“Las 43 familias estamos enojadas, encabronadas, porque desafortunadamente nos vieron la cara durante tres años”, reclamó Mario González, padre de César Manuel González Hernández, uno de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

La reacción de los familiares de los normalistas desaparecidos se dio tras la publicación del Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), mediante el cual se confirma la participación del Ejército mexicano en la desaparición de los estudiantes, así como la actuación de las autoridades para falsear los hechos de la “verdad histórica”.

Así fue como el gobierno de Peña Nieto divulgó la versión oficial en la cual argumentaba que los estudiantes fueron detenidos por policías de Iguala y entregados a miembros del crimen organizado, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero en Cocula.

Esta narrativa fue puesta en duda desde 2015, después de las investigaciones realizadas por el GIEI, quienes participaron para coadyuvar en el caso tras denuncias de irregularidades de la versión oficial.

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La publicación mas reciente de los expertos del GIEI expone un video donde se demuestra que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) intervinieron y manipularon el basurero de Cocula para la construcción de la “verdad histórica”.

Además, el GIEI también resalta que el Ejército diseño una estrategia de contrainsurgencia mediante la cual infiltró la normal de Ayotzinapa para espiar las actividades de los estudiantes. Incluso, el Ejército mantuvo la vigilancia de los normalistas en tiempo real durante los momentos en que fueron atacados por policías y criminales entre la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

Tras las revelaciones, las madres y padres de los estudiantes desaparecidos demandaron investigar al Ejército mexicano, así como llamar a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto para resolver su participación en el caso.

Promesas incumplidas

En conferencia de prensa realizada este martes (29), madres y padres de los estudiantes desaparecidos también demandaron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador con quien, aseguran, no han tenido comunicación desde septiembre de 2021.

María Elena Guerrero, madre del normalista Giovanni Galíndez, aseveró que nunca creyeron posible que después de tres años de que asumiera el cargo el gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación”, no exista aún información sobre dónde se encuentran los estudiantes.

Por su parte, Cristina Bautista, madre del estudiante desaparecido Benjamín Ascencio, enfatizó que con la información del GIEI se debe proceder con la investigación del Ejército “porque ahí es donde hay obstáculos y no podemos alcanzar la verdad”.

Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete González, reclamó que en México los pobres no tienen justicia y prueba de ello es la manera en cómo se ha realizado la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes, pues desde el gobierno pasado existían motivos suficientes para sospechar del involucramiento del Ejército mexicano en el crimen.

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Navarrete también criticó la actuación de la administración federal actual, pues aseguró que las instituciones no le hacen caso al presidente, pues permanecen los obstáculos para acceder a información y continuar con las investigaciones.

“(El presidente) Debe dejar un poco las mañaneras y enfocarse un poco en los compromisos que ha tenido con el pueblo. Sí da coraje de ver que esas instituciones del gobierno federal siguen guardando información. Si nos ocultaron esto, ¿qué más pueden ocultar? El que miente una vez miente dos veces o tres veces. Y el gobierno solamente utiliza el poder para sí mismo, y no dar justicia al pueblo”, reclamó Navarrete.

Para Mario González, acciones como la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia para el Caso Ayotzinapa, muestran que las instituciones mexicanas han jugado con ellos durante tres años.

González señaló que, a escasos dos días de la toma del poder de AMLO en 2018, las autoridades federales firmaron un decreto en el que se comprometían a entregar toda la información sobre el caso y que los hicieron ir al 27 Batallón “a sabiendas de que no íbamos a encontrar nada”.

“¿Cómo no estar enojado, si a tres años sale una información que debía haber sido entregada en su momento? ¿Cómo no estar enojado si no sabemos nada de nuestros hijos?”, recriminó González.

¿Justicia?

En la conferencia de prensa también participó Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares de los normalistas desaparecidos quien aseguró que con la publicación del informe del GIEI queda claro que la manipulación del basurero en Cocula revela que fue una acción para ensuciar el proceso de investigación y ocultar la verdad.

De acuerdo al abogado, este montaje complicó la exploración de otras líneas de investigación en por lo menos cinco años. Así mismo, negó que exista un cambio entre la anterior y la actual administración federal pues a mas de tres años de la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia, los secretarios de la Marina y de la Defensa Nacional se han negado a colaborar con las investigaciones.

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“Una cosa es que se le entregue al GIEI y otra que ya se hagan diligencias concretas para fincar responsabilidad”, reclamó Rosales pues a pesar de la publicación del informe de expertos, esta información no se ha vertido de manera concreta a la investigación, pues el Ministerio Público está teniendo dificultades para darle cauce jurídico a lo difundido por el GIEI.

Cabe destacar que, de acuerdo con el GIEI, el Ejército también realizó actuaciones e investigaciones que no ha compartido para esclarecer los hechos. El grupo de expertos alertó que aún existe información relevante en poder de los militares y de las fuerzas de seguridad  que “ha sido omitida tanto en los documentos entregados al GIEI como a la fiscalía especializada, así como en las declaraciones de los funcionarios militares, entre ellas: información sobre los hechos del Palacio de Justicia en Iguala de una patrulla militar; omisión del reporte de la caseta tres de la carretera, donde se tenían desplegados militares, y la entrada en barandillas de normalistas esa noche”.

Integrantes de Kanan ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes) y representantes de la infancia de Homún, acompañados de las organizaciones Indignación y Greenpeace, entregaron más de 181 mil firmas digitales para exigir un alto a las afectaciones de las mega granjas de cerdos y en defensa de los cenotes y la selva maya.

Dicha acción ocurrió este jueves (24) en el Juzgado Segundo de Distrito de Mérida, Yucatán, previo a que el juez, Rogelio Leal Mota, resuelva si retira la suspensión que mantiene paralizadas las operaciones de la mega granja porcícola propiedad de la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO), aparcera de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén).

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Durante la entrega se realizó una conferencia de prensa donde Doroteo Hau Kuk, miembro de Kanan Ts’ono’ot, detalló que las firmas son el reflejo de la lucha y resistencia que el pueblo ha realizado durante seis años en contra de los gobiernos estatales, federales y los empresarios en su intento de expandir las granjas porcícolas en la región.

“Nosotros luchamos y defendemos el agua, a ellos no les interesa defender nuestro pueblo y el agua. Son autoridades pasajeras que destruyen y se van, pero nosotros no”, manifestó Hau Kuk.

Por su parte, Viridiana Lázaro Lembrino, integrante de Greenpeace México, contextualizó sobre las implicaciones ambientales de la operación de la mega granja de cerdos en Homún, pues se encuentra en una zona prioritaria para la conservación de la biodiversidad en México

Específicamente se ubica dentro de dos Áreas Naturales Protegidas (ANP): la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes y el Parque Estatal Lagunas de Yalahau, las cuales también son consideradas sitios Ramsar, una categoría que señala la prioridad para la conservación de los humedales y del agua, reconocida a nivel internacional.

Las y los habitantes de Homún que entregaron las firmas aseveraron que éstas son un respaldo para hacerle saber al Juez que “existe mucho interés de la ciudadanía para que esa granja no permanezca abierta. Ya no puede seguir favoreciendo los intereses políticos y empresariales por encima de los derechos de la niñez, del pueblo maya y del medio ambiente”.

Suspensión, en vilo

Mediante comunicado, las organizaciones resaltaron su preocupación porque el pasado 3 de marzo, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Distrito desestimó las quejas presentadas por la niñas y niños mayas de Homún

contra las violaciones a la suspensión definitiva de actividades de la mega granja.

“Ahora, le tocará al juez Leal Mota decidir si se mantiene o no la suspensión con base en un documento emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), en el que se asegura que la planta de tratamiento de aguas residuales del recinto está lista para funcionar”, reclama el documento.

Acorde a Lázaro Lembrino el juez debe mantener la suspensión de las actividades porcícolas en Homún debido a su magnitud, que implica la cría de 49 mil cerdos. “Ninguno de los tratamientos de agua más sofisticados podrían mitigar los impactos de contaminación de esta granja”, señaló la integrante de Greenpeace.

La organización calcula que serían alrededor de 441 mil litros al día, unas 3 mil tinas repletas de agua, mezcladas con heces de cerdos las cuales serían vertidas al suelo, provocando una grave contaminación del acuífero maya. “No solo traerá daños al medio ambiente, flora, fauna, suelo; sino a la salud por la cantidad de bacterias, compuestos peligrosos y cancerígenos”, sostuvo Lázaro Lembrino.

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Lembrino, especialista en agricultura y cambio climático recalcó que se debe mantener la suspensión de las actividades de la mega granja tomando en consideración el principio precautorio pues en zonas como la señalada se pueden originar nuevos virus.

“Exhortamos al juez a que mantenga la suspensión y que favorezca y garantice los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud al agua del pueblo maya de Homún y de todos lo mexicanos”, recalcó.

Infancia en defensa del ambiente

Una vez más, la niñez de Homún participó en la defensa de su territorio. Esta vez, acompañaron la entrega de las firmas con dibujos y cartas en las que exigieron respeto a su derecho a vivir en un medio ambiente sano y por el cuidado de los cenotes.

“No podemos permitir que los jueces le den la espalda a la lucha de niñas y niños mayas de Homún (…) Le exigimos al Juez Segundo de Distrito que mantenga la suspensión definitiva contra la mega granja de la empresa PAPO, aparcera de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén)”, sostuvieron integrantes de Kanan Ts’ono’ot durante el acto de entrega de firmas digitales.

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A su vez, destacaron que existe documentación y reportes científicos que comprueban la contaminación ocasionada por la industria porcícola, no sólo en Yucatán, sino en Estados Unidos y diversos países de América Latina.

“Así lo ha documentado el informe de Greenpeace “La Carne que está consumiendo al planeta” y el amicus de expertos en salud pública y ambiental en el que se muestran datos alarmantes sobre el impacto de las operaciones de las mega granjas de cerdos en el medio ambiente y en la salud humana”.

Finalmente, recalcaron que la suspensión definitiva no solo fue otorgada por la planta de tratamiento de aguas residuales:  también se impuso esa medida cautelar a la empresa para proteger los derechos de la infancia de Homún a que se conserve un medio ambiente libre de contaminación, saludable e idóneo para llevar una vida digna; por la aplicación del principio precautorio ante el peligro de daño grave e irreversible de afectación al sistema hidrológico de la reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes; y porque en el proceso de obtención de permisos para construir la granja no se respetó el derecho a la consulta y participación de acuerdo a cómo está establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional  del Trabajo (OIT).

Doroteo Hau Kuk reafirmó que la comunidad de Homún no dejará su lucha y resistencia pacífica hasta donde tengan que llegar. “El agua es para todos, es para el mundo”, aseveró.

A 432 kilómetros de la capital de Chiapas se encuentra Benemérito de las Américas, un territorio fronterizo avasallado por los megaproyectos, el crimen organizado, los feminicidios y el olvido institucional que afecta la vida de la mitad de la población: las mujeres.

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El 49.9% de los 23 mil 603 habitantes son mujeres que enfrentan diferentes violencias, una de las más graves viene del personal del Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social-Bienestar (IMSS-Bienestar), en Benemérito, que ofrece servicios de salud a otros seis municipios –  Márques de Comillas, Ocosingo, Palenque, Chilón, Salto de Agua y Tumbalá  -, donde están los pueblos chol, tzeltal, maya, lacandón y zoque.

En 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al municipio con el director del IMSS, Zoé Robledo, que se comprometió a brindar atención de calidad. En esta misma visita, los directivos dijeron que en los primeros seis meses de 2019 habían atendido 400 partos.

En 2020, después de un embarazo mal atendido y una cesárea llena de negligencias, Gabina Mar Pérez, de 37 años, dedicó un año a buscar las causas de constantes y fuertes dolencias, también, mal diagnosticadas por el médico Marco “M”.

En agosto de 2020, Gabina acudió al servicio médico del IMSS-Bienestar con síntomas de parto. Primero le dijeron que su hija nacería en parto normal y después que sería cesárea. “Me pusieron anestesia general, cuando desperté me sentía débil y miraba manchas de colores”, dijo a Avispa Midia.

Desde el primer momento Gabina sintió una anormalidad en su cuerpo. “Le dije a las enfermeras”, y cuenta que el médico le puso una inyección, “nadie se quería hacer cargo de mí”, a pesar del cambio de turno del personal médico.

Los malestares incrementaron tras el efecto de los medicamentos. Los médicos de guardia la obligaron a caminar soportando los dolores, aun cuando no tenía fuerza en las piernas.

“El doctor me decía: ‘es que tienes que caminar, eso es normal, es la anestesia que está trabajando; apenas se está quitando’. Le dije, no doctor, lo que yo siento no es normal. Sí, me dice él, ‘así son todas las mujeres’”.

Gabina fue dada de alta tres días después de la cesárea. Aunque estaba en casa, no tenía fuerzas ni para cargar a su bebé, a quien tampoco pudo amamantar, “mi esposo se hizo cargo porque me sentía muy mal”. Para entonces la tuvieron que regresar al hospital donde el mismo doctor la recibió. “‘¿Y ahora qué le pasó?’, me preguntó”, y al escuchar los reclamos del esposo de Yesica agregó el médico, según relato de Yesica: “‘no les puse una pistola para que aceptaran la cesárea’”.

Estuvo internada por varios días sin un diagnóstico certero. Le dijeron que tenía una infección en el estómago, retención de líquidos, perforación de intestinos y luego la programaron para otra operación que no aceptaron por falta de argumentos médicos.

Gabina entró y salió varias veces del mismo hospital. Le sacaron innumerables estudios, incluso fue atendida en Palenque y Villahermosa, Tabasco. Tras un año de calvario para la familia, en agosto de 2021 descubrieron que en la cesárea olvidaron sacar una compresa del cuerpo de Gabina.

“‘Es una compresa’. ¡Cómo que una compresa! ‘La bola estaba así’, me dijo una enfermera. ‘Estaba enorme’, dice”, pero el objeto que sacaron del cuerpo de Gabina no le fue entregado.

Acudió a Derechos Humanos municipal para ser atendida a cabalidad en la institución de salud pública responsable de su condición médica. La Fiscalía tomó el registró de atención 0042-114-0903-2021, pero a la fecha no hay respuestas.

Gabina y su esposo dejaron de trabajar como comerciantes, “él me acompañaba a mis estudios y cuando estuve internada”, vendieron la mayoría de sus bienes materiales y animales de traspatio.

Ahora pide al Instituto Mexicano del Seguro Social que haga responsable al médico Marco “M” y le regresen el dinero que gastó por un año de atención médica por su negligencia.

“El tiempo con mi bebé no me lo pueden devolver, pero sí un poco de tranquilidad porque esa situación nos dejó sin nada”.

Denuncias

El caso de Gabina se suma a otros casos de negligencia médica en Benemérito, como de otra mujer, cuya identidad se reserva por seguridad, que tuvo su parto en la jardinera del mismo IMSS, además de cobros por servicios que los médicos no deberían cobrar.

Las autoridades ejidales de Benemérito enviaron varios escritos al presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar la situación, pero hasta hoy no tienen respuestas diferentes al discurso de ‘no pasa nada’.

“Actualmente sufrimos un déficit de atención médica y negligencias”, señalan autoridades ejidales de Benemérito, en entrevista a Avispa Midia.

En la inauguración del IMSS en Benemérito representantes del Estado se comprometieron a crear el Centro Médico de la Selva Lacandona, con equipos modernos, personal capacitado y especialistas de forma permanente. Pero nunca se concretó.

Las autoridades agregan que, al igual que el crimen organizado en la zona, la mafia del personal médico no permite la renovación de trabajadores que señalan, incluso, de sustraer el equipo del hospital.

En un acta de acuerdos firmada por los Comisariados Ejidales que componen el municipio de Benemérito, “porque el Ayuntamiento no está con el pueblo”, dicen las autoridades ejidales, exigieron el cambio inmediato del personal involucrado en actos negligentes.

Denunciaron instalaciones insalubres, mala atención de algunos trabajadores, seguridad incompetente e irresponsable, cobros extras y excesivos por servicios que deberían ser gratuitos.

“Exigimos que los médicos, que tengan farmacias o laboratorios, no trabajen en el hospital IMSS Bienestar porque elevan los precios de los medicamentos que no encontramos en la derechohabiencia [los derechos a los servicios de la institución de salud]”, sostienen las autoridades.

La violencia obstétrica puede darse de manera psicológica por medio de burlas, humillaciones, discriminación, mal información o comentarios alusivos a la sexualidad de las mujeres; y de manera física cuando se realizan prácticas invasivas, se suministran medicamentos injustificadamente, se niega la atención, se maltrata físicamente o se realizan esterilizaciones forzadas.

La Fiscalía General de Chiapas sólo tiene registro de tres casos de violencia obstétrica denunciados desde el 2019, a pesar de ser una violencia recurrente que no solo deja secuelas físicas, también emocionales.

Más allá

En el 2012, en el Hospital Zona 2 del IMSS, ubicado en la capital de Chiapas, Diana acudió el 6 de diciembre con dolores de parto. El médico de la guardia nocturna la mandó a caminar y a que regresara al siguiente día.

Diana regresó el viernes y tampoco la ingresaron hasta las 23 horas con dolores insoportables que se prolongaron hasta el amanecer del sábado 8 de diciembre. Antes del cambio de guardia llegó el médico a inducir la salida del líquido amniótico y se fue.

La enfermera del siguiente turno le preguntó si el médico avisó del contenido del líquido, “respondí que no”. Había meconio (la primera evacuación de un bebé) y nadie se hizo responsable, “el médico de guardia se fue sin decirme nada aun cuando sabe lo que podía pasarle a mi hijo”.

Ese mismo día, Diana recuerda que los médicos internos se quedaron a cargo de las mujeres en labor de parto, “a una señora que tenía 8 centímetros de dilatación, de tanto que un joven le hizo el tacto, sacó el cordón umbilical de su bebé, a ella también la tuvieron que operar”.

En el informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 44 recomendaciones fueron dirigidas al IMSS en 2021. La institución también encabeza la lista de 132 recomendaciones en trámite.

En las 217 quejas en expedientes relacionados con violencia de género, la CNDH sólo tiene el registro de seis que corresponden a violencia obstétrica a nivel nacional.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en Chiapas, no proporcionó información y respondió que por ahora atienden el informe de actividades y no pueden atender solicitudes de medios de comunicación.

El pasado 17 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes generales de Salud y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de reconocer a la violencia obstétrica como un tipo de violencia contra las mujeres. Ahora se esperan sus efectos constitucionales.

^{En portada: El pueblo Munduruku en rechazo a la construcción de las hidroeléctricas en el río Teles Pires, en la Amazonia brasileña. Foto de Fernanda Morais.}

La degradación de los bosques está acompañada de la discriminación contra los pueblos y una tendencia a la descriminalización de numerosas actividades empresariales destructivas.

“Los gobiernos siguen promoviendo destructivos sistemas de colonización, y la ley, incluyendo la ley sobre los derechos a la tierra, sigue utilizándose como un arma para apropiarse de recursos relacionados con los bosques”, afirma el informe Cómo las políticas y las agencias sobre bosques promueven la destrucción sostenible.

El documento elaborado por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) hace hincapié en las alianzas entre empresas y Estados responsables por la deforestación, un problema que se agrava con el paso de los años.

Con ello aborda las principales causas subyacentes que vinculan al sistema capitalista-racista-patriarcal y el legado colonialista: desde la definición de bosque de la FAO hasta la biopiratería, entre el conservacionismo, acuerdos comerciales y el robo legalizado de tierras.

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De acuerdo al estudio de la WRM, en la década de los 80’s, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) formuló el Plan de Acción Forestal Tropical (TFAP, por su sigla en inglés) junto al Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO).

Entre sus planes estaba la reforestación, denominación que usó como ‘eufemismo’ para expandir las plantaciones industriales de monocultivos de árboles. “El TFAP no sólo fracasó” tampoco abordó las causas tácitas de la destrucción de los bosques.

“Una de las principales razones de la fundación del WRM en 1986 fue cuestionar el falso entendimiento de las causas de la deforestación”.

En 1999 el proyecto colaborativo del WRM con el Foro Intergubernamental sobre Bosques (IFF) de las Naciones Unidas , documentó el proceso real de la degradación en 145 páginas bajo el título Abordar las causas subyacentes de la deforestación y la degradación de los bosques: casos de estudio, análisis y recomendaciones políticas.

“Lo que más sorprende” de la investigación, cita la WRM, es que la perspectiva continúa siendo pertinente en la actualidad, pues las causas identificadas no fueron abordadas verdaderamente, “hoy siguen siendo tan importantes como siempre”.

20 años después del primer estudio

El informe actual, está basado en las conclusiones de ese proyecto de 1999; y en 20 puntos, la organización explica que el contexto se agrava con la falta de reconocimiento adecuado de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y de otros defensores de los bosques.

En este tenor, el documento sostiene que la definición de bosque de la FAO se reduce a cualquier superficie cubierta de árboles, “con ello descarta otras formas de vida, así como la diversidad biológica, cíclica y cultural que define a un bosque en su permanente interconexión con las comunidades que dependen de él”.

Menciona el ejemplo de los agresivos programas estatales para instalar ‘desarrollo comercial’ en los espacios sagrados que son manifiestos desde India hasta Brasil: según cifras oficiales, en 2019 alcanzó su tasa más alta de deforestación en la Amazonia desde 2008.

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En general, a las causas se le suman los métodos militarizados para tomar el control de las zonas, por ello la agroindustria es considerada tan destructiva como lo era hace 20 años.

“Los grandes proyectos de desarrollo o infraestructura, como las represas, las carreteras y los sistemas de minería y extracción de petróleo, siguen causando estragos”. Asimismo, el empobrecimiento de los defensores de los bosques, los modelos de inversión, el endeudamiento, las políticas macroeconómicas, los flujos mundiales de mercancías y las relaciones comerciales.

“Más verdes” que el petróleo

“Irónicamente, lo que quizás las ha agravado más es la forma en que se han expandido y reinventado para resaltar nuevas dimensiones supuestamente ‘verdes’, ‘democráticas’ o ‘participativas’”, señala el estudio del WRM.

Como las plantaciones destructoras de bosques destinadas a la producción de aceite comestible, azúcar o celulosa y destinadas a la producción de “bioenergía” para el suministro de combustibles para electricidad, la aviación o las industrias automotrices.

“Se anuncian como ‘más verdes’ que el petróleo, el carbón o el gas. Debido a que se requieren enormes volúmenes de madera y otros materiales bióticos para generar la misma cantidad de energía que los combustibles fósiles, el impacto en los bosques es inmenso y creciente”.

El estudio del Movimiento Mundial por los Bosques considera que, en la actualidad, el control sobre las tierras de bosque está siendo centralizado no solo para facilitar la máxima producción de madera, minerales o energía hidroeléctrica, también para permitir el turismo de naturaleza o para avanzar en la “conservación de la naturaleza”.

Cita que muchas de las mismas instituciones colonialistas que fueron responsables del daño a los bosques causado por la conservación tradicional de “bosques sin gente” se están posicionando para entrar de nuevo, en alianza con nuevos intereses comerciales.

“Han proliferado nuevos sellos y procedimientos que ofrecen una imagen más verde o democrática a los viejos agentes de la deforestación. La burocracia de la certificación del siglo XX, conocida como el Consejo de Manejo Forestal (FSC, por su sigla en inglés) (establecido en 1993), anunciado como capaz de hacer que la extracción industrial de madera sea amigable con el medio ambiente, ahora ve numerosas iniciativas similares, como la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por su sigla en inglés) (2003)”.

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Al igual, otras organizaciones han desacreditado por completo a la RSPO, pero también hay una Mesa Redonda para la Soja Sostenible (2006); una Mesa Redonda para una Economía Cacaotera Sostenible (2007); una “Iniciativa para mejorar la caña de azúcar” llamada Bonsucro (2008), por mencionar algunas.

Mientras, “los esfuerzos post-2000 de los economistas ambientales para poner un precio a más y más aspectos de la naturaleza han tendido principalmente a reforzar la dinámica”, lo cual hace que los bosques sean intercambiables, descartables y compensables.

El informe hace mención de innumerables organismos destinados a “tranquilizar al público sobre las credenciales de conservación” de empresas trasnacionales como Unilever, Cargill, Walmart y Starbucks, que no interrumpen ni interfieren en la dinámica de destrucción.

“El Estado también ha aprendido a infiltrarse en las bases con otras formas nuevas que ayudan a perpetuar la deforestación. Mientras tanto, la industria de las compensaciones de carbono exhibe continuamente sus propias etiquetas que afirman que sus productos dañinos de hecho son benignos”, dice el WRM.

Las nuevas y muy publicitadas políticas de la “economía verde” tienden a funcionar de la misma manera destructiva que las viejas políticas “no verdes”.

Por otro lado, explica que intentan contener a los movimientos feministas mediante el establecimiento de “políticas de género”, pero tales medidas simplemente le dan un color diferente al patriarcado subyacente, agregado a la explotación de la mano de obra forestal.

A menudo, este panorama dificulta aún más las luchas de los pueblos locales contra los principales agentes de deforestación.

Décadas de negaciones

Las negociaciones internacionales sobre el clima no exploran cómo enfrentar la mecanización del trabajo humano basada en los combustibles fósiles, cita el WRM, tampoco analizan la relación entre la deforestación y la exploración de petróleo, carbón y gas. “De lo que actualmente dependen las ganancias de las empresas”.

Un ejemplo son los 25 años de negociaciones mundiales sobre el clima, mientras las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron a un promedio de 1,6 por ciento anual entre 2008 y 2017 y “no hay señales de que hayan alcanzado el punto máximo”.

En 2017 alcanzaron el récord de 53,5 gigatoneladas de CO2 y sus equivalentes, más del doble de la cifra de 2000 que fue de 25 gigatoneladas.

En este contexto, científicos se sorprendieron recientemente al descubrir que en las próximas décadas, alrededor del 40 por ciento de las especies de insectos del mundo pueden extinguirse, amenazando por igual la agricultura y la regeneración de los bosques.

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De la misma forma que con el TFAP, en la actualidad la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) no tiene un plan para analizar o abordar los históricos agentes políticos y económicos de la extracción y el uso de combustibles fósiles. El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, señala que la CMNUCC adoptó una metodología que oculta sistemáticamente las causas subyacentes de la deforestación y el cambio climático, “no hay señales de que esta tendencia cambie”.

El 3 de diciembre de 2019, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo resolvió que debería haber objetivos de biodiversidad “jurídicamente vinculantes” a escala mundial y de la Unión Europea (UE) para garantizar que para 2030, el 30 por ciento de las áreas naturales estén conservadas y que se restauren el 30 por ciento de los ecosistemas degradados.

Pero, “una vez más, la resolución no fue acompañada de un análisis serio sobre lo que estaba causando la pérdida de biodiversidad, o lo que podría detener su pérdida”.

En 2021, una nueva iniciativa de la UE surgió de la misma forma, para una nueva norma con “reglas obligatorias” para garantizar que solo los productos libres de deforestación de ciertas cadenas de suministro ingresen al mercado europeo, “ambas propuestas simplemente respaldan un mayor crecimiento económico”.

“En los dos últimos años se ha realizado una increíble cantidad de reuniones de alto nivel así como innumerables declaraciones internacionales sobre la pérdida de bosques, que son muy similares. Por un lado, dan la voz de alarma sobre la crisis. Por otro lado, o no tienen ni idea al respecto o simplemente eligen ignorar las causas subyacentes de la deforestación y cómo abordarlas. Lo que hacen es seguir promoviendo tales causas. Las políticas resultantes no solo están condenadas al fracaso sino que fomentan aún más la deforestación”.