Al Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN A la Nueva Estructura de la Autonomía Zapatista A la Comisión Sexta del EZLN Al Congreso Nacional Indígena, CNI Al Concejo Indígena de Gobierno, CIG A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que nunca fueron conquistados A la Sexta Nacional e Internacional A las Redes de Resistencia y Rebeldía A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde A Quienes firmaron la Declaración por la Vida A Quienes luchan y resisten en todo el mundo contra el Genocidio al Pueblo Palestino A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen… Al Pueblo de México y del mundo.
Herman@s Tod@s
La Cuarta Guerra Mundial está destruyendo a la humanidad en la medida en que la globalización es una universalización del mercado, y todo lo humano que se oponga a la lógica del mercado es un enemigo y debe ser destruido. En este sentido todos somos el enemigo a vencer: indígenas, no indígenas, observadores de los derechos humanos, maestros, intelectuales, artistas. Cualquiera que se crea libre y no lo está…
«La Cuarta Guerra Mundial» SubComandante Insurgente Marcos La Realidad, Chiapas, 20 de noviembre de 1999
12 DE OCTUBRE DÍA DE LA RESISTENCIA Y LA DIGNIDAD INDÍGENA
Nosotr@s hombres, mujeres, niñ@s y ancian@s integrantes de la Comunidad Indígena Otomí, residentes en la CDMX, no tenemos nada que celebrar que no sean…
“533 AÑOS DE RESISTENCIA Y DIGNIDAD DE NUESTROS PUEBLOS” “29 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA, CNI” “5 AÑOS DE LA TOMA DEL MAL LLAMADO INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, INPI”
Compañer@s Tod@s
Desde Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” y a 5 años de la Toma del mal llamado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, nosotr@s hombres, mujeres, niñ@s y ancian@s integrantes de la Comunidad Indígena Otomí, residentes en la CDMX, denunciamos, que con otros dicursos, con otros programas de gobierno, con otros nombres, con otros rostros, con otra “procuración de justicia”, la “Tranformación”, sigue imponiendo colonización, esclavitud, desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamientos, militarización y despojo del agua, la vida y el territorio. 5 años también, de que los traidores de los Pueblos, Adelfo Regino Montes y Hugo Aguilar Ortíz, no despachan en lo que fueron sus oficinas.
533 años de Resistencia y Dignidad Indígena han pasado, y ellos siguen celebrando el “Encuentro de dos Mundos”o la “Conquista de América”, no reconocen que esta fecha, representa para los pueblos, el mayor genocidio en la historia de la humanidad y el exterminio de nuestras formas de gbobierno, lenguas, cultutas, tradiciones. Por tanto, nosotros reafirmamos, que la guerra capitalista que se impone sobre nuestros pueblos originarios y comunidades indígenas, es el verdadero rostro de la mal llamada Cuarta Tranformación, la misma que avanza sobre las cuatro ruedas del capitalismo, Explotando, Despojando, Reprimiendo y Despreciando la lucha y la resistencia de nuestros pueblos.
Luis Rey García Villagrán, reconocido defensor de migrantes en la frontera sur de México, fue exonerado tras acusaciones por trata y delincuencia organizada promovidas por el Instituto Nacional de Migración (INM). La Fiscalía General de la República (FGR) no logró sostener los cargos, pese a señalamientos públicos de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Me da mucha pena contradecir a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y al Gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, siento mucha pena por los mexicanos que tenemos esa presidenta y este gobernador. El juez decretó mi auto de libertad porque dijo que no pertenecíamos a la delincuencia organizada, sino que pertenecíamos al Centro de Dignificación Humana AC, reconocido desde hace más de nueve años por la Secretaría de Gobernación”, dijo el activista, al salir del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 3.
Seis días después de haber sido arrestado por la Fiscalía General de la República (FGR), Sedena, Marina, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y Guardia Nacional, este lunes, 11 de agosto, se celebró la audiencia de vinculación a proceso, la cual se prolongó por más de dos horas, hasta que el juez federal determinó que no había elementos suficientes para vincularlo a proceso, por lo que ordenó su libertad inmediata.
El activista de 62 años abandonó el penal vestido con una camisa blanca, pantalón café, tenis y una mochila azul al hombro. Primero abrazó a su familia y, después, se detuvo unos instantes para responder algunas preguntas de los medios de comunicación que presenciaron su liberación.
En la audiencia
“Uno de los puntos que defendió el abogado fue el señalamiento de que él (Villagrán) no es activista y de que no existía la asociación civil. Pero se comprobó que todo lo que decía la carpeta de investigación era mentira”, dijo la familia del defensor a Avispa Mídia.
Lograron acreditar el riesgo derivado de su labor en la frontera sur de México, por lo cual fue integrado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde 2020. El mismo mecanismo instaló un sistema de seguridad en la casa del defensor y le fue otorgado un botón de pánico.
“Es un expediente falso, completamente plagado de mentiras e incongruencias, incluso tiene una acusación de recibir dinero en fechas que él estaba hospitalizado por un atentado que sufrió, pero eso sí, en ese expediente de más de dos mil hojas no aparece el atentado que sufrió y que fue muy grave”, agregó la familia.
El atentado mencionado por la familia de Villagrán se trató de un ataque de un grupo criminal en la vía pública, el 17 de octubre de 2023, que le dejó fracturas de dedos, costillas, piernas y rostro desfigurado por los golpes. “Pasó una patrulla de la Guardia Nacional y los llamamos, pedimos auxilio y no se detuvieron; la FGR entonces, no hizo nada”, explicó Villagrán en entrevista a Avispa Mídia.
De acuerdo con el abogado defensor José Antonio Martínez Sánchez, el delito que se le imputó a Villagrán es delincuencia organizada en su modalidad de tráfico de personas y la denuncia fue iniciada por el Instituto Nacional de Migración (INM), “acusándolo de que él era el encargado de realizar las caravanas [de migrantes] con otras tres personas más”.
El abogado dijo que la carpeta comenzó a integrarse en 2022 y siguió hasta febrero del 2024. “Las autoridades hicieron actos de investigación (a Luis Villagrán) en fuentes abiertas y en sus redes sociales”, dijo Martínez Sánchez.
Además, su teléfono móvil fue parte de la supuesta investigación. “Usaron una técnica para que una compañía de teléfono [Telcel] entregara sus datos conservados, es decir, todo lo que es mensajería y telefonía, pero no se pudo acreditar que hubiera esa delincuencia que se le había acreditado”, explicó Martínez Sánchez.
El derecho a disentir
En conferencia de prensa, este 12 agosto, Luis Villagrán explicó que un juez autorizó por un año y medio, en tres momentos diferentes, la intervención de redes sociales y teléfono móvil, “y no encontraron nada”.
Mientras tanto, Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, señaló que obtuvieron cerca de 75 pruebas en su contra y que, ahora, no solo apelarán la decisión del juez que absolvió al defensor, también iniciarán otra carpeta de investigación.
“Las pruebas son entrevistas de policías federales de hace tres años a migrantes. Es inverosímil, son entrevistas que no cuentan con tiempo, modo y lugar y por lo tanto no se acreditan como pruebas”, enfatizó el defensor en el Parque Bicentenario de Tapachula.
“Había pensado quedarme callado, pero ante las mentiras e infundios de tan altos tribunales, no me queda más remedio que morir luchando”, dijo y, de nuevo, pidió al gobierno federal a respetar el derecho a disentir, “y no tomarse personal los señalamientos de corrupción en INM y Comar”.
También mostró partes de la carpeta de investigación donde se observan imágenes de sus hijos y nietos. “Si así investigaran a los administradores del río Suchiate, ya estuvieran presos; el cartel cualquiera y el INM son lo mismo”.
Luis Villagrán dijo que la libertad llegó porque aún no se aplican los cambios con motivo de la reforma judicial. “Estamos antes de la etapa de los jueces que van a estar a modo de ellos [gobierno federal]. Esta reforma al poder judicial nos deja a nosotros los activistas en manos de un terrorismo de Estado”, lamentó.
En los próximos días, acudirá ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). “El Estado mexicano es un narcoestado y ahora quiere ejercer el narcoterrorismo, primero, en contra de migrantes, defensores y, luego, van con ustedes, los periodistas”, insistió.
El defensor de los derechos humanos de la comunidad migrante en Chiapas, Luis García Villagrán, fue detenido el martes (5) y trasladado a la Fiscalía General de la República (FGR) en Tapachula, un día antes de la salida del éxodo de personas con necesidades de protección internacional. A las 7h de este miércoles (6) se confirmó la salida de la nueva caravana desde Tapachula hacia el centro del país.
Según las primeras versiones, este martes (5) Villagrán asistió a una asamblea para ultimar detalles del inicio del “Éxodo de la justicia”, desde el parque Bicentenario, en Tapachula. El grupo busca acceder a los trámites para el refugio y visas humanitarias en México.
Posteriormente, nadie tuvo contacto con él hasta que se comunicó con su familia para confirmar la detención por presunto tráfico de personas. “Esto fue repentino”, señalaron familiares en entrevista con Avispa Mídia.
Las autoridades continúan sin informar sobre los fundamentos legales del arresto de García Villagrán, pese al despliegue de un operativo militar que permaneció vigilante en las inmediaciones del Centro de Justicia Penal Federal, por la posibilidad de protestas por parte de la comunidad en movilidad humana.
La familia solo recibió un boletín informativo del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), donde se lee que el defensor fue detenido cerca del parque Bicentenario.
“Pero no hemos tenido más información. Solo sabemos que es obra del gobierno traidor; el gobierno sigue fabricando delitos y se está ensañando con él”, dijeron los familiares y recordaron que no es la primera vez que García Villagrán es acusado de delitos que no cometió.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación de México, es señalada por la sociedad civil de México, Honduras, Guatemala y El Salvador de no atender, ni dar certeza jurídica a las personas con necesidades de protección internacional que buscan refugio en México, luego de ser desplazadas de sus países por la violencia criminal, persecución del Estado y despojo de los territorios, principalmente.
Tapachula, estado de Chiapas, es un punto neurálgico en la ruta migrante hacia Estados Unidos, donde miles de personas procedentes de Centroamérica y otras regiones convergen para buscar la regularización de su estatus migratorio. La ciudad registra el mayor número de solicitudes de refugio en México y es escenario de frecuentes detenciones de migrantes, lo que la convierte en un punto crítico para la protección de derechos y la gestión migratoria en el país.
Durante el 2023, la Unidad de Política Migratoria reportó 229,379 detenciones de personas que clasificó en situación migratoria irregular en Chiapas, de las cuales, 70,665 sucedieron en Tapachula. Solo de enero a agosto de 2024 la cidra se superó con 315,887 detenciones; 114,131 ocurrieron en la citada ciudad. La estadística mensual de 2025, aún no está disponible debido a un proceso de reestructuración, se lee en el portal de la unidad.
En el recuento del abogado y defensor de los derechos humanos, Luis García Villagrán, la migración disminuyó desde enero con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, pero no se detuvo, las personas continúan llegando por las deportaciones desde Estados Unidos y buscan el refugio en México, pues regresar a sus países no es opción.
“La presión que ejerce Trump a México, arrastra al país a una política idéntica a la de él: racista, elitista y clasista. Lo que pasa en el norte tiene todo que ver con lo que sucede en la frontera sur (de México)”, refiere Villagrán sobre el acceso parcial al derecho de protección internacional.
Estadísticas versus realidad
La Comar reportó un total de 140,720 personas que solicitaron refugio en 2023. En 2024, la cifra disminuyó 56%, con 78,975 solicitudes contabilizadas, de las cuales, 50,742 se tramitaron en Tapachula y 14,367 en la Ciudad de México.
Del total de solicitudes que recibió la Comar en 2023, 41.8% fueron de mujeres y 19.1% niñas, niños y adolescentes, máxime de Haití, Honduras, Cuba, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Brasil, Chile, Colombia y Afganistán. En 2024, los solicitantes fueron en su mayoría de Honduras, Cuba, Haití, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Chile.
La Red Regional de Protección (RRP) en el informe “Acciones realizadas en 2023”, que documentó el contexto de la movilidad humana de 2022 a 2024 en México, Honduras, El Salvador y Guatemala, da cuenta de los cambios en las prácticas migratorias en México. Según el informe, las barreras en el acceso a la solicitud de asilo provocan esta disminución estadística.
Pero eso no quiere decir que disminuyó el número de personas que llegan a las instalaciones de gobierno para pedir el asilo o refugio. El trabajo directo de la RRP con las personas en movilidad muestra que la búsqueda por solicitar refugio incrementó de forma gradual en los últimos tres años, también las tendencias de nacionalidad y composición familiar, con más mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGBTTTIQ+. Sin embargo, son detenidos y etiquetados como migración irregular, lo que les impide hacer formalmente la solicitud, representando una merma en las estadísticas de la Comar, aunque no es el único motivo.
Para Villagrán, a la comisión le beneficia señalar que existe una baja en las solicitudes, aunque en la realidad la mengua, de igual modo, se debe a la corrupción vinculada con altos mandos de la Comar y del Instituto Nacional de Migración (INM).
“La tramitología ha superado la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en México […] A pesar de todo lo que diga la Comar, están vendiendo las citas, las constancias y las respuestas positivas, es decir, todos los trámites”, denuncia Villagrán para Avispa Mídia.
Cuando una persona acude a las oficinas de la “Comar 1” para hacer el trámite, en la periferia de Tapachula, le indican que recibirá un correo electrónico que demora varios meses y, en el peor de los casos, nunca llega.
En el mensaje electrónico les dan una fecha para presentarse en las oficinas de “Comar 2” (en el centro de la ciudad) y estando vuelven a citarlos en semana o dos para continuar con el procedimiento, pero no les dan ningún documento que les brinde certeza jurídica.
Pasado el tiempo acuden a las oficinas, pero no hay respuestas, entonces las personas con necesidades de protección internacional se ven obligadas a contratar los servicios de un abogado para interponer un amparo ante el Juzgado de Distrito para hacer valer sus derechos como refugiados.
A decir de Villagrán, los abogados están coludidos en este negocio redondo. “Los abogados, estoy seguro, están en contubernio con la Comar. En Tapachula uno de ellos cobra de 2,000 a 25,000 pesos a las personas en movilidad humana, pero solo el 10 por ciento (de los solicitantes) tiene para pagar esa representación ante los juzgados de distrito”, explica Villagrán.
Continua, “podría decir que la mitad de las solicitudes es atendida por orden de un juez federal. En Tapachula son cuatro juzgados, de ellos, el tercero y el cuarto se dedican a atender los juicios de garantías para que la Comar reciba las solicitudes de refugio, sin embargo, tampoco es garantía del respeto a los derechos”.
En caso de que la persona logre acceder al refugio en México, la Comar la envía a las oficinas del INM para que pida una Visa por Razones Humanitarias, pero el trámite también debe agilizarse a través del juez.
Pero eso no quiere decir que disminuyó el número de personas que llegan a las instalaciones de gobierno para pedir el asilo o refugio. El trabajo directo de la RRP con las personas en movilidad muestra que la búsqueda por solicitar refugio incrementó de forma gradual en los últimos tres años, también las tendencias de nacionalidad y composición familiar, con más mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGBTTTIQ+. Sin embargo, son detenidos y etiquetados como migración irregular, lo que les impide hacer formalmente la solicitud, representando una merma en las estadísticas de la Comar, aunque no es el único motivo.
Para Villagrán, a la comisión le beneficia señalar que existe una baja en las solicitudes, aunque en la realidad la mengua, de igual modo, se debe a la corrupción vinculada con altos mandos de la Comar y del Instituto Nacional de Migración (INM).
“La tramitología ha superado la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en México […] A pesar de todo lo que diga la Comar, están vendiendo las citas, las constancias y las respuestas positivas, es decir, todos los trámites”, denuncia Villagrán para Avispa Mídia.
Cuando una persona acude a las oficinas de la “Comar 1” para hacer el trámite, en la periferia de Tapachula, le indican que recibirá un correo electrónico que demora varios meses y, en el peor de los casos, nunca llega.
En el mensaje electrónico les dan una fecha para presentarse en las oficinas de “Comar 2” (en el centro de la ciudad) y estando vuelven a citarlos en semana o dos para continuar con el procedimiento, pero no les dan ningún documento que les brinde certeza jurídica.
Pasado el tiempo acuden a las oficinas, pero no hay respuestas, entonces las personas con necesidades de protección internacional se ven obligadas a contratar los servicios de un abogado para interponer un amparo ante el Juzgado de Distrito para hacer valer sus derechos como refugiados.
A decir de Villagrán, los abogados están coludidos en este negocio redondo. “Los abogados, estoy seguro, están en contubernio con la Comar. En Tapachula uno de ellos cobra de 2,000 a 25,000 pesos a las personas en movilidad humana, pero solo el 10 por ciento (de los solicitantes) tiene para pagar esa representación ante los juzgados de distrito”, explica Villagrán.
Continua, “podría decir que la mitad de las solicitudes es atendida por orden de un juez federal. En Tapachula son cuatro juzgados, de ellos, el tercero y el cuarto se dedican a atender los juicios de garantías para que la Comar reciba las solicitudes de refugio, sin embargo, tampoco es garantía del respeto a los derechos”.
En caso de que la persona logre acceder al refugio en México, la Comar la envía a las oficinas del INM para que pida una Visa por Razones Humanitarias, pero el trámite también debe agilizarse a través del juez.
“Es muy grave porque todo se hace en los juzgados federales, pero el migrante que no tiene para pagar un abogado queda fuera del asilo y refugio, aunque sea potencialmente un perseguido político, religioso, de la comunidad LGBTTTI u otro sector”, explica Villagrán, que acompaña alrededor de 20 casos ante los tribunales.
Pasan los meses y sin un documento que le de certeza, se encuentra en un limbo burocrático. “Es corrupción, el burocratismo hace omisión y la omisión es corrupción”, expone que estas prácticas han ido evolucionando en 10 años, “nada ha cambiado”.
Aunado a todo lo mencionado, si no cuentan con los documentos o el trámite correspondiente, las personas son más vulnerables a ser extorsionadas por la policía municipal y por agentes del propio INM o detenidos y deportados en la frontera de comunidad Honduras y Guatemala.
De manera reciente, la comunidad migrante contenida en Tapachula hizo pública una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que manifiesta su preocupación por la “emergencia social” en la frontera sur de México, que se agrava sin el acceso a los servicios básicos.
En el texto, destaca que la situación es particularmente preocupante y es necesario el apoyo del gobierno mexicano a través del Programa para el Bienestar, para acceder a necesidades básicas de alimentación, medicamentos, entre otras
También explica, a grandes rasgos, la compleja situación laboral en Tapachula y otras ciudades del territorio chiapaneco en las que encuentran varados. Buscan la manera de sobrevivir, pero, sin documentos, resulta más difícil conseguir empleo o bien, les pagan 80 pesos al día por trabajos pesados.
“Le solicitamos que se tomen las medidas necesarias lo más pronto posible para garantizar el apoyo a las personas que ya son beneficiarias del programa federal y que no reciben el recurso desde el primer mes de 2025”, dice el escrito.
La larga espera para regularizar su estancia en México, los mantiene en situaciones precarias, viviendo en los parques públicos, aceras y terminales de autobuses, bajo altas temperaturas.
“A partir del artículo 1o y 133 de la Constitución México está obligado a cumplir todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre otros temas; con el Pacto de San José de la OEA y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, especifica Villagrán.
Entre los casos que acompaña Villagrán, una madre e hija con una condición de salud especial están en riesgo de ser deportadas por la dilación del trámite ante Comar.
La gallera
A principios de octubre de 2024, Julio Rodríguez, de 35 años de edad y origen venezolano, tomó la decisión de huir de su país junto a su esposa y su hijo, por la persecución que vivió por el gobierno de Nicolás Maduro.
“Lastimosamente yo trabajaba cerca de los puntos de concentración de las manifestaciones pacíficas de la oposición al chavismo. Yo pasaba por ahí y salí en fotografías de un periódico en las que me catalogaron como alguien que hacía disturbios y tuve que abandonar Venezuela”, relata Julio para Avispa Mídia.
La travesía por cinco países hasta llegar a Guatemala fue a pie y por transporte público. Al pisar territorio mexicano fueron secuestrados y trasladados a una casa de seguridad que Julio recuerda como sombría y con ventanas totalmente tapadas. “No éramos los únicos, habían muchas más personas de diferentes nacionalidades y no podíamos huir porque los secuestradores estaban armados. Nos pidieron 100 dólares a cada uno para que nos llevaran a Tapachula y debíamos conseguirlo a como diera lugar”, recuerda.
Julio tuvo que rogar para que le aceptaran 260 dólares que habían reunido para llegar al norte de México. Aceptaron, “luego nos enviaron a otra casa donde nos pusieron un sello en el brazo con la imagen de un gallo, nos trasladaron a una gallera y luego caminamos por varias horas hasta llegar a unos taxis que nos llevaron a Tapachula”.
Desde que entraron a la llamada “Perla del Soconusco”, el 9 de diciembre, Julio comenzó a buscar trabajo e indagó sobre los trámites para la CBP One, pero cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, los planes de Julio y su familia cambiaron.
“Presentamos una carta ante Comar el 17 de febrero, nos debieron regresar un correo, pero nunca nos llegó. Entonces tuvimos que hacer un documento de apelación para que nos atendiera y, en eso, el defensor Luis García Villagrán nos está acompañando”.
Julio confirma que los abogados cobran sumas excesivas para llevar el proceso, pues al no contar con la nacionalidad mexicana, no pueden acceder al recurso sin un representante legal. “No es simple, nos ponen muros a pesar de estar huyendo de un país en crisis y Comar no nos escucha porque no le estamos pagando el trámite”.
Esto sucede a pesar de que México es uno de los siete países que participan en el Marco Integral de Protección y Soluciones Regionales (MIRPS), compromiso que fue adoptado en 2017, como contribución regional al Pacto Mundial sobre Refugiados, entre otros acuerdos internacionales.
“La movilidad es multifactorial pero las personas que caminan por esta parte de México huyen de las pandillas, de las extorsiones, los secuestros, la criminalidad que incrementa en Honduras. La pobreza es un factor muy importante en El Salvador, no hay empleo. El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela siguen siendo de los países muy pobres y persiste una migración forzada, no tienen de otra”, enfatiza Villagrán.
En febrero de 2018, Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado al gobierno federal y admitió el posible colapso del Sistema de Protección a Refugiados en México. Entonces se contabilizaron 14,596 solicitudes iniciadas, 60% no fueron atendidas (7,719) y por la suspensión de operaciones en su oficina de la Ciudad de México.
A unos días de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, organizaciones de la sociedad civil tanto de México como de Estados Unidos coinciden en la preocupación por la implementación de políticas centradas en seguridad, contención y militarización, que obstaculizan y violan los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional.
Desde la campaña presidencial, Trump amenazó con cerrar sus fronteras, incrementar la detención de personas en situación migratoria irregular, aumentar exponencialmente las deportaciones, reducir las vías de migración regular, permisos de residencia y programas de estatus temporal en Estados Unidos.
A la par de la llegada de 2025, las diferentes organizaciones de EEUU comenzaron a documentar operativos del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en lugares con comunidad migrante, previo a la toma de posesión de Trump el próximo 20 de enero.
Rapid Response Network of Kern ha prevenido a la población migrante sobre las acciones de la patrulla fronteriza, la importancia de la documentación, el reporte de los arrestos y da información del derecho de cada migrante a mantener silencio y no permitir que se le esculque su propiedad o vehículo.
La organización Uspark Valley está otorgando de forma gratuita la ‘tarjeta roja’, un recurso que ayuda a la persona a entender los derechos. Además, documenta las protestas que realiza la comunidad migrante a partir de las redadas del ICE en Bakersfield.
Del lado mexicano, encargados de albergues en Sonora y Baja California dijeron a Avispa Mídia que se percibe una tensa calma en la frontera y no ven la coordinación que las dependencias gubernamentales en México dicen tener para atender de forma real e integral a la población deportada.
“México tiene la responsabilidad de buscar estrategias para hacer el menor de los daños no solo a los migrantes, sino a economía del país y tiene la responsabilidad de poner reglas y acuerdos del número de personas que aceptará en las deportaciones, se realicen o no”, considera Irineo Mujica Arzate de Pueblos sin frontera.
Sólo de ascendencia mexicana, unas 5.1 millones de personas viven en situación irregular en los Estados Unidos, y el número incrementa si se consideran a la población de América Central y del Sur que también están en riesgo.
Aún con este escenario, el gobierno de México no ha contactado a los albergues activos de los seis estados de la frontera, que por años han sobrevivido y experimentado las crisis migratorias, para coordinar la atención en caso de deportaciones.
Mujica observa que, hasta ahora, las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han sido como cortinas de humo, porque como gobierno nunca ha atendido a la población migrante. “La cuarta transformación ni siquiera colabora con los albergues activos”.
“Se prevé un desastre humanitario”, insiste Mujica que también prevé una crisis en la economía. “Lo hemos visto en las caravanas o en la situación masiva de los haitianos. Nunca el Estado ha ayudado en una crisis y la cuarta transformación siempre busca la forma de tapar o de callar. El gobierno de Morena nunca se ha preocupado de que Chiapas sea la cárcel de Estados Unidos y es el mejor ejemplo de que el Estado mexicano jamás responde a las necesidades, ¿por qué sería diferente en la frontera norte? México no tiene un plan”, sostiene.
Mujica considera que la presidenta está más preocupada en que no se reconozca como terroristas a los cárteles mexicanos que por el impacto que tendrán las deportaciones masivas.
“México tiene una responsabilidad muy grande, no debería permitir que otro país le haga tanto daño, debería condicionar la ayuda y coordinarse con la sociedad civil”, enfatiza Mujica.
Preocupación internacional
El 14 de enero, cerca de 300 figuras de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos dirigieron una carta a la presidenta de México para expresar la preocupación ante las medidas que obstaculizan los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional.
El texto hace hincapié en que se generaría un escenario sumamente perjudicial tanto para las personas en movilidad humana en México como para aquellas de ascendencia mexicana que residen en Estados Unidos, si no se implementan acciones concretas en el corto y mediano plazo.
Plantean que, ante un escenario de deportación y detención masiva, aumento en operativo y eliminación de programas de regularización, es necesario fortalecer y expandir la protección consular a población de ascendencia mexicana en Estados Unidos, especialmente en programas de representación jurídica. Aunado a ello, diseñar e implementar una política binacional de retorno seguro y digno.
En cuanto al posible aumento de la separación familiar, señalan la importancia de garantizar el cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, especialmente en lo relacionado con el derecho a la unidad familiar de la niñez y adolescencia migrante.
En la pasada administración de Trump, más de 5,000 niñas, niños y adolescentes fueron separados de sus familias, y más de 1,400 aún no se han reunificado. Por ello, las organizaciones advirtieron sobre los acuerdos bilaterales que violen el derecho internacional de las personas refugiadas y los derechos humanos.
Pidieron a México que evite colaborar con la nueva administración de Estados Unidos en la implementación de expulsiones expeditas hacia zonas fronterizas, pues bajo el llamado Título 42, en tres años se registraron más de 2 millones de expulsiones, el 90% hacia México sin el debido proceso.
Ahora bien, la posible cancelación de CBP One, aplicación móvil que procesa citas para presentarse en los ocho puertos autorizados para la entrada hacia Estados Unidos, consideran sería un retroceso, pues cada mes, alrededor de 45,000 personas utilizan esta aplicación para ingresar, y una eliminación repentina las dejaría sin acceso a la protección que necesitan.
Para los defensores es indispensable que se emita documentación migratoria según el artículo 52 de la Ley de Migración en México. De acuerdo a cifras oficiales, desde diciembre de 2022, el Instituto Nacional de Migración (INM) dejó de entregar de forma consistente la Forma Migratoria Múltiple a personas en tránsito y que, desde octubre de 2023, ha negado la documentación a solicitantes de asilo y refugiadas, a pesar de ser su derecho.
A la par, es urgente implementar una política de persecución y sanción de delitos cometidos por particulares, crimen organizado o servidores públicos contra la población migrante que hasta ahora no tiene acceso a la justicia.
De manera reciente, Sheinbaum ha señalado que el gobierno de México está preparado para las deportaciones masivas y que se coordina con las secretarías de Estado y con los gobernadores de las fronteras para que los mexicanos deportados tengan una buena recepción.
Ha dicho que si es necesario los trasladarán hasta sus entidades y les proporcionarán programas sociales, bolsas de trabajo y teléfonos para que puedan comunicarse con sus familias.
Estados Unidos deportó a más de 270,000 a 192 países en el periodo de octubre de 2023 a septiembre de 2024, en el gobierno de Joe Biden. De acuerdo al último informe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), se trata de la cifra más alta de deportaciones desde 2014, cuando se portaron a 315,943 personas.
Por otro lado, en el sur de México, desde octubre de 2024, al menos diez éxodos, integrados principalmente por originarios de Venezuela, han partido de Tapachula, Chiapas, para intentar entregarse a las autoridades estadounidenses en los próximos días.
Para la sociedad civil y los propios migrantes, Chiapas es considerado una cárcel de Estados Unidos, pues la entidad al sur de México es el Estado con mayor número de personas contenidas, es decir, obligadas a esperar una respuesta de la CBP One.
En portada: Migrantes avanzan en caravana rumbo al norte de México. Foto: María de Jesús Peters
Las diez caravanas de migrantes que buscan llegar cuanto antes a línea fronteriza entre México y Estados Unidos se han formado desde la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo en México y tras la elección de Donald Trump en Estados Unidos.
Luis García Villagrán, abogado y defensor de derechos humanos, asegura que el Estado mexicano está incentivando a la gente a salir caminando, es decir, no les permite acceder a sus derechos y los agotan. Luego de que los orilla a irse en caravanas les ofrece documentos y, para aquellos que aceptan, los traslada a otras ciudades fuera de la ruta que comúnmente usan para llegar al norte de México, “no hay claridad en los procedimientos”.
El abogado prevé que en las siguientes semanas más grupos de migrantes salgan de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. El último (o la décima caravana) partió el 2 de enero de Tapachula y solo dos días después, el Instituto Nacional de Migración (INM) ofreció la Forma Migratoria Múltiple (FMM),un permiso para moverse por territorio nacional durante 20 días, pero sin garantías reales de libre tránsito.
La mitad de las personas que integraba el éxodo aceptaron el documento y fueron trasladadas a ciudades de Guerrero y Michoacán, donde nuevamente quedaron varadas. La otra parte del grupo, que se negó a recibir la FMM, sigue en la ruta rumbo a Arriaga, Chiapas, para continuar por la carretera a Oaxaca.
En portada: Elementos militares resguardan la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas. Foto: Jeny Pascacio.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que será el actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, quien asumirá el cargo de comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) cuando concluya sus funciones en la entidad federativa, a principios de diciembre.
Las organizaciones alegan que no hubo transparencia en la elección, pues no se convocó a una consulta o diálogo. El anuncio fue realizado sólo una semana después de la llegada de Sheinbaum a la silla presidencial.
Para Enrique Vidal del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma), primero se debió reconocer que en los últimos seis años el INM se ha mantenido como una de las instituciones más corruptas e impunes del gobernador Andrés Manuel López Obrador.
“Las personas siguen refiriéndose al INM como el cártel de migración por las formas con las que opera, por toda la extorsión, la corrupción y el soborno que sigue imperando día a día en los controles migratorios, en los permisos, en los trámites y dentro de las distintas instalaciones y campamentos o puestos de control”, explicó.
Para quienes acompañan y defienden los derechos humanos, las personas migrantes siguen teniendo una percepción muy negativa del INM y se mantiene en los primeros lugares de las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“En la nueva administración vemos una continuidad, un discurso de derechos humanos pero que realmente no está fortalecido con mecanismos reales de protección de violaciones graves de derechos humanos, y tampoco se están anunciando cambios de fondo en cuanto al acceso a la justicia”, dijo Vidal.
Previo a la llegada al poder del recién electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la Comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, le ha ofrecido más de 566 hectáreas (1,400 acres) de tierra estatal en la frontera sur de Texas para facilitar los planes de deportación de la administración Trump. De acuerdo con la funcionaria, este ofrecimiento se enmarca dentro de la estrategia para combatir el crimen organizado y para dar continuidad a los proyectos de construcción del muro fronterizo.
La Comisionada Buckingham, quien desde que asumió en 2022 su cargo ha endurecido sus políticas anti-migrantes, envió una carta al presidente electo Donald Trump ofreciendo 1,402 acres que, según la misiva, son tierras recién adquiridas por la Oficina General de Tierras de Texas (GLO) en el condado de Starr, al sur del estado y frontera con México. Esta zona está cercana a Río Grande y se pretende que sean utilizadas para la construcción de instalaciones “para el procesamiento y deportación de inmigrantes”, según la mísiva.
Según la Comisionada, el ofrecimiento de las tierras a Trump es “para ayudar a su administración a llevar a cabo sus planes de deportación para poner la seguridad y el bienestar de todos los estadounidenses en primer lugar”.
En portada: En el campamento de migrantes en la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérre, algunos jóvenes como Cristian de 21 años, sobreviven haciendo cortes de cabello modernos masculinos por 50 pesos. Foto: Jeny Pascacio.
Cientos de personas migrantes salen en caravanas desde el sur de México rumbo a la frontera norte, ante la incertidumbre que provoca la victoria de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.
Para Luis García Villagrán, fundador del Centro de Dignificación Humana con sede en Tapachula, es importante no confundir el objetivo de las caravanas, pues las personas que caminan kilómetros durante meses no se movilizan por un tema político, sino por una necesidad humana.
Las personas migrantes decidieron que las caravanas salieran de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, simultáneamente, el 5 de noviembre durante las elecciones presidenciales en el vecino país con un objetivo mediático, incluso por seguridad.
Los extranjeros contenidos en ambas ciudades de Chiapas se organizaron en un grupo de Whatsapp. En esto, se han infiltrado personas que de forma individual los amenazan para desistir de caminar rumbo al norte de México.
Pero la migración continuará y seguirán saliendo en pequeños grupos, puntualizó Villagrán. Este 7 de noviembre otro pequeño grupo partió de la plaza central de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, para alcanzar en Arriaga a las caravanas que salieron dos días antes. Juntos tomarán la carretera federal hacia Oaxaca.
“Las personas migrantes creen que van a cerrar la frontera (norte) y Trump lo confirmó en sus declaraciones tras el triunfo. Tienen miedo, están aterrorizados porque no es posible tanta lucha para que quite el CBP ONE (la aplicación digital Customs and Border Protection)”, dijo para Avispa Mídia el defensor de los derechos humanos.
Consideró que con Trump será más compleja una oportunidad de diálogo con los países que aportan más a la migración, entre ellos México, Venezuela, Haití y países de Centroamérica.
En las calles venden chicha, empanadas o arepas para ganar dinero.
México seguirá participando con la contención migratoria como lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria reconoció que hubo una reducción de un 70% de la migración que llega a la frontera norte del país.
Con estos fines, el gobierno federal ha planteado promover a Tapachula como una ciudad donde las personas migrantes pueden vivir y trabajar, “pero ni Tapachula ni Tuxtla tienen la infraestructura para alojar a los miles de migrantes”, dijo.
Sin importar las condiciones, los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) se dedican a trasladar a Tuxtla y Tapachula a las personas migrantes que cruzan el río Suchiate, frontera entre Guatemala y México. No pueden salir de Chiapas en transporte público o caminando porque son detenidas, incluso hay tramos donde personal de la Fiscalía General de la República (FGR) también realiza labores de “control migratorio”.
Las autoridades no les brinda información clara sobre el proceso que deben seguir y en la mayoría de los casos son detenidas por días en las estaciones migratorias, de las citadas ciudades, sin alimento y atención médica, incluso si son menores de edad los que requieren de estos derechos.
“Van a sellar Chiapas con pretexto de la seguridad y de la presencia de cárteles, pero en realidad están militarizando y la política del terror ya está impuesta”, precisó el defensor.
Las personas migrantes acampan en al menos cinco puntos de la capital de Chiapas.
Organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos han solicitado, durante años, reuniones para presentar sus propuestas para solucionar el tema migratorio con base en los derechos humanos, pero hasta ahora no han sido escuchadas por ningún gobierno.
Chiapas, la cárcel migratoria
Emmy con 28 años, tres hijos y gran desesperación salió de su país Venezuela. Logró reunir un poco de dinero, puso lo necesario en tres mochilas y dejó el país gobernado por Nicolás Maduro.
Para llegar a México le tomó dos meses y, al igual que la mayoría de migrantes que caminan por varios países, opina que la travesía es extremadamente peligrosa en puntos como la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, y las fronteras entre países donde son víctimas de delitos por grupos delincuenciales.
“Estoy recién llegada a México pero ha sido duro, fuerte. Nosotros llegamos a Tapachula y de ahí salimos en la caravana del 5 de noviembre, pero me tuve que entregar a migración porque los niños no aguantaron”, sostuvo para Avispa Mídia.
Caminaron un día con el grupo de migrantes y al siguiente los agentes del INM trasladaron a Emmy y sus hijos a Tuxtla Gutiérrez. Llegaron a las 3 de la tarde con hambre y sed, pero con la seguridad de no querer avanzar más.
“Ha sido muy difícil, hemos pasado muchas cosas en la calle que ni siquiera te puedo contar porque me da miedo. Ya no quiero seguir porque si lo intentamos nos van a regresar o nos pueden deportar y por eso estamos considerando quedarnos aquí en Tuxtla”, dijo.
Emmy y una de sus hijas hacen trenzas para obtener ingresos. Por toda la cabellera de una persona cobran 50 pesos y en trenzas menos elaboradas 30 pesos, pero espera pronto poder conseguir un trabajo estable.
“Es muy complicado porque la gente desconfía de darnos trabajo, los arriendos son demasiado caros y la discriminación ni hablar. Por unos días estaremos durmiendo en la calle, por ahora no veo como opción regresar a Venezuela, al menos con este gobierno yo no regreso, pero para el norte con Trump también se pone difícil”.
En Tuxtla Gutiérrez, las personas migrantes acampan en las estaciones de autobuses, en algunos parques y la mayor población se encuentra asentada en los alrededores de las oficinas de Regulación Migratoria del INM, espacio que también funciona como centro de detención.
En uno de los parques se aloja Nurkari de 23 años con sus dos hijos. Ella también salió de Venezuela por la misma razón que Emmy y admite que la travesía hasta México está llena de terror y violencia.
“Maternar es duro. A mí me intentaron quitar a los niños en Guatemala, antes de cruzar el Suchiate nos secuestraron y me dijeron que si no daba dinero se iban a quedar con los niños”, dijo a Avispa Mídia. Pero Nurkari se aferró a sus hijos y logró que la liberaran.
Esta no es la primera vez que la joven madre venezolana intenta llegar a Estados Unidos, hace unos meses también se unió a una caravana pero fue detenida con sus hijos en Oaxaca y devuelta a Tuxtla.
Para Nurkari las caravanas ya no son opción, no solo por la caminata, también por el hostigamiento de agentes del INM. Por ahora sobrevive con la venta de empanadas al estilo Venezuela.
Su compatriota Jessica, tiene 30 años y tres pequeños, coincidió en que “el viaje ya ha sido muy duro para los niños, por la comida, por la dormida y pasar por todos los países y la selva. Yo espero la cita de migración, tengo cuatro meses aquí, he intentado subir dos veces (al norte del país) y las dos veces me devolvieron.
Jessica cuestiona la abierta corrupción que hay en INM, pues se han percatado de que hay personas que logran pagar una cuota para acelerar el trámite, “a nosotros nos han pedido 100 o 200 dólares por hacer un registro” y así poder avanzar.
Las entrevistadas aseguran que a los campamentos se acercan personas o vehículo extraños, por eso, cerca del anochecer, implementan seguridad entre ellos para poder proteger a las infancias.
Contención al servicio de EEUU
Enrique Vidal, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma), sostuvo para Avispa Mídiaque, con la victoria de Donald Trump, “nos estaríamos acercando no solamente a un escenario como el de hace 8 años, cuando ocurrió su primera victoria, si no a una expresión mucho más radical en la permisividad de expresiones racistas, xenófobas, eugenésicas, de altísima discrimanación”.
Coincidió con Villagrán en que para el gobierno mexicano será más difícil la gestión de la política migratoria. Vidal explicó que por un lado México social y culturalmente pertenece a latinoamerica, pero a nivel político y económico “pertenecemos al bloque de norteamérica por el Tratado de Libre Comercio y por toda la integración que existe en materia migratoria”.
Es decir, México tienen un historial de 30 años de servir como la frontera sur de Estados Unidos, “una sesión de soberanía que es pública en términos geopolíticos”.
La noche del pasado martes (1), durante el primer día del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y pese a las promesas de no repetición, elementos del ejército mexicano se vieron involucrados nuevamente en actos de violencia contra población civil, esta vez en el municipio de Villa Comaltitlán, en la costa de Chiapas.
Acorde a un comunicado del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur -integrado por una veintena de organizaciones de derechos humanos-, una camioneta de redilas que transportaba a 33 personas migrantes fue alcanzada por disparos realizados por elementos militares, lo que provocó que el vehículo se accidentara y dejara un saldo de seis personas migrantes fallecidas.
Según las organizaciones, por las imágenes difundidas se sugiere que las personas fallecieron por impactos de bala. También reportan 10 más lesionadas, entre ellas niños y niñas. Entre los fallecidos se encuentran cuatro hombres adultos, una niña y una joven, mientras los lesionados fueron trasladadas para recibir atención hospitalaria. Las personas en movilidad proceden de Nepal, India, Arabia Saudita, Egipto, Pakistán, Honduras, Cuba y Perú.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) difundió un comunicado mediante el cual ofrece su versión de los hechos. En el documento refieren que, elementos del ejército detectaron un vehículo que iba a alta velocidad, el cual eludió a las fuerzas de seguridad. “A retaguardia de la pick up se desplazaban dos camionetas de redilas como las que usan grupos delincuenciales en esa región. Personal militar manifestó escuchar detonaciones, por lo que 2 elementos accionaron su armamento, deteniendo su marcha una de las camionetas de redilas”.
