Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Momento de la recuperación de tierras garífunas en la comunidad de Nueva Armenia, Honduras. Foto: El Salto Diario.}

Al filo de la medianoche de este domingo (6), elementos de la Policía Nacional de Honduras (PNH), Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), así como civiles armados, ingresaron a una recuperación de territorio ancestral garífuna -realizada la mañana de ese mismo día en la comunidad de Nueva Armenia, costa caribe-, y dispararon contra los presentes, dejando dos recuperadores gravemente heridos.

La Organización Fratenal Negra Hondureña (Ofraneh) -quien acompaña a la comunidad en las acciones que reivindican la propiedad ancestral de la comunidad garífuna sobre estas tierras, en el municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida- denuncia a la empresa Palmas de Atlántida, propiedad de herederos del magnate de la palma aceitera, Reynaldo Canales, de ocupar ilegalmente territorios de Nueva Armenia para la siembra de este monocultivo.

Durante la mañana del domingo (6), mientras pobladores garífunas realizaban la recuperación de tierras, fuerzas de seguridad acudieron al sitio acompañados de vehículos tipo pick-up con civiles armados y encapuchados, quienes intimidaron a la población afroindígena.

“Señalamos la presencia de elementos de la policía, encapuchados, además el perfilamiento al que se ven sometidos defensores del territorio ancestral, como una estrategia de intimidación hacia una de las comunidades más afectadas por la palma en el Caribe”, denunciaron los recuperadores mediante videos difundidos a través de redes sociales.

Por su parte, la Ofraneh sostiene que la comunidad de Nueva Armenia ha sido “desmembrada de forma ilegal para favorecer a narcos y empresarios vinculados con plantaciones de palma; existiendo más de 24 inscripciones ilegales de tierra que han sido denunciadas ante la Fiscalía en La Ceiba”.

Cabe destacar que la industria de los herederos de Reynaldo Canales también es señalada por el movimiento campesino del Bajo Aguán por haber despojado tierras, destinadas para el reparto agrario, donde impuso monocultivos de palma aceitera.

Recuperar para resistir

En una entrevista con Avispa Mídia, durante agosto del 2023, Mabel Robledo, presidenta del patronato de la comunidad de Nueva Armenia y quien denunció la intimidación este domingo (6), detalló que, pese a que existe un mapa ancestral -el cual data de agosto de 1888- que certifica la propiedad de 1,600 hectáreas de tierra a manos de los garífunas, actualmente, el 70% de estas tierras han sido invadidas por los monocultivos de palma aceitera.

Fue en el año de 1994, cuando el el Instituto Nacional Agrario (INA) desconoció la titularidad de esta superficie para la comunidad de Nueva Armenia, reconociendo solo 333 hectáras de tierras y otorgándo títulos a terceros. Desde entonces, los garífunas han emprendido acciones de recuperación de tierras, dando como resultado la persecución y criminalización de quienes reivindican las propiedades ancestrales.

Robledo conversó con el equipo de este reportaje dentro de la recuperación conocida como “El Cayo”, realizada el 25 de abril del 2020, cuya superficie se extiende por 72 manzanas y cuyo plan es la de albergar a más de 280 familias garífunas. “(Las familias) utilizan las tierras para la siembra del plátano, de la yuca, de papaya, caña, maíz, todo lo que la tierra pueda producir para nuestra existencia”, detalló la recuperadora.

“Ellos (INA) nos titulan en tres lotes. Aquí donde estamos no incluye ese lote y no incluyen otros lotes. De esas 333 hectáreas de tierra, si tenemos 100 hectáreas, es mucho, porque todas las tienen terceras personas”, denunció Robledo.

Para la garífuna, existen mecanismos en las leyes hondureñas que buscan impedir las recuperaciones de tierras ancestrales. Un ejemplo es el artículo 378 del Código Penal, de Honduras – aplicado contra los recuperadores garífunas- el cual se refiere al delito de usurpación y cuya pena va de entre cuatro y seis años de prisión. 

“Nosotros no somos usurpadores, nosotros recuperamos para poder sobrevivir y nosotros no sembramos palma. Estamos recuperando, luchamos para no desaparecer, para que nuestro legado, nuestra historia, no desaparezca”, reclamó Robledo.

Acorde a la Ofraneh, la empresa Palmas de Atlántida mantenía una negociación con la comunidad de Nueva Armenia para solucionar el conflicto agrario. Sin embargo, fue en septiembre del 2023, cuando se retiró del diálogo y ahora acciona con violencia contra las recuperaciones.

“En el ataque a miembros de la comunidad Garífuna de Nueva Armenia, no hubo enfrentamiento alguno, como aseguran medios de comunicación irresponsables. Solo la Policía Nacional y los paramiltares portaban armas de fuego”, sostiene la organización después de que Martha María Bu, subcomisionada de la Policía de Atlántida, indicara que no fue la corporación policiaca quien disparó contra los recuperadores.

Por último, la Ofraneh hace un llamado a la comunidad hondureña e internacional para permanecer alertas ante las amenazas contra la vida de los recuperadores que se mantienen en el campamento levantado este fin de semana.

Al Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena, CNI
Al Concejo Indígena de Gobierno, CIG
A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios
que nunca fueron conquistados
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…
Al Pueblo de México y del mundo.

12 de octubre. No tenemos nada que celebrar que no sea…
“532 AÑOS DE RESISTENCIA Y DIGNIDAD DE NUESTROS PUEBLOS”
“28 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA, CNI”
“4 AÑOS DE LA TOMA DEL MAL LLAMADO INPI”

Se fue el Finquero, pero no olvidamos que…
…
6.- Tuvo el autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz; el nacionalismo de cartón piedra de Luis Echeverría Álvarez, la demagogia corrupta de José López Portillo, la mediocridad administrativa de Miguel de la Madrid, la perversidad de Carlos Salinas de Gortari, la vocación criminal de Ernesto Zedillo, la ignorancia enciclopédica de Vicente Fox, el militarismo y la mecha corta de Felipe Calderón, y la frívola superficialidad de Enrique Peña Nieto. ¿Quién es? Ah, y la corte de aduladores de todos ellos. Cambian los presidentes, cambian las nóminas. Lo del autoelogio y lo chillón, sí es parte del “estilo personal de gobernar”.

El Capitán. Agosto del 2024.

Herman@s tod@s

A 532 años de la mal llamada “Conquista de América”, desde la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, DENUNCIAMOS que con otro rostro, con otro nombre y con la simulación, hecha gobierno, la “Cuarta Transformación”, sigue imponiendo colonización, esclavitud, genocidio y despojo en contra de nuestros pueblos originarios y comunidades indígenas. Medio siglo después del mal llamado “Encuentro de dos Mundos”, resistimos una Globalización neoliberal que busca acabar con la resistencia y autonomía de los pueblos. Enfrentamos una guerra capitalista y patriarcal sostenida con la militarización en nuestros territorios y el auspicio gubernamental de la contrainsurgente, pero sobretodo, con la impunidad del crimen organizado. Todo, como garantes del despojo de la madre tierra, el territorio, el agua y la vida.

A 28 años de la fundación del Congreso Nacional Indígena, CNI, espacio de encuentro, resistencia y rebeldía, que se rige por los 7 Principio del Mandar Obedeciendo y que desde sus origenes se propuso ser la Casa de todos los Pueblos Indígenas. En su andar firme, digno y solidario con las luchas, rabias y dolores de nuestros pueblos, REAFIRMA su principal objetivo, “La reconstitución integral de los Pueblos Indígenas”. Es decir, un espacio donde los pueblos se encuentran, reflexionan y dignamente fortalecen sus luchas, sus resistencias, sus rebeldías y sus rabias. Sobretodo, buscan fortalecer su autonomía y sus formas de organización y gobierno, así como, su representación y toma de desiciones. En contraste a este proceso de organización, también los pueblos resisten el sistema Capitalista que avanza sobre cuatro ruedas: la explotación, el despojo, la represión y el desprecio, que a su paso, en los pueblos, comunidades y ciudades, va dejando muerte y destrucción, prueba de ello, es que en los primeros meses del gobierno morenista, asesinaron a nuestro hermano “Samir Flores Soberanes”, por el solo hecho, de defender la Madre Tierra, el Territorio, la Vida y oponerse al Proyecto Integral Morelos, PIM. Hasta la fecha, no hay verdad y no hay justicia.

A 4 años de la toma de las oficinas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, y renombrada un año después como la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México, originaria de Santiago Mexquititlán, Amealco, Querétaro, integrante del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, CNI-CIG y de la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio y que muy a pesar de la represión, el intento de desalojo y la criminalización de nuestra lucha…

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: El arroyo que cruza la comunidad de Ojital Viejo permanece contaminado por hidrocarburos desde la noche del 15 de septiembre. Foto: Regina López.} 

Ser ‘Tata’ no es cualquier encargo en la cultura Totonaca. Es una persona que abreva del conocimiento, transmitido por generaciones, con el objetivo de velar por la vida en todas sus expresiones. Por eso, cuando Romualdo García Luna, habitante de la comunidad de Ojital Viejo, en Papantla, Veracruz, observa un montículo de tierra contaminada junto a un cauce que desprende un fuerte hedor, reconoce el mensaje de desprecio de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para la comunidad indígena y la naturaleza frente al más reciente desastre ambiental en la región.

Tata Romualdo fija su mirada en el pequeño arroyo que atraviesa la comunidad indígena. Antes, cristalino y lleno de vida, ahora, el cauce que se une al río Cazones rumbo al Golfo de México, se observa negro, cubierto por un aceite espeso derivado de un derrame de hidrocarburos que, desde hace más de 43 días, continúa sin ser atendido apropiadamente por el responsable, PEMEX. “Es faltarnos el respeto, es decir: Ahí muéranse. Porque no nos está considerando como seres humanos”, reflexiona lacónico Tata Romualdo.

Los días 28 y 29 de septiembre, un equipo de Avispa Mídia participó de una brigada de documentación en la zona donde, desde el 21 de agosto, pobladores de Ojital Viejo, ante el registro de explosiones y un fuerte olor a crudo, reportaron un derrame de hidrocarburos en el oleducto Coca C. proveniente del pozo 852, ubicado en el ejido Emiliano Zapata, municipio de Papantla.

Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi
^{Foto por @deabajoml}

Las mujeres mazatecas por la libertad de los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, pueblo originario localizado en el estado de Oaxaca, denuncian una nueva oleada de violencia y persecución jurídica en contra de campesinos e indígenas mazatecos. 

La persecución a 40 personas, entre ellas 6 mujeres, de acuerdo con este grupo de mujeres mazatecas, se remonta al 2011 cuando la Asamblea Comunitaria, organizada por usos y costumbres, comenzó a ser atacada por otro grupo de la comunidad con intereses partidistas, conformado por Elisa Zepeda Lagunas, la parte acusadora en los casos, quien fue secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca, diputada federal y ahora fue nombrada diputada plurinominal del partido Morena.

El punto más álgido de las agresiones en contra de la Asamblea Comunitaria se suscitó el 14 de diciembre del 2014 cuando un grupo de personas armadas, que según pobladores y la defensa de los indígenas actuó bajo el mando de la familia Zepeda, atacó a la Asamblea Comunitaria. De ahí comenzó la persecución política en contra de las familias que integraban la Asamblea. Ya para el 2016 se habían liberado 40 órdenes de aprehensión contra los indígenas. 

Conoce más detalles sobre este proceso aquí.

Los campesinos criminalizados han logrado decisiones favorables en tribunales federales, pero los tribunales del estado de Oaxaca, especialmente el Juzgado de Huautla, donde están todas las carpetas del caso de Eloxochitlán, continúan entorpeciendo y dilatando los procesos penales en contra de los mazatecos, lo que vuelve un círculo vicioso que impide la libertad de los indígenas mazatecos. Algunos de ellos enfrentaron casi diez años de cárcel, sin sentencia.

¡#SeFUERONyNoCUMPLIERON
“Nuestra lucha es por un techo digno, y el mal gobierno destruye nuestra casa y nuestra historia.” #EZLN
Hoy 5 de octubre, llega #ClaraBrugada, como #JefaDeGobiernoCDMX.
A 30 años de exigir el #DerechoALaCiudad y a 4 años de la #TomaDelINPI, seguimos sin #ViviendaDignayDecorosa.

#MartíBatres no cumplió con nuestras demandas de #Vivienda_Salud_Trabajo_Educación_Alimentación_Justicia, en cambio, pusieron como fecha límite, el día 15 de agosto para que la #ComunidadOtomí entregara la #CasaDeLosPueblos.

Lic. Clara Brugada, como Comunidad indígena Otomí, suscribimos acuerdos con el #GobiernoDeLaCIUDAD y con el #INVI. Por lo que hoy, como #MujeresIndígenas que somos #EXIGIMOS #Audiencia y #MesaDeDiálogo.

Seguimos en #resistencia y #rebeldía dentro de la Casa de los Pueblos. Exigimos no seguirnos tratando con #Indiferencia, #Discriminación y #Racismo.

El #12DeOctubre, cumpliremos 4 años de la #TomaDelINPI, y #AdelfoRegino nunca le importó escuchar ni atender nuestras demandas.

Desde la #CasadelosPueblos y #ComunidadesIndígenas la #ComunidadIndígenaOtomíCDMX, hacemos un llamado a #ClaraBrugada, #JefaDeGobierno, a #IntiMuñoz, #SecretarioDeVivienda, para establecer una #MesasDeDiálogo que resuelva de manera definitiva las demandas que hemos planteado por más de 30 años.

Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

La noche del pasado martes (1), durante el primer día del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y pese a las promesas de no repetición, elementos del ejército mexicano se vieron involucrados nuevamente en actos de violencia contra población civil, esta vez en el municipio de Villa Comaltitlán, en la costa de Chiapas.

Acorde a un comunicado del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur -integrado por una veintena de organizaciones de derechos humanos-, una camioneta de redilas que transportaba a 33 personas migrantes fue alcanzada por disparos realizados por elementos militares, lo que provocó que el vehículo se accidentara y dejara un saldo de seis personas migrantes fallecidas.

Según las organizaciones, por las imágenes difundidas se sugiere que las personas fallecieron por impactos de bala. También reportan 10 más lesionadas, entre ellas niños y niñas. Entre los fallecidos se encuentran cuatro hombres adultos, una niña y una joven, mientras los lesionados fueron trasladadas para recibir atención hospitalaria. Las personas en movilidad proceden de Nepal, India, Arabia Saudita, Egipto, Pakistán, Honduras, Cuba y Perú.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) difundió un comunicado mediante el cual ofrece su versión de los hechos. En el documento refieren que, elementos del ejército detectaron un vehículo que iba a alta velocidad, el cual eludió a las fuerzas de seguridad. “A retaguardia de la pick up se desplazaban dos camionetas de redilas como las que usan grupos delincuenciales en esa región. Personal militar manifestó escuchar detonaciones, por lo que 2 elementos accionaron su armamento, deteniendo su marcha una de las camionetas de redilas”.

Fuente: Avispa Midia

Los jueces hicieron coincidir las audiencias de las causas contra la Lof Quemquemtrew y la Lof Winkul Mapu, a las que acusan por “usurpación” en Cuesta del Ternero y Villa Mascardi. Los juicios llegan tras años de persecución y los asesinatos de Rafael Nahuel y Elías Garay. Desde el inicio de este año, otras tres comunidades fueron condenadas o judicializadas bajo la misma acusación para desconocer el derecho sobre sus territorios.

Por Mariángeles Guerrero y Roxana Sposaro

Cobertura colaborativa conjunta de Tierra Viva e Infoterritorial

Una serie de procesos judiciales avanzan contra el Pueblo Mapuche en Río Negro, en Argentina. Esta semana se inició con las audiencias del juicio oral por supuesta usurpación de tierras contra la Lof Quemquemtrew, que cerró su etapa de alegatos este jueves y espera sentencia para el miércoles 2 de octubre. Este jueves también comenzaron las audiencias contra integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu, llevados al banquillo con otra acusación de usurpación, cuya sentencia se conocerá el próximo lunes. Ambas causas fueron iniciadas tras la recuperación de tierras por parte de las comunidades y en ambos casos lamentaron homicidios: Elías Garay, en 2021 (a manos del empleado de un empresario forestal en Cuesta del Ternero), y Rafael Nahuel, en 2017, a manos de la Prefectura Naval en Villa Mascardi.

12 de Octubre, 532 Años de Resistencia y Rebeldía

“POR EL RESPETO A LA AUTONOMÍA, LA DIGNIDAD, LA RESISTENCIA Y LA REBELDÍA DE NUESTROS PUEBLOS”, TOMAMOS EL INPI, HOY CASA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS “SAMIR FLORES SOBERANES”

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo

Titular del Ejecutivo Federal y Jefa máxima del 2º piso de la Cuarta Transformación

Desde la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México…

DENUNCIAMOS: El despojo del agua, el territorio y la vida; la militarización, la impunidad del crimen organizado, los megaproyectos de muerte y la guerra capitalista que imponen desde el poder económico y político, en contra de nuestros Pueblos y Comunidades Indígenas.

DENUNCIAMOS: Que la continuidad del segundo piso de la 4a Transformación, representa la continuidad de la GUERRA EN CONTRA DE NUESTROS PUEBLOS.

Claudia Sheinbaum. No nos representas y este es el único BASTÓN DE MANDO que recibirás el día de hoy!

Como muestra de tu herencia Obradorista, te dejamos el dato de los últimos tres sexenio:

“El primero, de Felipe Calderón, cerró con 122 mil 491 asesinatos y 16 mil 815 casos de desaparición.

El saldo de Enrique Peña Nieto fue de 159 mil 308 homicidios y 32 mil 590 personas desaparecidas.

López Obrador cierra rebasando por mucho a sus antecesores: 176 mil 406 muertes violentas al cierre de agosto de 2024, y 52 mil 222 casos de personas desaparecidas, los que triplican la herencia de Calderón. La cuarta parte corresponde a mujeres y niñas desaparecidas, cuyos casos se cuadruplicaron de 2006 a 2024. De idéntica manera, sus muertes violentas se duplicaron, pasando de las 9 mil 993 reportadas con Calderón, a más de 21 mil casos al cierre de agosto de 2024.”

Por Abel Barrera | Tllachinollan

Para mantener viva la memoria de los 43 normalistas desaparecidos, las madres y padres develaron un memorial en la avenida Reforma. En la marcha del 26 recibieron el saludo fraterno de varios colectivos de familiares desaparecidos, miles de estudiantes los acompañaron hasta la plancha del Zócalo. En medio de la pertinaz lluvia, el grito ¡No están solos! fue continuo a lo largo de las avenidas. Apesadumbrados por la ausencia de sus hijos y la indolencia de las autoridades, las madres y padres reavivaron su coraje al observar que desde el Hemiciclo a Juárez el gobierno colocó planchas metálicas, como si su presencia en el centro de la ciudad representara un peligro para la seguridad de los capitalinos.

El distanciamiento del Presidente de la República con las madres y padres se acentuó en las últimas reuniones que sostuvieron en Palacio Nacional. Su postura reiterada de culpar a los abogados, al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y a la OEA de conspirar contra el Ejército desalentó a los familiares, porque más allá de las denostaciones, nada comentaba de las líneas de investigación ni presentaba avances sobre el paradero de sus hijos. La falta de resultados orilló a los padres a dar por concluidos los encuentros con el Presidente.

Su lucha tenaz y duradera contrastó con el maltrato que recibieron en la Ciudad de México. Los funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos llevaron en cajas de cartón el segundo reporte del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los jóvenes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Llegaron a las oficinas del Centro Miguel Agustín Pro para entregar un ejemplar a cada familiar. Las madres y padres pidieron más respeto: no estaban ahí para recibir correspondencia. Aclararon que sus domicilios se ubican en otros estados donde pueden recibir todo tipo de notificaciones. Sin tomar en cuenta sus consideraciones, el informe del Presidente se difundió a escala nacional.

La animadversión se materializó con el amurallamiento del Centro y la colocación de barreras de concreto para restringir el acceso al Zócalo. El trato de personas no gratas reavivó el coraje y la indignación de los contingentes que marcharon. Nadie contuvo a la juventud solidaria que demostró su cariño y adhesión al movimiento que han enarbolado las madres y padres de los 43. En su mensaje final calificaron de provocación el filtro que instalaron las autoridades. Recordaron que nadie les había puesto barreras por manifestarse pacíficamente. Sentenciaron que van a brincar lo que tengan que brincar para llegar a la verdad. Nadie detendrá su marcha y gobierne quien gobierne, su lucha seguirá.

No sólo son las murallas metálicas las que tienen que remover; la tarea más difícil en esta larga batalla será agrietar los muros de la impunidad que protegen al Ejército. No será la fuerza, sino la razón, la que develará sus tropelías que guardan como un tesoro en los 800 folios. Las madres y padres ahora son catalogados como adversarios por denunciar que el Presidente traicionó su confianza y que les dio la espalda para proteger al Ejército. El motor que los mueve es encontrar a sus hijos. La fuerza de su amor está por encima de filiaciones político-partidistas.

Llegaron a la ciudad para cimbrar la conciencia nacional y recordar que hace 10 años se cometió un crimen de Estado. Su valiente testimonio nos muestra la herida que se desangra por sus 43 hijos y por miles de personas desaparecidas. Hay una gran deuda con las víctimas que están invisibilizadas y relegadas de la agenda pública. Su presencia fugaz quedó grabada en miles de jóvenes que, en medio de las llamas de las murallas metálicas en Palacio Nacional, leyeron que los 43 viven en nuestra rebeldía.

A las nueve de la noche, la caravana de autobuses tomaba la calzada de Tlalpan rumbo a la Normal de Ayotzinapa. En la madrugada, las madres y padres de Tixtla enfrentaban la amenaza de que el agua de las barrancas se desbordara y entrara a sus casas. El temor fue mayor al saber que el agua de la laguna había llegado al santuario de la Natividad. Las familias afectadas desalojaban sus viviendas en busca de refugio. La incertidumbre y el miedo fueron mayores por las incesantes lluvias.

En los municipios de la Costa Chica, la situación es muy grave porque el huracán John entró con toda su furia en Marquelia y Copala. La mayoría de viviendas están dañadas y la carretera a Oaxaca, que recién inauguró el presidente López Obrador, tiene muchos derrumbes y árboles caídos. En la región de Ayutla de los Libres y Tecoanapa, donde viven varias madres y padres, las comunidades están aisladas y sin recibir auxilio.

En La Montaña, los 19 municipios están incomunicados. La comunidad de Monte Alegre, municipio de Malinaltepec, donde reside una familia de los 43, hay muchas viviendas dañadas. La carretera de Tlapa a Marquelia requiere atención urgente por el desgajamiento de los cerros. La Costa Chica, la Montaña y la zona Centro conforman las tres regiones más afectadas por el huracán John. Más de 35 madres y padres residen en esos lugares en condiciones sumamente precarias. La mayoría de sus comunidades están incomunicadas. Los ríos, lagunas y barrancas están causando destrozos en sus casas y cultivos.

Les aflige no saber de sus familiares por la caída de Internet y por la angustia de no llegar a sus hogares. Los pocos reportes que se tienen es que hay daños en los techos de sus viviendas. La lluvia ha reblandecido las paredes de las que están construidas con adobe. En esta temporada ya no podrán comer elotes tiernos, porque el viento destruyó sus milpas. Sus huertas de café también se perdieron. Los pocos animales de corral que tienen fueron arrastrados por las barrancas, y el viento tiró una pequeña tiendita. La ausencia de sus hijos azota más fuertemente en sus vidas por las murallas del poder y la furia del huracán.

Por Fortino Domínguez Rueda^[1] 

Desde nuestra vivencia sabemos que no se impugnaron las relaciones coloniales de opresión después de que los procesos de independencia edificaran el Estado-nación mexicano. La Colonia culminó en términos formales y jurídicos y obtuvo reconocimiento internacional, sin embargo, la colonialidad ha persistido hasta el día de hoy. De esta suerte el Estado se revela como uno de los instrumentos de dominación mejor articulados para el sostenimiento del sistema capitalista mundial, donde una característica que resalta para el caso de México y de su último sexenio, es la participación activa de miembros de pueblos indígenas que pretenden construir el rostro indígena de la actual administración estatal, y quienes en conjunto con la élite blanca gobernante son los “nuevos” capataces de la finca llamada México. Historias locales y diseños globales configuran la experiencia de sometimiento y opresión, así como de resistencia que cada pueblo ha levantado para persistir a los embates del Estado a lo largo del planeta. 

En México hace 30 años (1994) un nuevo ciclo de luchas y resistencia indígena se hizo presente. El levantamiento armado del EZLN cimbró al planeta entero y mostró el proyecto civilizatorio maya que como hace miles de lunas, sigue hoy, asegurando la vida y creando opciones en tiempos de muerte y destrucción que arroja la crisis civilizatoria que enfrentamos como humanidad.  

A lo largo de estas tres décadas hemos presenciado la aparición de discursos, políticas públicas, modelos educativos y la discusión sobre la diferencia étnica en México, las cuales sufrieron una transformación radical a partir del levantamiento armado del EZLN. Esta bifurcación histórica transformó las maneras de nombrar, visualizar y pensar a los pueblos indígenas, de ello ineludiblemente se desplegó un renovado indigenismo de Estado con raíz colonial, pero con discurso multicultural e intercultural, con perspectiva de género, interseccional y descolonizante; sin embargo, los discursos desde el Estado, no han logrado detener la guerra de conquista y exterminio que azota a nuestros pueblos y a todo el país.  

En las geografías del México de abajo se reconoce desde hace mucho tiempo que el ejercicio de la autonomía y la reconstitución integral de nuestros pueblos son un buen comienzo para impugnar el colonialismo histórico. Por su parte, en los calendarios del poder de arriba se buscó incluir en el lenguaje lo referente a la diversidad. Fue así como a la luz del neoliberalismo, la diferencia étnica, la multiculturalidad e interculturalidad se convirtieron en parte del paquete discursivo de políticos, científicos sociales, ONGs, universidades e indígenas afines a los partidos políticos y a los gobernantes en turno. Durante el último sexenio se consolidó un nuevo consenso alrededor del Estado en México. Hubo un reajuste en la relación del Estado y los ciudadanos. La serie de reformas que en la actual administración se articulan son para hegemonizar ese cambio en el Estado mexicano. En otras palabras, la máquina que perpetúa la muerte en el país necesita una modificación, ya que el capitalismo “no puede parar”.   

A esto, debemos sumar la situación de la cooptación, imbricada con los intereses de poder de personajes indígenas, lo cual ha dado como resultado no solo la creación de indígenas permitidos, como lo nombramos en 2019, sino también ha consolidado una clase de políticos profesionales indígenas que buscan corporativizar y tener fichas para negociar en el nuevo reacomodo de fuerzas. Sí, así justo como en el pasado con el INI, CDI y ahora el INPI de la “4D”, o sea, la Cuarta Destrucción. 

Si bien el Estado y sus instituciones siempre están en una constante subsunción retórica hacia las demandas de los pueblos, ahora podemos observar cómo durante este sexenio, se registra la adopción de un lenguaje técnico y de una indumentaria por parte de los miembros de la “izquierda ilustrada e institucional” que ahora sirve a los gobiernos en turno. Observamos un uso políticamente correcto de las demandas históricas de los desposeídos, se enarbolan las demandas y frases emblemáticas de los movimientos indígenas. Afuera de sus palacios y de las mañaneras, la realidad es diferente a la percibida por los gobernantes étnicos en turno.

Por tanto, ante la constante cooptación del lenguaje y la disputa narrativa conviene señalar que una cosa es la creación del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas (CNPI) impulsado por el INPI con su actual director Adelfo Regino, quien es calificado como traidor al movimiento indígena; y otra cosa es el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), sí, así mero con C, y que nació a mediados del 2017 como una iniciativa del EZLN – CNI presentada en 2016. El primero corre sobre los rieles del tren del progreso con dirección a la catástrofe y el otro teje la vida desde abajo y a la izquierda. 

De ahí que no nos resulte extraño las limitantes de la hoy tan “controvertida” Reforma Constitucional y Legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afro mexicanos, puesto que nació muerta. Solo basta recordar el año 2001 para tener claro que el Estado tuvo una oportunidad para cumplir los acuerdos de San Andrés firmados en 1996 y no estuvo a la altura. Por ello, el movimiento indígena desde el espacio del Congreso Nacional Indígena CNI y el EZLN decidieron romper el diálogo y enfocarse en lo que seguía para sus pueblos. Lo anterior decantó en el ejercicio de la autonomía por la vía de los hechos, ejemplo paradigmático fue la creación de los caracoles en 2003 por el EZLN, así como la recuperación de tierras de la comunidad nahua de Ostula, en la costa de Michoacán en 2009. Muchos argumentan desde el púlpito del poder que ahora el Estado sí cumplió y que por ello la reforma va. Olvidan que no puede venir la vida de la máquina de muerte que es el Estado y esa enseñanza la miramos todos los días en nuestros pueblos y a través de las madres buscadoras. Por otra parte, es necesario señalar que en ese 2001, algunos cuantos decidieron aceptar la oferta del poder y con ello participar en los partidos políticos. De ese tiempo viene la traición de Adelfo Regino.

Sumado a lo anterior, recordar que desde el 2019, cuando el INPI y su actual director Adelfo Regino convocó a foros regionales a lo largo de la república mexicana, lo hizo bajo la bandera de que esta iniciativa cumpliría los temas que quedaron pendientes en los Acuerdos de San Andrés, y paradójicamente continuaron legitimando una política de militarización en Chiapas y de todo el país. Con la mano derecha crean “nuevas leyes” —estirando y lucrando con las demandas—, con la mano izquierda reprimen a los que se organizan y con ambas aplauden el festín de la élite gobernante.

Pero incluso antes de que fuera “descafeinada”, ya desde el 2019 en el foro nacional fue discutido el punto referente a Tierras, territorios, recursos, biodiversidad y medio ambiente de los Pueblos Indígenas, puesto que uno de sus principios marcaba abiertamente la supeditación de los pueblos: Reconocer el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y controlar sus tierras, territorios y recursos o bienes naturales, salvo aquellos considerados estratégicos para la Nación, para estipularse en la modificación de la fracción VI del apartado A. del Artículo 2° y en la adición de un párrafo segundo a la misma. Un punto nada desdeñable considerando que los recursos estratégicos para la nación son: el petróleo, los minerales, la energía nuclear, los ferrocarriles y la petroquímica básica.

Por otro lado, las instituciones del Estado mexicano confirmaron una vez más que llegan tarde, sin actualización y sin querer reconocer las formas que los pueblos despliegan para asegurar la vida día con día. O sea, estamos ante la presencia de una mezcla entre una etnicidad S.A. de C.V. al servicio del Estado mexicano y revestido de progresismo ilustrado del siglo pasado, lo cual es perfectamente combinado con la participación en cargos públicos, y con todo ello, nos quieren hacer creer que las demandas de los pueblos en lucha han sido cumplidas y que ahora todo cambió. Hace un año el CNI señaló: 

México, a pesar de los disfraces y mentiras que brotan del gobierno de la Cuarta Transformación, no es la excepción y las cifras que describen la violencia y la guerra son elocuentes: más de 156 mil homicidios dolosos, más de 43 mil personas desaparecidas y no localizadas, más de 4 mil feminicidios, 75 periodistas y 104 personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas, derechos humanos y medio ambiente asesinadas en este sexenio, casi la mitad de estos últimos participantes en el espacio que es el Congreso Nacional Indígena CNI (CNI, 2023).

Las cifras del colapso y la destrucción son claras. Ante la oscuridad que va adquiriendo la tormenta, es nuevamente necesario continuar con los trabajos de base, escuchando la palabra, reconociendo y enlazando dolores; es decir, llevar la organización a nuestras vidas, con nuestras familias, vecinos, amigos, miembros de la comunidad.

Por último, no debemos olvidar que es necesario dejar constancia en la historia de quien decidió servir al amo y quienes decidieron caminar por abajo y en colectivo.    

^[1] Zoque de Chapultenango, Chiapas, México. Historiador, antropólogo e integrante del Centro de Lengua y Cultura Zoque.