Hoy (24) arranca la audiencia intermedia del proceso penal por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, en Nochixtlán, el 16 de marzo de 2021. El desahogo de la audiencia está a cargo del licenciado José Antonio Carreño Jiménez, juez de control del circuito judicial de Valles Centrales, con sede en Oaxaca, a pesar de que la causa penal se encuentra radicada en el juzgado de control de Asunción Nochixtlán.
Por temas de seguridad, el año pasado, la entonces jueza de control del circuito judicial de la mixteca, la licenciada Elizabeth Contreras Hernández, pidió que la etapa intermedia de este caso se desahogue a través de un juez de control de Valles Centrales.
En una misiva dirigida al Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, Elizabeth y Sara Uruchurtu, hermanas de Claudia y víctimas indirectas del crimen, exigieron que se aplique la justicia independientemente de los escenarios políticos del momento, ya que la audiencia intermedia se da en medio de las precampañas a la gubernatura del estado:
“Esta preocupación se centra en la posibilidad de injerencia que pudieran tener actores vinculados a las personas que han sido señaladas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, de ser quienes planearon y ejecutaron la desaparición, como lo es, la ex presidenta municipal de Nochixtlán LVH (Lizbeth Victoria Huerta), y otras cuatro personas más. Algunas de las cuales desarrollaban funciones en la administración pública municipal. En el estado de Oaxaca se avecina el relevo gubernamental y las proyecciones dan un amplio margen de preferencia al partido en el que militan los hoy procesados” se lee en el documento.
En entrevista, Elizabeth y Sara Uruchurtu advierten que hay un riesgo de interferencia política y partidista a pesar de que los poderes del estado deberían ser independientes: “la experiencia de Oaxaca nos muestra que la justicia está supeditada a intereses políticos” puntualizan.
Más de 10 meses y Claudia no aparece
Claudia Uruchurtu Cruz fue desaparecida durante una manifestación contra el gobierno municipal de Asunción Nochixtlán el 16 de marzo de 2021. Antes de ser desaparecida, Claudia había documentado y denunciado durante meses la corrupción de la entonces presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta.
Victoria Huerta (quien entonces buscaba la reelección por Morena) y algunos de sus colaboradores más cercanos se encuentran vinculados a proceso y en espera de sentencia por la presunta planeación y participación en el crimen de lesa humanidad.
El 7 de mayo de 2021 la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ejecutó las primeras órdenes de aprehensión contra tres de las cinco personas hoy vinculadas a proceso y el 22 de julio de 2021 detuvieron al resto.
El juez de distrito, luego de consultar a las partes, “decidió acumular en este caso el desahogo de estas audiencias intermedias para que se lleve a cabo en una sola ocasión, al tratarse de los mismo hechos y los mismos datos de prueba”, dice el abogado Velázquez Antonio, asesor jurídico de las hermanas Uruchurtu Cruz.
“Estamos en el momento procesal en el que el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, así como la defensa, ofrecen ante un juez de control sus datos y sus medios de prueba con los que cuentan hasta este momento”, explica Velázquez Antonio, “en esta etapa también se pueden depurar esos medios de prueba”.
Sobre la búsqueda de Claudia, el abogado Velázquez señala que “es un delito continuo, permanente, y en razón de ello, obviamente, la investigación se estará continuando, en tanto no se dé con el paradero de la víctima, sin embargo, no se han obtenido los resultados esperados”.
En ese sentido, las hermanas Uruchurtu Cruz mencionan que a pesar de que las autoridades realizaron algunas acciones de búsqueda, ninguna ha sido exitosa. “La comunicación con la Comisión Nacional de Búsqueda ha tenido sus altas y sus bajas, al principio más cercana a la familia, pero ahora ya tenemos un par de meses en los que no hemos tenido respuesta de cuáles serán la siguientes acciones”, comentan, “esto es crucial para la familia, pues como siempre hemos expresado, no descansaremos hasta encontrar a Claudia.”
En portada: Mujeres achí presentes en el juicio histórico. Foto: Juan Calles / Prensa Comunitaria
“Se ha evidenciado como Guatemala implementó desde su política contrasubversiva la estrategia para atacar el cuerpo de las mujeres”, afirmó Lucía Xiloj, abogada de 28 víctimas de violaciones en el conflicto armado interno (1960 y 1996), durante el transcurso de la segunda semana del juicio histórico que se realiza en el país centroamericano.
Este lunes (17) arranca la tercera semana de audiencias para juzgar a cinco ex Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC), quienes son señalados por delitos de lesa humanidad como violencia y esclavitud sexual contra 36 mujeres originarias de Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz, durante los años de 1980 a 1985.
“Estas mujeres fueron detenidas de manera ilegal y llevadas al destacamento militar en donde fueron víctimas de violaciones sexuales públicas y continuas”, relató la abogada Xiloj, integrante del Bufete Jurídico Popular de Rabinal para medios internacionales mientras se desarrollaban las audiencias.
De acuerdo a la litigante, el proceso ya avanzó con la muestra de un total de 20 pruebas periciales, por lo cual esta semana continuarán las declaraciones testimoniales. “Mas o menos nos vamos a llevar como dos semanas más para diligenciar todas las pruebas”, contextualizó Xiloj para entrevista con el medio Ruda GT.
Foto: @Vulcanicaa
40 años sin justicia
La abogada Xiloj hizo un recuento del proceso para que actualmente se juzgue a los ex patrulleros. Fue en el año de 2011 cuando 11 de las mujeres presentaron una denuncia por los hechos de violencia que sufrieron, a la cual se sumaron más víctimas hasta llegar a 36 casos. Las mujeres tenían entre 12 y 56 años, al momento de las agresiones y cuatro de ellas eran menores de edad.
Entre los testimonios escuchados durante las pasadas audiencias se encuentran los de las hermanas Margarita Alvarado Enríquez y Marcela Alvarado Enríquez, quienes señalan a Damián Cuxum Alvarado y Gabriel Cuxum Alvarado de violarlas. Por su parte, Pedrina de Paz señala a Benvenuto Ruiz Aquino y Bernardo Ruiz Aquino ex patrulleros acusados en este juicio, de violarla y provocarle daños permanentes. Francisco Cuxum Alvarado es el quinto acusado.
Estos actos criminales ocurrieron durante los primeros años de la década de los ochentas, por medio de la doctrina de “tierra arrasada”, aplicada bajo el régimen de Ríos Montt, mediante la cual el dictador se ensañó contra las comunidades rurales e indígenas a quienes acusaba de colaborar con los grupos guerrilleros. Para la Comisión de Esclarecimiento Histórico, esto constituyó una práctica de genocidio “en contra de grupos del pueblo maya” por parte de agentes del Estado.
Por ello, y a pesar de 40 años de espera, las mujeres maya Achi viajan más de 100 kilómetros para asistir a las audiencias que construyen el juicio contra algunos de los autores materiales de estos crímenes.
“Sí ha habido un avance importante para empezar a acreditar esta situación, este contexto que es muy importante en caso de justicia transicional, tal como lo estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, al escuchar a las voces de las propias víctimas se va a terminar de acreditar la responsabilidad de las personas en específico que están siendo acusadas en el presente proceso”, remarcó la abogada Xiloj.
Por su parte, la abogada representante de la Procuraduría General de la Nación solicitó la prescripción de delitos y el deslinde del Estado de Guatemala del caso pues, según su argumentación, los acusados nunca fungieron como funcionarios públicos ni como miembros de ninguna institución de gobierno.
Como respuesta, la jueza Jazmín Barrios declaró sin fundamento la primera petición ya que en el derecho nacional e internacional las graves violaciones a derechos humanos no prescriben, mientras argumentó que, ante la segunda petición, se resolverá al dictar sentencia en el momento de concluir el debate oral y público.
Foto: David Toro
Violencia contra los cuerpos
En la audiencia del 7 de enero, la primera en declarar ante el tribunal fue Aura Estela Cumez, antropóloga enfocada en el tema de género, quien presentó un peritaje sobre violencia sexual. Ella afirmó que su investigación muestra que los hechos cometidos contra las mujeres maya Achi tienen claros elementos de racismo y tácticas de guerra contrasubversiva.
“Durante el Conflicto Armado Interno, las comunidades Maya Achi fueron ocupadas y controladas por el ejército que operaba desde un destacamento y campamentos militares en coordinación con comisionados y Patrullas de Autodefensa Civil, organizadas para reprimir, eliminar y destruir a las comunidades consideradas enemigo interno”, detalló Cumez, para quien esta forma de actuar de los patrulleros en contra de las mujeres Achi evidencia una planificación militar.
A su vez, el doctor Cristian Ruiz presentó un dictamen médico tras evaluar a 31 víctimas de la violencia y, por su parte, el antropólogo José Angel Zapeta enfatizó el dolor de las mujeres tras lo sucedido.
Violencia contra el territorio
Fue durante esa misma audiencia que la doctora Irma Alicia Nimatuj presentó un peritaje basado en las historias de vida de 35 mujeres Achi.
Dentro de los hallazgos de Nimatuj, la doctora enfatizó cuatro esferas en las que se produjeron los delitos que hoy están siendo juzgados: profanación, violencia sexual irracional, explotación sexual y violencia sexual verbal.
Nimatuj también destacó que la represión contra las mujeres Achi se originó desde la construcción de la represa en el río Chixoy. En orden para consolidar este proyecto hidroeléctrico, que contaba con financiamiento del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, fueron violentamente desplazadas comunidades mayas Achi.
Aunado a ello, 440 indígenas Achi fueron asesinados por el Ejército de Guatemala acusados de pertenecer a la guerrilla, para luego reprimir a las mujeres sobrevivientes.
“Allí inician los tratos crueles y la violencia sexual contra niñas y ancianas (…). En las historias de vida se evidencia que la violencia adoptó patrones comunes: llegada violenta de ejército, patrulleros y judiciales, luego persiguieron a los líderes comunitarios, después asesinaron o desaparecieron a los hombres adultos para después torturar y violar a las mujeres sin importar su edad o estatus. Arrasaron y quemaron sus casas junto a sus pertenencias e instrumentos de trabajo y bienes espirituales, cuando capturaban a las mujeres quienes buscaban comida, medicinas o agua las recluían en destacamentos militares para interrogarlas y violarlas masivamente”, afirmó Nimatuj.
Para la doctora Nimatuj, la violencia sexual fue utilizada como una táctica de guerra. “La violencia sexual se institucionalizó para someter a las mujeres Achi, realizando violaciones individuales y colectivas, eliminando su pertenencia a una comunidad”, explicó.
Mujeres achí presentes en el juicio histórico. Foto: Juan Calles / Prensa Comunitaria
Testimonios
En la audiencia del jueves (13), Arsenio García explicó el “análisis de los estándares internacionales de credibilidad en casos de violaciones de derechos humanos” mediante el cual concluyó que los testimonios de 33 mujeres Achi son creíbles, congruentes, tienen concordancia y coherencia.
“Los testimonios coinciden en relatos de tortura física y sexual, uso de destacamentos como lugares de tortura, desapariciones y asesinatos de familiares y otras personas de comunidad, quema de casas, desplazamiento forzado, robo de objetos y animales, violencia y esclavitud sexual de los victimarios”, señaló García.
“Llevamos 40 años esperando justicia, antes nos daba vergüenza hablar de lo que nos hicieron, pero hoy estamos contentas porque ya estamos en audiencia, esperamos que ahora si nos hagan justicia”, declaró Antonia Valey, otra de las víctimas que espera justicia en los tribunales de Guatemala.
Con información de Ruda GT, Prensa Comunitaria y Prensa Libre
La Junta de Buen Gobierno del Caracol Patria Nueva informó que han aparecido con vida la señora Hilaria Hernández Gómez y sus 3 hijos, Tomas López Hernández de 3 años de edad, los niños Jeremías López Hernández de 10 años y Julio Cesar López Hernández de 6 años de edad.
San Cristóbal de La Casas, Chiapas, México
10 de enero 2022
Acción Urgente No. 2
Desaparición Forzada de 4 Bases de Apoyo Zapatistas del Caracol Patria Nueva
Desplazamiento Forzado por ataque de un grupo armado.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recibió información urgente de la Junta de Buen Gobierno (JBG) “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”, Caracol Patria Nueva, en Chiapas, México, que el día de hoy 10 de enero de 2022, aproximadamente a la 1:00 horas, fue atacada la comunidad autónoma 16 de Febrero en el municipio autónomo Lucio Cabañas, municipio oficial de Ocosingo, Chiapas.
Un grupo de alrededor de 15 personas encapuchadas y armadas, entraron a la comunidad autónoma, desplazando a una familia Base de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, golpeando con la culata de un arma de fuego a un joven de 15 años, la señora Hilaria Hernández Gómez de 42 años, fue golpeada y obligada a salir su casa mientras llevaba en brazos a su hijo Tomas López Hernández de 3 años de edad, los niños Jeremías López Hernández de 10 años y Julio Cesar López Hernández de 6 años de edad, se quedaron en la casa. Hasta el momento se desconoce el paradero de la señora Hilaria Hernández Gómez y sus hijos Tomas, Jeremías y Julio Cesar.
El Frayba hace un llamado urgente al Estado mexicano para que intervenga de manera inmediata para la búsqueda y localización con vida de la señora Hilaria Hernández Gómez y sus tres hijos, así como realice acciones eficaces para cesar las agresiones del grupo armado que se encuentra en la comunidad. Al cierre de esta acción urgente recibimos el reporte de que el grupo armado se encuentra posicionado en la comunidad autónoma, por lo que existe un grave riesgo a la vida, seguridad e integridad de los habitantes.
Exigimos se respete la jurisdicción, autonomía y libre determinación de la Junta de Buen Gobierno Zapatista “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”, Caracol Patria Nueva, Chiapas Zapatista -municipio oficial de Ocosingo- al implementar las acciones pertinentes.
Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional que firmen esta acción urgente y le escriban a las autoridades mexicanas para cesar estas acciones violentas.
El Estado de Chiapas lleva mucho tiempo hecho un polvorín. En palabras de la comandancia del EZLN “Chiapasseencuentraalbordedelaguerracivil”[1]. Hace unos meses denunciaron que el gobierno de Rutilio Escandón (Partido Verde, disfrazado de Morena) está haciendo todo lo posible para desestabilizar Chiapas y tal vez así golpear al gobierno federal de AMLO (Morena). Por ejemplo, reprimiendo con violencia a los normalistas rurales, saboteando los acuerdos entre el magisterio democrático y el gobierno federal, aliándose con narcotraficantes, realizando una campaña de vacunación lenta y desordenada, así como, robando presupuesto estatal.
El pasado 11 de septiembre, miembros de la ORCAO, organización paramilitar al servicio del gobierno del Estado de Chiapas, secuestraron a los zapatistas SebastiánNúñezPerez y JoseAntonioSánchezJuárez, autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno Patria Nueva. El Ejército Zapatista aseguró en su comunicado que: “sielconflictonoescalóhastallegaraunatragedia,fueporlaintervencióndepárrocosprogresistas,lasorganizacionesdefensorasdelosderechoshumanosylasmovilizacionesydenunciasqueenMéxicoy,sobretodo,enEuropa,serealizaron”.
El caso de las comunidades del municipio de Magdalena Aldama, ubicado en el centro del Estado, en los Altos de Chiapas, es dramático y muy delicado, la situación pende de un hilo. Estas comunidades son habitadas por bats`ivinik-antsetik, pueblo orginario tzotzil. Desde hace varios años son asediados por la paramilitarización. En los cables que envían a la sociedad civil reportan casi todos los días, varias veces: “Nos tienen rodeados de disparos de altos calibres”, “retornan de nueva cuenta los disparos”, “disparos de altos calibres percutidos por grupos armados”.
El conflicto viene de lejos. En una resolución presidencial de José López Portillo en los años 70s le entregaron a la comunidad de Santa Martha (poblado Manuel Utrilla) 60 hectáreas, las cuales le pertenencían al municipio de Santa María Magdalena Aldama. Después se reconoció que los dueños eran los de Aldama y acordaron en un convenio en 1977 respetar el derecho de posesión. No obstante, los acuerdos no se respetaron y Santa Martha en 1997 exigió la devolución de las hectáreas. En el año 2009, el Tribunal Unitario Agrario resolvió la posesión a favor, otra vez, de los 115 comuneros de Aldama.
Sin embargo, en el año 2016, las y los comuneros de Aldama aseguraron “que el conflicto se recrudenció con el despojo de las tierras durante el gobierno de Manuel Velazco Cuello y ahora en el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas”…“Fuimos despojados por personas del poblado de Manuel Utrilla (Sector Santa Martha) del municipio de Chenalho. Las 60 hectáreas nos han pertenecido al pueblo de Magdalena Aldama ancestralmente”. Además, los pobladores de Aldama señalan que “dentro de las 60 hectáreas vivían 7 familias que en 2016 fueron despojadas y amenazadas a puntas de armas de fuego y fueron refugiadas en las diferentes comunidades del municipio de Aldama. En este año de 2016, se activó el grupo armado paramilitar que opera en Chenalho”.
La organización LaVozdelPueblodeTanJoveltik de las comunidades de Magdalena Aldama, vienen denunciando desde hace meses un contexto de paramilitarización con agresiones muy violentas. El gobierno estatal actúa como un convidado de piedra, sospechosamente omiso. “Lalluviadebalaspermiteir“limpiando”elterreno,arrancadoasuspobladoreslegítimos.¿Conquéfin?Laversiónmásreferidaesquesetrataríadeuntramoestratégicoparaeltrasiegoilegaldearmas,drogasypersonas,muygeneralizadoúltimamente” se hipotetiza en Ojarasca[2].
Decenas de hombres armados, no identificados, ingresan a Santa Martha a cualquier hora, amedrentando a la gente. En su último comunicado, las comunidades de Magdalena Aldama señalan que desde 2016 “somosunpuebloquevivebajolalluviadedisparosporlosgruposarmadosdecorteparamilitardeSantaMarthadelmunicipiodeChenalho”. En fechas recientes llegan a ser 30 o 40 ataques en un solo día. Desde el inicio del año 2020 las agresiones armadas han ido aumentando de intensidad afectando a “12 comunidades y a alrededor de 5000 personas que han sido afectadas y victimas de estas agresiones”. En el mes de octubre pasado, las agresiones con armas de fuego comenzaron a realizarse diariamente. Ahora mismo, en las comunidades se pueden observar impactos de bala en coches, máquinas y láminas. Han salido desplazadas unas tres mil personas para refugiarse de las balas y las bombas este mes de noviembre.
Ante la situación de las comunidades de Magdalena Aldama, la Europa de abajo y a la izquierda se ha sumado a sus exigencias. En un comunicado enviado a las autoridades estatales y federales competentes, respaldado por más de 40 organizaciones europeas de países como el Estado Español, Catalunya, País Valencià, Inglaterra, Austria, Bélgica, Alemania, Grecia, Italia, Euskal Herria, Reino Unido, Suiza, Portugal y Holanda, exigen el cese a las agresiones paramilitares, hacen responsable de la vida de las personas de las comunidades de Aldama a los tres niveles del gobierno de México, exigen justicia para la región y la liberación inmediata e incondicional de su compañero Cristóbal Santiz Jiménez[3].
Tras la “Travesía por la vida” de las y los zapatistas por Slumil K’ajxemk’op (Tierra Insumisa) como han rebautizado a la vieja Europa la solidaridad se ha extendido como la pólvora. El caso de las agresiones a las comunidades de Magdalena Aldama ha tocado su corazón y ha puesto en alerta a las organizaciones europeas. La solidaridad internacional busca presionar, denunciar y exigir justicia al gobierno mexicano y chiapaneco para que cese el fuego y se acabe con la lacra del paramilitarismo en la región.
En horas de esta tarde terminó su huelga de hambre la Werken del lof Boyen Mapu, Carolina Marileo, quien se encuentra encarcelada en el CDP de Angol tras ser detenida el 9 de Septiembre de este año.
La Werken quien llevaba 31 días de huelga de hambre líquida, finalizó su protesta tras lograr el compromiso de Gendarmería de cumplir su petitorio, el cual responde a garantías mínimas establecidas en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile el 15 de septiembre del 2008.
A continuación compartimos el comunicado de la vocería de la lamngen Carolina Marileo, publicado en la página de la comunidad Boyen Mapu.
Hoy después de 31 días de huelga líquida de CAROLINA MARILEO
Sostuvimos una reunión con el alcaide Rafael Rojas y mayor Luis Povea Pavéz en el CDP de Angol, junto a voceros e INDH para poder llegar a un acuerdo que ponga a fin a la larga huelga de nuestra lamgen.
Gendarmería acepto las peticiones nuestra Werken CAROLINA MARILEO
Módulo femenino diferenciado para mujeres mapuche.
Realización de rogativa o ceremonia mapuche dentro del módulo.
Ingreso de alimento de acuerdo a las costumbres y tradiciones mapuche, así también su preparación.
Visitas extendidas de 10 a 16 hrs 2 veces por mes, entendiendo que actualmente existe la pandemia de covid 19 y que al estabilizarse la pandemia, serían visitas normales, dentro del módulo o del sector umi de la misma unidad penal.
Ingreso de machi una vez por semana, para ver estado de Carolina.
Gendarmería se compromete a construir módulo ante una futura condena donde existan condiciones dignas para la lamgen.
Agracemos a las personas concientes que apoyaron la movilización de nuestra werken, lamgen de lof y warria y wenuy que han acompañado en este proceso, a los medios de comunicación que nos han ayudado a difundir la movilización de la werken Carolina. Chaltumay.
A 24 años de la Masacre de Acteal, un hecho profundamente triste, indignante y doloroso, hoy frente a los pueblos de México y el mundo, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), es sujeto y símbolo de Memoria, Verdad y Justicia. Con su lucha, resistencia pacífica y no violenta redignifican a las víctimas y sobrevivientes de la Masacre cometida el 22 de diciembre de 1997.
Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), las víctimas, sobrevivientes y la propia organización de Las Abejas de Acteal han elaborado una colmena de dignidad con innumerables actos simbólicos, éticos y morales de reparación de daño a 24 años de impunidad. Cada veintidós de cada mes realizan acciones político-religiosas de redignificación de las víctimas y sus familiares frente a la justicia simulada del Estado mexicano.
Las reparaciones avanzadas por el actual gobierno mexicano, lamentablemente no llegan a destruir el muro de la infamia y de la impunidad, al contrario mantiene inocuo, inmaculado e inculpado al actor: Ejército mexicano y a los integrantes del grupo paramilitar priísta responsables de la Masacre de Acteal. Esta serie de hechos de contrainsurgencia es sostenida desde el gobierno federal, que suma a la acción criminal e impunidad de Estado, mantiene inmunes a los autores intelectuales de este crimen de lesa humanidad.
Esta injusticia bajo el cobijo legal y simulación en México, confirma y visibiliza la existencia de un sujeto histórico organizado autónomo. Este sujeto histórico se construyó al inicio: con dolor, con tristeza, con miedo por los impactos de la violencia estructural y la Masacre vivida. Hoy sus acciones culturales, religiosas y políticas son liberadoras y las podemos ver a través de su organización autónoma, humana, con sus cantos de conciencia, sus bordados y textiles impregnados de identidad cultural, con sus medios de comunicación y redes sociales propias, en donde su lucha diaria contribuye a la erradicación de la discriminación con el grito ¡Nunca más otra Masacre como la de Acteal!
Su esencia les llevó a reconocerse el 22 de diciembre de 2009, como: Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal. Este año recibió el Premio a la Defensa Ambiental Mariano Abarca, avalado por 35 agrupaciones, movimientos y colectivos nacionales e internacionales. Acteal es considerado un santuario de la humanidad al recibir a cientos de personas desplazadas de manera forzada de sus comunidades a consecuencia de la violencia política y criminal en los Altos de Chiapas.
En este contexto no olvidamos el vil asesinato perpetrado el 5 de julio de este año, por integrantes del grupo criminal de Pantelhó. No olvidamos la presencia imborrable del presidente de Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López, con él en su mandato y servicio al pueblo, tuvimos el honor de andar codo a codo en el año 2020, tiempos obscuros para la justicia, su temple y su acción fue colectiva, como es el modo de Las Abejas de Acteal que camina por la Paz, por lo que hoy le honramos junto a las y los mártires de Acteal, como mujeres y hombres que han derramado su sangre por los caminos de libertad y de justicia. La presencia de Simón Pedro seguirá latiendo en nuestra lucha, en nuestro caminar, en nuestro corazón.
Hoy día, hablar de las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de Acteal, es redirigir sus miradas a personas con Alta Dignidad que han decidido el camino largo, cansado y desgastante de la búsqueda de la justicia a través del Informe de Fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, actor internacional que vela por los derechos humanos en la región, quien curiosamente no emite el Informe de Fondo en el Caso 12.790 Manuel Santíz Culebra y Otros (Masacre de Acteal).
Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza es resignificarse, es un sujeto histórico vigente, organizado y autónomo, con escucha, con corazón, en la construcción de La Otra Justicia simbólica, como lugar de paz, del Lekil Kuxlejal, es ser cuidadores de la tierra y territorio en donde su lucha contribuye a evitar otra catástrofe como lo fue la Masacre de Acteal.
A 24 años de resistencia de las víctimas, sobrevivientes y la propia organización de Las Abejas de Acteal el Frayba saluda su persistente Memoria, Verdad y Justicia, su fe traducida en amor y lucha no violenta contagia a todas las personas que pisan la Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, aquí habita la esperanza.
Viva la lucha de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal Nunca más una Masacre como la de Acteal en México Acteal, Santuario de Paz
***
Acteal, Chenalhó, Chiapas, México
22 de diciembre de 2021
Boletín No. 15
La lucha por la autonomía de los pueblos indígenas es la bandera de Marichuy, quien viajó a Europa para participar en la Gira por la vida, el recorrido que realiza un grupo de integrantes del EZLN.
Daniel Melchor|11 diciembre, 2021
“Venimos a estos países ‘desarrollados’ para ver si el desarrollo es bueno”, dice entre risas María de Jesús Patricio, mejor conocida como Marichuy, vocera del Congreso Nacional Indígena (CNI). El comentario provoca las carcajadas de un auditorio diverso que hasta entonces permanecía en silencio en el Ateneu del Raval, justo en el corazón de Barcelona.
Es la última semana de Marichuy y otros miembros del CNI en Europa que fueron invitados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la Gira por la vida. Vinieron a compartir su experiencia en la lucha por la autonomía de los pueblos indígenas, pero también a conocer otras formas de organización social como los movimientos okupas en cuyos espacios han dormido los zapatistas y la vocera.
Las últimas actividades de Marichuy se planearon en Barcelona que los ha recibido con su rostro más frío y las lluvias más largas que ha habido en todo el año. “Les trajimos la lluvia”, dice cuando se entera que el clima es muy distinto en la capital catalana.
“Hemos visto cómo les afecta el desarrollo (a los países europeos). Nos llevaron a una mina que quieren reabrir y está saliendo el agua del río contaminada, ya sale color marrón”, cuenta en entrevista Marichuy que se refiere a una zona en Touro, en la comunidad autónoma de Galicia.
Desde que aterrizó en Viena hace dos meses, la vocera del CNI ha participado en un sinfín de discusiones y conferencias en Austria, Italia y España de las que ni siquiera lleva el recuento. A pesar de esto, juzga Marichuy, la gira no se compara con haber recorrido 28 estados de México en 2018 cuando inició el proceso de recolección de firmas para ser candidata a la presidencia.
Para estas fechas, Marichuy ya está curtida en los precios de las frutas y las verduras en distintas regiones. Con la misma reacción que tienen los europeos, se sorprende de que los precios en Barcelona sean mucho más baratos. En Viena pagó cuatro euros por un aguacate, mientras que aquí le costaron poco más de un euro.
Marichuy compró algunos aguacates mientras caminaba por el barrio de Sants, uno de los más auténticos de Barcelona, alejado de lo que los catalanes llaman guiris, es decir, turistas. Sants también es un ejemplo de trabajo colectivo y resistencia, pues hace algunas décadas la presión vecinal ocasionó que una fábrica textil abandonada, en vez de ser atiborrada de edificios, se convirtiera en uno de los parques más hermosos de la ciudad.
En este barrio, el Consejo de la Juventud de Barcelona (CJB) organizó una charla con Marichuy y Nisaguie Flores junto con otros activistas catalanes. Como en muchos otros espacios, dentro de La Lleialtat Santseca, que significa lealtad al propio barrio, se habla exclusivamente en catalán. Entonces, cuando el moderador las invitó a subir al escenario ellas no lo comprendieron, como el resto de la charla. “Pude entender algunas palabras que se parecen”, dice Marichuy. Por eso, cuando el CNI se reúne hablan en español, porque si dos idiomas de una misma familia lingüística –castellano y catalán– se tornan incomprensibles, habrá que imaginar la complejidad de convivir con las 12 distintas familias lingüísticas que existen en el país.
Aunque la situación de violencia y represión que existe en México es incomparable, Marichuy ha visto que algunas regiones en España padecen también el embate de las empresas o el castigo del gobierno cuando se manifiestan. Barcelona será la ciudad con la mejor red de bibliotecas públicas y parques de ensueño, pero también es el lugar donde los Mossos d’Esquadra han disparado proyectiles contra manifestantes, como sucedió el pasado mes de febrero en el que una mujer perdió un ojo en una marcha a favor de la libertad de expresión. Barcelona, como le han contado a Marichuy, también es el lugar donde las inmobiliarias buscan desalojar a los inquilinos y encarecer los departamentos.
Al final del evento, la gente se les acerca a saludarlas, esta vez les hablan en castellano. A Nisaguie le ofrecen una bebida típica –vermut– que le sabe raro, como a chile piquín. Se nota aturdida de tanta gente que la aborda, dice que no está acostumbrada. “Nisa, ¿te acuerdas de mí?” y ella responde apenada que no. Lo cierto es que a los foros donde se presentan llegan activistas, estudiantes, artistas entusiasmados por escucharlas, aunque no conozcan a detalle la diferencia entre CNI y el EZLN, o a pesar de que, por ejemplo, un periodista catalán anote en su libreta «naua» sin hache intermedia, cuando escucha el pueblo al que pertenece Marichuy en el sur de Jalisco.
A menudo las discusiones se extienden hasta dos horas y media como ocurrió el lunes 22 de noviembre en el Ateneu del Raval, un centro que se define como fábrica de tejido social comunitario. El discurso de Marichuy y Nisa es claro y sus enemigos concretos: se llaman Corredor Interoceánico, Tren Maya, Proyecto Integral Morelos, en suma, los megaproyectos. Nisa, que vive en Juchitán, explica que no se trata solo del despojo de su territorio y recursos naturales, sino que los proyectos acarrean problemas como el narcotráfico. Y no lo dice al aire, pues el mismo fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert, ha aceptado que el delito de narcomenudeo se ha duplicado en la zona del istmo de Tehuantepec desde 2019, cuando comenzaron las obras del Corredor Interoceánico.
Es aquí en Barcelona, a finales de la gira, donde integrantes del CNI y los zapatistas se enteran de lo que consideran un total desprecio a las comunidades. El pasado 22 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto para que las obras públicas federales sean consideradas de seguridad nacional y obliga a las dependencias a entregar los permisos provisionales en un plazo de cinco días.
“Está claro el mensaje. Se nota que les urge echar andar los megaproyectos. Oportunista, la forma en como sacaron esto. No les importa que haya resistencia, ni que haya leyes que protejan a las comunidades. No le importa si hay violación de convenios”, dice Marichuy, a quien las querellas entre partidos políticos la tienen sin cuidado, al igual que los rumores rumbo a las elecciones de 2024, sobre si será candidato Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum, y, de hecho, nunca ha escuchado hablar de Claudio X. González, líder visible de la derecha. Para los pueblos indígenas, lo repiten siempre, todos son lo mismo.
A lo largo de la semana, durante las charlas, Marichuy saca una libreta de su morral y anota lo que le va pareciendo importante. Explica que en esa libreta registra lo que ha escuchado en distintas regiones y que después, al llegar a México, tendrá que compartirlo con los demás compañeros. Es notoria la experiencia que ha adquirido al comunicarse con la gente y, en ocasiones, arranca suspiros con una retórica infalible: “como dicen los compañeros zapatistas, sin prisa pero sin pausa”, o “no sé por qué hay tanto temor de los de arriba por preguntarle a los de abajo”. Sin embargo, en los momentos más inesperados, acaso para que la solemnidad no devore su discurso, Marichuy dice cosas como: “no pierdan el trabajo colectivo, como decimos nosotros: si nos equivocamos somos varios y las regañadas duelen menos”, y entonces el auditorio estalla en risas. De hecho, no hay una sola charla en la que la vocera no haga reír a los asistentes con sutilezas.
“Tampoco podemos quedarnos en la tristeza absoluta porque si no entonces nos trabamos. Tenemos que estar bien para seguir en lo que estamos y agarrar fuerzas”, dice la vocera en referencia a su sentido del humor.
Con facilidad, Marichuy contesta preguntas sobre cómo se organizan las comunidades indígenas y cómo combaten el machismo dentro de las mismas. Pero para otros que la escuchan, ella no solamente es una indígena en resistencia contra el despojo del territorio sino una especie de gurú a quien le hacen preguntas sobre la cosmogonía, una economista a la que cuestionan sobre la riqueza, una suerte de oráculo de quien esperan conocer el futuro.
Uno de los más entusiastas es Jonathan Eugenio, un actor mexicano que vive en Barcelona desde hace 15 años. Para espantar la nostalgia de su tierra, Jonathan sigue vistiendo poncho y botas vaqueras. Ya no quiso regresar a su natal Chihuahua porque ser homosexual le era complicado en lo que, recuerda, era una ciudad conservadora. Además, descubrió que el sistema público de salud catalán lo proveía de una medicina que necesita tomar de por vida. Es el único que le pregunta a la vocera por su trabajo como médica tradicional. “Cuando era adolescente fui parte de los cordones zapatistas. Quería conocer a Marichuy, solo la había visto por redes sociales en 2018. Me gusta que habla desde la serenidad que es propia de quienes han estado cerca del dolor de otros seres humanos”, dice Jonathan.
A Marichuy se le acercan italianos, franceses, chilenas, colombianas, danesas, catalanes, y con asombro descubre que el proyecto de recabar firmas para obtener la candidatura en 2018 cruzó los mares hasta sitios insospechados.
“No tenía idea, pero están al pendiente. Nos identifican bien. Las danesas dicen que estuvieron de cerca en la campaña. Se me acercó otro que dice que fue parte de un colectivo que levantaron firmas”, cuenta Marichuy. Y es que, en Barcelona, si eres mexicano, es probable que te pregunten por dos cosas: el narcotráfico y el zapatismo, como si el futuro del país vacilara entre esas dos opciones.
En el Raval, barrio de callejones estrechos y laberínticos, es común encontrarse con espacios comunitarios gestionados por migrantes. Desde hace décadas se han creado redes para combatir la exclusión. Fue con este tipo de colectivos que los zapatistas se reunieron. Conocieron el gimnasio de autodefensa feminista, el ecomuseo gitano, el sindicato de vendedores ambulantes, y la realidad de los migrantes africanos que han cruzado el mar en patera. Felipe Ibarra, coordinador del Ateneu del Raval, propuso que los zapatistas recorrieran esos espacios para luego, frente a esos colectivos, explicar la autonomía de los caracoles. Los zapatistas relataron su historia desde 1994, el funcionamiento de la Junta del Buen Gobierno y los siete principios bajo los cuales se rigen. Incluso se sinceraron: “No venimos a decir que todo es bueno, también cometemos errores”.
Felipe piensa que los zapatistas, Marichuy y los integrantes del CNI trajeron un respiro al barrio luego de los estragos de una pandemia. “Nos reencontramos con gente de Barcelona con las que habíamos colaborado y no nos habíamos visto. También conocimos a otros activistas de otros barrios. Pero sobre todo aprendimos que las luchas tanto en la selva de árboles como en la de cemento no son tan diferentes. Cuando se trabaja con la justicia social te puedes ir desanimando, pero ellos explican que la fórmula es la constancia”, dice Felipe.
Marichuy ha recibido varios regalos, pero el más especial se lo dieron durante su estancia en Santiago de Compostela. Una comunidad le obsequió una pluma de un pájaro. Se trata de un arrendajo, un ave que tiene la costumbre de enterrar, a lo largo de sus trayectos, pedazos de los frutos que recolecta. Con ese pequeño gesto, el pájaro contribuye a la expansión de los bosques.
“Eso me pareció muy simbólico”, dice Marichuy, mientras una lluvia insólita arrecia en el barrio de Sants.
“Os hemos dado las semillas de la rebelión contra el colonialismo y el capitalismo” – esto es lo que anunció el grupo de zapatistas que nos visitó aquí en Leipzig en nuestra última noche juntos. Todavía estoy procesando este importante momento, que ahora parece un sueño. Pero fue todo lo contrario, algo muy real: un encuentro de mundos para la perspectiva de una solidaridad global. Los zapatistas y su resistencia contra el capitalismo colonial han sido una inspiración para mí y para muchos compañeros estudiantes y activistas. Nunca he estado en Chiapas ni he estudiado a fondo su organización política. Pero cuando me enteré de este “viaje por la vida” y del plan de los zapatistas de viajar a Europa y conocer los movimientos locales, me intrigó. Como estudiante de antropología y activista social, me enfrento constantemente al estancamiento de nuestras acciones y reflexiones, que todavía están contenidas en un marco limitado y eurocéntrico. En última instancia, no se puede avanzar en una transición justa a menos que tengamos en cuenta todas las voces y perspectivas y formemos alianzas entre actores de todo el mundo. El viaje de los zapatistas, pensé, podría ser una oportunidad para poner en práctica estas ideas al tiempo que se abordan las cuestiones socioecológicas de una manera que considera las luchas locales en un contexto global y proporciona al movimiento global la herramienta más importante: la esperanza.
En octubre del año pasado, los zapatistas anunciaron que iban a “colonizar” Europa para encontrarse con los movimientos de aquí y escuchar y compartir ideas sobre una vida mejor más allá del capitalismo. La gente de toda Europa se ha unido ante la perspectiva de este importante momento, invitando a los compas a sus ciudades y pueblos, planificando y organizando ansiosamente su estancia. Como parte de la red de Leipzig, nos hemos reunido semanalmente, discutiendo ideas y planes. Ha sido un proceso enriquecedor pero difícil, ya que no estaba claro si los zapatistas llegarían o cuándo lo harían y qué debíamos tener en cuenta. En algún momento de este verano, ni siquiera estábamos seguros de que el viaje seguiría adelante, pero reconocimos que ya habían logrado uno de sus principales objetivos: motivar a la gente y a los grupos a organizarse en sus propios “hogares” y formar alianzas para el cambio. Fue aún más sorprendente cuando nos enteramos de que la primera delegación, el Escuadrón 421, había zarpado y llegado finalmente a España este mes de junio.
El primer grupo estaba formado por compas que se adelantaron para coordinar la llegada de la delegación principal, junto con las estructuras locales. Este sería un proceso difícil, que conllevó luchas para obtener pasaportes y visas, así como restricciones causadas por la actual crisis covídica. Esto fue representativo de las restricciones de movilidad a las que se enfrentan muchas personas marginadas y racializadas cuando intentan entrar en los países europeos. En agosto protestamos frente al consulado honorario de México en Leipzig, para presionar a las autoridades y concientizar a la gente de estos hechos. Fue aún más irónico cuando nos enteramos de que el cónsul es el director general de Porsche Leipzig; no es de extrañar que ignorara nuestras demandas. Este verano participé en los campamentos climáticos de Leipzig y Munich, donde impartí talleres sobre los temas del zapatismo, el decrecimiento y la pluriversalidad. Participé en debates sobre cómo nos posicionamos como activistas climáticos en Alemania, y cómo podemos relacionar nuestras historias y luchas con las de los zapatistas, los kurdos de Rojava o con muchos movimientos de resistencia más pequeños que están en marcha.
Tras el campamento de Munich, finalmente, la delegación principal de 170 compas llegó a Viena (de entre todos los lugares) a mediados de septiembre. Todo esto sucedió muy rápido y requirió que la gente trabajara en conjunto para apoyar a la red austriaca, tratando de organizar el alojamiento y facilitar la llegada a última hora. El ambiente en el aeropuerto fue muy fuerte, ya que celebramos y cantamos canciones para dar la bienvenida a los compas. Conocerlos después de todos estos meses de anticipación y lucha fue increíble, y una importante fuente de esperanza. A partir de ese momento, la gente trabajó día y noche para planificar los siguientes pasos del viaje. Se decidió entonces que las compas viajarían en grupos de cinco a diferentes regiones en tres etapas. Así, el 22 de septiembre recibimos en Leipzig a dos grupos que permanecieron con nosotros durante una semana, participando en numerosos actos y encuentros con los movimientos locales. De alguna manera, nos las arreglamos para elaborar un programa, encontramos proyectos de vivienda local para que se quedaran y cocinamos la comida. Para nuestra sorpresa, prefirieron las salchichas, la pizza y la coca cola a la calabaza y el arroz: otra prueba de que no podemos trasladar nuestras normas morales a los contextos de otras personas. Como la compa dejó claro, el objetivo principal del viaje era reunirse con los movimientos locales en un entorno íntimo, más que hablar en actos públicos o conferencias. Por ello, organizamos reuniones con organizaciones feministas, grupos postcoloniales y la comunidad latinoamericana de Leipzig, además de visitas a lugares significativos de resistencia en la ciudad y sus alrededores.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas exige la liberación inmediata de Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo y Germán López Montejo.
Declaró que la privación de la libertad de los presos indígenas fue arbitraria y exige investigación exhaustiva e independiente de los hechos y se castigue a los responsables de la violación de sus derechos
Sin dilación el Estado mexicano debe reparar integralmente el daño causado
En el marco de su 91° período de sesiones, del 6 a 10 de septiembre de 2021, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas aprobó la Opinión núm. 43/2021, correspondiente a la privación de libertad de los señores Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo y Germán López Montejo (Marcelino, Abraham y Germán), así como de los señores Juan de la Cruz Ruiz y Adrián Gómez Jiménez (Juan y Adrián).
El 15 de marzo de 2019, Marcelino, Abraham, Germán, Juan y Adrián iniciaron una huelga de hambre al interior de los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5 de San Cristóbal de Las Casas y 10 de Comitán, para exigir justicia y libertad, denunciando al Estado mexicano por la privación arbitraria de su libertad, tortura, discriminación, presunción de inocencia, falta de traductor, falta resolución pronta, completa e imparcial y por consecuencia la falta de acceso a la justicia.
Después de más de 130 días de huelga de hambre y a la fecha, el Estado mexicano ha permanecido indiferente frente a las medidas necesarias para remediar tal situación. Lo único que han recibido es hostigamiento, represión, intimidación, humillación, calumnias por parte de las autoridades de los centros penitenciarios, así como como vigilancia y amenazas hacia las familias y organizaciones que les acompañan. Las sentencias por parte de jueces NO han tomado en consideración las graves violaciones a derechos humanos como la tortura.
Las abuelas, madres, padres, hermanas, hijas, hijos y esposas de los presos integrantes del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha en compañía de colectivos solidarios y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), acudieron al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria para denunciar la situación injusta, quien ha determinado que el Estado mexicano incumplió las normas internacionales relativas al derecho a un juicio justo e imparcial, además de su posición discriminatoria ignorando la igualdad de los seres humanos, en función de su origen étnico o social e idioma, falta de asistencia médica, entre otros.
Además los familiares han denunciado la preocupación frente a esta situación de graves violaciones a derechos humanos, la falta de atención a la salud y en especial ante el marco de la contingencia por COVID-19, solicitado medidas alternativas a la prisión, sin éxito. En varias ocasiones han denunciado la falta de una alimentación digna para ellos y la población penitenciaria en general sin que las peticiones sean atendidas, pues se les ha entregado alimentos escasos o en malas condiciones.
Marcelino fue detenido el 5 de febrero de 2002, y lleva 19 años, 10 meses y 1 día privado de manera arbitraria e ilegal de su libertad y sentenciado a 25 años de prisión, pagando por un delito que no cometió. Abraham y Germán fueron detenidos el 17 de enero de 2011, y llevan 10 años, 10 meses y 18 días privados de manera arbitraria e ilegal de su libertad y sentenciados a 75 años de prisión cada uno, pagando por un delito que no cometieron.
Juan fue detenido el 28 de febrero de 2007, después de 12 años, 9 meses y 10 días de prisión, fue puesto en libertad mediante resolución del cuadernillo 278/MR-2/2019, la Mesa de Reconciliación que le otorgó el beneficio de sentencia suspendida, debido a que su declaración fue obtenida bajo tortura y no contó con traductor ni con abogado que conociera su lengua y cultura, cabe mencionar que tenía una libertad desde el 11 de febrero de 2016 mediante cuadernillo 387/MR/2012 sin que esta se cumpliera. Adrián fue detenido el 3 de febrero de 2004 y liberado el día 7 de septiembre del 2021, tras 17 años 8 meses y 4 días preso injustamente, un Juez Federal le concedió el amparo liso y llano por violaciones al debido proceso entre pruebas insuficientes para acreditar su responsabilidad.
A 40 días de su notificación, exigimos al estado mexicano el cumplimiento inmediato de la Opinión núm. 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas para la liberación inmediata de Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo, Germán López Montejo y la reparación integral de todo el daño que se les ha causado a ellos y a sus familiares. En especial atención pedimos al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez su pronta intervención.
De manera especial debe implementar esta decisión la mesa de diálogo interinstitucional del estado de Chiapas compuesta por el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado Juan Óscar Trinidad Palacios, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Juan José Zepeda Bermúdez, así como la Consejera del Consejo de la Judicatura del Estado Isela de Jesús Martínez Flores quien ha coordinado la mesa de diálogo y análisis de expedientes penales, así como la Jueza del Juzgado de Ejecución de Sentenciados M. Guadalupe Flores Rocha, ya que hasta el día de hoy no existe ningún resultado aun sabiendo de las graves violaciones al debido proceso y violaciones a derechos humanos cometidos a los presos indígenas.
Los familiares de los presos agradecemos la solidaridad de los colectivos y organizaciones nacionales e internacionales que nos han acompañado en esta larga lucha por la justicia y la verdad para nuestros familiares y les pedimos seguirnos acompañando en este caminar y que no nos dejen solas y solos.
Libertad inmediata e incondicional para nuestros compañeros presos injustamente.
Atentamente,
Marcelino Ruíz Gómez
Abraham López Montejo
Germán López Montejo
Juan de la Cruz Ruiz
Adrián Gómez Jiménez
Colectivo de Familiares de Presos en Lucha
Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos
Grupo de Trabajo «No estamos todxs»
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
Concejo Autonomo Regional de la Zona Costa de Chiapas
Frente Cívico Tonalteco
Red de Mujeres de la Costa de Chiapas
Lumantik Herriak
Chuvajeltik
Promedios De Comunicación Comunitaria (ProMedios)
Colectivo Flor de Asfalto
Colectiva Autónoma de Colaboración Social
Nodo Solidale Italia
Nodo Solidale México
Casa de salud comunitaria Yi’bel’ik
Taller Ahuehuete
Confederación General del Trabajo
Internationalt Forum (IF) de Dinamarca.
Movimiento Sueco para la Reconciliación (SweFOR)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(Conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República)
Diana Riba i Giner Eurodiputada de Esquerra Republicana de Catalunya en el Parlamento Europeo.
Aurora Madaula i Gimenez. Diputada en el Parlamento Catalán.
Carles MacGragh i Pruja. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Catalunya CICAC y Vicepresidente de la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española CGAE.
Sergi Zorrilla Cubells. Asesor de medios y políticas del Parlamento Europeo.
Gemma Aristoy i Pujol. Regidora de Sant Cugat del Valles, Barcelona
Beth Mejan i Aznar. Regidora de Derechos Sociales de Sant Cugat del Vallés, Barcelona.
El extractivismo como modelo que se implementa en los territorios genera enormes impactos en las formas de vida de las personas, sobre todo de mujeres, niñes y cuerpos racializades, exacerbando los niveles de violencia que de por sí viven. Este modelo de despojo por parte de la implementación de proyectos extractivos es causante de la desecación de ríos, la pérdida de nuestra agua, de nuestro tejido social y de las formas y estrategias de vida y tiene una raíz profundamente capitalista y heteropatriarcal.
Desde esta perspectiva cobra importancia reavivar la discusión sobre lo extractivo que puede llegar a significar el cine documental y las representaciones que se hacen de las realidades, pueblos, comunidades y personas que habitamos en los territorios.
El pasado 20 de noviembre, en el marco de la 5ª Edición del Festival Ocote, festival de cine documental en Chiapas, se realizó el conversatorio “documental aliado o documental extractivo”, dentro de las actividades de clausura de dicho festival en el Parque El Encuentro en la ciudad de San Cristobal de Las Casas, Chiapas.
En este conversatorio participaron les realizadores Melissa Elizondo (El sembrador, 2018), Elke Franke (Kuxlejal, 2020) y Ange Valderrama Cayuman, quienes con la moderación de Gabriela Domínguez Ruvalcaba (La danza del Hipocampo, 2014), compartieron sus procesos creativos y su encuentro con las realidades que buscan reflejar, teniendo en cuenta los ejercicios de poder y violencia que se ejercen al interpretar realidades a las que no pertenecen.