Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

La noche del pasado martes (1), durante el primer día del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y pese a las promesas de no repetición, elementos del ejército mexicano se vieron involucrados nuevamente en actos de violencia contra población civil, esta vez en el municipio de Villa Comaltitlán, en la costa de Chiapas.

Acorde a un comunicado del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur -integrado por una veintena de organizaciones de derechos humanos-, una camioneta de redilas que transportaba a 33 personas migrantes fue alcanzada por disparos realizados por elementos militares, lo que provocó que el vehículo se accidentara y dejara un saldo de seis personas migrantes fallecidas.

Según las organizaciones, por las imágenes difundidas se sugiere que las personas fallecieron por impactos de bala. También reportan 10 más lesionadas, entre ellas niños y niñas. Entre los fallecidos se encuentran cuatro hombres adultos, una niña y una joven, mientras los lesionados fueron trasladadas para recibir atención hospitalaria. Las personas en movilidad proceden de Nepal, India, Arabia Saudita, Egipto, Pakistán, Honduras, Cuba y Perú.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) difundió un comunicado mediante el cual ofrece su versión de los hechos. En el documento refieren que, elementos del ejército detectaron un vehículo que iba a alta velocidad, el cual eludió a las fuerzas de seguridad. “A retaguardia de la pick up se desplazaban dos camionetas de redilas como las que usan grupos delincuenciales en esa región. Personal militar manifestó escuchar detonaciones, por lo que 2 elementos accionaron su armamento, deteniendo su marcha una de las camionetas de redilas”.

De acuerdo con los militares, tras el tiroteo, inspeccionaron el vehículo hayando a 33 migrantes a bordo: 12 estaban heridos, 17 ilesos, cuatro fallecieron y dos lesionados murieron más tarde en el hospital donde eran atendidos. Además, les informaron que el chofer supuestamente había escapado, al igual que los otros dos vehículos implicados.

El gobierno de Péru, a través de su Cancillería, condenó enérgicamente el ataque de los militares ya que entre los muertos, se encuentra una persona de nacionalidad peruana. En un comunicado, calificaron el hecho como “execrable” y anunciaron que exigirán investigaciones a través de su representación diplomática en México para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

Para el Colectivo Frontera Sur, si bien la Sedena reconoce la gravedad de los hechos y la probable responsabilidad de los elementos del ejército, aseguran que, para el esclarecimiento de los hechos, este tipo de investigaciones debe centrarse en el testimonio directo de las víctimas, “en condiciones dignas, de total imparcialidad y garantías de seguridad”.

Durante la conferencia matutina de este jueves (3), ante la pregunta sobre si elementos del ejército ratificaron su versión y encontraron armas en el vehículo, la presidenta Sheinbaum eludió el tema y se limitó a decir que los militares que dispararon ya se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la República. Mientras tanto, 17 personas fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración por parte de la Sedena.

Políticas migratorias deshumanizantes 

El posicionamiento de las organizaciones destaca que estos hechos no son accidentales ni aislados, sino “son consecuencia de las políticas migratorias restrictivas que el Estado mexicano sigue implementando”.

En especial, refiere el Colectivo, son consecuencia directa de ordenar el despliegue militar para la contención de los flujos migratorios “bajo una lógica de persecución y no de protección hacia las personas en movilidad, violentando y deshumanizando a las personas, poniendo en riesgo su integridad física, emocional y su vida”.

En su análisis, la estrategia de contención, centrada en la seguridad nacional, “exacerba el carácter securitista y de persecución, por encima de un enfoque de seguridad humana” y destaca que, en el marco del reciente traslado de la Guardia Nacional a la Sedena, existen “riesgos ampliados que implican para la vida y los derechos humanos de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, como son las personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional”.

El posicionamiento del Colectivo Frontera Sur reitera que las políticas migratorias mexicanas generan un contexto de violencia, precariedad y riesgo para miles de personas, causando graves violaciones de derechos humanos. Esto, explican, se debe que las personas en movilidad son orilladas a tomar vías riesgosas, clandestinas y cada vez más costosas, cayendo en redes de trata y tráfico pues destacan que, debido al avance de los grupos criminales en Chiapas se pone en mayor riesgo a las personas migrantes donde son expuestas al abuso, extorsión y muerte.

“El Estado mexicano ha sido omiso ante la situación de violencia en la región; así como en sus obligaciones de investigación y sanción de violaciones a derechos humanos y delitos que diversos agentes públicos han cometido, tanto por omisión como en colusión con dichos grupos criminales”, sostienen la veintena de organizaciones sociales. 

Para ello, ejemplifican con algunos casos, tales como lo ocurrido el 1 de octubre de 2023, cuando se registró un accidente en el municipio de Pijijiapan, en la costa de Chiapas, donde murieron 10 personas migrantes que eran transportadas en un camión. También, en 2021 se denunció otro accidente similar en Tuxtla Gutiérrez, donde murieron 55 personas que viajaban en un camión de carga. 

En otra ocasión, el 31 de octubre de 2021, elementos de la GN dispararon contra un vehículo particular donde iban 13 personas migrantes dando como resultado el fallecimiento de una persona de nacionalidad cubana y dejando otras dos lesionadas. 

“Estos hechos evidencian la omisión del Estado para garantizar los derechos humanos y la vida de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional. Además, constata que la política migratoria en México ha sido llevada desde enfoques y estrategias equivocadas, generando mayores factores de violencia y de desprotección, cuyas lamentables consecuencias viven personas y familias migrantes”.

Escucha y/o descarga el cuarto capitulo de nuestro programa radiofónico El Fogón de las Palabras “Viaje de Honduras a México” FOCA Casa de día. Comitán, Chiapas.

Había una vez…

una niña, su papá trabajaba vendiendo nieves en su troco en Honduras.

Una señora, a ella le da mucho miedo cuando mira las combis de la migración en México, tiene miedo que la deporten.

Lo que mas me duele fue dejar a mi nieta, mi primera nieta.

Una no sabe si va a regresar o no…

Historias de vida de mujeres que salieron de su país “abriendo camino hacia nuestros sueños”. Casa de Día, Comitán de Domínguez, Chiapas.

El Fogón de las Palabras es una serie radiofónica que recupera las historias creadas y narradas por distintas comunidades, colectivos y organizaciones de México y Guatemala, incluye leyendas, mitos, canciones, testimonios y relatos que nos cuentan las maneras de defender, resistir y crear otras formas de vida desde la esperanza.

Desde El Fogón de las Palabras buscamos abrir espacios de encuentro y escucha entre las personas y de éstas con su comunidad y otros territorios. Es por ello que nos damos a la tarea de difundirlo en radios comunitarias de todo el país. Además puedes descargar y/o escuchar el programa en nuestra página web y otras plataformas. Publicaremos los programas cada mes.

El Fogón de las Palabras es un proyecto de Promedios De Comunicación Comunitaria y Habitar la escucha: colectiva de proyectos interdisciplinarios.

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

Como ha ocurrido en los últimos tres años ante la omisión de autoridades estatales y federales, una vez más la crisis provocada por los enfrentamientos entre grupos criminales en la frontera sur de Chiapas alcanza niveles alarmantes de violencia, ocasionando terror, muerte y desplazamiento forzado entre la población civil.

En las últimas semanas, desde distintos municipios de las regiones de la Sierra Madre y su vecina, la Frailesca, pobladores han lanzado llamados de auxilio mediante redes sociales para alertar sobre el incremento de las agresiones. Entre ellas, destacan las amenazas de coacción por parte de grupos armados, para que civiles participen en bloqueos carreteros, de secuestro de hombres y mujeres, así como de ejecuciones.

Desde el pasado sábado (20) y por medio de una acción urgente, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas, todos y todes (Red TDT) confirmó el recrudecimiento de la violencia en comunidades de la región fronteriza del estado de Chiapas con Guatemala.

Mediante un comunicado, las organizaciones resaltaron que, por lo menos, desde el domingo 14 de junio, se registró un aumento en las hostilidades entre los grupos armados del crimen organizado quienes desde 2021 se disputan el control de la zona fronteriza.

Ante esta situación, la RedTDT llamó a las autoridades federales y locales para la intervención imediata y garantizar la protección de la población de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo.

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Migrantes que entraron a Estados Unidos desde México hacen fila para ser procesados ​​por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EEUU.}

Los abusos de la Patrulla Fronteriza y su involucramiento en el fallecimiento de migrantes que intentan cruzar la frontera entre México y EEUU son temas de un reciente informe que revela cómo las políticas migratorias norteamericanas minimizan y subregistran el número de muertes causadas por el abuso del poder y las leyes que criminalizan a las personas en movilidad.

Sólo en una década, entre los años 2012 y 2022, la base de datos recopilada por la organización norteamericana No más muertes demuestra un mayor número de fallecimientos que los datos proveídos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP, por sus siglas en inglés).

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Informe de organizaciones de la sociedad civil en Chiapas sobre la violencia en la región frontera.

 Descarga el informe aquí

La frontera de Chiapas con Guatemala se encuentra desde aproximadamente 2021 atravesada por un conflicto armado no reconocido basado en la disputa territorial de estructuras de la delincuencia organizada por el control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales, así como de la propia vida de la población local. Esta zona, conocida como región frontera, comprende los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Escuintla, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista.

Por su ubicación geográfica y recursos naturales estratégicos, Chiapas es un territorio clave para el control e impulso de economías legales e ilegales. Cabe resaltar que la región, cuya población es ampliamente indígena, es históricamente abandonada por el Estado. La zona fronteriza, epicentro de la crisis de violencia actual, alberga a población indígena del pueblo Mam, población mestiza, así como comunidades Jacaltecas, Q’anjoba’les, Akatecas y Quichés, algunas de ellas descendientes del exilio guatemalteco de los años 80.

El punto de inflexión que destapa la disputa entre grupos criminales en el estado son los hechos ocurridos el 7 de julio de 2021. Ese día fue asesinado Gilberto Rivera, “El Junior”, hijo del operador de uno de los grupos de la delincuencia organizada que mantenía el control en el estado, y cuyo homicidio fue reivindicado por el grupo criminal antagónico.El año 2023 ha tenido varios picos importantes de violencia. Destaca la violencia ocurrida en el mes de mayo, cuando se enfrentaron grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, impactando a comunidades vecinas, todas del municipio de Frontera Comalapa. Esto provocó que alrededor de 3,500 personas se desplazaran de manera forzada de sus comunidades, poniendo en riesgo su vida, seguridad e integridad personal.

A lo largo del año y hasta la fecha, la población civil ha sido tomada como rehén, utilizada como escudo, forzada a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos en disputa. Se cortaron suministros básicos, como alimentos, gasolina, gas, luz eléctrica o servicio de compañías telefónicas, manteniendo a la población en vilo y zozobra, incomunicada, bajo escasez de alimentos e incluso con la imposibilidad de desplazarse. Además, resulta de gran preocupación el fenómeno de la desaparición. Es difícil documentar en la región fronteriza debido a la escasez de denuncias que deriva tanto de la falta de confianza en las autoridades como del miedo al que está sometida la población. Sin embargo, incluso las cifras oficiales revelan un alza.De acuerdo a la documentación que sirve de fundamento al presente informe, los grupos criminales desarrollan varias estrategias para conseguir el control del territorio. Se documentaron enfrentamientos generalizados y recurrentes, vigilancia permanente, ocupación física de parcelas privadas que incluso vuelve a las personas ajenas a sus propias tierras; entre otras. De igual manera, los grupos se abocan al control de la población : a través de acciones que buscan fomentar la aceptación social, con estrategias de persuasión, pero también con violencia por ejemplo el reclutamiento forzado.

La “economía del conflicto” que se ha instalado en la zona incluye el despojo de la población, el aumento de las extorsiones, el cierre de negocios, la explotación sexual de niñas y mujeres; con impactos económicos, sociales y psicológicos importantes. De manera general, las personas que viven en la zona ven su vida cotidiana afectadas en casi todos sus aspectos, sin que siempre sea fácil identificar los motivos de los grupos presentes.

A nivel institucional, aparece que la delincuencia organizada se ha insertado en los servicios de salud, recolección de basura, unidades administrativas de gobierno, abastecimiento de alimentos, educación en los distintos niveles, entre otras. El control de estas instituciones es no obstante ambivalente, y según el grupo y el estado del conflicto en la zona puede pasar de cooptación y financiación a casos donde las instituciones deban permanecer cerradas o abiertas a pesar de que haya enfrentamientos.

Informe de organizaciones de la sociedad civil sobre la violencia en la región frontera de Chiapas

Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos.

Descarga aquí

Las consecuencias del terror, del control de los cuerpos, mentes y territorios son terribles para la población. Miles de personas se han visto obligados a desplazarse, sin que sea posible documentar con precisión cuantas y con que destino. Sin embargo, podemos afirmar que la combinación de las violencias físicas, económicas, psicológicas y sexuales han arrojado al desplazamiento forzado interno a al menos 7,500 personas en la región entre el mes de junio del año 2021 y noviembre del 2023. En algunas comunidades se habla del 15% de su población total desplazada de manera forzada. Estas formas de control y de infiltración también debilitan y fragmentan a las organizaciones sociales y campesinas, destruyendo y manipulando las dinámicas de toma de decisiones y de sanciones internas y, en última instancia, erosionando el sentido profundo de la vida comunitaria.

Las prácticas de los grupos de la delincuencia organizada en la región frontera de Chiapas producen una situación generalizada de violaciones graves de derechos humanos cuyas implicaciones atentan contra el sentido más básico de protección humanitaria. La evaluación de estos impactos puede ser problemática a primera vista en la medida en que no son agentes estatales quienes están violentando directamente los derechos humanos. A su vez, de momento no hay un reconocimiento oficial de la existencia de un conflicto armado interno (o Conflicto Armado no Internacional) en la zona. Sin embargo, sí existen grupos armados con la capacidad para generar graves impactos a la vida, la dignidad y la integridad personal de todos sus habitantes, quienes no forman parte del conflicto y cuya protección sí es responsabilidad del Estado.

Ante este panorama, las formas de intervención estatal han sido ante todo de omisión, aquiescencia y en algunos casos de colaboración. Ante la indefensión generalizada derivada de la disputa territorial entre los grupos de la delincuencia organizada, la población en repetidas ocasiones ha reclamado la urgente intervención del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. En contraste, ha sido a su vez la inacción y connivencia por parte de los elementos de las fuerzas de seguridad del estado lo que ha llevado a que haya demandas por parte de la población civil exigiendo su retirada de ciertos lugares.

De hecho, en toda la región fronteriza asolada por el conflicto armado, la delincuencia organizada interactúa con funcionarios del gobierno conformando estructuras criminales que intervienen y agravan las tensiones y el conflicto por el control territorial. Tal es el grado de inserción en las estructuras de gobierno que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que “todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio”.

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

^{En portada: Personas en movilidad esperan, en vano y bajo la nieve, la respuesta de la Patrulla Fronteriza ante un llamado de socorro en la frontera sur de Arizona. Foto: No Más Muertes}

La noche del sábado (10), la organización humanitaria No Más Muertes reportó que aproximadamente 400 personas en movilidad, solicitantes de asilo quienes cruzaron el muro fronterizo en Sásabe, Arizona, al sur de los EEUU, contabilizaban más de 36 horas esperando a ser recogidas por la Patrulla Fronteriza en medio de temperaturas bajo cero.

No obstante, los elementos de seguridad nunca respondieron al llamado de emergencia. Ante la acumulación de nieve, voluntarios de No Más Muertes, Tucson Samaritans y Green Valley Samaritans comenzaron a evacuar a la gente en dirección a la estación de la Patrulla Fronteriza en Sásabe.

Debido a la acción, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron y amenazaron con arresto a muchos de los voluntarios. Ante el cuestionamiento de las organizaciones humanitarias por su inacción, los elementos de seguridad argumentaron que no tenían previsto salir para atender el llamado de socorro de los solicitantes de asilo.

“A medida que la nieve se derretía y las condiciones de la carretera se volvían fangosas, los vehículos de los voluntarios continuaron evacuando a la gente a pesar de las amenazas de arresto, en previsión de que esta noche las condiciones fueran más peligrosamente frías”, detalla un comunicado de No Más Muertes.

Las organizaciones denunciaron que, pese a su traslado, la Patrulla Fronteriza se negó a permitir el ingreso a la estación de los migrantes para ser procesados. “En el momento de escribir estas líneas, hay más de 250 personas expuestas a los elementos fuera de la estación de Sásabe. A pesar de que la situación persiste desde hace más de tres meses, la Patrulla Fronteriza no ha asignado recursos suficientes para hacer frente a esta crisis”, reclamó la organización humanitaria.

Frente a la emergencia, No Más Muertes exige una respuesta de las autoridades para establecer refugios adecuados, centros de calentamiento y otras necesidades básicas para quienes buscan seguridad y asilo en el sur de Arizona. “No se puede dejar a la gente a la intemperie en unas condiciones que ponen en peligro su vida”, sostuvo la organización.

Abandonados para morir

Desde su fundación en el año 2004, No más Muertes ha dado seguimiento al enfoque letal de vigilancia de la frontera entre EEUU y México. Según Naciones Unidas, ésta constituye la ruta migratoria terrestre más mortífera del mundo. Es también, de acuerdo a la organización humanitaria, el lugar donde la Patrulla Fronteriza ha diseñado un sistema ineficaz de respuesta de emergencia, la cual “permite a una agencia abusiva responder unilateralmente a las llamadas de emergencia de las mismas personas que sus políticas están diseñadas para poner en peligro”.

Desde la presidencia de Bill Clinton, durante la última década del siglo XX, la política migratoria implementada por el gobierno federal norteamericano se rige por la denominada “prevención a través de la disuasión”, la cual consiste en militarizar y vigilar las rutas migratorias con mayor tráfico para obligar a los migrantes a cruzar por terrenos más hostiles, colocándolos en grave peligro de muerte.

Según un reportaje publicado en medios norteamericanos, difundido en diciembre del 2022, un informe federal del año 1997 señalaba que las “muertes de extranjeros” podía ser un indicador de que la estrategia, considerada dentro del plan de 1994 creado por la Patrulla Fronteriza, estaba funcionando.

Acorde a los registro de la Patrulla Fronteriza, entre los años 1998 y 2020, 8,000 migrantes murieron tratando de cruzar la frontera entre México y EEUU. Mientras tanto, entre 1990 y 2021, el financiamiento de la agencia de seguridad se multiplicó por más de diez.

A través del informe Desaparecido, cómo las agencias de control fronterizo de EEUU están alimentando una crisis de personas desaparecidas, defensores sugieren que, si se tiene en cuenta el alto índice de desapariciones, el número real de muertos en la frontera puede ser de tres a diez veces superior al de los que han sido recuperados.

En este contexto, para No Más Muertes, lejos de constituir una tragedia accidental, “la práctica de la Patrulla Fronteriza de abandonar a personas para que mueran en territorio estadounidense se encuentra en el corazón de la estrategia contemporánea de control fronterizo”.

La organización humanitaria detalla que, a diario, los agentes de la Patrulla Fronteriza emplean tácticas mortíferas para perseguir y dispersar a las personas en terrenos peligrosos y remotos; además, retiran y destruyen sistemáticamente los suministros humanitarios esenciales que quedan a lo largo de los corredores migratorios más mortíferos de la frontera.

Para No Más Muertes la negligencia sistemática de la Patrulla Fronteriza hacia los informes de emergencia de personas indocumentadas en peligro, “constituye un crimen de Estado de proporciones históricas”.

“Sólo la abolición de las políticas y prácticas de la Patrulla Fronteriza que provocan que las personas se pierdan, desaparezcan y resulten heridas en terrenos salvajes pondrá fin a las muertes en la frontera sur”, concluye la organización humanitaria.

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Migrantes haitianos, procedentes de Sudamérica, esperan los transportes que el INM prometió para llevarlos fuera de la ciudad de Tapachula, donde permanecen sin acceso a servicios básicos y en condiciones insalubres. Diciembre, 2011. Foto: Santiago Navarro F.}

La tarde de este miércoles (31), organizaciones de derechos humanos e integrantes del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur denunciaron la muerte de Jean “N”, persona de nacionalidad haitiana quien falleció el pasado 27 de enero en la estación migratoria Siglo XXI, localizada en Tapachula, al sur de Chiapas.

Según la denuncia, la reciente muerte se suma a una larga lista de personas migrantes que han muerto al interior de las estaciones migratorias mexicanas. “La muerte de Jean ‘N’ no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de muertes de personas extranjeras bajo custodia del Estado Mexicano”, enfatiza el colectivo mediante comunicado.

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Las organizaciones que trabajan en el monitoreo de la movilidad de personas en la frontera sur de México señalan que han documentado que, tras la privación de su libertad, las personas migrantes son sometidas “a condiciones de hacinamiento, insalubridad, falta de servicios médicos, alimentación precarizada, malos tratos físicos y psicológicos, abusos sexuales, lo que en su conjunto constituyen entornos torturantes para las personas”.

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Asunto: Situación de violencia en la región fronteriza de Chiapas con Guatemala

Estimados Señores y Señoras,

Reciban un cordial saludo del Movimiento Sueco para la Reconciliación – SweFOR y del Servicio Internacional para La Paz (SIPAZ).

SweFOR es una organización sueca de carácter ecuménico creada en el 1919 que lleva más de 20 años de presencia en el Estado de Chiapas. El objetivo de SweFOR en México es brindar acompañamiento integral a personas defensoras de derechos humanos con el fin de procurar garantía de protección a su trabajo.

SIPAZ, como organización internacional sin fines de lucro con presencia permanente en México desde 1995, trabaja para la disuasión y prevención de la violencia socio-política, la transformación positiva de los conflictos y el respeto de los derechos humanos en Chiapas y, de forma puntual, en Oaxaca y Guerrero.

Nos dirigimos a ustedes con el fin de expresar nuestra preocupación por la situación de violencia armada que se extiende en la región fronteriza del estado de Chiapas con Guatemala desde el año 2021 y por  su impacto sobre la población civil y las personas defensoras de derechos humanos.

Desde el año 2021, el estado de Chiapas se encuentra asolado por una disputa entre grupos de la delincuencia organizada que se ha recrudecido de manera particularmente violenta en la región de la frontera con Guatemala, que comprende municipios de la Meseta Comiteca – Tojolabal y de la Sierra Mariscal. Según información reportada por organizaciones con acceso a la región afectada, esta confrontación está impactando fuertemente a la población civil, a través de actos de desaparición forzada, tortura, reclutamiento forzado, explotación sexual, extorsión y desplazamiento y otras estrategias de control de la población

Desde SweFOR, este panorama de violencia nos preocupa por el estado de indefensión en que se encuentra la población civil, pero también por la situación de las personas defensoras de derechos humanos. Hemos recibido información procedente de la zona fronteriza de Chiapas  con Guatemala de casos de asesinato, tortura y desaparición de personas defensoras que ejercían actividades de defensa – denunciando la vulneración de los derechos de la población civil, o negándose a sostener uno o el otro contendiente -, y cuya perpetración parece tener propósitos ejemplarizantes. Ello ha llevado a diversas personas defensoras de derechos humanos a buscar refugio lejos de sus comunidades de origen y a suspender sus actividades de defensa de los derechos humanos.

Entre las personas defensoras que han sido objeto de violencia en la zona fronteriza se cuentan defensores comunitarios, servidores de la Iglesia Católica, autoridades comunitarias y funcionarios públicos.

Nos inquieta que, según las organizaciones presentes en la región,  este escenario se estaría desarrollando  ante la inacción de las autoridades, siendo la militarización de todo el estado la única respuesta, sin efecto consistente para frenar la violencia.

Cabe resaltar que Chiapas es uno de los estados más militarizados del país, contando en junio de 2022 con el despliegue de un total de 17 mil 160 elementos de la SEDENA y de la Guardia Nacional, según datos de la SEDENA.

El aumento exponencial de la violencia y las omisiones del Estado están resultando en el cierre completo del espacio de acción para la defensa de los derechos humanos, y nos preocupa que ante ello no se estén implementando mecanismos de protección.

Por la extrema alarma que debería suscitar la situación descrita, llamamos a las autoridades nacionales y a las instancias internacionales que actúen con celeridad para poner fin a la situación de violencia en la zona de la frontera entre Chiapas y Guatemala, y a la protección y garantía de los derechos de la población, incluyendo las personas defensoras de derechos humanos..

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{Foto de archivo. Migrantes esperan autobús en la terminal camionera. Por Santiago Navarro F}

Los albergues y organizaciones de la sociedad civil que atienden y acompañan a personas migrantes y con necesidades de protección internacional denunciaron que la Ciudad de México vive una emergencia humanitaria, “producto de las políticas migratorias restrictivas que actualmente se implementan, que son insostenibles”, manifestaron en un comunicado.

Desde hace dos años las organizaciones y albergues han venido señalando las consecuencias de los cambios en la política migratoria estadounidense y la colaboración del gobierno mexicano en dicha política. “México se ha consolidado como la frontera externalizada de Estados Unidos: firmando acuerdos en la total opacidad, que han tenido graves consecuencias en los derechos humanos de las personas migrantes en territorio mexicano. A raíz de estos acuerdos, miles de personas se quedan atrapadas, irregularizadas e inmovilizadas en cada vez más ciudades de todo el país”, dicen.

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La Ciudad de México se ha convertido en un punto estratégico para el tránsito y destino de miles de personas migrantes. Lo que ha derivado en la sobresaturación de los albergues y espacios de acogida de la sociedad civil, que desde hace un año han estado atendiendo hasta en un 900% de su capacidad instalada. “Insistimos: la crisis humanitaria que actualmente se vive en la Ciudad de México es responsabilidad de las autoridades y no de las personas migrantes y solicitantes de protección”.

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Señalan que cada vez más las personas que llegan a la Ciudad de México permanecen por estancias largas e incluso indefinidas, lo que convierte a la capital en un lugar de destino y “amerita políticas públicas integrales de atención e integración”.

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

^{En portada: Familias migrantes en los alrededores de una estación de autobuses en Tuxtla Gutiérrez}

Fueron 12 las personas en movilidad humana que perdieron la vida la semana pasada en diferentes momentos, pero no fortuitos. A decir de los defensores de los derechos humanos, la situación responde a una política violenta e inhumana que implementa el Estado mexicano.

El jueves 28 de septiembre, un camión tipo volteo se volcó a la altura del kilómetro 125 de la vía terrestre Malpaso-La Herradura, en Chiapas. En el vehículo viajaban hacinadas 52 personas, de las cuales dos fallecieron y 27 fueron llevadas a atención médica a Tuxtla Gutiérrez, entre ellas seis menores de edad.

Un total de 24 son originarias de Guatemala, una de Ecuador, una de Venezuela y de una persona no se logró determinar su nacionalidad.

La madrugada del 1 de octubre, una segunda volcadura terminó con la vida de 10 mujeres, de 27 personas de origen cubano que trasladaba la unidad tipo tortón. El accidente ocurrió en el kilómetro 134 del tramo carretero Pijijiapan-Tonalá, Chiapas, donde estos sucesos se han vuelto recurrentes.

Las 17 personas restantes, resultaron con heridas de gravedad: 16 fueron trasladadas al Hospital de Pijijiapan y una más fue canalizada al Hospital de Huixtla, pero la dependencia de salud permanece hermética sobre la condición de los hospitalizados.

“El Estado debe realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre las causas y responsabilidades de este accidente y brindar atención a las víctimas y sus familiares”, se pronunció el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur.

Integrado por diversas organizaciones con presencia en Chiapas, el Colectivo reiteró que los hechos no son aislados, sino consecuencia directa de la política que restringe, contiene y detiene los flujos migratorios.

“Es preocupante que estas políticas generen un contexto de violencia, precariedad y riesgo para miles de personas que por diversas razones han tenido que salir de sus países”, señaló el Colectivo, pues les obligan a recurrir a vías inseguras, clandestinas y expuestas al abuso, la extorsión y la muerte.

Pidió respeto al derecho a la identidad y dignidad de las personas fallecidas, facilitar la identificación y entrega a familiares, así como el traslado y la sepultura, “que se repare el daño integral a las víctimas y sus familias”.

Los defensores que integran el Colectivo exigieron justicia, pues recordaron que hace dos años en el accidente del tramo Chiapa de Corzo-Tuxtla en el que fallecieron 55 personas y 114 resultaron heridas, las familias nunca encontraron reparación del daño.

Se expande la contención en Chiapas

El pasado 26 de septiembre, el Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que el comisionado Francisco Garduño Yáñez “despresurizó” a 8,152 personas que esperaban turno en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula, Chiapas.

Es decir, trasladaron a las personas en movilidad humana usando 189 autobuses y 73 camionetas tipo Van a Tuxtla Gutiérrez, Huixtla, San Cristóbal y Palenque, Chiapas; además de Villa Hermosa, Tabasco y Acayucan, Veracruz.

Pero estos traslados no son nuevos, comenzaron poco después del incendio de la estancia migratoria del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua. “Los traslados se hacen desde el puente de ingreso en Suchiate hasta Tuxtla y recientemente a otros estados de la república”, explicó a Avispa Mídia Karen Martínez, del Servicio Jesuita a Refugiados.

“Oaxaca es otro de los estados que se ha estado saturando porque los autobuses también las llevan para allá, pero el INM no brinda información clara y no indica a cuántas personas ha traslado en total, tampoco hay un control”, dijo Martínez.

Las organizaciones del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur han documentado la salida de al menos 10 autobuses a diario desde Suchiate y Tapachula, que viajan con alrededor de 40 personas a bordo.

En testimonios recabados de personas migrantes y solicitantes de asilo que llegaron a Tuxtla Gutiérrez por esta vía, el traslado se les otorga a cambio de firmar documentos en los que pierden sus derechos para regularizar su estatus o acceder a la protección internacional.

Pero si las personas intentan irse de Tuxtla Gutiérrez a la Ciudad de México son interceptadas en alguno de los cinco retenes del tramo Chiapas-Veracruz, en los que incluso participa la Fiscalía General de la República (FGR), y son retornadas a la capital chiapaneca.

Yannet Gil Ardon fundadora del albergue “Una ayuda para ti mujer migrante” dio cuenta que las personas en movilidad que son detenidas en el norte de México también son trasladadas a Tuxtla Gutiérrez, “el INM las viene prácticamente a tirar a las terminales de autobuses y les quitan o destruyen sus documentos oficiales”.

“La nacionalidad más acentuada es de Venezuela y regularmente son familias”, dijo la defensora a Avispa Mídia. Además, mencionó que están incrementando los casos de personas desaparecidas, “llegan sujetos a las terminales a ofrecerles ayuda, se las llevan y no sabe más de ellas”.

Paran los números

Tras el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que 40 personas perdieron la vida, la dinámica del INM cambió de forma superficial. Se anunció el cierre de poco más de 30 estancias provisionales migratorias a razón de un diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las condiciones de las mismas.

El estudio se realiza sin tomar en cuenta a las principales víctimas de las violaciones a los derechos humanos en esos espacios y que, por años, han sido documentadas por periodistas y defensores de los derechos humanos.

Desde julio las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) no se han actualizado, pero hasta ese mes reportó la “entrada irregular” de 317,334 personas: 93,732 mujeres y 223,602 hombres.

Un total de 140,671 son procedentes de América del Sur y que supera por mucho a Centroamérica con 102,106 entradas. Con 87,063 registros, Venezuela es la nacionalidad con mayor reporte de migración irregular, seguido por Honduras con 50,655, Guatemala con 35,426 y Ecuador con 30,252, por mencionar algunos países.

Este reporte también menciona que 117,076 personas fueron detenidas en Chiapas en la primera mitad del año, con mayor número en Tapachula (58,447), Suchiate (11,541), Huixtla (11,223), Arriaga (8,859), Huehuetán (7,151) y Palenque (4,718).

Mientras que, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados publicó que hasta agosto registró 99,881 solicitantes, 33,127 más que en el mismo periodo pero de 2022. En la actualidad, Haití, Honduras, Cuba, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Brasil y Chile, encabezan la lista.

Sin embargo, los números no muestran la realidad de la cantidad de personas esperando ser atendidas en los diferentes municipios de Chiapas. Algunos testimonios refieren que incluso no pueden hacer la cita por la plataforma digital, pues la geolocalización les pide estar en el norte del país, a donde, por más intentos que hagan, no pueden avanzar.