A dos meses de haber asumido la presidencia de Chile, Gabriel Boric, considerado por muchos como políticamente de “izquierda”, decretó Estado de Excepción en Biobío y La Araucanía, al sur del país, donde están territorios del pueblo Mapuche.

El despliegue de las fuerzas armadas en la zona del denominado “conflicto mapuche” empezó el miércoles 18 de mayo. La ocupación militar debe durar 15 días, con la posibilidad de prórroga, sin la necesidad de autorización por parte del Congreso Nacional de Chile.

En esas zonas existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, comunidades mapuches y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.

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La declaración del Estado de Excepción se da en un contexto de reclamo de los camioneros y trabajadores forestales para, según ellos, restablecer la seguridad en la zona.

“Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos decretando estado de emergencia (un tipo de Estado de excepción)”, anunció la ministra del Interior de Chile, Izkia Siches, en un punto de prensa desde la sede de Gobierno.

La militarización de algunas provincias de las regiones de La Araucaníay el Biobío no es algo novedoso. Fue ordenada por el expresidente Sebastián Piñera en octubre de 2021. La instrucción, ratificada 10 veces por el Congreso, no había sido renovada por el gobierno de Gabriel Boric, quien asumió el pasado el 11 de marzo.

La aplicación del Estado de Excepción en esas regiones fue una medida que Boric criticó durante la gestión de su antecesor Sebastián Piñera y había asumido el compromiso de no repetirlo.

Histórico del conflicto

En el sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial. El pueblo Mapuche reclama las tierras en las que han habitado por varios siglos y hoy pertenecen, en su mayoría, a empresas forestales y grandes complejos económicos que, según los mapuches, explotan bosques milenarios en los que se han sustituido árboles nativos por eucaliptos.

Oficialmente este proceso es conocido como la “Pacificación de La Araucanía”, en el que se explica la pugna entre los Mapuches y la ocupación del Estado chileno a finales del siglo XIX.

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En los enfrentamientos, un gran número de mapuches han muerto a mano de agentes del Estado, así como decenas de policías y colonos.

^{En portada: Tras salir de prisión, Caal señaló que su libertad, es una clara derrota a la criminalización. Foto: Simone Dalmaso / Prensa Comunitaria}

Bernardo Caal Xol, maestro indígena y defensor del territorio del pueblo Maya Q’eqchi’, en el norte de Guatemala, fue encarcelado el 30 de enero de 2018 por defender los derechos de las comunidades afectadas por la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el río Cahabón por la empresa Oxec S.A., en el departamento de Alta Verapaz.

El 16 de julio de 2020, Amnistía Internacional nombró a Bernardo Caal preso de conciencia. Tras revisar el expediente penal abierto contra Bernardo Caal Xol, la organización encontró que no había evidencia de los delitos que se le acusaban.

“El proceso en su contra muestra patrones similares de criminalización contra otras personas defensoras de derechos humanos que la organización ha documentado en Guatemala”, señaló la organización.

Pese a la falta de evidencias y a la movilización de organizaciones nacionales e internacionales en su apoyo – incluso la relatora especial de derechos de los pueblos indígenas de la ONU expresó su preocupación por la condenada tras visitarle en la cárcel -, Caal fue condenado.

Ningún recurso interpuesto en su defensa logró su puesta en libertad; 69 magistrados se rehusaron a revisar los recursos que planteó su defensa. “En realidad, no era que no quisieran o no pudieran conocer el caso, sino que esta era la estrategia del Estado de Guatemala para ir dilatando el proceso”, sostiene el indígena Maya Q’eqchi’.

Caal Xol cumplió la pena que le impusieron. Logró su libertad el 24 de marzo de 2022.

Mientras el indígena estaba en la prisión, siete proyectos de hidroeléctricas se llevaron a cabo en territorio Maya Q’eqchi’ en el cauce del río Cahabón, incluso en su comunidad.

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En una sentencia que el indígena califica como “vergonzosa”, la última instancia de Justicia de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, consideró que sí hubo violación a los derechos de los pueblos y que sí habría la necesidad de hacer una consulta libre, previa e informado; al mismo tiempo dio luz verde para que la empresa llevara a cabo el proyecto.

La empresa Oxec desvió 50 kilómetros del río Cahabón para que el agua fuera represada. En este trecho del río desviado, “están los guardias de seguridad armados de la empresa, cuidando para que nadie toque el agua”, cuenta Caal Xol.

Además, donde pasaba el río se quedó seco. “Las familias que viven ahí ya no tienen donde hacer uso del agua. El racismo con el cual actúan estas empresas y el Estado en ignorar la situación de las familias que se quedan sin agua que, ahora, tienen que caminar horas para conseguir un poco de agua. Lo único que hicieron fue regalar tinacos a las familias para colectar de la lluvia, mientras se llevaron el río”.

Avispa Midia platicó con Caal Xol en Guatemala un poco más de un mes de estar en libertad.

En una larga entrevista, el indígena Maya Q’eqchi hace un recuento de cómo ha sido el proceso de criminalización de la lucha por defender el territorio, desde la llegada de la empresa Oxec. Lo que vivió es “una muestra de cómo en Guatemala las empresas criminalizan y cómo cooptan al Ministerio Público, los jueces, magistrados”.

Existe un segundo expediente penal abierto contra Caal, “es como una cadena para tenerme amarrado en los tribunales de Justicia”. Pese a ello, el indígena, con una mezcla de rabia e indignación de lo que está pasando en su territorio y en otras partes de América Latina, sostiene: “eso no puede ser”, “tenemos que continuar porque a nosotros se nos enseñó a defender el medio ambiente, a defender la naturaleza; esta lucha sigue”.

En lo que sigue, reportamos algunos de los temas platicados en esta entrevista.

La llegada de la empresa

Empezamos a notar la presencia de personas extrañas, vehículos extraños en el territorio. De repente llega maquinaria bastante grande y empieza a escarbar el río Cahabón y a desviar su curso. No sabíamos quién era esta gente y lo que estaba haciendo en nuestro territorio.

Fue entonces que nosotros empezamos a averiguar lo qué estaba pasando. Constatamos que el Ministerio de Energía y Minas ya había autorizado las licencias. Los permisos ya habían sido publicados en el periódico oficial del Estado, el Diario de Centroamérica. Ya era oficial la decisión de construir las hidroeléctricas.

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Estas empresas llegan con engaños, con mentiras. Como siempre lo hacen, llegan diciendo que van a llevar desarrollo a las comunidades. En mi comunidad empezó a construir la empresa Oxec S.A.

Comunidades empiezan la organización

Nos damos cuenta del desvío del río y empezamos a reunirnos en asambleas y a tomar decisiones. Buscamos asesoría hasta la capital.

Las comunidades designan, por la gran distancia entre nuestro territorio y la capital, una comisión para que esté viajando constantemente, son aproximadamente unas 15 horas de camión. Y a mi me toca estar en la comisión como un vocero, para hacer las denuncias. Me vuelvo una cara visible para lo que denuncian todas las comunidades.

Ganan amparo

Se firma un amparo, yo soy el amparista, para poder detener la construcción de la empresa Oxec S.A. Más de 100 comunidades me delegan.

Pasado alrededor de un año de haber ingresado el amparo, la Corte de Justicia [última instancia de Justicia en Guatemala] reconoce la violación de derechos. El Estado de Guatemala no realizó la consulta libre, previa e informada. Tampoco dimos nuestro consentimiento. No fuimos consultados. Nuestro fundamento legal es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Así que, con el tiempo, nos da la razón las últimas instancias de justicia y se suspenden las licencias.

Viene la persecución

A partir de la suspensión de las licencias empieza la persecución, empieza la criminalización. Los medios corporativos empiezan a difundir noticias todos los días, en grandes titulares, sobre mi persona. Difamándome, calumniándome.

Fue una estrategia para ir preparando el terreno para que el pueblo de Guatemala me odiara, para causar el odio social.

La primera orden de captura

Entonces surge una orden de captura contra mí y después otra. La primera orden de captura decía: ‘se ordena su captura por estafar al Estado de Guatemala’.

Yo soy maestro, yo enseño. Y lo que argumentaban en sus acusaciones era que yo cobré salarios un año y no me presenté a la escuela con los niños – yo soy maestro de niños y niñas.

Hay un acuerdo de la ministra de Educación de Guatemala donde me cancela el trabajo, me cancela el contrato. Es aquí donde se inicia la persecución penal. Es una estrategia del Estado de Guatemala y de las empresas.

Yo me presento ante el juez, que emite la primera orden de captura, para presentar mis documentos y decirle ‘mira, yo no cometí el delito que usted dice’. Con las pruebas, no me pudieron llevar preso.

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Entonces, apuradamente, cambió el tipo penal con el cual me acusaban. Lo nombró como ‘retenciones y apropiaciones indebidas’. Todavía sigue el expediente abierto. Es como una cadena para tenerme amarrado en los tribunales de justicia. Imagínate, este expediente está abierto desde 2016. Lleva seis años este proceso penal allí.

El objetivo era hacer creer el pueblo de Guatemala que quien está denunciando estas hidroeléctricas es un estafador. Pude probar lo contrario.

La segunda orden de captura

Entonces empezaron a trabajar otra orden de captura, ‘por robo agravado y detenciones ilegales’.

Ellos decían que yo y 100 personas más detuvimos un vehículo, que yo bajé a los tripulantes y ya, cuando los tenía abajo, empecé a arrojar a las cosas del vehículo, eran unos cables de la empresa Oxec. Este es el ‘robo agravado’ que me acusaron. Y ‘detenciones ilegales’ porque detuvimos el vehículo, dicen ellos.

La prisión

En enero de 2018 me presenté a una audiencia por la primera orden de captura para poder finalizar las acusaciones. Ahí fui detenido, debido a la segunda orden de captura. Por los delitos que me acusaron, me sentenciaron a siete años y cuatro meses de prisión.

Los testigos de la empresa Oxec decían al juez que fui yo el que robó. Pero yo ¿qué he robado? Primero es ilógico que yo, un amparista contra Oxec, les haya robado. Lo otro ilógico es que yo soy maestro. Yo trabajo con lapicero, con marcador, con mi pizarrón, con carteles, con cartulina, con libros, estas son mis herramientas de trabajo y no como ellos dicen que yo me robé costales de cables que ellos llevaban para la empresa Oxec. Sin embargo, el juez me sentencia.

Cumplí la sentencia. Hay una normativa aquí en Guatemala que dice que aquel privado de libertad al llegar a la mitad de la pena si documenta y argumenta haber tenido una buena conducta en el sistema penitenciaria y haber trabajado se puede pedir la libertad. Eso fue lo que yo hice. A parte de tener una buena conducta, como yo soy maestro, también estuve dando clases a los privados de libertad, que les negaron una educación desde su niñez.

Logré la libertad el 24 de marzo de 2022. Hace un mes y un par de días que salí de la prisión.

69 magistrados

Cuando fui sentenciado procedí a la apelación de mi sentencia. Dos años estuvo mí expediente sobre los escritorios de los magistrados. Se excusaron 69 magistrados en no querer analizar el expediente. En realidad, no era que no quisieran o no pudieran conocer el caso, sino que esta era la estrategia del Estado de Guatemala para ir dilatando el proceso.

La interpretación es que el sistema de Justicia está cooptado. Esta es una muestra de cómo las empresas criminalizan, uno; lo otro es que estas empresas cooptan al Ministerio Público, los jueces, magistrados.

Clamor popular

Un punto fundamental en este proceso fue el clamor popular. Yo, en la prisión, empiezo a escribir cartas para continuar con las denuncias, se empieza a difundir las cartas, muchas organizaciones nacionales e internacionales se enteran del proceso, empiezan los pronunciamientos. Las comunidades en resistencias también siempre estuvieron al tanto de mí, nunca me abandonaron.

Luz verde para la empresa

Cuando suspenden el proyecto de la hidroeléctrica empiezan las cámaras empresariales a presionar a la Corte de Constitucionalidad; empiezan a presionar a los magistrados para que cambiaran la decisión, de manera que estas empresas continuaran sus obras. Al fin, como decimos aquí en Guatemala, estos magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad no aguantaron la casaca, se vieron presionados y cambiaran la sentencia.

Una sentencia vergonzosa

En pocas palabras lo que dice la sentencia es que si bien es cierto violaron los derechos de los pueblos mayas, las empresas pueden continuar las obras. La sentencia también dice que se debe hacer las consultas, y no las hicieron. Así lo dejaron. Entonces las empresas continuaron.

Es una sentencia vergonzosa ante los ojos del mundo. Sí, están reconociendo que hay violación de derechos y, al mismo tiempo, permiten que continúe, es decir, permite que se continúe violando.

Llegamos a la última instancia y nos dan una resolución de esta forma. Tal vez tengamos que apelar internacionalmente porque aquí ya no hay qué pelear jurídicamente.

Energía eléctrica y acuerdos de paz

En 1960 se inicia el conflicto armado interno aquí en Guatemala. La política era de tierra arrasada. Bombardeaban a las comunidades que el gobierno y el ejército consideraban guerrilleras, aunque no lo fueran. Una vez así lo declaraban, guerrilleras, acababan con esta comunidad.

Eso dura 36 años. En 1996 se firman los acuerdos de paz, que no se cumplen hasta hoy. ¿Qué es que pasaba mientras se preparaba esta firma? Se gestaban paquetes de leyes para hacer negocio con la energía eléctrica, para que pudieran entrar libremente estas empresas que hoy estamos viendo en nuestros territorios.

Los acuerdos de paz y las leyes que fueron creadas a partir de entonces fueron una estrategia de las familias oligarcas en Guatemala para entrar en los territorios, ya no con armas, sino con leyes que regulan la explotación.

Ahora hay una empresa que genera la electricidad, hay una empresa que la transporta y hay una empresa que la distribuye. Así es como se reparten los negocios. Y el mejor negocio que tienen ahorita es la construcción de hidroeléctricas porque eso les está generando muchas ganancias.

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Cuando llegan las comunidades a solicitar electricidad – porque están viendo que allí en su territorio se está produciendo mientras están en la obscuridad – entonces lo que les dicen, ‘pues mira, mi trabajo es solamente generar, yo no vendo’. Ya viene otra empresa toma esta electricidad y se la lleva a México y a otros países de Centroamérica, mientras las comunidades de Alta Verapaz, que más produce energía en Guatemala, se quedan en la obscuridad.

Y ¿de dónde sale la arquitectura de toda esta infraestructura? De las leyes que se iban preparando cuando se estaba negociando los acuerdos de paz.

Una persona que le haga daño a un bosque, a una montaña o a un río, uno va a denunciar y el mismo fiscal dice: ‘mire, su denuncia sí vale la pena, pero la ley dice que no tiene caso’. Se puede pagar una multa de cierta cantidad, que es vergonzosa, y se acaba el delito. ¿Cuándo prepararon esta ley? Uno ve la fecha y es de cuando estaban negociando los acuerdos de paz.

La criminalización también desde allí la preparan a todos los que se opongan a los megaproyectos. Para eso están los jueces, los Ministerios Públicos, la policía para ir a defender estas empresas.

En 2012, en el gobierno del presidente de Otto Pérez Molina [un general retirado del Ejército de Guatemala, que gobernó entre 2102 y 2015 y fue encarcelado por corrupción] firmó licencias para autorizar que se construyeran varias centrales eléctricas sobre el río Cahabón, en el departamento de Alta Verapaz.

Son 195 kilómetros de río Cahabón, desde que nace hasta que se desemboca en un lago que se llama Lago de Izabal. De estos 195 kilómetros, 50 kilómetros lo cortan, lo desvían para construir varias centrales hidroeléctricas. Actualmente han sido construidas siete hidroeléctricas sobre el río Cahabón.

Libertad

Ahora que llevo más de un mes de estar en libertad, vamos a retomar nuevamente el tema, porque eso no puede ser, ¿verdad? Las comunidades han continuado y las organizaciones, que nos han acompañado, siguen en la lucha. Tenemos que continuar porque a nosotros se nos enseñó a defender el medio ambiente, a defender la naturaleza. Esta lucha sigue.

Un incendio destruyó la comunidad Yanomami Aracaçá, en el estado de Roraima, en la Amazonia brasileña, donde vivían alrededor de 30 indígenas. La destrucción ocurrió tras la denuncia de violación y el asesinato de una niña Yanomami de 12 años por garimperos (término portugués para designar los mineros informales, que explotan minerales principalmente en zonas remotas de la Amazonia).

Una tía de la niña intento contener los agresores, sin embargo, los mismos lanzaron a un río a su hijo, que todavía está desaparecido.

La denuncia fue hecha el 26 de abril por el Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanommami, órgano encargado del sector de salud del pueblo Yanomami, y por el indígena Júnior Hekurari Yanomami. El tema tomó mayores proporciones días después con la denuncia del incendio que destruyó la comunidad.

El caso sigue siendo investigado por órganos del Estado. Sin embargo, la Hutukara Associação Yanomami (HAY), en un comunicado, sostuvo que viene trabajando para reconstruir los sucesos denunciados por los Yanomami. “Pese a que no se ha reunido informaciones suficientes para aclarar los crímenes denunciados, se obtuvo informaciones que develan un grave histórico de tragedias asociadas al garimpo en la comunidad”.

Una de las principales tragedias está vinculada con las violaciones a mujeres y niñas por los garimperos. Hasta el momento “se ha confirmado el escenario desolador vivido por la comunidad a partir de las relaciones impuestas por el garimpo, con reiterados testigos de violencia sexual en serie”, señala la organización en el comunicado.

En la comunidad Aracaçá “ha casos generalizados de abusos y violencia. La vulnerabilidad de las personas de la comunidad es tan grande que es muy probable que la violencia continúe cotidianamente”.

De acuerdo con el informe Yanomami sob Ataque, de la HAY, la región donde está la comunidad Aracaçá es una de las más impactadas por el garimpo. El informe también registra que los ataques de los garimpeiros hacia a los indígenas son frecuentes.

Para la organización, los últimos hechos de violencia denunciados deben ser comprendidos en este escenario, “en el cual mitad del territorio Yanomami está bajo presión de invasores”.

La recomendación hecha por la organización viene en un contexto en el cual se intenta responsabilizar los propios Yanomamis por el incendio.

“Con base en eso, defendemos que se conduzca una investigación más amplia y profundizada que lleve en consideración el histórico de violencias vividas por los indígenas en Aracaçá en consecuencia del garimpo en el territorio Yanomami”, llevando en consideración que es un pueblo que vive de acuerdo con sus costumbres tradicionales y con su lengua ancestral.

Violencia sistemática

El territorio Yanomami es el territorio indígena más grande de Brasil reconocido por el Estado, son 10 millones de hectáreas en la Amazonía. El territorio es conformado por diversas comunidades y Aracaçá es una de ellas.

La problemática que ha vivido Aracaçá no es un hecho aislado en el territorio Yanomami. “En todo el territorio el garimpo invade nuestras tierras, destruye nuestras tierras, destruye nuestro modo de vida, nuestras cosechas y genera hambre y violencia. Nuestras mujeres y niñas están siendo violentadas en diversas regiones aisladas por el garimpo. Nuestras familias están enfermándose y muriendo de enfermedades”.

De acuerdo con Biodiversidad en América Latina, se calcula que unos 29 mil indígenas viven en la zona, en aproximadamente 350 comunidades. Hay 273 comunidades afectadas por la minería, lo que impacta a más de 16 mil personas.

^{English translation by Schools for Chiapas. Cover photo: Special Envoy on Climate Changes for the United States, John Kerry, accompanies the President of Mexico in a tour of parcels of Sembrando Vida in Palenque, Chiapas, October 2021.}

While Andrés Manuel López Obrador tours the various countries of Central America to promote the extension of governmental assistance programs such as Jóvenes Construyendo el Futuro (Youth Constructing the Future) and Sembrando Vida (Sowing Life), the latter is implicated in undermining community organization in indigenous and campesino communities in Mexico, according to a report published by the Center of Studies for Change in the Mexican Countryside (Ceccam).

“The indigenous and campesino communities in Mexico have an extensive tradition of collective management of territory, supported by social ownership of the land with the assembly acting as the highest authority. The Sembrando Vida program is intentionally undermining these structures that allow the communities a certain level of autonomy,” Ana de Ita  writes in the publication elaborated by Ceccam, Community and Autonomy in the face of Sembrando Vida.

“In addition to this denunciation, there are other consequences of the program: that of causing deforestation in order to enter into the program, the opacity in the management of the government budget, as well as the creation of parallel organizations to that of the communities for decision-making, which is used to buy wills.

Among these problems, identified by campesino and indigenous communities of Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, and Yucatan, they underscore that the most damaging effect of the program is the destruction of the community fabric and of the organizing structures of decision-making.”

Ceccam’s publication also brings together the perspectives of agroecologists, researchers and civil organizations that accompany community members in various regions of the country. Because of this, one of the publication ‘s research projects is to be able to identify the uses that Sembrando Vida can have  in the the regions where the intent is to impose megaprojects like the Mayan Train, the Transithmic Corredor, “and other where it is urgent that the communities are not an obstacle.”

It is difficult for the participants in the Sembrando Vida program to participate in “social resistance movements, for example, in the face of the government’s megaprojects, or the extractive interest of companies, when they fear that they will lose the benefits of the program,” Ana de Ita reports in her text entitled “Sowing Envy,” included in the publication.

For Ita, this explains the coincidence in the new lines of the “Mayan Train” with the locations of Sembrando Vida, as well as the express instructions to include the municipalities of the Interoceanic Corridor in Oaxaca.

Neoliberalism and the reorganization of the countryside

The director of Ceccam indicates that the implementation of the program weakens community organization due to the fact that it follows the neoliberal logic “that leaves the realm of rights and places itself in the realm of handouts, granted to whomever the government decides.” This wayd, the resources are given to individual producers, who spend the money on personal consumption rather than strengthening community organization.

“In regions in which the program is operating, an increase in luxury spending has been noted, such as beer in a can, since in the rural communities there are not many alternatives for consumption of other goods; health, education, culture, nutrition, etcetera, and what is most readily available is junk food,” Ita denounces.

Another common problem is that young people and women don’t have land, and in many cases they don’t have the 2.5 hectares required, personally, in order to enter the program. According to the program, in these cases, individuals can access the required acreage by establishing a share-cropping contract with the agrarian nucleus until at least 2024.

To Ita, this means that the program encourages collective social property to be parceled and individualized. “In lands of common use that the ejido cedes for a period of time to campesinos that don’t have it, they will plant fruit and timber  trees that will just be producing when the program ends, so it will be very difficult to return this land to the common use of the agrarian nucleus,” the director of Ceccam maintains.

Sembrando Vida proposes the coordination of the program through so-called Campesino Learning Communities (CAC), which in fact form a parallel organization to the community or ejidal assembly, which is the main authority in the territories. “Contrary to the strategy of better organized communities which strengthen the power of their assemblies, the CAC do not report to, nor are they held accountable by the agrarian assemblies,” Ana de Ita reports.

Deforest, in order to re-forest?

The goal of Sembrando Vida is the reforestation of a million hectares, and for this, between 600 million to a billion trees are needed, according to federal government figures.

It does not have this number of trees, however, and since the announcement of the program, forestry experts warned of the absence of capacity for production of such a quantity of plants in Mexico. According to the data from the Secretary of Welfare, in 2019 only 14% of the goal of 575 million trees were planted and survived.

Among the complaints that Ceccam compiled, campesinos reported that they are obligated to plant trees that don’t belong in the region, which is why they frequently die and, despite this, “they demand that they replant them, instead of planting trees that are adapted to their own climatic conditions. For example, in the Northern Sierra of Oaxaca, they are demanding that they plant cedars that need a lot of water which is scarce in the region, which is why many plants have died,” Ita maintains.

This is in addition to the evidence that has emerged in states such as Puebla, Campeche and Chiapas, where farmers, organizations and the press have documented the deforestation of land for the purpose of registering it with Sembrando Vida.

“But this problem can’t be demonstrated, because the government hasn’t made public the location data of each of the 430 thousand parcels,” clarifies the Ceccam researcher.

Audits

The budget assigned to Sembrando Vida in 2022 reaches 29 billion 231 million pesos, an amount close to the total which corresponds to the Secretary of Agriculture (32 billion 750 million). Notwithstanding its resources, the program is only destined for 430 thousand campesinos of the 5.5 million agricultural producers and around 2.5 million agricultural day laborers that exist in the country, according to data from the National Institute of Statistics and Geography.

In this context, the program has been evaluated by entities  like the Federal Superior Audit Office (ASF), which detected shortcomings in its design, content and implementation. According to its Individual Report of the Results of the Superior Audit of the 2019 Public Account, “the objective of achieving that agrarian subjects in rural locales with income below the line of welfare, have enough resources to make the land productive,” is at risk.

Without participation of the communities

For the researcher, the execution Sembrando Vida, like other federal programs, has avoided the social participation in the design of its public policies in accusing the campesino organizations of being corrupt.

For Ana de Ita, it is necessary to remember that during the current federal administration, the recognition of indigenous rights has not received any impetus, and “and the guardians of the forests and the jungles are threatened and persecuted for their labor of caring for them.” According to data by Global Witness, in 2020, 30 environmental defenders were murdered in the country, placing Mexico at the second-most violent in the world.

In this context, the Ceccam member writes, “to not take into account the agrarian authorities, the forms of organization in the countryside, the systems of community charges, the forms of collective work, the ways of making decisions —and in not addressing the campesino agrarian nuclei as collective owners of the land, but instead as individuals, choosing some and not others —the end of this term [AMLO’s 4T] will not see a single difference, neither in the reduction of poverty, nor in reforestation and care of the forest.”

^{Por Colectivo Geocomunes / En portada: Pobladores de Álvaro Obregón se manifiestan contra la imposición de un parque eólico de la empresa Mareña Renovables. Foto: Santiago Navarro F.}

En las primeras publicaciones se analizaron como el proyecto del Corredor Interoceánico está provocando un proceso de industrialización y privatización de tierras colectivas y la presión que ejercerá sobre el agua con su posible acaparamiento y contaminación.  Esta tercera y última publicación está enfocada en analizar cómo este proceso de industrialización implica también el despliegue de una nueva ola de proyectos de generación de energía para responder a las altas demandas energéticas relacionadas con el megaproyecto.

Para entender mejor esta nueva ola prevista, es importante analizar primero cuál ha sido el despliegue de proyectos energéticos en la región en las últimas décadas y el para qué y para quién de la energía producida.

¿Cuál es el despliegue actual de la infraestructura energética en el istmo?

En los municipios que han sido involucrados de manera directa en el proyecto del Corredor Interoceánico, existen diversas centrales eléctricas en operación las cuales hasta el 2022 sumaban 4,092 Megawatts (MW) instalados. Pero en esta misma región, diversas empresas se encuentran promoviendo nuevos proyectos eléctricos que de construirse agregarían 2,248 MW a la capacidad de generación operando hasta la fecha.

Para el caso de las centrales de generación eléctrica conocidas como “renovables”, el Istmo de Tehuantepec y en particular su zona sur se ha convertido en un área de expansión masiva de proyectos eólicos. Actualmente en el Istmo existen 28 parques eólicos en operación con una capacidad de generación eléctrica total de 2,700 MW, la cual se reparte en 1,580 aerogeneradores instalados hasta el momento. El área que ocupan estos parques corresponde a una superficie de 31 mil hectáreas (ha). También existen 10 parques en fase de construcción o en proyecto con una capacidad proyectada total de 1,100 MW, repartidos en 404 aerogeneradores previstos a instalarse sobre una superficie total de 13 mil ha.  En total son alrededor de 50 mil hectáreas que son ocupadas o amenazadas por proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec.

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Las principales empresas dueñas de los parques actualmente operando son: Acciona (6 parques y 596 MW), EDF (4 parques y 391 MW), Iberdrola (5 parques y 277 MW) y Enel Green Power (3 parques y 246 MW). Con la construcción de su nuevo proyecto eólico llamado “Gunaa Sicarú” (252 MW), la empresa francesa EDF se volverá la compañía con mayor capacidad instalada para la generación eléctrica en el Istmo.

Para ver la ubicación y los datos detallados de cada central eléctrica, acceder al mapa interactivo:

Para el caso de las centrales eléctricas que consumen combustibles fósiles, en el Istmo opera 1 central de Ciclo Combinado y 19 centrales térmicas, principalmente ubicadas en la zona norte de la región ístmica (municipios de Coatzacoalcos, Nanchital, Cosoleacaque y Minatitlán). La mayoría de estas centrales funcionan con gas natural, con excepción de las que operan al interior de las refinerías de Minatitlán y Salina Cruz que funcionan con combustóleo y 3 otras centrales que hacen uso de diésel, bagazo de caña y combustóleo. La capacidad instalada de estas centrales acumula hasta la fecha es de 1,356 MW, de los cuales 619.5 MW pertenecen a centrales de PEMEX y los restantes 736.5 MW a empresas privadas como por ejemplo: CYDSA, Grupo Infra, Braskem Idesa y Contour Global PLC.

En la región del Istmo, existen proyectos con permiso autorizado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la construcción de 2 centrales eléctricas, una a base de gas natural con 200 MW de potencia y otra proyectada para consumir bagazo de caña con una capacidad de 28 MW. También existe un proyecto de central de cogeneración en Salina Cruz que consiste en la construcción de una nueva planta a base de gas natural con una capacidad de 812 MW. De realizarse estos proyectos sumarían 1,040 MW de nueva capacidad de generación eléctrica que incrementarían la demanda de combustibles fósiles en la región.

Mucha de esta energía eléctrica con base en el consumo de hidrocarburos alimenta a la misma industria fósil instalada en la región, y el conjunto de proyectos eléctricos fósiles y eólicos planeados para instalarse en el Istmo, responden a estas mismas necesidades energéticas de los proyectos industriales y de transporte masivo de mercancías que el Corredor transístmico promueve.

En el Istmo de Tehuantepec también están ubicadas algunas redes para la transmisión regional de esta energía eléctrica, las cuales se encuentran articuladas al Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) y su Mercado Eléctrico Regional (MER). El SIEPAC está en proceso de conectarse con el subcontinente suramericano por medio de una línea de transmisión que cruzará la frontera Panamá-Colombia, y que se suma a la interconexión eléctrica ya existente entre México y Guatemala, con lo que se está configurando un sistema integrado de trasmisión eléctrica de escala continental.

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Sumada a esta red de transmisión articulada hacia el sur del continente también existen proyectos para conectar con una nueva línea de transmisión de alto voltaje (500 KV) el área sur del istmo de Tehuantepec (Ixtepec) con Yautepec, Morelos en el centro del país. Esta nueva línea tiene por objetivo desahogar la electricidad generada por los parques eólicos en el istmo debido a que las líneas actuales se encuentran saturadas, lo que  permitiría la construcción de nuevos parques eólicos en la región. Si bien, en 2019 se canceló por parte de la CFE la  licitación para este proyecto de trasmisión, no deja de estar en la carpeta de proyectos energéticos a futuro.

El Istmo de Tehuantepec no sólo ha sido utilizado para la generación eléctrica; colindante al norte de esta esta región se encuentra la zona de mayor extracción y reservas de hidrocarburos del país, así como el núcleo industrial de la producción petroquímica nacional y una de las mayores zonas de producción de petrolíferos.

Según datos de la Secretaría de Energía (SENER) en 2021 el 95.6% de la extracción de petróleo y el 79.8 % de la extracción de gas natural en el país, tuvo lugar en pozos ubicados en la región conocida como cuencas del sureste colindante al noreste del Istmo, y es también ahí mismo donde se localiza el 74.8 % de las reservas probadas (1P) de hidrocarburos que se tienen cuantificadas hasta la fecha. Sumada a esta existencia de recursos fósiles cercana al istmo, también existe la concentración de la transformación industrial de los mismos. Para el 2021, el 38.2% de la producción de petrolíferos en el país, tuvo lugar en esta región, proporción que aumentará en los próximos años cuando inicie operaciones la séptima refinería del país ubicada en Dos Bocas, Tabasco. En el caso de la producción de la industria petroquímica, la región concentra la mayor proporción a escala nacional que para el 2021 llegó a representar el 92 % del total de la producción petroquímica.

Esta extracción y transformación de hidrocarburos se encuentra articulada con una red de ductos para el transporte de los productos de la industria fósil. Uno de los elementos que involucra el Corredor Interoceánico es la ampliación de esta red en la región, la cual actualmente está compuesta por ductos de Pemex para transportar gas natural, gas LP, petróleo y petrolíferos, de entre los cuales destacan 2 oleoductos que van de Teapa a Salina Cruz, un poliducto de Minatitlán a Salina Cruz y un gasoducto que corre de Jáltipan a Salina Cruz el cual fue rehabilitado en el año 2014.

Para la ampliación de esta red de transporte de hidrocarburos se han contemplado varios proyectos que han cambiado de nombre con los años, pero que en la actualidad aún se encuentran en el tintero de proyectos energéticos en la región. Los principales son un gasoducto que lleve gas natural desde el norte del Istmo a Salina Cruz el cual estaba considerado en el plan de expansión de ductos impulsado en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que se mantiene en la actual administración como un proyecto para “atender las necesidades del Corredor transístmico”.

El otro proyecto extiende la red de transporte de gas natural desde el sur del Istmo hacia los países centroamericanos el cual también se mantiene en los planes del gobierno actual bajo el nombre de Gasoducto Prosperidad. Con estas dos expansiones de la Red Nacional de Gasoductos entre Jáltipan-Salina Cruz y su extensión de Salina Cruz hacía Tapachula y Centroamérica, se pretende avanzar en la configuración de una red articulada de transporte terrestre de gas entre Estados Unidos, México y los países Centroamericanos.

A esta red habría que agregar el proyecto de instalación de una terminal de licuefacción de Gas Natural Licuado (GNL) en el puerto de Salina Cruz de la que se comenzó a hablar desde 2014, como parte de una segunda fase del proyecto conocido como Cinturón Transoceánico, con el que se planeaba ampliar el transporte de gas natural desde el Istmo hacia Asia y Oceanía.  Para la realización de este proyecto de una terminal para la exportación de GNL en Julio de 2019, el director de Operaciones de la Overseas Private Investment Corporation (OPIC), ahora llamada International Development Finance Corporation (DFC) de Estados Unidos, anunciaba la intención de financiar con 250 millones de dólares la construcción de esta planta en el sur de México.

En agosto de 2021, la CFE mediante su empresa subsidiaria CFEnergía, avanzaba en el diseño del proyecto mediante la publicación de una convocatoria para “conocer el interés por parte del sector privado en el desarrollo de infraestructura de licuefacción de gas natural en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca”. Con la construcción de esos gasoductos en el Istmo y en Chiapas para conectarse con centroamérica se cumplirá una de las otras metas previstas dentro del “Proyecto Mesoamérica”, generar una interconexión de gas entre EEUU, México y Centroamérica. Lo que permitiría darle mayor salida a los excedentes de gas mediante la técnica de fracking en EEUU.

¿Para qué y para quién sirve la electricidad producida o proyectada en el Istmo? Análisis de los contratos de autoabastecimiento para parques eólicos en el Istmo y de las empresas que se benefician de ellos

Hasta ahora, 20 de los 28 parques eólicos operando en el istmo están bajo la modalidad de “autoabastecimiento”. Estos 20 parques de autoabasto representan el 75% de la capacidad de generación de los parques eólicos instalada en el Istmo.

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La energía que resulta de estas centrales alimenta una parte del mercado paralelo de electricidad en el cual son las grandes cadenas comerciales como Soriana, Walmart o Chedraui las que demandan un cuarto de la energía eléctrica total que se genera en estos 20 parques ubicados al sur del Istmo.

Análisis del consumo de electricidad en el istmo:

En 2018, el sector industrial representó el 53.5% de las ventas de electricidad total en los 79 municipios que conforman el Corredor Interoceánico mientras el sector residencial representó el 36.8%.

Solo 10 municipios concentran el 75% de las ventas de electricidad para este año: Coatzacoalcos, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Minatitlán, El Barrio de la Soledad, Salina Cruz, Cosoleacaque, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Acayucán y San Andrés Tuxtla. Tan solo el municipio de Coatzacoalcos concentra el 37% de las ventas de electricidad en esos 79 municipios.

El gran consumo eléctrico en esos municipios se explica por su vocación industrial, principalmente  derivada de los productos petroquímicos en la zona norte del istmo. Solo dos de los municipios de mayor consumo de electricidad se encuentran en la zona sur del istmo. En el caso del municipio El Barrio de la Soledad, este gran consumo eléctrico se debe a la presencia de la cementera Cruz Azul que utilizó en el 2018 el 95% de toda la electricidad consumida en el municipio. Es 4.5 veces más que los 5,635 usuarios domésticos registrados en este municipio.

Tomando en cuenta el papel preponderante que tiene el sector industrial en el consumo eléctrico regional y nacional (la industria consumió en 2018 el 60% de la electricidad generada en México), la instalación de 10 nuevos parques en el istmo aumentará drásticamente la demanda eléctrica en la región.

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Según el documento “Resumen Ejecutivo Plan Estratégico y Plan Maestro Conceptual del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec” se estima que por la demanda eléctrica ligada a las actividades industriales previstas en el istmo se multiplicará por 2.5 entre 2030 y 2050 pasando de 3,294 a 8,348 millones de watt/hora anuales.

Para responder a este aumento de la demanda eléctrica se tendrán que instalar nuevas centrales eléctricas en el Istmo aunque por ahora no hay información precisa de cuántos centrales serían, donde se ubicarán y en qué tecnologías se basarán. Se puede, sin embargo, sospechar una nueva ola de proyectos eólicos en la parte sur del istmo, nuevas centrales basadas en gas en la parte norte y también en la zona sur abastecidas por los proyectos de gasoductos previstos dentro del Corredor Interoceánico.

¿Utilidad pública? ¿Quiénes y en dónde no cuentan con acceso a la electricidad en el Istmo?

Habiendo tantos proyectos energéticos, es necesario preguntarnos ¿las poblaciones circundantes tienen acceso a esta electricidad? Conocer si la existencia de estos proyectos se refleja directamente en un mayor acceso a la electricidad de las comunidades aledañas resulta muy importante para valorar su utilidad pública.

En 2010, Veracruz y Oaxaca fueron las dos entidades con mayor número de personas en hogares sin disponibilidad de energía eléctrica, registrando en Veracruz 219 mil 528 personas sin electricidad en sus viviendas, y 185 mil 309 en Oaxaca. Según la encuesta intercensal, en 2015, Oaxaca fue la entidad federativa con un mayor número de personas en viviendas sin acceso a luz eléctrica (183 mil 199), seguida de Veracruz con 136 mil 989 personas en esta situación. Para 2020, el Censo de Población de Vivienda registró en Veracruz 85 mil 742 personas en hogares sin disponibilidad de electricidad, mientras que Oaxaca fueron 78 mil 736 personas. En este último año (2020), la mayor parte de la población en viviendas sin disponibilidad de electricidad era hombre (53% a nivel nacional, 54% en Veracruz, 51% en Oaxaca).

Para el año 2020, tan sólo en los municipios abarcados por el Corredor Interoceánico, hay 11.8 mil viviendas sin electricidad, lo que representa el 1.69% de las viviendas de esos municipios.

A nivel de localidad, los contrastes son más amplios: de los 79 municipios que abarcan el proyecto, 35 de éstos tenían al menos una localidad donde el 50% de las viviendas no tenían acceso a electricidad (16 en Oaxaca y 19 en Veracruz). De estos municipios, 19 tenían al menos una localidad donde el 100% de las viviendas no tenía acceso a la electricidad (9 en Oaxaca y 10 en Veracruz).

Como vemos en el mapa, las zonas donde más se produce electricidad, también es donde se concentra más la carencia de este bien: al norte, la zona adyacente a Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque y, al sur la región centrada en San Mateo del Mar, Salina Cruz, Santo Domingo, Juchitán, Santa Maria Xadani, entre otros.

Dentro del debate energético actual, tanto a nivel mundial como nacional, el caso del Corredor Interoceánico, aparece como una cuestión y un sector clave. Por un lado, por el despliegue de una nueva infraestructura de centrales eléctricas, líneas de transmisión y subestaciones para responder a la nueva demanda eléctrica de los parques industriales previstos. Por otro, y de manera complementaria, por el incremento del proceso de extracción de hidrocarburos en la zona norte del istmo con la puesta en marcha de la refinería de Dos Bocas y su procesamiento en los parques industriales previstos, así como su transporte y exportación por medio de la red de gasoductos previstas y de la ampliación de ambos puertos.

De la misma manera que lo que se constató en la publicación anterior sobre el tema del agua, no existe hasta ahora suficiente información sobre los proyectos energéticos concretos previstos para abastecer los nuevos parques industriales. ¿Serán centrales eólicas, de gas, hidroeléctricas, fotovoltaicas? ¿Dónde se instalarán? ¿Quién va a promover esas centrales? ¿La CFE? ¿Empresas privadas? ¿Ambos?

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Frente a tantas dudas, una cosa queda clara: cuál sea la decisión o el plan previsto, llevar adelante este proyecto implicará saturar aún más de infraestructura energética la región (de extracción, procesamiento y transporte de hidrocarburos o de generación y transporte de electricidad), cuando esos proyectos energéticos son los detonadores, en buena medida, de los importantes conflictos socioambientales, de agudización de la desigualdad, la violencia y de cambios profundos en los modos de vida de toda la región.

Esas tres publicaciones tenían por objetivo proyectar algunos efectos que sobre los bienes comunes tendrá la imposición del Corredor Interoceánico. Sin embargo, la falta de información clara, precisa y suficiente con la cual avanza actualmente el mismo, dificulta hacer proyecciones suficientemente detalladas, lo cual genera mucha incertidumbre dada la prisa con la que se está imponiendo el proyecto.

Algunos de sus impactos ya han salido a la luz (particularmente en relación a la tenencia de la tierra y los engaños realizadas en los supuestos ejercicios de consulta) pero muchos otros, tal vez más profundos, no han sido visibilizados, como los impactos que podrían generar en el acceso al agua y, en general, aquellos que se verán con el despliegue de un conjunto de megaproyectos de distintos tipos (de energéticos, de transporte, extractivos, etc.) y sus conexiones con los otros megaproyectos regionales (Dos Bocas, Tren Maya, planes migratorios, proyectos en Guatemala). Todo esto, está aún por verse.