Fuente: Avispa Midia

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

El jueves 7 de marzo, Adriana Gómez e Isabel Torres llegaron a la Ciudad de México para exigir justicia, ante la inacción de las autoridades en Chiapas para investigar el feminicidio de la niña Jade Guadalupe Yuing Gómez en el Instituto del Deporte (Indeporte) y la desaparición de la adolescente Cassandra Isabel Arias Torres.

Ambas madres integran el Colectivo de Madres en Resistencia y se coordinaron con la activista y defensora de los derechos humanos Irinea Buendía, con las Mujeres en Busca de Fernanda Cayetana y las Madres Buscadoras de Quintana Roo para realizar una velada conmemorativa a propósito del Día Internacional de las Mujeres.

A las 16h del 7 de marzo, las madres y familiares de mujeres víctimas de diferentes violencias de Chiapas, Quintana Roo y Estado de México simularon un cementerio en el Zócalo de la Ciudad de México. Sobre tablas pusieron pasto sintético para hacer lápidas olvidadas por las autoridades, pero con mariposas posando sobre ellas.

Pusieron imágenes, flores, cruces color rosado y velas. En las vallas metálicas que escudan el edificio presidencial cada 8M, las madres escribieron “México feminicida”, “Chiapas feminicida” y junto a las frases, los nombres de sus hijas.

A unos metros de ese muro representativo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y a un costado de la instalación del cementerio, las madres de personas desaparecidas situaron las lonas con las exigencias y fichas de búsqueda.

La velación concluyó a las 9h del 8 de marzo. Horas más tarde las madres participaron en la mega marcha conmemorativa, acuerpadas por otras colectivas de madres en busca de justicia.

Alianza

“Tenemos que salir del Estado [de Chiapas] para exponer la realidad porque somos las madres que no vamos a parar, que no van a callar porque estamos hartas de toda la violencia en los Estados, de las anomalías de las autoridades”, expresó Adriana Gómez.

Gómez es fundadora de Madres en Resistencia Chiapas, pero su lucha inició desde el 10 de enero de 2020, cuando su hija, Jade Guadalupe Yuing Gómez de 13 años de edad fue asesinada durante el horario en el que practicaba judo en el Indeporte.

La dirección del lugar contaminó la escena del crimen, pero Adriana realizó su propia investigación y demostró que su hija no se suicidó, como han dicho. Incluso el cuerpo de la adolescente fue hallado con una lesión en el pie; y en un cuaderno escribió que le temía a su entrenador.

Las evidencias las presentó ante las autoridades chiapanecas, pero no hay avances, incluso le niegan el recurso para trabajar con forenses externos a la fiscalía. “Han sido cuatro años de desgaste físico, económico y emocional”, agrega Adriana.

En esta lucha, Adriana se conoció con la activista Irinea Buendía y madre de Mariana Lima Buendía que tenía 28 años cuando fue asesinada por su esposo el 28 de junio de 2010 en el Estado de México. Su caso, así como el de Jade, fue clasificado como suicidio.

Irinea, también activista, logró en su lucha que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara reabrir el caso en 2015 para investigarlo como feminicidio.

Entonces se desprendió la sentencia Mariana Lima Buendía. La Sentencia es histórica y siembra un precedente, da garantías de no repetición. La Organización de los Estados Americanos la retomó para los países latinoamericanos, caso contrario a las 32 Fiscalías de las entidades mexicanas que se niegan a integrarla en los códigos de procedimientos penales.

“Resistir hasta encontrarte”

Isabel Torres se unió a Madres en Resistencia porque el 17 de diciembre de 2022 su hija Cassandra Isabel Arias Torres fue desaparecida por un grupo armado que irrumpió en su boda, y que portaba las insignias de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas.

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Los hechos ocurrieron en un salón de fiestas del municipio de Berriozábal, el mismo en el que recientemente fue velado Germán Alegría Estrada, secretario de Seguridad Pública Municipal, secuestrado el 23 de febrero y hallado sin vida unas horas después, junto a dos hombres más.

La madre de Cassandra ahora espera que la FGE notifique al alcalde de Berriozábal, Jorge Arturo Acero Gómez —que buscará la reelección con Morena—, para que se presente a declarar pues, en su momento, negó la desaparición de Cassandra y dijo que se trató de una simple riña.

De no tener avances para dar con el paradero de su hija, Isabel pide que la Fiscalía de Chiapas se declare incopetente para que el caso sea atraído por la autoridad federal y se investigue a los funcionarios involucrados.

Isabel, como parte de Madres en Resistencia, documenta la lucha en las redes sociales y, por ese medio, la contactó Deisy Noemí Blanco Chi, madre de la niña Fernanda Cayetana Canul Blanco, desaparecida el 21 de julio de 2020 en la zona Continental de Isla Mujeres, Quintana Roo.

La ficha de búsqueda de Fernanda Cayetana también fue expuesta en el zócalo de la Ciudad de México este 7 y 8 de marzo, porque ninguna autoridad ha dado continuidad a la investigación a pesar de que Deisy consiguió la pista del hombre y la mujer que se llevaron a su hija.

La investigación que hizo la llevó de Quintana Roo a San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y en ese proceso buscó el acompañamiento de las Madres en Resistencia. Deysi cuenta que a pesar de que logró la detención de los ejecutores de la desaparición, la autoridad no ha conseguido que hablen sobre el paradero de Fernanda Cayetana y tampoco tiene apoyo del gobierno del Estado, mucho menos municipal.

El muro

Ante tales inconsistencias, las madres y familiares de víctimas aprovecharon las actividades en la Ciudad de México para exponer los casos ante la Cámara de Senadores y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual modo se reunieron con representantes del departamento de Asuntos Políticos de la Embajada de México.

“Nosotras como víctimas estamos pidiendo la ayuda de otros países”, reitera Adriana Gómez. Las madres puntualizan la necesidad de que el tema de las desapariciones y feminicidios se ponga en la agenda de los embajadores.

“Las personas que habitan los Altos y Sierra de Chiapas están siendo desplazadas por la violencia a manos del crimen organizado y tampoco hay respuesta”, señalan las madres chiapanecas que también han acompañado a algunas familias de esas regiones.

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A su regreso al sur de México, Isabel Torres comparte que le gustaría que la misma cantidad de mujeres en las marchas apoye las causas de las madres, hermanas, hijas de las víctimas de feminicidio y desaparición, para que al unísono se haga efectiva la frase: “si tocan a una, nos tocan a todas”.

En menos de un año Madres en Resistencia acompañó nueve casos de desaparición sólo en la región Centro del estado de Chiapas, sin contar las desapariciones en los municipios con “toque de queda” por parte del crimen organizado y donde la violencia se agudiza al tictac del reloj. “Cada día hay más desaparecidos, esa es mi opinión. En Chiapas todos los días asesinan a la gente o la desaparecen”, dice Isabel.

8M

Una representación de las madres marchó en la capital de Chiapas, donde la manifestación se vio empañada por el divisionismo provocado por la presencia de actoras políticas que, a propósito del proceso electoral, encabezaron contingentes.

En los próximos días las Madres en Resistencia emitirán un pronunciamiento contra esta vieja práctica de políticos mexicanos de colgarse y lucrar con las luchas de las mujeres.

“Sin lugar a dudas los avances que hemos tenido en México, como la Ley Olimpia, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la Ley Ingrid y la Ley Malena, son producto del accionar de las mujeres en la protesta y las acciones detrás de la protesta: organización, estudio, de reunión y de generación de redes”, destaca Muñoz.

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

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Fuente: Avispa Midia

^{Texto y fotos por Karen Castillo}

^{En portada: Actividades realizadas en la faena internacionalista que se celebró en noviembre del 2023, en la Mazateca.}

Las Mujeres Mazatecas por la Libertad de los Presos Políticos de Eloxochitlán llevarán a cabo una jornada, en los días 18 y 19 de febrero, que consta de dos conferencias magistrales impartidas por los abogados Rafael Zaffaroni y Guido Croxatto, ambos argentinos con amplia experiencia en el área de los derechos humanos y el derecho internacional, y responsables de la defensa del ex presidente de Perú, Pedro Castillo.

La primera conferencia se llevará a cabo el domingo, 18 de febrero, a las 12 horas, en el Zócalo del centro de Oaxaca. La segunda conferencia será el lunes, 19 de febrero, en el Auditorio de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ambas conferencias tienen como objetivo visibilizar cómo el Estado utiliza el derecho penal para criminalizar la organización comunitaria y la lucha social.

En conferencia de prensa en enero de este año, Argelia Betanzos, hija de Jaime Betanzos, preso político liberado el 28 de septiembre del 2023, por cambio de medida cautelar, denunció: “Oaxaca es un Estado fallido en el caso de los presos políticos de Eloxochitlán, y frente a las mujeres indígenas que buscamos justicia por la persecución política y prisión política injusta.”

De acuerdo con las mujeres mazatecas, el caso de los presos de Eloxochitlán se remonta al 2011 cuando la Asamblea Comunitaria, organizada por usos y costumbres, comenzó a ser atacada por otro grupo de la comunidad con intereses partidistas, conformado por Elisa Zepeda Lagunas quien es la parte acusadora en el caso y la actual Secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca.

El punto más álgido de las agresiones en contra de la Asamblea Comunitaria se suscitó el 14 de diciembre del 2014 cuando un grupo de personas armadas, que según pobladores y la defensa de los indígenas actuó bajo el mando de la familia Zepeda, atacó a la Asamblea Comunitaria. De ahí comenzó la persecución política en contra de las familias que integraban la Asamblea. Para el 2016 había 40 familias con familiares con órdenes de aprehensión o encarcelados.

En estos nueve años, varios indígenas mazatecos han logrado ganar su libertad al demostrar la fabricación de delitos. En el caso de los perseguidos políticos, han logrado obtener amparos contra las ordenes de aprehensión en su contra.

Sin embargo, aún hay cuatro indígenas mazatecos presos: Marcelino Miramón, Alfredo Bolaños, Francisco Durán y Fernando Gavito. Además, hay alrededor de 12 hombres y sus familias desplazadas por la amenaza de las ordenes de aprehensión. En el mismo caso se encuentra Miguel Peralta, expreso político a quién se le revocó su sentencia de libertad en 2023.

De acuerdo con Argelia Betanzos, el Tribunal Superior de Oaxaca, el Gobierno de Oaxaca, el Juzgado de Huatula y el Ministerio Público de Huautla siguen favoreciendo al grupo de Elisa Zepeda Lagunas lo cual ha alargado este proceso por ya casi una década.

En la conferencia de prensa, las Mujeres Mazatecas también anunciaron que, este año, elevarán sus demandas hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de que la institución vigile que el sistema judicial de Oaxaca acate los amparos federales que demuestran la inocencia de todos los presos y perseguidos.

Nueve años de prisión política 

En diciembre del 2023, Alfredo Bolaños y Fernando Gavito cumplieron nueve años en prisión sin sentencia. Ambos fueron detenidos de forma arbitraria el 14 de diciembre del 2014 y acusados por tentativa de homicidio y homicidio. Alfredo Bolaños había sido elegido por usos y costumbres como Presidente Municipal de Eloxochitlán. Franciso Durán ha permanecido 5 años en prisión sin sentencia, fue detenido en 2018, acusado de tentativa de homicidio y por homicidio.

En septiembre del 2023, el Juez de Huautla negó a los 3 hombres la solicitud de cambio de la medida cautelar para poder continuar con el proceso en libertad, un acto violatorio a la Constitución Política Mexicana, la cual establece que la prisión preventiva no puede ser extendida por más de dos años.

Como los testimonios de Elvira Bolaños, hermana del preso político Alfredo Bolaños y el mismo Alfredo, quien participó en la conferencia de prensa por medio de una llamada telefónica, exponen: el cambio de medida cautelar a Alfredo y los demás compañeros no puede ser denegada ya que no hay argumento legal que justifique el encarcelamiento y los presos han comprobado una y otra vez su inocencia.

“Las instituciones de Oaxaca han pisoteado nuestros derechos, han participado en este encarcelamiento, quiero decirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revise los casos, porque no es posible que el Estado mexicano nos trate de la forma en que nos trata”, dijo Alfredo Bolaños.

El caso de Marcelino Miramón

Presente en la conferencia de prensa estuvo Alejandra García, esposa del preso político Marcelino Miramón, quien fue detenido el 22 de mayo de forma arbitraria acusado por daños.

El Juzgado de Huautla y la Fiscalía de Oaxaca detuvieron a Marcelino Miramón pese a que, en el caso de Fernando Gaspar, otro de los integrantes de la Asamblea Comunitaria encarcelado, se había comprobado que el delito de daños no fue denunciado por la Fiscalía en el tiempo correspondiente, por lo cual el delito ya prescribió. Gaspar se encuentra en libertad.

Después de meses de movilización por familiares y la comunidad de Eloxochitlán, Marcelino Miramón ganó un amparo a nivel federal que determina como ilegal su detención. Ahora, Marcelino espera dentro de prisión a que el recurso de revisión interpuesto por la familia de Elisa Zepeda sea resuelto y por ende se compruebe, una vez más, que no hay delito que perseguir, obteniendo después de más de 7 meses su libertad.

Como Alejandra García dio a conocer, sumamente afligida, sus hijos han tenido que abandonar la escuela para poder mantener a la familia de 10 hijos e hijas y luchar por la libertad de su padre.

“Soy una madre de familia con 10 hijos y apenas puedo mantenerlo, mi hijo de 16 años es el que ha tenido que ayudarme para todo, como por ejemplo juntar el dinero para poder venir a esta conferencia, tengo 25 años viviendo con mi esposo, y nunca había tenido necesidad de salir a la ciudad, y desde que lo detuvieron ahora tengo que ir hasta el reclusorio a verlo”, sostuvo Alejandra García.

Familias desplazas de Eloxochitlán

En la conferencia de prensa estuvieron también mujeres familiares de algunos de los hombres perseguidos políticos desde el 2014 y que actualmente se encuentran en desplazamiento.

Presente estuvo, Marisol Fernández, esposa de Jacob Betanzos, ella relató que, en 2014, tuvieron que huir sin pertenencias y, desde entonces, su familia no ha podido regresar a sus tierras originarias. Marisol relató lo difícil que ha sido el desplazamiento de su familia y permanecer alejados de su comunidad

“Mis hijos tuvieron que dejar su escuela, la más pequeña tenía 6 años, otros 8 años, y el más grande 11 años; no es fácil vivir estos 9 años con el temor de que a mi esposo lo vean y lo encarcelen también”, señaló Marisol Fernández.

Las mujeres mazatecas denunciaron que en Eloxochitlán hay un proceso de etnocidio por el cual se ha obliga a la comunidad a abandonar su forma de vida tradicional y originaria a través de la prisión y persecución política.

Las afectaciones del desplazamiento forzado han sido ampliamente documentadas por organismos como la ONU, el obligar a pueblos originarios a abandonar su territorio es obligarlos a abandonar su forma de vida, organización, cosmovisión y por ende atentar contra el derecho a su existencia.

El ciclo de conferencias magistrales, además de presentarse en Oaxaca, recorrerá el Estado de México y Ciudad de México. Esta jornada es también organizada por la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo-Base México.

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Informe de organizaciones de la sociedad civil en Chiapas sobre la violencia en la región frontera.

 Descarga el informe aquí

La frontera de Chiapas con Guatemala se encuentra desde aproximadamente 2021 atravesada por un conflicto armado no reconocido basado en la disputa territorial de estructuras de la delincuencia organizada por el control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales, así como de la propia vida de la población local. Esta zona, conocida como región frontera, comprende los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Escuintla, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista.

Por su ubicación geográfica y recursos naturales estratégicos, Chiapas es un territorio clave para el control e impulso de economías legales e ilegales. Cabe resaltar que la región, cuya población es ampliamente indígena, es históricamente abandonada por el Estado. La zona fronteriza, epicentro de la crisis de violencia actual, alberga a población indígena del pueblo Mam, población mestiza, así como comunidades Jacaltecas, Q’anjoba’les, Akatecas y Quichés, algunas de ellas descendientes del exilio guatemalteco de los años 80.

El punto de inflexión que destapa la disputa entre grupos criminales en el estado son los hechos ocurridos el 7 de julio de 2021. Ese día fue asesinado Gilberto Rivera, “El Junior”, hijo del operador de uno de los grupos de la delincuencia organizada que mantenía el control en el estado, y cuyo homicidio fue reivindicado por el grupo criminal antagónico.El año 2023 ha tenido varios picos importantes de violencia. Destaca la violencia ocurrida en el mes de mayo, cuando se enfrentaron grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, impactando a comunidades vecinas, todas del municipio de Frontera Comalapa. Esto provocó que alrededor de 3,500 personas se desplazaran de manera forzada de sus comunidades, poniendo en riesgo su vida, seguridad e integridad personal.

A lo largo del año y hasta la fecha, la población civil ha sido tomada como rehén, utilizada como escudo, forzada a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos en disputa. Se cortaron suministros básicos, como alimentos, gasolina, gas, luz eléctrica o servicio de compañías telefónicas, manteniendo a la población en vilo y zozobra, incomunicada, bajo escasez de alimentos e incluso con la imposibilidad de desplazarse. Además, resulta de gran preocupación el fenómeno de la desaparición. Es difícil documentar en la región fronteriza debido a la escasez de denuncias que deriva tanto de la falta de confianza en las autoridades como del miedo al que está sometida la población. Sin embargo, incluso las cifras oficiales revelan un alza.De acuerdo a la documentación que sirve de fundamento al presente informe, los grupos criminales desarrollan varias estrategias para conseguir el control del territorio. Se documentaron enfrentamientos generalizados y recurrentes, vigilancia permanente, ocupación física de parcelas privadas que incluso vuelve a las personas ajenas a sus propias tierras; entre otras. De igual manera, los grupos se abocan al control de la población : a través de acciones que buscan fomentar la aceptación social, con estrategias de persuasión, pero también con violencia por ejemplo el reclutamiento forzado.

La “economía del conflicto” que se ha instalado en la zona incluye el despojo de la población, el aumento de las extorsiones, el cierre de negocios, la explotación sexual de niñas y mujeres; con impactos económicos, sociales y psicológicos importantes. De manera general, las personas que viven en la zona ven su vida cotidiana afectadas en casi todos sus aspectos, sin que siempre sea fácil identificar los motivos de los grupos presentes.

A nivel institucional, aparece que la delincuencia organizada se ha insertado en los servicios de salud, recolección de basura, unidades administrativas de gobierno, abastecimiento de alimentos, educación en los distintos niveles, entre otras. El control de estas instituciones es no obstante ambivalente, y según el grupo y el estado del conflicto en la zona puede pasar de cooptación y financiación a casos donde las instituciones deban permanecer cerradas o abiertas a pesar de que haya enfrentamientos.

Informe de organizaciones de la sociedad civil sobre la violencia en la región frontera de Chiapas

Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos.

Descarga aquí

Las consecuencias del terror, del control de los cuerpos, mentes y territorios son terribles para la población. Miles de personas se han visto obligados a desplazarse, sin que sea posible documentar con precisión cuantas y con que destino. Sin embargo, podemos afirmar que la combinación de las violencias físicas, económicas, psicológicas y sexuales han arrojado al desplazamiento forzado interno a al menos 7,500 personas en la región entre el mes de junio del año 2021 y noviembre del 2023. En algunas comunidades se habla del 15% de su población total desplazada de manera forzada. Estas formas de control y de infiltración también debilitan y fragmentan a las organizaciones sociales y campesinas, destruyendo y manipulando las dinámicas de toma de decisiones y de sanciones internas y, en última instancia, erosionando el sentido profundo de la vida comunitaria.

Las prácticas de los grupos de la delincuencia organizada en la región frontera de Chiapas producen una situación generalizada de violaciones graves de derechos humanos cuyas implicaciones atentan contra el sentido más básico de protección humanitaria. La evaluación de estos impactos puede ser problemática a primera vista en la medida en que no son agentes estatales quienes están violentando directamente los derechos humanos. A su vez, de momento no hay un reconocimiento oficial de la existencia de un conflicto armado interno (o Conflicto Armado no Internacional) en la zona. Sin embargo, sí existen grupos armados con la capacidad para generar graves impactos a la vida, la dignidad y la integridad personal de todos sus habitantes, quienes no forman parte del conflicto y cuya protección sí es responsabilidad del Estado.

Ante este panorama, las formas de intervención estatal han sido ante todo de omisión, aquiescencia y en algunos casos de colaboración. Ante la indefensión generalizada derivada de la disputa territorial entre los grupos de la delincuencia organizada, la población en repetidas ocasiones ha reclamado la urgente intervención del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. En contraste, ha sido a su vez la inacción y connivencia por parte de los elementos de las fuerzas de seguridad del estado lo que ha llevado a que haya demandas por parte de la población civil exigiendo su retirada de ciertos lugares.

De hecho, en toda la región fronteriza asolada por el conflicto armado, la delincuencia organizada interactúa con funcionarios del gobierno conformando estructuras criminales que intervienen y agravan las tensiones y el conflicto por el control territorial. Tal es el grado de inserción en las estructuras de gobierno que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que “todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio”.

Source: The Kurdish Center for Studies – Dr. Hawzhin Azeez – 17 Jan 2024

A Kurdish woman mourns at the funeral of victims killed during the Turkish bombing and invasion of Serê Kaniyê in 2019. Many now worry the process will be repeated elsewhere in Rojava following the current bombardment.

Erdoğan’s regime in Turkey has continued its reign of terror on the Kurdish region of Rojava, which is governed by the DAANES (Democratic Autonomous Administration of North and East Syria). Ankara’s litany of weekly war crimes for the past several months involves ceaseless bombardments, airstrikes, and drone attacks across a wide range of civilian sites. To understand the reasoning behind their aerial terror, one only needs to look at the recent history and neo-Ottomanist foreign policy objectives of Turkey when it comes to the Kurdish areas of northern Syria.

For instance, the Turkish military has already annexed large swaths of the Kurdish territories in the region, including utilizing their jihadist mercenary allies to occupy Afrin in 2018 and Serê Kaniyê and Girê Spi in 2019. Both invasions ethnically cleansed the regions of Kurds by more than 80% resulting in close to a million people being internally displaced.

Back in October 2023, when the bombardments commenced at unprecedented levels, refugee camps of internally displaced people were also attacked, causing mass terror and uncertainty. But this also coincides with Turkey’s previous playbook, where they sow fear amongst Kurdish civilians in the hope that they will flee the region. Since October, Turkey has commenced a comprehensive round of repeated bombardments targeting essential infrastructure such as water, gas, and electricity stations. The objective is to displace civilians, cause a mass exodus, and create conditions that make life unbearable in the region.

In the past 72 hours, a number of villages and civilian locations, including barns and food depots, have been targeted by Turkish airstrikes. As a result, journalists, activists, and civilians across the region shared horrifying images of injured civilians, destroyed warehouses, and repeated attacks on non-military locations, including the illegal double-tap policy of re-striking a site that had been previously attacked as emergency crews scrambled to put out the fires and treat any wounded.

In the village of Karbatli, in the Darbasiyah district, the family home of a civilian named Khaled Heso was bombed, resulting in his children Rojan and Jan, along with his wife Ahlam being injured. Meanwhile, the Kurdish journalist Hoshang Hassan released exclusive footage of the Turkish bombardments against electric stations in Amuda. Showing that Turkey is most interested in striking the necessities of life: food, water, electricity, and shelter (homes).

The Rojava Information Center (RIC) released an exclusive video detailing the Turkish bombardments since October, highlighting the repeat targeting of civilians and their land, homes, and properties during the bombardments. During the Christmas period, another round of massive bombardments occurred, in which Turkish airstrikes hit a number of civilian infrastructures, including factories, medical centers, industrial warehouses, and more. In the most recent cascade of unprovoked strikes, 11 civilians were killed, with dozens more injured.

Turkey also specifically targeted crucial gas and electrical facilities around Suwaydiyah. This electrical station, according to the RIC produces 47% of the Jazire canton’s total electrical supply. More importantly, it is the only station providing electricity to emergency lines for essential medical services and the area’s only local gas bottling plant. Displaying the sinister nature of the strikes, Turkey wants the Kurdish population thirsty, hungry, cold, and in the dark, but without fuel to flee. Then, following the Turkish drone strikes, the ambulances and hospitals lack fuel to treat any of the wounded.

Farhad Shami, the media representative of the SDF released a press statement on behalf of the SDF General Command, in which he stated that: “Over the past two days, the Turkish occupation has targeted, using warplanes and UAV’s key energy and electricity facilities, as well as grain storage warehouses and silos and firefighting crews. These aggressions have extended to the homes of civilians, their farms, and the sources of their daily sustenance, impacting major roads and city outskirts and causing extensive destruction. Consequently, these attacks have disrupted the delivery of essential services, including power, electricity, water, and other necessities, affecting hundreds of thousands of people.”

Shami went on to state that:

“These direct attacks and barbaric terrorist aggression clearly and explicitly prove the hostility of the Turkish occupation state to all forms of life in the region, they constitute blatant and deliberate war crimes aimed at instilling fear, and inflicting suffering on their daily existence.”

Likewise, the media representative for the YPG, Siyamend Ali published a number of videos on his media page, which included images of the Turkish warplanes bombing journalists and media crews in the city of Kobanê, as well as recordings of Turkish drones targeting the French Lafarge Cement Company in the Chelabiya district east of Kobanê. The video shows a second “double tap” strike as firefighting crews attempt to douse the fires—a common tactic of Turkey at this point, which is against international law.

Meanwhile, another local journalist, Jamal Bali, stated that after a full day of bombardments by the Turkish state on service facilities across the region, “most of the region’s residents are now without water and electricity” during a harsh and cold winter.

For their part, the Kongra Star Women’s Movement released a report that highlighted the bombardments over the last 48 hours across the Amuda district. In Kobanê alone, wheat warehouses, orchards, fire crews, electricity transfer stations, and livestock barns have been targeted by ongoing strikes. Meanwhile, five electrical service stations were also bombed again around Kobanê.

A political cartoon by Dijwar Ibrahim, depicting the US and EU as an ostrich with its head buried in the sand as Erdoğan destroys Rojava.

Human rights advocates have weighed in on the ongoing Turkish bombardments as well. Nadine Maenza, an American advocate for international religious freedom and a former chair at USCIRF, has questioned why the US government allows Turkey to continue to engage in war crimes against the Kurds, when such attacks benefit Iran, Assad, and ISIS while, according to her, running counter to US goals for peace and stability in the region. Maenza went on to condemn the Turkish assault on Rojava and its explicit targeting of civilian infrastructure and she has called for the international community to stand firm against ongoing Turkish war crimes against the Kurds.

Additionally, scholars such as Gerald Walker, an expert in global diplomacy and international relations, have argued that Turkey’s “attacks seem to be part of a strategy to displace the local population, furthering a policy of Turkification and extending Turkish control over this Syrian territory.” However, as Walker points out, while Turkey is attempting to gain further Syrian territory, these territories are explicitly Kurdish-dominated areas of the country. Turkey’s Syria policy is driven solely by its exterminationst aspirations towards the Kurds. This is despite the fact that the PYD and the SDF have not fired a single bullet or rocket towards the Turkish border. Rather it seems the repeated military losses that Turkey’s allied jihadists in Syria suffered at the hands of the Kurds continue to prompt Ankara’s resentful and vengeful anti-Kurdish policies across the Kurdish regions in northern Syria and Iraq (Western and Southern Kurdistan, respectively).

Other activists called for the urgent implementation of a No-Fly Zone in the region or for the US-led coalition to provide the Kurds with air defense systems and the necessary technology to protect themselves against the ceaseless Turkish bombardments.

In light of the total absence of international outcry about Turkey’s unhindered and unrestrained violence towards Rojava, it appears unlikely that such war crimes will cease anytime soon. As the world reels from the war in Gaza and South Africa’s ICJ case is played out across TV screens, the same international media outraged by Israel’s bombing of Palestinians, remains silent and apathetic as Turkey bombs Kurds and attempts to raze Rojava to the ground.

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Asunto: Situación de violencia en la región fronteriza de Chiapas con Guatemala

Estimados Señores y Señoras,

Reciban un cordial saludo del Movimiento Sueco para la Reconciliación – SweFOR y del Servicio Internacional para La Paz (SIPAZ).

SweFOR es una organización sueca de carácter ecuménico creada en el 1919 que lleva más de 20 años de presencia en el Estado de Chiapas. El objetivo de SweFOR en México es brindar acompañamiento integral a personas defensoras de derechos humanos con el fin de procurar garantía de protección a su trabajo.

SIPAZ, como organización internacional sin fines de lucro con presencia permanente en México desde 1995, trabaja para la disuasión y prevención de la violencia socio-política, la transformación positiva de los conflictos y el respeto de los derechos humanos en Chiapas y, de forma puntual, en Oaxaca y Guerrero.

Nos dirigimos a ustedes con el fin de expresar nuestra preocupación por la situación de violencia armada que se extiende en la región fronteriza del estado de Chiapas con Guatemala desde el año 2021 y por  su impacto sobre la población civil y las personas defensoras de derechos humanos.

Desde el año 2021, el estado de Chiapas se encuentra asolado por una disputa entre grupos de la delincuencia organizada que se ha recrudecido de manera particularmente violenta en la región de la frontera con Guatemala, que comprende municipios de la Meseta Comiteca – Tojolabal y de la Sierra Mariscal. Según información reportada por organizaciones con acceso a la región afectada, esta confrontación está impactando fuertemente a la población civil, a través de actos de desaparición forzada, tortura, reclutamiento forzado, explotación sexual, extorsión y desplazamiento y otras estrategias de control de la población

Desde SweFOR, este panorama de violencia nos preocupa por el estado de indefensión en que se encuentra la población civil, pero también por la situación de las personas defensoras de derechos humanos. Hemos recibido información procedente de la zona fronteriza de Chiapas  con Guatemala de casos de asesinato, tortura y desaparición de personas defensoras que ejercían actividades de defensa – denunciando la vulneración de los derechos de la población civil, o negándose a sostener uno o el otro contendiente -, y cuya perpetración parece tener propósitos ejemplarizantes. Ello ha llevado a diversas personas defensoras de derechos humanos a buscar refugio lejos de sus comunidades de origen y a suspender sus actividades de defensa de los derechos humanos.

Entre las personas defensoras que han sido objeto de violencia en la zona fronteriza se cuentan defensores comunitarios, servidores de la Iglesia Católica, autoridades comunitarias y funcionarios públicos.

Nos inquieta que, según las organizaciones presentes en la región,  este escenario se estaría desarrollando  ante la inacción de las autoridades, siendo la militarización de todo el estado la única respuesta, sin efecto consistente para frenar la violencia.

Cabe resaltar que Chiapas es uno de los estados más militarizados del país, contando en junio de 2022 con el despliegue de un total de 17 mil 160 elementos de la SEDENA y de la Guardia Nacional, según datos de la SEDENA.

El aumento exponencial de la violencia y las omisiones del Estado están resultando en el cierre completo del espacio de acción para la defensa de los derechos humanos, y nos preocupa que ante ello no se estén implementando mecanismos de protección.

Por la extrema alarma que debería suscitar la situación descrita, llamamos a las autoridades nacionales y a las instancias internacionales que actúen con celeridad para poner fin a la situación de violencia en la zona de la frontera entre Chiapas y Guatemala, y a la protección y garantía de los derechos de la población, incluyendo las personas defensoras de derechos humanos..

(Continuar leyendo…)

De las mujeres organizadas de Santa María Guienagati ante la violencia feminicida ocurrida el primero de enero de 2024.

Santa María Guienagati, Tehuantepec, Oaxaca. A 15 de enero del 2023.

Al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,

Al Gobernador del Estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz,

Al titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla,

A la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, Elisa Zepeda Lagunas,

A la Autoridad Municipal de Santa María Guienagati

A la sociedad civil en general:

Las mujeres de Santa María Guienagati nos manifestamos en contra de la violencia de género que afecta a las mujeres de cualquier edad y en cualquier territorio de este país, especialmente la feminicida, que acaba con la vida de las mujeres, dejando una herida muy honda en las víctimas indirectas.

El pasado 1° de enero, asesinaron con violencia a Julia, una mujer mixe de la tercera edad, avecindada desde hace 28 años en nuestra comunidad. El feminicidio de nuestra compañera también nos lastimó a todas las mujeres, significó un cambio drástico en nuestras actividades diarias, en la rutina y en nuestras relaciones con las demás personas. El dolor por una pérdida que no tiene explicación, el miedo y la inseguridad se han apoderado de nuestro día a día: caminar, dormir y hacer cualquier actividad solas, implica un alto grado de riesgo para nuestras vidas.

Oaxaca es el segundo estado del país con las cifras más altas en feminicidios. Tan solo en lo que va del año se contabilizan al menos 5 casos de feminicidio en el estado, entre ellas Julia.

Es por eso que tomamos este espacio para exigir a las autoridades federales, estatales y municipales que, en el marco de su competencia, esclarezcan el feminicidio de nuestra compañera Julia, intervengan para reconstruir el tejido social de nuestra comunidad e implementen medidas de no repetición, para que nunca más se cometa un crimen tan atroz en nuestro territorio.

A las instancias de gobierno correspondientes les exigimos:

– A la autoridad municipal, su participación oportuna en la presentación de todas las evidencias, la no obstaculización de la investigación que las autoridades estatales llevan a cabo, así como tomar medidas inmediatas y eficaces para erradicar las violencias en nuestra comunidad.

– A la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que se investigue el feminicidio de Julia conforme a los protocolos y estándares que existen para la materia desde los enfoques intercultural y de género. No se debe ignorar que Santa María Guienagati es un municipio de poco más de 3 mil habitantes, donde convivimos con personas de distintos orígenes étnicos, como consecuencia de los desplazamientos sociales de las últimas décadas y tenemos un estilo de vida comunal.

-Que se cumplan las leyes nacionales y los acuerdos internacionales sobre el derecho de las mujeres a una vida sin violencia;

– A la Coordinación de Atención a los Derechos Humanos y la Secretaría de Mujeres de Oaxaca, les exigimos la intervención en la comunidad para que se puedan desarrollar procesos de resiliencia comunitaria, pues se ha generado un ambiente de dolor, incertidumbre y temor a permanecer solas en el espacio público e incluso el privado. Que realice una estrategia integral para trabajar con los problemas de alcoholismo y machismo. Recalcamos que los dolientes no sólo son los familiares y que hay un lazo comunitario, de amistad y solidaridad con Julia.

Con rabia e indignación señalamos que este no es el único feminicidio que ocurre en nuestra comunidad, con dolor recordamos a Marycruz, Faustina e Isidora, víctimas de la violencia feminicida que atraviesa nuestra comunidad. A pesar de estos casos, Santa María Guienagati no se incluye dentro de los municipios con alerta de género, lo cual invisibiliza la gravedad de la realidad que vivimos, por lo que llamamos a la sociedad civil a que nos mantengamos vigilantes de la respuesta de las autoridades, hasta que se logre justicia para Julia y regrese la tranquilidad en nuestra comunidad.

Por una vida libre, cese a la violencia en nuestra comunidad. Las mujeres y niñas tenemos el derecho a una vida digna.

¡Que ningun feminicidio quede impune!

¡Ni una asesinada más!

Atentamente:

Mujeres Organizadas de Santa María Guienagati

Apóyanos con tu firma y difusión

https://docs.google.com/document/d/1EsmgpE1X8-3v5KGLozKY4I1w6Bbf_oau-AYSEw3dXe8/edit?usp=sharing

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En ocasión del 30 aniversario del levantamiento zapatista, el Movimiento de Mujeres de Kurdistán envía este saludo para el EZLN.

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La muerte nos abrió el camino hacia la resistencia,
la muerte no tuvo dominio,
resurge la vida entre la milpa,
la esperanza y la lucha emergen
entre el polvo que poliniza la existencia.

— Las Abejas de Acteal

En una tarde tan helada como ésta, el 21 de diciembre de 1997, unas doscientas personas de muchas edades, casi todas mujeres y niños, llegaban al colmo de una vida de desprecio y sufrimiento. En un vado lodoso, a orillas de la carretera, desde ancianos hasta bebés lloraban de rabia, de frío y de lluvia mientras apretaban sus puños impotentes porque un grupo paramilitar los había expulsado de su comunidad y mantenía a algunos de sus familiares amarrados a los árboles, quinientos metros bosque adentro. Todas y todos estaban amenazados de muerte. “Nos van a matar mañana”, decían. Un anciano curtido por humedad nos mostraba su pierna herida de bala, pues tempranito le habían disparado. “Vengan con nosotros”, proponíamos, sin entender que nunca se pondrían a salvo dejando a su pueblo atrás. Quienes veníamos de fuera lo hicimos, nos fuimos, los dejamos atrás. Al día siguiente, 22 de diciembre de 1997, 45 tzotziles, 45 personas desplazadas en su propia tierra, fueron masacradas. Cuatro bebés fueron arrancados de los vientres de sus madres con machetes y cuchillos.

Desde entonces, la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal ha mantenido viva la luz de la memoria. El día 22 de todos los meses, y en particular todo 22 de diciembre, se recuerda y se honra a las y los asesinados aquél oscuro día, en un acto colectivo de oración, de canto, de celebración de la vida.

Sí, de celebración. Pues las y los mártires de esta tierra sagrada están vivos en el corazón colectivo de este pueblo que no se resigna, que crece en dignidad en su búsqueda de justicia y en la afirmación de la paz y la no violencia como camino en un contexto cada vez más violento. “Si nuestras voces se apagaran en medio de un sufrimiento fuerte, entonces estaríamos muertos, bajo el sello del silencio eterno. Pero nuestra voz emerge de la dignidad del pueblo que somos, de la palabra de nuestras abuelas y abuelos, del reclamo por justicia durante estos 26 años”, dicen en un comunicado.

Este 22 de diciembre de 2023, la conmemoración inició la tradicional peregrinación de varios kilómetros, de Majomut a Acteal, “Casa de la memoria y la esperanza”.

La conmemoración se lleva a cabo en un gran auditorio abierto que mira hacia la inmensidad de las montañas, arropadas con un manto de niebla. Bajo nuestros pies, en un recinto sagrado, yacen los cuerpos de los mártires de Acteal. Arriba, donde estamos nosotros, se escuchan las voces del Coro de Acteal, bajo una gran manta que dice: “Sobre la impunidad y la muerte, cantamos por la paz y por la vida”. Alrededor de un bello altar maya frente a la gran cruz en medio del espacio, se van colocando las cruces con los nombres y la edad de las y los asesinados, que se cargaron con profundo respeto en la peregrinación.

Allí se lee el comunicado de Las Abejas de Acteal y un boletín del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). En el comunicado, Las Abejas dejan claro los nombres de los responsables de la masacre, los autores intelectuales que hasta hoy continúan impunes: Ernesto Zedillo, ex Presidente de la República; General Enrique Cervantes Aguirre, Secretario de la Defensa Nacional; General Mario Renán Castillo, Comandante de la Séptima Región Militar en Rancho Nuevo; Emilio Chuayffet Chémor, Secretario de Gobernación; Julio César Ruiz Ferro, Gobernador de Chiapas; Homero Tovilla Cristiani, Secretario del Estado de Chiapas; Uriel Jarquin Galvez, Subsecretario de Chiapas; Jorge Enrique Hernández Aguilar, Coordinador de Seguridad Pública de Chiapas; David Gómez Guzmán, Subprocurador de Justicia Indígena Zona Altos de Chiapas; y Antonio Pérez Hernández, Secretario de Pueblos Indígenas.

También señalan a los presidentes que desde entonces han sido cómplices de la masacre con su inacción y silencio: Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no sólo no ha hecho nada por castigar a los culpables, sino que incluso llegó al extremo de condecorar a uno de los principales responsables: el General Enrique Cervantes Aguirre, entonces Secretario de la Defensa Nacional.

Este año, a la conmemoración le precedió un importante encuentro de medios comunitarios provenientes de muchas geografías del país, convocado por el área de comunicación de Las Abejas de Acteal, que se llevó a cabo el 20 y 21 de diciembre, donde se intercambiaron saberes y experiencias.

“La búsqueda de la paz brota inagotable como manantial de agua en tiempos de sequía”, dicen Las Abejas de Acteal. Con su ejemplo, con su caminar en busca de justicia y su afirmación porfiada de la paz y la no violencia como arma de lucha, Las Abejas nos iluminan con esperanza en un contexto de violencia creciente, de guerra entre cárteles del crimen organizado, de reproducción de grupos armados por todo el estado, de desapariciones, asesinatos, retenes, secuestros e impunidad, en un estado y un país que parecen desmoronarse. Esperanza de que la colectividad, el respeto, la dignidad, la consagración de los encuentros y sí, la alegría, puedan reproducirse entre todas y todos aquellos que creemos que vale la pena seguir luchando por el florecimiento de la vida.