solidaridad
(Español) Caso Ronay: Poder Judicial del estado de Chiapas con Jueces de consigna
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
2 de marzo de 2022
Boletín No. 7
Poder Judicial del estado de Chiapas con Jueces de consigna
Inexistente la división de poderes, prevalece la corrupción
El 1 de marzo de 2022, después de siete audiencias de juicio oral realizadas en dos meses, la Juez de Enjuiciamiento Ana Lilia Portela Hernández dictó su fallo, reafirmando la sentencia de 31 años y 6 meses de prisión para Yonny Ronay Chacón González (Yonny Ronay). En repetidas ocasiones, la Juez de Enjuiciamiento subsanó las deficiencias y argumentó a favor de la Fiscalía General del Estado (FGE), además incorporó hechos que no fueron probados en juicio, valorando pruebas sin ser desahogadas de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales.
A la Juez de Enjuiciamiento no le corresponde tomar parte en el juicio, fue dependiente y parcial, violando el debido proceso y un juicio justo, demostrando el sometimiento del Poder Judicial del estado de Chiapas a los intereses de la Fiscalía, con jueces de consigna que confirma la inexistencia de la división de poderes.
Durante el desarrollo de las audiencias se violentó el derecho a un juicio público, siendo este un principio del sistema acusatorio, se negó el acceso a observadoras de derechos humanos nacionales e internacionales, obstruyendo la documentación y defensa de los derechos humanos, intentando frenar la publicación y difusión de las audiencias que constitucionalmente son públicas, violando el principio de publicidad para ocultar la verdad y justicia. El caso de Yonny Ronay pone una vez más en evidencia, un sistema de procuración e impartición de justicia corrupto que fabrica carpetas de investigación, víctimas y pruebas para mantener a personas inocentes y privadas arbitrariamente de su libertad.
Junto a la familia, desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas continuaremos agotando los recursos legales correspondientes y denunciando las prácticas sistemáticas y generalizadas de la FGE hasta que la justicia y la verdad se hagan presentes.
Finalmente agradecemos toda la solidaridad expresadas a Yonny Ronay y a su familia, les pedimos sigan atentas, sumándose a las acciones de exigencia de justicia, hasta que veamos a Yonny fuera de los muros de la injusticia y obtenga plenamente su libertad.
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(Español) CIPOG-EZ denuncia la complicidad de los malos gobiernos con el crimen organizado y ataques a la libertad de expresión
EL CIPOG-EZ DENUNCIA A LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE GUERRERO POR SU INHUMANIDAD FRENTE A LAS DESAPARICIONES Y ASESINATOS EN TODO EL ESTADO.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
A las Organizaciones de Derechos Humanos
1 de marzo de 2022
Hermanos y hermanas, les informamos que se dio una reunión en la fiscalía del estado de Guerrero el pasado viernes 25 de febrero, acordada con Sandra Luz Valdovinos, fiscal del estado de Guerrero e integrantes del CIPOG-EZ, estando presentes familiares de las víctimas de desaparición forzada, Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, ambos desaparecidos por autoridades del municipio de Atlixtac el pasado 25 de enero. Además de la fiscal, se encontraba el fiscal especializado en desaparición forzada de Guerrero, así como delegados de la Comisión Estatal de Búsqueda Arturo Solís Felipe, por la secretaría de gobernación Nancy Decidierio, personal de la CNDH, así como Alan Cruz por la Comisión de Atención a Víctimas.
Nos convocaron sólo para entregar las carpetas de investigación a las familias de los desaparecidos y para hacernos saber las líneas de investigación, entre éstas. Pese a encontrarse toda la cantidad de autoridades ya mencionadas, éstas se negaron a comentar algún punto respecto a las recomendaciones que la ONU hizo al gobierno mexicano respecto a la desaparición forzada de Pablo Hilario y Samuel Hernández, no tienen plan de acción ni cronograma de búsqueda, se negaron a hacer investigación y búsquedas en el municipio de Atlixtac, aunque existe la información de que fue ahí donde desaparecieron.
Por si fuera poco, siguen manejando la información como un hecho aislado, no como parte de todo un contexto de violencia y muerte. Mucho menos consideran que la desaparición fue realizada por un servidor público, nadie asume ninguna responsabilidad, no dan fechas para nada, no hay información clara a la familia. No nombran a los culpables, no se nombra a “Los Ardillos” como los perpetradores de los hechos. Dicen que lo valorarán como una tercera línea de investigación.
