autonomy
(Español) Pronunciamiento del CIPOG-EZ, continúa el bloqueo de la carretera José Joaquín de Herrera-Chilapa en exigencia de justicia por nuestros muertos, desaparecidos y asesinados
¿ACASO LA PALABRA OBTENIDA BAJO TORTURA SE PUEDE CONVERTIR EN VERDAD? DE CUANDO LOS ARDILLOS ASESINOS QUISIERON LAVAR SU ROSTRO CON LA SANGRE DE NUESTROS MUERTOS.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Misión Civil de Observación Sexta
A las Organizaciones de Derechos Humanos
A los medios de comunicación
Al movimiento social guerrerense
al pueblo en general
22 de agosto de 2023.
Ante los acontecimientos recientes perpetrados contra pobladores de nuestras comunidades, agradecemos la difusión, el acompañamiento y las muestras de solidaridad de todas y cada una de persona de manera individual, de colectivos honestos y que luchan por la
vida, de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones defensoras de
Derechos Humanos y de los medios de comunicación libres, independientes, alternativos o como se llamen y de medios de comunicación; a todos aquellos y aquellas cuya memoria no olvida.
Hechos:
• El 13 de agosto, aproximadamente a las 11:20 de la mañana, Esteban Xochitempa Tepexco (40 años) y su hijo, Juan Xochitempa Macario (16 años), pertenecientes ambos a la comunidad de Xochitempa, habían sido asesinados en la gasolinera de Chilapa, por el grupo narco-paramilitar los ardillos, con el silencio de la policía municipal que opera para los ardillos y pone al servicio de este grupo criminal el sistema de video vigilancia de Chilapa.
• El pasado 17 de agosto de 2023, Nicolás Rodríguez Díaz (25 años), Marcelino Hernández Tecorral (23 años) y Ángel Villalba Salvador (29 años), todos de la comunidad de Zapapexco, fueron secuestrados en el tramo carretero que va de Chilpancingo a Chilapa, en el crucero de Ayahualulco (pueblo del ardillo Celso Ortega), donde hay un retén militar y estatal. Es ahí donde fueron detenidos nuestros compañeros cuando viajaban en una urban rumbo a Chilapa, por 4 hombres fuertemente armados, con ropa de policía Estatal y una patrulla de la Policía Estatal, es aquí donde se mira claramente la vinculación del grupo
narco-paramilitar los ardillos y la policía Estatal de Chilapa, pero también del ejército, por hechos que mencionaremos más adelante. Estos datos fueron aportados por un testigo de una de nuestras comunidades que viajaba en una urban que iba adelante de la urban en la
que viajaban los 3 secuestrados. Este testigo ya había sido interrogado, por los 4 hombres armados, pero dijo ser de una comunidad ajena al CIPOG-EZ, CRAC-PC-PF, pues intuyó que podía ser violentado por estas personas. Lamentablemente, los 3 secuestrados, tenían identificaciones que señalaban que pertenecían a Zacapexco, una de las comunidades del CIPOG-EZ, CRAC-PC-PF, por lo que fueron secuestrados y llevados a Ayahualulco.
• El día 21 de agosto, circularon videos donde Angel Villalba Salvador y Nicolás Rodríguez Díaz, secuestrados el 17 de agosto por los ardillos, en evidente estado de tortura, con las manos atadas a la espalda, hacen declaraciones a difamando al Concejo Indígena y Popular
de Guerrero Emiliano Zapata y a la CRAC-PC-PF, dicen pertenecer a los Tlacos y nombran a nuestro promotor Jesus Plácido Galindo como responsable de enviarlos a pelear contra un grupo delincuencial. Las declaraciones las hacen privados de su libertad, son declaraciones forzadas, bajo tortura, con la desesperanza, el último intento de salvar sus vidas si lo hacen, de jóvenes indígenas, donde aparecen sin playera, con hematomas y signos de tortura y la
mirada fija hacia la cámara.
Destacamos que entre las declaraciones que dieron, hablaron de grupos guerrilleros y dan datos como que en julio de 1996 hubo una emboscada a militares en la comunidad de Ahuejote, entre Chilapa y Tixtla. Mencionan también que hubo otra emboscada en 1998, por parte de la guerrilla a militares en la comunidad de Tepozonalco entre Chilapa y Atlixtac y que en 1992 de diciembre hubo una emboscada de la guerrilla a judiciales en Alcozacán. En estos años ellos aún no nacían y son datos que no tenían los jóvenes. Es clara la insistencia en los ataques al ejército y la exactitud en las fechas y lugares; estos
datos están en la memoria del ejército y del Estado, que no perdona y guarda rencor, por lo que nos sugiere que en el interrogatorio y secuestro no sólo participaron los ardillos y la policía estatal, sino el ejército y el Estado.
• El 21 de agosto, tras los videos, se desata una campaña mediática donde participan medios de comunicación controlados por los ardillos y circulan ampliamente, con la clara intención de borrar la historia de dolor y muerte que nuestras comunidades han vivido, como resultado de la guerra de exterminio que los ardillos han mantenido en contra de las comunidades que pertenecemos al CIPOG-EZ, CRAC-PC-PF.
¿A caso es posible que nuestros muertos y desaparecidos, sean olvidados por unas
declaraciones obtenidas bajo tortura?
¿Es posible que la historia criminal de los ardillos, de asesinatos, tortura, desapariciones, así como su vinculación con los gobiernos municipales y estatales, cambie y ahora sean los ardillos las víctimas y quienes dicen la verdad?
Como si los agresores, asesinos, secuestradores, torturadores, tuvieran “calidad moral” y “credibilidad”, para desacreditar con base en videos donde quienes hablan están secuestrados y están siendo obligados a hablar. La historia no se borra; una larga lista de agravios está escrita con la sangre de nuestros muertos, sangre derramada por los ardillos:
• Más de cincuenta personas asesinadas.
• Más de diez desapariciones forzadas.
• Desplazamiento forzado de comunidades.
• Torturados (descuartizados, quemados, etc).
• Disparos a comunidades, drones con explosivos.
• Ordenes de aprehensión y encarcelados por delitos fabricados.
Delitos de lesa humanidad que van encaminados al exterminio de las comunidades indígenas de la montaña baja de Guerreo que se resisten a pertenecer al grupo criminal los ardillos
(Información que se puede obtener del Informe elaborado por la Misión Civil de Observación, llamado: “Graves Violaciones a los Derechos Humanos en las Comunidades de la Montaña Baja de Guerrero”, se puede consultar en https://www.caminoalandar.org/post/crimenesde-lesa-humanidad-contra-las-comunidades-indígenas-del-cipog-ez-cni-cig-guerrero).
Los delitos anteriormente señalados, aunados a la falta de acceso a los derechos más básicos como lo son: salud, educación, trabajo, acceso a la justicia, seguridad, identidad y al libre tránsito, ya que nuestras comunidades se encuentran cercadas por grupos del crimen organizado que diariamente amenazan, atacan, disparan y nos mantienen en asedio. Es por eso que decimos que el Estado también es cómplice del dolor que viven nuestras comunidades, por el abandono y el silencio que guardan frente a la violencia que vivimos.
Es por lo anterior que sus intentos de desacreditarnos y difamarnos, no nos preocupa; porque sabemos que quienes no olvidan saben que los asesinos son los ardillos. Porque sabemos que quienes han dado seguimiento a nuestro proceso organizativo, así como a los hechos de violencia que hemos vivido, saben quiénes somos, que nuestra palabra ha sido cabal y que no nos vendemos, no nos rendimos y no claudicamos; saben bien que el CIPOG-EZ, es una organización que lucha por la autonomía y por la vida de sus comunidades, no por cargos públicos, ni por recursos económicos.
También decimos con mucha claridad, nosotros y nosotras, las comunidades que nos agrupamos en el CIPOG-EZ, CRAC-PC-PF, nos hacemos responsables por la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Y si llegara a suceder que algún compañero de nuestra organización decide entregarse a los partidos políticos, venderse al crimen organizado y volverse contrario a nuestros principios de la lucha por la vida y el territorio, esto no implica que la organización que se ha mantenido a base de sacrificios y vidas, se tenga que ver implicada con hechos que no correspondan con nuestros principios.
Sepan también que el CIPOG-EZ, CRAC-PC-PF, no es un individuo, que somos 25
comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, con presencia en la Costa Chica y Costa Montaña, cuyo máximo órgano de toma de decisiones es la Asamblea y no un individuo que puede tomar decisiones, sean correctas o incorrectas. Pero sí señalamos en este sentido que Jesus Plácido Galindo, ha sido promotor del CIPOG-EZ y hasta hoy se ha mantenido firme a los principios de defensa del territorio y de la vida, por lo que responsabilizamos al Estado por lo que le llegue a suceder ya que nuestro compañero cuenta con el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos.
No se confundan, nosotros y nosotras, seguiremos en resistencia, por ahora bloqueando la carretera de José Joaquín de Herrera–Chilapa, por justicia para nuestros muertos, por las exigencias de las investigaciones de los presidentes municipales, de la policía municipales de
Chilapa, de Atlixtac, de Quechultenango y demás municipios controlados por los hermanos Ortega Jiménez; esperando a que las autoridades federales y estatales den la cara por la inoperancia de sus instituciones, la infiltración y vinculación de sus autoridades por el crimen organizado.
Por un Guerrero donde nuestros niños y niñas, abuelos y abuelas, hombres y mujeres, vivan en paz.
VIVAN LOS PUEBLOS INDÍGENAS!
¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA!
¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA!
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
Comisarios, Autoridades y promotores del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ)
Yucatán: Tras represión, indígenas de Ixil se mantienen en resistencia
Fuente: Avispa Midia
Por Ñaní Pinto
Foto de portada: Comunidad Ixil
En las primeras horas de la mañana del jueves pasado, 5h30 para ser más exacto, Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán y centenas de policías de la Secretaría de Seguridad Pública irrumpieron en la comunidad maya de Ixil para asegurar un predio de 324 hectáreas. Presumiblemente esta propiedad es privada y pertenece a los empresarios Chikri Abimerhi Bodib, Gerardo José Millet Palomeque y Gerardo José Millet Menéndez.
Los campesinos se movilizaron inmediatamente. Consideran que es un acto de despojo. “La policía cortó los caminos de acceso a las áreas de cultivo e impidió que entráramos en nuestras tierras. Cuando intentamos entrar, la policía nos agredió con gases lacrimógenos y piedras”, dijo Luis David Quijano Pool, ex comisario ejidal de Ixil, en una conferencia de prensa.
Este predio, que se encuentra localizado a 20km al nororiente de Mérida, Yucatán, según la Fiscalía de este estado, es reclamado por los empresarios que dicen ser los dueños legítimos. Por ello interpusieron una denuncia por usurpación del bien inmueble, de manera que se abrió la carpeta de investigación UNATD11-GD/882/2023.
No obstante, la comunidad reclama que estas son tierras comunales que les pertenecen. Los respalda la Resolución Presidencial de Ampliación del ejido de Ixil, firmada por el expresidente Lázaro Cárdenas el 3 de septiembre de 1937 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 1939.
“Los Abimerhi y Millet han usado su influencia política sobre el gobierno de Mauricio Vila (gobernador de Yucatán) para agredir al pueblo de Ixil. Afirman que la tierra es de ellos, pero todos en Ixil conocemos la Resolución”, dijo Beatriz Garrido Vallejos, vecina de ixil.
Los empresarios han realizado varios intentos, con apoyo de la seguridad pública, de tomar posesión de este predio. “Desde el año pasado (2022), el 4 de agosto, hemos sido atropellados y no nos han dejado descansar. El gobierno lo sabe. Nos están tratando como criminales, ni a los criminales los desplazan con 500 elementos de la policía”, señaló una mujer vecina de esta comunidad que omitió su nombre.
Los vecinos de Ixil también alertaron que se está recurriendo a grupos delincuenciales para presionar a la población de Ixil. “También trajeron en la noche a un grupo de personas ajenas a la comunidad con aspecto de delincuentes y los metieron en esos terrenos para amedrentar a los campesinos. Estuvieron entrando en los predios cultivados por la comunidad, y se robaron herramientas de trabajo”, agregó el vecino Jorge Yam Ek.
El saldo
Durante el operativo policiaco, la comunidad fue atacada con gas lacrimógeno, piedras y fue agredida verbalmente. Un integrante de la comunidad fue herido mientras intentaba cruzar por esta vía para ir a dar de comer a sus animales. Fue llevado de urgencia al Hospital General Dr. Agustín O’Horán, en Mérida.
“Mi esposo me contó que estaba pidiendo permiso para pasar a ver sus animales, ellos (los policías) no le contestaron. También preguntó por el comandante. Él arrancó su moto para poder pasar y lo agredieron. Afortunadamente no está muy grave. Sí, está muy golpeado, pero no tienen ningún hueso roto”, señaló Antonia Trinidad Cisneros, esposa del herido.
De acuerdo con los indígenas, los oficiales a cargo del operativo se negaron a identificarse ante la comunidad.
Los empresarios
Durante el operativo, algunos representantes de las familias Abimerhi y Millet hicieron acto de presencia. Estas familias se han hecho dueñas de diversas tierras en la región y son consideradas como parte de la oligarquía yucateca.
Chikri Abimerhi Bodib es líder en la cadena de gasolineras y gaseras privadas, las cuales suministran combustible a las industrias, empresas hoteleras y a particulares. También figura en el ramo del servicio de grúas y servicio para colisión de automóviles.
Los primos, Gerardo José Millet Palomeque y Gerardo José Millet Menéndez se destacan en la compra y venta de lotes, al sector hotelero y de bienes inmuebles.
Los vecinos temen que estos empresarios lotifiquen estas tierras para su venta. “Ahí hay abejas, hay apiarios. Hay gente que está cultivando y lo va a seguir haciendo. ¿por qué nos piden credencial para pasar, si estamos en nuestra tierra, no estamos en otro país. Definitivamente nos tratan como delincuentes”, expresa la señora Trinidad.
Trinidad puntualiza que la fiscalía no solo respalda a estos empresarios, sino que, además, tiene una “larga historia de apoyar despojos de tierras ejidales en Yucatán. El ex subprocurador de la FGE, Rafael Acosta Solís, es uno de los principales despojadores de tierras, y asesora a Alejandro Escoffié, que lleva años intentando despojar las tierras de Ixil para entregárselas a empresarios corruptos”, además, asegura que ni siquiera conocen la orden y denuncia realizada ante la Fiscalía que “ordena despojarnos de nuestras tierras”
Acciones
En la actualidad los ejidatarios y sus familias son los que cultivan y cuidan las tierras. Junto a los vecinos de Ixil, aseguraron que van a defender su territorio y que la represión no los va a desmovilizar. Por ello llaman a sumarse a un boicot contra gasolineras Abimerhi. “Pedimos que no compren a las empresas de estas familias que están queriendo despojar a nuestro pueblo de la tierra de la que vivimos”, declaró Mercedes Cocom Noriega, ejidataria de Ixil.
Noriega también solicitó la solidaridad para sumar firmas en una campaña que sostienen actualmente en la plataforma Change (https://chng.it/jMrHpJXtfq), la cual ya suma más de 3 mil firmas. La campaña se llama: ¡Detengan el Despojo y la Violencia Policial en la Comunidad Maya de Ixil!
Los ejidatarios y vecinos de Ixil anunciaron que se movilizarán en marcha de protesta en Mérida el 16 de septiembre, el día de la independencia.