^{En portada: Miembros del Centro de Sindicatos de la India durante una huelga en el campo convocada por agricultores. Jammu, India, febrero del 2024.}

Al mismo tiempo que este lunes (26) comienzan los trabajos de la 13ª Conferencia Ministerial (MC13) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, a nivel global, campesinos incrementan las acciones para protestar contra lo que consideran perjuicios de las políticas neoliberales: la profundización de crisis alimentarias, conflictos agrarios, desigualdades sociales y la depredación del medio ambiente.

Estas acciones responden a una serie de comunicados emitidos por más de 200 organizaciones de agricultores, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de América, Asia, África y Europa, que confluyen en La Vía Campesina, quienes mantienen la convocatoria para movilizarse esta semana por lo que consideran los efectos perjudiciales de la OMC, a quien señalan por socavar y marginar las economías campesinas y rurales mundiales durante las últimas tres décadas.

De acuerdo a La Vía Campesina, las políticas derivadas del Acuerdo sobre Agricultura han sido las principales herramientas con las cuales la OMC ha impuesto reformas neoliberales a nivel mundial, provocando la expansión y acceso a los mercados de las corporaciones del norte global, así como la agroindustria orientada a la exportación.

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Acorde a su análisis, la desregulación de los sectores agrícolas mundiales, en conjunto con el desmantelamiento de precios mínimos para los alimentos y las barreras a la importación, ha apuntalado un sistema alimentario industrial “que ha generado una crisis sin precedentes en todo el mundo, tanto para las personas como para el planeta”, acusa el movimiento que reúne a más de 200 millones de campesinos.

La Vía Campesina detalla que el sistema económico ha marginado a pequeños productores de alimentos y lo ilustra con el caso de los EEUU. El Departamento de Agricultura ha compartido datos de 2022, los cuales revelan la desaparición de que casi 5 millones de granjas en aquel país durante el último siglo, ya que las granjas necesitaban volverse más grandes para compensar los precios más bajos o simplemente desaparecer

“Este modelo económico neoliberal de agricultura ya no está confinado solo a los Estados Unidos. A través de los Acuerdos de Libre Comercio y del altamente problemático Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, ha sido exportado a otras partes del mundo. En todos los continentes, ha llevado a una apropiación violenta de tierras, agua y territorios, que desposee a las personas, devasta el planeta y su biodiversidad, y genera una crisis climática sin precedentes”, alerta la plataforma global.

Ante ello, La Vía Campesina ha promovido las protestas a nivel mundial, en el marco de los trabajos de la MC13 de la OMC, para exigir comercio y precios justos para los productos, así como para la defensa de la tierra, el agua, los bosques y la agroecología campesina como alternativa al sistema económico implementado por la organización comercial.

“La OMC tiene una inmensa responsabilidad en la actual crisis social y medioambiental. En un momento en que las movilizaciones campesinas se multiplican en toda Europa, así como en India, África y América Latina, es hora de poner fin a la OMC y construir un nuevo marco comercial basado en la soberanía alimentaria y la solidaridad internacional”, sentencia el movimiento campesino.

Movilizaciones

La convocatoria para movilizarse durante la última semana de febrero se suma a las acciones que han acontecido durante el pasado año y medio. Según registros de La Vía Campesina, en este periodo han estallado protestas en por lo menos 65 países.

Como ejemplo, menciona las movilizaciones masivas de principios de este 2024 en Europa donde agricultores de Francia, Italia, España, Rumania, Polonia, Grecia, Alemania, Portugal y Países Bajos han exigido el fin del régimen de libre comercio que perjudica a los campesinos y favorece a multimillonarios y corporaciones trasnacionales.

Las protestas más radicales se han producido en Francia donde campesinos obstuyeron calles con tractores y bloquearon puertos. También se manifestaron en el Parlamento Europero, en Bruselas, Bélgica para exigir mejores precios para sus productos, regulación ambiental y el cese al exceso de burocracia con la cual tienen que lidiar.

Mas recientemente, los campesinos de la India, quienes protagonizaron agitaciones masivas durante 13 meses en el año 2020, volvieron a convocar protestas. Apenas el 16 de febrero, agricultores y sindicatos convocaron una huelga nacional, sobre todo en zonas rurales, con la demanda de revocar enmiendas que consideran perjudiciales en la legislación laboral del país asiático.

“En México, Sri Lanka, Argentina, Tailandia, Costa Rica, Camerún, Corea, Kenia, Benín y varios otros países, la gente está protestando contra un sistema que ha empobrecido a la mayoría mientras ayuda a prosperar a unos pocos selectos”, subraya La Vía Campesina.

Para este movimiento internacional, la OMC ha demostrado su falta de relevancia al ignorar las demandas de agricultores del Sur Global. En su lugar, argumenta, “la OMC solo ha generado y agravado las crisis del hambre mundial, la extrema pobreza, los conflictos agrarios y la crisis alimentaria”, con lo cual, señalan, ilustra su “alineación con los intereses de los Estados Unidos y otros países fuertemente orientados a la exportación”.

Mediante este análisis, los campesinos señalan que la OMC se ha convertido en un espacio donde prevalece el poder de “unos pocos países desarrollados, determinando el curso del comercio mundial”. Ante ellos, señalan que recae en los campesinos y pequeños agricultores del mundo la responsabilidad de establecer un sistema de comercio justo y equitativo.

Negociaciones

El movimiento internacional indica que, dentro de las negociaciones alimentarias y agrícolas de la MC13, está pendiente llegar a aun acuerdo sobre la adquisición, almacenamiento y utilización de existencias de alimentos por parte de los gobiernos a través de empresas e instituciones, algo que, remarca La Vía Campesina, permanece en debate desde el año 2013.

Otro punto importante es el que negociará el llamado Mecanismo Especial de Salvaguardia, un instrumento que autorizaría a los países en desarrollo a elevar temporalmente los aranceles con la finalidad de enfrentar incrementos súbitos de las importaciones alimentarias. El movimiento campesino enfatiza que ésta representa también una demanda inatendida de larga data.

A su vez, señalan la negociación acerca de los susbsidios proporcionados por los países desarrollados del Norte Global a sus agroindustrias, así como a la pesca industrial. Particularmente en Europa, campesinos han expresado descontento por lo que consideran el fomento de competencia desleal, situación por la que en este marco colocan su rechazo a las negociaciones del acuerdo de la Unión Europea y el bloque Mercosur.

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De acuerdo a La Vía Campesina, “los guardianes de la agricultura industrial” citan las reglas de la OMC y sus cláusulas legales en otros acuerdos de libre comercio, negociados bilateralmente, para interferir y proteger los intereses de la agroindustria, “donde aquellos inmersos en el capital financiero deciden por el resto del mundo”.

Ante este escenario, el movimiento campesino global exige el fin de la OMC para, con ello, poder dialogar soluciones permanentes sobre las existencias públicas de alimentos para combatir la cirsis alimentaria y para la promoción del comercio entre países, “basado en los principios de la soberanía alimentaria, solidaridad, cooperación e internacionalismo, donde la tierra, el agua, las semillas y los territorios no son meras mercancías”.

^{Por Haizel de la Cruz*}

^{En portada: Jóvenes mayas disfrutan la Laguna de Huay-Pix, que se encuentra en el extremo sur de Quintana Roo, y forma un gran sistema lagunar junto a la Laguna de Bacalar y al río Hondo. Enero, 2021. Foto: Haizel de la Cruz.}

Bacalar es un pueblo maya que nuestras abuelas y abuelos más primeros eligieron porque hay una laguna: la mayoría de los pueblos en la Península de Yucatán se fundaban alrededor de alguna fuente de agua. Su nombre significa “rodeado de carrizo”, de las palabras mayas Bak’, que significa alrededor y jalal que significa caña o carrizo.

Es conocido como La laguna de los siete colores, que en realidad son siete tonalidades de azul; también tiene tres cenotes. En Bacalar, que se ubica en el estado costero de Quintana Roo, la gente vive de la milpa, siembra maíz, calabaza, frijol, papaya, piña, plátano, mango y otros, además de la apicultura y el turismo comunitario.

Antes la gente de Bacalar vivía alrededor de la laguna, pero el panorama ha cambiado: hoy a la orilla vemos grandes hoteles, restaurantes y servicios de turismo.

En la última década la laguna se ha convertido en un parque acuático para los turistas, generando una derrama económica para los empresarios. Hoy, en Bacalar se pretende poner una estación del mal llamado Tren Maya, afectando no solo la salud de la laguna, sino también del pueblo maya. Ya tenemos claro que los impactos de estas megaobras dañan nuestro tejido social, económico, organizativo, político y cultural.

Hace poco más de 15 años, Bacalar fue nombrada “Pueblo Mágico” por la Secretaría de Turismo . El secretario de esta dependencia, Miguel Torruco, dijo al anunciar la designación que venían cosas mejores para Bacalar. Las declaraciones del secretario reflejan su interés únicamente por el turismo de masas. Cuando dice que vienen cosas mejores, la pregunta que tenemos nosotros es: ¿para quiénes?

Como mayas, vimos con mucha preocupación cómo nuestro territorio comenzaba a ser invadido por diversos megaproyectos. De ahí nos hemos organizado a nivel peninsular a través de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal, en la que soy integrante.

Esta asamblea tiene por objetivo la defensa de la vida maya, para esto construimos algunos acuerdos: No vendemos ni rentamos la tierra, No a las religiones, No a los partidos políticos, Sí a la cultura y lengua maya, Sí a la defensa de nuestros derechos como pueblos mayas, Sí a la identidad como pueblos mayas.

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Nuestra vida, como pueblo maya, es una vida familiar que tenemos con los animales, con las aves, con las piedras, con el viento, con el fuego, con el agua, con los Yuum (guardianes).

Nos preocupa que hoy nuestra vida familiar maya toda se ve amenazada por los megaproyectos, entre ellos la soya transgénica, las granjas porcícolas, el turismo de alto impacto, la energía fotovoltaica y eólica y ahora el tren mal llamado Maya. En enero, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal, cuyo nombre significa “caminamos juntos”, cumplió seis años como organización. En el marco de la celebración de los seis años, conversé con una persona integrante de la asamblea en Bacalar.

A lo largo de la entrevista, el entrevistado señaló el crecimiento de la violencia en esa zona con la llegada del megaproyecto Tren Maya. También manifestó su desacuerdo con la postura de Torruco y otros funcionarios del gobierno federal, por asumir que el turismo de alto impacto es algo deseado por los “pobladores mayas” del lugar.

Enfatizó que las comunidades no están de acuerdo con el tren, que más bien la gente está desinformada porque la información no está llegando a las comunidades. La persona que entrevisté ha pedido que su nombre quede en el anonimato por temor a represalias. Nuestra conversación ha sido ligeramente editada por claridad y extensión.

Haizel de la Cruz: Para empezar, cuéntanos un poco de Bacalar.

Compañero de Bacalar: Es un pueblo que tiene una historia bastante larga, más de 1,500 años de historia desde que nace Bacalar como un pueblo maya, antes de la llegada de los españoles. Se ha ido poblando: la población es maya y de estados vecinos. Hasta hace una década, o 15 años, digamos, hace relativamente poco, casi todos se conocían en el pueblo. Yo creo que eso de alguna forma mantuvo segura a la población, orque, pues, conoces a tus vecinos. Todos se llevan, todos tienen algún tipo de amistad o cercanía entre familias; muchas son de la misma familia. Entonces Bacalar era bastante tranquilo, podías transitar por sus casas, por sus calles, ir por sus brechas, ir a tu terrenito, a tu milpa sin ningún problema.

El narcotráfico era algo inexistente, todo bastante tranquilo, como ha sido en las comunidades mayas desde siempre. Hasta la propia población se cuidaba, la propia población aseguraba esa tranquilidad, sin que hubiera ni policías, ni militares en la población. Estaba segura, ella misma estaba segura.

De ahí para acá vemos que la violencia inició y se fue incrementando con este empuje que el gobierno ha estado insistiendo de que Bacalar crezca como un pueblo que recibe al turismo, que este lo convierte en “pueblo mágico”.

HdlC: ¿Tú crees que esta violencia la empiezan a vivir ante el anunció de la llegada del Tren?

CdB: La violencia la viene desencadenado principalmente el megaproyecto del Tren y a los megaproyectos asociados al él, que son los aeropuertos, los hoteles, todo ese tipo de proyectos. El propio Estado los está imponiendo en el territorio y los dueños son principalmente de la [Secretaría de la Defensa].

Nosotros hemos visto que los megaproyectos vinieron también a inaugurar la violencia del crimen organizado. Viene este megaproyecto del tren que no es maya, y ahí ya viene una ola enorme de violencia, una violencia, pues, jamás vista por esta zona, por todo este territorio maya.

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Está relacionada a secuestros, a extorsiones, a desapariciones forzadas, a levantones, a descuartizados.  Ese tipo de violencia era impensable. No es propia de acá. No es algo que hayamos visto antes.

HdlC: ¿Cuál es tu interpretación de la violencia en tu comunidad?

CdB: Nosotros vemos [la violencia] como algo integral: donde mete la mano el gobierno imponiendo megaproyectos, llega el crimen organizado.

El gobierno, siendo pues también un narcogobierno, llegan de la mano con el mismo propósito de despojar a los pueblos indígenas de sus tierras, de su agua, de sus montes, por eso también vemos que es absurdo que digan: “Nosotros estamos militarizado la zona por el bien de la población”.

Realmente están militarizando para defender a sus narcos y defender sus megaproyectos que llegan con una demanda del turismo. También las drogas llegan, no tanto para consumo sino para venta y distribución.

Este movimiento de drogas era bastante mínimo, tal vez en las comunidades ni existía este tipo de cosas, pero sí lo veíamos en las zonas más turísticas de la península de Quintana Roo, como Cancún, Playa [del Carmen], Tulum, Mahahual, pues es donde más se mueve este tipo de sustancias.

La forma en la que esto llega le llaman desarrollo: el gobierno ve que Cancún es una ciudad desarrollada para ellos, es un ejemplo, nosotros la vemos con temor.

HdlC: Tú hablabas de que lo que quiere el estado es generar una división en la comunidad y así es mucho más fácil despojar y controlar el territorio, ¿Cómo percibes esto?

CdB: Ellos [el gobierno] saben cómo meterse en las comunidades y cómo ir rompiendo la propia comunidad.

Con el auge del turismo, toda esta zona la ven como una oportunidad económica. Mucha de la población que está [trabajando] en estos hoteles es explotada. No saben bien cómo se manejan ese tipo de negocios, pues viven un poco engañados, piensan que está bien trabajar tanto y no recibir un sueldo como debería de ser, por eso la mayoría de la población juvenil vive cada vez más en la pobreza.

Se les hace más difícil acceder a la educación, a las universidades. Eso tiene que ver también con el despojo de tierra, con el incremento de las cosas básicas, de la alimentación, de la electricidad, de la luz, porque se encarece realmente Bacalar. No va a la par con los sueldos, ni con la capacidad que tenemos para poder tener ese nivel de adquisición.

[El narco] está captando a la población joven, que es la fuerza que va naciendo de la comunidad, que debería de ser esa fuerza que esté aprendiendo a defender su tierra, que esté aprendiendo a ser más fuerte. Son los herederos de este territorio.

Ahora, en lugar de estar pensando en defender su tierra, pues están pensando en defender a su cártel, están pensando en defender a su jefe y, ¿dónde va a quedar entonces quien defienda la tierra? Si ellos son los jóvenes.

HdlC: Por último, ¿cómo se organizan en tu comunidad a partir de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal?

CdB: Algunas de las cosas que hacemos van enfocados en llevar información a las comunidades, tejer poco a poco ese tejido comunitario, platicar con nuestra comunidad, estar en contacto, expresar esto por medio de textos, de pequeñas asambleas dentro de las comunidades. Nosotros intentamos acercarnos e ir escuchando sus temores, sus dolores, ir buscando cómo apoyarlos, hemos puesto amparos, hemos recurrido a esta parte legal también, porque es parte del caminar.

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También tenemos la No-Radio Múuch’ Xíimbal y usamos este espacio para dar la información de lo que estamos viviendo en nuestras comunidades y para reforzar nuestra identidad y nuestro pensamiento crítico respecto a lo que estamos viviendo.

Cada vez la gente afortunadamente está cuestionándose: ¿qué realmente es la Cuarta Transformación? ¿Es una transformación? ¿Eso da una pauta para hacer algo más? Eso es para pensar qué vamos a hacer como comunidades. Así es un poco lo que andamos haciendo en la Asamblea.

^{*Haizel de la Cruz es fotógrafa maya e integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal}

Campesinos en el campo los vieron pasar con sus equipos, era el año 2021. Pusieron atención porque era gente que no es común en esta zona. No le dieron mucha importancia en un primer momento, pero, eran ingenieros y técnicos que estaban haciendo exploración minera en los municipios de San Miguel Chimalapas y Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, una de las mayores zonas selváticas de México. Los mineros confirmaron que, en las entrañas de estas montañas, se encuentra un gran yacimiento de oro y cobre.

Un poco antes de internarse en esta región donde habita el pueblo Zoque, la empresa canadiense Minera Minaurum Gold S.A. de C.V., en el año 2021, había vendido 23 mil acciones en Canadá, de donde pudo recabar 9,2 millones de dólares canadienses para continuar con sus procesos de exploración y lo que consideran fines generales de explotación de sus proyectos mineros en México. Uno de ellos es el proyecto bautizado con el nombre de Santa Marta.

El comisariado de bienes comunales de San Miguel Chimalapas, Vicente Contreras, dijo para Avispa Mídia que los habían visto pasar en 2021. “Decidimos armar unas brigadas para recorrer el territorio y encontramos que en algunos lugares habían removido la tierra. Entonces nos movilizamos porque no queremos minería en nuestro territorio”, señaló.

De acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Plataforma de Transparencia, las solicitudes de los permisos de Santa Marta, habían sido desechados mediante el acuerdo establecido en el oficio UGA-0687-2021, dictamen que fue notificado a la empresa el 25 de junio de 2021, vía correo postal certificado.

Un mes después del supuesto dictamen de Semarnat, en julio del mismo año, Minaurum, para dar certeza a sus accionistas, anunció que veía “más oportunidades desbloqueadas en algunos de los proyectos de exploración menos avanzados de la empresa, en particular Santa Marta, un proyecto de sulfuro masivo volcanogénico (de cobre y oro) potencialmente muy grande”.

Incluso, el anuncio de la empresa se daba con bombo y platillo argumentando que uno de sus inversionistas más importantes, la empresa de activos Crescat Capital, equiparó Santa Marta con el yacimiento de oro y cobre de categoría mundial Hod Maden en Turquía, un proyecto que concentra reservas minerales de 8 mil 696 toneladas de oro y cobre.

Aunque Semarnat sostiene en respuesta a las peticiones de información que los permisos de Santa Marta habían sido desechados en junio de 2021, oficialmente en su plataforma el proceso continuó hasta el 17 de agosto del 2021 sin haber hecho público los resolutivos. Por el contrario, en las peticiones de información sostiene que es información “reservada o confidencial”.

Minaurum solicitaba un permiso de exploración por un periodo de 12 meses. Si esto hubiera surtido efecto, entraría en vigor en agosto del 2021 hasta agosto del 2022, justo en las fechas cuando vieron pasar a los mineros por la región.

En el portal de la empresa hay fotos de sus recorridos por este lugar, aunque no mencionan las fechas.

^{Geólogos de Minaurum en la mina Santa Marta}

La novedad es que la empresa sostiene en un informe de este año 2024, que el muestreo de roca histórico realizado “ha arrojado valores de cobre que oscilan entre 1% y 3,7% de cobre y valores de oro que alcanzan los 3 g/t (gramos por tonelada en bruto de roca)”, según su informe llamado “Perspectivas de Exploración 2024”.

Es así que la empresa Minaurum ha avanzado con el proyecto Santa Marta y anuncia que ha actualizado sus actividades de exploración para 2024, incluyendo un nuevo trámite presentado para una solicitud de permiso de 3 mil metros de perforación, lo que implica una nueva MIA y un nuevo proceso que tiene que aprobar Semarnat. Mientras tanto, Minaurum está obligada a dar avances a sus inversionistas que han invertido los 9,2 millones dólares canadienses.

^{Brigadas que recorren el territorio de San Miguel Chimalapa}

La estrategia

El proyecto Santa Marta abarca dos concesiones que se ubican entre los municipios de San Miguel Chimalapas y Santo Domingo Zanatepec, los mismos que tienen conflictos legales en cuanto a sus limítrofes de las tierras. “El problema de límites comprenden más de 13 mil hectáreas y es ahí donde está este proyecto”, dijo el comisariado de San Miguel Chimalpa.

Lo interesante es que a Minaurun, a la hora de solicitar sus permisos de exploración en 2021, según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) realizada por Asesores en Impacto Ambiental y Seguridad, S.C., presentó una copia de resolución del conflicto legal de linderos entre San Miguel Chimalapas y Santo Domingo Zanatepec. Pero el comisariado sostiene que “el problema agrario aún no se ha resuelto. Porque hemos metido un recurso de revisión que aun está en los tribunales, entonces el conflicto no está resuelto”.

En el año 2019 Semarnat ya le había negado una autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la empresa según el oficio SEMARNAT-SGPA-UGA-0021-2019, con la cual solicitaba autorización para la realización de obras y actividades en los dos lotes del proyecto.

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Pero cuando Minaurum volvió a solicitar la aprobación de una nueva MIA y los permisos de exploración, en 2021, el apoderado legal de la empresa, el Maestro Daniel Jesús Ventura Uribe, presentó más documentos, pero ahora solo para hacer exploración en el lote Jackita. Complementando con una copia certificada de notario público con el permiso de la comunidad La Cristalina, perteneciente a San Miguel Chimalapa.

Es ya sabido que las empresas mineras en México recurren a diversas estrategias para poder proceder con la exploración y explotación de los minerales, una de ellas es dividir a las comunidades y recargarse en un grupo. “Es lo que pasó con la comunidad de La Cristalina, quien supuestamente les dio el permiso para ingresar a nuestro territorio para hacer exploración”, lamenta el comisariado Contreras, quien lleva dos años con el cargo.

Para el Comisariado esto es totalmente ilegal, ya que pasaron por alto a la máxima autoridad. “Aquí ninguna comunidad está facultada para dar este permiso, ni si quiera yo como comisariado. Porque el propio estatuto comunal establece que la última palabra la tiene que dar la asamblea general, donde participan todos y todas las comuneras. Por ello, La Cristalina no está facultada para dar este permiso. Esto es una ilegalidad”, puntualiza el representante agrario de la comunidad.

Los dos lotes mineros Reducción Mar de Cobre y Jackita, con número actualizado de títulos correspondientemente 246936 y 225472, suman la exorbitante dimensión de más de 6 mil 400 hectáreas, casi el equivalente a nueve veces lo que comprende a Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Actualmente esta empresa, a través de su filial Minera Zalamera, S.A. de C.V., cuenta con 9 concesiones vigentes en el estado de Oaxaca en fase de exploración que suman más de 27 mil hectáreas. También tiene una concesión en Puebla, una en Morelos, dos en Guerrero y tres proyectos en Sonora.

Dependencia del agua

El resguardo de región de Los Chimapalas es de ámbito internacional, ya que es esta región, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), hay zonas consideradas de “extrema prioridad para su conservación”, porque se trata de un gran corredor que, sumado a otros ecosistemas, hacen del Estado de Oaxaca el más rico en diversidad biológica del país.

Por la región cruza la Sierra Atravesada, la Sierra de Tres Picos y la Sierra Espinazo del Diablo y las cuencas de los ríos Corte y el Alto Uxpanapa. Comprende la totalidad de los Municipios de Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapas, así como parte de los Municipios de Matías Romero y San Pedro Tapanatepec colindando al este con el estado de Chiapas.

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El comisariado de San Miguel Chimalapas destaca que la mayoría de las personas en estas comunidades se dedica al campo y dependen del agua. “Que vamos hacer si se contaminan los mantos acuíferos. Chimalapas alimenta a una gran cantidad de comunidades, por eso nos preocupa, porque no vamos a comer oro, vivimos del campo. Dependemos del agua”, alerta.

Ni la empresa ni el Estado les ha dado información hasta el momento de lo que implica la exploración y posible explotación de estos lotes mineros. “La única información que hemos obtenido es a través de foros que han organizado los propios jóvenes de la comunidad”, dice Contreras, representante agrario de esta comunidad.El comisariado sostiene que las comunidades son tajantes en no permitir el extractivismo. “En distintas asambleas hemos acordado no permitir la explotación minera en nuestro territorio. Vamos a defender nuestras tierras”, remarca el indígena Zoque.

^{Foros informativos realizados por jóvenes de san Miguel Chimalapa}

^{En portada: Plantón de las mujeres mazatecas en frente al palacio de gobierno de Oaxaca. Fuente: Redes sociales de Presos Políticos Eloxochitlán de Flores Magón y Observatorio Memoria y Libertad} 

Mujeres del pueblo Mazateco, del estado de Oaxaca, sostuvieron por tres días una huelga frente al palacio de gobierno de esta entidad, ubicada al sur de México, exigiendo la libertad de los presos políticos de Eloxochitlán. El plantón ocurrió entre los días 18 y 20 de febrero.

Cuarenta hombres y mujeres de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, de la Sierra Mazateca, en Oaxaca, han sido criminalizados en los últimos nueve años, por un grupo “neocaciquil”, como nombran las mujeres mazatecas.

De acuerdo con el grupo de mujeres, a los presos les han tratado de “fabricar delitos para contener la lucha de esta comunidad originaria y para evitar que defiendan su territorio”, sostiene Argelia Betanzos, hija de uno de los ex presos políticos, Jaime Betanzos.

Cuatro de ellos continúan, desde hace años, encarcelados a pesar de no tener sentencia condenatoria. Ellos son Alfredo Bolaños, Francisco Durán, Fernando Gavito y Marcelino Miramón, a quienes se les imputa la tentativa de homicidio contra Elisa Zepeda Lagunas, actual titular de la Secretaría de la Mujer del gobierno de Oaxaca, y de su padre, Manuel Zepeda Cortés.

Según las activistas, en los hechos acontecidos en dicha comunidad mazateca en diciembre de 2014, hombres armados, vinculados al grupo “neocaciquil”, con intereses partidistas, atacaron a la asamblea de la comunidad, nombrada por usos y costumbres.

Estas cuatro personas son las únicas que permanecen en prisión de un total de 21 que han sido detenidas y encarceladas. Durante estos nueve años, los presos políticos han obtenido su libertad, ya sea por el cambio de medida cautelar o porque fueron absueltos, por la falta de pruebas de la acusación y por violaciones al debido proceso. “Estas decisiones no nos fueron regaladas, las conseguimos con mucha lucha y con pruebas”, mencionó Betanzos, quien también es abogada indígena.

Una de las demandas de las mujeres mazatecas, no atendida durante el plantón, es una audiencia con el gobernador del Estado, Salomón Jara. “Salomón Jara, persona zapoteca, se niega a mirar los rostros de sus hermanas mazatecas (…). Él está dando la espalda a nuestro caso y está evitando mirarnos a los rostros, rostros de mujeres indígenas que representamos familias de víctimas de fabricación de delitos”, dijo Betanzos.

Lo que exigen las mazatecas “no es estar en mesas de trabajo infructuosas, donde nos escuchan y no hacen nada; eso no se llama atención; atención es tener el valor de reconocer que es un caso de injusticia, y que todos los presos de Eloxochitlán deben ser libres ya; eso sí sería atención, todo lo demás es hipocresía”, señala la abogada.

“Nosotros no estamos pidiendo ningún favor, nos sobran sentencias de libertad, amparos ganados, nos sobra demonstración jurídica para exigir, ya no para pedir, la libertad que nos corresponde”, agrega.

También exigen que el gobierno de Salomón Jara comience el proceso para la reparación integral de daños en favor de las 40 familias criminalizadas, como consecuencia de las violaciones a derechos humanos derivadas de nueve años de prisión y persecución política ilegal.

Otra de las exigencias, tampoco atendida durante el plantón, es la toma de nota del caso de los presos políticos de Eloxochitlán por parte de la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, electa en enero pasado por un periodo de cuatro años.

Con la toma de nota, las mujeres mazatecas buscan enterar a la nueva presidenta de la lucha que sostienen los presos y ex presos políticos, y las inúmeras violaciones en los procesos cometidas por la justicia de Oaxaca. “Se le expondrá cómo el Tribunal Superior de Justicia lleva cuatro años cooptado por Elisa Zepeda Lagunas y se le ha convertido en un instrumento de tortura de los presos indígenas de Eloxochitlán”, aclara Betanzos para Avispa Mídia.

Concretamente quieren exponer prácticas tales como: “Revocación de libertades que se ganaron después de largos procedimientos, ejemplo Miguel Peralta y Paul Reyes, y después de instar ante varias instancias, incluidas federales. La negación de las libertades a partir del año 2020, cuando en tan solo un año negó cinco libertades, lo cual va en contra de los antecedentes de libertad ganados entre los años 2015 y 2019”.

A la fecha, nuevamente, Elisa Zepeda apeló al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca en lo que respecta a siete casos para revocar las libertades ya ganadas por los mazatecos. Se trata de las libertades de Jaime Vidauria, Artemio Vidauria y Ranulfo Vidauria, Jaime Betanzos, Herminio Monfil y Omar Hugo Morales.

“La toma de nota puede evitar que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca siga siendo usado como instrumento de tortura al prolongar el encarcelamiento de los mazatecos de Eloxochitlán”, resume Betanzos.

Sin embargo, la falta de respuesta a la solicitud de reunión con la magistrada Berenice Ramírez, “es una prueba de la interrelación entre los poderes de Estado”, resaltan las mujeres mazatecas en un comunicado anunciando el fin del plantón.

Protección federal

Los cuatro presos políticos acaban de ganar amparos federales. Tres de ellos – Alfredo Bolaños y Fernando Gavito, que llevan nueve años encarcelados, y Francisco Durán, que lleva cinco años recluido – ganaron los amparos ya que se reconoció que fue ilegal que un juez de Huautla se haya negado a retirarles prisión preventiva pese a que llevan varios años sin sentencia.

Marcelino Miramón ganó el amparo al reconocerse que el delito de incendio por el que se le aprisionó no existe y el delito de daños está prescrito.

“Todos los amparos ganados están sujetos por la propia ley de amparo a la posibilidad de que la contraparte interponga el recurso de revisión y busque, con ello, revertir el resultado”, explica la abogada Betanzos.

En el caso de Marcelino la revisión ya fue interpuesta por Manuel Zepeda. “Se espera que pronto se conozca el resultado el cual creemos confirmará el amparo ganado. Si eso ocurre, el trámite siguiente será que el Juez de Huautla deberá someterse al contenido del amparo y emitir el auto de libertad en favor de Marcelino”, sostiene.

Con relación al amparo ganado por Alfredo, Fernando y Francisco se esperan los 10 días hábiles que tiene la contraparte para interponer el recurso de revisión. “Si no se presenta este recurso, el amparo quedaría firme y tocaría al Juez de Huautla obedecerlo y, en consecuencia, conceder el cambio de medida cautelar a los tres presos; en lugar de la prisión preventiva podrán firmar quincenalmente, por ejemplo, hasta que se acabe el juicio”.

Además, en 2022, el Tribunal de Oaxaca también había revocado la libertad de Miguel Peralta quien ha tenido que llevar su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tener acceso a la justicia.

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La larga persecución

Las 40 personas fueron criminalizadas a partir de 2014, acusadas, entre otros cargos, de homicidios y tentativa de homicidio. “La finalidad de esta fabricación de delitos fue la desarticulación de nuestra organización comunitaria. Las personas acusadas tienen representación comunitaria, son activistas y defensoras del territorio”, cuenta Betanzos.

Como sostiene la abogada, entre 2010 y 2014 “surgió un grupo neocaciquil, así lo llamamos, con intereses partidistas, articulado desde el gobierno del Estado, para que azotara todos los intentos de autodeterminación, todos los intentos de ejercicios asamblearios de nuestra comunidad”.

La comunidad entonces empezó a pelear por sus derechos políticos electorales basados en los usos y costumbres. “Lo ganó a nivel de tribunal electoral federal. Y este grupo caciquil azotó a la comunidad, con represión hasta llegar a la tortura”.

Hay dos casos documentados antes de 2014 por la fiscalía y por organizaciones de Derechos Humanos. “Pero cuando llegó al poder judicial, el juez dijo que no había torturas, que no había culpables. Así que este grupo caciquil empezó con el pie derecho gozando de total impunidad”.

En el 14 de diciembre de 2014, la tortura transcendió a una balacera contra la asamblea de la comunidad. “Seis compañeros resultaron heridos de bala. Sin embargo, la fiscalía archivó este asunto en 201, volviendo a dejar en total impunidad al grupo neocaciquil”.

En cambio, las acciones de la comunidad en el intento de defenderse contra el ataque armado del 14 de diciembre como, por ejemplo, “cuando decidieron armar una barricada y utilizaron humo para impedir que la balacera continuara, el Estado utilizó estas imágenes para decir que las 40 personas mataron personas, hicieron destrozos”.

A partir de entonces, las 40 personas empezaron a ser criminalizadas. Los ataques han sido “con la finalidad de deshacer cualquier intento de oposición a sus políticas invasoras y de despojo”.

Agua que fluye

La comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón es una tierra donde fluye el agua, donde hay bosque, donde hay arena y grava.

“Es un hecho que lo que hay por detrás de eso [la persecución] es un intento de despojo. Manuel Zepeda Cortés [padre de Elisa], desde 2011, fue denunciado por extractivismo. Hasta ahora, sigue con esta práctica. Habiendo desarticulado nuestra comunidad, manteniéndonos en prisión y persecución, ha tenido toda la libertad, para seguir consumiendo nuestro río de manera ilegal, sacando camiones de grava y arena todos los años”, sostiene Betanzos.

“Estas personas que dicen que fueron víctimas en 2014, que dicen que los intentamos matar, o que los matamos, no son víctimas. Luego arrebataron el poder municipal, luego se hizo diputada y sigue en el poder”, comparte la abogada refiriéndose a Elisa Zepeda.

Prisión preventiva

Una de las principales herramientas jurídicas que se ha utilizado en contra de los presos políticos de Eloxochitlán es la prisión preventiva, es decir una prisión anticipada sin una sentencia condenatoria.

“Los jueces no los pueden condenar. Nunca los van a poder condenar porque no alcanza la fabricación de delitos para una condena. Por eso les ponen la prisión preventiva. Eso es lo que el estado de Oaxaca está imponiendo”, reclama Betanzos.

El abogado argentino especialista en Derechos Humanos y responsable por la defensa del ex presidente de Perú, Pedro Castillo, que sufrió un golpe de Estado en 2022 y que se encuentra en prisión preventiva, alertó en la mañana del domingo (18), durante una conferencia en el plantón de las mujeres mazatecas, que la prisión preventiva ha sido utilizada cada vez más en todo la América Latina para criminalizar pobres, indígenas y luchadores sociales.

La prisión preventiva, explica el abogado, se supone que debería ser utilizada en situaciones excepcionales como, por ejemplo, en casos de riesgo de que la persona investigada se escape o de que cambie la prueba. “Pero en general hoy se volvió un mecanismo represivo contra la pobreza y líderes políticos”.

La prisión preventiva tendría que ser el caso de 2% de las personas que están en la cárcel, señala el abogado, pero representa la mitad de los presos. “Eso no es una realidad de México o Argentina, es un problema de toda América Latina”.

Además de violar el principio de inocencia, que está presente en la legislación de todos los países de América Latina, esta herramienta jurídica ha sido utilizada para generar la inversión de la carga de prueba. “Como ya se presupone que la persona es culpable, la misma persona tiene que demostrar su inocencia estando presa. Y no es lo mismo defenderse estando presa que estando en libertad. (…) Viola el derecho de defensa en juicio”, explica.

Las mujeres mazatecas entregaron ayer a las autoridades oaxaqueñas una petición con más de 10 mil firmas para que, entre otras demandas, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca otorgue Medidas Cautelares Urgentes para las familias de los presos y perseguidos políticos, así como para las familias que luchan por la Libertad y en general para la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, “pues es inminente la consumación de cualquier daño físico o psicológico contra ellas en estos momentos”, sostienen en el documento.

Y avisan: “No vamos a detener las movilizaciones. No vamos a cansar de decir que el gobernador tiene que decidir entre si es sordo, ciego o hipócrita”, señala Argelia Betanzos.

^{En portada: Manifestación de pobladores de Homún, en la capital de Yucatán, para exigir que la Secretaría de Desarrollo Sustentable acate la orden judicial y revoque los permisos ambientales para la operación de la megagranja porcícola, propiedad de PAPO, ubicada en la localidad maya. Foto:Tapanco Centro Cultural.}

El pasado jueves (15), habitantes de Homún e integrantes del Colectivo Maya Kanan Ts’ono’Ot (Guardianes de los Cenotes) se movilizaron en la ciudad de Mérida, Yucatán, para exigir a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) que acate la sentencia de un juez federal, quien, un día antes, resolvió una demanda de amparo ordenando la cancelación de autorización ambiental para la operación de una megagranja porcícola ubicada en la comunidad maya.

Mediante comunicado firmado por la comunidad y organización maya, y difundido por el Equipo Indignación, enfatizan que la resolución judicial corresponde a una demanda de amparo interpuesto por habitantes de Homún, en la que se determinó que autoridades de Yucatán incurrieron en omisiones y violaron derechos al autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que permitió la operación de la megagranja porcícola, propiedad de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), en dicho municipio.

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Como parte de la resolución, el juez también ordenó a la SDS la realización de una consulta previa al pueblo maya de Homún, toda vez que es requisito para cualquier empresa presentar una MIA para obtener la autorización de cualquier permiso ambiental, en este caso, para la operación de la megagranja porcícola. En la resolución, se hace alusión a que dicha consulta deberá cumplir “los más altos estándares y [se deberá] emitir una resolución distinta que atienda todo lo relativo al medio ambiente sano y al derecho fundamental al agua y que pondere de manera específica y amplia la posible afectación al anillo de los cenotes como reserva protegida”, cita el comunicado.

No obstante la orden para revocar los permisos ambientales de la mega granja porcícola, las y los habitantes de Homún consideran que la resolución es parcial y la decisión del juez es “tibia y tardía”, pues pone en evidencia lo que consideran como un procedimiento ilegal, al reiterar que se requiere la realización de una consulta previa antes de autorizar cualquier MIA, ignorando que ya existe una autoconsulta donde la población de Homún se posicionó por un rotundo NO a la operación de la megagranja.. Acorde a la comunidad y organización maya, “todas las granjas operan sin autorización de los pueblos mayas a los que afectan, por lo tanto todas son ilegales”.

Cabe recordar que, mediante el Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola de Yucatán, publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en marzo de 2023, se identificaron 507 coordenadas de la ubicación de posibles granjas solo en este estado de la península.

Con fundamentos científicos y para dar seguimiento a las denuncias presentadas durante años por dversas comunidades de la región, la Semarnat ubicó una mayor presencia de las granjas en municipios como Mérida, Izamal, Tizimín y Acancéh, Tetiz, Ticul, Telchac, Tixkokob y Motul. Entre las localidades con mayor densidad de granjas se encuentra Homún, con 15 instalaciones para la cría de animales para la agroindustria.

Ante la victoria legal y mediante la protesta, los pobladores y organizaciones demandaron a la SDS que se abstuviera de impugnar la resolución. El plazo para solicitar la revisión de la resolución judicial vencía este lunes (19). La secretaría no incurrió en dicho procedimiento.

Exigen respeto a autoconsulta

Sostienen que realizaron por su cuenta una consulta para decidir sobre la operación de la mega granja propiedad de PAPO.

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“Como pueblo maya de Homún y en ejercicio del derecho de auto determinación, decidimos realizar nosotros mismos la consulta que el gobierno omitió. La realizamos el pasado 8 de octubre de 2017, después de un proceso de información y deliberación, tal como establecen las directrices en la materia. Alrededor de 790 personas salieron a votar, de las cuales 732 expresamos rechazo a la mega granja”, recordaron.

Por esta razón, exigieron a la SDS que respete los resultados de su consulta, la decisión del pueblo maya de Homún de rechazar la mega granja y también la reparación de los daños ocasionados por la operación de esta industria en la región.

“¿Quién puede autorizar la MIA? ¿La Secretarıá de Desarrollo de un gobierno que ha litigado a favor de la empresa? ¿El gobierno federal? Nosotras y nosotros sostenemos que sólo Homún puede autorizar una granja y en este caso ya hemos expresado nuestro rechazo”, reiteraron los pobladores mayas.

Siete años después

La comunidad maya de Homún destaca que, tuvieron que transcurrir siete años para obtener una resolución a su favor.Esto debido a que desde noviembre del 2017, tras la aprobación de la MIA, el pueblo de Homún promovió el juicio de amparo debido a que argumentaron omitió estudios decisivos, y tampoco consideró posibles afectaciones al anillo de los cenotes ni su importancia como reserva protegida.

Desde aquel momento, denuciaron lo que consideraron una autorización irregular de la MIA y que, en consecuencia, cualquier operación de la megagranja constituía una ilegalidad.

“Hoy la resolución del juez lo confirma, pero son siete años de pelear en contra de un sistema racista: contra las empresas PAPO y Kekén, contra el gobierno que autoriza ilegalmente y que litiga a favor de las empresas en vez de defender los derechos del pueblo maya; contra el juez que inicialmente rechazó el amparo y ahora amparó pero sólo parcialmente y ‘para efectos’”, afirmaron en referencia a la orden de realizar una consulta, a pesar de que el pueblo de Homún ya tomó una decisión para no permitir la operación de la megagranja porcícola.

Según la comunidad maya de Homún, este largo proceso demuestra que “la ‘justicia’ no es justicia para el pueblo maya”. Además, enfatizaron que la reciente sentencia no contempla la reparación del daño. “Este es un amparo. Hay otro amparo que no se ha resuelto aún, el de la infancia, de cuyo resultado estamos atentas y atentos. Es insostenible para los pueblos asumir estos procesos tan largos y costosos. ¿Cuántos pueblos pueden hacerlo?”, cuestionaron mediante su declaración ante la resolución judicial.

Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron hoy su alarma por denuncias de atroces violaciones de derechos humanos contra mujeres y niñas palestinas en la Franja de Gaza y Cisjordania. Las acciones van desde detenciones y ejecuciones arbitrarias, así como violaciones sexuales.

“Estamos consternados por los informes que hablan de ataques deliberados y ejecuciones extrajudiciales de mujeres y niños palestinos en lugares donde buscaban refugio o mientras huían”, puntualizan los expertos de las Naciones Unidas, quienes forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU.

Entre las detenidas incluyen a defensoras de los derechos humanos, periodistas y trabajadoras humanitarias. De acuerdo con los informes que ha recibido la ONU, algunas de las detenidas “sostenían trozos de tela blanca cuando fueron asesinadas por el ejército israelí o fuerzas afiliadas”.

De acuerdo con la ONU, las detenciones comenzaron desde el 7 de octubre del 2023, sometiendo a las detenidas a tratos inhumanos y degradantes, negándoles compresas para la menstruación, alimentos y medicamentos. Además de ello, han recibido fuertes palizas. “Al menos en una ocasión, las mujeres palestinas detenidas en Gaza fueron supuestamente mantenidas en una jaula bajo la lluvia y el frío, sin comida”, agregan los expertos.

Los miembros de la ONU han alertado que en los informes que han recibido hay registros de mujeres y niñas que, “han sido objeto de múltiples formas de agresión sexual, como ser desnudadas y registradas por hombres del ejército israelí.  Al menos dos detenidas palestinas habrían sido violadas, mientras que otras habrían recibido amenazas de violación y violencia sexual”, señalaron los expertos.

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También han destacado que el ejército israelí tomó fotos de mujeres detenidas en circunstancias degradantes y las subió a Internet.Los expertos exigen una investigación independiente y rápida, y que Israel coopere con dichas investigaciones, recordando su obligación de proteger los derechos de las mujeres y niñas palestinas.