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Avispa Midia

(Español) Patrulla fronteriza de EEUU tiene luz verde para provocar la muerte de migrantes

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Por Ñaní Pinto

Dos organizaciones estadounidenses, No More Deaths y La Coalición de Derechos Humanos, han informado que las políticas y tácticas implementadas por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, en la frontera con México, han alimentado una crisis de muerte y desaparición de migrantes que cruzan por zonas dónde las condiciones para mantenerse con vida son casi nulas.

Estas organizaciones constituidas por voluntarios que auxilian con alimentos y agua a los migrantes, entre otros apoyos, han creado una serie de tres informes con los cuales pretenden “exponer y combatir las tácticas policiales del gobierno de Estados Unidos que causan la crisis de muerte y desaparición masiva (de migrantes indocumentados) en las zonas fronterizas”, según su sitio oficial.

En el primer documento, publicado en 2016, detallan que  la política sobre la cual se respalda la Patrulla Fronteriza para orillar a los migrantes a la muerte, viene desde el año 1994 y es denominada como Prevención mediante la disuasión.

Esta política justificó la militarización de las zonas fronterizas urbanas en la frontera con México. El objetivo era “alejar a los migrantes de los puestos de entrada y orillarlos a regiones geográficamente más duras, remotas y peligrosas, conduciéndolos a la muerte”, según el 1er informe llamado Métodos de aprehensión mortal & Las consecuencias de la persecución y la dispersión en los bosques.

Estos voluntarios asumen en sus investigaciones que los agentes de la Patrulla Fronteriza persiguen a los que cruzan la frontera en medio del desierto, de tal modo que las condiciones de este paisaje funcionan “como arma para reducir la velocidad, lesionarlos y detenerlos”, además, agregan que “las persecuciones provocan agotamiento por calor y deshidratación, ampollas y esguinces, lesiones por caídas y ahogamientos”.

Los activistas han tenido acercamiento directo con cientos de migrantes y han registrado las experiencias que han vivido mientras cruzan la frontera. En una encuesta que ellos han realizado documentaron que “la Patrulla Fronteriza empleó detenciones violentas, con golpizas, armas taser, ataques de perros y asaltos con vehículos contra los que cruzaban la frontera durante la persecución”.

Quitarle el agua al pez

En el segundo informe, publicado en 2018, estas organizaciones detallan la práctica usual de la Patrulla Fronteriza para reducir las posibilidades de subsistencia de los migrantes que no logran capturar. Una de ellas es la destrucción de la ayuda humanitaria que los voluntarios van sembrando en los caminos de los migrantes. En el desierto de la frontera entre Arizona y México, donde miles de personas mueren por deshidratación y enfermedades relacionadas con el calor, “los agentes de la Patrulla Fronteriza están destruyendo galones de agua destinados a los que cruzan la frontera. Los agentes de la Patrulla Fronteriza apuñalan, pisotean, patean, drenan y confiscan las botellas de agua que los voluntarios de ayuda humanitaria dejan a lo largo de rutas migratorias conocidas en el desierto de Arizona”, denuncia el informe número dos de la serie.

Estas acciones, según los activistas, son sistémicas en toda la corporación y no son aisladas. También cuestión que la Patrulla Fronteriza se asuma como un ente humanitario, porque los agentes intimidan, acosan y vigilan rutinariamente a los voluntarios que intentan ayudar a los indocumentados, impidiendo sus acciones. “Es una característica sistémica de las prácticas de aplicación de la ley en las zonas fronterizas y una extensión lógica de la estrategia más amplia de la política de prevención a través de la disuasión”, detalla el documento.

Según los lineamientos de esta política, “cualquier situación que haga que el viaje sea más peligroso o difícil para quienes cruzan la frontera podría considerarse una táctica razonable de aplicación, incluida la vandalización del agua potable”, denuncian estas organizaciones.

Estas organizaciones vienen distribuyendo, desde el año 2012, miles de galanes de agua en las rutas de los indocumentados, ya que, por la longitud y la dificultad del viaje, “es físicamente imposible que cualquiera que intente cruzar la frontera a pie lleve suficiente agua y alimentos para sobrevivir. Como resultado, miles de personas que cruzan la frontera han muerto de sed en el desierto abierto”, según No More Deaths y La Coalición de Derechos Humanos.

El 911 no sirve para los que cruzan la frontera

La tercera parte de la serie, publicada este mes de febrero del año 2021, llamada Abandonados para morir: Patrulla Fronteriza, Búsqueda y Rescate y la Crisis de Desaparición, detalla cómo los sistemas de respuesta del 911 reciben miles de llamadas por año de personas que cruzan a los Estados Unidos sin autorización, y estos avisos emergencia son remitidos al Patrulla Fronteriza.

Este organismo fronterizo es el responsable de responder a los llamados de emergencia hechas a través del 911. Pero, los activistas informan que la mayoría de los migrantes que logra hacer llamadas de auxilio no recibe apoyo alguno, porque se presume que son personas indocumentadas. “El 63% de todas las llamadas de socorro que las familias y los defensores refirieron a la Patrulla Fronteriza, la agencia no llevó a cabo ninguna movilización de búsqueda o rescate”, detalla el documento.

En este informe se señala que la Patrulla Fronteriza tiene todo el poder de decisión sobre los servicios de emergencia para personas indocumentadas, es decir, que tiene en sus manos la posibilidad de decidir si los indocumentados viven o mueren en su intento. “La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos no es una organización de búsqueda y rescate. Por el contrario, la agencia es una fuerza policial federal masiva y militarizada que dedica más del 99% de su presupuesto anual y más del 99% de su personal a apoyar las actividades de control fronterizo”.

Las organizaciones que han trabajado en estos tres informes incluyeron una larga serie de recomendaciones dirigidas hacia las agencias gubernamentales, sobre todo, en el tenor de una desmilitarización de la frontera y el fin inmediato del papel de la Patrulla Fronteriza como único agente en responder a emergencias reportadas. “Hacemos  un  llamado  a  las  agencias  gubernamentales  para  que  establezcan  sistemas  de  respuesta de emergencia en la frontera que estén completamente separados de la aplicación de la ley de inmigración.  Dichos  sistemas  de  respuesta  deben  ser  oportunos  y  estar  bien  financiados, con médicos y equipos capacitados de búsqueda y rescate para examinar el paisaje con un ojo empático en lugar de uno punitivo”, recomiendan en el tercer informe.

También exigen que, “el  gobierno  federal  debe  establecer  iniciativas para dar a conocer el seguimiento de los restos humanos recuperados relacionados con la migración en toda la frontera”.

En la documentación de estas organizaciones identificaron que la Patrulla Fronteriza había realizado un conteo oficial de 7.805 restos recuperados entre 1998 y 2019; sin embargo, dicen, “nuestro equipo estima que entre tres y diez veces más personas pueden haber muerto o desaparecido desde la implementación” de la  política llamada Prevención mediante la disuasión.

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Avispa Midia

21 mil estudiantes han sido asesinados en Honduras entre 2011 y 2018

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Por Jasmin Hristov y Karen Spring

⇓ÚLTIMA PARTE⇓

A continuación, se presenta un conjunto de cinco artículos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes.

Leer la 4ta Parte de esta serie ⇒ Honduras: El paramilitarismo en el sector energético y el turismo


Parte V

Paramilitarismo contra Estudiantes, Periodistas, Abogados y Defensores/as de Derechos Humanos

En Honduras, los periodistas y abogados de medios alternativos / independientes que exponen las violaciones de derechos humanos por parte del Estado y las luchas de los movimientos sociales, enfrentan un alto riesgo de sufrir violencia. Entre 2009 y 2013, 74 abogados y 25 periodistas fueron asesinados (Holanda, 2014). La mayoría de los casos permanecen impunes.

“Pues en el 1997 se pone la primera demanda en contra de la familia Facussé y la familia Morales, pero los abogados, siempre sobornados, iban abandonando los casos; o sea, según iban avanzando los terratenientes llamaban a los abogados y si no querían los remataban, entonces tenían que aceptar”, cuenta un miembro de la Plataforma Agraria

“Así se fue dando desde 1997. En el 2006 ya teníamos el abogado número siete, y en ese momento hicimos una toma de la finca. Igual el abogado sabía que tenía la legalidad, pero también fue sobornado… Ahí de Tocoa, se llama Rico. El último abogado que sí se demostró y ganó fue el abogado Antonio Trejo, en 2012, en el caso de la cooperativa San Isidro, en el caso de la cooperativa Trinidad y Despertar. Pero el 22 de septiembre lo asesinaron”, de acuerdo con los miembros del movimiento campesino Plataforma Agraria. Junto al asesinato de abogados, entre 2001 y 2018, fueron asesinados 84 periodistas en Honduras (García, 2019).

El movimiento estudiantil hondureño también se ha visto muy afectado por la represión estatal y la violencia no estatal desde el golpe de 2009. La acción colectiva de estudiantes secundarios y universitarios que protestan contra las políticas de austeridad y la privatización de la educación pública ha sido brutalmente reprimida por la policía estatal y el ejército; los estudiantes han sido golpeados, asesinados y encarcelados. Según el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 21.000 estudiantes han sido asesinados en Honduras entre 2011 y 2018 (C-Libre, 2018).

Aquí se pueden encontrar tres modalidades principales de violencia paramilitar. La primera es cuando los agentes estatales incurren en acciones que exceden las sancionadas por la ley. Estos incluyen allanamientos de hogares, recolección de información personal, fotografías y seguimiento sin una orden judicial, así como tortura y finalmente asesinato. Estos actores pueden estar uniformados o no, utilizar vehículos sin matrícula y con frecuencia tienen la cara enmascarada. Los siguientes son algunos ejemplos que ilustran esta modalidad.

En septiembre de 2018, durante una marcha de un amplio colectivo de movimientos sociales en el Día de la Independencia Nacional, un adolecente de quince años fue arrojado en la parte trasera de una camioneta patrulla policial, torturado y logró escapar de lo que describió como un intento de asesinato.

“Nos dijeron que nos iban a llevar a un callejón sin salida y nos iban a matar. Me golpearon un par de veces con la pistola en la cabeza, sentí salir sangre. Luego me metieron el arma en la boca y dijeron que si oían nuestras voces dispararían. Había gente en la calle mirando y tratando de grabar esto en video con sus teléfonos celulares, así que comenzaron a disparar balas reales a los pies de las personas para hacerlas escapar”, comparte Francisco (seudónimo), estudiante de secundaria, Honduras. El niño finalmente recibió tratamiento hospitalario por las graves lesiones que sufrió en la cabeza y continúa sufriendo impedimentos físicos y psicológicos.

En otro trágico caso, el 30 de agosto de 2018 tres hombres armados con armas de alto calibre, uniformados de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), secuestraron en una camioneta a dos estudiantes del Instituto Técnico de Honduras de una residencia en Tegucigalpa. Al día siguiente, Mario Enrique Suárez Gómez, de 19 años, y Gerson Daniel Meza Medina, de 18, fueron encontrados muertos en la carretera, con marcas de tortura y numerosos disparos (La Prensa, 2018).

A uno de ellos le rompieron las manos y las piernas, le quitaron los ojos y le cortaron la nariz (Meza, 2018). Los dos jóvenes habían participado en al menos 12 protestas en los últimos meses, exigiendo el subsidio de transporte público para estudiantes que el gobierno les había quitado en reformas anteriores (C-Libre, 2018). También estuvieron involucrados en una protesta contra el gobierno pocas horas antes de su secuestro (Meza, 2018).

ATIC negó la participación de su personal en el incidente, afirmando que los logotipos del uniforme que llevaban los perpetradores no coincidían con los del uniforme de ATIC (La Prensa, 2018). Sin embargo, un examen exhaustivo de una gran variedad de imágenes del personal de ATIC en las escenas del crimen revela una mayor variación en sus uniformes. Además, la forma en la que los hombres armados sacaron a los dos estudiantes y los acompañaron hasta la camioneta sugiere que el primero tenía entrenamiento militar.

Las autoridades estatales han atribuido los asesinatos a miembros de bandas criminales que se hacen pasar por agentes estatales, mientras que la cobertura de los principales medios de comunicación se ha centrado en la violencia de las pandillas en el vecindario de la víctima y en uno de los arrestos anteriores del estudiante por cargos de drogas.

En otro incidente en el contexto de semanas de protestas de estudiantes universitarios en Tegucigalpa, un civil armado disparó ocho tiros desde un vehículo privado contra estudiantes que protestaban en la vía frente a la universidad (El Tiempo, 2019). A pesar de que el incidente fue filmado por cámaras de seguridad cercanas, nadie ha sido acusado. El ataque ocurrió en un contexto de represión, detenciones y desalojos violentos de estudiantes que protestaban dentro y en la vía frente de la universidad.

La segunda modalidad de violencia paramilitar contra estudiantes es en forma de seguridad privada. Las amenazas de muerte por parte de guardias de seguridad privada contra estudiantes involucrados en algún tipo de acción colectiva son comunes en la UNAH. En un caso conocido de julio de 2017, estudiantes de la UNAH fueron brutalmente agredidos por una unidad de seguridad privada de la empresa Spartan, mientras ocupaban una parte de las instalaciones de la universidad, incluidos algunos que se encontraban en huelga de hambre.

Además de los guardias de seguridad privada empleados permanentemente por la universidad, Spartan fue contratado por separado por la administración de la universidad para desalojar violentamente a los estudiantes. Los agresores golpearon brutalmente a los estudiantes y utilizaron gases lacrimógenos (Rodríguez, 2017).

La última modalidad de violencia paramilitar es la empleada por individuos que pueden ser miembros de pandillas o simplemente sicarios. Un estudiante activista compartió la historia de cómo miembros de la Mara Salvatrucha, una de las pandillas más notorias de Centroamérica, fueron a su casa y lo amenazaron con matarlo si continuaba participando en las protestas estudiantiles.

Grupos Paramilitares Emergentes

Como hemos demostrado, gran parte de la violencia contra las comunidades rurales involucradas en disputas por la tierra y luchas ambientalistas, así como contra estudiantes, abogados y activistas de derechos humanos en general, es llevada a cabo por asociaciones de actores estatales y no estatales que no pertenecen a grupos específicos autoidentificados. Sin embargo, también está en marcha un proceso de formación de estructuras paramilitares más identificables. Podemos caracterizar esta formación de grupos paramilitares como en etapa embrionaria, en comparación con otros países como México y Colombia.

Los siguientes tres ejemplos son de la región del Bajo Aguán y las organizaciones mencionadas son / fueron parte de la Plataforma Agraria.

El primer caso, de la comunidad de Panamá, demuestra cómo la colaboración entre guardias de seguridad privada, batallones militares y civiles armados ha dado lugar a una unidad paramilitar. Este grupo armado está liderado por un individuo que fue guardia de seguridad de Dinant y luego formó parte, durante un tiempo, del movimiento campesino Gregorio Chávez. Una plantación de palma aceitera llamada Paso Aguán, oficialmente propiedad de Dinant, ha sido disputada por el movimiento campesino Gregorio Chávez.

Desde 2014 la plantación se utiliza como base para el Batallón Xatruch. Seis individuos de la cercana comunidad de Panamá, afiliados al movimiento campesino, han sido asesinados en la propiedad Paso Aguán, que ahora se conoce entre la comunidad como el ‘cementerio clandestino’. En abril de 2018, los militares y guardias de seguridad privada de Dinant se retiraron oficialmente de la propiedad. En su lugar, un grupo armado liderado por Santos Torres, que según testimonios de campesinos de la Plataforma era un ex-guardia de seguridad privada de Dinant, y que también fue miembro del movimiento campesino, estableció el control de una zona considerable de la plantación.

Desde septiembre de 2018, este grupo armado ilegal de aproximadamente 20-30 hombres portando armas como AK47 y R-15 y vistiendo chalecos antibalas, “ha llevado a cabo numerosos actos de violencia contra integrantes del movimiento, como el 16 de enero de 2019 cuando uno de los líderes del movimiento, Jorge Mejía, recibió disparos en un intento de asesinato”, según los voceros de la Plataforma Agraria, Honduras.

La comunidad ha denunciado todos los casos a la policía y a la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA). “En varias ocasiones, Santos Torres fue detenido y poco después liberado. También ha sido visto tomando café con los policías que supuestamente fueron asignados a proteger a los miembros de la comunidad que son beneficiarios de medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección”, según líderes movimiento campesino Gregorio Chávez. Además, señala este movimiento que, “el grupo armado opera de acuerdo con los militares y Dinant, con el propósito de aterrorizar a la comunidad y así disuadirlos de emprender acciones de recuperación de tierras o dar la impresión de que la violencia fue causada por conflictos internos de la comunidad, es decir, campesinos contra campesinos”.

De manera similar, un grupo paramilitar conocido como La Confianza surgió en la comunidad de La Confianza en el Bajo Aguán, en 2016. Liderado por el ex-militar Celio Rodríguez, el grupo está compuesto por algunos ex-miembros de una cooperativa campesina que se escindió del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán, MUCA).

Rodríguez se ha encargado de entrenar y suministrar al grupo uniformes y armas. Los miembros de este grupo paramilitar han estado persistentemente amenazando, intimidando e intentando asesinar a líderes clave de la Plataforma Agraria. En este contexto, el grupo asiste a reuniones comunitarias para proponer la venta de la tierra de propiedad colectiva de los campesinos.

Según testimonios locales, miembros del grupo se han reunido en numerosas ocasiones con Oscar Nájera, diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional derechista. Nájera es un conocido socio comercial del cártel de la droga de Los Cachiros que anteriormente se encontraba en Tocoa, Colón. Uno de los integrantes del grupo, Osvin Nahum Caballero, quien tiene 11 cargos de homicidio, fue detenido en 2018. Es responsable, junto con Celio Rodríguez, del asesinato de José Ángel Flores, ex presidente del MUCA y Silmer George, miembro del MUCA en 2016.

En noviembre de 2019 surgió otro grupo paramilitar de manera similar. Varios miembros de la cooperativa San Esteban, parte de la organización campesina MARCA, a los que se unieron algunos sicarios formando un grupo paramilitar de 50 hombres fuertemente armados, se apoderaron de la finca de la cooperativa San Esteban y obligaron al resto de las familias que son miembros de la cooperativa a salir. Actualmente emplean esta estrategia para amenazar a familias de otras cooperativas cercanas como Despertar y La Trinidad (Criterio, 2019a).

Reflexiones sobre las tendencias de la violencia y las unidades paramilitares

Como se puede observar, en Honduras la violencia paramilitar es pro-capitalista y política y se lleva a cabo por actores estatales y no estatales, a menudo a través de la cooperación entre ambos. Las características organizativas de la violencia van desde la pequeña escala (individuos contratados para atacar a miembros de movimientos sociales) hasta grandes grupos que incluyen batallones militares y guardias de seguridad privada.

También varían entre asociaciones ambiguas y temporales, agentes de seguridad del Estado, actores no estatales, y grupos propiamente formados que se identifican como tales. Los factores que han facilitado la proliferación de la violencia paramilitar son: el aumento de la militarización, el uso generalizado de la seguridad privada y su cooperación con las fuerzas de seguridad del Estado, y la creación de grupos inter-institucionales (compuestos por policiales y militares). Esto último crea condiciones propicias para la participación de la policía y el ejército en violaciones de derechos humanos, así como la participación de actores no estatales.

Los siguientes patrones pueden observarse en todas las diferentes modalidades de violencia paramilitar. Primero, independientemente de la modalidad a través de la cual se lleve a cabo, la violencia paramilitar trabaja en coalición con la legislación para lograr los objetivos económicos de los capitalistas, así como los establecidos por instituciones internacionales como el Banco Mundial. Por lo tanto, la violencia paramilitar en este país sirve para sostener las estructuras de poder institucionalizadas, no solo los intereses privados de los capitalistas individuales.

En segundo lugar, en todos los casos de violencia paramilitar existe un proceso paralelo de criminalización de las víctimas. Esto último debe entenderse como parte integral de los requisitos previos o condiciones favorables para el surgimiento del paramilitarismo. En los casos rurales y urbanos observamos la misma tendencia en la que no solo se registran a las víctimas de la violencia política simplemente como producto del delito, sino que también se utilizan las acusaciones o cargos existentes en su contra para insinuar su participación previa en actividades ilegales que luego presumiblemente podrían utilizarse para explicar su muerte.

Así, el proceso de criminalización de miembros de los movimientos sociales que se oponen al régimen y su modelo económico allana el camino para eventualmente normalizar su “desaparición” y reforzar la impunidad. Por ejemplo, los estudiantes activistas son acusados falsamente y cuando son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, como el caso del joven secuestrado por ATIC, su muerte se explica en relación a los cargos anteriores.

Más importante aún, cuando los campesinos, los garífunas y los estudiantes son elevados a la categoría de narcotraficantes mientras que los perpetradores de la violencia paramilitar se reducen a criminales, las dos fuerzas opuestas – los movimientos desde abajo y el instrumento violento utilizado por las élites para silenciarlos – se fusionan en la categoría de criminales, invisibilizando por completo las motivaciones pro-capitalistas y políticas de la violencia de un lado contra el otro.

La individualización de los problemas estructurales y el desvío de la responsabilidad de la violencia de los verdaderos perpetradores y hacia las propias víctimas, es una característica recurrente en las cuentas de los medios de comunicación hegemónicos, así como en los discursos de los oficiales gubernamentales y corporativos.

Esto es lo que dijo el Sr. Hugo Maldonado, Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), cuando se le pidió que comentara sobre el secuestro y posterior asesinato de los dos estudiantes por parte de ATIC: “No es ATIC. Cualquiera puede ponerse un uniforme. … Se sabe que uno de los chicos estaba en el proceso de decidir si se unía o no a la mara, así que eso puede que tenga algo que ver”, dijo en entrevista el Sr. Hugo Maldonado de CODEH.

De igual manera, el señor Roger Pineda, portavoz de Corporación Dinant, argumentó que “la violencia en el Bajo Aguán no es política sino que principalmente tiene que ver con conflictos internos entre campesinos, desbordes de dinero por ventas agrícolas o algunas actividades ilegales”.

Esto lleva al siguiente problema, que es la fragmentación de las comunidades rurales a través de la infiltración militar y empresarial. Hemos visto que en los tres casos de grupos paramilitares de aparición reciente en una región con intensos conflictos territoriales como el Bajo Aguán, los miembros de estos grupos armados han venido de las propias comunidades bajo la coordinación de militares en activo o ex-militares.

Estos grupos armados locales o actores no estatales a menudo son personas ya temidas por las comunidades locales debido a su participación en el tráfico de drogas y el sicariato. Además de reclutar individuos locales para los grupos paramilitares emergentes, esta estrategia tiene tres propósitos más:

1-crea un clima de miedo, sospecha y desconfianza entre las comunidades, que conduce a la ruptura de la unidad y posteriormente al debilitamiento del movimiento; 2– justifica una mayor militarización con el argumento de que algunos campesinos están armados; y 3– refuerza los discursos dominantes de que la violencia se debe al tipo de conflicto interno “campesinos contra campesinos”, eximiendo así al Estado y los capitalistas de cualquier responsabilidad.

En conclusión, en Honduras se está presentando el desarrollo y la sofisticación de la violencia paramilitar. Diferentes actores con poder político y económico emplean, cada vez más, el uso de la violencia para defender sus intereses. Este fenómeno no se puede reducir a un problema de corrupción (por la coalición entre actores estatales y criminales) o a un contexto dominado por ´señores de la guerra´ como producto de un Estado débil, si no que se debe a la estructura legal que rige y sostiene este tipo de violencia.

El Estado crea leyes acordes a las necesidades de los verdaderos criminales, que a base de fuerza establecen su dominación. Cuando la población pobre trata de recurrir a leyes que les pueden beneficiar, el sistema de justicia no les ampara y les pone obstáculos. Si queremos eliminar la violencia es necesario mirar más allá de los que llevan los fusiles y hacia los que diseñan las leyes y medidas económicas, que son los instrumentos del saqueo legalizado que siempre dependerá del uso de la violencia.

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Radio Progreso

(Español) Pese a la represión y el impedimento de su paso, migrantes siguen en territorio guatemalteco

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La policía y soldados guatemaltecos rociaron gas lacrimógeno y utilizaron sus garrotes y escudos sobre la caravana de migrantes hondureños y hondureñas que intenta cruzar territorio guatemalteco.

El bloqueo policial y militar fue montado estratégicamente en un cuello de botella en la carretera de dos carriles hacia Chiquimula, en un área conocida como Vado Hondo.

La caravana, que salió desde el viernes anterior de la terminal de buses en San Pedro Sula, sigue con más de cinco mil integrantes. Muchos migrantes fueron obligados a regresar por las autoridades guatemaltecas pero el grueso de la misma sigue instalada en Vado Hondo.

Los migrantes han pasado una noche muy fría en Vado Hondo, Chiquimula, Guatemala. Los migrantes permanecen allí sin poder pasar por el bloqueo policial y militar que ha impuesto el gobierno de Guatemala. No hay alimentos ni acceso al agua. Las tiendas cercanas cerraron sus puertas.

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Subcomandante Insurgente Galeano

Part Five: The Gaze and the Distance to the Door.

Español
Traducione Italiano
Tradução em portugês

Part Five: The Gaze and the Distance to the Door.

October 2020

Let’s suppose it is possible to choose where to direct your own gaze. Suppose that you could free yourself, if only for a moment, from the tyranny of social networks that impose not only what you see and talk about, but also how you see and how you talk. Then, suppose that you lift your gaze higher: from the immediate to the local to the regional to the national to the global. Can you see that far? Yes, it’s chaos, confusion and disorder out there. Then let’s suppose you are a human being, not a digital application that quickly scans, classifies, orders, judges and sanctions, and as such, you choose where to look… and how to look. It could be (this is just a hypothetical) that looking and judging aren’t the same thing, such that you don’t just choose where to direct your gaze, you also decide what your inquiry is, shifting the question from “Is this good or bad?” to “What is this?” Of course, the former implies a juicy debate (are there still debates?), which in turn leads to “This is good—or bad—because I say so.” Or perhaps to a discussion about what good and evil are, and from there to arguments and citations with footnotes. Yes, you’re right, that’s better than resorting to “likes” and “thumbs up”, but what I’m proposing is to change the starting point: choose where to direct your gaze.

(Continuar leyendo…)

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Noticias de Abajo ML

(Español) Noticias de abajo – 9 de septiembre 2020

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(Descarga aquí)  

ROMPIENDO FRONTERAS

WALLMPU CHILE:Jornada Global de agitación  por los presos de la revuelta. Fuente: Kurruf, OPAL. Presentacion de la campaña por la libertad del Compa Emilio. Un luchador social chileno injustamente preso en México. Campaña por su libertad
EUA PORTLAND: 100 días de revuelta y protesta callejera, antipolicial y anti sistemica en Portland: Es asesinado por la policía el antifascista, Michael Reinoehl, que había matado a uno de los fascistas de los Patriot Prayers en Portland.kolektiva.media democracynow
MEDITERRANEO: Un velero llamado Loise Michel para rescates humanitarios de migrantes apoyado por Bansky y navegantes veganos. Por Submedia TV

BREVES:

MUNDO:Amnistía Internacional: Más de 7.000 trabajadores de la salud han muerto durante la pandemia a nivel mundial, 1.300 de ellos en México
EUA: Muere antropólogo y activista del movimiento Occupy Wall Street, David Graeber, a los 59 años de edad

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

JUAREZ: Reprimen maniestacion feminista en Juarez que se solidariozan con manifestaciones reprimidas en Leon Guanajuato. Detienen a 22 y tras protestas de solidaridad son liberadas.
CHIHUAHUA: Destacada activista transgénero fue encontrada muerta en México.
CDMX: Toma de la CNDH por familiares de victimas y grupos feministas. Crean una casa refugio- okupa. El gobierno acusa de vandalismo la protesta.
CDMX LUCHA POR LA VIDA: Rodada Axolot en defensa de los humedales de Xochimilco y y rumbo a las rodadas del 19s solidaridad sobre ruedas. Jumperez
CDMX: Entrevista al colectivo y a la Exposicion Huellas de la Memoria.

BREVES

ESTADO DE MEXICO: Ataques de grupos violentos y partidistas del PRI en San Salvador Atenco

Música:

Quememos el reino – Camila Moreno
Espérame que vuelvo – Opal
Hunaac-cel – #RaptículoDeOpinion

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Avispa midia

(Español) Desastre humanitario a un año del acuerdo migratorio entre México y EEUU

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Migrantes centroamericanos usan máscaras al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, el 21 de marzo. Foto de Christian Chávez / AP

Hace poco mas de un año, el 7 de junio del 2019, EEUU y México firmaron un acuerdo migratorio el cual estipulaba que, a cambio de que la administración de Donald Trump no impusiera aranceles a la importación de productos mexicanos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendría que contener el flujo de migrantes que se dirigen hacia EEUU.

Como principales medidas, México acordó desplegar su Guardia Nacional en las fronteras sur y norte, detener y deportar a más migrantes, así como permitir la expansión de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), más conocidos como “Quédate en México”, que obligan a miles de personas solicitantes de asilo en EEUU a esperar sus audiencias en ciudades fronterizas mexicanas.

EN CONTEXTO, México cede ante presión de EEUU: Represión, criminalización y militarización en la frontera sur

A un año del acuerdo y en medio de la pandemia causada por el COVID-19, esa política ha generado un verdadero “desastre humanitario”, según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

Detenciones, en aumento

Los meses que siguieron al acuerdo dieron lugar a un aumentó drástico de las detenciones por parte del gobierno mexicano. En mayo del 2019, 23, 000 personas fueron detenidas, un número de arrestos que no había sido alcanzado desde el año 2006.

Operativo antimigrante en junio del 2019.

Esa persecución obligó a las y los migrantes a usar rutas diferentes, atravesando territorios remotos y haciéndoles más vulnerables al crimen y el abuso.

Por otro lado, el despliegue de la Guardia Nacional para la aplicación del acuerdo migratorio provocó un aumento en las denuncias de uso excesivo de la fuerza contra personas migrantes y solicitantes de asilo.

El aumento en las detenciones también fue acompañado por múltiples denuncias que estipulan que las autoridades han estado deteniendo personas migrantes sin el debido proceso, un problema que se ha intensificado durante la pandemia del COVID-19.

Según el diario mexicano Proceso, desde el inicio de la crisis sanitaria, varios amparos han sido promovidos en Tabasco, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Tijuana, Veracruz y Nuevo León, solicitando a las instancias de gobierno garantizar “el acceso a la salud, una estancia regular, una vivienda digna, así como la suspensión de las detenciones y la libertad de las personas detenidas en estaciones migratorias”. Además, el pasado 18 de abril, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativo ordenó al Instituto Nacional de Migración (INM) que cumpla con 11 medidas, entre ellas la puesta en libertad y la dotación de una estancia regular a las personas en detención migratoria.

Sin embargo, “en lugar de cumplir con la orden judicial, el INM deportó y abandonó en la frontera, de manera masiva, a más de 3 mil personas recluidas en sus centros de detención”.

LEER TAMBIÉN, Cruzar México es cada vez más atroz: El botín de la migración

Programa “quédate en México”

Anunciada en diciembre de 2018 e implementada un mes después, la política de Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), más conocida como “Quédate en México”, establece que todos los solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur de Estados Unidos tienen que esperar la resolución de sus casos por dicho país mientras esperan en territorio mexicano.

Según la Casa Blanca, en Washington, durante los 13 primeros meses de su implementación, la medida justificó que 60,000 migrantes fueran devueltos a México. Esa realidad ha estado poniendo a decenas de miles de personas en peligro, ya que el año 2019 fue el año más violento registrado en el México.

De hecho, según la organización Human Rights First, hasta mayo de 2020, se han reportado públicamente al menos 1,114 casos de asesinato, abuso sexual, tortura, secuestro y otros asaltos violentos contra personas solicitantes de asilo obligadas a esperar en México mientras se preparan sus audiencias migratorias en EEUU.

Varias de las ciudades fronterizas que reciben solicitantes de asilo se encuentran entre las más violentas del mundo. Según una estimación realizada por grupos de derechos humanos en enero de 2020, las autoridades estadounidenses han regresado unas 27,500 personas solicitantes de asilo a la región de Tijuana-Mexicali, y otras 18,000 a Ciudad Juaréz. Según una clasificación anual realizada por la organización mexicana Seguridad, justicia y paz, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., Tijuana y Ciudad Juárez fueron respectivamente la primera y la segunda ciudad más violenta del mundo el año pasado.

En el marco de la pandemia de  COVID-19, Tijuana también es una de las ciudades más afectadas, y su tasa de mortalidad es la más alta de todo el país, con un 30% de defunciones.

Migrantes deportados a México, en lugar de sus países de origen

Como si fuera poco, la pandemia de COVID-19 ha intensificado las políticas anti-inmigrantes y anti-asilo del gobierno de Trump y, como lo señaló la WOLA, “una vez más, el gobierno de México no ha protestado”.

En marzo pasado, el Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU (DHS, por sus siglas en inglés), firmó un acuerdo con Canadá y México con el pretexto de la lucha contra la propagación del virus. El acuerdo especifica que “la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) ya no detendrá a inmigrantes ilegales en nuestras instalaciones de detención, sino que los extranjeros serán inmediatamente devueltos al país desde el que ingresaron, ya sea Canadá o México”.

Según el diario Los Angeles Times, “en menos de un mes, más de 11,000 migrantes han sido enviados de vuelta a través de la frontera mexicana bajo las nuevas pautas. Incluyen solicitantes de asilo y cientos de menores no acompañados”.

Esa medida fue implementada el 21 de marzo, y a la fecha su plazo ha sido extendido hasta el 22 de junio 2020.

“Este enfoque va en contra de las recomendaciones de los expertos de salud pública, quienes han señalado las formas en que es posible (y más sensato, desde una perspectiva de salud pública) aplicar políticas que defiendan el derecho a migrar y solicitar asilo en medio de la pandemia”, denunció la WOLA.

Hacinamiento en estaciones migratorias, casas del migrante y campamentos

Protesta de migrantes en una estación migratoria de Tapachula, Chiapas. Agosto, 2019.

El gran aumento de las detenciones de migrantes en México, el programa “Quédate en casa” y las medidas tomadas para supuestamente controlar la propagación del COVID-19 han dejado a la mayoría de los albergues y estaciones migratorias operando por encima de su capacidad.

En agosto del 2019, las estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración (INM) ya albergaban en promedio a un 61% más de su capacidad. En algunos casos, el excedente alcanzaba el 300%.

“La mayoría carece de instalaciones sanitarias adecuadas, atención médica y acceso a alimentos. A pesar de las preocupaciones generalizadas sobre el hacinamiento, las malas condiciones de salud y las denuncias de maltrato, el gobierno mexicano sigue restringiendo el monitoreo independiente de las condiciones de las estaciones migratorias”, señaló la WOLA con respeto a las estaciones migratorias del INM.

Por otro lado, las miles de personas que han estado esperando la resolución de sus solicitudes de asilo para EEUU en ciudades fronterizas mexicanas no han tenido que hospedarse en campamentos superpoblados, con condiciones sanitarias pésimas.

“Los gobiernos de México y los Estados Unidos crearon las condiciones para un posible desastre de salud pública en el contexto de la pandemia COVID-19”, denunció la WOLA.

Varios brotes del virus ya han sido reportados en distintas Casas del Migrante y albergues en ciudades fronterizas mexicanas, como en Ciudad Juárez, Chihuahua o Nuevo Laredo, Tamaulipas.

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Sistemas de asilo, al borde del colapso

Finalmente, el cumplimiento de México con las demandas del gobierno de Trump para restringir el flujo migratorio está poniendo el sistema de asilo de México al borde del colapso.

Según la la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en 2019 México recibió 70,302 solicitudes de asilo, más del doble del número recibido en 2018, y entre enero y mayo de 2020 recibió otras 19,211 solicitudes.

En el marco de la pandemia, y en contraste con EEUU, la COMAR sigue recibiendo solicitudes de asilo, aunque haya dejado de procesar casos. La acumulación de casos no resueltos aumentó el tiempo que las personas solicitantes de asilo tienen que esperar. Como lo señala la WOLA, muchos están  “en condiciones precarias en ciudades sureñas de México que están mal equipadas para apoyar a las personas solicitantes de asilo o para garantizar que tengan un acceso adecuado a los servicios de salud pública.”

Por otro lado, las y los migrantes que han solicitado el asilo en EEUU y esperan en la frontera norte de México también se encuentran en gran precariedad e incertidumbre. En lugar de un proceso de migración y asilo ordenado y bien regulado, muchas personas migrantes y sus abogados enfrentan una falta de claridad sobre cuándo deben presentarse para sus audiencias migratorias en los Estados Unidos”, precisa la WOLA.

radio
Noticias de Abajo ML

(Español) Noticias de abajo 7 de Junio 2020

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ROMPIENDO FRONTERAS
ESTADOS UNIDOS: Actualizacion de la revuelta en Estados Unidos. Minneapolis levanta al mundo contra el racismo y la brutalidad policiaca. Por Heather Anne.
ESTADOS UNIDOS : El Movimiento por la libertad del preso politico Jalil Muntaqim. Las carceles y el Covid en EUA. Por Amigues de Mumia
PALESTINA: Palestinos protestan contra plan de anexión de Israel desinformemonos
KURDISTAN: Black Lives Matters y Kurdish Lives Matters en defensa de las vidas de todaskurdistanamericalatina. KURISTAN AMÉRICA LATINA Turquía ayer le pidió a Estados Unidos que tome medidas enérgicas contra “Antifa” en Siria.
ESTADO ESPAÑOL: «¿Que si hay racismo en Lérida?» kaosenlared Un futbolista se ofrece a pagar hoteles a 200 jornaleros y estos se niegan a albergarlos.
MUNDO: 5 de junio. Día del Ambiente pero de lucha contra el extractivismo de bienes ecológicos| radiotemblor

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
JALISCO: Policias asesinan albañil en Jalisco por “no traer cubrebocas”, estallan las protestas en Guadalajara, el gobierno responde con más represión y brutalidad dejando más heridos y detenidos. Cobertura de somoselmedio
CDMX: PROTESTAS EN CDMX EN APOYO A LA REVUELTA CONTRA LA BRUTALIDAD POLICIACA EN EUA Y MEXICO. LOS GRANADEROS REPRIMEN PROTESTA VARIOS HERIDOS.: CONVOCATORIA Colectiva feminista de Economía IPN, Marcha por Justicia para Melanie por represión policial. |
MEGAPROYECTOS 4T: Los proyectos estratégicos de AMLO (también) sirven a la geopolítica de EU pueblosencamino
GUERRERO Han muerto por coronavirus 94 trabajadores del servicio de limpia jornada
MEGAPROYECTOS: El Tren Maya no va, primero la justicia: comunidades indígenas contralinea
GUERRERO: Dan positivo a Covid más de 50 empleados de mina Los Filos educaoaxaca.

radio
Radio Zapatista

(Español) Determinaciones sociales de la pandemia: Una mirada desde Chiapas

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Este 20 de abril de 2020, un número de organizaciones sociales, asociaciones civiles y colectivos publicaron un Pronunciamiento por la vida en el que analizan las dimensiones sociales de la pandemia del COVID-19 y ofrecen insumos para generar estrategias para enfrentar solidariamente la situación, tanto a nivel nacional como en el contexto específico de Chiapas. Se trata de organizaciones y colectivos que desde hace años han trabajado por la defensa y promoción de derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en Chiapas.

En conferencia de prensa transmitida ese día por Rompeviento TV, integrantes de algunas de las organizaciones firmantes detallaron el análisis de las dimensiones sociales de la pandemia en el contexto de Chiapas: Ana Valadez Ortega (investigadora de CECCAM e integrante de DESMI), Deyanira Clériga Morales (colaboradora de Voces Mesoamericanas y Acción con Pueblos Migrantes), Marcos Arana Cedeño (director del Centro de Capacitación Ecológica y Salud para Campesinos) y Pedro Faro Navarro (director de Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas).

Como explicó Ana Valadez, el proceso de discusión colectiva surgió a partir de una iniciativa por parte de trabajadores y trabajadoras de la salud que trabajan desde hace 30, 40 años en la salud colectiva en Chiapas, muchos de ellos formando a un gran número de promotores y promotoras campesinos a lo largo de varias décadas, desde el refugio guatemalteco hasta el proceso de conformación de la salud autónoma de las comunidades zapatistas. Fue la conciencia adquirida en esos años de trabajo lo que los llevó a examinar las determinaciones sociales de la pandemia, una discusión “que ha surgido en el seno de una agenda de discusión crítica de los grandes pensadores de la salud a nivel latinoamericano”.

Marcos Arana analizó los orígenes y las consecuencias de la pandemia. El virus SARS-CoV-2, la variante del coronavirus que provoca la enfermedad del COVID-19, argumenta Arana, no es de origen “natural”; su mutación es producto del sistema de producción agroindustrial de alimentos, mismo que ha dado origen a otras enfermedades como la del A H1N1, que surgió en México en una granja porcina en 2009, y que muy probablemente seguirá dando origen a nuevas enfermedades.

Por otro lado, Arana apuntó a las disparidades en las consecuencias de la pandemia. Las diferencias en el acceso a la información, el hacinamiento, la mala alimentación, el poco acceso al sistema de salud, la desnutrición, la prevalencia de enfermedades de mayor incidencia en la pobreza (como la obesidad y la diabetes)… todo eso hace que los de abajo, los menos privilegiados, sufran consecuencias de la pandemia mucho más graves.

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radio
Noticias de Abajo ML

(Español) Noticias de abajo 12 abril de 2020

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Escucha el noticiero de medios libres en el Tercer cadenazo radiofónico por la salud y la vida de todas y todos donde participan decenas de radios libres y comunitarias, medios libres y portales web que se han enlazado para dar cobertura colectiva desde sus realidades. Han participado de Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, Panama, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Mexico, Canada, Estado Español, Italia, Francia y muchos lugares más. Compartiendo sus producciones, noticias y las formas en que han asumido la pandemia.
Les recordamos que pueden escucharnos dede el portal de www.noticiasdeabajoml.wordpress.com, en facebook como noticias de abajo en twitter como deabajoml, en el mastodont como noticias de abajo y en diaspora como Ricarda Flores Magon. También pueden escribirnos a noticiasdebajoml@riseup.net

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ROMPIENDO FRONTERAS:
KURDISTAN: Tendremos la participación de la compañera Alesya que nos narra la situación que se está viviendo actualmente en Kurdistan y presenta el video del Comité en Solidaridad con Kurdistán en Ciudad de México en el marco de la Jornada Global por la Vida “El Encierro No Me Calla”.
EUA: Desde el norte: Tendremos un Audio con una mirada de los medios independientes del norte que nos comparte el compañero Mijail.
YEMEN: Arabia Saudí ataca centros de cuarentena por el COVID-19 en Yemen kaosenlared
MUNDA MUJERES: Se incrementa violencia contra mujeres durante pandemia: ONUMujeres cimacnoticias
MUNDO: Experto en armas biológicas habla sobre el nuevo coronavirus consumidoresorganicos

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
MEXICO TRÁGICO: 83 defensores del ambiente y el territorio asesinados entre 2012 y 2019 mongabay Y CEMDA
OAXACA: “Bocina solidaria” para transmitir voces y cultura al alma de un pueblo en contingencia desinformemonos
MEXICO MUJERES: Comunicado de Colectiva el aquelarre de Salem donde apoyan a todas las mujeres que están sufriendo violencia doméstica en la cuarentena.
NACIONAL: Celebra Bayer-Monsanto la ley de fomento del maíz nativo jornada
MEXICO: Hospital de tlalnepantla con graves riesgos sanitarios a pesar de las denuncias de su personal animalpolitico
CDMX: Comunicado Fes Acatlan Respecto al atentado contra los cubículos A9 y A6, el 5 de abril entre las 3 o 4 de la madrugada en Fes Acatlán.| Redes
CDMX Denuncia y llamado a solidaridad de la comunidad otomi en plantón.

MÚSICA:
Unidos Venceremos – Maria Casas La compositora
No a la explotación – Hip Hop en la amazonia
hoy te vi -Ampersan
Canción propuesta por Alesya Kecer Kurda -Aynur Dogan

 

radio
CNI-CIG y EZLN

Denunciation of the Kidnapping of CNI Members in Chilón, Chiapas, in Retaliation for their Participation in the “Days of Action: We Are All Samir”

February 26, 2020

To the people of Mexico:
To the networks of resistance and rebellion:
To the Sixth in Mexico and abroad:
To the press:
To human rights organizations:
To organizations working in defense of territory and Mother Earth:

We hereby denounce the assault, repression, and kidnapping of eleven members of the National Indigenous Congress (CNI) from the communities of San Antonio Bulujib and Guaquitepec in the municipality of Chilón, Chiapas, on February 23 at 5:00pm by the ejidal authorities of San Antonio Bulujib who belong to the “CHINCHULINES” and “ORCAO” paramilitary groups, and by MORENA party members in the region. This attack was carried out in retaliation for the CNI members’ participation in the “Days of Action in Defense of Territory and Mother Earth ‘We Are All Samir’”, convoked by the Zapatista Army for National Liberation and the CNI, in this case for having hung a sign regarding the event at the town entrance of San Antonio Bulujib. The names of those attacked are: María Cruz Espinoza, Juana Pérez Espinoza, Feliz López Pérez, María Cruz Gómez, Ana Gómez Hernández, Alejandra Gómez, María Luisa Pérez Gómez (one year old), María del Rosario Mazariegos Gómez (11 months old), Manuel Cruz Espinoza, Juan Gómez Núñez, and Isidro Pérez Cruz.

After being held for 24 hours, our CNI compañeros and compañeras were released at 8:30 pm on February 24, under the following conditions imposed by San Antonio Bulujib ejidal authorities: that the eleven CNI members pay a fine of 2500 pesos along with 15 cases of soft drinks and renounce their CNI membership if they wanted to remain in the community. Our compañeros and compañeras were threatened with eviction from their lands and houses if they didn’t pay the fine by Sunday, March 1, 2020, on which date their lands and houses would be sold and they would be locked up in the town jail.

We hold all three levels of government as well as the paramilitary groups organized in our communities responsible for anything that happens to our compañeros and compañeras. We specifically hold responsible the president of Mexico ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, the governor of Chiapas, RUTILIO ESCANDÓN, the San Antonio Bulujib ejidal authority, MIGUEL LÓPEZ GUZMÁN, the community’s Security Deputy, MATEO GÓMEZ MÉNDEZ, who is also a member of the ORCAO and CHINCHULINES organizations, the Municipal Auxiliary Agent JUAN SILVANO MORENO and his assistant MANUEL GÓMEZ PÉREZ, and JOSÉ PÉREZ, supposed leader of ORCAO who supports and promotes the paramilitaries who invade community lands and are protected by the bad governments at the federal, state, and municipal levels. It is in the name of the supposed Fourth Transformation that these people have threatened the safety and lives of the eleven CNI compañeros and compañeras named above, as well as that of other CNI families.

We call on all of the communities, organizations, and collectives in Chiapas, Mexico, and the world who participated in the “Days of Action in Defense of Territory and Mother Earth ‘We Are All Samir’” for their solidarity and support for our CNI sisters and brothers in Chilón.

Sincerely,

February 26, 2020

For the Full Reconstitution of Our Peoples

Never Again a Mexico Without Us

National Indigenous Congress

Indigenous Governing Council

Zapatista Army for National Liberation

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