Por Santiago Navarro F. y Renata Bessi

El pasado miércoles 24 de marzo se ha publicado de forma conjunta, con Avispa Midia, Aristegui Noticias, Pie de Página y Connectas, la investigación periodística llamada Minera Cuzcatlán: con licencia para contaminar. El trabajo ha generado reacciones por parte de la Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, a quien ha sido dado el derecho de réplica a través de Aristegui Noticias. También el Organismo de Cuenca Pacífico Sur (OCPS) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) nos ha enviado una nota aclaratoria.

Reiteramos que el equipo de esta investigación revisó a detalle y en compañía de especialistas en la materia los primeros resultados de las muestras colectadas, dos días después del derrame, por el Laboratorio Regional Pacífico Sur de la Dirección Técnica del Organismo, de Conagua. Los funcionarios del laboratorio de Conagua hicieron muestras del arroyo y también de la mezcla de aguas de lluvia con jales secos que escurrieron en el arroyo El Coyote.

Las muestras fueron colectadas directamente de la “pila que recolecta las aguas de lluvia que deslavan la tierra y sedimentos de los jales secos que se depositan y almacenan en un terreno que se localiza en un nivel más arriba de la pila de los escurrimientos, y también justo en el sitio que ocupa el canal que recolectan los escurrimientos del deslave de tierra y sedimentos de los jales secos”, detallaron los funcionarios en su acta .

Estas muestras fueron analizadas por Laboratorio Regional Pacífico Sur de la Dirección Técnica del Organismo, en conjunto con el Laboratorio Nacional de Referencia de la Gerencia de Calidad del Agua de la Subdirección General Técnica, ambos pertenecientes a Conagua.

De acuerdo con los resultados, en los muestreos de los jales secos con aguas de lluvia, colectados dentro de las instalaciones de la Minera Cuzcatlán y que posteriormente se vertieron en el Arroyo el Coyote, aparecieron los siguientes metales por arriba de los límites máximos permisibles (LMP) de los Ceca y de la NOM-001-Semarnat-1996: Níquel, Aluminio, Arsenio, Boro, Cadmio, Cromo, Cobre, Fierro, Plomo, Zinc. También aparecieron otros metales en los muestreos, sin embargo, las normas utilizadas por Conagua no establecen un límite máximo permisible para estos metales. Ellos son: Plata, Bario, Berilio, Bismuto, Cobalto, Litio, Manganeso, Molibdeno, Selenio, Estaño, Estroncio, Titanio, Talio, Vanadio y Magnesio.

En una nota aclaratoria enviada al equipo de esta investigación, el Director General OCPS de Conagua, Miguel Ángel Martínez Cordero, quien fue entrevistado en la investigación, sostiene que los “procedimientos administrativos (…) se llevan a cabo en estricto apego a los criterios técnico-administrativos y se fundamenta su intervención en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento”.

Puedes consultar la nota aclaratoria.

Invitamos a revisar el reportaje completo, debidamente documentado.

Minera Cuzcatlán: con licencia para contaminar

El presidente ejecutivo de la empresa DESA, Roberto David Castillo, fue detenido en 2018 como presunto autor intelectual del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores. La Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional de Honduras indicó que habrá un juicio oral y público contra Castillo que se iniciará el 6 de abril y se alargará hasta el 30 de ese mismo mes.

Para Berta Züñiga , el detenido, ingeniero electricista, graduado de la academia militar de West Point en Estados Unidos, sub teniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras (2006-2008) y exgerente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), es “la pieza clave que vincula a los autores intelectuales” del asesinato.

“Sentimos que ahora estamos en el momento de derribar el muro más fuerte que se ha levantado respecto a la impunidad, la captura de los autores intelectuales”, declaró la hija mayor de Cáceres al respecto.

En el marco de la conmemoración del asesinato de Cacéres, sus familiares y miembros del COPINH reítiraron su exigencia de justicia, considerando que el Estado “está en deuda”, pese a que siete personas han sido condenadas.

“Nuestra voluntad no nació por enjuiciar a personas que fueron pagadas por este grupo de personas vinculadas a la familia Atala Zablah (ligada al sector bancario del país), sino para enjuiciar y castigar a los que pagaron y ordenaron este crimen, lo cual no se ha logrado hasta el momento”. La petición de que se “capture y castigue a los autores intelectuales (del crimen) está igual”, dijo Zúñiga para el periódico Efe.

También denunció la colusión que existe entre los autores intelectuales y el sistema de justicia hondureño, declarando que el principal obstáculo que han enfrentado como familia es “romper el pacto de impunidad que existe entre las instancias de justicia y los autores intelectuales del proceso”.

La amenaza latente

A principios de este mes, se conmemoró el quinto aniversario del asesinato de la defensora lenca Berta Caceres, quien dedicó su vida a la defensa de los territorios y los derechos de las mujeres frente a las violencias tanto estatales como empresariales, militares o políticas.

Fue en la madrugada del 2 al 3 de marzo de 2016, cuando cuatro sicarios entraron a su casa, en la Esperanza, en el Oeste de Honduras, y la asesinaron por defender el río Gualcarque, sagrado para el pueblo lenca y amenazado por un proyecto de represa hidroeléctrica conocido como Agua Zarca y liderado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

Tras el asesinato de Cáceres, la construcción de la central hidroeléctrica fue paralizada. El proyecto sigue sin avanzar hasta la fecha, pero el riesgo sigue vigente ya que la concesión otorgada es por 50 años.

“Para nosotras sigue siendo una amenaza latente”, sostuvo su  hija mayor, Berta Züñiga, quien encabeza ahora el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que Cáceres coordinaba antes de su muerte, para el diario El País.

La lucha sigue 

A cinco años de la muerte de la indígena Lenca, su fuerza y espíritu se mantienen vivos, y el COPINH sigue activo a pesar de la pandemia.

“Son muchas las circunstancias que nos dan un escenario complicado y desesperanzador. Pero aquí es necesario que nosotras sigamos con la labor de transformar la realidad de Honduras, así como de dignificar la memoria de los mártires”, declaró la joven.

Despojo por megaproyectos en aumento

En los últimos años, los conflictos relacionados con el control de la tierra y del agua han aumentado en toda la región. De acuerdo con el informe Territorios en Riesgo II de Intermón Oxfam, 112 hidroeléctricas ya están operando en Honduras, y 300 más están en proyecto, 25 de las cuales están dentro de áreas protegidas y otras 34 se ubican en territorio lenca.

Como si fuera poco, en enero pasado, el Gobierno hondureño aprobó y anunció la construcción, la ampliación y la operación de 14 represas, justificando su decisión por los recientes huracanes llamados Eta e Iota que causaron daños en el país. Con el decreto ejecutivo PCM 138-2020, las represas hasta fueron declaradas megaproyectos priorizados de interés nacional, como una medida para la contención de inundaciones.

Represión y criminalización

La represión tampoco ha parado en el país centroamericano. Desde el asesinato de Berta Caceres en 2016 y según Global Witness, 50 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas en Honduras. “Lastimosamente, en estos cinco años más bien ha empeorado todo. Cuando comenzamos

este trabajo en pro de la justicia el objetivo era aportar a la no repetición de los crímenes en contra de las personas que están defendiendo los territorios. Pero, actualmente, siguen dándose las circunstancias de persecución y de criminalización por parte del Estado y las grandes empresas. No hay una voluntad política y eso va a tardar más tiempo del que nosotras hubiésemos deseado”, comenta Zúñiga.

Foto de Portada: Aldo Santiago

La transición hacia a las energías consideradas verdes o renovables es el objetivo de por lo menos 194 países que firmaron el Acuerdo de París, durante la Conferencia sobre el Clima (COP21), en diciembre de 2015, para evitar que el cambio climático cause aún más desastres en el planeta. Incluso, una de las primeras ordenes ejecutivas del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue reincorporar a su país al acuerdo, revertiendo la decisión de su antecesor Donald Trump.

Pero esta transición energética tiene un costo poco alardeado o minimizado por los países y organizaciones supranacionales que promueven el acuerdo. Este costo es el aumento en escala planetaria, y sus consecuencias sociales y ambientales, de la explotación de minerales como aluminio, cobre, plomo, litio, manganeso, níquel, plata, acero y zinc y minerales de tierras raras.

El Banco Mundial estima que serán necesarias más de 3 mil millones de toneladas de minerales y metales para la implementación de las nuevas tecnologías como la energía eólica, solar y geotérmica y para las baterías para almacenar energía y para automóviles eléctricos. El aumento de la explotación de minerales significa, por ejemplo, en el caso del litio, grafito y cobalto, utilizados en tecnologías de almacenamiento de energía, un aumento de casi el 500% hasta 2050, de acuerdo con un informe del organismo financiero.

Todo eso con el objetivo de cumplir uno de los puntos del Acuerdo de París que es mantener el aumento de la temperatura mundial en este siglo por debajo de los 2 grados centígrados. “Un futuro bajo en carbono será muy intensivo en minerales porque las tecnologías de energía limpia necesitan más materiales que las tecnologías de generación de electricidad basadas en combustibles fósiles”, explica el informe. Los metales son fundamentales para la fabricación de las tecnologías consideradas ‘verdes’ como los paneles solares, turbinas eólicas y baterías.

Cada tecnología energética tiene diferentes composiciones minerales, lo que genera características de demanda que pueden variar significativamente de una tecnología a otra. La energía solar fotovoltaica, por ejemplo, representará la mayor demanda de aluminio, en 87% del consumo total. La energía eólica y geotérmica representarán la mayor parte de la demanda de zinc y titanio, con 98% y 64% respectivamente del consumo total. La energía solar fotovoltaica y la eólica, combinadas, representan el 74,2% de toda la demanda de cobre.

El informe advierte que cualquier escasez de estos minerales pondrá en jaque la implementación en escala mundial de las tecnologías consideradas verdes. De manera que, para incentivar la explotación de estos minerales, el Banco Mundial lanzó un fondo para promover lo que ha denominado como “minería climáticamente inteligente”, de tal manera que busca “garantizar que los minerales necesarios para la transición a las energías limpias se produzcan y suministren de manera sostenible y responsable”, dice el informe.

Para la bióloga Martha Patricia Mora Flores, profesora y investigadora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), hablar de minería sostenible es una incongruencia. “La tecnología utilizada en la explotación minera continúa siendo depredadora, porque continúa utilizando productos químicos, metales pesados en su proceso, además de grandes cantidades de agua y energía para obtener el metal puro. Además, van modificando ecosistemas completos”, explica para Avispa Midia.

Debido al agotamiento de los metales, cada vez se obtienen menos cantidades de minerales por cada tonelada extraída de material pétreo del subsuelo. “Eso demanda métodos más refinados, pero no significa que dañe menos el ambiente”, sostiene la bióloga, “además la explotación se está dando en escalas nunca antes vistas”.

La inversión prevista para lo que el Banco considera como ‘minería climáticamente inteligente’ es de 50 millones de dólares en un plazo de 5 años para acelerar el extractivismo de más minerales. Entre las iniciativas promovidas y financiadas por esta instancia está la prestación de “asistencias a los gobiernos para crear un sólido marco de políticas reglamentarias y de orden legal que promueva la minería climáticamente inteligente y que genere un entorno propicio para el capital privado”, sostiene el organismo.

Actualmente el reemplazo de las energías renovables marcha a una velocidad acelerada, no obstante, de acuerdo con datos el BM, hasta 2017 tan solo se había alcanzado un  reemplazo del 17% de la generación de energía mundial.

Mapeo de los minerales

El Banco Mundial también realizó un mapeo de la producción y de las reservas de minerales a nivel mundial. América Latina es considerada por el organismo financiero como una de las principales fuentes de minerales para la llamada transición energética global, siendo Brasil, Chile, Argentina, Bolivia y Perú los principales países. Los minerales claves en esta región son el litio, cobre, hierro, plata, aluminio, níquel, manganeso y zinc.

Asia es otra región estratégica para esta transición en lo que respecta a los minerales de tierras raras, una lista de 17 elementos químicos necesarios para la fabricación de motores eléctricos, smartphones o paneles solares. Además, la India domina el hierro, el acero y el titanio, e Indonesia cuenta con bauxita y níquel, al igual que Malasia y Filipinas —con cobalto— en menor medida.

África es estratégica con sus reservas de platino, manganeso, bauxita y cromo. Finalmente, en Oceanía, se destacan las enormes reservas de níquel.

Papel de la China

El informe del Banco Mundial subraya el dominio global de la China sobre la explotación de los metales. “China seguirá desempeñando un papel de liderazgo en la producción y en los niveles de reservas en prácticamente todos los metales clave necesarios en escenarios de bajas emisiones de carbono”, sostiene el documento.

¿Quién domina las informaciones?

De acuerdo con el informe del Banco Mundial, el Servicio Geológico de los Estados Unidos proporciona la información más sofisticada y actualizada disponible públicamente sobre la producción y las reservas de minerales en el mundo. Además, de los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón también han establecido programas que rastrean la disponibilidad de estos metales.

¿Quién paga el costo?

El centro mundial de la explotación minera está en el sur global, en los países con los mayores índices de extrema pobreza, que el organismo nombra como ‘países en desarrollo ricos en recursos’. “Los recursos minerales no renovables desempeñan un papel dominante en 81 países que en conjunto representan una cuarta parte del PIB mundial, la mitad de la población mundial y casi el 70 por ciento de los que viven en la pobreza extrema”, dice su informe.

Mientras el Banco Mundial entabla el viejo discurso de las posibilidades de desarrollo de los países y de una minería amigable con el medio ambiente, la realidad en los territorios indígenas y campesino es otra. “Sabemos que los procesos de extracción minera generan enormes impactos en los territorios”, sostiene para Avispa Midia Claudia Ramos, de la Organización Agua y Vida, Mujeres, Derechos y Ambiente. “Conllevan enormes riesgos y violaciones a los derechos de pueblos y comunidades indígena”, señala.

El hondureño José Armando Acosta Contreras, de la comunidad de Azacualpa, en el municipio de la Unión, Honduras, trabajó alrededor de 20 años para  la minera Minerales Occidente (Minosa), filial de la canadiense Aura Minerals, que explota a cielo abierto diversos minerales de su comunidad, como el oro, plata, cobre y el bronce. Contreras tiene la sangre contaminada por los metales pesados como arsénico, mercurio y plomo y sufre las consecuencias en su salud por esta contaminación. A él la empresa lo despidió acusado de actuar en su contra, por defender el cementerio de su comunidad, la última franja de tierra a ser devastada por esta minera.

La Minosa, que desplazó a la comunidad de San Andrés y parte de las comunidades de San Miguel y Azacualpa, sostiene que sus negocios están “enfocados en el desarrollo sostenible”. Para Contreras no existe minería ambientalmente responsable. ‘Desarrollo sostenible’, para él que conoce los procesos mineros desde adentro, es puramente un juego de palabras. “Sino no harían daño a los bosques, tampoco mataría los animalitos. Antes existían muchos animales en estos cerros, pajaritos de todas las clases, ardillas, venados, hasta coyotes. Además, las cinco fuentes de agua que teníamos ya no existen. Todo eso la empresa poco a poco lo destruyó”, comenta para Avispa Midia.

La comunidad está sentada sobre lo que resta de una gran montaña que ha sido devorada por la maquinaria pesada de la minera. “Estamos sentados sobre los minerales. Si Minosa continúa la explotación nos va a derribar de aquí. Somos de acá, tenemos nuestras raíces acá y a nosotros no nos pueden dañar en nuestro propio territorio”, sostiene.

La llamada minería verde, añade Ramos, “es seguir con el ciclo de negocios que alimenta empresas extractivas que tanto despojo, violencia y muerte genera en nuestros territorios”.