Mujeres
Pronunciamiento 9 Asamblea del Movimiento de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra y Nuestros Territorios
Cideci, Chiapas,México
21,22,23 de mayo
Como mujeres de diferentes pueblos y regiones de Chiapas, honramos y agradecemos con respeto, fuerza y alegría nuestra novena asamblea. Esta vez nos han recibido las compañeras de los colectivos de la zona Altos tseltal, tzotsil y valle de Jobel, y nos han acompañado hermanas y compañeras de Campeche. Agradecemos a la vida y a la comunidad CIDECI – Unitierra por recibirnos, por brindarnos el espacio además de ser cobijo para reflexionar, compartir y acordar cómo estamos y qué sigue en la lucha por la vida y la dignidad común.
La realidad que se vive hoy en las diferentes regiones no ha cambiado mucho desde la última vez que nos reunimos hace seis meses; los problemas que hemos identificado han aumentado: el colapso de la Madre Tierra y el tejido social cada vez más roto por las violencias que generan los enfrentamientos por control territorial del crimen organizado junto con los malos gobiernos; en las comunidades así como en las ciudades, se ha incrementado el consumo de drogas y alcohol en jóvenes y jóvenas. Todo esto ha provocado una creciente desorganización social, alimentada por el individualismo que impulsan los proyectos y programas del mal gobierno, así como enfermedades derivadas del descontrol emocional y cada vez menor participación comunitaria.
En la Costa, el calor es devastador y no hay lluvias como antes; siguen los apagones de luz. Sigue el abuso del poder, el engaño y la corrupción de funcionarios y autoridades.
Socialmente el alcoholismo y drogadicción no para y hay mucha violencia en las casas. En los últimos años no se deja de hablar en el cotidiano de feminicidios y secuestros de niñas y niños. Sentimos y vemos que los Jóvenes están arruinando su vida en el alcohol y las drogas, las jóvenes mujeres en prostitución y embarazos a muy temprana edad; vemos que los programas como “Jóvenes Sembrando Futuro” no ayudan sino perjudican más. Los desafíos cada vez son más complicados por la falta de trabajo e ingresos para tener lo básico, que es el alimento y la salud. Los altos costos de la canasta básica y las enfermedades van en aumento. La comunicación entre hijas e hijos, y con los maridos, es cada vez más difícil por el alcoholismo y los celulares; todo ello ocasiona peleas, divorcios, individualismo y tejido social destruido.
En la Zona Altos tsotsil, tseltal y valle de Jobel, vemos el incremento del uso de agroquímicos en las comunidades; sin embrago, las mujeres organizadas no los utilizan, pero cuando compartimos el daño que hacen a la tierra, la palabra no es escuchada ni valorada.
El consumo de drogas y alcohol entre las y los jóvenes va en aumento al igual que los suicidios y la migración hacia el norte del país, eso afecta cada vez más a nuestras juventudes.
El uso de redes sociales ha causado cambio de actitudes y comportamientos en los jóvenes, y ha aumentado el acoso sexual y la falta de respeto entre mujeres y hombres.
Hay comunidades y regiones donde ya se prohibió consumir alcohol; hay multas establecidas y sólo dos veces a la semana se permite consumo en fiestas.
Se han notado enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y personas torturadas.
Los desafíos: vemos poco interés en la participación de las juventudes. Se necesitan talleres para impulsar trabajar la tierra sin agroquímicos así como para atender el alcoholismo y la violencia sexual y de maltrato que generan.
En la Zona Norte, región cho’ol y tzeltal. Se viven las consecuencias de la destrucción de la Madre Tierra por la supercarretera y el mal llamado Tren Maya: en los pequeños y medianos centros urbanos hay inestabilidad del suelo y vulnerabilidad en las construcciones de las casas, que presentan grietas en viviendas y banquetas. Hay inundaciones cuando llueve porque no hay selva ni árboles para contener y drenar el agua de manera natural. El desequilibrio se vive también en grandes periodos de sequías; los ríos y fuentes de agua que abastecen a Palenque se están secando. Muchas comunidades comienzan a estar afectadas por la falta de agua y empiezan a dudar de los beneficios del Tren y la supercarretera; algunas han sacado un comunicado, pero aún hay incertidumbre y poca organización. Los animales también lo sufren: han aparecido cocodrilos en comunidades donde no los había.
La incertidumbre sigue ante la falta de información, porque no sabemos exactamente dónde va a pasar la autopista; están destruyendo la selva, los cerros y los árboles tanto del lado derecho e izquierdo de nuestras comunidades. Mientras tanto, siguen las divisiones en las comunidades a causa de quienes creen y reciben dinero de los programas del mal gobierno, que compra conciencias a través de regalías. Por ejemplo, el 10 de mayo hubo regalos muy caros de parte del ayuntamiento para tapar la boca a las familias. Están dando 40 mil pesos para “mejoramiento” de tierra y piden copias de las escrituras de las casas. Están entregando “Tarjetas Bienestar” a estudiantes universitarios, la mayoría sólo las utilizan para ir a los bares.
La modernización de la ciudad de Palenque ha sido muy rápida; ya hay centros comerciales con tiendas de corporaciones internacionales y muchas universidades privadas, mientras vemos que muchos profesionales están trabajando de taxistas, vendiendo empanadas, o trabajando en tiendas y haciendo labores que no son de su profesión, muchos terminan también migrando en busca de trabajo. Vemos un aumento de tiendas de ropa de marca que venden a crédito, donde se endeudan familias enteras para vestirse como el capitalismo ordena; todo en Palenque es consumo de la moda que ven en la televisión y los celulares. Siguen los apagones de energía eléctrica en la ciudad así como en los ejidos, generando descomposición de los equipos electrodomésticos. Hay más consumo de drogas; alcohol y pornografía que desequilibra la vida en las comunidades: a las personas, los matrimonios, las familias, los papás y sus hijos, entre hermanas y hermanos. Mientras tanto, aumenta una infraestructura para la turistificación que encarece todos los espacios públicos para las personas locales. Vemos un aumento de personas migrantes haitianas que trabajan en los centros comerciales o en las cocinas de restoranes, pero están siendo explotadas porque no se les paga lo mismo que a una persona de la región; hay desprecio, discriminación y abuso hacia ellas. Las hijas e hijos de las personas haitianas están en las escuelas públicas, y vemos como entre niñas y niños y jovenes y jovenas hay más conciencia porque los integran y no discriminan como lo hacen las personas adultas.
Siguen los cárteles de la droga vendiendo en la ciudad mientras los funcionarios facilitan todo. Las escuelas públicas se organizan para reflexionar y trabajar con las hijas e hijos y las familias sobre los daños de las drogas. También están apareciendo testimonios sobre vuelos de drones, helicópteros y aviones por nuestros territorios.
Amenazas y despojos de territorio hacia los pueblos organizados que resisten y se organizan para la defensa de la Madre Tierra. Las familias producen milpa y no reciben proyectos de gobierno y viven mucho mejor de los qué sí reciben. Hemos analizado la situación y la valoración es que esta tierra está cerca del proyecto de la Supercaretera, lo que se explica por su ubicación cerca del río de Agua Clara y el Río Tulijá. Vimos al presidente municipal promoviendo el sembrar plantas “para que se vea bonito para el turismo”. Nuestros desafíos están en los rumores que generan conflictos internos y divisiones mientras el mal gobierno aprovecha para meter sus proyectos. Estamos alertas y resistiendo con iniciativas autogestivas en la salud, por ejemplo, una clínica comunitaria.
En la Zona Norte Zoque. Desde marzo del 2025 nos percatamos de cambios preocupantes en nuestros territorios: se restringió el acceso al volcán por varios meses, y recientemente se reaperturó, pero promoviendo iniciativas vinculadas al ecoturismo y a las propuestas de geoparques, sin que exista información clara ni procesos amplios de consulta y participación comunitaria. De manera simultánea, persiste el interés por reactivar la minería mediante la empresa Fortune Bay Corp; así como el avance para decretar Áreas Naturales Protegidas (ANP), lo que genera incertidumbre y preocupación en nuestras comunidades ante posibles afectaciones a nuestras formas de vida, al uso del territorio y a nuestra autonomía.
En Chapultenango, desde el periodo de la pandemia hemos sido testigos del avance de dinámicas vinculadas al crimen organizado y de intentos de control territorial que ha afectado profundamente la vida comunitaria. En agosto del 2025 ocurrieron asesinatos de personas de nuestra comunidad, entre ella de una persona mayor y de un menor de edad. Estos hechos permanecieron en silencio debido al miedo instalado en el territorio. Poco a poco nos percatamos del aumento de la violencia hacia las mujeres, la desaparición de jóvenes y asesinatos. Recientemente fue localizado en el río el cuerpo sin vida de un joven de telesecundaria; estaba amordazado y se dice que vinculado al crimen organizado. También nos preocupa profundamente el incremento en el consumo de estupefacientes entre la juventud, situación que afecta la convivencia comunitaria y vulnera el presente y el futuro de nuestras nuevas generaciones.
Como mujeres y defensoras del territorio los desafíos persisten en formas de intimidación y amenazas, además de estratégias que buscan sembrar desconfianza, romper la organización comunitaria y fomentar división entre mujeres.
Desde Campeche. Somos un colectivo de base al sur de Campeche, nuestra lucha inicio en la búsqueda de justicia respecto al megaproyecto mal llamado Tren Maya, donde algunos y algunas de nuestras integrantes siguen siendo señaladas y criminalizadas, tanto por el Estado como por otros actores.
Nosotras como mujeres nos hacemos defensoras en el camino, luchamos por nuestra dignidad, palabra y nuestra vida. Como mujeres ya traemos cargas emocionales, responsabilidades dentro de nuestras familias y comunidades, vivimos por todas partes la estructura patriarcal y capitalista; utilitaria y de desprecio, que continúa lastimando a las mujeres, a los jóvenes y a las niñeces de comunidades indígenas y campesinas. No en casualidad el aumento de la violencia en las comunidades, no es casualidad el desplazamiento forzado de las comunidades. No es casualidad la desaparición y asesinatos de defensores y defensoras de los pueblos indígenas del territorio. El colapso de la Madre tierra es resultado de un sistema capitalista.
Somos productoras, sembramos, cultivamos y cuidamos nuestras semillas nativas, árboles, plantas medicinales, cultivo de hortalizas y manejo de animales de traspatio en nuestros solares y parcelas para tener y comer alimentos más sanos y menos contaminados, para tener nuestra propia medicina. Nos apoyamos fortaleciendo nuestras autonomías económicas a través de la venta de excedentes y elaboración de productos artesanales y naturales.
Como organización contribuimos, impulsamos y ofrecemos talleres para juventudes e infancias, en temas de semillas nativas de granos, y distintas especies endémicas como arboles nativos, polinizadores importantes para el equilibrio ecológico y alimentario, hemos organizado y asistido a encuentros donde compartimos distintas experiencias, recibimos estudiantes, colectivas, y organizaciones.
En suma: En esta asamblea compartimos nuestras esperanzas de a pie y con corazón, construidas desde la colectividad. En las regiones Altos, Costa, Selva y Zoque, así como con las compañeras de Campeche, estamos trabajando la defensa de la Madre tierra y de nuestros cuerpos-territorios con medicina natural para el cuidado y sanación integral. También nos estamos fortaleciendo en la recuperación y siembra de nuestros alimentos locales. Compartimos nuestras semillas de esperanza a las niñeces y juventudes, motivándolas en el cuidado y defensa del territorio; reconociendo que es nuestra Casa Común, con el compromiso y responsabilidad para defenderla. Impulsamos nuestro trabajo para construir un mundo en donde haya más humanidad, respeto y apoyo entre mujeres y hombres, y donde las mujeres puedan tener más participación.
Cerramos la 09 Asamblea con un momento de sanación colectiva en Temazcalli, con un parto colectivo que honra la fuerza vital del útero común, donde nos curamos el cuerpo, el corazón, las emociones y el espíritu, soltando todos los dolores y recibiendo el poder de nuestras ancestras y ancestros, así como el amor de nuestra gran Madre Tierra, para seguir nuestro camino, nuestro rumbo, como defensoras de la Vida, con fuerza – sonriente y cómplice -, y por supuesto con dignidad.
Nos solidarizamos con las familias del CNI de Jotolá, quienes están siendo despojadas de sus tierras,amenazadas y criminalizadas.
Tierra Madre y territorios somos una. Juntas y organizadas venceremos.
Atentamente:
Colectivo Defensoras de Nasakobajk (Defensoras de la Madre Tierra), Zona Zoque
Red de Mujeres de la Costa en Rebeldía, Zona Costa
Colectivo Tsijilba Bij (Nuevo Camino), Zona Selva Ch’ol y Tseltal
Colectivo Nichim Antsetik (Flor de Mujeres), Zona Altos Tseltal
Colectivo familiar, Zona Altos Tseltal
Colectvo Antsetk Ts’unun (Mujeres Colibrí), Zona Altos
Colectivo ViDas, Campeche (Invitadas)
Misión Civil denuncia ataques narcoparamilitares y omisión estatal en Guerrero
Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
En portada: Mujeres acompañan la marcha fúnebre de los tres policías de la CRAC-PC Pueblos Fundadores que fueron sepultados el 20 de mayo en el panteón de Alcozacán, en medio de la violencia contra comunidades nahuas de Chilapa. Foto: Lenin Ocampo Torres.
Integrantes de la Misión de Observación Sexta (MCO Sexta) y del Congreso Nacional Indígena (CNI) denunciaron que comunidades nahuas en el estado de Guerrero enfrentan desplazamiento forzado y destrucción de viviendas, cultivos y espacios comunitarios tras los ataques armados atribuidos al grupo criminal de “Los Ardillos”, suscitados desde los primeros días de mayo en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, en el municipio de Chilapa.
Este miércoles (27), mediante conferencia de prensa titulada “Criminalización, exterminio y graves violaciones a los derechos humanos en las comunidades de la montaña baja de Guerrero”, la Misión presentó los primeros hallazgos tras las agresiones contra los pueblos indígenas organizados en el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC Pueblos Fundadores).
Acorde a la documentación y testimonios recogidos por la Misión, los ataques fueron realizados con drones y armas de alto poder que destruyeron cultivos y viviendas. En su recorrido registraron municiones de distintos calibres, incluso de armamento de uso exclusivo del ejército; casas y milpas quemadas, animales muertos y comunidades, como Tula, completamente vacías por el miedo de sus habitantes frente a las agresiones armadas. En dicha comunidad, resaltaron que no existen condiciones para el retorno inmediato, “no hay ni un habitante. No hay condiciones, quemaron todo”, afirmaron durante la conferencia.
“Entraban y destruían todo lo que poseían las familias en la comunidad. Era una saña impresionante por aniquilar y que nunca más esto se pudiera poblar nuevamente, su objetivo estaba muy claro”, detalló Malinalli Vega, integrante de la Misión. Integrantes del CNI, que también participaron de la Misión, denunciaron que fueron testigos de un ataque sistemático contra el territorio de los pueblos originarios, agresiones contra “lo que nos hace ser como pueblos, nuestra historia, nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de organizarnos, nuestro trabajo”.
Por su parte, la abogada Karla Zamora denunció que el trabajo de la Misión evidencia que no existe por parte del Estado ningún seguimiento a la violencia generalizada contra las comunidades nahuas. Zamora destacó que, pese a la gravedad de las agresiones que calificó como “crímenes de lesa humanidad”, a la fecha no existen investigaciones por parte de las autoridades de ningún tipo, “no hay carpetas de investigación, no hay periciales, no hay detenidos”.
Además, cuestionó la postura del gobierno federal, el cual ha difundido que se trata de un conflicto entre comunidades y que por ello realizará mesas de diálogo. “¿Diálogo con quién? ¿diálogo con los grupos narcoparamilitares?, ¿de qué clase de gobierno estamos hablando, cuando están hablando de de negociar con los grupos del narco?”, inquirió la abogada, para quien la versión oficial es una mentira.
Desprotección
Durante su intervención, la abogada también exigió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas restituir las medidas a promotores comunitarios de las poblaciones atacadas, así como atender solicitudes pendientes, debido a que la falta de respuesta institucional ya ha derivado en asesinatos, como en el caso de Isaías,promotor comunitario de Tula.
“A él lo asesinaron cuando había solicitado también la incorporación al mecanismo y no se la dieron argumentando que eso era lo que se vivía diariamente en Guerrero; la violencia, una violencia que ya es estandarizada para ellos”, denunció Zamora.
Aunado a estos casos, los integrantes de la Misión también evidenciaron que, pese haber solicitado acompañamiento oficial para ingresar a las comunidades atacadas, conforme a los requisitos del protocolo del Mecanismo de Protección, la respuesta negativa les fue comunicada apenas un día antes del recorrido. Aún cumpliendo con la entrega de la solicitud, con cinco días de anticipación para que las autoridades del estado de Guerrero coordinara con fuerzas de seguridad para el acompañamiento de la Misión, finalmente no se otorgó la protección a los observadores.
Incluso, el profesor Jesús Cuéllar denunció que la Secretaría de Gobernación difundió la versión de que la Misión negó el acompañamiento, al publicar un video editado en el que se les presenta como si hubieran rechazado las medidas de seguridad. Según Cuéllar, lo que pidieron fue que militares y elementos de seguridad se retiraran de la cancha comunitaria de Alcozacán porque habría una asamblea y niñas y niños estaban usando ese espacio, fragmento que fue recortado y difundido sin contexto por parte del gobierno federal para hacer creer que la Misión rechazo las medidas de seguridad.
Pese a los alegatos del gobierno estatal, que argumentó que no contaban con los elementos de seguridad, integrantes de la Misión registraron una fuerte presencia del ejército, Guardia Nacional y policías en la cancha y la comisaría de Alcozacán, así como a la salida de Tula donde atestiguaron un despliegue de más de 40 camionetas de militares pese a que previamente se les había negado el acompañamiento. “Nos dimos cuenta que no querían que entráramos”, sostuvo Cuéllar.
Narcoparamilitares
Ante el cuestionamiento de reporteros sobre por qué calificar al grupo de “Los Ardillos” como un grupo narcoparamilitar, la Misión aseveró que se debe a factores como el tipo de armamento utilizado, la forma de atacar, así como la planeación y estrategia utilizada durante las agresiones que incluyó la quema de cerros para causar terror y provocar la huida de la población.
Según la Misión, hace más de una década desde que “Los Ardillos” han presionado a las comunidades organizadas de la montaña baja de Guerrero para permitir la siembra de amapola, establecer rutas de tránsito de estupefacientes y otras actividades delictivas. Pero las comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ, afirmaron, se negaron a integrarse a esa estructura criminal.
Debido al rechazo, aunado a su pertenencia a la CRAC-PC Pueblos Fundadores y su defensa del territorio, colocó a las comunidades como opositores del crimen organizado en la región. “Terminan chocando con todo lo que representa el crimen organizado, en tanto que son comunidades que luchan por la defensa de la tierra, del territorio y de la vida”, aseveraron durante la conferencia de prensa.
Otro punto que resaltó la Misión es el impacto en el acceso a la educación, pues en las comunidades del CIPOG-EZ no existen condiciones para que maestros lleguen con seguridad, por lo que una de las demandas es garantizar el retorno de docentes y la apertura de un bachillerato. También señalaron que, ante el riesgo de viajar a Chilapa, controlada por “Los Ardillos”, algunas familias prefieren que niñas, niños y jóvenes no estudien o se desplacen hacia otras ciudades.
Integrantes de la Misión denunciaron además simulación gubernamental en la entrega de apoyos. Según lo documentado, las autoridades estatales difunden visitas y apoyos a comunidades afectadas, pero parte de esa ayuda se entrega en localidades vinculadas a la estructura criminal de “Los Ardillos”, cuando se presenta públicamente como atención a Alcozacán y otras comunidades atacadas por el grupo narcoparamilitar.
Miembros del Congreso Nacional Indígena enfatizaron que lo ocurrido en Guerrero forma parte de un patrón más amplio de agresiones contra pueblos organizados en México, tal como ocurre en Ostula y Sevina en Michoacán, San José Chiapa en Puebla y El Salto, Jalisco. “El mensaje que vemos del capital es que cualquiera que se niegue a ser esclavo va a padecer esta injusticia desde arriba”, sostuvieron.
Actualmente la Misión prepara un informe amplio con entrevistas, testimonios y documentación derivada de su labor, mientras las comunidades exigen la implementación de medidas de seguridad para su retorno, la investigación de los ataques y la restitución de las medidas de protección frente a la estructura criminal que acecha sus territorios.
