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Megaproyectos

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CDH Fray Bartolome de las Casas

No al gobierno por decreto. No es desarrollo, es despojo

México, reconocemos y denunciamos las consecuencias negativas e irreversibles sobre nuestros pueblos, territorios y la naturaleza con la que convivimos y cuidamos, que se derivan del Acuerdo presidencial emitido el 22 de noviembre de 2021, (DOF: 22/11/2021) por lo que… EXIGIMOS SU DEROGACIÓN INMEDIATA

El decreto, mal llamado Acuerdo, tiene dos puntos centrales:
1. Declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medioambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional; y deja abierto además a todos aquellos que el gobierno considere que “por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional”.

2. Establece además que las diferentes instancias gubernamentales relacionadas, deben otorgar una autorización provisional en 5 días luego de presentada la solicitud y que si ésta no se expide, se entenderá resuelta en sentido positivo. Dichas instancias tendrán un año para tomar una resolución definitiva.

El decreto contraviene varios artículos de la Constitución y viola una serie de leyes existentes, como detalla Francisco López Bárcenas (Gobernar por decreto, La Jornada, 27/11/21).

Es la legitimización de cualquier proyecto del gobierno federal para ejecutarse sin cumplir los requisitos y los términos de ley que evalúan su impacto en el medio ambiente, su legalidad en el ámbito de la propiedad y la no violación de los derechos humanos como el derecho a la consulta previa, libre e informada establecida en las leyes nacionales y tratados internacionales, esto intenta excluirlos de la esfera legal y refrenda nuevos despojos de nuestros derechos, tierras, aguas, bosques y territorios.

Estas resoluciones llamadas provisorias por un año, intentan poner en situación de acto consumado los megaproyectos del gobierno, impidiendo el amparo y protección de la justicia a través del juicio de garantías, ya que si no se impide su realización, generarán impactos negativos irreversibles debido al tipo de obras de infraestructura, tala de bosques y selvas, contaminación de agua, inundaciones, arrasamiento de tierras y poblados. El acuerdo es en realidad una sentencia de muerte a las comunidades y territorios afectados.

Adicionalmente es una legalización de la represión y persecución a quienes legítimamente nos organizamos y defendemos nuestros territorios y vidas ante los impactos irreversibles de estos proyectos sobre los que ni siquiera habremos sido informados, consultados ni dado nuestro consentimiento. En el gravísimo contexto del avance de la militarización del país que promueve y favorece el gobierno, esto es una declaración de impunidad ante la represión contra los pueblos indígenas y campesinos, quienes hemos vivido y cuidado los territorios desde tiempos inmemoriales y mucho antes de la constitución del Estado Mexicano. Para muestra basta con leer lo que declaró el director general del proyecto Interoceánico del Istmo de Tehuantepec Rafael Marín sobre el decreto-acuerdo: “éste no sólo facilitará la reducción de los trámites y tiempos que impiden el avance de las obras, sino también garantizará la intervención veloz de la autoridad para contener probables bloqueos ;esto nos va a ayudar a hacer más ágil la tramitología y por el otro, pues el que se declaren instalaciones estratégicas los proyectos, también nos ayudan a que puedan intervenir inmediatamente las autoridades en caso de bloqueos y este tipo de cosas”.

Son los mismos empresarios y partidos que han cuestionado este decreto por sus intereses comerciales y politiqueros que en gobiernos anteriores impusieron este mismo tipo de proyectos a nuestros pueblos, y contra quienes hemos protestado, denunciado y resistido igualmente desde hace muchas décadas, de lo cual hay numerosos testimonios e historia escrita. Entre éstas, las luchas y denuncias del Congreso Nacional Indígena desde 1996 al presente en todo el país, los testimonios asentados en más de 40 pre-audiencias y audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México entre 2011 y 2014, los testimonios de devastación territorial y ambiental en verdaderas zonas de sacrificio en más de 10 regiones del país, también constatadas por caravanas y misiones de pueblos y organizaciones nacionales e internacionales en 2020-21.

Mucho antes de 2018, nuestros pueblos ya estaban denunciando la devastación generada por infinidad de megaproyectos que ahora serán considerados estratégicos y de seguridad nacional: megaproyectos carreteros, hidráulicos, energéticos, de infraestructura que invaden y despojan nuestros territorios, como el Proyecto Integral Morelos, el Corredor Transístmico, y el mal llamado Tren Maya, contra el que muchas comunidades nos hemos amparado.

Igual se pronunciaron las comunidades, movimientos y organizaciones en el Pronunciamiento del Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte, del 17 de enero de 2022, donde afirman los pueblos: “el Decreto Presidencial del 22de noviembre de 2021 representa una nueva embestida contra quienes defienden la vida porque, a pesar de que los megaproyectos se han impuesto sin el consentimiento de nuestros pueblos y a través de la fuerza, hoy el despojo y la imposición se legalizan intentando anular la posibilidad de la acción organizativa y de la acción legal” (https://www.centrodemedioslibres.org/2022/01/20/pronunciamiento-del-enc…).

Sabemos que la SCJN suspendió la aplicación de este acuerdo en atención a lo planteado por el INAI, pero solamente en sus aspectos relacionados al acceso a la información, mientras que las consecuencias del decreto son mucho más amplias.

Comunidades y organizaciones del Congreso Nacional Indígena han interpuesto 17 amparos con reclamos de fondo. Uno de éstos fue aceptado y el juzgado en Puebla ha concedido un recurso de suspensión de la aplicación del acuerdo. (https://tinyurl.com/465yt4ek) En la mayoría de los demás amparos, los tribunales han contestado planteando a las comunidades indígenas dificultades innecesarias, demandando trámites complementarios absurdos y/o declarándose incompetentes, lo cual en los hechos es una negación al acceso a la justicia a los pueblos indígenas.

Denunciamos también que aunque muchos medios masivos quieran presentar una imagen como si los empresarios y algunos partidos políticos fueran críticos al decreto, en realidad su principal preocupación es que este decreto sólo favorece a algunas empresas nacionales y trasnacionales que trabajan en los proyectos considerados prioritarios por el gobierno, cuando lo que quisieran es que la suspensión de derechos y obligación de cumplir con las leyes ambientales y de consulta se aplicara a todas sus empresas y sus actividades.

Como manifiestan las organizaciones indígenas y campesinas de Oaxaca (https://tinyurl.com/f36nu9nt), lo que este gobierno y los anteriores llaman “desarrollo nacional” no es tal, sino un renovado plan para el despojo.
Denunciamos la utilidad pública al servicio de los intereses privados. Es utilidad privada y despojo público.

Exigimos la derogación inmediata del decreto…
Llamamos a todas las comunidades y pueblos a denunciar y…
Resistir por todas las vías pacíficas y de ley.
2 de febrero de 2022, día de la Candelaria.

Red en Defensa del Maíz: Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, SC. Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca. Asamblea de defensores del Territorio Maya Múuch’Xíinbal. Centro Nacional de Ayuda a Misiones Indígenas (Cenami). Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz. Desarrollo Económico y Social para Los Mexicanos Indígenas (Desmi), AC. Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam). Colectivo por la Autonomía. Grupo ETC. GRAIN. Ejidos en Defensa del Territorio Maya. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruíz García, Chicomuselo, Chiapas. Jóvenes Ante la Emergencia Nacional. Casa Temilco. Espacio de Todos para la Defensa Comunitaria (ETCO). Sección XXII CNTE-SNTE. Guardianes del Mar. Colectivo Xa´aybej. CODEDI. Frente de la Juventud Comunista. Partido Comunista de México. Frente Peninsular de la Resistencia Popular. Pueblo de Loma de Bacum de la Nación de la Tribu Yaqui. Lagos de Colores. ZODEVITE. Misión de Bachajón, Chiapas. Comuneros de San Pedro Atlapulco. Magdalena Gómez. Evangelina Robles González. Lorenzo Moreno Pajarito. Julián Vázquez Guzmán. Colectivo Matza de San Miguel

Descarga el Pronunciamiento Conjunto en PDF aquí

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Avispa Midia

México | Empresa de EEUU explota ilegalmente una mina y no es sancionada

Por Avispa

La empresa Sac-Tun, subsidiaria de la empresa estadunidense Vulcan Materials Company, explota una mina de materiales pétreos para la construcción en la selva de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, mantiene sus operaciones de extracción y envío marítimo, a pesar de que la concesión federal para la exportación ya se le venció.

En la conferencia mañanera el lunes (31), el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que la empresa tiene un predio de 4 mil 200 hectáreas dividido en tres concesiones, dos de las cuales están vencidas y una que de forma irregular no tiene plazo de vencimiento. Además, posee la concesión de un muelle para exportar los materiales obtenidos a Estados Unidos, el cual también está operando sin permisos de exportación.

La empres exporta a Estados Unidos alrededor de 6 millones de toneladas anuales de arena y grava. Una investigación del periodista Xavier Méndez Camacho, realizada para el periódico El Despertador de Quintana Roo, en 2018, demostró que la empresa fornecía material al gobierno de Donald Trump para la construcción del muro a lo largo de la frontera con México.

El terreno en el cual la empresa opera sin permiso está ubicada aproximadamente a un kilómetro del Caribe. Ha extraído tal cantidad de material pétreo que ya acabó con el suelo a tal grado de que, el acuífero que cuza por esa zona, brotó y, ahora inunda gran parte del terreno de la mina con agua de color azul turquesa.

El gobierno federal se niega a renovar las concesiones alegando que la actividad causa daños ambientales, lo que ocasionó que la empresa demandara a México en un tribunal internacional para exigir una indemnización de mil 500 millones de dólares. “No se va a permitir nada de extracción a partir de marzo”, dijo Obrador.

Para evitar que la demanda contra México continúe en tribunales internacionales, el gobierno federal hizo una propuesta a la empresa. “Ofrecemos darles facilidades para que utilicen los terrenos en un proyecto turístico, respetando las normas de uso de suelo, es decir, no se trata de construir 20 mil cuartos de hotel, sino los que puedan realizarse con la conformidad de las normas”, dijo el presidente.

De acuerdo con el mandatario, la empresa dará a conocer a sus acciones la propuesta. Si aceptan, se “espera que quiten las demandas y sino vamos a defendernos legalmente como se está haciendo”, sostuvo.

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Avispa Midia

A pesar de concluida la consulta en Unión Hidalgo, EDF no puede iniciar parque eólico

Por Renata Bessi y Aldo Santiago

Después de cuatro años del inicio de la Consulta Indígena en la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, para la construcción del parque eólico de la francesa EDF (Electricité de France), el sábado (29) se concluyó, bajo protestas de comuneros de la comunidad, la etapa deliberativa de la consulta. Alrededor de 1,400 personas comparecieron, de una población de 15 mil, siendo que 800 personas votaron a favor del proyecto.

“Hay varias denuncias, en medios locales, de trabajadores del municipio que fueron obligados a ir a la consulta, bajo la consigna de que si no iban se les descontaba el día o les retrasaban el pago de la quincena”, dijo Andrea Manzo, quien hace parte de la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, a Avispa Midia.

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El interés del presidente municipal, Juan Jesús Martínez Rasgado, cuya toma de protesta fue en enero de 2022, en llevar a cabo el proyecto eólico estuvo claro desde su campaña electoral. “Entre sus promesas de campaña estaba exigirle a EDF que cumpliera con ciertas obras públicas. Fue parte de su eslogan y hay prisa por cumplir ese eslogan”, detalla Manzo.

Además, durante todo el proceso de consulta, personas dentro de la comunidad estuvieron impulsando el proyecto lo que ha provocado una división en su tejido social, ya que se estigmatizó y se persiguió los defensores del territorio que están en contra del proyecto. “Son los que se reconocen como pequeños propietarios y quienes tienen contratos con la empresa”, uno de los sectores que han promovido el parque en la comunidad. “Quienes siempre hemos estado en contra, pues estamos constantemente siendo señalados y, en la asamblea, claro, se extrapolan esos ambientes de violencia y de señalamientos”, señaló Manzo.

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A pesar de casi concluido el proceso de consulta, existe un amparo interpuesto por comuneros de Juchitán, en conjunto con el equipo jurídico del Congreso Nacional Indígena (CNI), el cual impide que la empresa inicie la construcción del parque eólico. “El amparo que interpusimos es un amparo agrario en el cual reclamamos la posible privación de tierras por la construcción y operación del parque eólico en tierras que pertenecen a la comunidad agraria comunal de Juchitán”, explica para Avispa Midia, el abogado Carlos González, quien trabaja en el caso.

En una resolución emitida el 6 de septiembre del 2021, el Tribunal Colegiado de Oaxaca ordenó la suspensión de todos los proyectos en dicho territorio. “La suspensión es para que las cosas se mantengan en el estado en el cual se encuentran, evitando que se prive a la comunidad de sus bienes agrarios, de sus tierras, bosques y aguas”, hasta que haya una decisión definitiva sobre el amparo.

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El abogado aclara que la consulta llevada a cabo viola instrumentos internacionales del derecho indígena, ya que “no fue una consulta realizada de acuerdo a los estándares internacionales”; sin embargo, en términos de la resolución emitida por el Tribunal Colegiado, “en el sentido estricto, una consulta no genera la privación de tierras”.

Lo que estaría incurriendo en una ilegalidad, infringiendo el recurso que se ganó, “es la acción que se puede derivar de la consulta”, es decir, el inicio de la construcción del parque. “Si derivado de la consulta empiezan a construir el parque, entonces sí se estaría violentando la suspensión”, explica González. “Lo cierto, lo efectivo es que no se puede construir, no se puede colocar un solo ladrillo en terrenos comunales en Juchitán [considerando que Unión Hidalgo es un anexo del municipio de  Juchitán]”, sostiene.

De todos modos, el abogado sostiene que los comuneros de Juchitán, con la asesoría jurídica, están analizando posibles medidas para impugnar la consulta.

Para el caso de que se viole la suspensión del Tribunal Colegiado, la sanción sería aplicada, de acuerdo con el abogado, a las autoridades federales y municipales que dieron los permisos para la construcción y operación del parque. La ley de amparo prevé la “separación del cargo ante un juez penal”.

Foto: Renata Bessi

Lo que sigue

Con la asamblea realizada el sábado (29) la autoridad municipal dio por finalizada la etapa deliberativa de la consulta. Ahora seguiría la etapa de ejecución y seguimientos de acuerdos.

Durante la asamblea “se presentaron más de 30 propuestas de obras públicas y quedaron al final un poco más de 20 que se le iban a presentar a la empresa”, dice Manzo, para negociación.

“Es bastante lamentable como se llevó a cabo el proceso, sumamente violento (…), es bien revelador cómo han explotado la violencia en la comunidad entre los compañeros y las compañeras y, sobre todo, como se han posicionado los presidentes municipales en turno por beneficiarse de la entrada de estos megaproyectos”, analiza la integrante de la Asamblea de Comuneros.

Es cada vez más evidente también, “que los procesos de consulta no buscan el consentimiento de una comunidad (…), es solo un mecanismo más para que las empresas entren [en el territorio]; no hay nada que consultar, más bien es como un papeleo que se hace con todas las arbitrariedades legales”, sostiene Manzo.

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Antecedentes

Desde 2017, cuando se tuvo información de los trámites administrativos para la ejecución del megaproyecto eólico a cargo de EDF, la comunidad de Unión Hidalgo ha interpuesto diferentes recursos legales contra la construcción y operación del parque.

Entre las distintas sentencias a estas demandas, cabe destacar que en mayo de 2018, el Juzgado de Distrito 1º del Estado de Oaxaca con sede en San Bartolo Coyotepec dictaminó la suspensión definitiva del proceso de consulta indígena. Esto ocurrió un mes después que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) otorgó medidas cautelares a favor de la comunidad solicitando suspender temporalmente el proceso de consulta indígena.

Sin embargo, la Secretaría de Energía reactivó el proceso de consulta indígena el 30 de noviembre de 2018, y realizó una asamblea el 23 de marzo de 2019. “La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha documentado diversas situaciones dentro de estas dos asambleas que incluyen un ambiente tenso y que impiden el desarrollo de una consulta libre”, denunció la Organización  Mundial contra la Tortura en 2019, quien documentó como, paralelo al proceso de consulta, aumentaron los incidentes de seguridad contra los integrantes del Comité de Resistencia, así como participantes de la Asamblea de Comuneros.

El proceso de consulta había sido paralizado por los riesgos presentados por la pandemia de Covid-19.

Energía para la industria

El parque eólico ocuparía más de 4,500 hectáreas de terreno en tierras comunales. En comunicado, el colectivo Stop EDF Mexique contextualiza que la electricidad producida por EDF mediante sus tres parques eólicos que ya operan en el Istmo Tehuantepec no benefician a la población local, pues se suministra a multinacionales como la gigantesca cadena de supermercados Walmart.

“Una multinacional que viene a expoliar los recursos de las comunidades y a desmantelar sus formas tradicionales de vida y de organización política -asamblearias, no capitalistas, y que siempre han sabido cuidar su entorno-, mientras se atreve a explicarles que es por su bien, para ‘salvar el planeta’ y que es necesario participar en el ‘esfuerzo colectivo’ contra el cambio climático, aunque estas comunidades sean las que menos han contribuido a ello. El cinismo de un sistema en su peor momento”, denuncia la organización.

En la comunidad de Unión de Hidalgo ya está en operación un parque eólico de la española Demex. Además del parque de EDF, está previsto un tercer parque de la empresa Gamesa.

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 1 febrero 2022

 

ROMPIENDO FRONTERAS
CHILE: Ni un día más en a cárcel. La lucha por la libertad de las y los presos de la rebelión.
CHILE: Muerte de una reclusa por negligencia de la gendarmeria. La Zarzamora
PERU: Derrame de petroleo masivo por parte de Repsol contamina fauna, playas y areas naturales protegidas con 11,000 barriles de petróleo en la costa central de Perú, la multinacional Repsol y las autoridades responsables y complices. Jubileo Sur
UCRANIA: ¡Paz en Ucrania! Democracy Now

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUOS
MEXICO: Reclamo masivo ante el asesinato de comunicadores en México. Movilizacion en 67 ciudades de México por el  asesinato de al menos 3 periodistas en enero y 29 en la actual administracion federal. El dia 31 de enero sumarian 4 periodistas con el asesinato de Roberto Toledo.
LUCHA POR LA VIDA: Semblanza del espacio y los proyectos de la Galeria y cafeteria «La resistencia» en el centro del CdMx. Juan Perez
MORELOS: Asesinan a activista quien exigía justicia por su hija asesinada. Zona Docs
AYOTZINAPA: Criminalización de la lucha por la presentación con vida de los 43Previo a una jornada de manifestaciones los padres y madres fueron atacados por 800 policias. Tlachinollan
CDMX: Emplazan al gobierno a resolver y no criminalizar la protesta de la comunidad otomi. LLaman a foro para discutir sobre el acerco de arte indígena ante amenazas  y desprecio del INPI.
GUERRERO: Grupos criminales asedian comunidad en Guerrero con total impunidad,CIPOEG-EZ pide solidaridad ante posibles nuevos ataques. CNI

Música:

Fue una larga noche-Kekoyema

El rio me enseño- Casiopeo

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Paradoxus Luporum – Muerte a la Anarquía

Manu Chao – No a la mineria en Chubut

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Prensa Comunitaria

Chiquimula: autoridad Maya Ch’orti’ es detenida por oponerse a minera

Timoteo Váldez, es Maya Ch’orti’, originario de la comunidad Tuticopote del municipio de Olopa, en el departamento de Chiquimula a 220 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Timoteo Valdez es autoridad indígena espiritual, forma parte del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Ch’orti’, quien fue detenido este 30 de enero en el centro del municipio de Olopa. Denuncian que detrás están los intereses de una de las empresas mineras que operan de manera ilegal en este territorio, afirman en un comunicado.

La Central de Organizaciones Indígenas y Campesinas Ch’orti’ y el Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Ch’orti’, denunciaron a través de una alerta la detención de Timoteo a las 10 de la mañana en el pueblo. La autoridad indígena fue identificada en el momento en el que buscaba atención médica por padecer de quebrantos de salud.

En comunicado expresaron que  condenan la detención de la Autoridad Indígena y Guía Espiritual Timoteo Valdez por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), a bordo de la patrulla CHI-119, sin informarle el motivo de su detención. Denuncian que se encuentra en estado crítico de salud y que necesita atención.

“Dicha detención se da en el marco que, el día de mañana 31 de enero, 2022, el gobernador departamental de Chiquimula y responsables del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente, INAB y DIPRONA y la municipalidad de Camotán, se comprometieron a dar una respuesta sobre el cierre de la Mina Cantera el Porvenir, la cual tiene múltiples denuncias de explotación ilegal de minerales en tierras Ch’orti’ y destrucción de bosques comunales.” Afirman autoridades indígenas y campesinas del pueblo Ch’orti’.

La PNC publicó en su cuenta oficial en twitter, a las 14:18 horas una fotografía en la que trasladan a Timoteo Vásquez, Autoridad Indígena Maya Ch’orti’ al juzgado de Chiquimula, supuestamente requerido por los delitos de por los delitos de coacción, amenazas y extorsión e instigación a delinquir.

Foto PNC

Lea más sobre el rechazo a las empresas mineras en Chiquimula:

 

Autoría y edición

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La Zarzamora

Temuco: Comunidades mapuche se manifestaron en repudio a nuevo proyecto hídrico de Juan Sutil

Por: La Zarzamora

«Estamos en desacuerdo. No estamos contentos como lo señalo Juan Sutil, las comunidades se van a comenzar a organizar para rechazar la instalacion de cualquier proyecto que vaya a afectar nuestra Itxofil Monguen y sobre todo en este periodo en que estamos en escaces hídrica»

Lonko Cristina Painemal

Durante la mañana de este viernes 28 de enero, las comunidades que serían afectadas con el proyecto hídrico que pretende emplazar el empresario Juan Sutil en río Chochol, marcharon hacia Temuco para manifestar su absoluto rechazo al que calificaron «como mega proyecto frutícola extractivista» que comprendería 3 embalses de gran magnitud en Galvarino y Cholchol, dañando también los territorios de Lumaco, Traigén , Carahue, Nueva Imperial y Puerto Saavedra.

La manifestación comenzó con una caravana desde la plaza de CholChol, que partió en dirección a Temuco a eso de las 9:00 de la mañana, para agruparse posteriormente en la plaza Manuel Recabarren (plaza de los milicos). Desde ahí se dirigieron hacia la Superintendencia del Medio Ambiente de Temuco y luego a la Intendencia, lugares en los cuales entregaron cartas de rechazo al mega proyecto firmadas por 26 comunidades.

La lonko Cristina Painemal manifestó en a las afueras de la Superintendencia de Medio Ambiente los siguiente:

«Comunicar a la opinión pública, a las comunidades mapuche, que estamos en desacuerdo. No estamos contentos como lo señalo Juan Sutil, las comunidades se van a comenzar a organizar para rechazar la instalacion de cualquier proyecto que vaya a afectar nuestra Itxofil Monguen y sobre todo en este periodo en que estamos en escaces hídrica, donde las comunidades mapuche y no sólo mapuche sino también las ciudades que dependen del río Chol Chol, la comuna de Galvarino, Chol Chol, Carahue que tb se encuentran presentes queremoss manifestar nuestro rechazo al proyecto de Juan Sutil».

La numerosa marcha recorrió las calles céntricas de Temuco con gritos como: «el río se defiende», «el río no se vende» y «FUERA SUTIL» en referencia al empresario que desea emplazar este proyecto, quien pareciera tener una macabra fijación con las aguas de Wall Mapu, siendo conocido también por impulsar la cuestionada «carretera hídrica» que pretendía extraer aguas del río Queuco, hacia el norte de $hile.

Lonko Cristina Painemal

De la misma manera Painemal advirtió: «Somos comunidades autónomas, que no estamos vinculadas a ningún partido político. Con nuestro propio kimun, con nuestra propia organización, vamos a hacer la defensa de nuestra agua feley».

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Entre Pueblos

Ecocidio en Perú por vertido de petroleo de Repsol en costas de Lima

Desde el Foro de ONGD Españolas en Perú pedimos acciones inmediatas a Repsol y al Estado español en cumplimiento de principios rectores de Empresas y DDHH

– Lima, a 20 de enero de 2022 –

Desde el Foro de ONGD Españolas en Perú, plataforma que agrupa a 17 organizaciones que desarrollamos proyectos de cooperación al desarrollo en el Perú, manifestamos nuestra profunda preocupación y alarma ante el reciente vertido de petróleo en las costas de Lima, responsabilidad de la empresa española Repsol, y su refinería en el distrito de Ventanilla: La Pampilla. Saludamos el comunicado de la Embajada de España en Perú solicitando acciones de reparación y las investigaciones correspondientes y, por todo ello, pedimos al Ministerio de Asuntos Exteriores, y dentro de él a la Embajada española y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, además de a la Cámara de Comercio que hagan todas las acciones posibles para hacer cumplir los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (resolución 17/4 del Consejo de DD.HH. de NNUU) que el propio Estado español ha suscrito con la aprobación del Plan de Acción Nacional de Empresas y DD.HH. en 2017 y el cual establece, entre otros “el compromiso de España de proteger los derechos humanos, también frente a cualquier impacto negativo que la actividad empresarial pudiera tener sobre ellos, y de proporcionar a las eventuales víctimas de los mismos un remedio efectivo”.  La actuación de Repsol previa y posterior al desastre ecológico generado por el vertido de varios miles de barriles de petróleo, que ha derivado en la contaminación de litoral peruano, los cuales abarcan áreas naturales del país e importantes núcleos de población, podría constituir un delito ambiental que debe ser oportunamente investigado; y muestra la falta del cumplimiento por su parte del principio de debida diligencia que busca evitar la violación de los derechos de terceros y hacer frente a los impactos adversos de su actividad. Por todo ello, exigimos se tomen las medidas efectivas para cumplir los principios de “proteger, respetar y remediar”, que descansan, como es de su conocimiento, en tres pilares fundamentales:

  1. la obligación del Estado de proteger frente a las violaciones de los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas;
  2. la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; y
  3. la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas a vías de remedio efectivas, judiciales y no judiciales.

En base a ello, pedimos al Estado español, al Ministerio de Asuntos Exteriores, la Embajada de España en Perú y la Agencia Española de Cooperación que en cumplimiento del principio rector 1: “Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia”, insten a tomar todas las medidas necesarias a Repsol para reparar el ecocidio generado en las costas peruanas, remediar a la población aledaña impactada y afectada en sus medios de subsistencia y los ecosistemas circundantes, así como la urgente adecuación de los procesos de la Refinería La Pampilla a estándares medioambientales internacionales que pongan fin a daños ambientales que durante décadas llevan generando en su zona de intervención. Asimismo, instamos a la Cámara de Comercio a pronunciarse de manera crítica sobre esta situación y a reforzar sus compromisos para que todos sus miembros trabajen para respetar, proteger y remediar cualquier posible impacto en materia ambiental, laboral y de DD.HH. de sus actuaciones en el país. Adicionalmente, hacemos un llamado a poner la atención y prevenir todo tipo de impactos en la selva del país – zona que ha sufrido 566 derrames desde 1997 y donde la citada empresa también tiene operaciones- debido a la corrosión de ductos y fallas operativas causadas por terceros, que no han sido remediados ni indemnizados a la población afectada.  Más allá de cualquier actividad de lucro, en un contexto de crisis climática como el actual, la protección de los ecosistemas en un país megadiverso como Perú debe ser una prioridad para los estados a nivel global. Es una responsabilidad fundamental con las generaciones actuales y futuras actuar de manera coherente y en cumplimiento de los compromisos suscritos en materia de desarrollo (ODS), empresas y DD.HH. y lucha contra el cambio climático, así como caminar hacia un modelo de transición social y energética que abandone el extractivismo y la dependencia de combustibles fósiles de alto impacto ecológico, y se base en el uso de las energías renovables, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la creación de empleo verde de manera que respondan a los retos de salud poblacional, neutralidad climática y seguridad energética actuales. Por nuestra parte, desde la sociedad civil organizada seguiremos desarrollando nuestra labor de vigilancia sobre la situación acontecida, e instando a la aprobación de un Tratado  jurídicamente Vinculante en el marco de la ONU para regular, en el derecho internacional, las actividades de las empresas transnacionales (ETN), incluidas todas las entidades de sus cadenas de producción mundiales, así como la Ley de debida diligencia en la UE que obliguen a las empresas a respetar los DD.HH. y a reparar los daños de sus acciones.

Foro de ONGDs Españolas


Fotografía de portada de Adan Calatayud del mar de Santa Rosa 21/01/2022

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Avispa Midia

Banco Mundial acelera paquete de políticas verdes de ajuste estructural

Por Santiago Navarro F

A inicios de 2022 el Banco Mundial (BM) alertó que, al entrar al 3er año de pandemia, las previsiones no son tan buenas. La producción mundial de mercancías y servicios, reflejado en el indicador de “crecimiento mundial”, se desacelerará drásticamente. Los llamados mercados emergentes y las economías en desarrollo (MEED), serán las más afectadas. También subrayó que, con el fin de fortalecer la recuperación mundial, se continúa promoviendo “una recuperación verde, resiliente e inclusiva”.

En el informe del BM presentado este año 2022, llamado Perspectivas Económicas Mundiales, puntualiza la necesidad de salir de la crisis a través de políticas económicas verdes. “Dirigir el crecimiento hacia una dirección verde, resiliente e inclusiva requiere un menú de políticas estructurales que faciliten la transformación digital, aceleren la transición verde y aumenten la movilidad laboral”, reza el informe del BM.

La justificación de este organismo supranacional reside en sus proyecciones. “Se espera que el crecimiento mundial se desacelere del 5,5 % en 2021 al 4,1 % en 2022 y al 3,2 % en 2023”. Se percibe una larga caída que podría rebasar hasta el año 2023.

Además de los rebrotes continuos de COVID-19, una elevada inflación, niveles de deuda sin precedentes y una mayor desigualdad de ingresos para los países en vías de desarrollo, el BM alerta, “estrés financiero relacionado con la deuda; interrupciones por fenómenos meteorológicos extremos y desastres naturales”.

De no implementar el paquete de reformas estructurales, los Estados nación sufrirán caídas económicas severas, señala el BM. “En el mediano plazo, la falta de implementación de mejoras de productividad y otras reformas necesarias obstaculizarán el crecimiento”, dice el documento.

Se prevé que la severidad de los desastres relacionados con la crisis ambiental y climática, se recargará con más agresividad hacia los países llamados MEED. El Banco Mundial advierte que en Centroamérica y el Caribe, los riesgos por las consecuencias relacionadas con la crisis ambiental y climática, van desde “un aumento del nivel del mar, tormentas extremas más frecuentes, inundaciones costeras y erosión en el futuro”, mientras que “partes de América del Sur, incluidas las zonas agrícolas, se enfrentan a un riesgo creciente de sequía”.

Soluciones verdes

Este organismo apela a los gobiernos, a la sociedad civil y a las empresas para trabajar en conjunto para acelerar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (UKCOP 2021) como una solución al conjunto de crisis que actualmente se atraviesa a nivel global.

Lo más apremiante, según el Banco Mundial, es que “la comunidad internacional puede ayudar a ampliar el financiamiento y el desarrollo de capacidades necesarias para fomentar recuperaciones económicas verdes y resilientes en los MEED, incluso mediante el aumento de las inversiones verdes y la facilitación de una transición hacia la energía verde”.

El conjunto de políticas verdes que se han venido implementando, apegados a la Agenda 2030 de la ONU, se han justificado, en primera instancia, para reducir las emisiones de carbono, asegurando que con las “energías verdes” se logrará esto. Pero el ritmo de crecimiento y de explotación de recursos naturales (bienes comunes) no se cuestionan.

Las medidas verdes hacia las empresas y gobiernos más contaminantes han sido permisibles, en nombre del “desarrollo sostenible”. De acuerdo con el documento del BM, lo que se ha implementado son los llamados “impuestos sobre el uso de energía, los impuestos sobre el carbono y los precios de los permisos de emisión negociables”, el organismo argumenta que, estos impuestos (que funcionan como permisos de contaminación) “también son importantes para garantizar una transición ecológica sin problemas”.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, también llamado Foro de Davos, “la extracción mundial de recursos se ha triplicado de 27 mil millones de toneladas en 1970 a 92 mil millones de toneladas en 2017”, una explotación exponencial de recursos que el “desarrollo (sostenible)” continúa exigiendo.  Es ahí dónde se han reflejado los índices de crecimiento económico y las capacidades de consumo.

Contabilidad ambiental

Mientras tanto, según las políticas verdes, existe la necesidad de incrustar a los ecosistemas que restan en el planeta como prestadores de servicios. Desde 2018 la Comisión Estadística de las Naciones Unidas (CENU) implementó el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económico 2012 – Contabilidad Experimental de Ecosistemas (SEEA EEA).

Esta iniciativa tuvo por objetivo, hasta 2021, “desarrollar un marco estadístico consensuado para la contabilidad de los ecosistemas, incluida la terminología, los conceptos, las definiciones y las clasificaciones acordadas para los activos y servicios de los ecosistemas tanto en términos físicos como en términos monetarios utilizando un enfoque contable”, anunció la CEPAL al concluir esta meta.

En diciembre del mismo año 2021, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la comisión regional de la CEPAL, en el Foro Nacional sobre la Contabilidad del Capital Natural y Valoración de los Servicios de los Ecosistemas, aseveró que, “la Contabilidad Ecosistémica ofrece un marco que incorpora una visión sistémica, al integrar datos biofísicos; evalúa acervos, flujos e interacciones entre los elementos del capital natural, su integridad y los vincula con actividades económicas”.

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL argumentó que, esta iniciativa, pretende visibilizar lo que la economía neoclásica llama, “fallas de mercado”, es decir, los costos que dejan detrás todas las cadenas productivas y nadie se hace cargo. “Se trata de avanzar en la estandarización de datos, modelos y valorización para introducir el capital natural en los sistemas de cuentas nacionales y contabilizar las interacciones con la naturaleza para rebalancear la demanda social con la capacidad de los ecosistemas de proveer bienes y servicios”, expresó Bárcena.

Aquí la pregunta obligada es ¿quién estará a cargo de la administración de estos espacios y de sus supuestos servicios?, la realidad es que, las “comunidades indígenas son las que sostienen el 80% de la biodiversidad remanente del planeta y el 17% de los depósitos de carbono naturales de la Tierra”, como lo documentó la Organización No Gubernamental (ONG) The Nature Consevancy. Esta organización, entre otras, como El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), vienen acaparando tierras indígenas y declarando “Áreas Naturales Protegidas”, “Parques para la Paz”, “Santuarios”, entre otros.

Las medidas que se han tomado en las diversas Conferencias de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, desde 1995 hasta el 2021, en ningún momento se ha planteado poner un tope a la producción de mercancías, sino solo impuestos. De la misma forma, no hay una sanción para los mayores contaminantes del planeta. Pero si existen servicios ambientales que funcionan como “permisos de contaminación”, con los llamados “créditos de carbono” que se emiten, por ejemplo, de las Áreas Naturales Protegidas. Así es como se viene materializando la Contabilidad ambiental y las políticas verdes, mercantilizando a tope los últimos ecosistemas que restan en el planeta.

 

radio
Radio Zapote

Comunicado: CIPOG-EZ denuncia simulación e impunidad de parte del Gobierno de Guerrero

 

EL ACTUAL GOBIERNO DE GUERRERO SIMULA DIÁLOGO CON EL CIPOG-EZ, MIENTRAS LOS GRUPOS NARCO-PARAMILITARES Y QUIENES LOS PROTEGEN, SIGUEN IMPUNES.

 

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Red Nacional contra la Represión

A los medios de comunicación

A las Organizaciones de Derechos Humanos

 

22 de enero de 2022

Bien lo sabemos, que los malos gobiernos administran el país para los capitalistas y que están al servicio del dinero, de quienes con sangre y muerte generan sus ganancias, tal como los grupos narco-paramilitares. Como pueblos indígenas, siempre le daremos paso a la palabra, como ahora lo hicimos con quienes dicen gobernar al estado de Guerrero, hoy pertenecientes a eso que llaman la Cuarta Transformación, pero una y otra vez los malos gobiernos se empeñan en dejarnos claro que nos desprecian, que no les interesamos, que nuestras vidas para ellos y ellas no valen.

Luego de la última reunión entre el CIPOG-EZ, la CNDH y representantes de los 3 niveles de gobierno el pasado 19 de enero, el gobierno federal estatal y municipal, la GN, la SEDENA, la fiscalía y demás instituciones, siguen enviando a personas sin capacidad de tomar decisiones, de resolver la situación, de proponer posibilidades, de ser sensibles a nuestra situación; por supuesto, sus enviados tampoco sienten vergüenza de que nuestra lucha como pueblos, sea debido a su incapacidad de resolver al menos la situación de violencia que azota al estado de Guerrero; ni hablar de la pobreza, salud, educación. Está claro que no les interesa resolver nada, porque es justo de eso de lo que viven, de la muerte, de la pobreza, del hambre, de las necesidades del pueblo; la estrategia de los malos gobiernos es permitir que todo esté desordenado, para luego hacer como que lo resuelven, simular que escuchan al pueblo, de tal forma que la población vuelva a mirar a un mal gobierno como necesario.

Nombramos a Francisco Rodríguez Cisneros, Secretario de Gobierno del estado de Guerrero, Coronel Héctor Hernández de la Guardia Nacional, Edgar Leyva Cervantes, Director General de Asuntos Religiosos, Yuridia Melchor Sánchez, Procuradora de la Defensa de los Derechos de la Mujer, Carlos Alberto Villalpando Millán, subsecretario de Gobierno  de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y más funcionarios, Directores Generales, Procuradores, Subdirectores y Subdirectoras, Jefas y Jefes, que reducen el problema de abandono y violencia en nuestras comunidades a la instalación de módulos de seguridad para la atención a los ciudadanos, a continuar con los recorridos de la GN y la SEDENA y a atender las denuncias; claro que no podía faltar la celebración de una siguiente reunión. Vemos claramente que no entienden la magnitud del problema, que minimizan la violencia que vivimos, que no ven ni escuchan, porque eso implicaría trabajar, investigar, llegar al fondo del problema, deslindar responsabilidades entre los mismos funcionarios y funcionarias que protegen a los grupos delincuenciales o que incluso son parte de éstos y así hasta encontrar la verdad y la justicia.

Nosotros y nosotras como pueblos dignos, pertenecientes al Concejo indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata, bien sabemos que todos estos funcionarios son los mismos que en el pasado, con las siglas del PRI o PRD, y hoy con las de MORENA, simularon mesas de trabajo y se tomaron la foto con los niños hambrientos, con las mujeres pobres, con los comunitarios que llevamos en nuestros ojos las ausencias de nuestros hermanos y hermanas; ausencias de esas que para ustedes son sólo cifras para que en las campañas políticas próximas, puedan decir “no fueron tantos muertos como en el gobierno pasado” o bien que “ahora hubo más muertes por provocaciones de grupos opositores que quieren desestabilizar a la 4T”.

Por eso dejamos claro que no permitiremos más simulación. Si sus tiempos se miden con los calendarios del poder, con los calendarios electorales, los nuestros por las vidas de nuestros pueblos y les decimos que no vamos a quedarnos sentados en mesas de trabajo mientras quienes nos asesinan siguen libres y amenazando a nuestros hermanos y hermanas en la Montaña Baja de Guerrero. Tampoco dejaremos de denunciar que estos grupos delincuenciales que asesinan, han estado protegidos por las policías municipales, estatales, por la fiscalía, por el PRD y otras instituciones; no dejaremos de nombrar que a un lado de la Guardia Nacional hay campamentos de “Los Ardillos” y que la GN hace como que no los ve y con esa acción permite que nuestras comunidades vivan en un estado de miedo y terror permanente. Tampoco dejaremos de recordarles a ustedes, gente de la Cuarta Transformación, gobernadora del estado de Guerrero Evelyn Salgado Pineda, que al no resolver la situación de inseguridad, de  muerte y violencia en nuestras comunidades, se vuelven cómplices también de los grupos narco-paramilitares como “Los Ardillos”.

 

¡DEJEN DE SIMULAR Y DE JUGAR CON LAS VIDAS DE LOS PUEBLOS!

 

ATENTAMENTE:

 

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

 

 

radio
Plataforma Digital del Movimiento Social en Oaxaca

Declaración antiminera de pueblos del Valle de Ocotlán, Oaxaca

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO APÓSTOL, OCOTLAN, OAX.
2O20-2O22 Tel. y fax. (951) 52 3 20 71

Crónicas de traiciones

En el 2018, mientras la mayoría de actores políticos de Oaxaca; activistas, líderes sociales, caciques, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG,s, frentes, colectivos y un largo etc., se preparaban, como parte del “poderoso” ejercito electoral que llevó a la presidencia a AMLO y que
le dio la mayoría en la cámaras de representantee al nuevo ‘partido”, MORENA, aIguno,as nos preparábamos para continuar con la defensa de nuestro territorio ante un nuevo escenario incierto y con muchas dificultades, como lo predecíamos.

La REMA fue uno de los pocos referentes anti mineros, posiblemente el único, que daba la señal de alarma, AMLO continuaría con el depredador modelo extractivo minero, y no solo eso, AMLO decía que; se logrará mayor inversión de las empresas mineras canadienses.

Fue complicado una reorganizaci6n en el valle de Ocotlán, cuando autoridades municipales y agrarias así como los operadores po!íticos del valle se mezclaban con los ‘referentes’ anti mineros” de la región y parecían ser un mismo equipo.

Así escuchábamos, por ejemplo, al anterior secretario fallido de la SEMARNAT decir, en una reunión cuasí clandestina en la ciudad de Oaxaca, el 12 de diciembre del 2019 que se podria cancelar el
proyecto minero de la empresa Cuzcatlán en San José del Progreso, claro lo decía suavecito y escondido en el domicilio de una las ONG,s aliadas de la 4T.
Durante estos 3 años se intentó por todas las vías denunciar toda la serie de atrocidades que ha cometido en el valle la criminal empresa minera Cuzcatlán- Fortuna Silver Mines y buscar la atención de quienes son los encargados, ahora de este nuevo gobierno, para que se investigue y sancione a esta criminal empresa, pero, solo se han recibido promesas y más promesas, palabrería y mentiras y más mentiras disfrazadas de verdades.

El 6 de octubre del año pasado, fuimos recibidos por la propia y actual secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, ahí se comprometió a una serie de compromisos que, como decimos, sólo se cumplen a medias y de forma superficial, nada que se haga algo que realmente se meta a revisar tas afectaciones de la minera.

Incluso, unos dias después de la reunión con la señora Albores, aquí en San Pedro Apóstol, el Dr. Daniel Quezada Daniel, titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia y titular de la unidad de transparencia de la SEMARNAT, enviado por la propia secretaria para dar “seguimiento” a los acuerdos, pedía un reconocimiento a la SEMARNAT y a la 4T por haber cumplido, decia él, con todos los compromisos adquiridos y haber negado la MIA, en ese momento, de Cuzcatlán, un cinismo descarado de estos funcionarios.
Así, nos enteramos por vía de los medios de comunicación el 20 de diciembre pasado que la SEMARNAT, esa secretaría que pedía reconocimiento por cumplir con su “trabajo de protección al ambiente de
nuestro valle” y que incluso nos llamaba “compañeros” en las reuniones, acababa de otorgar el permiso de ampliación por 12 altos más a la criminal empresa Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines.
Cómo se puede cambiar una decisión con Ias mentiras que se escriben en un papel? Cómo se puede cambiar una decisión después de, supuestamente, revisar por parte de expertos científicos de la
SEMARNAT una decisión así?
No nos sorprende la traición de este gobierno, todos nos han traicionado, pero si nos molesta, nos encabrona.
Hemos aprendido la lección, no se puede creer en los mentirosos, no se puede creer, en los neoliberales, no se puede creer en los pro-mineros.
Ante esta tremenda decisión de la SEMARNAT, del señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, que tal parece que la adulación que le hiciera el presidente municipal de San José del Progreso en una cartita y después los abrazos y apapachos que le dio en su última visita a Oaxaca, claro, con el apoyo de lobby minero, pudieron más que sus convicciones, claro, las convicciones que dice tener.
Tenemos claro cuál es camino a seguir y tenemos claro, ahora más que nunca, que no podemos confiar en este gobierno mentiroso y traidor.
Los pueblos que hoy firmamos ese comunicado y los que están, al igual que nosotros, en camino de hacerlo, con la decisión firme de defender nuestra tierra, continuaremos aquí en nuestro territorio dispuestos a seguir esta lucha como siempre y desde tiempos inmemoriales, defendiéndola.

Nuestra postura y nuestras declaratoria de NO A LA MINERÍA, no serán de papel o de saliva, son decisiones que haremos respetar desde nuestra ley y costumbre, con nuestra fuerza pero tambien con todo el derecho que nos da ser pueblos originarios.
Les decimos a la minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines, a su ahora aliado, y seguro como nos decía a nosotros, compañero, SEMARNAT, a la 4T y al propio AMLO:

AQUÍ NO PASARÁN.

La decisión ya está tomada y nuestros pueblos ya decidieron.
No queremos minería, ni queremos empresas mineras asesinas en nuestros pueblos.

Fuera mineras de la muerte de nuestro valle.
La tierra no se vende, la tierra ae ama y se defiende.

Municipio San Pedro Apóstol, Ocotlán ,

Municipio San Pedro Mártir, Ocotlán,

Ejído de San PédroApóstol, Ocotlán

Articulación por la vida, contra la minería del valle de Ocotlán

Valle de Ocotlán, de enero del 2022.

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Escaneo0072

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