A la edad de 68 es veterano del Partido Pantera Negra, periodista combativo, autor de 13 libros y activista comunitario.
Fue injustamente declarado culpable del asesinato de un policía blanco el 9 de diciembre de 1981 en Filadelfia y condenado a muerte en 1982 por el sistema injusticia racista.
Salió del corredor de la muerte en 2011 gracias a las movilizaciones del movimiento pero ahora enfrenta la muerte por encarcelamiento.
Evidencia encontrada en la Fiscalía de Filadelfia a finales de 2018 podría comprobar su inocencia y llevar a su libertad después de 41 años tras los muros si su caso se abriera de nuevo.
La jueza Lucrecia Clemons rechazó su petición el 26 de octubre de 2022 y piensa rechazar su apelación en su siguiente audiencia. Sin embargo, dejó la puerta levemente abierta con respecto al considerar evidencia sobre el racismo en la selección del jurado en 1982.
Habrá acciones en su apoyo durante su siguiente audiencia el viernes 16 de diciembre en Filadelfia después de acciones el fin de semana del 9 de diciembre, el día de su encarcelamiento.
En la Ciudad de México estaremos en solidaridad afuera de la embajada gringa el domingo 11 de diciembre a las 12 del día en un acto conjunto con un emocionante Torneo de Freestyle de #De Batl. Habrá rap de Guerrilla Bang Bang, música bailable estilo jamaiquino de Chingona Sound, canciones de Eva Palma, danza pre-hispanica de Aurelio y amigxs, obra gráfica de Ulises Xozulu, sellos corporales de la Colibrí, más grabados y una nueva manta de Indiosindios Lopez!
¡No permitamos que Mumia muera en prisión!
¡Libertad ahora! ¡Presxs Políticxs Libertad!
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 10 de noviembre de 2022
A la Opinión Pública
A Organismos Internacionales de Derechos Humanos
A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos
A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos A los Medios de Comunicaciones Local, Estatal, Nacional, Internacional e Independientes
PRESENTE.
La Organización “Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos” seguimos elevando nuestra voz, para que más personas conozcan de las malas practicas de tortura y detención arbitraria realizadas por la Fiscalía General del Estado en contubernio con Jueces de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Estado de Chiapas, que han generado acciones de dilación procesal a nuestros familiares y pretenden sentenciarlos por delitos que no cometieron.
Nuestra postura es que en Chiapas la tortura sea erradicada y las víctimas sean reparadas de los daños que el estado mexicano les ha causado, que la Fiscalía Antitortura realice indagaciones eficientes y eficaces sobre los casos de víctimas de tortura y se castiguen a los agentes perpetradores.
En este contexto queremos exhortar al Poder Judicial del Estado de Chiapas y al Juez de control del distrito judicial de Cintalapa, Chiapas, que se dirija con apego a derecho y en todo momento se apliquen los estándares internacionales de derechos humanos, así como los principios pro personae e indubio pro reo que mayor favorezcan a las víctimas y en el marco de 3 años de impunidad siendo que el día 10 de noviembre de la presente anualidad nuestro compañero Carlos Antonio López Robles (Carlos Antonio) llevara a cabo Audiencia de Juicio Oral, el Juzgado del distrito de Cintalapa, Chiapas.
Queremos mencionar que nuestro compañero se encuentra arbitrariamente detenido desde el 29 de octubre del 2019 con número de expediente penal: 443/2019. Carlos Antonio manifestó ser víctima de tortura, por hechos ocurridos durante su detención sin orden judicial, seguido a ello durante las primeras audiencias autoridades no se condujeron bajo el debido proceso y de defensa adecuada.
El 29 de octubre de 2019 Carlos Antonio, fue detenido de manera ilegal y arbitraria en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, por agentes de la Fiscalía de Alto Impacto o FAT (actualmente Fiscalía de Asuntos Especiales o FAE) “vimos que aproximadamente cuarenta policías vestidos de civiles con la cara totalmente cubierta, tiraban el portón de la casa en la que nos encontrábamos, llegaron tirando todo y rompiendo todo, nos gritaban que ¿donde estaban las drogas? ¿donde estaban las armas? ¿donde estaba el dinero?”. Además, fue sometido a actos de tortura y a tratos cueles, inhumanos y/o degradantes “…no nos enseñaron ningún papel, ninguna orden de aprehensión, a mi me comenzaron a golpear, me vendaron los ojos y me obligaron a subir a una de sus camioneta, abordo de la camioneta me siguieron golpeando, me llevaron a la Fiscalía de Alto Impacto, esto lo se porque escuchaba a los fiscales hablar entre ellos y los sonidos de las maquinas de escribir, en esta Fiscalía fui torturado y obligado a firmar papeles y expedientes de los que hasta el día de hoy desconozco su contenido. Fui desnudado, colgado, electrocutado y golpeado a tal grado que tuvieron que llevarme al Hospital Hospital General “Gilberto Gómez Maza”, donde tuve que ser intervenido con una cirugía de emergencia…”
1El 2 de noviembre de 2019, Carlos Antonio llegó al CERSS No. 14 “EL AMATE” de Cintalapa, Chiapas, día en que se llevó a cabo la audiencia inicial sin que el pudiera comprender los delitos por los que se le acusaba y las manifestaciones del Ministerio Público, ya que no podía ni hablar ni caminar después de la Tortura de la que refiere haber sido víctima. En esta audiencia su abogada, defensora de oficio, no manifestó en ningún momento las violaciones cometidas en contra de los Derechos Humanos de Carlos Antonio, tampoco recabó ni presentó ningún tipo de prueba a fin de desvirtuar las acusaciones del Ministerio Público.
Sumando que sus familiares han recibido amenazas por parte de la Fiscalía, se les ha dicho que no vayan a visitar al Carlos Antonio, que no pueden ayudarle en nada y que no deben de denunciar lo sucedido o se tomara represalias en contra de la familia. Estos hechos corresponde a una clara violación a Derechos Humanos y Violación a las Garantías Judiciales según la Convención Americana de Derechos Humanos así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 20.B Fracciones II y III.- Imponen que “A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;””A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.”
Solicitamos la solidaridad Nacional e Internacional de Organismos de Derechos Humanos, Sociedad Civil y familiares víctimas de estas malas practicas para visibilizar la grave situación de justicia en el Estado de Chiapas y pronunciarse en contra de este sistema de criminalización a intereses del Estado mexicano.
Exigimos a los Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, que celebrara la Audiencia de Juicio Oral de Carlos Antonio López Robles la exclusión de pruebas que en su valoración humana y precisa fueron obtenidas con violaciones a derechos humanos y hayan sido obtenidos con vicios formales por parte de la Fiscalía de Alto Impacto en su momento, con el objetivo de procesar a nuestros familiares injustamente presos. Así como de resolver con su inmediata libertad.
Demandamos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, al cese absoluto de la reiterada situación de terror judicial, manifestada en investigaciones con fines de criminalizar a personas inocentes y nuestros familiares.
Reclamamos investigaciones profundas y efectivas a perpetradores de violaciones a derechos humanos en el presente caso, puesto que tienen conocimiento de estos hechos garrafales.
ATENTAMENTE,
Organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos” Chilón,
A LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AL PUEBLO DE MÉXICO Y MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL GOBIERNO DE MICHOACÁN
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
Comunidades P’urhépecha a 30 de octubre de 2022.
K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, Consejo Libre y Autónomo de los Pueblos Originarios de Michoacán, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, Asamblea General Autoridades Indígenas, conformado por autoridades civiles comunales y tradicionales de 65 comunidades originarias, a petición de las Asambleas Generales de las comunidades de Huáncito y Turícuaro, ambas integrantes del #CSIM, declaramos colectivamente lo siguiente:
Denunciamos la detención ilegal y arbitraria de los maestros indígenas Cecilia Lorenzo Santiago originaria de la comunidad de Huáncito; Miguel González Estrada y José Luis Sebastián Estrada de la comunidad de Turícuaro, retenidos sin fundamentos legales por los “Kuarichas” de la comunidad de Cheranastico, toda vez que esta policía comunal aún no obtiene el reconocimiento jurídico, por lo que sus integrantes carecen de personalidad jurídica para poner a disposición a cualquier detenido, por lo que son retenciones inconstitucionales, con lo que se viola el debido proceso. Además de que la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Publica no fue consultada de manera libre, previa, informada y vinculatoria con las comunidades indígenas, así mismo el “Reglamento de las Kuarichas, Rondas o Rondines Comunales” aún no se encuentra aprobado, ni mucho menos publicado.
Ante estas retenciones ilegales, emplazamos a la Fiscalía General del Estado de Michoacán y al Gobierno de Michoacán a la liberación inmediata de estos tres presos políticos p’urhépecha, de no ser así, realizaremos movilizaciones en toda la entidad hasta obtener su libertad.
De manera atenta y respetuosa, convocamos a todas las comunidades integrantes del #CSIM a estar atentos y prepararse para movilización general. No permitiremos detenciones arbitrarias y sin el debido proceso de habitantes de las comunidades indígenas. Finalmente, informamos a la opinión pública que las Rondas Comunales no están creadas para reprimir y criminalizar a nuestra propia gente, por lo que nos reservamos el derecho de impugnar la Ley de del Sistema Estatal de Seguridad Publica.
¡IRETAENI, IRESKUNI KA IRETANI JINKUNI JARHANI!
¡SER PUEBLO, HACER PUEBLO Y ESTAR CON EL PUEBLO!
TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI
JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM
En portada: Fidencio Aldama (extremo derecho) junto a músicos en el reclusorio de Ciudad Obregón, Sonora.
Tras un proceso legal plagado de irregularidades, el próximo 27 de octubre, Fidencio Aldama, indígena de la Tribu Yaqui, cumplirá seis años recluido. Así lo denuncia el Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama y Los Otros Abogadoz, quienes mediante comunicado conjunto acusan el “racismo anti indígena inherente del Estado mexicano” como responsable por el encarcelamiento del preso político.
En abril de 2018, Aldama fue sentenciado a 15 años y seis meses, acusado por la muerte de Cruz Buitimea Piña en Loma de Bácum. Ahora, tras un largo proceso de apelación, los tribunales confirmaron la condena de Aldama, pero redujeron la pena a 14 años de prisión.
“Recordemos que el arresto y subsecuente encarcelamiento de Fidencio es resultado de un esfuerzo coordinado entre el Estado mexicano y SEMPRA Energy (a través de su filial mexicana, IEnova) para imponer un gasoducto a lo largo del territorio Yaqui”, detalla el Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama, mediante el documento difundido este jueves (20).
Fue en el año de 2016 cuando el pueblo Yaqui de Loma de Bácum rechazó la imposición del proyecto “Gasoducto Sonora”. La respuesta a la organización indígena fue la represión violenta. Así, el 21 de octubre de 2016 se realizó un ataque contra la población yaqui y una semana después Fidencio Aldama fue arrestado, “injustamente acusado” señalan las organizaciones.
Los Otros Abogadoz, quienes desempeñan la defensa legal de Aldama, anunciaron que, después de un año y nueve meses de haber sido presentado, el 17 de junio de 2022, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Estado de Sonora dictó la sentencia de amparo en la que considera que Aldama sí cometió el delito y lo hace responsable de homicidio.
A nuestro compañero Miguel Peralta y todxs los que le acompañan:
Hace unas semanas nos enteramos de la emisión de una nueva orden de aprehensión en tu contra y que revoca tu libertad ganada en 2019 y le sentencia a reclusión por 50 años, lo cual nos llena de rabia y repudio al sistema de justicia mexicano que criminaliza a inocentes . Nos queda en claro que esto es una vez más caso penal fabricado, con lo cual evidencia una vez más como actúa la justica en este país. Esta justicia que se vende, que trabaja en contubernio con los poderes políticos y económicos, que fabrica culpables y se dedica a perseguir a quienes luchan por un mundo mejor, como es tu caso querido compañero. Son personas como Elisa Zepeda quienes hacen valer la justicia para sus intereses mezquinos, pues desde el lugar que ocupa como parte de una familia caciquil y ex diputada ha realizado todo lo posible para revocar tu sentencia de libertad, de igual manera como para obstaculizar y retrasar la libertad de los 7 presos políticos de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón.
Lo que se presenta de igual manera que a nuestros otros 7 compañeros es el eterno luchar contra las familias caciques, donde la dignidad se enfrenta a la corrupción y a la política de muerte que reina allá arriba. Pues como hemos visto no importa el partido en turno en el poder, son los mismos que gobiernan desde siempre usando los mismos patrones para encarcelar a inocentes solo van cambiando de colores y cifras.
Sabemos que no estas y no están solxs, pero refrendamos nuestra admiración, nuestro cariño y nuestra solidaridad para ti y los compañeros que se encuentran tras los barrotes de la prisión y todxs los que acompañan su causa justa.
Desde este rincón de lucha les decimos no están solxs, les acompañamos y luchamos junto con ustedes por una libertad absoluta sin represiones, les abrazamos fraternalmente y que todo lo que este en nuestras manos lo pondremos a su disposición en su búsqueda de libertad y justicia.
¡A una sola voz y un solo corazón gritamos basta de encerrar a inocentes, basta de proteger a los verdaderos culpables que se encuentran libres!
¡Basta de corrupción e impunidad!
¡Basta a la criminalización de los defensores de la vida y de la tierra!
¡Exigimos libertad absoluta, alto a la represión y persecución política a Miguel Ángel Peralta Betanzos!
¡Libertad inmediata a los 7 compañeros acusados falsamente por delitos que no cometieron:
Jaime Betanzos, Francisco Durán, Isaias Gallardo, Fernando Gavito, Herminio Monfil, Alfredo Bolaños, Omar Morales!
—EUA MUMIA: ¿Qué pasa el 19 de octubre y porque llaman a movilizarse?
ROMPIENDO FRONTERAS:
—PALESTINA: Huelga de presos políticos en las cárceles de Israel
—ECUADOR: TODAS LAS VIDAS IMPORTAN. Crisis humanitaria en las cárceles de Ecuador. Brujeres al Aire
DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
—ACCIÓN GLOBAL Contra la militarización y las guerras del capitalismo. Congreso Nacional Indígenas
—MUJERES QUE LUCHAN: La batalla por una Glorieta. Redes
—GUACAMAYA LEAKS – ESPIONAJE DEL EJÉRCITO: Informe de grupos de Derechos Humanos denuncian el uso del software espía Pegasus por el ejército en contra de periodistas y activistas durante el gobierno de Obrador. Avispa, Desinformémonos, EjercitoEspia
—GUERRERO: Rechazan comunidades organizadas ser desarmar sus policías comunitarias por el ejército en territorios en resistencia ante ataques del crimen organizado. Radio Zapote
Música: Amapola, Loukaniko y los perros desde la Casa Okupa Chiapas
A LA OPINIÓN PÚBLICA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES SOCIALES
AL PUBLICO EN GENERAL.
PRONUNCIAMIENTO
Hace 5 años, éramos victimas de extorsiones, de intimidaciones y de falta de respeto hacia nuestros derechos humanos, del libre tránsito de nuestros productos del campo.
Al día de hoy, ya no solo abarca el libre tránsito de nuestros productos del campo, tenemos comisiones de ganadería, transporte, derechos humanos, agraria, luz y una comisión de salud.
Nuestros objetivos como organización es la defensa de nuestros derechos y nuestros usos y costumbres como pueblos originarios.
Estamos conformados por comunidades, rancherías de los municipios de Palenque, Ocosingo, Chilón, Salto de Agua, la Libertad, Benemérito de las Américas, Playas de Catazajá, así como comunidades pertenecientes a los municipios de Emiliano Zapata y Tenosique, Tabasco.
Como organización buscamos orientar, proteger, proponer y asesorar a nuestros pueblos originarios, actuamos de forma civil y pacífica, buscamos siempre el respeto mutuo ante las instituciones gubernamentales. Nuestros valores es impulsar el respeto a la diferencia, no buscamos conflictos, buscamos siempre la paz social en nuestros territorios.
Somos independientes de las instituciones de gobierno y de los partidos políticos. Buscamos nuestra autosustentabilidad en el trabajo y colaboración de quines integramos la organización.
Como organización PADUC somos respetuosos de las demás organizaciones sociales, movimientos o grupos que se organizan para defender sus derechos, pero no compartimos las acciones que se realizan a través de la violencia. Nuestras acciones son a través del diálogo, lucharemos a través de la fuerza de nuestra palabra y la concientización.
Queremos enfatizar nuestra postura como organización ante los sucesos en que estamos viviendo hoy, el alto índice de violencia en los territorios de los pueblos indígenas, los desplazamientos forzados, la persecución a los defensores de la tierra y de los derechos humanos, como es el caso de César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, del ejido san Jerónimo Bachajón, municipio de Chilón, por protestar ante la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en su territorio. Por lo que exigimos se cancele el proceso judicial en su contra.
Sufren la cárcel los hermanos Manuel Sántiz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, defensores de derechos humanos de la parroquia de San Juan Cancuc. Por lo que exigimos su total libertad.
Condenamos la persecución del párroco Marcelo Pérez Pérez integrante de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, por su labor en defensa de los más desprotegidos.
Nuestro andar es y siempre será a favor de la justicia y de la paz. A las personas, comunidades y pueblos que integran nuestra organización les exhortamos a que nos dediquemos a trabajos lícitos y honestos, a construir la vida digna de las personas.
Agradecemos a todas y todos los que estamos aquí marchando, que vinieron desde comunidades muy lejanas, que se levantaron temprano, que tomaron su morral y su pozol para caminar y estar aquí en esta acción. Hermanos, hermanas, estamos aquí por dos objetivos:
Primero, nuestras voces claman Si a la paz, No a la violencia en nuestros municipios, en Chiapas, en México y en el mundo.
El segundo es, celebrar el quinto aniversario de nuestra organización Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres. En estos cinco años hemos ido aprendiendo para mejorar nuestra organización.
Enviamos un saludo a todos nuestros integrantes, a las demás organizaciones sociales que luchan por la defensa de los territorios de los pueblos indígenas y a toda persona que lucha por los derechos humanos.
Como organización exigimos:
Respeto a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas
Respeto a los usos y costumbres que dan vida
Respeto a nuestros derechos humanos
Respeto a nuestra identidad social, cultural, costumbres y tradiciones
Ato a la criminalización y persecución a los defensores de derechos humanos
–ABYA YALA: Porque no celebrar la independencia. FGER.
–WALLMAPU: Comunicado Público Comunidades Mapuche en Resistencia de Malleco frente al plebiscito constituyente de salida. Malleco.
–CHILE: Libertad a Marcelo Villarroel, anarquista preso en el estado chileno. Buskando La Kalle.
–ESTADO ESPAÑOL: Jara y Cris son dos de las seis sindicalistas de CNT condenadas a tres años y medio de cárcel por las concentraciones realizadas delante de la Pastelería Suiza de Gijón para señalar un conflicto laboral. CNT
–INGLATERRA: Muere en la impunidad, sin ser juzgada, la reina pirata.
DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
–MÉXICO POLITÉCNICO: Más de 15 escuelas en Paro por mejores condiciones para las tareas educativas. Redes
–MÉXICO MAGISTERIO: Conferencia de prensa de los maestros democráticos de la CNTE sobre el nuevo plan de estudios y la imposición de la Secretaria de Educación Púbica Leticia Ramírez Amaya. Noticias de abajo
–MORELOS: Tepoztlan en lucha contra la ambición capitalista para defender el territorio y el agua.
–MÉXICO MILITARIZACIÓN: Senado aprueba militarización de México. Avispa Midia
Desde Cooperativa Tierra Negra presentamos una serie de escritos para compartir sobre Colombia. En esta primera entrega abordamos lo que hemos vivido durante más de dos décadas de uribismo y lo que ha sucedido después del gran estallido social de 2021, pero en especial es una crónica sobre los presos políticos, porque hay hermanos y hermanas tras las rejas por el simple hecho de pensar y hacer diferente.
Los queremos libres
Wilson venía caminando de su trabajo esa mañana del miércoles del 15 de junio del 2022, muy temprano. Venía, porque trabaja como guarda de seguridad en turno nocturno. De repente lo abordó la fuerza pública diciéndole que quedaba bajo arresto por varios delitos como homicidio, secuestro, tortura, concierto para delinquir, porte y fabricación ilegal de armas, vandalismo e incendio.
Parecidos a este fueron los casos de otras ocho personas detenidas en la ciudad de Cali esa mañana. Esto debido al despliegue de un operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que hace parte del llamado Plan Democracia 2022 “que tiene como objetivo, visibilizar el despliegue militar y el empleo de las capacidades del Ejército Nacional en apoyo de la gobernabilidad e institucionalidad,(…) en procura del normal desarrollo de los comicios y el libre ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos en el país.”
Dicho plan fue creado a raíz de varias afirmaciones que hizo el gobierno y altos mandatarios a respecto de presuntas “intenciones de generar actos de violencia (…) y de desconocer los resultados electorales”, según informaba el general de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas. Un plan que tuvo despliegue a nivel nacional una semana antes del 19 de junio, día de las elecciones presidenciales en Colombia.
En total, nueve habitantes y líderes del sector conocido desde el Paro Nacional del 2021 como “Puerto Resistencia” fueron apresados en la ciudad de Cali, Colombia. Algo tienen en común estas nueve personas, y es que todas ellas hicieron parte de las movilizaciones del Paro Nacional, acontecidas desde abril del 2021. Sobre todo, de este sector, también llamado “PR”. Hicieron parte de las asambleas, de las ollas comunitarias, de los plantones culturales, de la recolección de insumos comestibles y médicos. Un año después de las movilizaciones, a días de realizarse las elecciones presidenciales más esperadas desde hace más de 30 años, son apresados estos jóvenes, líderes de su territorio y con acusaciones absurdas sobre crímenes atroces, que se semejan más al actuar de las fuerzas militares que de las comunidades barriales.
También hicieron parte de la seguridad de los manifestantes ante los embates de la Fuerza Pública, en lo que se conoció como Primeras Líneas, jóvenes encapuchadxs que luchaban por su defensa y la de su comunidad con elementos caseros ante todo el arsenal de la Policía, que desde el 2021 ha tenido un incremento del 5,3% en su partida presupuestal, unos 42,6 billones de pesos para la misma institución que está acusada de 44 homicidios en el marco de las protestas según Indepaz (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz).
Otra cosa tenían en común: desde el final de las protestas y bloqueos, se dedicaron a realizar labores comunitarias en los distintos barrios aledaños al sector, comprometidos con un cambio de su territorio. Y desde esta plataforma de trabajo comunitario y cultural decidieron ser parte de la campaña del Pacto Histórico, coalición política de Gustavo Petro y Francia Márquez en el Distrito de Aguablanca, un gran sector de la ciudad de Cali donde habita el 30% de la población caleña en condiciones socio-económicas muy difíciles.
Esta acción de persecución, difamación y acusación de crímenes es una práctica que en Colombia se conoce como “falso positivo judicial” y es especialmente usada contra líderes y lideresas sociales, periodistas críticxs, defensorxs de derechos humanos, ambientalistas o políticxs de la oposición. No es algo nuevo en Colombia.
El virus de Colombia se llama uribismo
Desde hace décadas venimos enfrentando la persecución criminal del Estado contra distintas personalidades y colectivos socio-políticos que hacen ejercicios de oposición a esta extrema derecha que en Colombia tiene nombre propio: Uribismo. Porque aunque la herencia de la guerra y las políticas de terror han sido pan de cada día en nuestro país, es importante decir que todas esas prácticas de guerra sucia se agudizaron mucho más en la primera década del siglo XXI, con la llegada al poder en el año 2002 de Álvaro Uribe Vélez, político que empezó su boyante carrera como miembro del Partido Liberal colombiano, pero que con el pasar de los años fue asumiendo posturas mucho más autoritarias y radicales, hasta crear un partido distinto con clara corriente de ultra derecha: primero “Partido de la U” y después, con ciertas escisiones, “Centro Democrático”.
Para hablar de este personaje fatídico y trascendental para el destino de Colombia habría que remontarse hasta los años ochentas del siglo pasado, cuando el narcotráfico en la nación suramericana comenzaba a llamar la atención de todo el planeta. Uribe fue primero Director de la Aeronáutica Civil de 1980 a 1982, desde donde autorizó vuelos internacionales a distintos miembros del Cartel de Medellín de Pablo Escobar. Dicha información la ha demostrado el senador Iván Cepeda quien ha realizado las investigaciones y denuncias que desde el 2014 han sido motivo de debate del Congreso Nacional y relacionan a la familia Uribe con el narcotráfico en diferentes épocas.
Después se desempeñó como alcalde de Medellín en 1982 aunque solo ocupó el cargo durante cinco meses ya que renunció por razones que aún suscitan controversia frente a su relación con el Cartel. Fue también concejal de la misma ciudad entre 1984 y 1986 y luego Senador de la República desde 1986 hasta 1994.
Durante sus años como miembro del legislativo, Uribe promulgó la creación de leyes que privatizaban varios derechos fundamentales de los ciudadanos, como las pensiones (ley 71 de 1988), las prestaciones y contratos laborales (ley 50 de 1990) y la salud (ley 100 de 1993).
También fue gobernador del departamento de Antioquia, uno de los más grandes del territorio nacional y que representa la segunda economía más fuerte del país, cargo que desempeñó de 1995 a 1997. Durante su mandato, en los campos antioqueños se fortaleció la creación de ejércitos paramilitares con el objetivo de enfrentar militarmente a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), y cualquier posible “aliado” (comprobado o no) dentro de la sociedad civil.
Fue en su gobierno que se crearon las Cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria, mayormente conocidas como Convivir. Hablamos de cooperativas creadas con el objetivo de prestar servicios de vigilancia y seguridad privada en forma remunerada a una comunidad, las cuales mutaron rápidamente a grupos paramilitares, con ejercicios de violencia muy propios y supremamente degradantes, amenazantes y despiadados. A la fecha tres magistrados de la sala de Justicia y Paz ordenan investigar a Álvaro Uribe Vélez “por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y Convivir vinculadas con éstos y/o concertarse con ellos, no sólo como Gobernador de Antioquia, sino después y aún como presidente de la República”,dicta el tribunal.
Álvaro Uribe llegando a la Corte Suprema de Justicia, en Bogotá, Colombia, 8 de octubre de 2019.
Los grupos paramilitares se convirtieron en ejércitos que arrasaron con territorios, masacraron y desplazaron mucha gente, como en la conocida internacionalmente Masacre del Aro, donde fueron asesinados 15 campesinos por parte de paramilitares de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y, donde el líder de dicha organización Salvatore Mancuso, confiesa la participación del ejército y la gobernación de Antioquia en dicho operativo.
La carrera política de Uribe llega a su apogeo en el año 2002, cuando es electo presidente de la nación. Desde su presidencia el conflicto armado mostró su cara más atroz. Para nadie es un secreto que grupos armados como las AUC, el Bloque Metro o Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), grupos paramilitares que ocasionaban terror en los territorios campesinos del Urabá antioqueño, el Magdalena Medio, el Chocó o la Sierra Nevada de Santa Marta, fueron grupos creados y auspiciados bajo el visto bueno de sus diferentes mandatos, e incluso sus mismos jefes desde prisiones estadounidenses han alegado en distintas ocasiones que existía un pacto entre las Fuerzas Armadas (Policía y Ejército), los paramilitares y distintos miembros de su gabinete, incluyéndolo a él como presidente de la República.
Las cifras hablan por sí solas: según datos de la Comisión Colombiana de Juristas, en el periodo comprendido entre el 1° de julio de 2002 y el 30 de junio de 2010 un total de 28,580 personas perdieron la vida en Colombia por razones relacionadas con violaciones a los derechos humanos, también documentó la violación del derecho a la vida de 18,368 personas que murieron por causa de ejecuciones extrajudiciales, homicidios socio políticos o desapariciones forzadas. Es justamente en su periodo presidencial que ocurren los mal llamados “falsos positivos”, más de 6,000 ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército presentadas como falsas bajas en combate para ganar favores y prebendas; también abunda la persecución a líderes sindicales, campesinos, ambientales, periodistas, políticos; despojo de tierras; privatización de derechos fundamentales de la sociedad. Su gobierno ha sido uno de los más sangrientos en la historia de Colombia.
En el 2010, su anterior Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quedó electo presidente y aunque hubo una gran división con este nuevo gobierno, muchas de las políticas nefastas del uribismo anterior prevalecieron. Podríamos decir que con la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP, se marca una distancia total entre ambos gobiernos, pero la falta de garantías económicas y políticas reales para este proceso, la pobreza en aumento, la violencia arreciando y el narcotráfico en auge, demuestran que más que una ruptura entre ambos gobiernos, lo que hubo fue una continuidad suavizada de las mismas contradicciones y problemáticas.
En 2018, con ayuda de maquinarias económicas aliadas a poderes del narcotráfico, lo que se conoce en Colombia como la “Ñeñe-política”, por José Guillermo Hernández Aponte conocido como ‘El Ñeñe Hernandez‘ empresario con nexos con el narcotráfico, queda electo presidente Iván Duque. Su gobierno ha sido la vuelta atrás al uribismo más recalcitrante, al ser miembro del partido del ex-presidente y en cierta medida pupilo del mismo. El asesinato sistemático a lideresas y líderes sociales, la expropiación de tierras para proyectos extractivistas, los niveles de pobreza y desempleo, la devaluación del peso, los escándalos de violencia y corrupción por parte de distintos miembros de las Fuerzas Militares y políticos prominentes, son parte de su política de gobierno.
Los datos de Indepaz arrojan que en los últimos cuatro años han sido asesinados 957 lideres sociales y defensores de los derechos humanos, al igual que 261 excombatientes. Del mismo modo, se contabilizan 313 masacres que dejan 1,192 víctimas. Tristemente son sólo una pequeña muestra de todo lo ha sucedido en nuestro país durante el gobierno de Duque. Pero hubo tres hitos que marcaron su gobierno: el Paro Nacional del 2019, la pandemia de Covid del 2020 y el Paro Nacional del 2021.
Todo el poder para la gente
El 21 de noviembre del 2019 se vivió en toda Colombia una jornada de movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque, por muchas razones acumuladas por décadas en el país y ya nombradas arriba, en especial por la perpetuación del uribismo. El pueblo, agotado de tanta indiferencia por parte de la clase política y la élite económica, salió a las calles en masa, por miles, durante varios días a exigir que se le escuchara y la respuesta por parte del gobierno fue la represión violenta llevada a cabo por las Fuerzas Armadas: Policía, Ejército y ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios).
Al llegar la pandemia a lo largo del año 2020, la situación económica empeoró y el gobierno de Iván Duque presentó planes de salvamento a la banca privada y a empresas allegadas a su círculo económico y familiar, como fue el caso de Avianca, pero no hubo rescate para la pequeña empresa ni mayor inversión en la red hospitalaria que estaba colapsada o en la alimentación que escaseaba en la mayoría de hogares.
Esto acrecentó el déficit fiscal que ha aquejado por décadas a nuestro país y para rematar este paquetazo de medidas económicas criminales contra la clase popular, Duque quiso afrontar dicho déficit proponiendo una reforma tributaria a inicios del año 2021 que atacaba con gravámenes e impuestos altísimos a productos esenciales de la canasta familiar, como son las verduras, los lácteos, las carnes, la gasolina e incluso, los servicios de telecomunicaciones y funerarios.
Manifestaciones en el marco del Paro Nacional del 2021
A raíz de todo esto, se convocó para el 28 de abril del 2021 una nueva jornada de movilizaciones a nivel nacional en contra de este mal gobierno que ha sido la perpetuación del uribismo, un gobierno de sangre y muerte. Lo que pasó ese día y durante los dos siguientes meses fue algo inesperado, pero inevitable. El estallido social en Colombia caldeó y Cali fue el epicentro. Fue la ciudad donde más intensamente se vivieron las jornadas de movilización, bloqueo y protesta. Pero también donde más se sintió la represión y el brazo armado de la policía con dos de sus más violentas fuerzas de choque: el ESMAD -fortalecido y formalizado por la administración de Uribe- y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES).
Bogotá y Cali fueron las ciudades más afectadas por esta violencia sin precedentes contra lxs manifestantes. Según datos recogidos de Indepaz, hubo 96 agresiones oculares, 35 casos de violencia sexual, mil 661 victimas de violencia, 2,053 detenciones arbitrarias y 83 homicidios de los cuales 44 se han demostrado fueron ejecutados por la fuerza publica. El paro lloró sus muertos y luchó por sus derechos, logró frenar todo el país, toda la economía, todo el transporte, logró plantarle la mirada a un gobierno indolente y descarado de manera digna, frenando la reforma tributaria y bajando de su puesto al ministro de hacienda Alberto Carrasquilla. Pero en especial, el paro logró la unidad de comunidades, barrios y pueblos.
Es el paro nacional del 2021 lo más importante que le ha pasado a la sociedad colombiana, en especial a la juventud. Jóvenes que derribaron símbolos para crear monumentos, que descubrieron el buen comer en las ollas comunitarias que en cada esquina se levantaban, que descubrieron su aporte a la sociedad cuando toda oportunidad les había sido negada. Entonces hubo escuelas y bibliotecas donde antes habían puesto policiales, y se rompió el cemento para sembrar comida, las calles florecieron de cilantro, maíz, tomate y maracuyá, la atención médica se hizo propia, urgente, solidaria y humana. Todo cambió, hasta los lugares y las calles cambiaron de nombre y entonces hubo Loma de la Dignidad donde ante fue Loma de la Cruz, y Portal de la Resistencia donde antes fue Portal de las Américas y Puerto Resistencia donde antes era Puerto rellena. Y por primera vez el pueblo sintió que las calles eran suyas, porque se sintió seguro, porque hubo una primera línea que les cuidó y defendió cuando fue necesario.
Sueños tras las rejas
Todo esto tienen en común estos nueve jóvenes: haber sufrido el uribismo en todo su esplendor, haberse entregado al Paro Nacional con todas sus fuerzas para exigirle a un Estado por sus derechos, haber hecho campaña a la oposición, hoy partido gobierno, ser falsos positivos judiciales y estar tras las rejas, presos hace más de dos meses. Ellos son: Rolando Quintero Ramírez, Jhon Alejandro Hernández, Alejandro Blandón Ordóñez, Yeinshon Giner Hernández Realpe, Jofren Alberto Ordoñez Angulo, Anderson David Cifuentes Montaño, Wilson Stiven Murillo Ordoñez, Iván Ricardo Bermeo Carabalí y Diego Fernando Ángel Agudelo.
Para quienes crecimos dentro de estos 22 años de uribismo como Rolando, Jhon, Anderson o Diego, la violencia ha sido cultura popular, titular de noticia, pan de cada día, la hemos vivido en carne propia. La corrupción administrativa se ha vuelto casi como el aire que respiramos. Y la falta de oportunidades se vuelve el tema de conversación obligado cuando estamos charlando ocasionalmente en la calle. Demostrar la rabia en este último gobierno, contra este régimen de décadas, no era simplemente inevitable, era necesario. Por eso el Paro Nacional fue un Estallido Social. Y Jofren, como los otros jóvenes apresados, lo entendieron muy bien. Hoy están presos por ello.
Pero no sólo por ello, hoy Gustavo Petro y Francia Márquez han hecho historia. Han dejado de ser opositorxs de la institucionalidad, para volverse lxs máximxs exponentes de dicha institucionalidad. Presidente y vicepresidenta. Y es histórico para personas como los nueve compañeros de PR, quienes hicieron pedagogía política en pro de este gobierno, como parte de la campaña, razón que muchxs sospechan como motivo real de su imputación de cargos. También es histórico para lxs miles más que hemos vivido el uribismo de muchas maneras. Para muchxs, representa el fin de una era dictatorial en nuestro país, el fin de una noche larga. Muchos, muchas sueñan un cambio, pero lo cierto es que esperamos y seguimos esperando, que los nueve de PR puedan verlo y vivirlo en libertad.
Los nueve de PR hacen parte de una gran cantidad de presos políticos en nuestro país, más de 7 mil personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en la protesta social, defender los derechos humanos o ambientales, o simplemente por estar en oposición al Estado. Como dijimos al inicio, esta es la primera entrega de tres textos sobre el contexto colombiano, el uribismo, el estallido social y los presos políticos, siendo este último tema nuestro asunto principal a tratar en nuestro siguiente texto.
Durante el periodo del 1 junio de 2021 al 31 de mayo de 2022 se registraron 118 eventos violentos contra personas defensoras de derechos humanos en México, de los cuales más del 71 por ciento fueron cometidos por alguna autoridad en los tres niveles de gobierno pertenecientes al partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
De estos eventos, se desprende un saldo de 203 agresiones entre los que figuran detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que afectaron a 39 organizaciones, 28 comunidades, 48 personas y 3 familiares.
Estos datos son parte del informe Defender los derechos en México: entre la omisión y la simulación, elaborado por Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C. (ACUDDEH), el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, quienes concluyen que, del total, seis de cada diez actos de violación a los derechos humanos, fueron responsabilidad de las autoridades estatales.
Las violaciones a los derechos humanos contra las personas defensoras “nos muestran que su uso se despliega, preferentemente, para atacar a aquellas personas que ejercen y defienden el Derecho humano a la protesta” destaca el informe. Además, el documento señala la responsabilidad de las policías, federativas y municipales como principales perpetradores de “agresiones, hostigamientos y amenazas que caracterizaron la estrategia represiva de los sexenios anteriores”, quienes actúa a la par de grupos paramilitares vinculados a los gobiernos de las entidades federativas, al Ejército y a la Guardia Nacional.
Presentación del informe “Defender los derechos en México: entre la omisión y la simulación”
El registro apunta que acontecieron 307 actos de detención arbitraria, “cuyo blanco y objetivo principal fue desarticular el ejercicio y la defensa del Derecho humano a la protesta”. En el mismo periodo, 28 personas fueron víctimas de ejecución extrajudicial y se registraron 19 personas víctimas de desaparición forzada.
“El uso de la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada se utiliza como una estrategia represiva de desarticulación y aniquilamiento en contra de los defensores del Derecho humano a la protesta, a la vida digna y al territorio”, reitera el informe.
En el periodo que abarca el documento, la entidad con mayor número de ejecuciones extrajudiciales es, como en el informe del año previo, Oaxaca con ocho casos. Le siguen Morelos, Sonora y Puebla con tres casos, Michoacán, Chiapas y Guerrero con dos casos y Colima, Veracruz, Baja California, Hidalgo y Chihuahua con un caso.
Represión
“La disminución del uso de estos mecanismos de represión política está muy lejos de ser suficiente ante lo que el pueblo organizado necesita luego de los dos sexenios anteriores en que se lanzó una guerra en contra de todo aquel que se organizara para defender la vida digna”, resaltaron las organizaciones que elaboraron el informe.
Principalmente, las tres acciones mediante las cuales se manifestaron las agresiones fueron a través de desalojos, golpes y disparos con armas de fuego, así como el hostigamiento y el allanamiento de domicilios u oficinas.
Durante la presentación del documento, la Oficina de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) subrayó su preocupación sobre el incremento del allanamiento como una forma de sembrar terror y lo ejemplificó con el desalojo realizado por la Guardia Nacional, en febrero de este año, contra la Casa de los Pueblos Altepelmecalli en Puebla.
Aunado a esto, el documento enfatiza que los datos muestran que el Gobierno Federal no ha cumplido con las responsabilidades que tiene con respecto a los Derechos a la memoria, la verdad y la justicia de las víctimas de graves de derechos humanos, “responsabilidades que no sólo emanan de lo indicado en los instrumentos internacionales, sino de la responsabilidad moral que tiene ante el pueblo de México”.
Ante la gravedad de las agresiones, dentro del informe las organizaciones destacan el aumento, frente a años anteriores del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, del número de actos en el uso de ciertos mecanismos de represión política, así como el mantenimiento de ciertas estrategias que ya se habían observado en sexenios pasados.
Para las organizaciones, esta situación de violencia reiterada, aunada a “la simulación, la mantenida omisión y la falta de compromiso para con graves violaciones a los derechos humanos ocurridas fuera de su periodo de mandato e incluso dentro de él pero en entidades federativas donde el Gobierno Federal excusa no poder intervenir lo que es, a fin de cuentas, una forma callada y silenciosa que también perpetúa la impunidad, esa sombra oscura que, como hemos insistido, informe tras informe, es el caldo de cultivo que permite que las graves violaciones de derechos humanos se sigan perpetrando”.
“Este nuevo paradigma, la 4T, lo que nos arroja con este informe es que, a las articulaciones y defensoras de derechos humanos, hay una constante omisión y simulación porque hay una política que se repite, no sólo de represión, sino de aplacar y exterminar”, compartió Jade Ramírez, cofundadora del medio Perimetral durante la presentación del documento.
En el evento, en el cual participaron representantes de organizaciones mexicanas e internacionales, se argumentó que los métodos de represión del actual Gobierno Federal se modificaron, pero lo que no cambió fue la intención de callar las voces disidentes que están inconformes con el proceder de las autoridades.
