Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Los integrantes del Taller de Desarrollo Comunitario así como el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero externamos nuestra preocupación porque hoy se cumplen seis años desde que el compañero Jorge Gabriel Cerón Silva fue desaparecido en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero y no hay una investigación seria que nos permita ubicar su paradero; seguimos sosteniendo que es una desaparición forzada porque la aquiesencia del estado es probada con la presencia de personal de la entonces denominada SIEDO que brindaba protección a un testigo protegido, a quien nuestro compañero estaba entregando un proyecto arquitectónico cuando ambos fueron detenidos – desaparecidos. A pesar de que el gobierno guerrerense se niegue a aceptar esta aquiesencia, los Protocolos, Tratados Internacionales e incluso la Ley Estatal de Desaparición Forzada en Guerrero, nos da el respaldo jurídico y la certeza de nuestro dicho.
Recordamos que la desaparición de Jorge Gabriel ha sido el detonante para nuestras acciones y el origen del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, un grupo de familiares y amigos, indignados ante éstos actos que nos cambian la vida; nos confrontan con el Estado, no por decisión propia, sino por las fallidas políticas públicas y los malos funcionarios que no tienen capacidad de solución, encubren y prefieren desprestigiarnos que atender nuestras demandas de verdad y justicia. La respuesta intimidatoria y hasta represiva del Gobierno Estatal a nuestras exigencias, ha desestabilizado permanentemente a nuestra organización, por lo que algunas familias se han alejado por miedo, ante la falta de medidas de protección, hostigamiento laboral y falsas promesas de solución.
Hace seis años, la falta de solidaridad y compromiso con nuestra lucha por parte de organismos de derechos humanos en Guerrero, nos obligó a retomar la problemática y dejar a un lado el trabajo comunitario que habíamos realizado por varios años, ya que es un problema que implica denunciar a los perpetradores y su relación con el estado. Hoy, el panorama no es distinto, nos encontramos en un juego de cifras que han llamado la atención mundial por su crudeza (Informes de Human Right) y la forma tan absurda en que ha contestado el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Gobernación, a ésta sin razón; en lugar de invertir en búsquedas, invierten en campañas de legitimidad, denostación o cacerías de brujas como la de Elba Esther Gordillo.
Nosotros creemos en nuestra gente y su inocencia, su valor como seres humanos y exigimos se respeten sus nombres y los de sus familias, en ésta lucha nos hemos desgastado, hemos sufrido amenazas y persecución, nos ha coartado el Ayuntamiento de Chilpancingo, que ahora encabeza Mario Moreno Arcos, la libertad de reunión, expresión y manifestación garantizada en la Constitución al quitarnos el módulo informativo que teníamos en la Plaza Cívica “Primer Congreso de Anáhuac”, actualmente con la intensión de distraer la recomendación que ha emitido desde hace más de un año la CNDH, intentan devolvernos el mobiliario y material que teníamos en ese módulo, sin reparar el daño moral que han causado a los integrantes tanto del Taller como del Comité; no han entendido que no somos comerciantes, que requerimos fondos para reproducir y distribuir material informativo y formar expedientes, trasladarnos a orientar y compartir la información y seguir dando apoyo a las familias víctimas de la violencia, no conocen los términos de respeto a los derechos humanos, las autoridades del Ayuntamiento han sido respaldadas incondicionalmente por la Coddehum, a nuestras espaldas, han firmado una acta apócrifa tomando acuerdos de recepcionar el material y mobiliario, sin priorizar lo más importante: la reinstalación de nuestro módulo y la disculpa pública a los familiares víctimas de éste atropello y la reparación del daño.
En esta lucha, lo que más lamentamos es que no hemos podido lograr, que se les haga justicia a nuestros asesinados, ni encontrado a los desaparecidos y secuestrados; nuestra intervención en casos de secuestro expres y virtual, nos llevan a afirmar que éstos delitos van en aumento y siguen sin denunciarse por miedo a la colusión entre la delincuencia organizada y las autoridades, el anonimato en la denuncia no ha dado los resultados que las mismas esperaban pues los mismos grupos policiacos las inhiben.
Hoy se abren nuevas condiciones de lucha, la falta de un Centro de Atención a Víctimas de Violencia no ha permitido que brindemos el tan necesario acompañamiento legal, psicoemocional y de salud que requieren las más de 38 familias con las que nos reunimos y otras que se nos siguen sumando, la falta de firmeza del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, en sus promesas, nos indica que no hay interés de resolver ni de aplicar la justicia y conocer la verdad de éstos crímenes de lesa humanidad. Prefirió denostarnos y calificarnos como lucradores sociales que aceptar que su sistema completo ha fallado en garantizar los derechos humanos, le ha apostado a la división de las organizaciones y a su desprestigio, pero no estamos solos y quienes conocen nuestro trabajo dan fe de ello, tanto a nivel local, estatal como nacional e internacional. Las cifras no mienten y desde el 01 de abril del 2006 a la fecha hay 2,222 asesinados, 456 desaparecidos y 123 secuestrados, de los que han sido publicados por los medios, porque también se conoce que no hay denuncia por miedo ante la colusión de las autoridades con los delincuentes, por lo que hay un subregistro.
La entrada en vigor de la Ley General de Víctimas nos hace pensar que su eje rector no es precisamente la justicia y la verdad sino la reparación del daño, por lo que alertamos a quienes han sido víctimas de la violencia social, a vigilar el manejo del registro nacional de víctimas, la integración del Sistema Nacional y Estatal de Víctimas, así como de la Comisión Ejecutiva y el Fondo de Apoyo que estará a su cargo, sabemos que el reglamento de operación de la misma y las reformas que se han propuesto no están concluidos, pero también que a más tardar en junio de éste año, estará operando en su totalidad incluso en los estados y municipios, por lo que los invitamos a mantenernos unidos y alerta, porque no estamos dispuestos a ponerle precio a nuestras víctimas, no nos conformaremos con una beca, útiles escolares, el acceso a la educación que de por sí debe ser laica y gratuita y mucho menos con el ingreso a las instituciones de salud de las que siempre ha habido quejas por las erráticas políticas de salud y por la escasez de medicamento; no queremos que se convierta en bolsa de trabajo para los familiares y allegados a éste ni ningún otro gobierno; no estamos dispuestos a firmar conciliaciones que permitan eximir a las autoridades de su responsabilidad, con el pretexto de que serán sometidos a tratamientos de deshabituación o que el Juez en la sentencia exigirá garantías de no ofender, cursos y tratamientos para evitar su reincidencia. Sabemos que en México, las autoridades no son castigadas y la impunidad es una constante. También sabemos que la prueba piloto que fue PROVICTIMA, ha sido utilizada para hacer desistir a las familias de las denuncias, por eso seguimos afirmando que las autoridades no son nuestros aliados, sino sujetos a supervisión y deben ser castigados cuando encubren, se coluden o son los actores principales de estos delitos.
A pesar de que hemos sido las únicas organizaciones (TADECO y el Comité) que hemos dedicado nuestro esfuerzo a ésta lucha en Guerrero, (no para la fotografía en movilizaciones nacionales) también sabemos que habrá oportunistas que tratarán de legitimarse con ayuda del gobierno para recibir recursos extraordinarios por algo que no han hecho, utilizando a las esposas, familiares de los desaparecidos para abrir la puerta de funcionarios de gobierno y negociar otros temas, avocándose al recurso y no a la búsqueda de la verdad.
El día de hoy anunciamos el inicio de la Séptima Jornada por la Vida, la Libertad, la Justicia y los Derechos Ciudadanos en Guerrero, mediante la que seguiremos denunciando las atrocidades que desafortunadamente siguen ocurriendo; ese es nuestro compromiso: que no se olviden, que se recupere la memoria histórica de las y los nuestros, que nos hacen falta a todos.
Hoy, por Gabe, por Jorge Gabriel Cerón Silva, recordamos a todas y todos los guerrerenses y mexicanos víctimas; exigimos que todos los derechos de asistencia, protección, atención, reparación integral, restitución de los derechos violados, no repetición, así como las medidas de: ayuda, inmediatas y humanitarias, de educación; medidas económicas y de desarrollo; no sustituyan ni opaquen el derecho a la verdad y la justicia que hemos reclamado, ya que se contemplan en forma muy somera en la Ley General de Víctimas; que por el contrario, sean el medio para llegar a recuperar a nuestros desaparecidos y secuestrados y hacer justicia a ellos y los asesinados; en ésta tarea y en este ambiente perverso y adverso, seguiremos nuestra lucha, por Jorge Gabriel y por todas y todos, porque los queremos vivos, porque así se los llevaron.
COMITÉ DE FAMILIARES Y AMIGOS DE SECUESTRADOS, DESAPARECIDOS Y ASESINADOS EN GUERRERO
TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO A.C.
Chilpancingo, Guerrero a 14 de marzo de 2013
