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Foto de portada de Marissa Revilla

Las agresiones paramilitares contra comunidades del municipio de Aldama, en los Altos de Chiapas, no cesan.

Aun cuando el pasado 27 de noviembre, funcionarios de los tres niveles de gobierno firmaron el denominado Convenio definitivo que resuelve el conflicto agrario entre Bienes Comunales del municipio de Aldama y Santa Martha, Chenalhó, continúan los ataques armados.

La firma del acuerdo ocurre tras cuatro años de que se reactivara un conflicto territorial de vieja data, el cual señalan los comuneros de Aldama ha sido gestionado y permitido por los distintos niveles del gobierno mexicano, quienes pese al aumento de la violencia en la región han sido omisos ante las exigencias para desarmar los grupos paramilitares.

En contexto ⇒ Continúa ataques paramilitares en comunidades de Chiapas

Tras años de agresiones, el saldo hasta ahora es de 23 personas asesinadas y 20 heridas. La violencia también ha provocado el desplazamiento forzado de aproximadamente 3 mil personas debido a las agresiones de grupos paramilitares provenientes del municipio de Chenalhó.

No obstante, el acuerdo oficial, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros desplazados de Aldama reportó la continuación e intensificación de las agresiones armadas incluso desde el mismo día de la firma del acuerdo.

Aunado a ello, dos días después del evento oficial, el centro de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer que nuevamente se registraron ataques con armas de fuego dirigidos contra la comunidad de Tabak, Aldama.

En dicho ataque resultó herido Andrés Jiménez Pérez, integrante de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros desplazados de Aldama. Según el reporte del Frayba, Jiménez Pérez, quien se encontraba acompañado de su hijo de nueve años, fue herido en ambas piernas cuando regresaba de su trabajo entre las comunidades de Tabak y San Pedro Cotsilnam.

Paz, solo en el papel

El denominado Convenio definitivo fue firmado en un evento con la presencia del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, así como del gobernador de Chiapas y los presidentes municipales de los municipios de Aldama y Chenalhó.

Aunque en la ceremonia no se especificaron los detalles que integran el acuerdo entre los municipios tsotsiles, lo difundido por la secretaría de Gobernación afirma que “dará certeza jurídica en la posesión de la tierra que permitirá resolver este problema que durante más de cuatro décadas ha generado esta tensión comunitaria”.

Leer también ⇒ En Chiapas, agresión paramilitar contra ayuda humanitaria para desplazados

Anteriormente, el 18 de septiembre pasado el gobierno federal propuso la división del territorio en disputa con 32.5 hectáreas de tierra como posesión para lxs habitantes de Aldama, y 27 para los comuneros de Santa Martha, en el municipio de Chenalhó.

En aquel momento, como respuesta a la propuesta federal y mediante una carta firmada por 20 agentes rurales municipales de las comunidades que aglutinan los Bienes Comunales Manuel Utrilla Santa Martha, 3,336 comuneros aceptaron la distribución de tierras “siempre y cuando el apoyo económico sea por la cantidad de cincuenta millones de pesos”. Sin embargo, con la firma del acuerdo definitivo no se especificó si se realizará dicho pago.

Simulación e impunidad

Por otro lado, respecto a la firma del acuerdo, comuneros de Aldama en entrevista con medios nacionales argumentaron sobre el mismo que “no significa nada, aun teniendo la firma, pero eso no nos da esperanza de que cesen las agresiones armadas hacia nuestras comunidades”.

“No esperamos de que ya se solucionó el conflicto. Esto es una simulación e impunidad de los gobiernos porque las agresiones continúan a diario, mientras no se solucione, mientras que el gobierno no actúe, esto no cesará las agresiones armadas”, denunció Marta, habitante de Aldama.

Para el centro de derechos humanos Frayba y comuneros de Aldama que realizaron el conversatorio virtual Tejer la paz para Aldama, “los acuerdos de papel no representan un proceso de pacificación” pues debido a la impunidad de los ataques armados, aún después de la firma del más reciente convenio, demuestran que “el Estado mexicano protege a los grupos civiles armados de Chenalhó”.

El pasado 25 de noviembre, distintas organizaciones de derechos humanos junto a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, académicos, activistas, sindicatos y grupos de ayuda humanitaria, enviaron un documento al gobierno federal donde denuncian “que la inacción de los gobiernos estatal y federal se traduce en impunidad y aliento para seguir cometiendo acciones criminales”, por parte de los grupos paramilitares.

“Constatamos que la impunidad fortalece la corrupción de autoridades. Es de voz pública las acusaciones de las implicaciones de altas autoridades estatales con el tráfico de vehículos robados, el así llamado huachicol, trata de personas y otros crimenes que se cometen en la región… Hasta ahora todo indica que hay intereses ocultos potencialmente criminales detrás de la intención de despojar a estas comunidades de su territorio”, enfatiza el documento que urge al gobierno en sus distintos niveles para detener las agresiones armadas.

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Diversas organizaciones civiles y activistas exigen al gobierno mexicano solucionar el desplazamiento y los ataques en contra de los indígenas chiapanecos que han sido despojados de sus bienes por un conflicto de tierras entre los municipios de Chenalhó y Aldama.

Este conflicto ha derivado también en un ataque, registrado el 18 de noviembre, a una caravana de ayuda humanitaria en el estado de Chiapas, en el cual, una de sus integrantes fue herida de bala, quien ya recibió atención médica.

Los firmantes reclaman la falta de respuesta del Gobierno en el conflicto y urgen una solución ante las agresiones armadas en las comunidades de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán.

Las personas piden: Recuperar el Estado de derecho en la región, aplicar la ley y hacer justicia a la población, lo que significa el retorno de todas las personas desplazadas, la recuperación de su capacidad de sostenibilidad económica, alimentaria y de vida digna.

Insisten en que la atención integral a los desplazados y afectados por este conflicto, sea responsabilidad de instancias federales en vista del incumplimiento de las instancias en el estado y que ésta sea en apego a los protocolos nacionales e internacionales.

Destacan que el cese de las agresiones; la detención de las bandas armadas criminales y de quienes las patrocinan por intereses económicos y políticos; la persecución de ilícitos y la revisión de todos los casos de personas detenidas injustamente.

Recuerdan que México es signatario de la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y debe tener como prioridad, satisfacer las necesidadesde los pueblos originarios.

Por lo tanto, exigen que se respeten las acciones que realizan las organizaciones de la sociedad en favor de las comunidades, sobre todo de ayuda humanitaria en la región, el libre tránsito y el respeto a la integridad de todos los habitantes de dichos municipios.

La misiva fue enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador;  a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra; y al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

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En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quisiera recordar un compromiso que hicimos hace más de dos años quienes asistimos al primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, en el municipio autónomo zapatista 17 de Noviembre. En marzo de 2018 unas 9 mil mujeres de distintas regiones del mundo hicimos un compromiso con unas 2 mil mujeres zapatistas: acordamos vivir. En el cierre del encuentro, una de las representantes zapatistas señaló: Aquí, delante de todas las que somos, les proponemos que acordemos seguir vivas y seguir luchando, cada quien, según su modo, su tiempo y su mundo.

Esta promesa, aparentemente sencilla, es un reto en el país que acuñó la palabra feminicidio, donde tan sólo en este año la violencia feminicida aumentó en 145 por ciento, según cifras oficiales, con un saldo de 645 mujeres asesinadas a la fecha. Acordar vivir es un compromiso difícil en un país que se ha convertido en un gran cementerio, donde para octubre de este año se habían documentado 3 mil 92 fosas clandestinas, según la Comisión Nacional de Búsqueda, y seguían sin se hallados unos 70 mil desaparecidos. Hace dos años, frente a las mujeres zapatistas, encendimos una vela y nos comprometimos a prenderla de nuevo cuando sintiéramos que necesitábamos iluminar alguna lucha. Prometimos llevarla a las desaparecidas, a las asesinadas, a las presas, a las violadas, a las golpeadas, a las acosadas, a las migrantes, a las explotadas, a las violentadas de todas las formas y decirles que no estaban solas y que íbamos a luchar por ellas, “por la verdad y la justicia que merece su dolor […] porque el dolor que carga no se vuelva a repetir en cualquier parte del mundo”.

Hoy quiero encender esta vela por nuestras hermanas que sufren en el estado de Chiapas el acoso de los grupos paramilitares. Por las mujeres desplazadas de Aldama, que han tenido que dejar su tierra, sus cultivos, su comunidad, para protegerse y salvar la vida de sus hijos e hijas ante la violencia paramilitar. Por la hermana María Isabel Hernández, quien el 18 de noviembre pasado fue herida de bala en una pierna, cuando intentaba llevar ayuda humanitaria a los pobladores de Tabak y Coko, en el municipio de Aldama. Por todas las mujeres que ahora viven con miedo en un contexto de impunidad, donde las técnicas de terror, las armas y los hombres que provocaron la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, han reactivado la guerra de baja intensidad contra las bases de apoyo zapatistas y las comunidades que simpatizan con su lucha.

Hace 23 años, la masacre de 20 mujeres, siete de ellas embarazadas, 16 niños y niñas y nueve adultos, trató de justificarse con el argumento de que se trató de pugnas intracomunitarias. En ese entonces en el libro colectivo La otra palabra: mujeres y violencia en Chiapas; antes y después de Acteal (1998) (http://www.rosalvaaidahernandez.com/ wp-content/uploads/2019/12/1998- LIBROS-La-Otra-Palabra-PDF.pdf) documentamos los procesos históricos de formación de grupos paramilitares en Chiapas. Ante las perspectivas racistas que trataban de justificar las mutilaciones corporales y las violencias extremas como prácticas culturales mayas, argumentamos que se trataba de una cultura militarista de muerte, trasnacional que cruza las fronteras junto con las armas y que tiene centros de adiestramiento como la Escuela de las Américas. Hoy de nuevo se trata de argumentar que el conflicto entre los habitantes de Aldama y San Pedro Chenalhó se reduce a pugnas intracomunitarias por 60 hectáreas de tierra. Es importante reconocer que estos conflictos se profundizaron con la intervención gubernamental mediante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), que permitió que terrenos comunales de Aldama quedaran bajo control de las autoridades de San Pedro Chenalhó. Pero, sobre todo, posibilitó la circulación y uso de armas de alto poder, cambiando por completo los estilos de negociación y conflicto en la región.

La paramilitarización de las pugnas comunitarias ha sido parte de la guerra de baja intensidad que ha acosado los territorios zapatistas desde hace casi tres décadas. Hoy urge encender una vela por nuestras hermanas zapatistas que viven los peligros de la violencia paramilitar. Ellas han hecho eco de nuestras luchas denunciando el feminicidio, la desaparición forzada y el acoso, problemas que no existían en sus territorios autónomos, pero contra los que ellas se han movilizado en nuestro apoyo. Ahora nos corresponde levantar nuestras voces y denunciar la violencia paramilitar que las acecha.

*Doctora en antropología, investigadora del CIESAS

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Por Sare Fabres

El pasado miércoles 18 de noviembre, personas armadas agredieron a un grupo de ayuda humanitaria que se encontraba en la comunidad de Tabak, en el municipio de Aldama. De acuerdo a testimonios, los agresores eran civiles armados provenientes de Santa Martha, municipio de Chenalhó, en la región de los Altos de Chiapas.

Tabak es una de las poblaciones que conforman el municipio de Aldama y una de las más agredidas en una serie de sucesos violentos en el contexto de una disputa territorial por 60 hectáreas en la colindancia común al municipio vecino de Chenalhó.

En contexto ⇒ Continúa ataques paramilitares en comunidades de Chiapas

De acuerdo con un reporte de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados del municipio de Aldama, la última agresión ocurrió después del mediodía del pasado miércoles. En el ataque resultó herida por bala de alto calibre la religiosa María Isabel Hernández Rea, agente pastoral de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

Las personas agredidas formaban parte de una comitiva de voluntarios, integrada por Cáritas de la Diócesis de San Cristóbal y el Fideicomiso para la Salud de la Niñez Indígena de México (Fisanim). Dicho grupo tenía como objetivo llevar víveres para las familias desplazadas desde hace meses debido a la violencia paramilitar en la región.

La denuncia enfatiza que “los ataques son todos los días sin excepción desde hace semanas” y son perpetrados por grupos en posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. Recientemente, la Comisión también informo que durante la semana del 8 al 13 de noviembre de 2020, se intensificaron los ataques armados en contra de las comunidades tzotziles de Aldama, en el contexto del inicio de la temporada de cosecha de café, en medio de la Emergencia Sanitaria por COVID-19 y las afectaciones por las lluvias en el sureste mexicano.

La Comisión reportó ataques a las comunidades de Xuxch’en, Koko’, Tabak y San Pedro Cotsilnam, en Aldama. Los disparos provienen de los puntos conocidos como: El chino, Tocoy, Slumka, Telesecundaria, Tojtik, El Volcán, Tulantik, El Rancho, Alcantarilla y T’elemax, en Chenalhó.

Sólo entre julio y agosto de este año 2020, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) reportó 54 ataques con armas de alto calibre en contra de diversas poblaciones de Aldama. Antes de las últimas agresiones y desde marzo de 2018, se contabilizaban más de 300 ataques contra las comunidades de Aldama.

Los integrantes de las familias desplazadas enfatizaron que los disparos mas recientes contra la comunidad de Tabak ocurrieron mientras elementos de la Guardia Nacional y la policía estatal se encontraban patrullando el área.

Leer también ⇒ En Chiapas, desplazamiento forzado con la complicidad de autoridades locales

A través de un comunicado el Pueblo Creyente de las siete zonas pastorales de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas,Chiapas de mandó que“Ya basta de solapar estas acciones violentas. Exigimos a los tres niveles de Gobierno que se esclarezcan los hechos y se castiguen a los responsables, intelectuales y materiales de este ataque, que se garantice la seguridad de la población vulnerable en las comunidades en el Estado de Chiapas, el desarme de estos grupos armados”.

La misma mañana del miércoles se reportaron balaceras en el poblado de Cotzilnam, Aldama y tras el ataque al grupo de ayuda humanitaria, también se registraron disparos contra la población de Xuxch’en.

Por su parte, la actriz Ofelia Medina, quien encabeza Fideo, enfatizó la gravedad de la emergencia humanitaria debido a los desplazamientos por la violencia paramilitar y ahora por las afectaciones climáticas provocadas por las lluvias torrenciales que han azotado al sureste mexicano y Centroamérica.

“Esta es una acción criminal, no habíamos podido acercarnos a llevarles tan necesitado alimento, la gente está en una situación de emergencia alimentaria porque los balazos son diarios sobre esta comunidad y todas las de Aldama. Ahora nos armamos de valor y dijeron las compañeras que iban. Se organizó el viaje, se entregó el alimento y fueron balaceados. Creo que debemos unir fuerzas e indignaciones para que esta situación se detenga ya.”

“Cabe señalar que los gobiernos estatal de Rutilio Escandón Cadenas y el federal de Andrés Manuel López Obrador han sido omisos ante los constantes llamamientos para cesar las agresiones armadas a comunidades del pueblo maya tzotzil de Aldama, las cuales sobreviven al asedio que incrementa la crisis de derechos humanos, especialmente la alimentaria y de salud”, manifestó el Frayba frente a la impunidad con la cual se mantienen operando los grupos paramilitares de la región.

Al cierre de la edición de esta nota continúan los reportes de ataques armados contra las comunidades de Yeton y Ch’ivit Aldama.

Foto de portada: Luis Aguilar / Frayba

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Desde hace catorce años de la Masacre de Viejo Velasco seguimos exigiendo justicia. Al llegar este día, los familiares seguimos viviendo la verdad frente a la impunidad que prevalece en el caso. Seguimos escuchando el sonido de la agresión; nuestras hermanas y hermanos choles refugiándose en las montañas para salvar sus vidas; aún el rocío de la noche nos acompaña buscando a nuestros hermanos adultos mayores, Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, que aún continúan desaparecidos, luego de que ese mismo día, el grupo civil armado se los llevó.

Recordamos a nuestra compañera María Núñez González que fue ejecutada al interior de su vivienda, junto con la criatura que llevaba en su vientre, mientras protegía a su hermana menor discapacitada, Petrona Núñez González, que fue secuestrada y torturada por el grupo civil armado y que días más tarde logró escapar, pero a consecuencia de la afectación psicológica que vivió, falleció en el 2010.

La constante agresión hacia los pueblos indígenas no para. Ese día -13 de noviembre de 2006- 40 personas armadas, provenientes de los poblados de Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (todos de la llamada Comunidad Lacandona), acompañadas por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas, cinco Fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación, con siete elementos a su mando, y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social, atacaron a nuestras hermanos y hermanas en su pequeña comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Selva Lacandona, Chiapas.

No olvidamos. Es el Estado mexicano que se empeña en despojarnos a los Pueblos Indígenas de nuestros territorios. La sangre derramada en Viejo Velasco no se quedará en el olvido. Hoy, a catorce años, nuestro corazón se fortalece, nuestra tristeza se transforma en indignación, lucha y resistencia para la verdad. Nuestro grito de ¡Justicia! se escuchará en todos los rincones del mundo. No olvidamos que el único delito de nuestros hermanos y hermanas masacrados y desaparecidos, fue el de defender su tierra y su territorio, para tener el sustento de sus familias.

Nuestra voz y lucha ha tenido un paso más; queremos informar públicamente que, el pasado 25 de septiembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su Informe de admisibilidad No. 264/20, de la Petición 1594-10 del Caso Pedro Núñez Pérez y Otros, México, en donde señalamos claramente, la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, torturas, privación arbitraria de la libertad y emisión de órdenes de aprehensión irregulares, que tuvieron lugar durante la agresión violenta en a nuestra comunidad Viejo Velasco, en un operativo de tipo paramilitar, con participación de agentes estatales.

Cabe señalar que esta masacre se dio en el contexto de una intensa lucha y resistencia, reivindicativas del derecho al territorio, y al resguardo y manejo de los bienes naturales, de más de 45 comunidades indígenas, asentadas en el corazón de la Selva Lacandona; resistencia sobre la cual, la Asamblea y pobladores-as de Viejo Velasco, fueron un digno ejemplo, enfrentada a una agresiva política de despeje territorial, despojo social y privatización de la naturaleza, de parte del Estado mexicano, ejercida sobre dichos poblados, ubicados dentro y en los límites de la Reserva de Biosfera Montes Azules, una de las zonas más ricas en biodiversidad, agua, cubierta forestal y con un fuerte atractivo escénico y turístico, de nuestro país.

Por eso estamos aquí y aquí seguiremos exigiendo justicia, hoy, desde la comunidad de San Martín Chamizal, donde fuimos recibidos con nuestras familias y sepultamos a nuestros compañeros.

EL GRITO DE LA SANGRE DERRAMADA IMPUNEMENTE EN LA SELVA LACANDONA, VIEJO VELASCO, TIENE SED DE JUSTICIA.

Reiteramos una vez más nuestra exigencia al Estado mexicano, de justicia para nuestras 36 hermanas y hermanos en desplazamiento forzado, así como por la ejecución extrajudicial de Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez González, Vicente Pérez Díaz, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, la desaparición forzada de Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López, el secuestro y tortura de Petrona Núñez González y la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros de la Organización Social CDLI-XINICH, a quienes el Estado mexicano se empeña en hacerlos responsable de asesinar a sus propios compañeros.

QUEREMOS JUSTICIA, QUEREMOS VERDAD

CASTIGO A LOS AUTORES INTELECTUALES Y OPERADORES POLÍTICOS

Clamor de sangre derramada en la tierra de Viejo Velasco, Selva Lacandona

MADRE TIERRA CUÁNTA INJUSTICIA,

COBIJA MI ESPÍRITU CON LA SOMBRA DE LA SELVA.

Atentamente

Familiares de víctimas y víctimas sobrevivientes de la Masacre de Viejo Velasco

Coordinadora de la Organización Social XINICH

UCISECH, TSOBLEJ YU UN WOCOLTIC

Organizaciones acompañantes:

Comité de Defensa de las Libertades Indígenas- CDLI-XINICH

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.-Frayba

Maderas del Pueblo del Sureste – MPS

Salud y Desarrollo Comunitario A.C. – Sadec

Casa de la Mujer Ixim Antsetic A.C.

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C.- CDMCH

Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas

Colectivo IngeniumMex (Xalapa, Ver.)

Ik Balam Agencia de Noticias Ambientales

Carta Mesoamericana

Pacto de Grupos Ecologistas

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); “Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C.” (CAM) (Ciudad de México); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J. (CUDJ)(Guadalajara, Jal.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Uno de Siete Migrando A. C.(Chihuahua, Chih.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal).

13 de noviembre de 2020.

Ejido Chamizal, municipio de Palenque, Selva Lacandona, Chiapas, México.

Pronunciamiento conjunto

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San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
A 29 de octubre del 2020.

A las Juntas de Buen Gobierno y Bases de Apoyo del E.Z.L.N.
A el Concejo Nacional Indígena
A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales
A los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen
A los medios de comunicación nacionales e internacionales
A la opinión pública
A la sociedad civil organizada

Organizaciones, colectivos y personas a título individual, Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, les queremos informar que hoy 29 de octubre salimos a una Caravana en pleno cumplimiento de los protocolos de salud en el marco de la pandemia Covid-19, esta acción en Solidaridad con las comunidades autónomas de Moisés Gandhi y Nuevo San Gregorio, municipio autónomo de Lucio Cabañas,  con el fin de entregar ayuda humanitaria, realizar observación de Derechos Humanos y documentar las recientes agresiones, amenazas y hostigamientos perpetuadas por grupos armados en contra de niñas, niños, mujeres y hombres de las comunidades Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En esta caravana pedimos al Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ) que haga acompañamiento y observación internacional durante el recorrido, así mismo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas estará haciendo observación de Derechos Humanos.

Desde el año pasado estas comunidades autónomas han sufrido ataques constantes a sus tierras, cultivos, casas y trabajaderos. A esto se suman los hechos ocurridos el día 22 de agosto del 2020 donde fueron quemadas instalaciones autónomas como son la tienda Arcoíris, comedor “Compañera Lucha” y las bodegas de café, los cuales representan una garantía de su alimentación y sustento de vida, además de ataques con armas de fuego a la comunidad.[1]

Reiteramos que nuestra postura es a favor de la paz y exigimos el respeto al derecho a la autonomía y libre autodeterminación zapatista en donde están las tierras recuperadas las cuales son parte de su territorio, así como el respeto y garantía a la integridad, seguridad y la vida de las Bases de Apoyo del EZLN.

Les pedimos que estén atenentas y atentos de los sucesos que puedan ocurrir durante esta caravana de solidaridad y a difundir el contenido público de los hechos ocurridos durante y posterior a la caravana.

Atentamente:

Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH).
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI).
Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR).
Médicos del Mundo, Suiza-México.
Memoria Viva.
Promedios de Comunicación Comunitaria A.C.
Red de Rebeldía y Resistencia Ajmaq.
Salud y Desarrollo Comunitario, A.C. (SADEC).
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C.
Y otros Colectivos, organizaciones y personas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

[1]https://redajmaq.espora.org/content/pronunciamiento-contra-las-agresiones-las-comunidades-zapatistas

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El 11 de octubre de 2020, a las 9:30 horas, Hugo Alfredo Pérez Hernández, de 37 años de edad, originario de Tabak, en Aldama, Chiapas, México, fue herido por impacto de bala, a la altura de la costilla y en el brazo derecho, en un camino de su comunidad.

Escucha su testimonio en entrevista realizada por el Frayba donde platica cómo es la vida cotidiana en las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en medio de ataques armados:

«Si el gobierno no hace caso, se va a quedar de responsable, si hay más heridos, más muertos porque nosotros ya informamos de lo que está pasando.»

En el NotiFrayba de esta semana:

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No nos conquistaron, seguimos vivos, en resistencia y rebeldía. A 528 años de la guerra de exterminio.

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena, Concejo Indígena de Gobierno

A los pueblos de Guerrero, México, Latinoamérica y el Mundo

A las mujeres que luchan por la vida

A la sexta nacional e internacional

A las redes de apoyo

Las  mujeres, hombres, niñas, niños, abuelas y abuelos de las comunidades indígenas; NaSavi, Me´pháá, Nahua, Ñamnkué, Mestizas y Afro mexicanas del estado de Guerrero, que estamos organizados en el Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata(CIPOG-EZ), y somos parte del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG). 

Hoy 12 de Octubre del 2020 a 528 años del inicio de la guerra de exterminio en contra de los pueblos indígenas, queremos decir fuerte y claramente, que esa guerra en nuestra contra continua. En pleno siglo XXI nuestros niños y niñas siguen muriéndose por la desnutrición, sobrevivimos con la escases de agua y alimentos, en viviendas con problemas de hacinamiento e insalubridad, la atención medica significa que cada dos meses llega una brigada de salud de uno o máximo dos médicos para atender a cientos de pobladores y a veces los médicos faltan, entonces hay que esperarlos otros dos meses.

La educación en nuestras comunidades está representada por primarias o secundarias repletas de niños y niñas malnutridos, maestras y maestros mal pagados. Los pocos que logran una educación superior se olvidan de sus pueblos, si de por si en las ciudades no encuentran un trabajo digno, mucho menos en su comunidad. El trabajo en el campo cada vez da menos para sobrevivir, las oportunidades de trabajo son prácticamente nulas y es ahí donde la delincuencia organizada y el alcoholismo se presentan como terribles pero cercanas alternativas.

Nuestros territorios no solo son arrasados por la llamada pobreza extrema, miseria le decimos nosotros, sino que han sido convertidos en terribles campos de batalla entre carteles de la droga, partidos políticos, empresas extractivas y múltiples religiones. Mientras nosotros como pueblos indígenas seguimos siendo la carne de cañón en todas esas batallas, solo nos buscan para poner el cuerpo y la vida, porque los beneficios y el saqueo se siguen perpetuando desde el poder, que claramente, no es indígena.

Cuando nos hablan del tren del progreso, no hay diferencia entre el progreso que pregono Hernán Cortez, Porfirio Díaz, el PRI y el actual régimen federal, no significa salud, educación, ni trabajo digno, vivienda, ni respeto a nuestras formas democráticas que como pueblos mantenemos. ¿Por qué su progreso, continúa destruyendo nuestros territorios y haciendo más ricos a los ricos?

Esta guerra de exterminio es tan real y palpable que hoynosotros como pueblos apenas nos estamos empezando a levantar después de un duro golpe, el asesinato de 18 de nuestros integrantes a manos del crimen organizado, en esta ocasión representado por “Los Ardillos” y el cerco que continúan ejerciendo en contra de 22 de nuestras comunidades en la región montaña baja.

Nuestros hermanos y hermanas asesinados: José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales, Isaías Xanteco Ahuejote, David Domingo Alonso, Marcelino Pedro Rojas, Juana Hernández Ambrosio, Alberta Matías Tendón, José Julio Fiscaleño Hilario, Cándido Fiscaleño Hilario, Crescenciano Migueleño Coapango, Marcos Fiscaleño Bastizar, Antonio Mendoza Tolentino, Israel Tolentino Ahuelicán, Israel Mendoza Pasado, Florentino Linares Jiménez, Juan Joaquín Ahuejote, y Regino FiscaleñoChautla.

Hasta la fecha no existe investigación de oficio por parte de las autoridades correspondientes para dar con los autores materiales e intelectuales de estos crímenes, que han intentado enterrar en el olvido. Estos asesinatos iniciaron el 4 de Mayo del 2019 todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto y se extendieron con la masacre de Mexcalzingo el 17 de febrero del 2020, donde fueron asesinados 10 compañeros músicos, delegados del CNI e integrantes del CIPOG-EZ, esto ocurrió ya en el sexenio de López Obrador. Ni autoridades locales, estatales, ni federales han procurado el mínimo intento de justicia para nuestros hermanos y hermanas, ni para sus familias, como si fueran animales solo tratan una y otra vez de desviar la mirada para no saber nada.

Pero eso va a ser imposible porque nosotros como CIPOG-EZ los sembraremos una y otra vez con nuestra palabra y continuaremos exigiendo justicia hasta encontrarla, tengamos que ir a donde sea necesario y cuantas veces sea necesario. Porque ellas y ellos no cometieron ningún crimen, fueron asesinados por luchar por la vida de sus comunidades, para no ser carne de cañón del crimen organizado, por el bienestar colectivo y por un mejor futuro para las nuevas generaciones.

Nuestros concejales José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián fueron los responsables de juntar las firmas para nuestra Vocera “Marichuy”, la acompañaron en su recorrido por los caracoles zapatistas y organizaron su recorrido en todo el estado de Guerrero, así mismo encabezaron la marcha del 10 de abril del 2019 contra el asesinato de Samir Flores Soberanes, y 24 días después fueron asesinados e inician así las ejecuciones de promotores del CIPOG-EZ, delegadas y delegados del CNI en la montaña baja.

Hoy como CIPOG-EZ queremos decir que no lograron acabar con nuestra organización, así como la corona española no logro conquistarnos, ni exterminarnos, ni tampoco los malos gobiernos actuales. Hace un mes fuimos al corazón de México en caravana y fuimos recibidos por colectivos y organizaciones hermanas, que nos abrazaron y estuvieron a nuestro lado como compañeros y compañeras, que no nos han dejado solos en esta guerra. Las escuchamos y nos escucharon, compartimos nuestro dolor y nuestra rabia por tanta injusticia, y regresamos a nuestras montañas sabiendo lo que de por si sabíamos; los gobiernos no han cambiado, siguen siendo hipócritas y traicioneros, y los pueblos indígenas solo fuimos una vez más, carne de cañón para lograr su triunfo y después tratar de enterrarnos en el olvido.

Por todo eso hemos decidido en nuestras asambleas dos puntos, que queremos compartir públicamente para que quienes se sientan convocados puedan acercarse y acompañarnos en nuestro caminar.

1.- La elección de nuevos concejales y concejalas del CIPOG-EZ para continuar nuestro caminar con el CNI-CIG.Que son compañeros y compañeras que continuaran el ejemplo de Lucio Bartolo y Modesto Verales, recorriendo los pueblos, las comunidades y los territorios, para fortalecer la organización. Por lo que les pedimos estar atentos a su caminar y cuidarles para que no se repita esta historia de asesinatos e impunidad. Nuestros nuevos concejales, que hoy son nombrados y posteriormente ratificados son:

– Evangelista Campos Eugenio

– Alberto Santiago Portillo

– Leonor Martínez Mauricio

– Roberto Macario Marcelino

– Jesús Placido Galindo

2.- Continuaremos la construcción de nuestra autonomía en el tema de la comunicación a través de la continuidad de nuestra Radio Zapata 94.1 de FM, que tantas veces ha caído y se vuelve a levantar. Y en el tema de la educación a través de nuestra “Casa de saberes” en el ejido de Buena Vista, Mpio de san Luis Acatlán. Las casas de saberes como espacios de reflexión colectiva, acuerdos y capacitación, con la esperanza de poder resolver desde nuestras propias comunidades los grandes problemas que enfrentamos como pueblos.

Compañeros y compañeras aquí estamos, como CIPOG-EZ reponiéndonos de los duros golpes de esta guerra, manteniendo siempre nuestra memoria como pueblos, para decirles que seguiremos caminando con el CNI-CIG, con nuestras hermanas y hermanos del EZLN y con todas las luchas dignascontra el capitalismo.

ATENTAMENTE:

Arrancaron nuestros frutos,

Cortaron nuestras ramas,

Quemaron nuestro tronco,

Pero no pudieron arrancar nuestras raíces.

Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata(CIPOG-EZ)

Regiones: Costa Chica, Costa Montaña, Montaña Alta y Montaña Baja de Guerrero.

¡Alto a la Guerranarco-paramilitar contra las comunidades Zapatistas del EZLN!

¡Alto a la Guerra narco-paramilitar contra las comunidades indígenas del CNI-CIG!

¡Justicia para todos nuestros presos, asesinados y desaparecidos del CNI-CIG! 

¡Nunca más un México sin nosotros!

¡Nunca más un México sin nosotras!

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• Un herido durante al menos 39 ataques con armas de fuego a 10 comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama, en dos días.

• Alertamos del riesgo de una Masacre en el territorio de Aldama y responsabilizamos al gobierno de México.

El día de hoy, 11 de octubre de 2020, a las 9:30 horas, Hugo Alfredo Pérez Hernández, de 37 años de edad, originario de Tabak, en Aldama, Chiapas, México, fue herido por impacto de bala, a la altura de la costilla y en el brazo, en un camino de su comunidad, cuando se dirigía en carro a la cabecera de su municipio. Debido a la gravedad de las heridas, se encuentra en el Hospital de Las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas.

De acuerdo a un reporte de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados de Aldama, esta mañana continuaban: «Disparos de altos calibres en los diferentes puntos de ataque. Volcán y T’elemax Santa Martha Chenalho, en dirección hacia la comunidad de Tabak, así como le disparan a los carros que transitan y personas. En este ataque hay un nuevo herido.”

Durante todo el sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2020, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, registró al menos 39 agresiones armadas a las siquientes comunidades de Aldama: Koko’, Stselejpotobtik, Juxton, Ch’ivit, Tabak, San Pedro Cotsilnam, Yeton, Xuxch’en, Ch’ayomte’ y Cabecera; desde 27 puntos de ataque en Chenalhó¹. Los ataques persisten hasta el momento.

La Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados de Aldama denuncia que los elementos de la Guardia Nacional y de la Policía estatal que se encuentran en Santa Martha, Chenalhó y en Aldama no actúan de manera eficaz para cesar los ataques armados y proteger a la población.

Con Hugo Alfredo Pérez Hernández son 29 personas heridas, además de seis asesinadas, durante agresiones con armas de alto calibre a comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama, procedentes de grupos civiles armados de corte paramilitar de Santa Martha, Chenalhó, desde marzo de 2018. Además de la desaparición y posterior ejecución del entonces síndico municipal de Aldama Ignacio Pérez Girón, cuyo cuerpo fue encontrado el 05 de mayo de 2019, en la entrada del paraje Yalebtay, municipio de Zinacatán.

La persistente omisión y complicidad del gobierno de Chiapas y del gobierno federal provoca el escalamiento de la violencia en la región Altos; y aumenta el riesgo para la vida de la población en 13 comunidades del municipio de Aldama, en su mayoría mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas mayores.

Por lo anterior, urgimos al Estado mexicano:

• Proporcione el acceso a una atención médica integral a Hugo Alfredo Pérez Hernández y Artemio Pérez Pérez, así como de seguimiento en salud a las demás personas heridas durante ataques a comunidades de Aldama.

• Garantice de manera inmediata los derechos a la vida, seguridad e integridad física y psicológica de las familias del Pueblo Maya Tsotsil del municipio de Aldama.

• Aplique los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de las Naciones Unidad para otorgar atención humanitaria a las familias en desplazamiento forzado de 13 comunidades en Aldama.

• Investigue de manera pronta y adecuada, así como sancione, desarme y desarticule a los grupos civiles armados de corte paramilitar de Chenalhó, responsables directos de los ataques que han provocado desplazamientos forzados en la región Altos de Chiapas.

• Investigue y sancione a las autoridades responsables de la impunidad de estos hechos, así como los autores intelectuales del escenario de un violencia de gran envergadura que puede suceder una masacre como la de Acteal y por consiguiente de hecho de difícil o imposible reparación.

Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional firmen la siguiente  acción urgente: