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Por Moira Millán

Moira Millán es una galardonada guionista mapuche, autora y activista de Argentina. Es una líder en el movimiento para recuperar las tierras ancestrales de su pueblo y fundadora y ideóloga del Movimiento de Mujeres Indígenas por “Buen Vivir”, que aboga por una forma de vida en armonía con la naturaleza. En su papel de weychafe (guardiana tradicional, defensora), acompañó a las víctimas de una redada policial en la comunidad mapuche de Vuelta del Río en una protesta pacífica en el palacio de justicia en la cercana Esquel. El 26 de junio de 2018, solo fue acusada de “doble coerción agravada” por la protesta en Esquel. Si la encuentran culpable, podría enfrentar de dos a cuatro años de prisión.

Durante más de 400 años, mi pueblo, junto con los otros pueblos indígenas de Argentina, han estado involucrados en una poderosa lucha por la autodeterminación. Incluso hoy en día, persiste en la memoria de nuestra ül, canciones y nüxam, historias, del coraje de nuestros antepasados que derrotaron al imperio más grande de la época. Tras su derrota, la corona española firmó un tratado con los mapuche en el primer parlamento de Quillín, reconociendo la soberanía de la nación mapuche.

Nuestra Walljampu, territorio mapuche, comprende desde el océano pacífico al océano atlántico, en lo que hoy es la Republica de Chile, cuyo nombre en mapudugun (idioma mapuche) sería: Ngulumapu (Tierras del Oriente). Mientras que en la actual Argentina, Puelmapu (Tierras del Poniente). Nuestro territorio comprende casi la mitad de lo que hoy es Argentina: desde el sur de la provincia de Mendoza en el oeste, hasta el centro sur de la provincia de Buenos Aires en el este, hasta la provincia de Santa Cruz en el sur. Se estima que tenemos una presencia aquí de aproximadamente 12,000 años, en base a hallazgos arqueológicos y estudios de estructura lingüística.

Fue el primer gran intento de exterminio; Los mapuches sufrieron una tremenda pérdida de tierra y vida en ambos frentes; pero la carga de colonización apenas había comenzado.

Tras nuestra derrota, el estado argentino tomó por prisionero a miles de familias mapuches, y  las subastó en la plaza pública, disgregando para siempre a las familias. En su libro “La Historia de la Crueldad Argentina”, el historiador argentino Osvaldo Bayer relata cómo el estado subastó públicamente a miles de familias mapuche que fueron encarceladas durante la ocupación de Puelmapu. Al menos un anuncio oficial fue publicado en el diario El Nacional. Decía: “… “… Hoy entregan indios a toda familia de bien que lo requiera, se le entregará un indio varón como peón, una china como sirvienta, y un chinito como mandadero.”

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SAMIR LIVES! THE STRUGGLE CONTINUES!
Declaration from the Third National Assembly of the National Indigenous Congress, the Indigenous Governing Council, and the EZLN

To the peoples of the world:
To those organizations and collectives acting in resistance and rebellion:
To the national and international Sixth:
To the media:

As Ayuuk, Binizza, Chinanteco, Chol, Chontal, Guarijío, Maya, Mayo, Mazahua, Mazateco, Mixteco, Nahua, Nayeri, Otomí, Popoluca, Purépecha, Raramuri, Tepehuano, Tlapaneco, Tojolabal, Totonaco, Tzeltal, Tsotsil, Wixárika, Yaqui, Zoque, and Quichua (Ecuador) peoples, we have come together for the Third National Assembly of the National Indigenous Congress and the Indigenous Governing Council. Today, almost 100 years after the assassination of General Emiliano Zapata, we now face the pain and rage brought by the war waged against our peoples and the murder of our compañero Samir, killed for defending the land and his people. As a national assembly, we send our embrace of solidarity and struggle to his family and the community of Amilcingo, Morelos. As the CNI-CIG and the EZLN, for whom compañero Samir will always be a glimmer of light, we send our solidarity and collective embrace.

Samir was killed by the neoliberal regime—we don’t know if it was the government, the business class, their criminal cartels, or all three together. The path was laid for this cowardly murder by the new federal executive, Andrés Manuel López Obrador [AMLO], through his offers of support not to those below, but rather to the owners of money and power, while making veiled threats against those of us who defend and fight for life. AMLO has promised to hand over to big business and the military elite what neoliberal capitalism and all of its various bad governments never could: our land. His administration’s new Agrarian Development Law aims to dismantle collective organization and collective property forms, deeming as “development” what is actually shameless theft and destruction. This is accompanied by military threats to our peoples via his “National Guard” in what amounts to the total reconfiguration of our country.

What above they call “transformation” has always mean the same thing for our peoples: we give our lives so that powerful and oligarchic interests, fewer and fewer but bigger and bigger, can live off of oppression, exploitation, and destruction. The so-called “Fourth Transformation”[i] follows the same path as the previous three, although more brutally and cynically, if such a thing is possible.

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“Foro en Defensa de la Madre Tierra”. ENAH, 16 de febrero, 2019. Foto: RZ.

Texto y fotos: Colectivo RZ. Audios: Café Zapata Vive.
Ciudad de México, 16 de febrero, 2019.

Habrá que imaginar nuevos conceptos para describir el asistencialismo individualizante que, como una locomotora, se abre paso en México. Habrá que diseñar estrategias más sólidas de contrainformación acerca del despojo férreo que ya nos arrasó, del que nos atropella y del que se anticipa quemando vías. En este 23 aniversario de la firma de los Acuerdos de San Andrés Sakam Ch’en de los Pobres, traicionados por todos los partidos políticos el 28 de abril de 2001, en eso coinciden las siete participaciones del “Foro en Defensa de la Madre Tierra”. No al Tren Maya, no al Corredor Transístmico, no a la Guardia Nacional, realizado en el auditorio Román Piña Chan de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

23 años después, “la traición y la mentira se imponen” desde el nuevo gobierno, afirma un posicionamiento de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el Concejo Indígena de Gobierno y su Vocera Marichuy. Con la memoria intacta, la Coordinación nos recuerda el pacto entre Manuel Bartlett Díaz (entonces PRI, hoy MORENA), Jesús Ortega (PRD) y Diego Fernández de Cevallos (PAN), quienes optaron por defender los intereses de las grandes empresas trasnacionales y de sus capitales, con los ojos fijos en el entonces atractivo Plan Puebla Panamá. Pero los pueblos son quienes defienden la vida, y “porque defendemos la vida, por eso estamos con los compañeros del CIG-CNI y del EZLN”, afirma el posicionamiento. “No están solos… Su lucha es nuestra lucha”.

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(Ve también: Servilleta para un monero indolente, o por qué oponerse a un tren devastador.)

Texto y fotografías: Daliri Oropeza
Mapa: Geocomunes

El Congreso Nacional Indígena realizó un foro para analizar las afectaciones que los proyectos impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador generarían en los pueblos indígenas que habitan las zonas implicadas

A 23 años de los acuerdos de San Andrés Sacamch’en (o Larráinzar), el Congreso Nacional Indígena (CNI) convocó a un foro informativo con abogados, especialistas e integrantes del Concejo Indígena de Gobierno sobre el Tren maya, el Tren transístmico y la Guardia Nacional, tres proyectos que echó a andar desde el inicio de su sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador, los cuales han sido analizados por las comunidades de la región sureste del país.

Participaron Yamili Chan Dzul y José Koyoc, concejales de la Asamblea Regional de la Península de Yucatán; Adrián Flores, del colectivo Geocomunes; Carlos González, abogado e integrante del CNI; Magda Gómez, quien es investigadora de la UPN y articulista de La Jornada; y Betina Cruz, concejal de los pueblos del Istmo y Juchitán.

A continuación, las siete coincidencias que resultaron del encuentro:

1. Es un proyecto económico regional

No sólo es el Tren Maya, sino el proyecto de interconexión vía terrestre de toda la región sureste de México, del Istmo con la Península, que no se mira de manera integral, pero que da pie a la conexión de la región con el norte del país y con Centroamérica.

Adrián Flores, del colectivo Geocomunes, mostró en mapas cómo este proyecto conecta de manera estratégica las Zonas Económicas Especiales de la Península con las del Istmo, además, abre nuevas posibilidades de transporte por los corredores multimodales ya existentes y da paso a la conexión interoceánica.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
14 de febrero de 2019

Urgimos atención y protección a víctimas de desplazamiento forzado de Chalchihuitán 

• Exigimos al Estado mexicano implementar medidas cautelares de la CIDH y cumplir las recomendaciones de la CNDH

Las organizaciones civiles abajo firmantes exigimos la debida implementación de la recomendación 87/2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en favor de la totalidad de las víctimas de desplazamiento forzado interno, 5 266 personas, de 9 comunidades tsotsiles del municipio de Chalchihuitán y una comunidad de Chenalhó, Chiapas, México.[1]

Urgimos que el Estado mexicano cumpla también con la medida cautelar No. 882/17, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con fecha del 24 de febrero de 2018: “Para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal, por agresiones, hostigamientos y amenazas por parte de personas armadas”.[2]

Las víctimas de desplazamiento forzado en Chalchihuitán se encuentran en constante vulnerabilidad por privación de derechos básicos, especialmente en alimentación y salud, por omisión del Estado al no propiciar atención integral adecuada acorde con la pertenencia cultural. La recomendación de la CNDH manifiesta que la atención humanitaria otorgada fue “insuficiente, inoportuna e inadecuada”.

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On February 21, 2019, weichafe Moira Ivana Millán will be tried in Argentina. She is charged with “aggravated coercion” for organizing a peaceful demonstration in 2017 in protest of the violations to the rights of Mapuche communities committed by the Argentinian gendarmerie during the raids in September of that year. The raids were authorized by the federal judge Guido Otranto, and were part of the investigations for the disappearance of the activist Santiago Maldonado in August 2017, and who was found ded in October that year. During the raids, the gendarmerie beat and humilliated the Mapuche people.

Moira Millán was acquitted of all charges in September 2018 by judge Gustavo Lleral, but the prosecution appealed the decision. If she is declared guilty this February 21, she could face from two to four years in prison.

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Por Ñaní Pinto | Avispa Mídia

Desde el 1er día de gobierno de Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil, los pueblos originarios de este país se mantiene en alerta máxima, ya que uno de los primeros actos oficiales fue la edición de la Medida Provisional (MP) 870/2019, a través de la cual se extinguen algunos ministerios y re-direcciona otras atribuciones. Tal es el caso de la responsabilidad que tenía en sus manos la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) quien se encargaba de la demarcación de tierras indígenas, ahora es un poder que pasó a manos del Ministerio de Agricultura, donde se encuentran representadas las empresas transnacionales de la agricultura industrial.

Diversos pueblos se preparan para resistir a las políticas económicas de desarrollo que despojaran a cientos de indígenas en este país sudamericano. Un caso especial es, en la Amazonia Brasileña, el pueblo Munduruku, desde el año 2014, viene resistiendo a la instalación de 23 mega-presas hidroeléctricas proyectadas en El Plan Decenal de Expansión de Energía 2014-2023 del gobierno. En el III Encuentro de Mujeres Munduruku, realizado en la aldea Sawre Muybu (Territorio Daje Kapap Eipi), durante el 30 de enero al 02 de febrero de este año 2019, las mujeres decidieron continuar resistiendo y defendiendo a sus hijos, enseñándoles el camino sin avaricia.

“No intercambiaremos la vida de nuestros hijos por las hidroeléctricas, minería, puertos, concesión forestal, ferrocarriles e hidrovías. El gobierno y las empresas siguen asesinando a nuestra madre tierra. Ya asesinaron a la madre de nuestros peces como Karobixexe y Dekoka’a. Ahora, el nuevo gobierno no es distinto, es el mismo pariwat (no indígena) enemigo de los pueblos indígenas”, expresan las mujeres en su resolución de este encuentro.

No solo repudian la medida MP 870, sino que declaran abiertamente que lo que el gobierno actual esta haciendo contra ellos es una guerra abierta y, por tanto, “no intercambiamos, ni negociamos la vida de nuestro pueblo”, afirman.

La Demarcación de Tierra Indígena es un recurso jurídico que les permite a los pueblos de Brasil ser usuarios de su territorio ancestral y esto, ha sido un obstáculo para la expansión de la frontera productiva de soja, caña, eucalipto, minería y para los complejos de generación de energía limpia. Pero los pueblos originarios han apelado a su historia y ha decidido auto-demarcar sus territorios ancestrales. “El Gobierno está rasgando el Convenio 169 de la OIT, nuestro Protocolo de Consulta y está declarando guerra en contra de los pueblos indígenas. Además de todo esto, los políticos y empresarios son sordos a los reclames de nuestra Awaydip (selva). Pero nosotras la escuchamos y sabemos que a cada represa construida un dedo de armadillo que sostiene el planeta es cortado. Es por esa razón todo este desequilibrio, estas muertes, estas tragedias. Son ocasionadas por el pariwat y todos y todas sufrimos. Nosotras nos solidarizamos con nuestros parientes Pataxó Hãe Hãe Hãe e Krenak, que han sufrido por la muerte de sus ríos y con todos aquellos que fueron victimas de estos crímenes cometidos por las mineras”, denuncian en el III encuentro.

“Nosotras también estamos amenazadas por empresas de minería como la Rio Vermelho, que ya está destruyendo nuestros lugares sagrados y por muchas otras que tienen solicitudes en la ANM (Agencia Nacional de Minería) para explotar nuestras tierras. Y sabemos que el Gobierno quiere permitir este tipo de proyectos de muerte adentro de las tierras indígenas .¡Pero nosotras NO LO VAMOS ACEPTAR! ¡Por esto, como nuestros ancestros, queremos la cabeza de estos gobernantes! Vamos continuar haciendo la auto-demarcación de nuestro territorio, nuestros encuentros de mujeres, fortaleciendo nuestra lucha y nuestra autonomía junto con los chamanes, guerreros y jefes de aldea. Vamos continuar defendiendo la casa de nuestro ancestros, de nuestro pueblo Munduruku para que las generaciones futuras, nuestros hijos y nietos, tengan garantizado su territorio, puedan continuar existiendo de nuestra forma propia y cultivando nuestro buen vivir”, expresan las mujeres en sus acuerdos del III encuentro de Mujeres Munduruku.

Ver los resolutivos completos emitidos por las mujeres durante el encuentro ⇒

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Foto: Comunidad zapatista en Aldama. @Luis Aguilar (Tragameluz)

Colectivo RZ, 9 de febrero, 2019.

Hoy, 9 de febrero, se cumplen 24 años del arranque de una persecución contra integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional planificada por el entonces presidente Ernesto Zedillo y su secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán. Aunque el gobierno se encontraba en negociaciones con el EZLN, se giraron órdenes de aprehensión y se movilizó al ejército para aniquilar a las comunidades zapatistas y encarcelar a su dirigencia. La traición de febrero fracasó, pero decenas de comunidades vivieron semanas de desplazamiento forzado y dolor. A estas violaciones siguieron años de ataques por parte de grupos paramilitares que resultaron en masacres como la de Acteal o El Bosque (Unión Progreso y Chavajeval), así como en el encarcelamiento de habitantes de comunidades en lucha.

Las caravanas civiles de observación que se movilizaron en días posteriores a la traición recopilaron testimonios sobre graves violaciones a derechos humanos. Una imagen en particular vuelve a nuestra memoria. Una comunidad zapatista en mitad de las cañadas de Chiapas. Las casas destruidas y abandonadas. Algunas personas acercándose con cautela a rendir testimonio. Una escuela a la que acudían niñas y niños zapatistas hecha jirones. El aula despedazada. Los libros rotos y orinados por soldados. Los cerdos hozando en el muladar. Moctezuma Barragán, uno de los principales responsables de esa barbarie, encabeza hoy la Secretaría de Educación Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Al día siguiente del intento de aniquilación, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional respondió con un comunicado en el que podía leerse: “Usted se está equivocando demasiado, con la decisión que ha tomado en contra de nosotros, usted cree que matando a los zapatistas de Chiapas o matando al subcomandante Marcos puede acabar con esta lucha, no señor Zedillo, la lucha zapatista está en todo México, Zapata no ha muerto, vive y vivirá siempre.”

En días recientes (6 de febrero, 2019), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas publicó un Informe de la Junta de Buen Gobierno “Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del Mundo”, con sede en Oventik, Chiapas, que documenta violaciones a derechos humanos de población perteneciente a pueblos originarios en los municipios de Aldama y Chenalhó. El informe habla de 25 personas asesinadas y 14 personas heridas. También presenta 4 videos con testimonios de bases de apoyo zapatistas sobre la situación actual.

La organización autónoma zapatista avanza. La violencia gubernamental continúa.

Reproducimos aquí la denuncia de la JBG y los videos:

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