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El presente informe, presenta casos de violaciones graves a los derechos humanos que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad ha documentado a los largo de estos doce años

La defensa de los derechos humanos en México, es una tarea cada vez más difícil en un contexto de violencia generalizada y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. El aumento de la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura ha provocado miedo e inseguridad en la población y el desplazamiento forzado.

Las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en México, no es un tema nuevo, nos remite a los tiempos de la llamada guerra sucia, donde el ejército de forma masiva detenía, torturaba, desaparecía y ejecutaba extrajudicialmente a personas por el solo hecho de disentir, criticar o luchar por sus derechos y por mejores condiciones de vida.

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Al pueblo chol del ejido Tila.
Al pueblo de México.
A los pueblos del Mundo.
A la Sexta Nacional e Internacional.
A los medios de comunicación.

Para el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno hoy es un día importante en la memoria de los pueblos originarios de este país, ésa que se hace soñando y luchando por el fin de la guerra de exterminio y el inicio de una nueva conciencia.

El pueblo Chol del ejido Tila, que ha sido históricamente olvidado, resurgió en su autonomía con el esfuerzo de muchas y muchos.

La autonomía, en el ejemplo de dignidad que es el ejido Tila, fue el paso necesario tras mas de 50 años de lucha jurídica, de los amparos ganados que nunca fueron ejecutados, de la violencia institucional desde los malos gobiernos ante los pasos que la organización iba logrando para reconstituirse sin esa enfermedad que son los malos gobiernos.

Es entonces, hermanas y hermanos de Tila, grande el honor para nosotras y nosotros del Concejo Indígena de Gobierno, estar para conmemorar junto con ustedes ese 16 de diciembre. Para celebrar y conmemorar el ejemplo del pueblo Chol del ejido Tila, su palabra y su conciencia.

Sabemos que no ha sido fácil su camino, que su determinación y organización ha crecido en medio de la hostilidad por parte de los malos gobiernos y sus grupos paramilitares, como los que usan los poderosos en todo el estado de Chiapas para tratar de acabar con las luces de esperanza, que es la organización autónoma de los pueblos originarios.

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“Esta ley es un riesgo porque perpetúa un modelo de seguridad que es fallido,  regulariza las tareas de seguridad pública de un ejército que debiera intervenir de manera excepcional, por eso se convierte en un estado de excepción permanente porque las Fuerzas Armadas pueden intervenir con este marco jurídico prácticamente subordinando al poder civil, subordinando a las policías, dándole amplios poderes al Presidente de la República para hacer una declaratoria, eufemísticamente denominada como declaratoria de riesgo a la seguridad interior, que es en realidad un estado de excepción que justifica la participación de las Fuerzas Armadas” (Intervención en Conversatorio)

A finales de noviembre la Cámara de Diputados daba luz verde a  la denominada Ley de Seguridad Interior. Ante su posible aprobación (hoy) en el Senado de la República, organizaciones de derechos humanos y sociedad civil se han manifestado y advertido de las gravísimas consecuencias en caso de ratificación.

El pasado 9 de diciembre tuvo lugar en la plaza de la resistencia de San Cristóbal de las Casas un conversatorio sobre el tema. Ahí se señaló, entre otros puntos importantes, la ambigüedad en la definición de “seguridad interior” y la amplitud de acciones que pudieran considerarse como amenazas.

Asimismo, se mencionó que este “nuevo” paso en materia de seguridad lo que pretende es “regular lo excepcional”, es decir, crear un marco normativo a modo para proteger al gobierno, instituciones y su proyecto neoliberal en un país marcado por la violencia de Estado y ante una coyuntura electoral. Con ello y a partir de definiciones interesadas se facultaría –legalmente- a las Fuerzas Armadas de México a realizar labores que hasta ahora debieran ser exclusivas de organismos de seguridad pública (tales como detenciones o investigación).  Además sin observancia a estándares de derechos humanos y sin contar con mecanismos independientes de rendición de cuentas.

A continuación el audio completo del conversatorio (vía komanilel.org)

Para mayor información sobre la Ley de Seguridad Interior puede consultarse también:

https://frayba.org.mx/la-ley-de-seguridad-interior-contraviene-la-constitucion-y-da-continuidad-a-una-politica-de-seguridad-fallida-llamamos-al-senado-de-la-republica-a-no-aprobar-la-ley-de-seguridad-interior/

https://frayba.org.mx/ley-de-seguridad-interior-fortaleceria-logica-de-guerra-y-violencia/

http://centroprodh.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2468:2017-10-25-18-21-51&catid=209:front-rokstories&lang=es

https://www.seguridadsinguerra.org/#block-7149

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Diversos grupos parlamentarios han presentado distintas iniciativas de ley, denominadas de “seguridad interior”, a fin de legalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública. Dichas iniciativas parten del hecho de que actualmente no existen las capacidades policiales para hacer frente a la grave situación de inseguridad por la que atraviesa el país. Sin embargo, e independientemente de que varias de esas iniciativas contienen peligrosas ambigüedades y otorgan atribuciones que deben corresponder exclusivamente a instituciones civiles, normalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales contribuiría a perpetuar la situación que se busca subsanar. Si hoy los gobiernos federal y estatales no han cumplido con su obligación legal de construir corporaciones de policía eficaces, menos aún lo harán si cuentan con el recurso legal para encubrir dicho vacío institucional con requerimientos de intervención militar.

Debemos, en cambio, centrar la atención política y legislativa en el fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad pública. Sólo así podremos resolver de fondo, y a largo plazo, la crisis de violencia, inseguridad y violaciones graves a derechos humanos en el país. Es por ello que, en lugar de legislar para perpetuar y arraigar el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas, proponemos:

1. Respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional. La aprobación de una “Ley de Seguridad Interior” o de un capítulo de Seguridad Interior en la Ley de Seguridad Nacional, atentaría contra la Constitución y contravendría los tratados internacionales que México ha ratificado.
2. Adopción de medidas excepcionales sólo a partir de los mecanismos ya previstos. La vía adecuada para despliegues extraordinarios del Ejército es el artículo 29 constitucional. Actualmente no contamos con una ley reglamentaria de este artículo, y no se cuenta con una iniciativa que contemple verdaderos contrapesos y mecanismos de vigilancia. Los proyectos en discusión no son acordes con las normas internacionales en la materia.
3. Es fundamental un plan de fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno, cuyas normas y entrenamientos expresamente integren los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Además, es indispensable legislar sobre el uso de la fuerza.
4. Reformar a las policías, sin embargo, no será suficiente. Es necesario reformar también las procuradurías, fortalecer al Poder Judicial y atender la crisis penitenciaria.
5. Se deben cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y definir un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad.

Seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas no va a fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública; coadyuvará al desgaste de dos de las instituciones más importantes del país: el Ejército y la Marina; perpetuará la grave crisis institucional por la que atravesamos, y sólo contribuirá a que la Federación y los estados sigan incumpliendo con lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el SIDEPOL y los acuerdos del Consejo Nacional.

Por lo antes expuesto, nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley o de reformas que permitan a las autoridades federales, estatales y municipales, continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública. Es el momento, en cambio, de emprender la inaplazable construcción de instituciones y capacidades civiles para afrontar la crisis de inseguridad y violencia por la que atraviesa el país.

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Brasil, Colombia y Perú, una triple frontera al sur del continente americano, la plena selva amazónica, este es el teatro de operaciones donde más de 30 empresas de la industria militar han puesto a prueba su más reciente producción de servicios y mercancías en el marco del ejercicio militar multinacional denominada AmazonLog2017, organizado por las Fuerzas Armadas de Brasil. Han participado por los meno 2000 militares del ejercito brasileño y de los países invitados, con armas de alto calibre y municiones, barcos, aviones y helicópteros, tecnologías de la información, equipos náuticos y energía inteligente, radares y sensores. El Comando Sur de los Estados Unidos, uno de los 9 Comandos de los EEUU, con influencia en el Caribe, Centro y Sudamérica, también fue participe de las actividades de AmazonLog2017.

Por Santiago Navarro y Ranata Bessi – Avispa Mídia

Las alarmas de diversos movimientos sociales de la región, así como de activistas e investigadores se han encendido sobre este ejercicio militar. Que consiste, según la investigadora y economista mexicana, especialista en geopolítica, Ana Esther Ceceña, en crear las condiciones para futuras operaciones de las tropas estadounidenses, específicamente sobre dos puntos estratégicos, “en la parte baja de Venezuela” y la otra, “en la costa atlántica donde el gobierno de Brasil permitirá a los Estados Unidos el uso de la base militar Alcántara”.

Alcántara esta ubicado en Maranhão, al nordeste de la nación brasileña, y que por su ubicación cercana al Ecuador se considera una de las mejores del mundo para el lanzamiento rápido de satélites. Esta base se suspendida en el año 2003 en el inicio del gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva, pero fue retomado por la gestión de Temer, quien asumió el la presidencia de Brasil en el año 2016, después de la destitución de Dilma Rousseff en un proceso que la mandataria tildó de un ‘golpe de Estado parlamentario’. Temer envió, en septiembre de este año 2017, a Donald Trump, una propuesta de acuerdo para permitir la utilización de la Base Militar de Alcantara, para el lanzamiento de satélites y maniobras militares, informó el diario brasileño Estadao.

Por tanto, AmazonLog2017 permite, “colocar pertrechos de guerra que faciliten incursiones territoriales discretas, operaciones de respuesta rápida, ambas contemplando la intervención de fuerzas especiales ya sea estadounidenses, de cuerpos locales o privadas, o también para permitir operativos masivos mucho más visibles o escandalosos, producto de supuestos peligros humanitarios muy probablemente en Venezuela”, dice Ceseña.

Ejercicios y mercado (Continuar leyendo…)

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¡DECIMOS NO Y NUNCA MÁS A LA PRESENCIA MILITAR DE ESTADOS UNIDOS
EN LOS TERRITORIOS DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA!

18 de mayo de 2017

Desde inicios del 2017 se viene concretando un nuevo pacto militar entre Estados Unidos (EUA), México y los países de Centroamérica para incrementar la presencia del Comando Sur de EUA en la frontera de Guatemala y México, lo que significaría que por primera vez en la historia reciente haya operaciones oficiales del ejército de los Estados Unidos. en territorio mexicano.

Hasta el momento hay muy poca información pública y oficial al respecto, sin embargo, la suma de algunos elementos nos permite concluir que se pretende una nueva ola en el histórico intervencionismo militar y económico de Estados Unidos en América Latina. Ante ello, como pueblos transfronterizos resistimos y nos oponemos rotundamente al despojo de nuestros territorios y nuestros cuerpos vía la ocupación militar, así mismo defendemos la vida, la dignidad y nuestra integridad.

Actualmente hay dos acontecimientos de mucha preocupación que nos exige movilizarnos: 1) Por un lado el mensaje con motivo de la Conferencia de Seguridad de Centroamérica, CENTSEC 2017, realizada el pasado 25 de abril, en la cual se anunció la instalación de una Fuerza de Tarea del Comando Sur de EUA en el Departamento fronterizo de Petén, en colaboración con los ejércitos de México y Guatemala, para operar a lo largo de la frontera. 2) Por otro lado, el anuncio de una próxima Conferencia de alto nivel sobre seguridad y economía para México y Centroamérica a realizarse del 14 al 16 de junio en Miami, Florida, donde una parte de la misma se llevará dentro de la base militar del Comando Sur de EUA, y en la cual se prevé la mutación del Plan Alianza para la Prosperidad para darle un enfoque primordialmente militarista y de reinversión de capitales privados en la región.

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“La Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Guatemala – México (MODH), a realizarse del 10 al 16 de noviembre de 2016, es una estrategia para posicionar a los grupos de base como referentes para el accionar de alternativas que atiendan las problemáticas migratorias desde una perspectiva de derechos humanos y seguridad humana, reconociendo la importancia de la vinculación y el hermanamiento con otros movimientos y luchas en la región”.

A continuación, el comunicado leído en el inicio del recorrido, el 10 de noviembre, en la Ciudad de Guatemala.

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A la sociedad mexicana
Al Gobierno del estado de Michoacán
Al Gobierno Federal

Los grupos de autodefensa y policías comunitarias de la sierra costa de Michoacán, de las comunidades de Santa María Ostula, Pómaro, San Juan Huitzontla y Aquila y los grupos de autodefensa de la sierra costa de Michoacán, informamos que como parte de las movilizaciones emprendidas para defender nuestra seguridad comunitaria, exigir el cese de la represión y desmantelamiento de las bandas criminales,  mantendremos tomadas las presidencias municipales de los municipios de Coahuayana, Chinicuila y Aquila, así mismo mantendremos el bloqueo instalado sobre la carretera federal 200 hasta que se alcancen acuerdos para el cumplimiento de nuestro pliego petitorio.

Lo decimos claro, no está en negociación nuestra seguridad comunitaria pues son  los muertos en nuestros municipios, los que fueron asesinados y desaparecidos, las mujeres violadas, las familias extorsionadas y destruidas, las miles de personas en la región que fueron desplazadas por la violencia criminal, las comunidades que fueron despojadas de sus tierras sagradas, minerales y maderas preciosas en peligro de extinción los que hablan por nuestra determinación irrenunciable de que la muerte y violencia no regrese a nuestros municipios y comunidades, no lo podemos negociar porque sería resignarnos a ver morir a nuestras familias, a ver la muerte tan cotidiana que nos acostumbremos a ella, a hacer del miedo la única certeza, a perder la esperanza de que la oscuridad termine.

La detención  y permanente hostigamiento a nuestras policías comunitarias y grupos de autodefensa por parte de la Marina Armada, del Ejército Mexicano, la Policía Federal y la Policía Michoacán altera la paz de la región y es para nuestras familias equiparable con el también permanente asecho de las bandas de la delincuencia organizada por penetrar a nuestra región e implementar el terror y la venganza contra quienes de forma organizada nos decidimos por ejercer la vida y no el miedo y la muerte  en que nos tenían sometidos.

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Joint Communique from the CNI and the EZLN in Solidarity with the Indigenous Community of Santa María Ostula, Michoacán

November 4, 2016

To the Nahua community of Santa María Ostula, Michoacán:
To the peoples of the world:
To national and international civil society:
To the independent media:

The peoples, nations, and tribes who make up the National Indigenous Congress and the Zapatista Army for National Liberation manifest our profound condemnation of the actions carried out in unison by the bad governments and criminal groups against the Nahua indigenous community of Santa María Ostula, municipality of Aquila, Michoacán, in an attempt to crush their dignified and historic struggle.

These governments were not only complicit in the attack against Cemeí Verdía on May 25, 2015, but in fact freed those directly responsible, Juan Hernández Ramírez (then municipal president of Aquila) and José Antioco Calvillo. They [the government] imprisoned Cemeí Verdía on false charges and murdered the young boy Hidelberto Reyes García.

The bad governments now intend to arrest commander Germán Ramírez, fabricating criminal charges against those who struggle to defend the land and their families. At the same time, we see the regrouping of members of the Knights Templar cartel who are already reorganized and heavily armed in the eastern part of the municipality of Aquila.

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Susuclumil, Tila, Chiapas, México.

21 de octubre de 2016

Boletín de prensa No. 21

Sucuclumil conmemoración de la memoria

20 años de crímenes de lesa humanidad en la zona Norte de Chiapas

Desde abajo se empieza.

Ésta palabra es semilla, la sembramos y cuidamos

porque es memoria, esperanza, justicia

Para este Centro de Derechos Humanos los trabajos de la memoria histórica representan la acción continua, viva para el andar diario, para la creación de alternativas frente a la impunidad del Estado mexicano, cuyas palabras están manchadas de sangre, con todo y sus instituciones.

Es por ello que traemos a la memoria en esta Tierra Blanca, Susuclumil, lugar de memoria, en este sitio de conciencia en donde el Tribunal Permanente de los Pueblos¹ escuchó la palabra de hombres y mujeres, sobre los caídos, víctimas y sobrevivientes de la estrategia contrainsurgente implementada por el Estado mexicano en el marco del Conflicto Armado Interno no resuelto en Chiapas.

Aquí se comparten un mismo camino, la palabra, La Otra Justicia, manteniendo en su lucha la esperanza de verdad y justicia frente a la impunidad.

Recordando que con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, y en medio de las negociaciones para la búsqueda de una salida política al conflicto armado interno en Chiapas, la violencia en la región aumentó. El control militar era parte del intento de dominio de la situación por parte del Estado mexicano. Con la puesta en marcha del Plan de Campaña Chiapas 94, el Estado mexicano a través del Ejército mexicano, creó paramilitares delegando en ellos el uso de la fuerza, tolerando, permitiendo y facilitando sus operaciones y mostrando una incapacidad para combatirlos.

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