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_{Foto: Archivo de Avispa Midia}

Pese a que Obrador se comprometió en dos momentos distintos a establecer el diálogo con las comunidades que denuncian afectaciones por la empresa de capital canadiense Minera Cuzcatlán, Semarnat se ha negado a abrir un canal de comunicación.

El Frente No a la Minería Por un Futuro de Todas y Todos, compuesto por autoridades municipales y agrarias de 10 comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca, emitió este lunes (7) un comunicado en el cual exige que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart) niegue la autorización la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “San José II”, una ampliación del proyecto minero en explotación desde 2011 por la empresa Cuzcatlán, una subsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines, que explota oro y plata en San José del Progreso.función de una manifestación de impacto es prevenir posibles impactos ambientales con obras y proyectos que deben ser construidos. Sin embargo, con la MIA de “San José II” la empresa minera Cuzcatlán pretende justificar la construcción de 75 obras construidas previamente sin autorización ambiental. “La protección del medio ambiente no puede reducirse a un simple trámite burocrático”, dice el comunicado.

La función de una manifestación de impacto es prevenir posibles impactos ambientales con obras y proyectos que deben ser construidos. Sin embargo, con la MIA de “San José II” la empresa minera Cuzcatlán pretende justificar la construcción de 75 obras construidas previamente sin autorización ambiental. “La protección del medio ambiente no puede reducirse a un simple trámite burocrático”, dice el comunicado.

Este Frente de comunidades sostiene que la empresa minera no declara en su estudio los impactos acumulativos por 10 años más de explotación. La MIA “presenta información sesgada y minimiza los impactos producidos por el proyecto minero; en el documento los impactos son evaluados como ‘moderados’ y ‘positivos’”, sostiene el Frente.

Las comunidades de los Valles Centrales denuncian que han sido testigos “de la contaminación del agua, la emisión de polvos, ruido, el desplazamiento de fauna silvestre en la región, el impacto en el paisaje, además de graves violaciones a los derechos humanos y conflictos sociales producidos por el proyecto minero”.

Los pueblos que constituyen este Frente de resistencia, todos ellos indígenas zapotecas, tuvieron acceso al MIA porque la Semarnat organizó en su sitio web una consulta pública, que es distinta de la Consulta Libre, Previa e Informada, prevista por el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT), específica para pueblos indígenas y que debe llevar en consideración sus derechos, no obstante, nunca fue llevada a cabo.

Además, la consulta tuvo carácter exprés, denuncia el Frente, con duración de 10 días. Fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria el 13 de noviembre, dando como fecha máxima para recibir observaciones el 23 de noviembre. “Dichos plazos resultan limitados, máxime cuando nos encontramos en un periodo de contingencia sanitaria, por lo que dicha acción violenta nuestros derechos a la información pública y participación ciudadana”, sostienen las comunidades.

Obrador

En 2019 las comunidades interceptaron el carro del presidente de la República Andrés López Obrador, que pasaba por la región, y lograron exponerle la problemática que viven. El mandatario dijo mandaría un funcionario para escucharlos. Sin embargo no lo cumplió.

El 9 de septiembre de 2020, increpado nuevamente en su conferencia que emite por las mañanas, el presidente se comprometió a platicar con María Luisa Albores, secretaria de la Semarnat, de manera que se pueda establecer un canal de comunicación con estos pueblos. “Desde esta fecha, hemos buscado un canal de diálogo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual ha sido negado porque ‘no han podido encontrar un espacio en la agenda’”, señala el comunicado del Frente.

Medidas contundentes

Los pueblos en resistencia emplazan al gobierno federal para establecer una mesa de dialogo, solicitada por el H. Ayuntamiento de Magdalena Ocotlán, desde el día 03 de noviembre de 2020, para exponer la problemática y construir soluciones conjuntamente con los pueblos y comunidades afectadas por el proyecto minero San José, de la Minera Cuzcatlán.

Las comunidades advierten que “en caso de que la Semarnat siga favoreciendo intereses privados por encima de los derechos colectivos de los pueblos, nos movilizaremos y tomaremos medidas contundentes para garantizar que nuestros derechos sean respetados”.

Los municipios que componen la Frente son: Autoridades agrarias y municipales de: Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilazoa, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec, Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO).[:]

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• Del 7 al 10 de diciembre, organizaciones de derechos humanos realizarán una Misión Civil de Observación a Chiapas para documentar graves violaciones a derechos humanos.
• La Misión Civil de Observación a Chiapas recorrerá varias comunidades en el estado de Chiapas.
• En la MCO participarán 16 organizaciones nacionales e internacionales y la Secretaría Ejecutiva de la Red TDT.

En este momento en el Estado de Chiapas, está teniendo lugar una situación de graves violaciones a derechos humanos y agresiones contra muchas personas y organizaciones que trabajan  en la defensa de los derechos humanos y por la paz.

Por un lado, vemos con preocupación el incremento de situaciones que criminalizan, hostigan y amenazan a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que queda ejemplificado en las difamaciones públicas sufridas por el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, que han ido escalando hasta llegar, reciententemente, a una pega de carteles en el Palacio Municipal de Tonalá donde se desacredita su labor como personas defensoras.

Por otro lado, vemos con preocupación la continuidad de las agresiones armadas contra el pueblo maya tsotsil en el municipio de Aldama. Dichas agresiones, han resultado en lesiones para  habitantes de la comunidad, así como para  integrantes de una caravana humanitaria organizada para brindar apoyo a la comunidad. Además, como señala el CDH Fray Bartolomé de las Casas: A pesar de que el viernes 27 de noviembre de 2020, nuevamente se firmó el Acuerdo Definitivo entre Aldama y Chenalhó, los ataques de armas de fuego continúan […]. El mismo día de la firma, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, reportó agresiones, las cuales se intensificaron este fin de semana.

Esta grave crisis de desplazamiento forzado que se ha vivido por años y en la que la ayuda humanitaria externa es esencial, se ha agravado debido a la pandemia de COVID-19 y la dificultad de acceder a recursos básicos de salud y educación.

La sistematicidad de las violaciones a derechos humanos, así como el riesgo en el que se encuentran personas defensoras nos mantiene en  alerta, observantes de que las diversas autoridades generen las condiciones para garantizar la integridad y vida de las poblaciones indígenas desplazadas, así como de las personas defensoras de derechos humanos.

Por ello, las organizaciones Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A.C. (CDH Frayba), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. (CDH Digna Ochoa), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C. (CDH Fray Matías), Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A.C., Comité de Defensa de las Libertades Indígenas Xi’nich, Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI), Centro Kalli Luz Marina A. C., Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas A.C. (AJAGI), Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC), en representación de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) (Conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana), y acompañados por el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y el Colectivo de Observación y Monitoreo del Sureste realizaremos esta Misión Civil de Observación a Chiapas (MCO) del 7 al 10 de diciembre.

Esta MCO hará un recorrido por comunidades de Chiapas ubicadas en los municipios de Chilón, Chalchihuitán, Aldama y Tonalá para documentar violaciones a derechos humanos, así como para  visibilizar la situación de desplazamiento forzado y la criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos que se viven en el estado. Con la información documentada buscaremos, como organizaciones, reunirnos con autoridades del orden municipal, estatal y federal para promover que se garantice la protección y respeto a los derechos humanos.

Finalmente, la MCO a Chiapas dará una conferencia de prensa virtual el 10 de diciembre —a través de las redes sociales de la Red TDT y de las organizaciones participantes—. En ella se expondrán los resultados de la MCO y se adelantarán las actividades para el seguimiento de las mismas.

Para más información o gestión de entrevistas:
Eber Huitzil – Comunicación, Secretaría Ejecutiva de la Red TDT
55 1796 6731, comunicacion@redtdt.org.mx

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Foto de portada de Marissa Revilla

Las agresiones paramilitares contra comunidades del municipio de Aldama, en los Altos de Chiapas, no cesan.

Aun cuando el pasado 27 de noviembre, funcionarios de los tres niveles de gobierno firmaron el denominado Convenio definitivo que resuelve el conflicto agrario entre Bienes Comunales del municipio de Aldama y Santa Martha, Chenalhó, continúan los ataques armados.

La firma del acuerdo ocurre tras cuatro años de que se reactivara un conflicto territorial de vieja data, el cual señalan los comuneros de Aldama ha sido gestionado y permitido por los distintos niveles del gobierno mexicano, quienes pese al aumento de la violencia en la región han sido omisos ante las exigencias para desarmar los grupos paramilitares.

En contexto ⇒ Continúa ataques paramilitares en comunidades de Chiapas

Tras años de agresiones, el saldo hasta ahora es de 23 personas asesinadas y 20 heridas. La violencia también ha provocado el desplazamiento forzado de aproximadamente 3 mil personas debido a las agresiones de grupos paramilitares provenientes del municipio de Chenalhó.

No obstante, el acuerdo oficial, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros desplazados de Aldama reportó la continuación e intensificación de las agresiones armadas incluso desde el mismo día de la firma del acuerdo.

Aunado a ello, dos días después del evento oficial, el centro de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer que nuevamente se registraron ataques con armas de fuego dirigidos contra la comunidad de Tabak, Aldama.

En dicho ataque resultó herido Andrés Jiménez Pérez, integrante de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros desplazados de Aldama. Según el reporte del Frayba, Jiménez Pérez, quien se encontraba acompañado de su hijo de nueve años, fue herido en ambas piernas cuando regresaba de su trabajo entre las comunidades de Tabak y San Pedro Cotsilnam.

Paz, solo en el papel

El denominado Convenio definitivo fue firmado en un evento con la presencia del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, así como del gobernador de Chiapas y los presidentes municipales de los municipios de Aldama y Chenalhó.

Aunque en la ceremonia no se especificaron los detalles que integran el acuerdo entre los municipios tsotsiles, lo difundido por la secretaría de Gobernación afirma que “dará certeza jurídica en la posesión de la tierra que permitirá resolver este problema que durante más de cuatro décadas ha generado esta tensión comunitaria”.

Leer también ⇒ En Chiapas, agresión paramilitar contra ayuda humanitaria para desplazados

Anteriormente, el 18 de septiembre pasado el gobierno federal propuso la división del territorio en disputa con 32.5 hectáreas de tierra como posesión para lxs habitantes de Aldama, y 27 para los comuneros de Santa Martha, en el municipio de Chenalhó.

En aquel momento, como respuesta a la propuesta federal y mediante una carta firmada por 20 agentes rurales municipales de las comunidades que aglutinan los Bienes Comunales Manuel Utrilla Santa Martha, 3,336 comuneros aceptaron la distribución de tierras “siempre y cuando el apoyo económico sea por la cantidad de cincuenta millones de pesos”. Sin embargo, con la firma del acuerdo definitivo no se especificó si se realizará dicho pago.

Simulación e impunidad

Por otro lado, respecto a la firma del acuerdo, comuneros de Aldama en entrevista con medios nacionales argumentaron sobre el mismo que “no significa nada, aun teniendo la firma, pero eso no nos da esperanza de que cesen las agresiones armadas hacia nuestras comunidades”.

“No esperamos de que ya se solucionó el conflicto. Esto es una simulación e impunidad de los gobiernos porque las agresiones continúan a diario, mientras no se solucione, mientras que el gobierno no actúe, esto no cesará las agresiones armadas”, denunció Marta, habitante de Aldama.

Para el centro de derechos humanos Frayba y comuneros de Aldama que realizaron el conversatorio virtual Tejer la paz para Aldama, “los acuerdos de papel no representan un proceso de pacificación” pues debido a la impunidad de los ataques armados, aún después de la firma del más reciente convenio, demuestran que “el Estado mexicano protege a los grupos civiles armados de Chenalhó”.

El pasado 25 de noviembre, distintas organizaciones de derechos humanos junto a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, académicos, activistas, sindicatos y grupos de ayuda humanitaria, enviaron un documento al gobierno federal donde denuncian “que la inacción de los gobiernos estatal y federal se traduce en impunidad y aliento para seguir cometiendo acciones criminales”, por parte de los grupos paramilitares.

“Constatamos que la impunidad fortalece la corrupción de autoridades. Es de voz pública las acusaciones de las implicaciones de altas autoridades estatales con el tráfico de vehículos robados, el así llamado huachicol, trata de personas y otros crimenes que se cometen en la región… Hasta ahora todo indica que hay intereses ocultos potencialmente criminales detrás de la intención de despojar a estas comunidades de su territorio”, enfatiza el documento que urge al gobierno en sus distintos niveles para detener las agresiones armadas.

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Autor: gtawcomunicaciones

GTANW, 2/12/20.- Líderes Wampís han sido detenidos por intermediarios ecuatorianos vinculados a la tala y comercialización ilícita de madera mientras intentaban cruzar del río Santiago al río Morona por la frontera. Se trata de los dirigentes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís Clovis Pérez, Juan Nuningo, Robert Hinojosa y del asesor legal Awajún Gil Inoach; además de 15 jóvenes de la escuela de liderazgo Sharian. Todos ellos se dirigían hacia San Juan de Morona, donde sostendrían un taller de capacitación, pero fueron impedidos de continuar su camino en Puerto Minas por los comerciantes ilegales. Piden que las embarcaciones con madera que han sido detenidas los últimos días por el GTANW, en el Río Santiago, sigan su curso, a cambio de la libertad de los líderes wampís.

Cabe señalar que durante los últimos dos meses, el GTANW ha denunciado a las autoridades nacionales y locales la problemática de la tala y comercio ilegal de madera[1] por parte de ciudadanos ecuatorianos, quienes a vista y paciencia de los controles del Ejército Peruano y SERNANP en las bases de Cahuide y Ampama, salen con embarcaciones llenas de madera obtenida de manera ilegal. Recientemente, la Autoridad Regional Ambiental se comprometió con los Wampís a colaborar con las acciones del GTANW, en el marco del derecho al uso sostenible, ordenado y legal de cualquier bondad de la naturaleza[2]. Sin embargo, hoy llegaron a la comunidad de Alianza Progreso, en el río Santiago, donde están las embarcaciones detenidas, sin la documentación necesaria para hacer su registro y confiscar la madera.

Recientemente, la Defensoría del Pueblo se pronunció al respecto[3] y exigió a las autoridades a nivel nacional abordar el problema; sin embargo, nada se ha hecho hasta ahora.

ACTUALIZACIÓN (2/12/20 22:00)

Según comunicación con una de las autoridades Wampís secuestradas, la delegación Wampís fue liberada al promediar las 21:30 horas. La liberación se dio tras la decisión de la Autoridad Regional Ambiental de Amazonas de dar un plazo de dos días más a los madereros ilegales y dejar ir las embarcaciones que habían sido incautadas.

Desde el GTANW expresamos nuestro alivio por esta liberación, pero expresamos también nuestra preocupación porque la problemática de la tala ilegal en nuestro territorio hasta ahora no recibe la atención pertinente de las autoridades nacionales.

Desde el GTANW queremos proteger nuestro territorio y apostar por vías de desarrollo sostenibles, con formalidad y regulación ambiental.

[1] https://nacionwampis.com/gtanw-determina-cese-de-tala-y-comercio-ilegal-de-madera-en-el-santiago-ante-inaccion-del-estado/

[2] https://nacionwampis.com/wp-content/uploads/2020/12/Acta-Extraordinaria-del-Gobierno-Territorial-Aut%C3%B3nomo-de-la-Naci%C3%B3n-Wampis.pdf

[3] https://www.gob.pe/institucion/defensoria-del-pueblo/noticias/318361-defensoria-del-pueblo-urge-intervencion-eficiente-frente-a-tala-ilegal-y-amenazas-que-afectan-derechos-de-comunidades-indigenas

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[:es]? 30 de noviembre 2020

? Semanario #37 desde el Caribe hasta el Sur ?

▶️ ESCUCHE AQUÍ:

[podcast]https://archive.org/download/semanario-37-2020/Semanario%2037%202020.mp3[/podcast]

? TERRITORIO: Escuela de formación comunera en #Venezuela. Incumplimiento de la remediación ambiental de petroleras de #Ecuador. Persecución a la prensa en #Guatemala.

? LUCHAS: Actualidad de las protestas en #Perú. Sigue la lucha en contra de la megamineria en #Puelmapu. Campesinxs de #Panamá en contra de las gigantes eólicas. Acampe en ruta provincial exigiendo #LeyDeHumedalesYA en #Argentina.

? GÉNEROS: Acción del 25 de noviembre en #Bolivia.

? Recomendado cultural de Guatemala sobre LaBrisa y su canción La Sombra

? Reportes Unión Comunera, Comuna Luisa Cáceres de Arismendi, La Resistencia Bolivia, Colectiva Chinata, Radio Temblor Internacional, Festivales Solidarios, Red TierraActiva, Coordinadora en Defensa de las Tierras y Aguas de Coclé, Multisectorial por los Humedales, Comunidad Mapuche Tehuelche Laguna Fría – Chacay Oeste,Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses

?Comunican Anabel Carrere, Karen Díaz, Ayelén Correa Ruau, Lucía Ixchíu, Wayra Tamayo, Ivan Paillalaf, Johan Tovar, Tonny Chimbo y Olmedo Carrasquilla

? Edición y masterización: Radio Epidemia

? Imagen de portada: Continúa la protesta social en #Guatemala. Autorx Carlos Ernesto Cano

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30 de noviembre 2020 | Emisión N° 37 | 3° temporada Acción del 25 de noviembre 2020

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Diversas organizaciones civiles y activistas exigen al gobierno mexicano solucionar el desplazamiento y los ataques en contra de los indígenas chiapanecos que han sido despojados de sus bienes por un conflicto de tierras entre los municipios de Chenalhó y Aldama.

Este conflicto ha derivado también en un ataque, registrado el 18 de noviembre, a una caravana de ayuda humanitaria en el estado de Chiapas, en el cual, una de sus integrantes fue herida de bala, quien ya recibió atención médica.

Los firmantes reclaman la falta de respuesta del Gobierno en el conflicto y urgen una solución ante las agresiones armadas en las comunidades de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán.

Las personas piden: Recuperar el Estado de derecho en la región, aplicar la ley y hacer justicia a la población, lo que significa el retorno de todas las personas desplazadas, la recuperación de su capacidad de sostenibilidad económica, alimentaria y de vida digna.

Insisten en que la atención integral a los desplazados y afectados por este conflicto, sea responsabilidad de instancias federales en vista del incumplimiento de las instancias en el estado y que ésta sea en apego a los protocolos nacionales e internacionales.

Destacan que el cese de las agresiones; la detención de las bandas armadas criminales y de quienes las patrocinan por intereses económicos y políticos; la persecución de ilícitos y la revisión de todos los casos de personas detenidas injustamente.

Recuerdan que México es signatario de la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y debe tener como prioridad, satisfacer las necesidadesde los pueblos originarios.

Por lo tanto, exigen que se respeten las acciones que realizan las organizaciones de la sociedad en favor de las comunidades, sobre todo de ayuda humanitaria en la región, el libre tránsito y el respeto a la integridad de todos los habitantes de dichos municipios.

La misiva fue enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador;  a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra; y al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.[:]

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El grupo paramilitar OPDIC y Policías Estatales responsables de 6 ejecuciones extrajudiciales, 2 desapariciones forzadas y 36 familias en desplazamiento forzado.

El 25 de septiembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó el Informe de Admisibilidad No. 264/20 con relación a la Petición 1594-10 Pedro Núñez Pérez y Otros (Masacre de Viejo Velasco),¹ ocurrida en el marco de una estrategia violenta de despojo territorial emprendida por el Estado mexicano contra comunidades indígenas tseltales y choles, asentadas en la Selva Lacandona, en Chiapas, México.

El 22 de noviembre de 2006, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A. C. (Frayba) solicitó a la CIDH medidas cautelares para garantizar la vida e integridad de los señores Mariano Pérez Guzmán, Antonio Peñate López, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez. Estas personas fueron desaparecidas de manera forzada el día 13 de noviembre de 2006, por el grupo paramilitar Organización Para la Defensa de Derechos Indígenas y Campesinos (OPDIC),² acompañado de Policías Estatales y otros servidores públicos cuando se desalojó a las familias que vivían en la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo. Frente a la ineficacia de la Fiscalía del estado de Chiapas para efectuar la investigación y poder dar con el paradero de las personas desaparecidas, los familiares y una Comisión Civil de Observación asumió la búsqueda. El 6 de julio del 2007 encontraron restos óseos en la ruta que va de la comunidad Paraíso hacía Viejo Velasco. Con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense se logró la identificación de los restos de Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez.

Además de la desaparición forzada de cuatro personas, ese día también fueron ejecutadas María Núñez González (quien se encontraba embarazada), Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez y Vicente Pérez Díaz. En este mismo hecho, fueron privadas de forma arbitraria de su libertad Petrona Núñez González y Diego Arcos Meneses y torturadas por parte del grupo paramilitar OPDIC. A consecuencia de la afectación psicológica que vivió, Petrona Núñez González falleció en el 2010.

Actualmente, 36 personas de la comunidad Viejo Velasco se encuentran en desplazamiento forzado sin ninguna garantía para su retorno y cuatro integrantes del Comité de Defensa de las Libertades Indígenas Xinich cuentan con órdenes de aprehensión acusados injustamente de cometer la Masacre.

El 5 de octubre de 2010, la CIDH cerró la medida cautelar y la petición de demanda al Estado mexicano dio trámite. En dicha demanda se señala su responsabilidad internacional por las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, torturas, privación arbitraria de la libertad y órdenes de aprehensión irregulares a consecuencia de la Masacre de Viejo Velasco.

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de noviembre de 2020

Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios libres y alternativos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Estamos exactamente a un mes de que se cumplan 23 años de impunidad e injusticia por la masacre de nuestros 45 hermanos y hermanas, más 4 bebés que aún no nacían. Ellas y ellos no tuvieron más delito que ser parte de una comunidad valiente, sin armas de fuego y organizada como pueblo creyente, que rezaba y ayunaba aquí en Acteal, clamando a Dios por paz con justicia y dignidad para su pueblo, pues se habían negado a colaborar con quienes querían acabar con la lucha zapatista y con toda semilla de rebelión e inconformidad contra el gobierno, por medio del terror y la violencia.

Desde al menos 7 meses antes de la Masacre, ya habíamos denunciado que el gobierno entrenaba y financiaba grupos armados que nos tenían amenazados de muerte y habían quemado varias de nuestras casas, robado nuestras pertenencias y cultivos, obligando a muchas de nuestras familias a huir de nuestros hogares para ponernos a salvo, en medio del frío, la lluvia y el lodo. Pero todos estos actos violentos quedaron en la impunidad, pues las autoridades federales, estatales y municipales estaban de acuerdo en esta estrategia que llamaron Plan de Campaña Chiapas ‘94. Desde hace 23 años, estos son crímenes que no se persiguen ni se castigan en Chiapas.

Vemos con muchísima preocupación que lo mismo está pasando ahora, con nuestros hermanos de Aldama y Santa Marta que están viviendo escondidos en el monte o debajo de los cafetales para huir de los disparos diarios con armas de alto poder que se están tendiendo sobre sus casas y milpas. Pero lo que nunca se habían visto en Chiapas son los disparos contra una camioneta con voluntarios de organizaciones de la sociedad civil que llevaran víveres para mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas desplazados y damnificados por las lluvias torrenciales.

Nos indigna el ataque a la caravana organizada por el Fisanim y Cáritas, que llevaba ayuda humanitaria a las y los desplazados de Aldama el pasado 18 de noviembre, donde fue herida en la pierna nuestra hermana religiosa Chabelita, por una bala de grueso calibre. Sabiendo que por el exceso de lluvias los cerros se están desgajando, que los pocos árboles que nos quedan en las comunidades se están derrumbando, el gobierno y los agresores saben que los desplazados pueden morir con este mal clima, pasando frío, hambre y enfermedades, así que este ataque para boicotear la ayuda vital que se les llevaba, es especialmente cruel. Y más aún, no podemos entender cómo un gobierno que se dice de “los pobres” permita estas agresiones.

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[:es]

Desde la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana, exigimos el cese inmediato de las agresiones armadas contra el pueblo maya tsotsil del municipio de Aldama, Chiapas, así como un alto al contexto de violencia e impunidad.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A. C. (Frayba) ha denunciado las constantes agresiones armadas que mantienen a 3,499 personas en desplazamiento forzado y en las que han resultado 29 personas heridas y 6 asesinadas, en al menos 997 agresiones armadas documentadas entre marzo de 2018 al 19 de noviembre de 2020.

La situación de desplazamiento forzado y agresión armada es alarmante, puesto que las personas son atacadas cuando se dirigen a sus labores cotidianas, se ven obligadas a abandonar sus hogares ya sea de manera intermitente o permanente. Los caminos se han vuelto peligrosos y se dificulta el acceso a la zona para las y los periodistas, personas defensoras de derechos humanos y personas que llevan ayuda humanitaria y víveres a las familias desplazadas, en el marco de una crisis alimentaria profunda. Es importante resaltar que los impactos de esta crisis son de tal gravedad que pueden equipararse a los efectos psíquicos, físicos y comunitarios generados por la tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes, debido a la angustia y desesperación provocadas por la impunidad y la continuidad de las violaciones de derechos humanos.

(Continuar leyendo…)

[:es]Por Sare Fabres

El pasado miércoles 18 de noviembre, personas armadas agredieron a un grupo de ayuda humanitaria que se encontraba en la comunidad de Tabak, en el municipio de Aldama. De acuerdo a testimonios, los agresores eran civiles armados provenientes de Santa Martha, municipio de Chenalhó, en la región de los Altos de Chiapas.

Tabak es una de las poblaciones que conforman el municipio de Aldama y una de las más agredidas en una serie de sucesos violentos en el contexto de una disputa territorial por 60 hectáreas en la colindancia común al municipio vecino de Chenalhó.

En contexto ⇒ Continúa ataques paramilitares en comunidades de Chiapas

De acuerdo con un reporte de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados del municipio de Aldama, la última agresión ocurrió después del mediodía del pasado miércoles. En el ataque resultó herida por bala de alto calibre la religiosa María Isabel Hernández Rea, agente pastoral de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

Las personas agredidas formaban parte de una comitiva de voluntarios, integrada por Cáritas de la Diócesis de San Cristóbal y el Fideicomiso para la Salud de la Niñez Indígena de México (Fisanim). Dicho grupo tenía como objetivo llevar víveres para las familias desplazadas desde hace meses debido a la violencia paramilitar en la región.

La denuncia enfatiza que “los ataques son todos los días sin excepción desde hace semanas” y son perpetrados por grupos en posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. Recientemente, la Comisión también informo que durante la semana del 8 al 13 de noviembre de 2020, se intensificaron los ataques armados en contra de las comunidades tzotziles de Aldama, en el contexto del inicio de la temporada de cosecha de café, en medio de la Emergencia Sanitaria por COVID-19 y las afectaciones por las lluvias en el sureste mexicano.

La Comisión reportó ataques a las comunidades de Xuxch’en, Koko’, Tabak y San Pedro Cotsilnam, en Aldama. Los disparos provienen de los puntos conocidos como: El chino, Tocoy, Slumka, Telesecundaria, Tojtik, El Volcán, Tulantik, El Rancho, Alcantarilla y T’elemax, en Chenalhó.

Sólo entre julio y agosto de este año 2020, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) reportó 54 ataques con armas de alto calibre en contra de diversas poblaciones de Aldama. Antes de las últimas agresiones y desde marzo de 2018, se contabilizaban más de 300 ataques contra las comunidades de Aldama.

Los integrantes de las familias desplazadas enfatizaron que los disparos mas recientes contra la comunidad de Tabak ocurrieron mientras elementos de la Guardia Nacional y la policía estatal se encontraban patrullando el área.

Leer también ⇒ En Chiapas, desplazamiento forzado con la complicidad de autoridades locales

A través de un comunicado el Pueblo Creyente de las siete zonas pastorales de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas,Chiapas de mandó que“Ya basta de solapar estas acciones violentas. Exigimos a los tres niveles de Gobierno que se esclarezcan los hechos y se castiguen a los responsables, intelectuales y materiales de este ataque, que se garantice la seguridad de la población vulnerable en las comunidades en el Estado de Chiapas, el desarme de estos grupos armados”.

La misma mañana del miércoles se reportaron balaceras en el poblado de Cotzilnam, Aldama y tras el ataque al grupo de ayuda humanitaria, también se registraron disparos contra la población de Xuxch’en.

Por su parte, la actriz Ofelia Medina, quien encabeza Fideo, enfatizó la gravedad de la emergencia humanitaria debido a los desplazamientos por la violencia paramilitar y ahora por las afectaciones climáticas provocadas por las lluvias torrenciales que han azotado al sureste mexicano y Centroamérica.

“Esta es una acción criminal, no habíamos podido acercarnos a llevarles tan necesitado alimento, la gente está en una situación de emergencia alimentaria porque los balazos son diarios sobre esta comunidad y todas las de Aldama. Ahora nos armamos de valor y dijeron las compañeras que iban. Se organizó el viaje, se entregó el alimento y fueron balaceados. Creo que debemos unir fuerzas e indignaciones para que esta situación se detenga ya.”

“Cabe señalar que los gobiernos estatal de Rutilio Escandón Cadenas y el federal de Andrés Manuel López Obrador han sido omisos ante los constantes llamamientos para cesar las agresiones armadas a comunidades del pueblo maya tzotzil de Aldama, las cuales sobreviven al asedio que incrementa la crisis de derechos humanos, especialmente la alimentaria y de salud”, manifestó el Frayba frente a la impunidad con la cual se mantienen operando los grupos paramilitares de la región.

Al cierre de la edición de esta nota continúan los reportes de ataques armados contra las comunidades de Yeton y Ch’ivit Aldama.

Foto de portada: Luis Aguilar / Frayba[:]