Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Entre los Andes del sur de Ecuador se encuentra Nabón, un cantón de la provincia del Azuay. Aquí avanza el extractivismo amenazando con devorar los páramos, contaminar aguas y despojar a comunidades ancestrales. El Valle de Shincata y los páramos del Cerro El Mozo, son parte de la región que irriga con su vital líquido a comunidades enteras y hoy se han convertido en el epicentro de un conflicto socioambiental, donde una reciente alerta emitida por el Frente Nacional Antiminero (FNA) cataloga la situación como de “máxima amenaza”.

Los orígenes de este conflicto se desprenden de la presencia de empresas mineras transnacionales como la canadiense Lucky Minerals que, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), de la provincia de Azuay, esta empresa “conforman un bloque de 12 concesiones contiguas” en la región.

Aunque en el boletín de prensa del FNA se menciona que Lucky Minerals fue expulsada en 2022 por la acción comunitaria, también advierte sobre su anunciado retorno. Esta empresa canadiense de exploración minera, con su “Proyecto Fortuna”, representa la punta de lanza del interés extractivo a gran escala en la zona, buscando principalmente oro y otros minerales, tal y como rezan sus propios informes de la transnacional.

El FNA sostiene que esta empresa concentra más de 55 mil hectáreas en las zonas de los páramos de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Azuay. Según esta organización de comunidades en resistencia, las tierras han sido apropiadas a través de testaferros y, además, a ello se suman “al menos tres hidroeléctricas”, denuncian en un comunicado difundido este miércoles (30).

En la provincia de Azuay existen al menos tres hidroeléctricas que suministran energía a diversos centros urbanos, ellas son: Mazar, Paute-Molino y Sopladora, que forman parte del Complejo Hidroeléctrico del Río Paute. Junto a la central Minas San Francisco, suministran el 40% de energía que consume el país según informes el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador.

Como se reconoce incluso en documentos oficiales como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la parroquia Cochapata (2020), esta zona forma parte del Corredor de Conectividad Sangay-Podocarpus, un área de importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad andino-amazónica.

Los páramos configuran una zona considerada única por su diversidad biológica, ya que alberga especies endémicas y también por su adaptación a las condiciones extremas de altitud, son cruciales para el ciclo hidrológico. Legalmente, esta región está catalogada como Bosque y Vegetación Protectora, que la propia legislación ecuatoriana considera que “son áreas vitales para la conservación de la biodiversidad, la regulación del clima y la protección de recursos hídricos”.

Las comunidades inconformes alertan que la presencia de concesiones mineras, la deforestación para monocultivos, ganadería intensiva y la proliferación de la minería ilegal muestran todo lo contrario y, más bien, las autoridades han iniciado una persecución judicial contra las comunidades que resisten. “Ahora al menos 20 comuneros de Azuay y Zamora Chinchipe se encuentran en una situación judicial de emergencia perseguidos por las élites nacionales, quienes amparados en un gobierno que defiende sus intereses y los intereses transnacionales de Lucky Minerals”, sostienen en su comunicado.

Esta estrategia de criminalización no es nueva, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) documentó en 2011 al menos siete casos de comuneros que enfrentaron un juicio por sabotaje y terrorismo tras protestar contra la minera Explorsur S.A. (Grupo El Juri) en el páramo de Shincate.

Tras el acoso judicial que sufren diversos integrantes de estas comunidades en resistencia, también señalan que hay “varios hacendados del Azuay y otras provincias” que, mediante guardias privados, se están posesionando de tierras históricamente comunitarias, presentándose como dueños de los páramos.

Además, el FNA es explícito al denunciar un incidente ocurrido el 16 de diciembre de 2024 donde intervino la guardia privada de un hacendado, tras incumplir acuerdos sobre extracción de pinos y realizar deforestación masiva, “disparó armas de grueso calibre contra pobladores de Nabón” que exigían pacíficamente el retiro de maquinaria.

Los comuneros denuncian que en la región reina la impunidad y la facilidad con la que se obtienen títulos de propiedad bajo el protectorado del sistema judicial y una constante persecución de los defensores ambientales.

Frente a este escenario, las comunidades sostienen una férrea resistencia en defensa de sus territorios, sus fuentes de agua y sus formas de vida. La expulsión de Lucky Minerals en 2022, mencionada en el boletín, es un hito significativo de esta lucha colectiva, por tanto, están alertas a su posible retorno.

La exigencia puntual de las comunidades y del FNA es clara: el cese inmediato de las actividades destructivas (minería legal e ilegal, agroindustria expansiva), la salida de los actores privados que han invadido los páramos, el retiro de las acusaciones contra los defensores y la garantía de protección integral para el Bosque Protector del Valle de Shincata y del Cerro El Mozo.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
30 de abril de 2025

Acción Urgente No. 02

Exigimos la libertad inmediata de las Bases de Apoyo del EZLN José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez

• Represión y ataque directo contra la autonomía zapatista
• Alertamos de un caso más de fabricación de culpables que atenta contra la lucha por la Vida y el Común

Denunciamos enérgicamente la criminalización y represión sistemática del Estado mexicano contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus Bases de Apoyo, José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, quienes fueron privados arbitrariamente de su libertad en un operativo que se efectuó en la comunidad de San Pedro Cotzilnam, municipio de Aldama, lo que representa un ataque directo al movimiento zapatista y al territorio donde se construye la Autonomía y la Libre Determinación, en la persistente lucha por la Vida y el Común.

En las primeras horas del domingo 27 de abril de 2025, las BAEZLN fueron ingresados al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, bajo acusaciones de secuestro agravado en un proceso plagado de irregularidades.

La detención de las BAEZLN se realizó sin orden de aprehensión y los cateos a sus hogares se llevaron a cabo sin autorización judicial, acompañados de abusos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, robos y violaciones flagrantes a sus derechos humanos. Estas acciones, perpetradas por las fuerzas de seguridad y militares, incluyendo la Guardia Nacional y las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, evidencian un patrón sistemático de represión y violencia estatal en Chiapas.

El caso es un ejemplo más de la estrategia de criminalización utilizada por la Fiscalía General del Estado de Chiapas, que fabrica pruebas y acusa injustamente a personas inocentes, mientras los verdaderos responsables permanecen impunes. Este ataque no solo viola los derechos individuales de José Baldemar y Andrés, sino que también constituye una agresión al territorio y la autonomía de los pueblos zapatistas.

Por lo consiguiente exigimos a los gobiernos federal y estatal:

• La liberación inmediata e incondicional de José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
• El cese de la represión y los ataques contra la autonomía zapatista.
• El fin de la fabricación de culpables y la impunidad en Chiapas.

¡Llamamos a la solidaridad nacional e internacional!

Instamos a todas las personas, organizaciones y movimientos a movilizarse en sus tiempos y modos, para exigir justicia. Es urgente alzar la voz para detener la represión del Estado y garantizar la libertad de los compañeros BAEZLN, quienes hoy son rehenes de un sistema represivo. Manténganse atentos a las actualizaciones de este caso y actúen en defensa de la dignidad, la justicia y los derechos humanos y por la defensa de la autonomía, del territorio y la vida.

Al firmar esta Acción se enviará automáticamente un correo con tu dirección como remitente a autoridades gubernamentales. Más información en la política de privacidad.

https://frayba.org.mx/firma-por-la-libertad-inmediata-de-las-bases-de-apoyo-del-ezln-jose-baldemar-santiz-santiz-y-andres

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Desde la Europa Insumisa y Rebelde, más de 40 organizaciones de la Red de Europa Zapatista, denunciamos la violencia que afecta a los pueblos originarios y a la población civil de México

A el Congreso Nacional Indígena
A el EZLN
A los medios alternativos, libres y/o autónomos
A los medios de paga
A las Organizaciones de Derechos Humanos a nivel Nacional e Internacional

Una vez más nos enteramos en la Europ Insumisa que en México se asesina, se continúan violando los Derechos Humanos, se secuestra y se desaparece a aquell@s que buscan la vida, a quienes luchan por defender el medio ambiente y el territorio.

Marco Antonio Suástegui, lider histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, falleció el 25 de abril después de siete dias de convalecencia tras el ataque armado perpetrado en su contra el 18 de abril, cuando terminaba sus labores en la bahía de Acapulco, Estado de Guerrero. Marco Antonio debía estar bajo la protección dispuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que México, sin embargo, nunca facilitó. Al momento del ataque Marco Antonio estaba solo.

María del Carmen Morales, integrante del Colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco, y su hijo de 26 años, Jaime Daniel Ramírez Morales, fueron asesinados la noche del 23 de abril en el parque del Fraccionamiento Las Villas, en Guadalajara, Jalisco. Horas antes, varias comunidades indígenas de Michoacán denunciaron acciones violentas por parte del grupo delictivo Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El gobierno local ha minimizado los hechos violentos, negando incluso la violencia contra lxs defensorxs, las madres buscadoras y las comunidades autónomas.

Estos hechos son algunos en la larga lista de víctimas de una violencia que va día con día en aumento. Asesinatos, desapariciones forzadas, ataques armados en contra de las poblaciones. El Estado mexicano niega y oculta la realidad. Es parte del problema al no reconocer la crisis de derechos humanos que atraviesa el país y al facilitar la operación de grupos armados en diversas áreas del país. Al día de hoy hay al menos 127 mil personas desaparecidas en todo el país, incluyendo miles de migrantes centroamericanos y del Caribe en su paso hacia Estados Unidos.

Como denunció y documentó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el 24 de abril, efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, las Fuerzas de Reacción Inmediata, el grupo Pakal, la Agencia de Investigación de Inteligencia Ministerial, la Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, acompañados de dos vehículos con personas civiles armadas, realizaron cateos sin órdenes judiciales en domicilios de familias Bases de Apoyo Zapatistas en la zona del caracol 2 de Oventik, Chiapas. De manera violenta detuvieron a los compañeros tsotsiles José Baldermar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, de 45 y 21 años de edad respectivamente. Por 55 horas no se supo de su paradero y las autoridades no emitieron ninguna información al respecto a sus familiares, representantes legales o a la sociedad. Los compañeros fueron puestos a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuciamiento de San Cristóbal de las Casas sin aclarar el motivo de su detención ni los detalles de las 55 horas en las cuales estuvieron en calidad de desaparecidos.

El ataque contra las Bases de Apoyo Zapatistas ocurre a una semana del Encuentro de arte, rebeldía y resistencia convocado por el EZLN, donde el subcomandante Moisés denunció las amenazas constantes al Cideci y al Caracol 7 Jacinto Canek por parte de la Guardia Nacional y del grupo Pakal, una fuerza policial especial creada recientemente por el nuevo gobernador de Chiapas.

En lugar de amenazar las iniciativas de autogestión y autonomía y a quienes buscan construir un mundo distinto al de la opresión capitalista, las autoridades deberían garantizar el ejercicio de los derechos de las comunidades Zapatistas, y el acceso a la justicia para l@s defensores de derechos y las madres buscadoras así como la no repetición de crímenes como la desaparición forzada, los asesinatos por causas políticas y la represión. Pero esas mismas autoridades son parte de la causa de estos problemas.

En México hay una guerra que comenzó en los años 1960, una guerra sucia contra la población, contra l@s que resisten, contra l@s movimientos sociales, indígenas y campesinos, contra las mujeres, contra l@s disidentes sexuales, contra l@s migrantes. La narrativa absolvente para el Estado de la narcodemocracia ya no se sostiene, ¡Mexico es un estado criminal! En México hay una guerra, no declarada, que las economías legales, ilegales y el Estado llevan a cabo con el interés de controlar el territorio para especular con la vida, la tierra y los bienes comunes. Los asesinatos de Marco Antonio Suástegui y María del Carmen Morales son sólo una prueba más.

Llamamos a todas las personas solidarias, a l@s adherentes a la Sexta y a la Declaración por la Vida a firmar la denuncia del FrayBa para la liberación de José Baldermar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez:

https://frayba.org.mx/actualizacion-fuerzas-de-seguridad-y-militares-desaparecen-2-bases-de-apoyo-zapatistas

¡Desde la Europa Insumisa y Rebelde denunciamos la violencia que afecta a los pueblos originarios y a la población civil de México!
¡No más guerra en México!
¡No más guerra contra los movimientos sociales y las comunidades en resistencia!
¡No más guerra contra el EZLN!
¡México no es un territorio de conquista, no es un botín para repartir!

Firmas:

COMUNICADO POR EL FEMINICIDIO COMETIDO CONTRA MI COMPAÑERA DE LUCHA: SANDRA
DOMINGUEZ

De lo que digo a partir de este momento es solo mi responsabilidad y para ello solo tengo mi palabra.
Escribo este comunicado desde mi comunidad, San Pedro y San Pablo Ayutla, recordando que Sandra
Dominguez tuvo una doble raíz. El pueblo que la cobijó por parte de su padre fue San Isidro Huayapam Mixe, por parte de su mamá su raíz está aquí, en Ayutla Mixe, donde vivió parte de su infancia. Durante estos meses que han sido eternos, traté de prepararme para el peor escenario y es el que finalmente aconteció, nos arrebataron a Sandra. Quienes lo hicieron, buscaron generar un dolor perpetuo porque en el lenguaje del horror, la muerte ya no les es suficiente, porque la muerte cierra un ciclo y deja certeza, pero el desaparecer a alguien amplifica el dolor a través de la zozobra, arrebata la paz.

La desaparición forzada no existe por casualidad, el Estado a través de la historia ha usado la desaparición forzada como un mensaje político a sus disidentes, ahora el crimen organizado usa la desaparición forzada como una muestra de control y poder, pero esta situaciones no son excluyentes, cuando los intereses del Estado y los intereses del crimen organizado encuentran un enemigo en común sucede lo que ha sucedido con Sandra Dominguez, porque aunque la narrativa oficial gubernamental haya canalizado todo su esfuerzo y recursos a su alcance para imponer una versión que criminaliza al esposo de Sandra,y defender a personajes impresentables como a su funcionario Donato Vargas, lo único que ha hecho es obviar que se protege a quienes fueron señalados por Sandra.

Para que el crimen organizado y las células delincuenciales ejecutaran materialmente la desaparición forzada y el feminicidio de Sandra Dominguez, es porque hay una estructura institucional del gobierno oaxaqueño que facilitó en primera, su instalación, su operatividad y ampliación de actividades criminales en poblaciones donde el gobierno había mantenido a discrecionalidad el estado de sitio que poblaciones como María Lombardo llevan viviendo desde hace años, esto no es nuevo, el avance del crimen organizado hacia la zona Mixe por San Juan Cotzocón es innegable a pesar de que hace años denuncié esa realidad, el gobernador Alejandro Murat lo negó, ahora insistimos con este gobierno de Jara, quienes lo minimizaron nombrándolo como situaciones de violencia orquestadas por grupos generadores de violencia, cuidando de no nombrar lo que es un hecho: que en Oaxaca nos empieza a azotar el CRIMEN ORGANIZADO. Tuvo que desaparecer Sandra para que por primera vez, se atendiera y ejecutaran acciones de desarticulación en pueblos que venían siendo atormentados de hace mucho
tiempo por la violencia.

La gente de la cuenca lo sabe, en el mixe bajo, toda la zona lo sabe, lo dicen con miedo, esos matones están protegidos por ministerios públicos, por agentes de investigación, por políticos y operadores políticos de la zona donde precisamente Sandra hacía activismo y era una figura incómoda porque llegó a documentar dichas alianzas y es una información que en su momento tendrá que salir a la luz. Sandra denunció a diversos funcionarios por su participación en grupos virtuales donde se agrede a mujeres indígenas, eso ya lo sabemos, ahí estuvimos hombro a hombro acompañándola. Pero poco se sabe de qué varios de esos funcionarios denunciados tienen vínculos con el crimen organizado que la desapareció precisamente en esa zona. No son dichos hay nombres, apellidos y cargos.

Pero a estas alturas, estamos ante la implementación de una verdad histórica, como sucedió con Ayotzinapa, la prioridad del gobierno oaxaqueño es dejar en claro que ellos no fueron, pero sin embargo, mantienen en el poder a quienes Sandra denunció con evidencias. Previamente dije: Es importante la participación de instancias federales para romper con el conflicto de interés que tiene el gobierno en el caso de la desaparición, afortudamente así fue, pero aún me parece muy lejano que vayamos a conocer la verdad, estoy seguro que las respuestas de lo que cuestionamos, que la verdad que buscamos no llegará pronto, que incluso sea transgeneracional.

No puedo decir tajantemente aún si a Sandra la desapareció y asesinó el estado, pero sí puedo decir, que a Sandra la desapareció y asesinaron el crimen organizado y operadores del gobierno oaxaqueño a los que Sandra había denunciado, llama la atención que el presunto responsable de su desaparición haya sido ejecutado en uno de los operativos, llama la atención que una detenida haya sido elemento policial, llama la atención el financiamiento a medios y bots que buscan a toda costa criminalizar e imponer la versión oficial.

Pero la historia de mi amiga y colega Sandra Dominguez no acaba con su muerte, de hecho, está iniciando, y no para ser una mártir, ni una bandera, que el país ya no necesita más perseguidos asesinados, comienza porque los efectos de su bondad, valentía, empatía, no son casualidad, están sembradas desde su mamá y compartidas con sus hermanas y hermano, desde su hija, que no descansaron hasta que Sandra regresara a casa, y esas virtudes las compartió con nosotros, sus amigos y amigas, con toda las personas que la conocieron y por ello su historia continúa en cada lucha, en cada buena acción, en cada acto de valentía, porque aunque su muerte es un mensaje
claro de intimidación a quienes ponemos la palabra y el cuerpo para defender derechos humanos, vamos a transformar el miedo en valor y acción.COMUNICADO POR EL FEMINICIDIO COMETIDO CONTRA MI COMPAÑERA DE LUCHA: SANDRA DOMINGUEZ.

Quiero agradecer a todas las personas que no soltaron el tema, que ayudaron a nombrarla en todos los espacios y pedirles que sigamos nombrando a Sandra porque si bien ha culminado la búsqueda física, sigue la búsqueda de verdad, reparación y justicia. Agradezco a la oficina del Alto Comosionado y a la Comisión de Desaparición de la ONU por prestar ojos y oídos a Sandra.

GRACIAS POR TODO MI QUERIDA AMIGA SANDRA DOMINGUEZ, AGRADEZCO ESE PRIMER MENSAJE CON EL QUE EMPEZÓ TODO.

¡SANDRA VIVE, LA LUCHA SIGUE!

Joaquín Galván
Activista de Derechos Humanos.

27 de abril de 2025
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Primera Actualización de la Acción Urgente: 01

• ACTUALIZACIÓN: Fuerzas de Seguridad y Militares desaparecen a 2 Bases de Apoyo Zapatistas.
• Nuevo ataque a la autonomía.

Después de 55 horas desaparecidos por las fuerzas de Seguridad y Militares, los compañeros José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, fueron puestos a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de San Cristóbal de Las Casas.
 
Se desconoce el delito por el cual están detenidos, continuaremos documentando la situación.

Agradecemos la solidaridad, la presión pública hizo posible su presentación con vida.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., (Frayba) recibió información urgente por parte de la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ), Caracol 02 Oventic, Chiapas, como se expone:

El 24 de abril de 2025, al rededor de las 15:30 horas, en la comunidad de San Pedro Cotzilnam, municipio oficial de Aldama Chiapas, Región Autónoma Vicente Guerrero. En un fuerte operativo conjunto con al rededor de 39 vehículos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, la Agencia de Investigación de Inteligencia Ministerial, Policía Estatal Preventiva, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, acompañados de 2 vehículos con personas civiles armados, realizaron cateos sin ordenes judiciales en domicilios de familias Bases de Apoyo Zapatistas, de manera violenta irrumpieron en las casas deteniendo a los compañeros tsotsiles José Baldemar Sántiz Sántiz de 45 años de edad y Andrés Manuel Sántiz Gómez, de 21 años, seguidamente el convoy continuo hacia el municipio de San Andrés Larráinzar.

Lo anterior se da en el contexto grave de vigilancia y hostigamiento de estas corporaciones policiacas y militares, mismas que documentamos recientemente en el marco del Encuentro Rebel y Revel Arte [1] convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el Caracol de Jacinto Canek en Tenejapa y el CIDECI de San Cristóbal de Las Casas, en donde hubieron patrullajes y retenes en puntos intermedios, interrogando e intimidando a los asistentes a dicho encuentro, cabe destacar que en estos lugares son poco habituales los recorridos de seguridad.

Desde inicio de este año, distintas comunidades, organizaciones sociales y de derechos humanos en Chiapas han denunciando graves violaciones a derechos humanos cometidas por los integrantes de los operativos policiacos y militares en donde se han violentado a los pobladores, robos en sus viviendas, incluido detenciones arbitrarias.

A la solidaridad nacional e internacional les pedimos estar al pendiente de las acciones que estaremos informando.

[1] https://frayba.org.mx/hostigamiento-vigilancia-rebel-revel

Firma la Acción Urgente para exigir al Gobierno Federal y Local, la presentación con vida de los compañeros Bases de Apoyo Zapatistas José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez.

Descarga la Primera Actualización de la Acción Urgente en PDF(215.67 KB)

Tras ocho días hospitalizado, el histórico dirigente del CECOP falleció debido a las heridas provocadas en un atentado en Acapulco. Organizaciones exigen una investigación exhaustiva y castigo a los responsables.

Por Mario Marlo / @Mariomarlo

Ciudad de México, 25 de abril de 2025.- Después de luchar durante ocho días por su vida en un hospital privado, este viernes se confirmó el fallecimiento de Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), quien fue atacado a balazos el pasado 18 de abril mientras salía de la playa Icacos en Acapulco, Guerrero.

El asesinato de Suástegui no es un hecho aislado. De acuerdo con diversas organizaciones sociales, se enmarca en una estrategia sistemática de represión y hostigamiento contra quienes defienden la tierra, el agua y los derechos colectivos en México.

El líder campesino fue atacado por un hombre armado que le disparó en múltiples ocasiones, dejándolo gravemente herido. Aunque su familia logró trasladarlo de inmediato a un hospital, las heridas fueron letales. El atentado ocurrió en un contexto de creciente violencia en Acapulco, donde las organizaciones criminales han fortalecido su control frente a la pasividad —y en algunos casos la complicidad— de las autoridades locales y federales.

Una vida de lucha y represión

Desde que asumió la defensa del territorio comunal de Cacahuatepec frente al megaproyecto hidroeléctrico La Parota, Marco Antonio Suástegui enfrentó criminalización, amenazas de muerte, encarcelamientos arbitrarios y la desaparición forzada de su hermano Vicente Iván Suástegui en 2021. A pesar de contar con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las organizaciones denuncian que estas fueron insuficientes e ineficaces.

Según el comunicado firmado por colectivos como Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), entre otros, Suástegui seguía siendo acosado de forma constante. “Hombres armados llegaban a la playa buscándolo o le pedían que se fuera de ahí”, denunciaron.

Pese a las constantes alertas sobre el peligro que enfrentaba, el Estado mexicano no implementó mecanismos efectivos para salvaguardar su integridad, lo que hoy culmina en una tragedia que pudo haberse evitado.

Las organizaciones firmantes adviertieron que el asesinato de Suástegui es parte de un patrón de violencia que afecta particularmente a quienes se oponen a megaproyectos, defienden los territorios y denuncian la colusión del crimen organizado con las autoridades locales.

Denunciaron también que el grupo criminal presuntamente responsable de la desaparición de Vicente Iván Suástegui es el mismo que habría perpetrado el ataque contra Marco Antonio. A pesar de que existen mapas oficiales que identifican las zonas de operación de estas células delictivas, no se ha actuado para detenerlas ni para proteger a las víctimas.

Ante este nuevo crimen, las organizaciones sociales exigen una investigación pronta, imparcial y profunda que sancione a los responsables materiales e intelectuales. También demandan medidas de protección reales para la familia Suástegui y para todas las personas defensoras del territorio en Guerrero.

“No se trata de un caso más de violencia: es un mensaje de terror para quienes se atreven a defender sus derechos y su territorio. Urge que el Estado mexicano actúe antes de que más voces sean silenciadas”, alertaron en su pronunciamiento.

Obra de teatro: «La naturaleza se Revela y se Rebela»

Jóvenes y jóvenas zapatistas teatristas
Caracol Jacinto Canek, 15 de abril de 2025
Imágenes de Tercios Compas Zapatistas

Transmisión del Encuentro (Rebel y Revel) Arte, 19 de abril, 17:00 horas. Desde CIDEC

PRIMERA PARTE:

SEGUNDA PARTE: