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Por Ñaní Pinto

Fotos: Aldo Santiago

El pueblo Munduruku que vive en el curso medio y alto del río Tapajós, un largo y caudaloso río amazónico en Brasil, y los pueblos Kayapó y Kumaruara se reunieron entre los días 18 y 20 de diciembre de 2021, en asamblea general, para discutir la situación de la demarcación (reconocimiento legal) de sus territorios y los frenos puestos por el gobierno de Jair Bolsonaro, quien busca reactivar megaproyectos de hidrovías, ferrovías, puertos, minería y hidroeléctricas en la cuenca del Tapajós.

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Uno de estos proyectos es la hidroeléctrica São Luiz do Tapajós, que impacta directamente la Tierra Indígena Sawre Muybu, todavía en proceso de demarcación. El territorio del pueblo Munduruku está dividido administrativamente en distintas tierras indígenas, demarcadas por el Estado brasileño.

“En toda la cuenca del río existen marcas de nuestros ancestros y está llena de sitios importantes para nuestra existencia como pueblo. Sin embargo, el gobierno y las empresas no dejan de sorprendernos. Quieren destruir nuestro territorio y la vida del pueblo Munduruku”, sostienen los indígenas en una carta, resultado de la asamblea general.

Específicamente, la demarcación del territorio Sawre Muybu ya estaba a punto de seguir para su fase final, sin embargo, el presidente de la Fundación Nacional del Indio (Funai), Marcelo Augusto Xavier da Silva, quien mantiene vinculación histórica con latifundiarios, pidió una revisión echando para bajo el proceso. “Bolsonaro fue elegido con la promesa de que no demarcaría un centímetro de tierra indígena y lo está cumpliendo”, afirman en la carta.

Los indígenas denuncian que territorios que ya fueron homologados también están amenazados. El gobierno federal busca, por ejemplo, reducir parte de la Tierra Indígena Kayabi, localizada en el estado de Mato Grosso. Hubo una decisión judicial para suspender su registro en notaría pública. En esta región existen sitios sagrados localizados en el río Teles Pires  – como Karobixexe y Dekoka’a – que ya fueron destruidos por dos hidroeléctricas.

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Mientras la demarcación de la tierra indígena Sawre Ba’pim está desde hace diez años en el proceso inicial, los indígenas denuncian que los territorios demarcados Terras Munduruku y Sai Cinza continúan siendo invadidos por la extracción de minerales, que provocan la destrucción de los ríos y bosques, enfermedades y violencia.

Los indígenas, en su carta, sostienen que no van a esperar más, “ya hicimos la autodemarcación en las Tierras Indígenas Sawre Muybu y sabemos como accionar cuando el Estado no cumple su papel”.

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Por Sare Frabes

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Por Carlos Soledad

 Fotografía: Carlos Ogaz / CDH Frayba

El Estado de Chiapas lleva mucho tiempo hecho un polvorín. En palabras de la comandancia del EZLN “Chiapas se encuentra al borde de la guerra civil”[1]. Hace unos meses denunciaron que el gobierno de Rutilio Escandón (Partido Verde, disfrazado de Morena) está haciendo todo lo posible para desestabilizar Chiapas y tal vez así golpear al gobierno federal de AMLO (Morena). Por ejemplo, reprimiendo con violencia a los normalistas rurales, saboteando los acuerdos entre el magisterio democrático y el gobierno federal, aliándose con narcotraficantes, realizando una campaña de vacunación lenta y desordenada, así como, robando presupuesto estatal.

[1] http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/09/19/chiapas-al-borde-de-la-guerra-civil/ [2] https://ojarasca.jornada.com.mx/2021/11/12/aldama-experimento-del-futuro-295-5370.html [3] https://asambleadesolidaridadconmexico.wordpress.com/2021/11/11/organizaciones-europeas-exigen-el-alto-a-la-violencia-paramilitar-en-magdalena-aldama-estado-de-chiapas-la-voz-del-pueblo-de-magdalena-aldama-chiapas-somos-un-pueblo-que-vive-bajo-la-lluv/

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Juchitán, Oaxaca

C  O M U N I C A D O

Al Pueblo Istmeño
A los pueblos indígenas de México y el mundo
A los medios de comunicación
A la opinión pública

¿QUÉ ES EL CORREDOR INTEROCEÁNICO?
¿DESARROLLO PARA QUIÉN Y A QUÉ COSTO?

Hace 300 años comenzó en Europa un nuevo auge económico dominante conocido desde entonces como capitalismo, ese momento de la historia fue la Revolución Industrial. Inglaterra, primer país del experimento industrial -que poco después abarcaría en diversos grados todo el continente- también se convirtió en lo que se le ha conocido como uno de los más grandes Infiernos Socioambientales, infierno en el que la explotación laboral y la degradación personal van acompañados del acaparamiento de la naturaleza y por ende su agotamiento y degradación.

Hoy a nivel global se vive la peor crisis ambiental de la historia moderna. Al mismo tiempo, se desencadenó una crisis sanitaria consecuencia de la degradación ambiental por la sobreexplotación de los territorios, bienes naturales, sobre uso y promoción de grandes infraestructuras, lo que ha conllevado a que las ciudades más modernas (industriales) sean también en las que su población sufra en diversos grados problemas de salud, debido a la dispersión de agentes tóxicos en el ambiente.

Durante las últimas tres décadas en el país (México) se han impuesto varios paraísos industriales a raíz de la implementación de tratados comerciales como el TLC y el TLCAN, estas zonas “modernas” hoy constituyen grandes regiones industriales tales como: “el Eje Neovolcánico, el complejo minero extractivo de la Sierra Madre Occidental, el altiplano semiárido del llamado desierto Chihuahuanse, las redes en mar y tierra del complejo petrolero del Golfo de México, el corredor agroindustrial de la planicie costera del Noroeste (el “granero de México”), el doble corredor interoceánico Nuevo Laredo-Manzanillo y Nuevo Laredo-Lázaro Cárdenas, las zonas industriales y extractivas de la Frontera Norte, la Península de Yucatán y las Selvas tropicales del Sureste de México”.

El auge de estas regiones industriales han ido de la mano de la corrupción empresarial e institucional, un incremento de la presencia de las actividades del crimen organizado (la pesadilla del narcotráfico), la destrucción de la organización social y política comunitaria (allí donde alguna vez existió) y como en Inglaterra hace más de 300 años, de un proceso masivo de cercamiento, acaparamiento, privatización y degradación de los bienes comunes y naturales así como un incremento en las afectaciones a la salud de la población.

Ejemplos de paraísos industriales para empresarios e Infiernos Socioambientales para la población han sido bien documentados por diversas organizaciones locales comunitarias, académico y científicos, por estos esfuerzos sabemos que en los dos corredores industriales más grandes del país: Toluca-Lerma, Edo. de México y Ocotlán-El Salto, Jalisco, la población directamente expuesta a la contaminación ambiental se eleva a más de medio millón de personas, en algunas localidades que están dentro de estos corredores industriales como en Juanacatlán, Jalisco el 40% de las niñas tienen arsénico en sus cuerpos, y el 93% tienen plomo. En la localidad de El Salto, Jalisco el 98% de los niños tienen cadmio; en la Cuenca de la Independencia, Guanajuato la explotación excesiva del acuífero ha tenido por consecuencia que el agua extraída desde hace más de treinta años contenga fluoruro, arsénico, sodio, manganeso y otros minerales en concentraciones nocivas para la salud humana.

La industrialización del Valle del Mezquital en el Estado de México ha tenido daños a la salud como: manifestaciones agudas de cefalea, náusea, vómito, irritación faríngea y conjuntival, dolores abdominales, dificultad respiratoria y pérdida de conocimiento. También se registran allí leucemias, diferentes tipos de cáncer con afectación a todos los órganos y malformaciones congénitas.

Un recorrido por estos Infiernos Socioambientales mencionados (que no son ni la mitad que se encuentran en el país) nos dan una muestra del futuro que nos espera si permitimos el proceso de industrialización que constituye el megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec o Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. De este modo vemos que los territorios más industrializados (llamados “modernos” o en “desarrollo”) del país son también los que sufren una contaminación sistemática del aire, el agua y el suelo, aunada a procesos de urbanización salvaje y a la proliferación de basureros y espacios de disposición de desechos altamente tóxicos.

Hoy con el gobierno de la Cuarta Transformación en el marco del impulso del nuevo tratado económico T-MEC (TLCAN recargado) y en un contexto ambiental sin precedentes para el mundo, en el que los responsables directos de la degradación medioambiental son los que nos hablan de agendas verdes e industrias sustentables. Los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec nos enfrentamos a un proceso/intento masivo de industrialización acompañado de un discurso político de respeto a los derechos territoriales, sociales y culturales de los pueblos.

El Plan Maestro del Corredor Interoceánico de la Cuarta Transformación, contempla un total de 32 parques industriales, los cuales requerirán inicialmente más de 15 mil hectáreas de Suelo Industrial. Hasta este momento han sido anunciados 10 parques industriales, que se constituyen como los primarios, 4 en el estado de Veracruz y 6 en Oaxaca. Estos Parques Industriales requerirán para el primer año de su funcionamiento, proyectado para el 2023, el uso de 207 mil litros diarios de agua limpia, además de la generación de 539 mil 729 litros de aguas residuales diarias, por cada empresa a instalarse; a lo que se le suma la producción de residuos industriales y no industriales proyectados en 2 millones de toneladas anuales; así como gas y electricidad.

Para facilitar el acceso a estos recursos estarán acompañados por una serie de ventajas fiscales en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y todo un andamiaje legal, esto es el CIIT “como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado”.  Mismos que estarán ubicados estratégicamente a cortas distancias de las vías del tren o carreteras a modernizar en la región.

Hoy los seguidores esperanzados de todo el supuesto desarrollo y entrada a la modernización que traerá consigo el megaproyecto Corredor Interoceánico, nos interpelan que nos encontramos en un momento histórico de definición de posiciones, como si el seguir ciegamente a un gobierno sea este MORENA, PAN, PRI, PRD, etc., sea una posición clara y consciente de toda la destrucción, contaminación y muerte que traerá consigo este megaproyecto del Corredor Interoceánico. A estos artífices locales, regionales y nacionales del megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, les decimos que no se trata de estar con este o aquel gobierno, como tampoco la defensa de nuestro territorio es labor de tal o cual político o líder chantajista (de esos están repletas las filas de la 4T).

ASÍ COMO LO DECLARAMOS EN EL ENCUENTRO REALIZADO EN NUESTRA COMUNIDAD EL MES DE JUNIO DE 2021 y EN LA COMUNIDAD DE JALAPA DEL MARQUÉS EN NOVIEMBRE 2021, VOLVEMOS A REITERAR QUE RECHAZAMOS EL INTENTO DE INDUSTRIALIZACIÓN Y EL DESPOJO DE NUESTRAS TIERRAS DE USO COMÚN, ASÍ COMO TODOS LOS MEGAPROYECTOS DE MUERTE IMPULSADOS POR EL CAPITAL INTERNACIONAL Y EL GOBIERNO DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, ES POR ESO QUE:

– DENUNCIAMOS A LA PROCURADURÍA AGRARIA DE TEHUANTEPEC POR EJERCER PRESIÓN A LAS COMUNIDADES Y NÚCLEOS AGRARIOS DE LA REGIÓN PARA LA NEGOCIACIÓN Y ENTREGA DE NUESTROS TERRITORIOS AL CORREDOR INTEROCEÁNICO.

– DENUNCIAMOS Y RESPONSABILIZAMOS A ANTONINO MORALES TOLEDO Y SU ORGANIZACIÓN “FUCO” DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EJERCIDA DURANTE SU ADMINISTRACIÓN Y DE CUALQUIER AGRESIÓN EN CONTRA DE LOS HABITANTES DE PUENTE MADERA.

– RESPONSABILIZAMOS A LOS GOBIERNOS LOCALES, ESTATAL Y FEDERAL, Y A LAS INSTITUCIÓN A CARGO Y COLABORADORAS DEL CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL CLIMA DE VIOLENCIA Y DIVISIÓN EN LAS COMUNIDADES Y EN LA REGIÓN, DE CUALQUIER HOSTIGAMIENTO Y AGRESIÓN EN CONTRA DE QUIENES INTEGRAMOS LA ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO, LA CAMPAÑA GLOBAL EL ISTMO ES NUESTRO Y DE CUALQUIER DEFENSOR DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO EN EL ISTMO.

– EXIGIMOS LA CANCELACIÓN INMEDIATA DEL PARQUE INDUSTRIAL EN TIERRAS DE USO COMÚN DE SAN BLAS ATEMPA CONOCIDAS COMO EL PITAYAL.

– EXIGIMOS LA CANCELACIÓN DEL MEGAPROYECTO CORREDOR INTEROCEÁNICO.

– EXIGIMOS SOLUCIÓN A LAS DEMANDAS AGRARIAS DE LAS COMUNIDADES DE LA REGIÓN.

– EXIGIMOS DIÁLOGO Y SOLUCIÓN REAL A LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES SIN COMPROMETER EL TERRITORIO A MEGAPROYECTOS E INTERESÉS POLITICOS Y EMPRESARIALES.

REITERAMOS QUE NO NEGOCIAREMOS, NI NOS RENDIREMOS, PORQUE COMO LO HAN REITERADO LAS Y LOS COMPAÑEROS ZAPATISTAS: SOMOS CONSCIENTES DE QUE EXISTE UNA GUERRA ENTRE EL SISTEMA Y LA NATURALEZA, ESA CONFRONTACIÓN NO ADMITE MATICES NI COBARDÍAS. O SE ESTÁ CON EL SISTEMA O CON LA NATURALEZA. O CON LA MUERTE O CON LA VIDA. EL ISTMO ES NUESTRO.

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTRAS COMUNIDADES
NUESTRA LUCHA ES POR LA VIDA

A T E N T A M E N T E
ASAMBLEA GENERAL DE PUENTE MADERA
EL ISTMO ES NUESTRO
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

Vídeo de Conferencia de Prensa: https://fb.watch/aiTfdmD80k/

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red Nacional contra la Represión
A los medios de comunicación
A las Organizaciones de Derechos Humanos

29 de diciembre de 2021

Hermanos y hermanas de México y del mundo. Como ya lo hemos venido denunciando, la violencia que vivimos en nuestras comunidades por parte de los grupos narco-paramilitares, no cesa. En esta ocasión, el grupo delincuencial “Los Ardillos”, incursionó el día 27 de diciembre en nuestras comunidades de Xochitempa, Nuevo Amanecer y Xolotepec. Este tipo de incursiones, han dejado en otras ocasiones muertos, heridos y daños graves en nuestras comunidades, por lo que dimos aviso a la Guardia Nacional, apelando al llamado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo al gobierno de Guerrero el pasado 11 de diciembre de 2021, a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, así como al comandante de la Guardia Nacional, de “realizar acciones pertinentes para garantizar la vida, integridad personal, patrimonio y seguridad individual y colectiva” de las comunidades que integran al CIPOG-EZ.

Frente a nuestra llamado a la Guardia Nacional, llegó personal de la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional), policía estatal y municipal de Chilapa, así como la fiscalía del estado, pero no para enfrentar al grupo narco-paramilitar “Los Ardillos”, ni para detener la incursión de este grupo delincuencial, sino para desarmar, golpear a cachazos y cachetadas a nuestra Policía Comunitaria, a compañeros y comandantes regionales en uno de los retenes que tenemos instalados en la comunidad de Xolotepec. Frente a la violencia de la SEDENA y demás corporaciones, la comunidad, hombres y mujeres, les exigieron que se detuvieran y que si no ayudarían, mejor que se fueran.

El día de ayer, 28 de diciembre, el secretario de gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, se comprometió, en asamblea con nosotros y nosotras, a llamar la atención a la SEDENA, para que se respete a la población, así como a continuar con el diálogo el próximo 7 de enero con los 3 niveles de gobierno en la comunidad de Alcozacán. Nosotras y nosotros, no nos negamos al diálogo, pues paz es lo que queremos, pero también sabemos que los malos gobiernos nos han burlado muchas veces, por lo que esta vez anunciamos que si ocurre nuevamente una acción semejante, detendremos al personal de la SEDENA, como pueblos originarios y comunidades organizadas que somos. Sepan que nuestros compañeros no portan armas por gusto, sino por orden de las comunidades, por la defensa de la vida ¿que no saben que la Policía Comunitaria es una construcción de las mismas comunidades para defendernos de la violencia porque el Estado no ha sido capaz de hacerlo? no queremos más violencia, ni de los grupos delincuenciales, ni del Estado, por lo que les exigimos a las autoridades que hagan su trabajo, que desarticulen a los grupos delincuenciales, que respeten y dejen de hostigar al pueblo.

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Por Juan Calles

“Denunciamos que el Estado de Guatemala y estos gobiernos enterraron los Acuerdos de Paz y estamos en las vísperas de una nueva confrontación social”, expresó Miguel Itzep coordinador del movimiento de víctimas del Conflicto Armado Interno CAI

Con ofrendas de flores, comida, granos y cereales se realizó una ceremonia maya en la plaza central esta mañana; en idioma maya un guía espiritual pedía al corazón del cielo, al corazón de la tierra que las víctimas del Conflicto Armado Interno, CAI, encuentren justicia, encuentren respeto. El fuego sagrado crepitaba como acompañando las manifestaciones que a 25 años de la firma de la paz dejaban escuchar el reclamo de regresión, injusticia y violencia.

Durante los 36 años que duró el CAI en Guatemala se registraron más de 200,000 víctimas y más de 45,000 desaparecidos. Entre ellos, alrededor de 5,000 niños. Según el Informe de Esclarecimiento Histórico, el 93% de las violaciones documentadas se le atribuye al ejército de Guatemala y sus grupos paramilitares y el 3% a la guerrilla.

Las víctimas y familiares de víctimas del CAI se reunieron esta mañana en la plaza central de la ciudad de Guatemala; allí se dio lectura a un comunicado en el que se acusa al actual gobernante Alejandro Giammattei de desmantelar la institucionalidad de la paz, y de mantener una agenda de regresión violenta y de cierre de espacios democráticos.

“Después de 25 años esas esperanzas de cambio se han convertido en decepción porque las cosas siguen igual. Los empresarios depredadores se siguen enriqueciendo pagando, salarios miserables mientras las comunidades indígenas viven en extrema pobreza, cada día se profundiza más la desigualdad, La discriminación y a la corrupción”. Se leyó en el comunicado de la Plataforma Nacional de Organizaciones de víctimas del conflicto armado interno.

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Por Samantha Demby

El 24 de noviembre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó la primera concesión comunitaria para el uso del agua subterránea en México a 16 comunidades zapotecas, organizadas bajo la Coordinadora de Pueblos Unidos para el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda). Durante 16 años, Copuda se ha organizado no sólo para recuperar sus acuíferos amenazados por la prolongada sequía en los Valles Centrales de Oaxaca, sino también para que el Estado respete su derecho de administrar su agua.

Un decreto presidencial de noviembre de 2021 levantó la veda impuesta en 1967, que prohibía el uso del agua del subsuelo de la que dependen las comunidades campesinas para cultivar las hortalizas que comercializan en toda la región.

El decreto establece la “Zona Reglamentada del Acuífero 2025 de Valles Centrales del Estado de Oaxaca” y reconoce, en su séptimo artículo, “su derecho a la libre determinación y autonomía, así como su derecho al territorio y en consecuencia a participar en la administración coordinada del acuífero”, con Conagua.

De igual manera, su octavo artículo sostiene que las comunidades indígenas ubicadas en el acuífero “tendrán derecho de contar con un título de concesión comunitaria y un reglamento comunitario”. Las comunidades ya están poniendo en práctica estos reglamentos comunitarios que establecen normas para la conservación y el uso del agua.

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Por Sare Frabes

En medio a una crisis económica y a la pandemia de Covid-19, se intensifican las políticas y los discursos que diseminan la urgencia de la implementación de una “recuperación verde”, cuyas políticas y programas proponen, al mismo tiempo, combatir el cambio climático y reactivar las economías globales.

Una muestra es la aprobación en junio de 2020 del “Pacto Verde” de la Unión Europea, el cual plantea la reducción de 55% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el año 2030 y alcanzar la “neutralidad climática” en 2050. Para ello, el pacto propone que las emisiones GEI puedan ser compensadas mediante recursos naturales: bosques, suelos, océanos y ecosistemas.

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Contrario a los discursos de gobiernos, empresas e instituciones financieras, una extensa investigación busca entender estas políticas y propuestas “verdes”, cuya promoción “se inserta en el contexto de nuevas formulaciones coloniales que, en nombre del clima y utilizando la métrica del carbono, han estado subyugando tierras, poblaciones y soberanías sobre los recursos naturales”.

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Por Amilcar Morales y Nelton Rivera

El 28 de diciembre, autoridades del Consejo del Pueblo Ancestral Maya Ch’orti’, de los municipios de Olopa y Quezaltepeque de Chiquimula, se reunieron con autoridades de la Coordinadora Tajurán El Gigante, de la Comunidad de El Pato. Establecieron alianzas para luchar contra los megaproyectos que amenazan a las comunidades.

“Buscamos fortalecer nuestras luchas, ya que el gobierno con toda la fuerza represora quiere imponer en nuestras comunidades la minería y que ya ha dejado destrucción del ambiente, daños en la salud, pobreza y conflictos en las comunidades” indicó Nery Díaz representante legal de la Coordinadora Tajuran El Gigante.

La actividad se desarrolló en el salón de la parroquia San Francisco de Asís de la ciudad de Chiquimula, a unos 170 kilómetros de la ciudad de Guatemala.  El próximo 6 de enero del 2022, la comunidad Indígena de Quezaltepeque, tiene programada su asamblea para la elección del nuevo Consejo Indígena Ch’ortí’.

“Se contará con la participación de los demás representantes de las autoridades ancestrales de Olopa, se abordará como temas principales el problema minero que ya está fuerte en el municipio” puntualizó Díaz.

El problema provocado en los últimos quince años en Guatemala con la instalación de una serie de proyectos mineros industriales a cielo abierto, sigue profundizando la crisis medioambiental y de derechos colectivos de los pueblos indígenas, xinka, garífuna y mestizos.

A las empresas en complicidad de los distintos gobiernos de turno se les facilita el acceso a los territorios y supuestos derechos o licencias mineras sin mayores controles, en la mayoría de los casos sin contar con licencias mineras para operar. Chiquimula es uno de estos casos.

En Chiquimula actualmente están vigentes catorce proyectos mineros, empresas como Minerales Sierra Pacífico, subsidiaria de Radios Gold y Volcanic Gold Mine tienen presencia en 18 municipios del oriente del país, incluido Chiquimula, según la alerta publicada por  Nuevo Día y cuatro organizaciones más.

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