el lugar.

En la zona habitada por la Lof quedaron algunos carteles dispuestos en lo que eran las casas de la comunidad. En ellos se lee: “Las fuerzas del territorio les están observando”. “Aquí se gestó y parió a una persona de modo libre, en armonía con el territorio ancestral. No hay desalojo que despoje esa memoria”.

«Sabíamos que esto iba a suceder, así que nos organizamos para que no se encontraran con nadie. Todo este circo es para nada, hallaron casas vacías. Es una situación dolorosa pero al menos los integrantes de la Lof no están expuestos a ser baleados ni asesinados por el Gobierno», aseguró la weychafe Moira Millán, que acompaña el reclamo de Pailako por su derecho al territorio.

La Lof reivindica su presencia en una zona del Parque Nacional Los Alerces (a 35 kilómetros de Esquel). Este proceso, espiritual e identitario, comenzó en 2020. Actualmente, una veintena de personas viven allí: familias con niños y niñas. En el lugar funciona un centro educativo. De haberse concretado tal como lo anunció el Gobierno durante los últimos días, iba a ser el primer desalojo tras la derogación de la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena.

La intención de echar a las familias mapuche de sus tierras tenía un efecto aleccionador, en el marco de las persecuciones que vienen sufriendo los pueblos indígenas en el gobierno de Javier Milei. Otras situaciones, como la vivida en octubre pasado por la comunidad wichí Guerrero, de Jujuy, replican este panorama.

A nivel institucional, primero se vació el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INA). Luego se disolvió el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, cuya función era inscribir a los pueblos preexistentes en un relevamiento nacional. La frutilla del postre fue la derogación (por decreto) del decreto que prorrogaba la Ley de Emergencia Territorial Indígena, el 10 de diciembre.

Sólo 20 días después, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, arremetió contra la comunidad Pailako. “Arremetió”, porque las amenazas de desalojo y la violencia institucional comenzaron cuando las familias decidieron habitar el territorio en el que crecieron sus abuelos.

Un show anunciado y frustrado

El desalojo fue un show anunciado por el gobierno nacional y provincial, el Poder Judicial y muchos medios de comunicación. En el lugar estuvieron el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el titular de Parques Nacionales, Cristian Larsen. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, llegó en helicóptero cerca del mediodía. La Ministra también había ocupado ese cargo durante los operativos militares que culminaron con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel, en 2017. Otro funcionario que también dijo presente fue el titular de Seguridad chubutense, Héctor Iturrioz. La conferencia de prensa prometida desde el Gobierno nunca se hizo.

La orden del juez federal Otranto (conocido por su participación en la causa de desaparición forzada de Santiago Maldonado), se basa en la Ley 22.351. Esta normativa fue sancionada en la última dictadura militar: criminaliza a los “intrusos” que utilicen las instalaciones de los Parques Nacionales y autoriza su desalojo.

Sin sentencia firme

Las acciones llevadas a cabo durante este jueves se realizaron sin una sentencia judicial firme y sin que se hayan agotado las presentaciones realizadas por la organización Gremial de Abogados, en representación de la comunidad Pailako, ante el Poder Judicial.

Ante estos atropellos, la comunidad resiste. “Siempre somos vistos de mala manera. Nuestra intención es preservar este monte, poder criar a nuestros hijos y las infancias que están aquí”, afirmaba días antes del desalojo Belén Salina, integrante de la Lof. Pese a haber evitado una situación de violencia contra las familias, la comunidad se vio obligada a dejar sus viviendas, su tierra y sus animales en el Parque.

El 8 de enero, la Lof, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga por los Derechos Humanos y el Comité por la Libertad de los presos políticos Mapuche en Puelmapu brindaron una conferencia de prensa en Esquel.

En representación del Comité, Millán apuntó contra el Gobierno: “Hoy vemos a estos mentores de la muerte venir a nuestros territorios y hacer de la narrativa de las políticas criminales la normalidad. Ellos reivindican el proceso militar. Y durante el proceso militar se eliminó un ecosistema prístino para hacer una de las represas más grandes de la Patagonia, que hoy abastece a una empresa privada. Esa lógica es la que está siendo reivindicada, no sólo los desaparecidos sino también el saqueo”. Al respecto, aseguró: “Quieren privatizar áreas de los Parques Nacionales y la piedra en el zapato somos los pueblos originarios”.

La represa a la que aludió Millán es Futaleufú, que se construyó dentro del Parque Los Alerces y fue puesta en funcionamiento en 1978 para el abastecimiento energético de la empresa de aluminio Aluar. Bajo la lupa de las comunidades indígenas están también los incendios intencionales. La Lof Pailako aseguró en un comunicado que “queman miles de hectáreas con el propósito de llevar a cabo negocios extractivos”. Al desalojo se suma el despido reciente de cien brigadistas forestales que trabajaban en el Parque.

En la conferencia, Millán señaló la responsabilidad de los gobiernos anteriores por no haber regularizado la situación territorial de los pueblos indígenas. Finalmente, llamó a hacer un “boicot” a los parques nacionales del país, evitando pagar las entradas respectivas.

Solidaridad con Pailako en Nahuelpan

Mientras Bullrich hacía un despliegue desmedido de las fuerzas de seguridad, a 40 kilómetros de ahí, en el Lof Nahuelpan, un grupo de Pu Lamien autoconvocadas y desde una red de acompañamiento a Lof Pailako, realizaron una acción para visibilizar, conversar e informar a quienes llegan al tren turístico La Trochita sobre lo que pasaba en Los Alerces y la estigmatización hacia las comunidades indígenas.

Por un rato se cortaron las vías, se colocó una bandera, se repartieron volantes y se conversó con quienes iban a abordar el tren. Hubo momentos de tensión cuando llegaron las fuerzas policiales, pero nadie cedió a las provocaciones y los micros pedidos por el municipio se encargaron de trasladar a las y los turistas.

”Vinimos de manera pacífica para romper con ese imaginario social que nos crean desde los medios de comunicación hegemónicos y la misma sociedad racista, donde nos tratan de violentos, cuando nosotros solamente queremos informar. Lamentablemente, la ignorancia y la desinformación es un virus, es una enfermedad que nos atraviesa hoy como sociedad. Vinimos de forma pacífica y llegó la policía a amedrentarnos, a violentar a la gente y a empujar”, dijo Zamira Tacuman.

Con todas las fuerzas represivas a disposición, esta pequeña acción de resistencia y solidaridad pudo realizarse pacíficamente, en un sitio emblemático para las protestas. Fue un modo de abrazar la lucha de la Lof Pailako y de todas las comunidades indígenas criminalizadas por el gobierno provincial y nacional.

En noviembre, en la Asamblea de la ONU, Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución contra los derechos de los pueblos originarios

La batalla judicial y desigual: cómo se llegó al desalojo

La comunidad recuperó su territorio ancestral en 2020, reafirmando su arraigo cultural y espiritual en la Mapu (tierra). Allí siembran, crían animales y cuidan a sus hijas e hijos. Desde entonces, enfrentan amenazas y hostigamientos. Quienes allí viven son descendientes de pobladoras y pobladores mapuche en lo que hoy es el Parque Nacional Los Alerces, creado por el Estado argentino en el marco de las políticas de expulsión de las comunidades indígenas de la Patagonia.

“Para nosotros ‘pailako’ significa ‘arroyo tranquilo’”, explicó Lemu Cruz Cárdenas, en una nota brindada a la Agencia Presentes. “El arroyo que da nombre a la comunidad se arma entre varias corrientes de agua, arroyos más pequeños, que bajan del cerro y forman uno más grande. Vivíamos a la orilla de ese arroyo”, recordó Cárdenas. Hoy, él y María Belén Salina (integrantes de la comunidad) están imputados por presunta participación en incendios forestales ocurridos en el Parque. No hay una sola prueba en su contra.

Como respuesta a la recuperación territorial iniciada en 2020, Parques Nacionales realizó una presentación ante el juez Otranto para pedir el desalojo de la comunidad. En primera instancia, el magistrado habilitó el ingreso a la Lof para identificar a las personas que habitan allí. Fue un paso previo al desalojo.

El juez Otranto emitió entonces la orden para la expulsión, pero fue suspendida por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Ante la apelación de Parques Nacionales, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia le dio la razón al organismo nacional y la amenaza del desalojo volvió a estar vigente.

Resulta llamativo en el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones el argumento del juez Javier Leal de Ibarra: “Queda debidamente expuesto que Cruz Cárdenas y María Belén Salinas (NdR: nótese la mala escritura del apellido Salina, familia tradicional de la zona) adscribieron a una comunidad mapuche que ocupó la zona denominada ex Población Felidor Salina a partir de enero del año 2020. […] y que si bien descienden de pobladores que contaban con permisos para ocupar tierras dentro del Parque Nacional Los Alerces, ningún permiso precario les ha sido conferido sobre la zona que específicamente pretenden”. Felidor Salina era el tatarabuelo de Belén Salina, integrante de la Lof Pailako. Como a tantos pobladores de la zona, en 1940 le entregaron un “permiso precario” para pastaje y ocupación.

El 30 de diciembre, días después de la derogación de la prórroga de la Ley 26.160, Otranto habilitó nuevamente el desalojo sin que exista una sentencia firme sobre el caso y antes de haberse agotado los recursos legales presentados por la comunidad. Desde la APDH también presentaron un hábeas corpus preventivo, que fue desestimado por el juez.

El 2 de enero, un oficial de justicia, acompañado por fuerzas federales, notificó a la comunidad sobre el desalojo. Dio un plazo de cinco días hábiles (hasta el 9 de enero) para abandonar el territorio. En la notificación se advirtió que se iba a disponer del uso de la fuerza pública y del allanamiento de domicilios en caso de «ser necesarios». La información fue presentada junto a Danilo Hernández Otaño (intendente del Parque Nacional Los Alerces) y Laura Fenoglio, personal de Parques Nacionales.

El argumento que sostienen desde Parques Nacionales para el desalojo es preservar el área protegida. Sin embargo, la ONU destacó en 2023 que “gracias a sus conocimientos y su relación con el medio ambiente, los pueblos indígenas pueden ayudar a encontrar soluciones para remediar los daños causados por la triple crisis planetaria”.

El Parque Los Alerces

La Reserva Nacional Los Alerces se fundó en 1937. En 1945 se declaró como Parque Nacional, con una extensión de más de 280.000 hectáreas. Fue a través del despojo y el desalojo violento de las comunidades que allí habitaban que se crearon estas áreas “protegidas”.

“El juicio civil, en el que se podrían dirimir los derechos ancestrales de los integrantes de la lof, duerme en un cajón de la Justicia argentina, sin dar la posibilidad entonces de sacar a la luz la ocupación tradicional de este espacio territorial por algunos de sus miembros que son la quinta generación de las familias que allí vivían, mucho antes de la creación de Parques Nacionales”, expresa un documento firmado por decenas de comunidades mapuche y asambleas socioambientales.

En el mismo texto, denuncian que la zona “es codiciada por intereses inmobiliarios, mineros, forestales e hidroeléctricos”.

Un Estado que reivindica su racismo

En diciembre pasado, el gobernador de Chubut aseguró: «Este gobierno (provincial) va a ir hasta las últimas consecuencias contra quienes toman un bien que no es propio y que vayan presos. Hay que separar lo que son nuestros pueblos originarios […] de estos delincuentes que levantan falsas banderas para cometer delitos. Para hacerse de tierras privadas. O, por ejemplo, tomar el Parque Nacional Los Alerces».

En la misma línea, el 8 de enero, el Ministerio de Seguridad de la Nación, en conjunto con la Vicejefatura de Gabinete y la Administración de Parques Nacionales, emitió un comunicado afirmando que «tras agotarse todas las instancias judiciales y los intentos de retirada pacífica, se procederá al desalojo del grupo autoproclamado mapuche encabezado por Cruz Cárdenas, que desde el año 2020 usurpa y ocupa ilegalmente áreas protegidas del Parque Nacional Los Alerces». Y anunciaron que el operativo se llevaría a cabo con Fuerzas Federales.

También aludieron al «derecho a la propiedad del Estado Nacional» y a supuestos ataques verbales y físicos por parte de la comunidad. Y refirieron a la Ley 26.160: «Una legislación impulsada por administraciones anteriores, que suspendía la ejecución de desalojos en territorios reclamados por determinados grupos». Una forma de desconocer los derechos de los pueblos indígenas que rigen en Argentina.

La identidad es un derecho

Nora Rodríguez y Raúl Mazzone, integrantes de la APDH presentes en la conferencia de prensa, expresaron: “Es horrible ver el rostro racista, colonial, cada vez más inquisidor que habilita métodos que estaban prohibidos desde la dictadura, de investigación como si hubiera enemigos internos. Es una faceta horrible del Estado. Pero a la vez vemos en las comunidades procesos de identidad, que son un derecho. Despojarlas de sus territorios es muy doloroso. Vemos el daño que esto causa en personas de distintos géneros, edades, a infancias que van a sufrir esto de una forma significativa en su proceso de vida. La identidad es un derecho, quizás al Estado en su formato actual no le guste reconocerlo”.

A su turno, desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos expresaró: “¿Para qué elegimos un gobierno democrático? Tenemos derecho a cuestionar a ese gobierno, ningún gobierno es absoluto. La gestión actual ¿no debe respetar la Constitución argentina? Hoy vemos a un Estado que fomenta la discriminación”.

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) manifestó mediante un comunicado: “El desalojo de la comunidad nos recuerda oscuros episodios recientes en los que perdieron la vida quienes formaban parte de reivindicaciones territoriales. Es posible construir un diálogo intercultural en el que todas las culturas y pueblos sean respetados, pero no ocurrirá si la respuesta estatal es la violencia, la discriminación y la falta de respeto a los derechos colectivos de las comunidades preexistentes”.

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^{Cobertura colaborativa de Infoterritorial, Revista Cítrica, Agencia Presentes y Agencia Tierra Viva}

^{Edición: María Eugenia Ludueña}

^{Edición de Fotografía: Nicolás Pousthomis}

Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio

^{En portada: Migrantes avanzan en caravana rumbo al norte de México. Foto: María de Jesús Peters}

Las diez caravanas de migrantes que buscan llegar cuanto antes a línea fronteriza entre México y Estados Unidos se han formado desde la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo en México y tras la elección de Donald Trump en Estados Unidos.

Luis García Villagrán, abogado y defensor de derechos humanos, asegura que el Estado mexicano está incentivando a la gente a salir caminando, es decir, no les permite acceder a sus derechos y los agotan. Luego de que los orilla a irse en caravanas les ofrece documentos y, para aquellos que aceptan, los traslada a otras ciudades fuera de la ruta que comúnmente usan para llegar al norte de México, “no hay claridad en los procedimientos”. 

El abogado prevé que en las siguientes semanas más grupos de migrantes salgan de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. El último (o la décima caravana) partió el 2 de enero de Tapachula y solo dos días después, el Instituto Nacional de Migración (INM) ofreció la Forma Migratoria Múltiple (FMM),un permiso para moverse por territorio nacional durante 20 días, pero sin garantías reales de libre tránsito.

La mitad de las personas que integraba el éxodo aceptaron el documento y fueron trasladadas a ciudades de Guerrero y Michoacán, donde nuevamente quedaron varadas. La otra parte del grupo, que se negó a recibir la FMM, sigue en la ruta rumbo a Arriaga, Chiapas, para continuar por la carretera a Oaxaca.  

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Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi

^{En portada: Inversores de la empresa Helax durante reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en septiembre del 2024. En la junta también participaron miembros de la Secretaría de la Marina quienes coordinan el CIIT.}

En este mes de enero debe arrancar la consulta indígena relacionada con el proyecto de producción de hidrógeno “verde”, de la empresa Helax Istmo, subsidiaria de la danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), en el municipio de Ciudad Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que servirá principalmente de combustible para el sector naval. 

Después de la fase informativa, que debe extenderse hasta mayo, siguen la consultiva y deliberativa. Para diciembre está prevista la última fase, de seguimiento de acuerdos.

El proyecto hace parte de uno de los diez Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis), previstos para construirse en Veracruz y Oaxaca como parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Para ello serán utilizadas 413 hectáreas expropiadas a los bienes comunales de Ciudad Ixtepec, en febrero de 2023. 

La Secretaría de Energía (Sener), responsable por la consulta, identificó al menos 9 municipios y 10 localidades que deberán participar del proceso por estar en la zona de impacto del proyecto, entre ellos, Santiago Ixtaltepec, Asunción Ixtaltepec, Ixtepec, Santa Rosa, El Morrito, Chivela, El Mezquite, Mena. 

Las informaciones fueron obtenidas por medio de la Plataforma Nacional de Información (folio 332459924000194), que volvió público el documento oficial de la CIIT en el cual se presenta el proyecto a las autoridades municipales y agrarias de comunidades que serán impactadas, en septiembre de 2024. Estuvieron presentes la Sener, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Marina y representantes del CIIT.

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Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Integrantes de cooperativas campesinas que reivindican la recuperación de tierras en el Bajo Aguán realizan manifestaciones para exigir la desarticulación de grupos armados que operan en la región.}

Cooperativas agrícolas del valle del Bajo Aguán, norte de Honduras, se movilizaron la mañana de este lunes (6) para bloquear la Carretera Centroamericana (CA-13) que atraviesa el país hacia Guatemala, con el fin de exigir a las autoridades el desarme de grupos criminales a quienes señalan como responsables por asesinatos y desplazamiento forzado de familias campesinas. En esta región, desde los años 70s se destinaron las tierras para un reparto agrario, pero fueron despojadas para dar paso a monocultivos de palma aceitera.

Esta movilización es la más reciente en una serie de protestas derivadas por las últimas agresiones violentas. La noche del pasado 24 de diciembre del 2024, hombres armados atacaron a los integrantes de la Cooperativa Camarones quienes se vieron forzados a abandonar las 656 hectáreas de tierras recuperadas que habitaban y cultivaban para el sostenimiento de 150 familias campesinas.

El pasado jueves (2), Arnulfo Díaz, miembro de la cooperativa Brisas del Aguán, organización campesina que mantiene una recuperación de tierras desde hace dos años, fue asesinado. “Cuatro hombres armados que se conducían en motocicletas interceptaron el vehículo y lo bajaron por la fuerza, expresándole que querían hablar con él, posteriormente ordenaron al conductor del vehículo a seguir su marcha, minutos después fue ejecutado”, detalla en comunicado el movimiento campesino articulado en la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).

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Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{En portada: Jóvenes gitxsan y simpatizantes protestan contra proyecto de gasoducto en la Columbia Británica que afecta territorios de poblaciones originarias en Canadá. Foto de Mike Graeme}

La nación Gitxsan es un pueblo originario que vive en el noreste de la Columbia Británica, provincia localizada al oeste de Canadá, entre el mar Pacífico y una cadena de montañas. Las comunidades del pueblo Gitxsan viven principalmente en las orillas de los ríos del abundante sistema fluvial de su territorio, entre ellos los ríos Skeena y Kispiox. Estos ríos son conocidos por ser el lugar donde habita el salmón. 

Tan importante es la existencia de este pescado en la región que “nos llamamos gente del salmón”, comparte para Avispa Mídia Jesse Stoeppler, de la nación Gitxsan, miembro de la comunidad Hagwilget Village, formada por aproximadamente 350 personas. “Al igual que nuestros pueblos vecinos – como los Tsimshian y los Nisga’a -, dependemos de la salud de la población de los salmones. Nuestra cultura depende del salmón, nuestra alimentación depende del salmón, nuestros bosques dependen del salmón. El ADN del salmón se encuentra en los árboles y en las plantas”.

El pueblo de Gwii Lok – como es conocido Stoeppler en la lengua de los Gitxsan -, así como otros pueblos de la región, ha entablado desde por lo menos una década una lucha para defender su territorio de los gasoductos proyectados para transportar gas metano, que es extraído en la misma provincia, hacia regiones del mar Pacífico. Ahí, pasa por un proceso de licuefacción para ser exportado vía navíos principalmente a Europa y Asia.   

La técnica utilizada para la extracción del gas es la fractura hidráulica (fracking). “Las empresas utilizan millones y millones de litros de agua. Nuestra región, donde hay agricultores, bosques y salmones, está en sequía extrema. Ya no hay suficiente agua en nuestros ríos para que viva el salmón. Nuestros lagos son cada vez más pequeños. La mayoría de nuestras comunidades carecen de agua potable. Los pozos están envenenados”, cuenta Gwii Lok.

Por el territorio de los Gitxsan, conformado por 33 mil kilómetros cuadrados, cruza el gasoducto Coastal GasLink, de la empresa TransCanadá Energy (TC Energy), finalizado en 2023, y que ha enfrentado fuerte resistencia por parte de los pueblos Wet’suwet’en y Gitxsan que sufrieron, por años, la violencia policial, acoso por parte de la empresa y la vigilancia de sus defensores de la tierra. 

Por lo menos otros ocho proyectos, según Gwii Lok, están en camino, siendo que uno de ellos, de 900 kilómetros de extensión, empezó a ser construido en agosto de 2024, cuando empezó la tala forestal en el trazado del proyecto. Es el gasoducto Prince Rupert Gas Transmission (PRGT), que fue vendido en mediados de 2024 por la empresa TC Energy a la nación Nisga’a y a la empresa Western LNG LLC, con sede en Texas. En abril, mientras se construía el acuerdo de venta del gasoducto PRGT, otro de los gasoductos de TC Energy explotó en la provincia de Alberta, provocando un incendio forestal y contaminando el medio ambiente.

El gasoducto PRGT debe llevar gas metano desde Hudson’s Hope, en el noreste de la Columbia Británica, hasta una instalación de exportación de ese gas, en el noroeste de ésta provincia, cuya ubicación exacta aún no se ha confirmado, para pasar por el proceso de licuefacción.

Las centenas de kilómetros de ducto atravesarán diversos territorios de pueblos originarios, más de mil arroyos, ríos, lagos y fiordos, según un informe de Amnistía Internacional de Canadá, que da seguimiento al caso desde hace años.

Ahora los pueblos viven un momento decisivo. El destino del gasoducto PRGT está incierto, después de que su certificado de evaluación medioambiental expiró en noviembre de 2024.

En 2014, el gobierno aprobó el certificado “pese a que éste concluía que el proyecto tendría importantes efectos adversos y aumentaría las emisiones de gases de efecto invernadero”, sostiene Amnistía Internacional.

Ahora, la Ministra de Medio Ambiente y Parques de la Columbia Británica, Tamara Davidson, decidirá si hace permanente ese certificado y permite que el megaproyecto siga adelante, o si exige una nueva evaluación ambiental que ralentizaría la continuación del proyecto dos o tres años, pero no le pondría fin definitivamente. Esa decisión se espera para marzo de 2025. 

Una de las preocupaciones de Amnistía Internacional es que la construcción del gasoducto fue iniciada sin que haya un punto de final aprobado. “El actual certificado de impacto ambiental se basa en el trazado del gasoducto con final en la isla de Lelu [donde hubo resistencia por parte de los pueblos y que acabó siendo cancelado]. Puesto que esto ya no es así, y el trazado del gasoducto probablemente se modificará si el proyecto sigue adelante, es más necesaria que nunca una nueva evaluación de impacto ambiental”, sostiene Amnistía Internacional.

Organizaciones nacionales e internacionales, como Peace Brigades International –Canada, instan a que el gobierno garantice que se lleve a cabo una nueva evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto de PRGT. “Las circunstancias han cambiado considerablemente desde 2014. Las condiciones económicas y medioambientales no son ya las mismas, y el cambio climático va en aumento. Los ríos locales son más cálidos y menos caudalosos, la población de salmón y otros peces y fauna corre mayor peligro, y la mayor frecuencia de los incendios tiene un impacto cada vez más fuerte en la región”, sostienen en una llamada internacional de acción contra el gasoducto.

Exigen que se emprenda de “forma urgente y transparente un proceso de consulta con los pueblos indígenas por los que pasa el trazado del gasoducto, un proceso que sea conforme con el derecho y las normas nacionales e internacionales de derechos humanos”.

Además, apuntan que, como emisor histórico de gas carbónico, Canadá tiene un mayor deber de detener la concesión de licencias de nuevos proyectos de extracción de combustibles fósiles. Desde 2021, alegan, la Agencia Internacional de la Energía ha advertido que los nuevos proyectos de combustibles fósiles mantendrían el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero e incumplirían el requisito de lograr cero emisiones netas en todo el mundo para 2050. 

A lo largo de los años los Gitxsan y sus aliados han realizado acciones de protestas, han montado bloqueos y campamientos en las orillas del trazado propuesto del gasoducto y han presentado denuncias judiciales contra el proyecto. En 2016, durante los primeros intentos de construcción, se levantó el campamento Madii Lii, que se mantiene hasta hoy, para bloquear el acceso al derecho de paso del gasoducto en el valle de Suskwa. 

La resistencia al megaproyecto continúa mientras se espera una decisión por parte de las autoridades ambientales canadienses. “Si se construye el gasoducto cruzando nuestro territorio, después que todas las máquinas sean retiradas, es nuestra gente la que quedará con la destrucción, nos quedará familias rotas, y perderemos mucho de nuestro territorio”, dice Gwii Lok. 

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Avispa Mídia platicó con Gwii Lok durante el encuentro continental  Construyendo una Alianza contra Gasoductos y Otros Megaproyectos en Defensa de los Territorios de los Pueblos Originarios, realizado en Matías Romero, en el Istmo Tehuantepec, en Oaxaca.

En lo que sigue, destacamos partes de la entrevista en las que el Gitxsan constata la destrucción histórica de sus territorios, promocionada por el Estado canadiense, pero también partes en las cuales resalta estrategias y los detonantes de la resistencia. “El dinero no conoce fronteras, pero nosotros tampoco las conocemos”, dice.

En Canadá, la colonización continúa

Hemos vivido en nuestras tierras desde hace miles de años. De hecho, ayudamos a los colonos cuando llegaron. Sin embargo, no hemos recibido la misma cortesía. Tras el contacto, perdimos a muchos, muchos de nuestros hijos, por ejemplo, en internados y escuelas residenciales.

La desaparición de nuestros hijos afectó a las generaciones sucesivas. Estas escuelas no tenían un patio de recreo. Estas escuelas tenían un cementerio adjunto. El último internado se cerró en 1996. Cada persona de nuestra comunidad y de nuestras comunidades vecinas tiene a alguien en su familia que no regresó a casa de estas escuelas. 

Las amenazas y muertes continúan. Nos amenazan, amenazan a nuestras mujeres y niños, entran por la puerta de nuestras casas con motosierras. La industria en Canadá creó toda una nueva división de policía militarizada sólo para nosotros. Esto ocurre en un momento en que nuestro país, Canadá, habla de reconciliación con los pueblos indígenas. Nos enfrentamos a la reconciliación a punta de pistola. Nos vemos obligados a ver cómo se destruyen nuestras tierras. Hay gente que está siendo asesinada. Canadá tiene una larga historia al respecto.

Las mismas estrategias

Las mismas estrategias utilizadas por empresas y gobierno contra nosotros en nuestros territorios son utilizadas en territorios de pueblos en otros países. Deseo pedir perdón ante ustedes [dirigiéndose a los pueblos presentes en el encuentro intercontinental]. Disculpas porque muchas de estas operaciones son de empresas canadienses. Así como nos tratan, así tratan a los demás pueblos indígenas en el mundo. Toman nuestros recursos, toman nuestros territorios, toman nuestros niños, nos matan. Pero no tenemos miedo, hemos resistido por generaciones. Creemos en lo que hacemos y en lo que somos. Y esta es la manera por la cual hemos sobrevivido por miles de años. Y esta es la paz que los gobiernos electos de Canadá no entienden. No entienden que algunas personas no pueden ser compradas. 

Hacerse visibles

La Nación Gitxsan y la Nación Wet’suwet’en han luchado durante décadas por el reconocimiento de sus territorios ante el Tribunal Supremo de Canadá y finalmente ganaron las acciones legales y recibieron el reconocimiento de que nuestros territorios nunca han sido cedidos, nunca hemos renunciado a la titularidad.

Infelizmente tenemos que ir a la Corte para demostrar que existimos. Primero hay que hacernos visibles para poder tener derechos. Y esta estrategia ha sido usada en diversas partes de América Latina. No estamos robando a nadie como pueblos indígenas, solo queremos conservar lo que es nuestro.

También estamos intentando recurrir a tribunales internacionales. Hemos emprendido acciones legales contra Canadá una y otra vez. Estamos recibiendo ayuda de las Naciones Unidas y de organizaciones internacionales. Pero nada es tan fuerte como la unidad con nuestros parientes y otros pueblos indígenas de todo el mundo.

Conocer el territorio

Es muy importante conocer el estado de su tierra y su territorio. Lo que quiero decir es que, antes de que tus tierras se vean afectadas por la industria y los megaproyectos, en los casos en que no se logra detenerlos, tienes que conocer la salud de tu medio ambiente para poder demostrar que las empresas lo han envenenado. Tener elementos para probarlo es muy importante.

Fortaleza

Nuestra ventaja más fuerte en esta lucha contra nuestros propios gobiernos e industria es la unidad dentro de nuestras naciones, la unidad con nuestras naciones vecinas, la unidad entre Gitxsan y Wet’suwet’en por un objetivo común.

Además, es cada vez más fuerte y eficaz el uso y la ocupación cotidiana de nuestras tierras. Ya no vivimos en las ciudades, vivimos en nuestra propia tierra. Nunca olvides quién eres, tu herencia, tu lengua, tu cultura, tu tradición. Todo eso define quién eres y te fortalece. 

Futuras generaciones

Nosotros recibimos una canasta. La tenemos que pasar a la siguiente generación. Y esta nueva generación recibirá lo que yo deje en esta canasta. Es mi obligación no disminuirla; yo debo dejarla como la recibí. En esto se basa todas mis tomas de decisiones.