militarización
(Español) Impunidad aumenta muertes y desplazamiento forzado en Chiapas
La impunidad con la que actúan grupos civiles armados en Los Altos de Chiapas intensifica la crisis por desplazamiento forzado en comunidades de pueblos tsotsiles, de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó. El Estado mexicano es responsable porque no ha investigado, desarmado ni sancionado a dichos grupos lo que propicia el aumento de la violencia.
Grupos civiles armados, de corte paramilitar, vinculados a redes de crimen organizado, atacan con armas de fuego a comunidades, con la permisividad y protección de autoridades del gobierno de Chiapas. Viejos conflictos agrarios son administrados según intereses políticos, en un ambiente electoral de manipulación y control para operar renovadas estrategias contrainsurgentes.
El territorio del municipio de Chenalhó ha sido una pieza clave en la estrategia de contrainsurgencia, que el Estado mexicano gestó en los Altos de Chiapas con el objetivo de aniquilar la resistencia autónoma de las comunidades indígenas. En esta zona, el Ejército mexicano formó, entrenó y protegió a grupos paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad, como la Masacre de Acteal. El Estado mexicano no desarticuló ni desarmó a los grupos que capacitó en el uso de armas con el objetivo de sembrar terror; actualmente, siguen siendo el motivo de la acción que mantiene en vilo a la población con impactos psicosociales que van desde el miedo, a brotes de enfermedades que están afectando principalmente a las niñas, niños, jóvenes, mujeres y ancianos.(1)
Es crítica la situación actual, ya que la ineptitud en la intervención del Estado mexicano está ocasionando y permitiendo el crecimiento de una violencia desproporcionada. Lo anterior se reafirma con los hechos sucedidos el 2 de abril a las 6:30 horas, donde emboscaron y asesinaron a tres personas de la comunidad Cotsilnam, Aldama. Manuel Gómez Pérez de 35 años, y sus dos hijos menores de edad: Alonso Gómez Hernández, de 17 años y José Antonio Gómez Hernández, de 11 años, a quienes sorprendieron en el camino del tramo a Tselejpotobtik; los disparos venían desde Santa Martha, desde el otro lado del río, aproximadamente entre 150 y 200 metros provenientes de cafetales y platanares. Las tres personas iban a sembrar maíz.
Según información con la que cuenta el Frayba, el grupo que actúa desde el ejido Manuel Utrilla aumentó el clima de terror desde febrero de 2018 con ataques armados contra las comunidades de Aldama: Tabak, Koko’, Cotsilnam, Stselej Potop, Xuxchen, Puente, Yoctontik, Sepelton y la cabecera municipal (2). Entre las comunidades afectadas hay familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), quienes como el resto de la población se encuentran en riesgo. Las agresiones continúan hasta la fecha; las últimas, han sido con dirección a poblados y en contra de personas que transitan los caminos y acuden a trabajar sus parcelas. Testimonios refieren que algunos disparos han sido antecedidos por luces rojas (miras láser). Se teme continúen las incursiones armadas a las comunidades de Aldama más cercanas a los límites territoriales con Manuel Utrilla, Chenalhó, así como a la cabecera.
Como consecuencia de estas acciones violentas, durante el mes de marzo de 2018 se provocó el desplazamiento forzado de al menos 307 personas de Tabak, 255 de Koko’ y 185 de Cotsilnam del municipio de Aldama. Las familias se encuentran refugiadas en la montaña y su número aumenta cada día. El Estado no ha implementado acciones para atender y proteger a más de 747 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, niñas y niños que se suman a las 7 familias desplazadas forzadas, desde mayo de 2016, por el mismo grupo agresor.
El Frayba ha informado constantemente al Gobernador del Estado de Chiapas, a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaria de la Tierra, a la Subsecretaria de Gobierno Región V, Altos tsotsil-tseltal, a la Fiscalía General de Justicia del Estado, a la Fiscalía de Justicia Indígena, entre otras, de la situación de violencia por el conflicto territorial entre Aldama y Manuel Utrilla, Chenalhó, y alertó sobre la actuación del grupo civil armado. Sin embargo, el gobierno de Chiapas no ha realizado acciones contundentes para investigar, desarmar y sancionar a este grupo, con el pretexto de que “no puede realizar medidas de seguridad pública”, por lo que ha dejado en desprotección a las comunidades afectadas. El gobierno estatal de Chiapas argumenta incapacidad para desarmar a los grupos armados, evadiendo su responsabilidad.
Testimonios refieren que el aumento de la violencia se vincula a que el grupo civil armado de Manuel Utrilla comenzó a tener apoyo del grupo armado de corte paramilitar que actuó en el desplazamiento masivo de Chalchihután (3). En ambos casos se presentan patrones similares de actuación que producen desplazamientos forzados, terror y muerte, a fin del control territorial en la región. Los patrones que ubicamos son a) ataques prolongados con armas de alto calibre b) ataques armados intermitentes c) amenazas de masacres d) vigilancia desde trincheras en la montaña, f) agresiones generalizadas a la sociedad civil g) actos violentos para generar terror h) comunidades sitiadas y i) asesinatos ejemplares.
Ante las violaciones a los derechos humanos y las omisiones del Estado mexicano de garantizar protección, este Centro de Derechos Humanos (Frayba) solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la población en riesgo a la vida, por la violencia generalizada en la región, marcada por la impunidad.
Reiteramos la responsabilidad de las autoridades de atender de manera urgente e integral la situación de crisis humanitaria por el desplazamiento forzado en Los Altos de Chiapas, aplicando de manera inmediata y urgente los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas. Así como realizar acciones de prevención con el fin de evitar que otras comunidades se desplacen de manera forzada debido a las agresiones armadas en la región.
Llamamos a la solidaridad nacional e internacional a manifestar su indignación, a firmar la acción urgente (4) y exigir al Estado mexicano un alto al fuego. Así mismo a solicitar que se realice una estrategia efectiva de desarticulación, desarme, detención y sanción a los grupos civiles armados de corte paramilitar de la región, como lo ha indicado la CIDH (5), así como una investigación a fondo de las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados en Los Altos de Chiapas.
Negamos rotundamente que la militarización de las zonas de conflicto sea una solución, ya que patrones derivados de otros conflictos demuestran que dicha presencia recrudece la violencia y genera graves violaciones a los derechos humanos.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
03 de abril de 2018
Boletín No. 10
1. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Presentarán Estudio psicosocial e impacto colectivo de la masacre de Acteal. 23 de noviembre 2017. Disponible. https://frayba.org.mx/presentaran-estudio-psicosocial-e-impacto-colectivo-de-la-masacre-de-acteal/
2. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Acción Urgente: En riesgo la vida de indígenas tsotsiles de Aldama. 22 de marzo de 2018. Disponible en:
https://frayba.org.mx/accion-urgente-en-riesgo-la-vida-de-indigenas-tsotsiles-de-aldama/
3. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Acción Urgente: En riesgo la vida de familias desplazadas-retornadas en Chalchihuitán. https://frayba.org.mx/accion-urgente-en-riesgo-la-vida-y-la-integridad-de-centenares-familias-desplazadas-retornadas-en-chalchihuitan/
4. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Acción Urgente: bases de Apoyo Zapatista en riesgo de desplazamiento forzado. 27 de mayo de 2018. Disponible en: https://frayba.org.mx/bases-de-apoyo-zapatistas-en-riesgo-de-desplazamiento-forzado/
5 .Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Medida Cautelar No. 882-17. 24 de febrero de 2018. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/15-18MC882-17-MX.pdf
Foto: Familias desplazadas de la comunidad de Kokó, municipio de Aldama, Altos de Chiapas. Fotografía: Carlos Ogaz.
(Español) RESLAC repudia asesinato de la defensora brasileña Marielle Franco
La Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) manifiesta su repudio y pesar por el brutal asesinato de Marielle Franco, activista, defensora de los derechos humanos y consejal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y de Anderson Pedro Gomes, su chofer, el 14 de marzo, en la Ciudad de Rio de Janeiro.
El asesinato se produjo en el marco de la intervención de las fuerzas militares en la seguridad del Estado desde el 20 de febrero de este año, decisión tomada por el Presidente Michel Temer y que generó amplio rechazo entre diversas organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas la RESLAC. Recientemente, Marielle había sido nombrada relatora de la comisión que se creó en la Cámara de Concejales, con el propósito de dar seguimiento a eventuales violaciones a los Derechos Humanos, en el marco de la militarización de la ciudad. Además había denunciado recientemente ante la Asamblea, episodios de violencia que fueron perpetrados por policías militares del 41º Batallón, contra moradores de la comunidad de Acari, en la Zona Norte de Rio de Janeiro. En esta comunidad, dos jóvenes fueron asesinados en la última semana, en circunstancias que no han sido esclarecidas por el Estado.
En la noche del día 14, Marielle volvía de un evento denominado “Jóvenes negras –moviendo las estructuras”, cuando fue asesinada en el interior del auto en que se desplazaba. Su chofer, Andreson Gomes, también murió. Su asesora que también estaba en el auto resultó herida y fue llevada a un hospital de la ciudad.
La muerte de Marielle se inserta en un contexto de violencia sistemática contra defensores de Derechos Humanos en Brasil, en las grandes ciudades o en el campo, que lamentablemente se manifiesta de manera cada vez más frecuente. Su muerte también cuestiona los argumentos oficiales usados para justificar la intervención militar federal en Rio de Janeiro y demuestra la fragilidad de la Democracia y de los Derechos Humanos en Brasil.
La Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC), demanda al Estado Brasileño una investigación rápida e independiente, para la identificación no sólo de los ejecutores de este asesinato sino de quienes ordenaron este odioso crimen.
De igual forma, expresamos nuestra solidaridad a parientes y amigos de estas dos nuevas víctimas.