Chiapas
(Español) Palabra del Equipo Sureste de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas en peregrinación por la paz
Equipo Sureste de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas
Peregrinación ecuménica por la paz
Comitán de Domínguez, Chis. 19 /08/23
Comunicado oficial
- Al pueblo de México
- A las confesiones religiosas hermanas
- A las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos
- A los medios de comunicación social
- A los tres niveles de Gobierno
- A los hombres y mujeres que construyen la paz
“La paz es obra de la justicia” (Isaías, 32,17)
La paz es un grito que merece ser escuchado”
(Papa Francisco, 25. 10 .22)
“La verdad los hará libres” (Jn. 8, 32)
El día de hoy, como Iglesia que realiza su actividad pastoral en esta región del Sureste de Chiapas, unimos nuestro clamor en contra de la violencia y la inseguridad al de nuestros obispos de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas y a las denuncias de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM). Como Iglesia, queremos ser constructores de paz, conscientes de que, como dice el papa Francisco, “una verdadera paz sólo puede lograrse cuando luchamos por la justicia a través del diálogo, persiguiendo la reconciliación y el desarrollo humano” (Fratelli Tutti, 229).
En nuestro trabajo cotidiano constatamos que este anhelo de paz y de justicia se confronta con los valores que reinan en nuestra sociedad, gobernada por el egoísmo, el individualismo, la competencia del “sálvese quien pueda” y el dominio del dios dinero, que todo lo contamina.
Nuestras comunidades y el pueblo en general estamos viviendo una situación generalizada de violencia e inseguridad , causadas, principalmente, por la presencia de la delincuencia organizada y su secuela de asesinatos, secuestros y desapariciones, amenazas y hostigamiento en contra de los defensores de Derechos Humanos , de los líderes y lideresas de las comunidades y del pueblo en general.
Ante esta realidad, como Iglesia profética y liberadora,
DENUNCIAMOS:
- La presencia del crimen organizado que opera con total impunidad, con el objetivo de controlar el territorio, explotar sus riquezas naturales y cobrar el derecho de piso y de paso, violentando los derechos humanos de las comunidades.
- La conversión de nuestros territorios y comunidades en campos de batalla, donde realizan enfrentamientos armados los diferentes grupos de la delincuencia organizada, para asegurarse el control del territorio o de las rutas en disputa. Esto genera: asesinatos, secuestros, desapariciones, bloqueos, miedo y desplazamiento forzado de personas y familias enteras.
- El aumento de cantinas y centros de prostitución clandestinos o semiclandestinos, en los que se sirven bebidas alcohólicas y drogas a menores, sin que las autoridades correspondientes hagan algo para impedirlo; más bien parecen cómplices y encubridoras.
- El asesinato y violencia contra mujeres y niñas, que se realiza en total impunidad.
- Las amenazas, asesinatos y desapariciones de mujeres y hombres, líderes de sus comunidades y defensores de los Derechos Humanos, con el objetivo de amedrentar a la población y frenar y debilitar todo movimiento de resistencia.
- El acoso constante y ataques armados por parte de grupos paramilitares en contra de las comunidades autónomas, con el objetivo de desalojarlas de sus tierras, sin que las autoridades intervengan para impedirlo.
- El acoso, violencia, extorsiones, secuestros y toda clase de violaciones a los derechos humanos de los migrantes extranjeros que atraviesan por Chiapas hacia los EU, con frecuencia por parte de las mismas autoridades encargadas de protegerlos.
- La falta de sinceridad y honestidad para reconocer, por parte del Gobierno y de las autoridades, la realidad de violencia e inseguridad que estamos viviendo, como si negar el problema fuese la mejor forma de solucionarlo.
Por lo tanto, con todo respeto, pero también con toda fortaleza,
DEMANDAMOS:
- Que los tres niveles de Gobierno, cada uno en el ámbito que le corresponde, cumplan con la tarea constitucional que se les ha asignado de garantizar la paz y la seguridad a las comunidades y al pueblo en general.
- Que se libere a nuestras comunidades del control del crimen organizado, para que puedan recuperar la soberanía de sus territorios y la autonomía de sus vidas.
- Que las autoridades municipales controlen los establecimientos de ventas de alcohol y drogas a menores, porque actúan impunemente como verdaderos centros de corrupción, sin que nadie se haga responsable.
- Que se tomen las medidas pertinentes para evitar y, en su caso, castigar la violencia en contra de niñas, jóvenes y mujeres, que se comete impunemente.
- Que se evite por todos los medios las amenazas, acoso, asesinatos y desapariciones de defensores de Derechos Humanos y líderes o lideresas de las comunidades.
- Que se controle y sancione a los grupos paramilitares que actúan impunemente en contra de las comunidades autónomas, impidiéndoles el desarrollo normal de sus actividades.
- Que se respeten los derechos de las personas migrantes, para que el Gobierno de México no cargue con el “trabajo sucio” de las políticas migratorios del Gobierno de EU.
- Que se establezca una política de transparencia y veracidad informativa, que no pretenda ocultar los problemas; por el contrario, que busque conciliar a todos los sectores, para enfrentar este gravísimo problema de la violencia e inseguridad que a todos nos afecta.
Como Iglesia de Jesús seguiremos trabajando por la paz y la reconciliación entre nuestros pueblos y nuestras comunidades.
Rogamos al Espíritu divino que convierta los corazones de piedra en corazones de carne, para que, entre todas y todos, podamos construir un reino de paz, de justicia, de amor y de fraternidad.
Que María, la Virgen de Guadalupe, interceda por nosotros y por todo el pueblo mexicano.
Iglesia Católica del Equipo Sureste, diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
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(Español) Lebil smulik jkanan lumk’inaletik Fabricación de culpables contra defensores de pueblos originarios en Chiapas
Lebil smulik jkanan lumk’inaletik
Fabricación de culpables contra defensores de pueblos originarios en Chiapas
Existe un patrón de criminalización contra personas defensoras de Derechos Humanos quienes suelen ser acusados de delitos que no cometieron; detenidos arbitrariamente; en varios casos torturados, y prolongada su detención a través de la prisión preventiva oficiosa. Todos mayas tseltales e n medio de un racismo estructural. De lo anterior son ejemplo:
a) Manuel Gómez Vázquez (diciembre de 2020): Se trata de un joven maya tseltal, integrante de las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fue falsamente acusado de un delito que no cometió por autoridades comunitarias, torturado por estas y después procesado penalmente bajo la intervención en complicidad de la Fiscalía de Justicia Indígena quien participó en la prolongación de su detención, desaparición forzada y fabricación de pruebas en su contra.
b) Los 5 de San Juan Cancuc, Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco (mayo de 2022), cinco pobladores tseltales del municipio de Cancuc. A través de la organización comunitaria han resistido ante la militarización de su territorio y la instalación de megaproyectos. Actualmente se encuentran detenidos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a raíz de un delito fabricado por la Fiscalía de Justicia Indígena. Todos fueron condenados por homicidio calificado, a pesar de haberse evidenciado que las pruebas eran inconsistentes al tratarse de un delito fabricado.
Luchamos por la libertad absolutoria para los 6 mayas tseltales, y se repare el daño por la detención arbitraria, así como a sus familiares por las afectaciones psicosociales; hacemos énfasis en la obtención de su libertad.
Frente al patrón de detenciones arbitrarias cometidas contra defensores de pueblos indígenas, se apliquen medidas de no repetición a fin de que cese esta dinámica sistemática.
El patrón sistemático de criminalización a defensores indígenas del gobierno de Chiapas tiene las siguientes características:
• Colusión entre Fiscalía del Estado y el Poder Judicial del estado de Chiapas para la fábrica de culpables.
• Participación cómplice de la Fiscalía de Justicia Indigena utilizada para el control de los pueblos a través de la criminalización del ejercicio de sus derechos políticos, a la autonomía y autodeterminación;
• Acusaciones falsas, tortura, uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa y de testigos falsos, así como la participación de autoridades comunitarias, Privaciones Arbitrarias a la Libertad (PAL).
• Detenciones con la participación de efectivos del Ejército, la Guardia Nacional (GN); un Poder Judicial cómplice inactivo.
• Detenciones arbitrarias que buscan castigar ejemplarmente la defensa de los derechos humanos, de la tierra y el territorio.
La criminalización a defensores comunitarios no afecta solamente a las personas y sus familias, sino que se trata de una agresión a toda la comunidad, ya que el gobierno con sus instituciones de justicia intentan generar un estado de shock hacia la colectividad, sosteniendo un mecanismo de represión, buscando anular a quienes defienden el territorio y la vida desde su propia identidad y formas de ver el mundo como parte de su ser pueblos originarios.
Frayba denuncia ante la ONU, al Estado mexicano por patrón de tortura y fabricación de culpables contra defensores indígenas en Chiapas Leer el boletin
