Chiapas
(Español) Sistema de justicia del estado de Chiapas debe de garantizar la justicia para Simón Pedro
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
25 de marzo de 2022
Boletín No. 12
Poder Judicial y Fiscalía General del estado de Chiapas deben de garantizar la justicia para Simón Pedro Pérez López, defensor de derechos humanos
No debemos sentirnos tristes, ni solas, debemos tener esperanza[…]
es importante que tengamos convicción y esperanza de que
lograremos construir dignamente nuestras vidas.
Simón Pedro Pérez López.
El 28 de marzo de 2022, a las 10:00 horas, se llevará acabo la audiencia intermedia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el Juzgado de Control del municipio de Cintalapa, Chiapas, relacionado con el asesinato del catequista y defensor de derechos humanos Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro), por lo que exigimos a la Fiscalía General (FG) y al Poder Judicial del estado de Chiapas (PJE) garantizar el derecho al acceso a la justicia y actuar con la debida diligencia en las investigaciones, asegurando que no haya omisiones en el recaudo de las pruebas y en el seguimiento de las líneas lógicas de investigación de acuerdo a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de tal modo que no solo se investigue el delito, sino el contexto en el que se llevó a acabo.
Simón Pedro era catequista de la parroquia de Santa Catarina del municipio de Pantelhó, integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal) y defensor de los derechos humanos; fue asesinado el pasado 05 de julio del 2021 en la cabecera municipal de Simojovel, Chiapas, después de denunciar la omisión del Estado mexicano ante la actuación impune de grupos de la delincuencia organizada. Días después gracias a la exigencia de justicia en el ámbito nacional e internacional el autor material del asesinato de Simón Pedro fue detenido y se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Número 14 “El Amate”.
De acuerdo con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos de diciembre del 2018 al 12 de julio de 2021 se habían asesinado 43 periodistas y 68 personas defensoras de derechos humanos, cifra que no se ha actualizado.[1] En lo que va del año han sido asesinados ocho periodistas en nuestro país.[2]
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas junto a la familia de Simón Pedro y Las Abejas de Acteal hemos visibilizado el trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos que realizó Simón Pedro y que esta calidad sea reconocida a nivel judicial, además de los impactos que generó el asesinato en los aspectos sociales, comunitarios y familiares, por lo que en la audiencia intermedia deben admitirse todas las pruebas que permitan el esclarecimiento de los hechos, la justicia y la verdad.
La labor de las personas defensoras de derechos humanos es fundamental para la implementación universal de los derechos humanos, son un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias.[3]Simón Pedro eligió ser defensor de derechos humanos, caminando junto al pueblo de manera pacífica y no violenta, su vida será alegría para nuestra lucha por generaciones, por eso continuaremos luchando por impulsar la justicia completa para que su caso no quede en la impunidad.
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[1] Secretaría de Gobernación, “Comunicado”, 2021, disponible en: https://www.gob.mx/segob/prensa/el-mecanismo-de-proteccion-para-personas-defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas-por-instruccion-presidencial-informa-lo-siguiente
[2] Bravo, Jorge, “¡Basta!, Presidente, de periodistas asesinados”, Proceso, 2022, disponible en:https://www.proceso.com.mx/opinion/2022/3/17/basta-presidente-de-periodistas-asesinados-282697.html
[3] Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos”, 2015, CIDH – OEA, Washington D.C.
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Cintalapa, Chiapas; 28 de marzo del 2022; @lasabejasdeacteal, @cdhfrayba, @sweformexico @sipaz.chiapas, medios de comunicación y compañerxs solidarixs a las afueras del Centro de a Readaptación Social para Sentenciados No. 14 “El Amate”, en el municipio de Cintalapa, para el el desarrollo de la Audiencia Intermedia sobre el caso del asesinato del defensor de #DDHH, Simón Pedro Pérez López.
(Español) Selva de Chiapas: violencia obstétrica ocultada por las autoridades
Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio
A 432 kilómetros de la capital de Chiapas se encuentra Benemérito de las Américas, un territorio fronterizo avasallado por los megaproyectos, el crimen organizado, los feminicidios y el olvido institucional que afecta la vida de la mitad de la población: las mujeres.
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El 49.9% de los 23 mil 603 habitantes son mujeres que enfrentan diferentes violencias, una de las más graves viene del personal del Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social-Bienestar (IMSS-Bienestar), en Benemérito, que ofrece servicios de salud a otros seis municipios – Márques de Comillas, Ocosingo, Palenque, Chilón, Salto de Agua y Tumbalá -, donde están los pueblos chol, tzeltal, maya, lacandón y zoque.
En 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al municipio con el director del IMSS, Zoé Robledo, que se comprometió a brindar atención de calidad. En esta misma visita, los directivos dijeron que en los primeros seis meses de 2019 habían atendido 400 partos.
En 2020, después de un embarazo mal atendido y una cesárea llena de negligencias, Gabina Mar Pérez, de 37 años, dedicó un año a buscar las causas de constantes y fuertes dolencias, también, mal diagnosticadas por el médico Marco “M”.
En agosto de 2020, Gabina acudió al servicio médico del IMSS-Bienestar con síntomas de parto. Primero le dijeron que su hija nacería en parto normal y después que sería cesárea. “Me pusieron anestesia general, cuando desperté me sentía débil y miraba manchas de colores”, dijo a Avispa Midia.
Desde el primer momento Gabina sintió una anormalidad en su cuerpo. “Le dije a las enfermeras”, y cuenta que el médico le puso una inyección, “nadie se quería hacer cargo de mí”, a pesar del cambio de turno del personal médico.
Los malestares incrementaron tras el efecto de los medicamentos. Los médicos de guardia la obligaron a caminar soportando los dolores, aun cuando no tenía fuerza en las piernas.
“El doctor me decía: ‘es que tienes que caminar, eso es normal, es la anestesia que está trabajando; apenas se está quitando’. Le dije, no doctor, lo que yo siento no es normal. Sí, me dice él, ‘así son todas las mujeres’”.
Gabina fue dada de alta tres días después de la cesárea. Aunque estaba en casa, no tenía fuerzas ni para cargar a su bebé, a quien tampoco pudo amamantar, “mi esposo se hizo cargo porque me sentía muy mal”. Para entonces la tuvieron que regresar al hospital donde el mismo doctor la recibió. “‘¿Y ahora qué le pasó?’, me preguntó”, y al escuchar los reclamos del esposo de Yesica agregó el médico, según relato de Yesica: “‘no les puse una pistola para que aceptaran la cesárea’”.
Estuvo internada por varios días sin un diagnóstico certero. Le dijeron que tenía una infección en el estómago, retención de líquidos, perforación de intestinos y luego la programaron para otra operación que no aceptaron por falta de argumentos médicos.
Gabina entró y salió varias veces del mismo hospital. Le sacaron innumerables estudios, incluso fue atendida en Palenque y Villahermosa, Tabasco. Tras un año de calvario para la familia, en agosto de 2021 descubrieron que en la cesárea olvidaron sacar una compresa del cuerpo de Gabina.
“‘Es una compresa’. ¡Cómo que una compresa! ‘La bola estaba así’, me dijo una enfermera. ‘Estaba enorme’, dice”, pero el objeto que sacaron del cuerpo de Gabina no le fue entregado.
Acudió a Derechos Humanos municipal para ser atendida a cabalidad en la institución de salud pública responsable de su condición médica. La Fiscalía tomó el registró de atención 0042-114-0903-2021, pero a la fecha no hay respuestas.
Gabina y su esposo dejaron de trabajar como comerciantes, “él me acompañaba a mis estudios y cuando estuve internada”, vendieron la mayoría de sus bienes materiales y animales de traspatio.
Ahora pide al Instituto Mexicano del Seguro Social que haga responsable al médico Marco “M” y le regresen el dinero que gastó por un año de atención médica por su negligencia.
“El tiempo con mi bebé no me lo pueden devolver, pero sí un poco de tranquilidad porque esa situación nos dejó sin nada”.
Denuncias
El caso de Gabina se suma a otros casos de negligencia médica en Benemérito, como de otra mujer, cuya identidad se reserva por seguridad, que tuvo su parto en la jardinera del mismo IMSS, además de cobros por servicios que los médicos no deberían cobrar.
Las autoridades ejidales de Benemérito enviaron varios escritos al presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar la situación, pero hasta hoy no tienen respuestas diferentes al discurso de ‘no pasa nada’.
“Actualmente sufrimos un déficit de atención médica y negligencias”, señalan autoridades ejidales de Benemérito, en entrevista a Avispa Midia.
En la inauguración del IMSS en Benemérito representantes del Estado se comprometieron a crear el Centro Médico de la Selva Lacandona, con equipos modernos, personal capacitado y especialistas de forma permanente. Pero nunca se concretó.
Las autoridades agregan que, al igual que el crimen organizado en la zona, la mafia del personal médico no permite la renovación de trabajadores que señalan, incluso, de sustraer el equipo del hospital.
En un acta de acuerdos firmada por los Comisariados Ejidales que componen el municipio de Benemérito, “porque el Ayuntamiento no está con el pueblo”, dicen las autoridades ejidales, exigieron el cambio inmediato del personal involucrado en actos negligentes.
Denunciaron instalaciones insalubres, mala atención de algunos trabajadores, seguridad incompetente e irresponsable, cobros extras y excesivos por servicios que deberían ser gratuitos.
“Exigimos que los médicos, que tengan farmacias o laboratorios, no trabajen en el hospital IMSS Bienestar porque elevan los precios de los medicamentos que no encontramos en la derechohabiencia [los derechos a los servicios de la institución de salud]”, sostienen las autoridades.
La violencia obstétrica puede darse de manera psicológica por medio de burlas, humillaciones, discriminación, mal información o comentarios alusivos a la sexualidad de las mujeres; y de manera física cuando se realizan prácticas invasivas, se suministran medicamentos injustificadamente, se niega la atención, se maltrata físicamente o se realizan esterilizaciones forzadas.
La Fiscalía General de Chiapas sólo tiene registro de tres casos de violencia obstétrica denunciados desde el 2019, a pesar de ser una violencia recurrente que no solo deja secuelas físicas, también emocionales.
Más allá
En el 2012, en el Hospital Zona 2 del IMSS, ubicado en la capital de Chiapas, Diana acudió el 6 de diciembre con dolores de parto. El médico de la guardia nocturna la mandó a caminar y a que regresara al siguiente día.
Diana regresó el viernes y tampoco la ingresaron hasta las 23 horas con dolores insoportables que se prolongaron hasta el amanecer del sábado 8 de diciembre. Antes del cambio de guardia llegó el médico a inducir la salida del líquido amniótico y se fue.
La enfermera del siguiente turno le preguntó si el médico avisó del contenido del líquido, “respondí que no”. Había meconio (la primera evacuación de un bebé) y nadie se hizo responsable, “el médico de guardia se fue sin decirme nada aun cuando sabe lo que podía pasarle a mi hijo”.
Ese mismo día, Diana recuerda que los médicos internos se quedaron a cargo de las mujeres en labor de parto, “a una señora que tenía 8 centímetros de dilatación, de tanto que un joven le hizo el tacto, sacó el cordón umbilical de su bebé, a ella también la tuvieron que operar”.
En el informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 44 recomendaciones fueron dirigidas al IMSS en 2021. La institución también encabeza la lista de 132 recomendaciones en trámite.
En las 217 quejas en expedientes relacionados con violencia de género, la CNDH sólo tiene el registro de seis que corresponden a violencia obstétrica a nivel nacional.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en Chiapas, no proporcionó información y respondió que por ahora atienden el informe de actividades y no pueden atender solicitudes de medios de comunicación.
El pasado 17 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes generales de Salud y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de reconocer a la violencia obstétrica como un tipo de violencia contra las mujeres. Ahora se esperan sus efectos constitucionales.
