Migración
[:es]Represión a defensoras de DH en la frontera[:]
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En la frontera de Estados Unidos y México, la represión por parte de ambos gobiernos en contra de defensores de derechos humanos se hace evidente. En la última semana se expulsó de México a dos abogadas de la organización llamada Al Otro Lado. Misma situación vivió el activista mexicano León Fierro a finales del año pasado, al intentar entrar a Estados Unidos.
El pasado viernes, Nora Phillips, abogada de Los Angeles fue detenida a su arribo al aeropuerto de Guadalajara y enviada de regreso a los Estados Unidos. El argumento que le dieron los agentes de migración mexicanos fue que su pasaporte tenía una “alerta” de parte del gobierno. De acuerdo a la abogada, no dijeron que fue el gobierno de Estados Unidos pero lo insinuaron.
Nora es la directora legal de Al Otro Lado, organización binacional de abogados sin fines de lucro en Tijuana. Desde 2012 el grupo de voluntarios brinda apoyo y consejería legal a deportados. En los últimos dos años su acompañamiento en el proceso de solicitud de asilo a centroamericanos que han llegado por miles a esta frontera ha sido determinante.
Su compañera, Erika Pinheiro, también abogada estadounidense, vivió circunstancias similares el lunes de la misma semana. Al intentar cruzar a pie de San Diego a Tijuana fue detenida por agentes mexicanos de migración que le informaron que el gobierno puso una alerta de seguridad también en su pasaporte.
Miembros de la organización legal aseguran que si, el gobierno de Estados Unidos puso esas alertas etiquetando a las abogadas como “riesgos de seguridad”.
Con ese mismo argumento se le prohibió la entrada a Estados Unidos a León Fierro, reconocido activista del movimiento Mexicali Resiste. En noviembre del año pasado al llegar a la garita de Tijuana para cruzar a San Diego, fue detenido. Un agente de migración le dijo que ellos solo seguían instrucciones del gobierno mexicano. Su visa para entrar a Estados Unidos fue cancelada. León asegura que la medida fue ordenada debido a su lucha en defensa del agua contra la empresa Constellation Brands. Dicha empresa norteamericana, con la anuencia del gobierno local, pretende instalar una enorme planta cervecera en Mexicali.
La prohibición de la entrada a México a las abogadas Phillips y Pinheiro se realiza justo en la misma semana en que se implementan las medidas de los llamados “Protocolos de protección al migrante” de parte de Estados Unidos. Dicho programa estipula que ciertos solicitantes de asolo deberán esperar en Tijuana su fecha de presentación ante la corte de migración. Tendrán que regresar a Estados Unidos en aproximadamente dos meses preparados y con las evidencias que demuestren que son elegibles para recibir asilo. Sin el apoyo y asesoramiento de un abogado es muy poco probable que su caso sea aprobado. La ley de Estados Unidos reconoce que tienen el derecho de recibir ese apoyo legal, pero los abogados cuestan, y sobre todo están del lado estadounidense. Al ser obligados a esperar su proceso en México, Al Otro Lado es la única fuente de ayuda con la que podrían contar.
El grupo de abogados considera que las medidas tomadas por el gobierno de su país es en represalia por demandas que la organización ha entablado en contra del gobierno federal. Una en noviembre de 2017 alegando que oficiales de migración obstaculizan con amenazas e intimidación el proceso de la petición de solicitud de asilo. La segunda demanda presentada en noviembre de 2018 desafió la orden de Trump de negar asilo a quienes no entraran por puertas fronterizas. La demanda se encuentra pendiente pero logró detener la medida.
Al Otro Lado se ha convertido en una piedra en el zapato para la administración Trump. Mexicali Resiste para el gobernador Vega de Baja California. Ambos gobiernos adoptan medidas similares que son apoyadas por su contraparte. Dichas medidas se perciben como un intento colaborativo de ambos países de frenar la lucha social y la defensa de derechos humanos.[:]
[:es]Éxodo migrante: Gobierno mexicano incumple su discurso de derechos humanos[:]
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EL DISCURSO DE DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO MEXICANO NO SE HA REFLEJADO EN LA POLÍTICA MIGRATORIA
Fotos: Rubén Figueroa
30 de enero de 2019. México.
Urgimos a las autoridades a que no suspendan la recepción y registro de migrantes en la frontera sur, y que fortalezcan las acciones de seguridad y ayuda humanitaria, no sólo a nivel interinstitucional, sino en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil con presencia en la zona.
La situación en la frontera del Suchiate
En los días lunes 28 y martes 29 de enero, las organizaciones que monitoreamos conjuntamente el éxodo centroamericano en la frontera del río Suchiate hemos podido constatar la grave situación generada ante dos hechos; por un lado, el estallido de violencia xenófoba del domingo y; por otro lado, la decisión de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración de dar por terminado lo que han denominado “Programa de Emisión de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias”.
Tras el cierre del Puente Internacional por parte del INM, que impide el paso de personas y vehículos, han quedado en Tecún Umán, del lado guatemalteco, varios miles de personas que no pueden ingresar a territorio mexicano para tramitar su tarjeta de estancia por razones humanitarias, ni menos para presentar una solicitud de asilo, dejándoles en un estado de indefensión.
El INM está ultimando su operativo con la entrega de las tarjetas ya tramitadas, y niega al resto la posibilidad de acceso a trámite alguno. En palabras de una compañera:
