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Alertas, desde hace semanas

En los primeros días de mayo y mediante diversas cartas difundidas por organizaciones civiles, los presos organizados han compartido su situación, debido al nulo avance en la revisión de los casos y en la exigencia de libertad debido a irregularidades y violaciones en el proceso que los mantiene recluidos.

Las condiciones de hacinamiento también han empeorado debido a que a nivel estatal se han suspendido las visitas a la población recluida para limitar el contagio. No obstante, dicha acción ha impactado negativamente a los reclusos puesto que era mediante la visita de familiares y personas solidarias como ellos obtenían desde alimentos, medicamentos y artículos de higiene o dinero para adquirir dentro del penal los objetos de primera necesidad.

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“No podemos solventar nuestras cosas sobre las necesidades básicas por lo mismo que las vistas no tienen acceso y este centro penitenciario no nos proporciona lo que es jabón de baño, pasta dental, papel higiénico”, denuncian los presos organizados de Chiapas frente a una situación que no es exclusiva de dicho estado al sur de México, pues de acuerdo a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del año de 2016, casi el 60 por ciento de las personas recluidas en centros penitenciarios del país deben conseguir artículos de higiene personal por su cuenta, ya que no son suministrados por las cárceles.

Pese a la restricción de visitas, en una comunicación publicado el 10 de mayo pasado, los reclusos enfatizaron el riesgo de contagio que padecen debido a la falta de protocolos por parte de los custodios, quienes son relevados cada dos días y no cuentan con medidas ni equipo sanitario cuando interactuan con la población carcelaria.

“El centro carece de medicamentos que precisamos para cualquier emergencia lo único que dan aquí es puro paracetamol”, señalaron también los presos organizados quienes el 14 de mayo cumplieron un año presentes en un plantón en exigencia de su libertad. “El gobierno de Chiapas ha hecho caso omiso de nuestras demandas por que somos victimas de tortura que ejerce la fiscalía del estado de Chiapas. Para el gobierno quiere vernos morir aquí. Nuestro lugar es deplorable, pero seguiremos hasta conseguir nuestras libertades, pese a lo que pese”, enfatizaron en su comunicado.

Acciones frente a la pandemia

Los presos organizados justificaron la realización de la huelga de hambre debido a la falta de seguimiento a la salud de internos que muestran síntomas relacionados al Covid-19, “ni tan siquiera suministrando medicamentos para los síntomas”.

Sumado a ello, los reclusos también señalaron su preocupación debido a la negación de los funcionarios del centro penitenciario sobre posibles contagios presentados entre su personal e incluso sobre la muerte no confirmada de un oficial.

Desde el pasado 4 de mayo, los presos organizados denunciaron que un recluso diabético presentó síntomas relacionados al Covid-19 y tras haber interactuado con otros presos fue aislado sin recibir atención médica.

De acuerdo a los presos, este caso demuestra la necesidad de otorgarle arraigo domiciliario a personas contagiadas con el coronavirus para evitar poner en riesgo la salud de la totalidad de la población carcelaria, ya que de acuerdo a las denuncias “la población interna están sufriendo de calenturas, dolores musculares, diarrea, lo que no sabemos si es el Virus de Covid 19 o calenturas normales. No hay como sacar la prueba de Covid 19 y tampoco hay medicamentos para l@s internos e internas”,comparten las organizaciones, quienes enfatizaron los graves riesgos en su salud pues entre ellos se presentan casos de hipertensión, infecciones varias y diabétes, entre otros padecimientos que pueden aumentar la mortalidad del coronavirus.

PARA SABER MÁS, CHIAPAS: SALUD DE PRESOS TSOTSILES EN PELIGRO TRAS 110 DÍAS EN HUELGA DE HAMBRE

En México existen más de 200 mil personas recluidas y de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a nivel nacional el 46 por ciento de la población carcelaria comparte celda con más de cinco personas.

Desde el 15 de marzo del año 2019, los presos organizados han exigido su libertad incondicional debido a las múltiples irregularidades en el proceso de detención y juicio. En ese contexto, realizaron una huelga de hambre que se extendió por 135 días durante los cuales solo consumieron agua y miel, lo cual ha mermado su salud y los expone aún más en caso de contagiarse de Covid-19.

Hasta el 18 de mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró 120 casos positivos de Covid-19 en centros penitenciarios, además de 74 casos sospechosos, 28 personas recuperadas y 21 fallecimientos

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Fotografia: Violeta Sánchez

Al Ejecutivo Federal,

  A partir del trabajo que realizamos con pueblos y comunidades indígenas y equiparables, y del actual monitoreo que estamos llevando a cabo en el contexto de la emergencia sanitaria, organizaciones de la sociedad civil expresamos nuestra ​profunda preocupación ante las condiciones que la pandemia pueda gen​erar en las comunidades durante las siguientes semanas y meses, y pedimos que se abra un ​espacio de diálogo para construir propuestas que atiendan sus condiciones y necesidades.

Los pueblos y comunidades indígenas y equiparables han sido históricamente olvidados por las instituciones de salud pública, provocando la violación sistemática de su derecho a la salud; frente a la presente pandemia, se encuentran en especial vulnerabilidad. A la falta de infraestructura, personal médico y abasto continuo de medicamentos, se suma ​la discriminación institucional y la falta de un enfoque preventivo culturalmente adecuado y asequible a las comunidades; así como, en este contexto, la falta de un monitoreo y seguimiento adecuado a los migrantes que regresan a sus comunidades, en cuidado de su dignidad.

Igual de preocupante es el tema de la ​vulnerabilidad económica de la mayoría de las personas en las comunidades La falta de acceso a fuentes de empleo digno en las comunidades las hace dependientes del comercio y del empleo informal, así como de las remesas de los migrantes en Estados Unidos. En el contexto actual de crisis económica mundial, tanto las fuentes de ingreso local como las remesas se encuentran en riesgo de disminuir fuertemente, sin que exista un programa para ​garantizar un ingreso básico​.

En relación al ​abasto alimentario​, si bien existen comunidades que cuentan con sus propios sistemas de producción, circulación y almacenaje de productos para autoconsumo, hay otras en las que lo producido es insuficiente y dependen de la compra de granos básicos en esta temporada del año en la que están iniciando su nuevo ciclo de siembra. La ​seguridad alimentaria de estas comunidades se encuentra en riesgo ante la caída de sus ingresos y la alza de los precios en los insumos de la canasta básica, así como la ruptura de cadenas productivas y comerciales.

Por otra parte, las comunidades se enfrentan a una ​capacidad reducida para la defensa de sus territorios y del medio ambiente​, pues sus espacios para la toma de decisiones comunitarias están restringidos y el acceso a las instituciones de impartición de justicia se encuentra limitado. Por ello, está cobrando cada vez mayor atención a nivel local e internacional la exigencia de una ​moratoria a todos los proyectos de infraestructura a gran escala que están afectando o puedan afectar territorios indígenas sin su consentimiento​, con potenciales impactos adversos en los derechos humanos (1).

  Particularmente, en el contexto de incremento a la violencia contra las mujeres que está ocurriendo durante esta emergencia sanitaria, nos preocupa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuviera los recursos para las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIs).

La actual crisis de salud presenta ​retos importantes en materia de atención a los pueblos y comunidades indígenas y equiparables​, que pueden ser prevenidos y superados si el Estado, en todos sus niveles, adopta ​mejores acciones dirigidas a esta población en materia de salud, economía, alimentación, agua, saneamiento, atención a las conflictividades y a la seguridad​, sin menoscabo de su libre determinación y autonomía.

Por ello, las organizaciones firmantes solicitamos al poder ejecutivo federal:

  Establecer un mecanismo de atención integral inmediata a comunidades indígenas para la prevención y atención de riesgos por Covid-19, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil;

Atender de manera adecuada y suficiente a migrantes que regresan a sus comunidades, incluyendo el establecimiento de protocolos y espacios-albergues acondicionados para la cuarentena, brindándoles información en su lengua materna sobre los cuidados y medidas de seguridad que deben tener al llegar a sus hogares;

Implementar un ​apoyo monetario, directo, mensual y no condicionado, o renta básica por lo menos durante los tres meses que durará la crisis más inmediata, con posibilidad de extenderlo a cinco meses;

Asignar ​recursos suficientes para atender la violencia de género en esta emergencia sanitaria;

Reconocer el ​papel fundamental que desempeñan las ​personas defensoras de derechos humanos​ contra el abuso corporativo o estatal y ​garantizar su protección y seguridad​;

Suspender con una moratoria los proyectos de infraestructura a gran escala en los territorios indígenas que se realizan sin su consentimiento expreso.Con la ​intención de colaborar de manera solidaria frente a la emergencia sanitaria y ante nuestra preocupación por la atención a pueblos y comunidades indígenas y equiparables, llamamos al compromiso de las instituciones gubernamentales y quienes las coordinan, a abrir un espacio de diálogo y colaboración con la sociedad civil, que nos permita enfrentar esta crisis desde múltiples lugares; reconociendo los esfuerzos que ya están realizando las comunidades para enfrentar la crisis por la pandemia desde sus propios modos de vida y organización.

_________________________

1 Michel Forst y Michael Taylor, “Mientras el mundo está confinado, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente son blancos fáciles”, 22 de abril de 2020, www.business-humanrights.org/es/mientras-el-mundo-está-confinado-las-personas-defensoras-de-la- tierra-y-el-medio-ambiente-son-blancos-fáciles

Atentamente.

Aura Investigación Estratégica,

Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos- Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC),

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A, C.

Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC),

Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC),

Enlace Comunicación y Capacitación, AC.,

Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C,

Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC),

Oxfam México A.C.,

Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C.,

Salud y Desarrollo Comunitario A.C. (SADEC),

Servicios para una Educación Alternativa, AC. (EDUCA),

Servicios y Asesoría para la Paz, A. C. (SERAPAZ).

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Escucha TEJIENDO VOCES transmisión colectiva del Congreso Nacional Indigena
con el tema:

Megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria

Miércoles 20 de Mayo de 2020 desde las 5 pm.

#ElEncierroNoMeCalla
#NuncaMasUnMexicoSinNosotros

Escuchalo y difunde desde la pagina del CNI
www.congresonacionalindigena.org

por el facebook: fb.com/Congresonacionalindigenamexico

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A los pueblos de México y del Mundo,
A los medios de comunicación.

La Coordinación del Congreso Nacional Indígena/Concejo Indígena de Gobierno, así como diversas organizaciones integrantes del Congreso Nacional Indígena saludamos a nuestras hermanas y hermanos del pueblo nahua de la Sierra Norte de Puebla y a su digna lucha por anular las concesiones mineras que el mal gobierno capitalista, de antes y de hoy, entregó a los dueños del dinero apoyado en una Ley Minera que nació de la traición a los Acuerdos de San Andrés y de la violación a nuestros derechos fundamentales, sin importarle que se destruya el medio ambiente, que se devasten culturas y que se agote la esperanza de la vida; esa que los pueblos hablamos cuando emprendemos juicios o alzamos la voz de todas las formas que tenemos a nuestro alcance.

De frente a las condiciones adversas que vivimos como humanidad y ante la proliferación de la enfermedad llamada capitalismo que hoy se expresa en la pandemia del Covid-19 y que amenaza la vida en el planeta, profundizando su presencia en todos los rincones; asumimos y asumiremos ineludiblemente cuidar, defender y sanar a nuestra madre tierra. En ese sentido es que hacemos propias las exigencias del pueblo nahua de los municipios de Cuetzalan del Progreso, Tlatlauquitepec y Yaonáhuac, Puebla, de que sean anuladas todas las concesiones mineras que amenazan la vida de la región, haciendo extensivas estas exigencias a las concesiones que existen en todo el territorio nacional.

Asimismo reconocemos y respaldamos la lucha de los Consejos Maseual Altepetajpianij y Tiyat Tlali, así como del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan y de las organizaciones que los apoyan, exigiendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la inconstitucionalidad de la Ley Minera, recordando que las leyes impuestas por los malos gobiernos no respetan los derechos colectivos que tenemos los pueblos originarios, pues, lo único que sí respetan es la ganancia ensangrentada de las grandes empresas.

Llamamos a los colectivos y organizaciones honestas y a los pueblos del mundo a estar atentos de las resoluciones y acciones que el corrompido poder judicial y el mal gobierno lleguen a adoptar, así como de la palabra de nuestras compañeras y compañeros del pueblo nahua de la Sierra Norte de Puebla para actuar con solidaridad.

Atentamente
Mayo de 2020
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más Un México Sin Nosotros

Coordinación del Congreso Nacional Indígena/Concejo Indígena de Gobierno

Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”

Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta, Veracruz

Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on, Quintana Roo

Resistencia Civil de Candelaria, Campeche

Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, Oaxaca

Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura, Estado de México

Movimiento Agrario Indígena Zapatista

Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata

Red Unidos por los Derechos Humanos, A. C., Veracruz

Unión de Pueblos y Comunidades Purepechas, Ciudad de México y Michoacaán

Consejo Supremo Indígena de Michoacán

Servicios para una Educación Alternativa, A. C.

Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, Campeche

Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Oaxaca

Casa de Salud de la Comunidad Indígena de Tuxpan, Jalisco.

Comuna Purépecha

Autoridades Tradicionales de la Tribu Yaqui, Pueblo de Vicam

https://wp.me/p8qHTQ-1y1

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El periodismo comunitario  y responsable, como antídoto contra la información mercantil al servicio del capital.

ROMPIENDO EL CERCO

COLOMBIA:  Resistencia de liberacion de la Madre tierra en medio de lapandemia. Solidaridad resistencia contra los ataques de la empresa Incauca, el gremio Asocaña y el estado colombiano en su conjunto. Liberacion de la Madre tierra

PALESTINA:  Israel ataca a Gaza sin compasión en plena pandemia. Federacionpalestina

PERÚ: Wampís de Morona alertan que Geopark los estaría exponiendo a la Covid-19
nacionwampis

GUATEMALA:  Otro proyecto de solidaridad que brinda un plato de comida en el centro histórico de la capital de #Guatemala #COVID_1. Prensa Comunitaria

PÁNAMA:  Continúan las protestas en reclamo al apoyo solidario. Radiotemblor

GLOBAL GEEK: Seguridad digital en cuarentena. La opcion Jitsi y los problemas de prinvacidad con Zoom. Radios Libres y Surciendo.

ITALIA: Empieza fase para reducir medidas de contingencia. Annuska

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

CDMX: Falleció Jaime Montejo, activista de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”.  Educaoaxaca

CDMX: Mucho “lávate las manos”, pero no hay agua en Tláhuac. Regeneracionradio

MEXICO: AMLO y sus fake news.
Reciben 87 llamadas por hora al 911 para denunciar violencia familiar. Redes.
Familia, la institución social más violenta de México, afirma especialista. Redes

CHIAPAS: Firman indígenas de Chiapas contra Tren Maya. Tierradetodas

OAXACA:  Ataque armado y barbarie en la agencia de Huazantla en San Matero del Mar Oaxaca. CNI.

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Buenos días, Durante la cuarentena por la pandemia Covid 19, los Pueblos Originarios son población vulnerable, en mayor riesgo las comunidades en desplazamiento forzado bajo ataques armados. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, registramos agresiones a Pom, en Chalchihuitán, en la región Altos de Chiapas, en México.

Compartimos nuestra palabra urgiendo al Estado mexicano cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a 10 comunidades del Pueblo Maya Tsotsil. Adjunta y en la página www.frayba.org.mx

Agradecemos su valioso trabajo periodístico.

Azalia H. Rguez. Cel. 9671356978

Agresiones armadas, desplazamiento forzado, discriminación y COVID 19 Comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Chalchihuitán en mayor riesgo de crisis humanitaria.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registró disparos de armas de fuego en contra de la comunidad de Pom, en Chalchihuitán, Chiapas, México, perpetrados por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente de Chenalhó, en contexto de riesgo por emergencia sanitaria ante la pandemia de Covid 19.

Testimonios indicaron que el pasado 1 de mayo de 2020, aproximadamente a las 08:00 horas, hubo actos de violencia armada que aumentaron el miedo y la crisis humanitaria en comunidades que pertenecen al Pueblo Maya Tsotsil:

[…] un grupo armado de corte paramilitar vestidos de negro dispararon, esto sucedió en el tramo Chacojtón en la comunidad de Pom del municipio de Chalchihuitán, esto ha traído mucho miedo entre las y los desplazados, no podemos ir a nuestra milpa a traer nuestras verduras para comer, las mujeres y los niños sufren mucho, no pueden ir por leña y los hombres no podemos salir a trabajar.

[…] Es difícil encontrar como alimentarnos en esta situación; las autoridades nos dicen que no salgamos de la casa por la enfermedad del COVID, pero no hay maíz, ni frijol, tenemos que ir a buscar nuestra verdura a la parcela, tampoco podemos comprar en la comunidad porque los hombres no pueden salir a trabajar a la milpa ni a vender la cosecha de café, hay miedo por la enfermedad y porque nos vaya a herir una bala de los grupos paramilitares.

Esta situación de vulnerabilidad pone en alto riesgo de contagio de COVID 19 a las 273 familias, un total de 1236 personas desplazadas forzadamente, debido a que se encuentran en pobreza extrema, sin alimentación adecuada, ni agua potable, en carencia de servicios de salud accesibles y de calidad. De especial preocupación son las niñas, niños y adolescentes, así como los adultos mayores y mujeres, en las comunidades desplazadas de K’analumtik, Pom, Ch ́enmut, Bololch’ojon, Bejelton, Tulantik, Cruzton, Ts’omolton y Cruz Kakanab del municipio de Chalchihuitán y Majompepentik municipio de Chenalhó. A pesar de que las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil en deslazamiento forzado, de Chalchihuitán y Chenalhó,

anteriormente mencionadas, cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MC 882-17)1 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 87/20182, las autoridades del Estado mexicano no han cumplido de manera eficiente yhttps://frayba.org.mx/wp-content/uploads/2020/05/200506_boletínSan Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

06 de mayo 2020

Boletín No. 10_10_chalchihuitan.pdf eficaz con implementar las acciones necesarias para protegerlas.

Cabe señalar que históricamente las comunidades de Pueblos Originarios son uno de los sectores más vulnerables a consecuencia de la desigualdad caracterizada por la discriminación, exclusión y pobreza, que conlleva a una violación estructural y sistemática de derechos humanos.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el municipio de Chalchihuitán ocupa uno de los primeros lugares de pobreza extrema (79.8%), la cual se agudizó desde los hechos de violencia perpetrados por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente de Chenalhó, que provocó el desplazamiento forzado de 5023 personas, desde octubre de 2017.

La Organización de Las Naciones Unidas indicó que: “Los pueblos indígenas, en particular las mujeres y las niñas indígenas, suelen verse afectados de manera desproporcionada por las epidemias y otras crisis. Los pueblos indígenas tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en la extrema pobreza que los no indígenas… son también custodios de una gran riqueza de conocimientos y prácticas tradicionales, lenguas y culturas, que incluyen respuestas a las crisis probadas en el tiempo”3. Se les debe incluir de manera participativa, culturalmente apropiada y respetuosa de sus derechos, en las respuestas a la pandemia y sus impactos.

Por lo anterior el Frayba solicita de manera urgente al Estado mexicano:

Garantice los derechos humanos a Pueblos Originarios en desplazamiento forzado, en doble riesgo por ataques armados y por la pandemia de Covid 19: a su integridad y seguridad personal; acceso al agua, al saneamiento y a instalaciones de higiene personal; a la alimentación; a la vivienda adecuada; a la información en su lengua para prevenir y tratar la enfermedad; a la atención médica oportuna y sin discriminación; al consentimiento libre, previo e informado; a la libre determinación; a la participación de las mujeres y especialmente los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Cumpla las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil en desplazamiento forzado de Chalchihuitán.

1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Medida Cautelar No. 882-17. Comunidades indígenas tsotsiles de Chalchihuitán y Chenalhó respecto de México. 24 de febrero de 2018. 2 Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recomendación No. 87/2018. Sobre el caso de personas víctimas de desplazamiento forzado interno en diversas comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó. 28 de diciembre de 2018. 3 Organización de Las Naciones Unidas. Los pueblos indígenas y la pandemia de Covid 19.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

06 de mayo 2020

Boletín No. 10

Comunicación Social

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. Calle Brasil No. 14 Barrio de Mexicanos CP 29240 San Cristóbal de Las Casas Chiapas México

tel: (+52)967 678 73-95/-96

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Medios-Frayba mailing list

Medios-Frayba@lists.mayfirst.org

https://lists.mayfirst.org/mailman/listinfo/medios-frayba

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Publicado por: POZOL COLECTIVO

abril 28, 2020 en Chiapas

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_Omisiones de autoridades de gobierno incrementan el riesgo a población vulnerable en contexto de COVID 19.

El Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, otorgó el 28 de marzo del presente año, el amparo 340/2020 para proteger la vida, integridad y seguridad de comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en desplazamiento forzado, del municipio de Aldama, Chiapas, México.

El 27 de marzo de 2020, representantes de las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en desplazamiento forzado, de Aldama, interpusieron solicitud de amparo y protección de la justicia federal para la: “suspensión definitiva de la violencia de grupos civiles armados de corte paramilitar quienes actúan con la aquiescencia y tolerancia de funcionarios del Estado”. Sin embargo hasta la fecha las autoridades responsables1 continúan la omisión en el cumplimiento de la resolución.

Por lo anterior, la violencia en la franja limítrofe con Chenalhó se intensificó en un contexto de alto riesgo para población vulnerable en medio de la emergencia sanitaria por COVID 19, las autoridades señaladas han sido omisas en el cumplimiento de la suspensión de plano otorgada por un Juez Federal, por lo que se promovió un incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión consistente en que: “se […]brinde la protección y seguridad que requieren los quejosos […] medidas necesarias que garanticen la vida, seguridad e integridad personal de la población del municipio de Aldama, quienes se encuentran sufriendo situaciones de violencia generalizada y de violaciones a los derechos humanos, derivado del conflicto armado a fin de garantizar la paz pública.”

Desde el pasado 24 de marzo, al día de hoy, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registró al menos 47 actos de agresión armada. Durante la última semana los ataques aumentaron y se realizaron de manera sistemática. Reportes de la Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama informan que los grupos armados de corte paramilitar procedentes de Chenalhó, utilizan las trincheras de Tok’oy, Pajaltoj, Oxch’om, Slumka, Tojtik, de la comunidad de Saclum, que se encuentran en territorio del municipio de Chenalhó para realizar disparos dirigidos hacia las casas de Xuxch’en, San Pedro kotsilnab, Koko’ y Tabak, en Aldama. El día de ayer, la Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama reportó nuevos ataques armados, que iniciaron durante la madrugada, hacia las comunidades de Ye’ton, Koko’, Tabak, Chivit, Xuxch’en y San Pedro kotsilnab. De acuerdo a testimonios hombres armados vestidos de negro están realizando disparos desde las trincheras de Tok’oy y de Pajaltoj, así como de Vale’tik, pertenecientes a Santa Marta, Chenalhó.

La entrada a la fase 3 de la emergencia sanitaria en México, pone en evidencia que las comunidades de Pueblos Originarios son altamente vulnerables, ya que su vida se encuentra en constante riesgo, ya sea por un ataque de armas de fuego o por contraer COVID 19 y no contar con garantías de atención médica adecuada.

Las Directrices Esenciales de las Naciones Unidas para Incorporar la Perspectiva de Derechos humanos en la Atención a la Pandemia por COVID 19, establecen la necesidad de proteger a la población más vulnerable como son las comunidades en desplazamiento forzado: “Los Estados deben aplicar medidas adicionales con el fin de abordar la repercusión desproporcionada que el COVID 19 puede tener sobre las minorías, a causa de las zonas remotas donde viven, en las que hay un acceso limitado a bienes y servicios esenciales”2.

Desde el inicio de las agresiones armadas en marzo de 2018, el Frayba realizó intervenciones a 30 autoridades de dos periodos de los gobiernos en los ámbitos federal y estatal, sin embargo se mantiene la impunidad en graves violaciones a derechos humanos como son: La Privación Arbitraria de la Vida, el Desplazamiento Forzado y la Privación Arbitraria de la Libertad al defensor comunitario Cristóbal Sántiz Jiménez3.

Por lo anterior urgimos a las autoridades responsables de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón Cadenas que cumplan con el mandato judicial del Tercer Juzgado de Distrito que otorgó el amparo 340/2020 para proteger la vida, integridad y seguridad de las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en desplazamiento forzado, de Aldama. Entre las exigencias se encuentran:

Garantías de seguridad para proteger la vida de la población del Pueblo Maya Tsotsil del municipio de Aldama, en riesgo por hechos de agresiones armada que se intensificaron desde el 24 de marzo de 2020.

Cumplimiento de las Recomendación número 71/2019, emitida el 23 de septiembre de 2019, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos4.

Investigación de las agresiones armadas, desde marzo del 2018, perpetradas por grupos civiles armados de corte paramilitar procedentes de Santa Martha, municipio de Chenalhó, que provocaron el desplazamiento forzado de las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama.

Atención humanitaria, vivienda, salud, alimentación adecuada y digna para las personas víctimas de desplazamiento forzado del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama, Chiapas, en mayor vulnerabilidad durante la pandemia por COVID 19.

-*-

San Cristóbal de La Casas, Chiapas, México

28 de abril de 2020

https://frayba.org.mx/otorgan-amparo-a-comunidades-del-pueblo-maya-tsotsil-en-desplazamiento-forzado/?preview=true&_thumbnail_id=9199

Foto: Carlos Hogaz

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Este 20 de abril de 2020, un número de organizaciones sociales, asociaciones civiles y colectivos publicaron un Pronunciamiento por la vida en el que analizan las dimensiones sociales de la pandemia del COVID-19 y ofrecen insumos para generar estrategias para enfrentar solidariamente la situación, tanto a nivel nacional como en el contexto específico de Chiapas. Se trata de organizaciones y colectivos que desde hace años han trabajado por la defensa y promoción de derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en Chiapas.

En conferencia de prensa transmitida ese día por Rompeviento TV, integrantes de algunas de las organizaciones firmantes detallaron el análisis de las dimensiones sociales de la pandemia en el contexto de Chiapas: Ana Valadez Ortega (investigadora de CECCAM e integrante de DESMI), Deyanira Clériga Morales (colaboradora de Voces Mesoamericanas y Acción con Pueblos Migrantes), Marcos Arana Cedeño (director del Centro de Capacitación Ecológica y Salud para Campesinos) y Pedro Faro Navarro (director de Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas).

Como explicó Ana Valadez, el proceso de discusión colectiva surgió a partir de una iniciativa por parte de trabajadores y trabajadoras de la salud que trabajan desde hace 30, 40 años en la salud colectiva en Chiapas, muchos de ellos formando a un gran número de promotores y promotoras campesinos a lo largo de varias décadas, desde el refugio guatemalteco hasta el proceso de conformación de la salud autónoma de las comunidades zapatistas. Fue la conciencia adquirida en esos años de trabajo lo que los llevó a examinar las determinaciones sociales de la pandemia, una discusión “que ha surgido en el seno de una agenda de discusión crítica de los grandes pensadores de la salud a nivel latinoamericano”.

Marcos Arana analizó los orígenes y las consecuencias de la pandemia. El virus SARS-CoV-2, la variante del coronavirus que provoca la enfermedad del COVID-19, argumenta Arana, no es de origen “natural”; su mutación es producto del sistema de producción agroindustrial de alimentos, mismo que ha dado origen a otras enfermedades como la del A H1N1, que surgió en México en una granja porcina en 2009, y que muy probablemente seguirá dando origen a nuevas enfermedades.

Por otro lado, Arana apuntó a las disparidades en las consecuencias de la pandemia. Las diferencias en el acceso a la información, el hacinamiento, la mala alimentación, el poco acceso al sistema de salud, la desnutrición, la prevalencia de enfermedades de mayor incidencia en la pobreza (como la obesidad y la diabetes)… todo eso hace que los de abajo, los menos privilegiados, sufran consecuencias de la pandemia mucho más graves.

(Continuar leyendo…)