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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Al Congreso Nacional Indígena.
Al Concejo Indígena de Gobierno.
A la Sexta Nacional e Internacional.
A las Redes de Resistencia y Rebeldía.
A los medios de comunicación libres.

A lo largo de nuestra lucha por la vida y desde que nos constituimos como CIPOG-EZ, nos hemos cruzado con individuos, colectivos y organizaciones que apoyan nuestro andar, que simpatizan con nuestro caminar y nos acompañan.

Pero con profundo coraje nos damos cuenta que el mal gobierno y el crimen organizado no solo atacan a nuestra organización, sino que en éste afán de golpearnos por todos los flancos posibles para debilitarnos, también van atacando, extorsionando y amenazando a aquellos que apoyan y acompañan nuestro andar.

El día de ayer 13 de noviembre, entre las 2:30 y 3:30 de la tarde, se amenazó y extorsionó a tres autoridades pertenecientes a Llano Largo, Lomas de Chapultepec y Barra Vieja, del Municipio de Acapulco. La persona dijo llamarse José Luis González Valencia llamó del número 7442626162 y mencionó que la actual presidenta de Acapulco, Abelina López Rodriguez come de sus manos, seguido de pedir 90,000 pesos como una cuota que duraría solo 7 meses y amenazar con matar a los familiares de nuestros compañeros y compañera si se negaban a pagar.

Sabemos que esta acción no es casualidad, que fue una acción planeada y precisa de intimidación. La denuncia y todas las pruebas de audios, número y nombre ya se presentó a la Fiscalía de Guerrero, la cual muestra claramente una complicidad innegable ante su forma de retrasar y minimizar la denuncia.

Hacemos responsables de esta extorsión y amenaza, así como de todo aquello que les pueda pasar a nuestros compañeros, compañera, a sus familiares y comunidades, a la Presidenta Municipal de Acapulco, Abelina López Rodriguez, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, Evelio Méndez Gómez y a la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda.

Quienes no sólo son culpables por no hacer nada ante la violencia que se vive en Guerrero, sino también por ser cómplices y formar parte de aquellos que atacan, torturan, acechan, disparan y asesinan a integrantes de nuestra organización; y ahora también amenazan y extorsionan a aquellas personas que nos acompañan.

Exigimos que la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía de Guerrero, por una vez hagan su trabajo y encuentren a los responsables.

Llamamos al pueblo de Acapulco y a los medios de comunicación a alzar la voz, justamente para evitar lo que quiere la Presidenta Municipal, Abelina López Rodriguez, que es callarlos y negar la violencia que viven. Pero principalmente, los llamamos a organizarse pues solo así se le puede hacer frente al mal gobierno que pacta con el crimen organizado.

Atentamente
Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata

14 de noviembre de 2021

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Palenque, Chiapas, México
13 de noviembre de 2021

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO
Quince años de impunidad de la Masacre de Viejo Velasco

• Estado mexicano responsable por acción y omisión de las ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado

• La fuerza de nuestro corazón y nuestra conciencia seguirá caminando en la búsqueda y exigencia de justicia verdadera, no nos vamos a cansar.

El día de hoy, reunidos en las oficinas de la Coordinadora de Organizaciones Sociales Indígenas, quienes conformamos el Comité de Defensa de la Libertad Indígena CDLI-XI’NICH’, Tsoblej yu’un Wokoltik y UCISECH ubicado en el municipio de Palenque, Chiapas, México, damos a conocer nuestra palabra como pueblos mayas Tseltal, Ch’ol y Zoque, así también organizaciones que acompañamos de manera presencial y desde el corazón exigiendo Verdad y Justicia.

Hoy se cumplen 15 años de impunidad en la Masacre de Viejo Velasco. Hasta hoy, continúan desaparecidos los ancianos Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López que tenían el cargo de principales de nuestra iglesia comunitaria. Por lo que preguntamos: ¿dónde están? ¿a dónde se los llevaron? ¿qué les han hecho?, además 36 personas de la comunidad aún se encuentran en desplazamiento forzado, sin garantías mínimas para su retorno, sin ninguna atención por parte del Estado mexicano.

Frente a la impunidad, el Estado mexicano continúa cometiendo graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas que defendemos nuestros territorios. No olvidamos que el 13 de noviembre de 2006, aproximadamente a las 6:00 horas, alrededor de 40 civiles armados más 300 elementos de la Policía Sectorial de Chiapas ingresaron violentamente a la comunidad de Viejo Velasco, acompañados de funcionarios de otras dependencias del estado de Chiapas y de la federación responsables de las ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado. En su  momento el terror invadió nuestra comunidad, pero hemos logrado mantener nuestra lucha y organización.

La responsabilidad de funcionarios públicos no se ha investigado, entre ellos se encuentran Vicente Fox expresidente de México, Pablo Salazar ex gobernador de Chiapas y Mariano Herrán Salvatti ex procurador de justicia (fallecido en 2017) que hasta hoy se encuentran gozando de una completa impunidad. El 25 de septiembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso y aprobó el Informe de Admisibilidad No. 264/20.

En este acto conmemorativo hacemos presente a:

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Entrevista con #Marichuy, vocera del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno #México, desde una okupa en #Roma #Italia, el 10 de noviembre de 2021, #MediosLibresChiapas #RadioPozol, por Oscar García González #LaGiraZapatistaVa #TravesiaPorLaVida
Fotos: ¡Compas Arriba! compasarriba.org/

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Por Renata Bessi y Aldo Santiago

ONGs conservacionistas, empresas y gobiernos impulsan en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP26), que se realiza en Glasgow, Escocia, hasta el 12 de noviembre, las llamadas Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) como una solución a la crisis climática mundial. Sin embargo, dichas soluciones fueron clasificadas como una “peligrosa estafa” por 257 organizaciones, redes y movimientos de 61 países. “Es un concepto que el gobierno del Reino Unido, las mayores empresas contaminadoras del mundo y la industria de la conservación intentan vender”, se pronunciaron en un comunicado.

Desde la perspectiva de las SBN la idea es que las empresas que contaminan paguen a la industria conservacionista para que cerquen bosques o planten árboles. En cambio, las empresas compensarían el daño climático provocado por sus emisiones de CO2 con el carbono absorbido en el área de bosque que mantienen con pagos. Para comercializar este reclamo de compensación de emisiones se utiliza un documento al que se denomina crédito de carbono.

Las organizaciones denuncian que dichas soluciones no atacan las causas reales del calentamiento global, es decir, la quema de combustibles fósiles, petróleo, carbón. La solución, para ellas, está en dejar el petróleo en el suelo y eso no está en discusión en la conferencia.

Además, las SBN generarán la expulsión de los pueblos y comunidades que viven en una relación integral con los bosques. “(…) Cercarán los espacios vitales de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas y de otras comunidades que dependen de los bosques, y reducirán la ‘naturaleza’ a un mero proveedor de servicios para compensar la contaminación de las empresas y para proteger las ganancias de las empresas que mayor responsabilidad tienen por el caos climático”, sostienen las organizaciones.

Para comprender de forma más detalla qué son las Soluciones Basadas en la Naturaleza, las consecuencias para la naturaleza y los pueblos, Avispa Midia entrevistó a Winnie Overbeek, miembro de la coordinación del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, siglas en inglés), organización que, desde hace tres décadas, viene apoyando a las comunidades en los tres continentes con bosques tropicales, que luchan contra las amenazas a sus bosques. “Es nuestro trabajo alertar estas comunidades sobre las nuevas formas de despojo que muchas veces se presentan como soluciones”, dijo.

A continuación presentamos la edición de una larga entrevista realizada con el integrante del WRM.

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Por Paolina Albani y Francisco Simón Francisco

La presencia del Ejército y de la policía solo ha devuelto la calma a los mineros. Los camiones de la mina rusa, cargados de carbón, ferroníquel y otros materiales, transitan por las calles del municipio con libertad y son custodiados por la misma policía que acosa a los comunitarios y que, días antes, les lanzó bombas lacrimógenas y allanó sus casas con vehículos blindados. Para los defensores del territorio no hay paz, únicamente miedo y ese parece ser uno de los objetivos del Gobierno.

El 24 de octubre, el Gobierno de Alejandro Giammattei impuso sin muchos miramientos un estado de sitio en El Estor, Izabal, un municipio caribeño de habla Q’eqchi’ al nororiente del país, con la promesa de “devolver el orden y la paz” a la comunidad, luego de que los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi´ realizaron una manifestación pacífica que duró 20 días para defender a las montañas y al Lago de Izabal de las consecuencias de la minería a manos de CGN-Pronico. Exigían su derecho a ser incluidos en el proceso preparatorio para la consulta libre, previa e informada, ordenada por la Corte de Constitucionalidad.

***

El 6 de noviembre, periodistas de varios medios de comunicación arribaron al municipio para documentar la vida de El Estor bajo el estado de sitio como parte de la caravana “Caravana a El Estor”, en la que también viajaban artistas y activistas, quienes hicieron actividades lúdicas. Han pasado dos semanas desde que las fuerzas armadas y la policía se instalaron en el lugar. Dos retenes instalados en la entrada a El Estor son algunos de los puestos de control encontrados en el camino a las comunidades. No hay un desborde de presencia policial como lo hubo previamente, pero las patrullas mantienen la vigilancia.

Al entrar al municipio, en las calles hay calma, sobre todo para los camiones de la mina, conocidos como “góndolas” y custodiados por patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) en su salida con destino al Puerto Santo Tomás de Castilla. En un período de dos horas, 22 de ellos salieron del municipio y fue fácil detectarlos por los ruidos y el temblor que generaban a su paso.

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Durante este medio día en Concepción, se realizaron diversas concentraciones en repudio a la actual militarización en Wallmapu por parte del Estado chileno y exigiendo justicia para Camilo Catrillanca.

La convocatoria emanó desde los distintos hogares de estudiantes mapuche en Concepción, quienes también llamaron a una marcha para el próximo lunes, conmemorando los tres años del asesinato de Camilo Catrillanca  a manos de efectivos del Gope de Carabineros.

Las concentraciones tuvieron lugar en los tribunales penquistas, en la intersección de las calles Aníbal Pinto con Barro Arana y en la plaza Lautaro (ex plaza Independencia), desde donde se llamó a las y los transeúntes a solidarizar con las comunidades mapuche violentadas antes y durante el estado de excepción impuesto en primera instancia por el imputado Sebastián Piñera y ratificado por la cámara de Diputadas/os el pasado martes.

Cabe recordar que el estado de excepción se impuso el pasado 12 de octubre en las provincias de Arauco, Biobío, Malleco y Cautín. Posteriormente, el 2 de noviembre, el Gobierno ingresó un oficio para que se prorrogara la medida represiva por 15 días más, situación aprobada por 76 votos a favor y 59 en la cámara baja.

Durante las concentraciones realizadas hoy en Concepción se hizo hincapié en que el resultado del estado de excepción solo aumentó los niveles represivos en territorio mapuche, que dejaron como resultado el asesinado de Yordan Llempi a manos de infantes de Marina.

Desde las y los estudiantes mapuche convocados hoy, exigieron el cese inmediato de la militarización del Wallmapu, que hasta la fecha solo han dejado comunidades violentadas por agentes del Estado.

Comunicado de hogares de estudiantes mapuche de Concepción:

Comunicado Hogares Mapuche de Concepción, Noviembre de 2021.

Marri marri kom pu che, saludamos a todo el Pueblo Nación Mapuche y no mapuche conscientes. Como hogares de estudiantes mapuche de Concepción. (Pegun Dugun, Ruka Aliwen y Lib Rakiduam) comunicamos lo siguiente:

Que como jóvenes mapuche, estudiantes y pertenecientes a diversos lof de wallmapu, repudiamos el actuar avasallador del estado chileno, que mediante las fuerzas armadas reprimen y siguen derramando sangre en diversos territorios mapuche, donde habitan nuestros machi, lonko, reñma/familias, constituidas por ancianos, jóvenes y niños que ven enmarcada su cotidianidad por el hostigamiento constante de pacos y milicos amparados por el estado. Este estado capitalista responde a evidentes intereses económicos, pasando por alto las consecuencias que dejan en el territorio, no les importa acrecentar la pobreza que ellos mismos causaron, pasan a llevar toda forma de vida que con orgullo hemos mantenido y seguiremos manteniendo con la convicción de recuperar la anhelada autonomía de nuestro pueblo.

Es por ello, que hacemos un llamado a mantenernos fuertes como un coigüe, a resistir y no abandonar la lucha histórica que por tantos años han llevado nuestros antepasados. Porque si uno cae, diez se levantan pu peñi, pu lamngen, no olvidar. MARRICHIWEU!

Por último, extendemos la invitación para el próximo Lunes 15 de Noviembre a las 18:00 horas a una marcha en la Plaza Leftraru (Ex plaza independencia) para manifestar y visibilizar las demandas territoriales en la warria, y dar a conocer nuestro descontento por el asesinato de nuestros recientes hermanos caídos; Camilo Catrillanca, Jordan Llempi y tantos otros que llevamos en nuestro rakiduam.

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Por Vanessa Garcìa Navarro

_{Foto portada: Santiago Navarro F.}

Hace un par de meses (19 de septiembre) el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lanzó un comunicado en el cual divulgaba sobre el secuestro de dos zapatistas – Sebastián Núñez Pérez y José Antonio Sánchez Juárez, autoridades Autónomas de la Junta del Buen Gobierno de Patria Nueva -, orquestado por la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO). Por ocho días ambos hombres fueron privados de su libertad hasta que, gracias a la presión de párrocos de San Cristóbal y Oxchuc, la movilización de organizaciones de derechos humanos y la difusión nacional e internacional sobre el agravio, fueron liberados. Este fue un hecho que comenzó a extinguir la paciencia y que evidenció la brutalidad vivida al Sur del país.

Las noticias sobre ataques paramilitares, atentados y secuestros en contra de los miembros y familias del EZLN en Chiapas se vuelven cada día más constantes y violentas. Aunque para algunos podrían parecer eventos aislados y recientes, en realidad existe una historia de criminalidad que se gesta desde hace décadas y los acontecimientos se tejen entre sí. Como se revela en el comunicado del EZLN, la ORCAO está en coalición con el gobierno, que alienta a la violencia y muerte en un estado que poco a poco es devorado por la paramilitarización, el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción.

Días después de publicarse el comunicado, se llevó a cabo un conversatorio transmitido en “La Comuna” – un programa de difusión política, de acompañamiento en la defensa del territorio-, organizado por la Red Universitaria Anticapitalista, en el cual participaron los miembros de la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq, Diana Itzu y Rigoberto Albores, y el columnista de la “Jornada”, Luis Hernández Navarro, para ahondar en la temática.

El antecedente

Ocosingo, municipio chiapaneco ubicado en la frontera ente México y Guatemala, es un territorio de interés para el gobierno, pues es una de las zonas en donde se planea asentar el Tren Maya, además de ser un área en la que se ha implementado el proyecto del gobierno federal “sembrando vida”. Dentro de Ocosingo se localizan tanto Nuevo San Gregorio, sede del caracol zapatista 10, como en Moisés Gandhi, hogares de familias del EZLN que se dedican a la agricultura, tejido en telares, carpintería y alfarería para subsistir. Los habitantes de estas localidades se consideran a sí mismos guardianes del territorio, no dueños, y por ende aprovechan los recursos para subsistir en lugar de lucrar.

Los pobladores de Ocosingo se enfrentan constantemente a las intimidaciones y ataques armados de la ORCAO. Aunque en un principio la relación entre las comunidades del EZLN y la ORCAO fue relativamente pacífica, con el pasar de los años la ORCAO comenzó a adquirir matices paramilitares y a acosar a los cohabitantes de la región.

Las tácticas

La táctica de la ORCAO consiste básicamente en destruir las bases económicas de las familias zapatistas, quemando sus cultivos, allanando sus cooperativas y destruyendo sus plantas medicinales, aunque eso no es todo. Según los testimonios de los participantes del conversatorio, las familias zapatistas están secuestradas en sus propios hogares, constantemente amedrentados por ráfagas de balas que les impiden salir de sus hogares a buscar alimento, agua, acudir a las escuelas o a las clínicas. Dolorosamente, el escenario en las casa es igual o aun más fatídico, dado que las paredes de los hogares no rivalizan con la potencia de los disparos. “Los niños duermen con las botas de hule puestas”, en caso de que se inicia un tiroteo, pero ¿a dónde ir? No parecen existir lugares seguros para ellos.

Pese a que la ORCAO es perpetrador de violencia psico-socio-emocional y física hacia poblaciones enteras, sin importar si niños salen heridos, ellos han adoptado una postura en la cual se victimizan, calumniando y difamando a las familias del EZLN.

Las constantes

El patrón observado por los invitados de “La Comuna” es que cada vez que el EZLN realiza anuncios de acciones de peso político sucede algún ataque en contra de la comunidad chiapaneca del EZLN. Un ejemplo de ello es que Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez, activistas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, fueron secuestrados el 12 de abril, apenas unos días antes de que zarpara en Europa el escuadrón 421, contingente marítimo de la gira zapatista por la vida en Europa.

Otro ejemplo es que los secuestros de Sebastián Núñez Pérez y José Antonio Sánchez Juárez se suscitaron a la brevedad de la partida de “la extemporánea”, segundo contingente de la gira por la vida.

Como remarca Hernández Navarro, “no son hechos aislados, son parte de una matriz, el modelo regional de dominio está reventando por todos lados y tiene que ser enfrentado como una situación de conjunto y no como hechos aislados”.

Apenas el 14 de octubre sucedió otro terrible ataque por parte de la ORCAO. Individuos fuertemente armados que a menos de 30 metros de los hogares de las familias zapatistas se dispusieron a abrir fuego. Ninguno de los tres niveles de gobierno se muestra interesado en actuar. El trabajo colectivo ha sido el pilar en el cual se sustenta la fortaleza de la comunidad, reforzado por el interés internacional que ha alzado la voz al ver tremenda injusticia e indiferencia.

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ORGANIZACIONES EUROPEAS EXIGEN EL ALTO A LA VIOLENCIA PARAMILITAR

EN MAGDALENA ALDAMA, ESTADO DE CHIAPAS.

El presente comunicado será enviado a las autoridades mexicanas a nivel federal y del Estado de Chiapas, así como a los medios de comunicación.

Las organizaciones abajo firmantes exigimos el alto a la violencia y a las amenazas paramilitares en las comunidades de Magdalena Aldama en el Estado de Chiapas y la libertad incondicional para Cristóbal Santiz Jiménez.

La organización La Voz del Pueblo de las comunidades de Magdalena Aldama ha denunciado en octubre de 2021 que viven “bajo la lluvia de disparos por los grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha del municipio de Chenalho”. Las comunidades señalan que la violencia responde a un conflicto territorial: “Las 60 hectáreas nos han pertenecido al pueblo de Magdalena Aldama ancestralmente. Dentro de las 60 hectáreas vivían 7 familias que en 2016 fueron despojados y amenazados a puntas de armas de fuego y fueron refugiados en las diferentes comunidades del municipio de Aldama. En el año de 2016, se activó el grupo armado paramilitar que opera en Chenalho”. De hecho, el Tribunal Agrario en 1997 resolvió la posesión a favor de los 115 comuneros de Aldama, acuerdo que no se respetó.

Desde el inicio del año 2020 y 2021 las agresiones armadas han ido aumentando de intensidad hacia sus comunidades afectando a 12 comunidades y a alrededor de 5000 personas; mujeres, niñas y niños, ancianas y ancianos y hombres, que han sido afectados y victimas de estas agresiones.

En el mes de octubre, estas agresiones continuaron a diario aún habiendo intervenido las autoridades de los tres niveles, pero parece ser, señala la organización “que es una guerra que nadie hace caso. El día domingo 10 de octubre de este año, un grupo de personas pertenecientes a Sector Santa Martha Chenalho, pusieron un ultimátum al gobierno estatal (el día 12 de octubre) para solucionar esta problemática” A mediados del mes de octubre ya habían ocurrido 203 ataques directos hacia 9 comunidades de Magdalena Aldama: Xuxch’en, Coco’, Tabac, San Pedro Cotzilnam, Yeton, Ch’ivit, Stzelejpotobtik, Juxton y la Cabecera municipal de Aldama, siendo ataques directos hacia las casas en donde hay ahora casquillos de bala, láminas rotas, carros y máquinas con impactos de bala.

Como pueblos indígenas señalan que seguirán “resistiendo ante el colonialismo y las amenazas. Decimos ya basta y hacemos responsables a los tres niveles de gobiernos si nos llega a pasar algo de nuevo, así como pasó con nuestros compañeros Pedro Lunez Pérez y Domingo Santiz Jiménez miembro de EZLN, que fueron asesinados cobardemente (…) y exigimos una justicia verdadera”.

Además exigen la liberación inmediata e incondicional de su compañero y hermano Cristóbal Santiz Jiménez.
Aquí se puede consultar el comunicado completo: https://radiozapatista.org/?p=40160

LAS ORGANIZACIONES FIRMANTES A CONTINUACIÓN, APOYAMOS EL COMUNICADO DE LA VOZ DEL PUEBLO DE MAGDALENA ALDAMA Y NOS SUMAMOS A SUS EXIGENCIAS.

Asambea de Solidaridad con México. País Valencià, Estado Español
Asociación Entreiguales. València, Estado Español.
Ass. Cafè Rebeldía-Infoespai Catalunya
Campaign for Psychiatric Abolition (CPA) England, London
Canopia Coop. V. Almedíjar, España
Caravana obrim fronteres Valencia España
Ca Saforaui. País Valencià.
Casa Nicaragua Bélgica, Liège
Citizens Summons Alemania, Bonn
Ciudades Invisibles – Universidad del mar Egeo Grecia
Colectivo Acción Solidaria Austria, Viena
Comité de Solidaridad México Salzburgo Austria, Salzburgo
COOPERAZIONE REBELDE NAPOLI ITALIA
Ermuko komite internazionalistak Ermua País Vasco
Gira por la Vida Viena Austria, Viena
Groupe écosocialiste de solidaritéS Ginebra Suiza
Grupo CafeZ Bélgica, Liège
Jornal MAPA Portugal
KOMUN.ORG Estado Espanyol
la milpa orto collettivo italia
La Roue Libre Suiza
libero mondo italia
London Mexico Solidarity Londres – Reino Unido
Perifèries del Mon País Valencià
Rede de Apoio Mútuo do Porto Porto, Portugal
spazio vitale odv. italia
Taller Ahuehuete. Estado Español.
Tatawelo Italia
Taula per Méxic Catalunya
TxiapasEKIN Euskal Herria

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Por Samantha Demby

Más de una docena de rostros blancos recorren sin esfuerzo las laderas escocesas en bicicletas eléctricas de alta gama. Sus uniformes, una paleta de tonos verdes, llevan el logotipo del gigante energético español Iberdrola, junto al emblema de la Conferencia de las Naciones Unidas, comúnmente conocida como la COP, que se celebra actualmente en Glasgow (Reino Unido) hasta el 12 de noviembre.

Cada año, Iberdrola organiza la rodada a la COP para “concienciar en la lucha contra el cambio climático”, según la propia ONU. Este mes la empresa multinacional anuncia en tuits decorados con corazones verdes y emojis de bicicletas: “Lideramos la lucha contra la #EmergenciaClimática con las #renovables, pero no es suficiente: ¡TODOS debemos acelerar la transición energética!”. Con el objetivo declarado de hacerlo, Iberdrola patrocina a sus empleados de alto nivel, junto con representantes de la ONU y otras instituciones ambientales influyentes, para que acudan a la COP 26 en bicicleta eléctrica para entregar un “manifiesto para la acción climática”.

Iberdrola proyecta una imagen de empresa líder en energías renovables. La asociación de la empresa con la ONU contribuye en gran medida a esta imagen.

La filial de Iberdrola, Scottish Power, es un “socio principal” de la COP 26. Durante la conferencia, el Grupo Iberdrola organiza eventos con actores clave en la toma de decisiones en torno a la crisis climática, como el gobierno británico, el país anfitrión de la conferencia este año. Además, el “Auditorio Scottish Power” es la sede de “sesiones interactivas” organizadas con instituciones como el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD). Finalmente, Iberdrola cuenta con una caseta en la “Zona Verde” de la COP 26, donde visibiliza su propio “liderazgo climático”.

Lejos de la pompa verde de Glasgow, en México, casi el 90% de la energía que produce Iberdrola no es renovable. De un total de 10.511 megavatios generados por la empresa en el país, 9.146 proceden de 12 centrales de ciclo combinado, mientras 4 plantas de cogeneración producen otros 202 MW. En cuanto a las energía renovables, Iberdrola – que ha jugado un papel destacado en el sector energético del país desde los 1990 – opera 7 parques eólicos con una capacidad total de 693 MW, además de 3 parques fotovoltaicos capaces de producir 470 MW, lo que supone una producción total de 1.163 MW en energías renovables.

Defensoras indígenas denuncian a Iberdrola

De los 7 parques eólicos de la empresa en México, 4 se encuentran en la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, donde el aprovechamiento de las intensas ráfagas de viento por empresas como Iberdrola ha provocado intensos conflictos territoriales.

El 4 de noviembre, un par de días antes de que la rodada de Iberdrola partiera de Edimburgo hacia Glasgow, defensoras y defensores indígenas se concentraron frente a las oficinas de la empresa en la Ciudad de México para denunciar “el engaño, el despojo, la destrucción y la contaminación” ocasionados por Iberdrola.

En el marco del día de acción contra el lavado verde, convocado por el Encuentro de los Pueblos que se celebra paralelamente a la COP 26 en Glasgow, integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDTT), la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura y del Congreso Nacional Indígena precisaron en un comunicado que las “Soluciones Basadas en la Naturaleza”, así como “las supuestas ‘energías limpias’ como los parques eólicos y fotovoltaicos también despojan, contaminan y matan la tierra fértil, lo mismo que explotan y desplazan a los pueblos.”

Usando un megáfono para tapar el sonido de los coches que pasaban por la autopista, una miembra de la APIDTT leyó una carta que se entregó a los directores de la empresa, en la que se expresa “nuestra indignación porque empresas trasnacionales como Iberdrola y su filial Scottish Power, responsables de tales delitos en contra de los pueblos en México…sean los socios principales de la Organización de las Naciones Unidas-ONU en la Cumbre Climática Mundial COP 26.”

En el Istmo, Iberdrola actualmente opera 4 parques eólicos: Bii Nee Stipa en el Espinal; Dos Arbolitos en Juchitán; PEM (Parques Ecológicos de México), antes conocido como La Ventosa, en Juchitán; y el Parque Eólico La Venta III en Santo Domingo Ingenio. Desde que Iberdrola comenzó a operar en la región, ha sido acusada de corrupción, falta de transparencia y graves impactos ambientales y sociales.

Como documenta el investigador Luis Miguel Uharte Pozas: “En los proyectos eólicos que Iberdrola tiene en Oaxaca…los testimonios recogidos en el marco de nuestra investigación indican que Iberdrola sobornó a las autoridades municipales para que convencieran a los ejidatarios de alquilar sus tierras para instalar los molinos de la empresa.”

Uharte Pozas agrega: “La Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (2011) tiene registradas diversas denuncias contra ‘el representante en la región de Iberdrola’ por haber intimidado y amedrentado a los ejidatarios del parque La Venta III. En el parque de La Ventosa, también gestionado por Iberdrola, el proceso fue muy similar, según testimonios de habitantes del municipio.”

Los impactos ambientales de los parques eólicos están bien documentados. Un ejemplo que atañe a Iberdrola es la muerte de unas 3 mil 900 aves y 6 mil murciélagos al año como consecuencia de la colisión con las turbinas del parque eólico La Venta II, en el que Iberdrola participó. Al mismo tiempo, en la COP 26 la multinacional promueve actos con su socio Birdlife International, una mega-asociación de grandes organizaciones de conversación dedicada a la protección de las aves.

A estas acusaciones se suma la evidencia de las puertas giratorias que han existido entre Iberdrola y el gobierno mexicano durante décadas, como documenta el informe “La insolación mexicana de Iberdrola” (2020). Por ejemplo, hasta 2015, el presidente de la filial mexicana de Iberdrola fue Herminio Blanco Mendoza, jefe negociador del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) y ex-Secretario de Comercio y Fomento Industrial de México en el gobierno de Ernesto Zedillo (1994 – 2000). Entre 2016 y 2019, el ex presidente mexicano Felipe Calderón (2006 – 2012) – cuyo sexenio dio lugar a la adjudicación de varios contratos para Iberdrola – se desempeñó como consejero independiente de Avangrid, la filial estadounidense de la empresa.

COP 26: Plataforma para el lavado verde

Mientras la COP 26 llega a su fin este viernes, los activistas indígenas y medioambientales siguen denunciando que la conferencia es una plataforma para las estrategias de lavado verde de empresas contaminantes como Iberdrola.

Como resume la destacada activista climática Greta Thunberg: “Los líderes no se están quedando de brazos cruzados, sino que están creando activamente lagunas y configurando marcos para beneficiarse a sí mismos y seguir sacando provecho de este sistema destructivo”.

Las y los defensores del territorio tampoco se quedan de brazos cruzados. Más allá de manifestarse en contra de Iberdrola y sus socios en la ONU y en la COP, buscan generar salidas alternativas a la crisis climática. Como dicen los propios pueblos en su carta a los directores de Iberdrola, “soluciones reales y verdaderas (…) apegadas a la Naturaleza y en defensa de la Vida.”

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Por Renata Bessi

Municipio de Villa Guerrero, Jalisco, un estado al norte de México. Una zona alta, 2800 metros sobre el nivel del mar, cercada por bosques de pinos. Una zona baja, con selva mediana caducifolia, localizada al fondo del cañón de Bolaños. En estas localidades, donde impera una diversidad de climas y vegetación, viven desde hace siglos los pueblos Wixárika y Tepehuana, que hace ocho años consolidaron la Comunidad Autónoma Wixárika – Tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán.

Son dos pueblos hermanados en una misma comunidad. Los Wixárikas están concentrados en la parte alta, principalmente en las localidades de San Antonio, Cerro del Medio, Los Carretones y Los Valles. Los Tepehuanas están principalmente pegados al rio Bolaños, en las localidades de Azqueltán, de Izolta, La Guacima.

Entre sus cultivos resalta la pitaya y el orégano en la parte baja, y los hongos comestibles en la parte alta, donde también nacen los manantiales que abastecen la comunidad. Además viven de la pesca que obtienen en el rio Bolaños.

Cada localidad se organiza por asambleas y posee un comisario que ejerce el gobierno local. Además existe un gobierno tradicional para toda la comunidad, con una asamblea general.

Justamente el 10 de noviembre la comunidad Wixárica-Tepehuana conmemora el hecho de haberse declarado formalmente una comunidad autónoma. En aquella ocasión, en 2014, el Congreso Nacional Indígena se dio cita en la comunidad y reconoció mediante un acta sus autoridades comunitarias, el gobernador tradicional, los jueces, la guardia comunitaria, su comandancia comunitaria y el comisariado agrario autónomo.

“Esto está conmemorando la comunidad en estos días, la consolidación de su autonomía como una institución comunitaria para la defensa del territorio”, explicó Cristian Chávez, integrante del equipo jurídico de la comunidad.

La comunidad tomó este fin de semana, del 5 a 7 de noviembre, para celebrar una amplia agenda conmemorativa. Entre las actividades estuvo la inauguración de la clínica autónoma de los pueblos, completamente gestionada por la comunidad, con la solidaridad de colectivos y organizaciones de muchas partes del mundo.

La ayuda no vino solamente de la donación de recursos económicos. Se conformó una brigada de salud multidisciplinaria en herbolaria, partería, en medicina alópata, para formar promotores de salud comunitarios, inspirados en las clínicas autónomas de las comunidades indígenas zapatistas. La clínica ya está lista y los promotores ya están listos para recibir la capacitación de la brigada.

Chávez puntualiza que en estos días no se realizaron solamente actividades conmemorativas, sino también una “asamblea profunda con sus deidades, con sus dioses, con la madre tierra para determinar los pasos que siguen, con la solidaridad de los colectivos y de las organizaciones que, no solamente se han identificado con nuestra lucha, la han apoyado determinantemente, entre ellos el Congreso Nacional Indígena y el EZLN”, dijo Chávez.

Agresiones y violencia

Por estas mismas fechas también fue el punto de cierre de la Campaña por la Justicia y el Territorio en Azqueltán, iniciada por la comunidad en abril de este año 2021.

Esta campaña se inició después de que la comunidad concluyera una serie de trabajos tradicionales sagrados en su territorio. Estos trabajos fueron hechos por la comunidad “por mandato de sus deidades en ceremonias tradicionales”, explica Chávez. “Se señalaba que era necesario reconocer las mojoneras antiguas de la comunidad. Las mojoneras son lugares sagrados donde se hace ceremonia de los varios pueblos de la región y que delimitan el territorio. En cada lugar, las cuatro esquinas de la comunidad y el centro, en cada lugar se hicieron sacrificios de animales”, cuenta.

“Hay personas con una economía pudiente que agarran tierras de manera ilegal y con violencia, como el cacique Fabio Flores Sánchez, que intentó asesinar a varias autoridades, que estuvieron al borde de la muerte. Los compañeros están vivos pero con muchas secuelas de estos ataques”, sostiene Chávez.

Ha habido impunidad. “Los jueces han respondido criminalizando la lucha de la comunidad. No hay justicia o acción legal contra los que perpetran ataques armados, golpean, amenazan de muerte”, dijo.

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La cuestión de la tierra

Las agresiones y violencias son resultado del no reconocimiento por parte del Estado mexicano de las tierras de la comunidad autónoma Wixárika-Tepehuana, lo que ha favorecido la especulación y el despojo territorial.

Las comunidades históricamente han habitado esta región y han vivido autónomamente de acuerdo con sus usos y costumbres. Su territorio fue reconocido en el año 1733 por el gobierno colonial y hasta hoy posee el título virreinal emitido en esta época.

“Estos documentos coloniales siguen teniendo valor legal en México. De hecho la propia ley establece que para que tenga su reconocimiento y titulación de los bienes comunales, el título virreinal constituye una prueba plena de su identidad indígena y de su territorio que está delimitado por este mismo título”, explica el asesor jurídico.

El embate de los indígenas lleva décadas. La comunidad empezó el procedimiento de la titulación agraria cuando todavía estaba en curso la reforma agraria en el país, iniciada con la Revolución Mexicana y finalizada en 1992, en el marco de las reformas neoliberales.

El abogado explica que antes de 1992 el reconocimiento de los bienes comunales era realizado, en un proceso burocrático, por instancias del poder ejecutivo y había dos tipos de figuras: la confirmación y titulación de bienes comunales y la otra era la restitución de bienes comunales. Y de ambas salía una resolución presidencial reconociendo una comunidad indígena y su territorio.

En el caso de la comunidad se intentó el trámite de restitución de bienes comunales, porque personas externas a la comunidad ya habían invadido el territorio. Básicamente casi todo el municipio de Villa Guerrero estaría dentro de los terrenos de Azqueltán, incluso la cabecera municipal, que es un núcleo urbano, también forma parte de este territorio ancestral. Son 94 mil hectáreas las que tiene reconocido el titulo virreinal.

Antes de 1992, la Comisión Agraria Mixta y el Cuerpo Consultivo Agrario eran las instancias del estado mexicano para la titulación de los bienes comunales. Hicieron estudios topográficos, agrarios, dentro de la superficie de las 94 mil hectáreas.

De acuerdo con Chávez, se localizaron posesiones de pequeñas propiedades bien consolidadas en el territorio. “Varios de estos pequeños propietarios interpusieron un amparo contra la titulación de los bienes comunales de Azqueltán. Entonces la Comisión Agraria Mixta sacó una determinación señalando que al existir el amparo debía continuarse por la vía de dotación de ejidos en la superficie donde no hubiera conflicto”, explica.

En este proceso el territorio se redujo a 38 mil hectáreas. Son estas 38 mil hectáreas que la comunidad tiene actualmente en posesión, son las que están en el juicio agrario del tribunal unitario agrario distrito 16, en la ciudad de Guadalajara, ya que después de 1992 las tierras pasaron a ser reconocidas y tituladas mediante un juicio en un tribunal agrario. “Dentro de esta superficie de 38 mil hectáreas es donde se da el jaloneo y los intentos de despojo y de privatización”, explica Chávez.

El abogado sostiene que el intento de despojo del territorio Wixárika – Tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán es un intento de “robo descarado”, ya que convenios internacionales y jurisprudencias en tribunales mexicanos otorgan pleno valor probatorio a las comunidades que están en un juicio de reconocimiento y titulación de bienes comunales. “Si la comunidad, su gobierno tradicional determina que un terreno lo tiene en posesión determinado comunero esto es equivalente a una constancia de posesión de una comunidad formalmente constituida”.

Ataque institucionalizado

Según la ley en México, existen tres tipos de propiedad. La pequeña propiedad, la ejidal y la comunal. Si una tierra no está en ninguna de estas tres categorías, se considera que son bienes nacionales. La ley de bienes nacionales le otorga facultades al gobierno federal y a los gobiernos de los Estados para entregar títulos de propiedad sobre estos terrenos. En el caso de Jalisco hay el Programa de Reglamentación de Predios Rústicos, con el cual el Estado empezó a promover la necesidad de que las tierras tuvieran escrituras en esta zona.

“Pues entonces quienes tienen el dinero, los abogados, con los huecos de la corrupción del estado – porque no se puede hacer de otra manera más que por la corrupción por ser tierras indígenas -, logran títulos de propiedades”, explica el asesor jurídico. La comunidad ha interpuesto recursos de amparos, para que se nulifiquen estos presuntos títulos de propiedad que están dentro de las 38 mil hectáreas.

En pie de lucha

Pese a las agresiones múltiples que ha recibido la comunidad por parte de los tres niveles de gobierno, por parte de los magistrados agrarios y de los jueces penales, de los intentos de homicidios, de las amenazas de muerte, “la comunidad está de pie, está con la determinación de no permitir más despojos territoriales y ni violaciones a sus derechos humanos colectivos e individuales”, añade Chávez.