Por Vanessa García Navarro

Durante el primer trimestre de 2021, el gobierno de los Estados Unidos Americanos ha reportado un aumento en el flujo de migrantes indocumentados provenientes de México y países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador). Entre los viajeros destacan, por su extrema vulnerabilidad, los niños y adolescentes que se arriesgan sin algún guardián cuidando de ellos a lo largo de su travesía.

Hace una semana, el representante del congreso de Texas, Enrique Roberto “Henry” Cuellar, reveló fotografías de los menores de edad en el centro de detención de migrantes en la ciudad de Donna, Texas. Las imágenes registran menores aglomerados en “habitaciones” divididas con delgado polímero transparente; aparentemente cobijas isotérmicas y colchonetas forradas en plástico son los exiguos recursos conferidos para su confort.

En los meses de campaña, el mandatario norteamericano Joe Biden, que asumió el cargo de presidente de los EE.UU. en enero de 2021, prometió que, de ser electo, a los inmigrantes que exponen sus vidas en busca del asilo estadounidense su gobierno los tratará “con dignidad y se asegurará de que reciban la justa audiencia legal a la que tienen derecho”. Promesa que contrasta con el escenario que se advierte actualmente.

Las trincheras se vuelven abismos

A diferencia de los adultos solteros y las familias, que al ser detenidos por la patrulla fronteriza estadounidenses son expulsados a México en el menor intervalo posible (salvo algunas excepciones), los adolescente y niños que viajan sin acompañantes mayores de edad son asilados en instalaciones ubicadas dentro del territorio de EE. UU. mientras se estudian sus casos.

Idealmente, el proceso comienza desde el momento en que los agentes de la patrulla fronteriza los aprehenden, en seguida los trasladan a sus instalaciones. Después de resguardarlos por 72 horas (máximo), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) habría de entregar a estos niños y adolescentes al Departamento de Salud y Servicios Humanos (en inglés HHS) para valorarlos medicamente, someterlos a cuarentena. Simultáneamente se investiga a cada una de las familias a las que se les otorgara la custodia de los menores (80% de los niños y adolescentes cuentan con un patrocinador esperándolos en USA y en el 40% de los casos se trata los padres o algún tutor legal).

Sin embargo, los niños permanecen hacinados en las instalaciones a cargo de patrullas de protección fronteriza – cuya función es impedir que migrantes sin papeles entre en los Estados Unidos – por mucho más de 3 días, porque los albergues carecen de vacantes.

¿Crisis?

El comisionado interino de la CBP, Troy Miller, asevera que los niños dentro de las instalaciones de DHS cuentan con cuidados, comida y la posibilidad de bañarse casa 48 horas. Pero Leecia Welch y Neha Desai (abogadas autorizadas a inspeccionar cuan satisfactorias son las condiciones en las que se resguarda a los menores sin acompañantes) han declarado que no se les admitió la entrada a las instalaciones DHS de Donna, únicamente se les consintió entrevistar a 20 menores dentro de una unidad portátil. Algunos de los adolescentes y niños reportaron que varios de sus compañeros carecen de alguna colcha o tapete para dormir, por lo cual descansan en el suelo y superficies desnudas; así mismo, a veces los menores pasan tres o incluso seis días sin poder higienizarse adecuadamente.

Se habla de una elevadísima cantidad de niños (14 mil según el Diario.es, 15 mil según Forbes), muchos de ellos menores de 10 años, que sufren la merma de su bienestar mientras pasan hasta una semana varados antes de ser transferidos a un albergue. Las autoridades se niegan a ser transparentes y siguen ocultando cifras, en cambio, en medio de la contradicción, el gobierno de Biden prefiere denominar “reto” a lo que resulta una crisis.

¿Qué dice el gobierno de los EE.UU.?

El Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés), Alejando N. Mayorkas, ha realizado algunas declaraciones respecto a la crisis humanitaria en la página web oficial de U.S. Department of Homeland Security. Explica que el incremento de inmigrantes menores no acompañados se debe a diversos factores, tales como la devastación producida por los huracanes que azotaron Centroamérica en 2020, el acrecentamiento de los niveles de delincuencia, impunidad y violencia en los países del Triángulo Norte y México, los estragos colaterales de la pandemia por COVID 19.

En su discurso Mayorkas manifiesta que la administración anterior les transfirió un sistema desarticulado e ineficiente, que continuamente violó los derechos de los inmigrantes, cerrando asilos, expulsando a su suerte a niños sin acompañantes e incluso convirtiéndolos en presa fácil de traficantes. Por otro lado, opositores del nuevo gobierno estadounidense, argumentan que la decisión de eliminar restricciones migratorias, del presidente Biden, imprudentemente alientan a los inmigrantes a intentar cruzar ilegalmente las fronteras.

El secretario de la DHS admite que se exceden las 72 horas de detención estipuladas por la ley federal, y que los espacios para albergar a los inmigrantes detenidos son de hecho limitados (no permiten guardar el distanciamiento social demandado por la pandemia vigente).

Siguiente paso

El pasado 24 de marzo, el presidente Joe Biden asignó a la vicepresidente Kamala Harris la tarea de solucionar la crisis migratoria.

Tan sólo queda esperar el primer movimiento de Harris, sin omitir la posibilidad de que el abismo humanitario simplemente se ensanche. Los miembros del partido republicano y algunos personajes de la facción democrática manifiestan su disconformidad con la crisis humanitaria y las potenciales repercusiones de la agenda migratoria propuesta en la presente administración (detener la construcción del muro fronterizo, brindar estatus migratorio a casi 11 millón de migrantes, reunificar familias) y advierten no facilitarán su apoyo.

Con un llamado a la jornada global #JusticiaParaSamir y contra los Megaproyectos, a impulsar el recorrido de nuestras hermanas y hermanos zapatistas por la Europa de abajo, a mantener los proyectos de autogestiión y resistencia como el taller de costura de la Muñeca rebelde Lele y la invitación a seguir apoyando con el acopio y la solidaridad la causa otomi.
Te invitamos a compartir y difundir este información.
Nunca más un México sin nosotras y nosotros.

A 4 meses de la #TomaINPI

La policía y soldados guatemaltecos rociaron gas lacrimógeno y utilizaron sus garrotes y escudos sobre la caravana de migrantes hondureños y hondureñas que intenta cruzar territorio guatemalteco.

El bloqueo policial y militar fue montado estratégicamente en un cuello de botella en la carretera de dos carriles hacia Chiquimula, en un área conocida como Vado Hondo.

La caravana, que salió desde el viernes anterior de la terminal de buses en San Pedro Sula, sigue con más de cinco mil integrantes. Muchos migrantes fueron obligados a regresar por las autoridades guatemaltecas pero el grueso de la misma sigue instalada en Vado Hondo.

Los migrantes han pasado una noche muy fría en Vado Hondo, Chiquimula, Guatemala. Los migrantes permanecen allí sin poder pasar por el bloqueo policial y militar que ha impuesto el gobierno de Guatemala. No hay alimentos ni acceso al agua. Las tiendas cercanas cerraron sus puertas.

• • • 14 organizaciones integrantes de la Red TDT así como 3 organizaciones internacionales visitaron comunidades de las regiones Altos, Norte y Costa para documentar violaciones a DDHH.

   

• • • La impunidad y falta de acceso a la justicia generan un clima de riesgo para el CDH Digna Ochoa y el CDH Fray Bartolomé de las Casas.

   

• • La falta de voluntad política agudiza la crisis de derechos humanos que viven las comunidades chiapanecas.

Entre los días 7 y 10 del presente mes de diciembre, una Misión Civil de Observación compuesta por 14 organizaciones pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) —conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana— y acompañadas por tres organizaciones internacionales[1] visitamos comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa de Chiapas con el objetivo de documentar diferentes problemáticas de derechos humanos. Durante esos días, pudimos atestiguar situaciones críticas de vulneración de derechos fundamentales en las tres regiones, con una preocupante falta de voluntad y empatía por parte de las autoridades.

La Misión Civil de Observación (MCO) tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con personas afectadas por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. Por otro lado, también se llevaron a cabo reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno para conocer el seguimiento que están dando a las diferentes problemáticas y casos concretos.

Las organizaciones de la Red TDT que participamos en esta Misión Civil de Observación queremos expresar nuestra preocupación por el contexto de violaciones sistemáticas y estructurales de derechos humanos que hemos podido documentar en las tres regiones, especialmente queremos resaltar el efecto diferenciado en las mujeres y, principalmente, en las infancias de todas las comunidades visitadas quienes presentan graves impactos psicosociales y la falta de mínimos vitales para la vida y la dignidad de estas poblaciones.

Igualmente alarmantes resultan la situación de insuficiencia alimentaria, los inexistentes servicios de salud y medicamentos –incluso para quienes han resultado heridos durante las agresiones contra las comunidades– que sumados a la situación de desplazamiento forzado amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas. Dichas situaciones se agravan por la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que impunemente agreden a las comunidades y que implican un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos. En ese sentido, también destacamos las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras y de ayuda humanitaria, que realizan su labor en un clima de violencia generalizada.

Además, las organizaciones de la Red TDT denunciamos la falta de voluntad y empatía de las autoridades que permite la continuidad de una grave situación de violaciones a derechos humanos. Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades. A esto se suma un claro problema de falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aún cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados.

También hacemos un llamado para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia de las agresiones sistemáticas a las comunidades de Aldama sea puesto en libertad de manera inmediata.

Finalmente, queremos señalar que la Misión Civil de Observación se reunió con autoridades de gobierno de los tres niveles sin que se pudieran llegar a acuerdos concretos y seguimientos que logren garantizar la dignidad y la vida de las personas. Hoy, 10 de diciembre de 2020, Día Internacional de los Derechos Humanos, nos encontramos con una grave situación de violencia en la que el Estado mexicano debe asumir la responsabilidad que le corresponde y cesar la simulación y la falta de atención para las comunidades y personas defensoras que sufren violencia en Chiapas.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
(Conformada por 86 organizaciones  en 23 estados de la República mexicana)

Con el acompañamiento de Médicos del Mundo, Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ), Movimiento Sueco para la Reconciliación (SweFOR).

Descargar PDF: Misión Civil de Observación a Chiapas denuncia una situación sistemática y estructural de violaciones a derechos humanos.

Casas abandonadas y otras semihabitadas, unas más vestidas como trincheras, porque las balas con armas de alto calibre llegan no sólo a los patios sino también a las paredes e incluso han cruzado el umbral de las puertas. Ahí quedaron ya casi sin paredes ni techo algunas y en la soledad sus enseres, en medio de las montañas de Los Altos de Chiapas que guardan la tranquilidad para otras épocas.

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ROMPIENDO FRONTERAS
GUATEMALA – HONDURAS – MEXICO: Guardia Nacional en México lanza gases lacrimógenos y detiene a cientos de migrantes en la frontera sur desinformemonos Tapar el sol con un dedo. México y las caravanas de migrantes. Prensacomunitaria
MUNDO: Capitalismo salvaje. 26 millonarios poseen la riqueza de 3.800 millones de pobres. por el portal El HuffPost telegra
CHILE: Rizoma Alzada – Performances feministas como parte de la revuelta aradio Informativo carcelario y jurídico sobre lxs prisionerxs de la revuelta /Coordinadora 18 de octubre publicacionrefractario. Comunicado Presos Políticos Mapuche cárcel Temuco – Jorge Cayupan inicia movilización radiokurruf Los niños de la plaza Dignidad piensachile
ARGENTINA: Frente a la Deuda y al FMI, convocan a una amplia campaña de movilizacion popular por la suspensión del pago e investigación de la deuda. redeco. Testimonio de afectaciones por mina de Litio en Catamarca “Antes de que venga la empresa se podía criar de todo, ovejas, llamas; ahora está todo seco” Elancasti de Catamarca .elancasti
PANAMÁ. MUJERES INDÍGENAS PROTESTAN ANTE LA TALA DE ÁRBOLES RadioTemblor
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DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
CDMX: MOVILIZACIÒN POR ACTIVISTAS Y FEMINISTAS ASESINADAS noticiasdeabajoml, HijasdesuMakileraMadre
PUEBLA: Primer Preso Politico en la 4T. Detienen de manera ilegal a Miguel López Vega, defensor del río #Metlapanapa. El es concejal del CNI e impulsor de la autonomia en su territorio. congresonacionalindigena
JALISCO: Los de abajo / Genocidio silencioso en Jalisco jornadabc
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MÚSICA LIBRE:
Libre e incendiaria – Makila 69
Llueve sangre en la ciudad – Yocolocatzin
La chusma – Evelyn Cornejo

ROMPIENDO FRONTERAS

CHILE WALLMAPU: -Inician proceso para un Congreso Anarquista en Chile radiokurruf. –colombiainforma-Chile. El gobierno a través de la Ley de Seguridad de Estado inicia la cacería de Víctor Chanfreau y otros 33 estudiantes kaosenlared 11 de enero. Actividad en apoyo a lxs presxs de la revuelta Coordinadora18deoctubre

MEDIO ORIENTE IRAN – EUA: Iran ataca bases militares estadounidenses en Irak, Trump responde con amenazas economicas. news-front Contra todas las guerras, contra todos los gobierno Comprendiendo la guerra Estados Unidos-Irán crimethinc

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Nos duelen 56: En vísperas de que empiece el juicio, organizaciones de América Latina y del Mundo piden justicia y la rendición de cuentas de altos cargos en caso Hogar Seguro

22 de octubre de 2019

Hoy, 22 de octubre de 2019, inician audiencias preparatorias del juicio para determinar la responsabilidad penal de tres altos funcionarios en el caso “Hogar Seguro”. Organizaciones de todo el continente y mundo entero, incluyendo las que integran el Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina*, piden unánimemente justicia para uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas, niños y adolescentes en América Latina.

El 8 de marzo de 2017, 41 niñas y adolescentes perdieron la vida calcinadas y 15 sobrevivieron con graves lesiones, incluyendo amputaciones y cicatrices permanentes, en el Hogar Virgen de la Asunción, ubicado en municipio de San José Pinula, a las afueras de Ciudad de Guatemala, como consecuencia de un incendio en el aula donde habían sido encerradas bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) y las autoridades del hogar. El fuego se propagó rápidamente, sin embargo, la subinspectora de la PNC, que cargaba la llave y estaba al mando del grupo de policías, se negó a abrir la puerta durante un lapso de nueve minutos, es decir, liberándolas demasiado tarde para evitar daños irreparables.

Las niñas y adolescentes habían pasado toda la madrugada en dicha aula, con menos de un metro de espacio por persona, sin poder cambiarse ni bañarse, sin agua potable ni sábanas, como forma de castigo tras haber intentado escapar del hogar a causa de los malos tratos, abusos sexuales y otras violaciones a los derechos humanos documentadas, a los cuales eran sometidas de forma rutinaria. En el marco del intento de fuga, que culminó en la captura y detención de las niñas, los niños y adolescentes en las afueras del Hogar Seguro por parte de agentes de la PNC, varias de ellas, junto con los niños y adolescentes varones que residían en el hogar, recibieron golpes con batón, escudo policial y aparatos de descargas eléctricas, fueron rociadas con gas pimienta y fueron puestas en el suelo boca abajo, con grilletes.

Según las informaciones recibidas a través de las organizaciones guatemaltecas que forman parte del Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina, el proceso penal para enjuiciar a los responsables ha estado plagado de retrasos y obstáculos. Entre los principales, destaca que se haya fragmentado la investigación y el enjuiciamiento en tres procesos, en el marco de los cuales se investigan delitos y personas distintas, todas ellas relacionadas con los mismos hechos. Asimismo, se han pospuesto diligencias y etapas del proceso en múltiples ocasiones, retrasando el proceso de forma indebida con el impacto consiguiente en las víctimas sobrevivientes y sus familias.

Un punto que genera especial preocupación es que las figuras delictivas de las que se está acusando a las personas que se someterán a juicio en los próximos meses (Carlos Antonio Rodas Mejia, el entonces Secretario de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia de la República de Guatemala, Anahy Keller Zabala, la entonces Subsecretaria de Protección, Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS de la Presidencia de la República y Santos Torres Ramirez, el entonces Director del Hogar Virgen de la Asunción) son delitos menores, que no reflejan la gravedad e intencionalidad de las acciones y omisiones que resultaron en los hechos mencionados. En este sentido, el Comité contra la Tortura (CAT) en diciembre de 2018 expresó preocupación “acerca de la calificación de los hechos como delitos menores, sin tener en cuenta la intimidación como posible finalidad, la falta de investigación acerca de las alegaciones de malos tratos, abuso sexual y trata en dicho centro” (CAT/C/GTM/7, párr. 24).

El CAT urgió a Guatemala a “investigar con prontitud, exhaustividad e imparcialidad todas las alegaciones de homicidios, torturas, malos tratos, abusos sexuales y trata de niños, niñas y adolescentes institucionalizados en el Hogar Virgen de la Asunción”, que incluyeran tanto antes como después de los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2017 (CAT/C/GTM/7, párr. 25 (a)).

En este contexto, es altamente preocupante que las víctimas sobrevivientes y sus familias no han sido atendidas ni reparadas debidamente. Por el contrario, ha habido múltiples hechos que indican la estigmatización y criminalización de las víctimas por parte de las autoridades. Tal es el caso de una de las sobrevivientes, quien recientemente ha sido denunciada y se ha iniciado una investigación en el Ministerio Público de Guatemala por ser la supuesta responsable de los hechos del 7 y 8 de marzo de 2017, así como los argumentos constantes de los abogados defensores acusando a las niñas, adolescentes y sus familias de culpables. De la misma forma, el hecho que las víctimas sobrevivientes sean sometidas a las mismas preguntas una y otra vez por parte de jueces, fiscales y abogados que actúan en los tres procesos distintos relacionados con los mismos hechos es sumamente revictimizante y las expone, junto con sus familiares, testigos, abogados y peritos involucrados en el caso, a un mayor riesgo de sufrir amenazas, coacciones e incluso atentados contra su vida e integridad.

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17 de mayo del 2019.

Diferentes redes de organizaciones civiles de la Región y personas individuales en defensoría de derechos para la población que migra expresamos nuestra indignación, repudio y preocupación sobre las diferentes muertes de niños, niñas y adolescentes que se han encontrado detenidos por los gobiernos de Estados Unidos y México.

Los casos no son aislados, sino hechos continuos que reflejan patrones de violaciones a los derechos humanos y, por ende, visibilizan las condiciones inhumanas sobre el control de flujos migratorios que ejercen estos países, imposibilitando así, el derecho universal a la vida.

Algunos de estos casos que podemos mencionar son:

• Jackeline Caal – niña Maya Q’eqchi’ de 7 años de edad, originaria de Alta Verapaz, falleció el 8 de diciembre de 2018, bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza en Nuevo México, Estados Unidos;.

• Felipe Gómez Alonzo- niño Maya Chuj de 8 años de edad, originario de Yalambojoch, Nentón, Huehuetenango, falleció el 25 de diciembre de 2018, bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, Estados Unidos;

• Juan de León Gutiérrez, Adolescente Maya Chorti, de 16 años de edad, originario de Chiquimula, falleció el 30 de abril de 2019 bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza en Texas, Estados Unidos.

• Niño Maya Chortí, de dos años y medio, originario de Chiquimula, falleció el 14 de mayo de 2019, bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza en Texas, Estados Unidos.

• Niña de 10 años, originaria de Guatemala, falleció el 15 de mayo de 2019 en la estación migratoria de Iztapalapa, México.

A los Gobiernos de Estados Unidos y México

1. Incorporar el principio fundamental del interés superior de la infancia en todo proceso migratorio y de asilo. Poner un alto a las detenciones de niños, niñas o adolescentes, acompañados y no acompañados, por su condición migratoria.
2. Hacemos nuevamente un llamado a la reorientación de la actuación de las distintas instituciones de gobierno responsables de proteger y garantizar derechos humanos de las personas con necesidad de protección internacional y especial como la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (PPNNA) de México, para que se base en la seguridad de las personas y en el respeto de sus derechos, reconociendo que hay violencias estructurales por las cuales las personas son obligadas a huir de sus países de origen.
3. Garantizar la no repetición de estos hechos, así como que se investigue y sancione a los funcionarios que son responsables, de manera directa e indirecta, de estos lamentables hechos, en los que se comprometieron derechos fundamentales de personas con una gran necesidad de protección

Al Gobierno de Guatemala 

4. Ampliar la cobertura consular en México, Estados Unidos y Canadá, Fortalecer los mecanismos con relación a la documentación, protección, asistencia y atención consular de acuerdo a las necesidades de las nuevas dinámicas migratorias y perfiles de las y los guatemaltecos, para que no aumenten sus condiciones de vulnerabilidad y
5. Una política de protección consular con estándares mínimos, como la atención integral que incluya representación jurídica, psicosocial, laboral, de sensibilización e información, así como diferenciada, incluyendo perspectiva de género, etérea, con pertinencia
6. Atender las causas raíces de las migraciones forzadas en Guatemala que no sólo son económicas, y por lo tanto el reconocimiento de las necesidades de protección internacional que garanticen el acceso a este procedimiento en especial a niños, niñas y adolescentes no acompañados, en la que por ninguna razón exista tolerancia ni excusa para la represión, violencia ni mucho menos la muerte.

RESPETO A LA VIDA Y DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES.