El pasado jueves 2 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos decretos que consolidan la expropiación de 412 hectáreas de tierras comunales en Ciudad Ixtepec y de 502 en Santa María Mixtequilla, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para la construcción de dos parques industriales o polos de desarrollo para el bienestar (Podebis) que harán parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Ambas áreas fueron compradas por el gobierno federal a través del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe).

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De acuerdo con el decreto, el cual establece la expropiación de las tierras en Ciudad Ixtepec, el gobierno mexicano pagó 111 millones 447 mil pesos a los comuneros y posesionarios.

En el decreto que expropia las tierras en Santa María Mixtequilla, se menciona que el gobierno federal aportó un anticipo de 40 millones de pesos de un total de 130 millones de pesos que deberá cubrir en su totalidad el CIIT.

El gobierno ha anunciado que serán 10 parques construidos a lo largo del corredor. Tres de ellos se prevén en el Istmo de Tehuantepec. De esta manera, aún falta el decreto expropiatorio de alrededor de 300 hectáreas de tierras de El Pitayal, en la comunidad de Puente Madera, del municipio de San Blas Atempa.

Por su parte, la Asamblea Comunitaria de Puente Madera se ha movilizado y ha logrado detener la venta de las tierras. Comuneros presentaron una demanda de nulidad contra la asamblea comunal de 14 de marzo de 2021, donde se autorizó la venta de las tierras para la instalación de un parque industrial. Alegan que hubo registro de firmas de personas fallecidas.

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En declaraciones a medios de comunicación, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, ha puntualizado que, de los 10 parques industriales, se buscará que entre tres y cuatro sean para empresas que produzcan energías renovables.

A finales de febrero, adelantó Buenrostro, se presentará un programa para “generar un modelo de negocio” sobre los 10 parques industriales. “Queremos hacerlo tipo subasta para ver qué se coloca ahí”, comentó la funcionaria.

Salomón Jara Cruz, gobernador del estado de Oaxaca, ha anunciado en los medios que, para el próximo abril, la Secretaría de Economía del Gobierno Federal lanzará la convocatoria para la licitación de los parques industriales a empresas nacionales e internacionales.

BID

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que dispone entre 1,800 y 2,800 millones de dólares en los próximos tres años para financiar proyectos de mudanza de empresas hacia México en medio del proceso de reconfiguración de las cadenas globales de valor y dijo que habría prioridad a los proyectos que decidan mudarse al CIIT.

Al cierre de esta edición se registra un operativo policiaco masivo en las inmediaciones del bosque de Weelaunee. Según informes de los residentes, la policía está repartida a lo largo del perímetro del bosque. Esto sucede momentos antes de una rueda de prensa convocada por la familia del defensor del bosque asesinado en enero y ante el llamado de una semana de movilizaciones.

En Georgia, Estados Unidos, la Fundación de la Policía de Atlanta (APF, por sus siglas en inglés), en contubernio con empresas y funcionarios locales, pretende destruir más de 150 hectáreas del bosque Weelaunee para construir un enorme complejo cuyo objetivo es entrenar a policías de todo el mundo en tácticas policiales militarizadas.

El proyecto, impulsado por la APF junto a inversiones de corporaciones trasnacionales como UPS, Home Depot y Delta Airlines, así como capital de bancos tales como Wells Fargo y JPMorgan, representa una inversión de 90 millones de dólares para imponer una “Ciudad de los Policías” (Cop City en inglés).

El proyecto considera transformar el bosque, también conocido como “parque del pueblo Weelaunee”, con edificaciones para simular una población entera, donde además se incluyen campos de tiro, zonas para entrenamiento con explosivos y una pista de aterrizaje para helicópteros militares Black Hawk.

Desde el anuncio de Cop City, en 2021, el rechazo de distintas organizaciones y residentes de Atlanta no se hizo esperar. Surgieron críticas y movilizaciones que se oponen al proyecto tanto por la devastación ambiental, así como por la amenaza que supone, para las comunidades negras y pobres, un plan de expansión policial masivo en un contexto de constante abuso y violencia de los agentes de seguridad.

Como protesta, durante los dos últimos años, cientos de personas han ocupado y vivido en zonas del bosque de Weelaunee en tiendas de campaña e, incluso, edificando casas en los árboles. Los defensores del bosque buscan impedir su destrucción a manos de la corporación policial.

Violencia policiaca

La respuesta estatal ha sido la criminalización y persecución contra quienes se han movilizado para detener la Cop City. El 13 de diciembre del 2022, la policía ejecutó una redada contra manifestantes pacíficos y detuvo a cinco defensores de los bosques, quienes fueron acusados de terrorismo doméstico bajo leyes del estado de Georgia.

Lo peor ocurrió un mes después cuando, el 18 de enero pasado, policías asesinaron a un defensor del bosque. Manuel Esteban Páez Terán, conocido como ‘Tortuguita’, quien participaba en la defensa del bosque de Weelaunee, cayó abatido por una docena de disparos de fuego durante una redada policial.

Este viernes (3), los resultados de una autopsia privada, difundidos por la familia de ‘Tortuguita’, indican que el defensor del bosque recibió mas de 13 disparos, provenientes de distintos elementos policiacos, contradiciendo la versión de la policía de Georgia quien argumentó que sus agentes actuaron en defensa propia. Pese a que elementos de la policía de Atlanta contaban con cámaras corporales en el momento de la redada, la corporación se niega a hacer públicas las grabaciones de que disponen para aclarar lo ocurrido.

‘Tort’, como también era conocido, coordinó acciones de apoyo mutuo, entre otras, la construcción de viviendas en zonas de Florida afectadas por huracanes.

De acuerdo al Colectivo de Prensa Comunitaria de Atlanta, aquel día de enero, agentes fuertemente armados de la policía local y estatal cerraron los accesos al bosque y, junto a maquinaria pesada, ingresaron para continuar con la destrucción del mismo.

“La policía ha conducido redadas en muchas ocasiones en este parque público, destruyendo jardines comunitarios e instalaciones artísticas, atacando a los manifestantes con armas químicas y balas de goma, y amenazando con usar fuerza letal. Durante las últimas redadas, la policía ha aumentado la violencia en sus tácticas contra manifestantes pacíficos sentados en los árboles para protegerlos o contra quienes están caminando”, contextualiza el colectivo de prensa.

“Después del fatal disparo, la operación continuó con la maquinaria pesada de Brasfield y Gorrie (contratista de Cop City) ingresando al bosque y los policías disparando gases de pimienta a las personas que permanecian en el parque, como si nada hubiera pasado. La pérdida de nuestras vidas no significa nada para la policía. La policía mató a une defensore del bosque por amar a esta tierra, por oponerse a la continua destrucción del planeta y de su gente”, subrayó un comunicado difundido por el Colectivo de Prensa Comunitaria de Atlanta.

Los defensores del bosque señalan que esa es precisamente una de las razones por las cuales habitantes de Atlanta han exigido la cancelación de la ciudad policial. “A medida que los políticos invierten en más policía, en militarización, los presupuestos policiales aumentan. Mientras tanto, los asesinatos policiales alcanzaron su punto máximo en 2022: la policía estadounidense mató alrededor de 100 personas al mes”, detalla el documento.

Defender

La propuesta de CopCity, conocida oficialmente como Centro de Formación de Seguridad Pública, se anunció públicamente en 2021, aunque medios locales señalan que la APF trabaja en el proyecto desde 2017. La fundación destaca por financiar proyectos del Departamento de Policía de Atlanta, además de complementar el presupuesto policial de la ciudad.

El lugar propuesto para su construcción, el bosque Weelaunee es considerado uno de los cuatro “pulmones” de la ciudad de Atlanta y cobra relevancia pues por este lugar atraviesa el río Sur, el cual también sería afectado por el proyecto policiaco.

Medios norteamericanos enfatizan que, además del apoyo estatal y empresarial, el proyecto de Cop City también recibió respaldo de medios de comunicación locales como el Atlanta Journal-Constitution (AJC), el cual difundió artículos para validar su construcción en beneficio de su dueño, Alex Taylor, quien encabeza una campaña privada para recaudar 60 millones de dólares para la construcción del centro de entrenamiento policiaco.

Ahora, tras el asesinato de ‘Tortuguita’, el gobernador de Georgia, la policía y sus aliados han redoblado sus esfuerzos para imponer la construcción de Cop City, y han intensificado el proceso de criminalización contra los manifestantes. Siete de ellos fueron detenidos en la redada en enero y están siendo acusados por cargos de “terrorismo doméstico”.

Las protestas contra Cop City han destacado por ser parte de un movimiento descentralizado y diverso, sin portavoces ni líderes. Sus acciones van desde marchas con participación destacada de niños, hasta acciones directas como la ocupación del bosque que se pretende arrasar. Ahí, los defensores del bosque organizan comidas, fiestas y colectas de alimentos. Además, han plantado huertos comunitarios y han construido y reconstruido asentamientos dañados por las reiteradas incursiones violentas de la policía.

El pasado lunes (30), más de 1,300 grupos que trabajan por justicia climática se sumaron a la exigencia de una investigación independiente para esclarecer el asesinato de ‘Tortuguita’, además de demandar la renuncia del alcalde Andre Dickens quien, a pesar de tener facultad de rescindir los contratos para la construcción de Cop City, no se ha pronunciado al respecto.

“Cop City repercutirá en la organización (por la justicia climática) de todo el país, se trata de una cuestión nacional. La justicia climática y la brutalidad policial están interconectadas, por eso nos unimos a los llamamientos a la acción de Stop Cop City con las comunidades de primera línea de Atlanta”, declaró ikiyA collective, miembro del comité directivo de People vs. Fossil Fuels, una entre las miles de organizaciones firmantes.

^{En portada: Frans Timmermans en reunión con el secretario de relaciones exteriores de México.}

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y responsable del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, realizó una visita de tres días a México, del 28 al 30 de enero, después de haber visitado Colombia y Brasil. El objetivo fue discutir la “transición verde” de México y “oportunidades para impulsar la cooperación” entre México y la Unión Europea (UE), según informó Timmermans en sus redes sociales.

El bloque europeo es el segundo mayor inversionista en México. Las relaciones bilaterales se rigen por el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, conocido como Acuerdo Global, que entró en vigor en el año 2000. “El Acuerdo Global es una base sólida de nuestra relación económica”, manifestó el enviado de la UE, quien lidera las negociaciones climática internacionales de la UE.

Sin embargo, apuntó, “podemos expandir más para el desarrollo sostenible, la eletromovilidad, energías limpias, protección ambiental”. De acuerdo con Timmermans, las empresas de la UE ya son las principales inversoras en el sector mexicano de las energías renovables.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, quien mantuvo reuniones con el representante europeo, reveló que en las discusiones estuvo la posible “modernización del Acuerdo Comercial”.

En un artículo publicado en El Economista, anterior a la visita, Timmerman dijo que estaba ansioso para conocer los planes de México para instalar 40 gigavatios adicionales de capacidad eléctrica renovable, capturar las emisiones de metano, ampliar las áreas naturales protegidas y reforestar amplias zonas del país. “En todos estos ámbitos, la Unión Europea está dispuesta a colaborar con México”.

Según él, la inversión en energías renovables está creciendo de forma exponencial. “Rápidamente, se está desarrollando una economía global del hidrógeno y México, con su gran potencial solar y eólico, puede beneficiarse ampliamente de ello”.

Timmermans se reunió también con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, y con la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro.

Brasil

En su visita a Brasil, el representante europeo declaró que pretende que el acuerdo entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la UE sea ratificado a mediados de este año. El acuerdo ha sido criticado por diversas organizaciones de la sociedad civil y gremios de trabajadores porque consideran que es abusivo y reproduce las relaciones coloniales de siglos. Por ejemplo, la agricultura y la minería son los principales sectores en los cuales se prevén un gran crecimiento en los países suramericanos.

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Un estudio de la organización GRAIN indica que, con el acuerdo, habrá un crecimiento de por lo menos 540% en la exportación de etanol, 55% en la exportación de carne de aves, 60% en café y 50% en carne bovina. Todos estos productos llevarán tarifa cero de exportación. Minerales como el hierro también tendrán sus tarifas reducidas a cero en un plazo de diez años.

Pacto Verde

La Unión Europea anunció su Pacto Verde en diciembre de 2019. “Un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050”, como lo explica la propia UE en su página web, y así cumplir sus compromisos en el marco del Acuerdo de París.

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La aceleración de la “transición energética”, propuesta por el pacto, fue anunciada también como una estrategia para impulsar la economía en crisis, agravada con la pandemia. “Será necesaria una transformación de la sociedad y de la economía europeas, que tendrá que ser rentable, equitativa y socialmente equilibrada”, menciona la UE en sus documentos.

Mónica Bruckman, científica social y coordinadora del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) sobre Geopolítica e Integración Regional, sostuvo que el acceso a los recursos naturales es definido, en los documentos del Pacto Verde, como una cuestión de “seguridad estratégica” para la misión de avanzar con dicho pacto.

Por tanto, uno de los requisitos para volver la transición una realidad es garantizar el suministro de materias primas, en particular, aquellas críticas necesarias para las tecnologías limpias, aplicaciones digitales, espaciales y de defensa.

Todos estos recursos críticos no están en el territorio europeo. Están principalmente en territorio africano y, sobretodo, en territorio sudamericano. Entonces acceder a estos recursos es un requisito indispensable para cumplir los objetivos del Pacto Verde Europeo y eso significa acceder a nuestros territorios”, analiza la investigadora.

El acuerdo entre la UE y el Mercosur abre las puertas de los países suramericanos para que Europa acceda a estos recursos.

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Mientras se piensa en descarbonizar la industria y el consumo de los países del norte, “este mismo proceso, va a ampliar de manera violenta y brutal la actividad extractiva en [nuestros] territorios”.

^{En portada: Entrada de miembros de la comunidad garífuna al centro comunitario Truinfo de la Cruz antes del acto cultural y ceremonia espiritual para recibir a la Corte y Comisión Interamericanas de Derechos Humanos en 2015.}

El pasado sábado (28) fue asesinado Ricardo Arnaúl Montero, joven integrante del Comité de Defensa de Tierra de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, en la costa atlántica de Honduras.

Arnaúl formaba parte del equipo de resguardo y seguridad del sector del Rio Gama, en las inmediaciones del territorio recuperado “Secundino Torres”, cuya propiedad comunal garífuna esta amenazada por la sobreposición de un área de conservación denominada Parque Nacional Punta Izopo.

Ya en el año 2015, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la razón a la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz y responsabilizó al Estado de Honduras por violar el derecho ancestral y colectivo al territorio de sus habitantes.

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En la conclusión de dicha sentencia, la CIDH constató que no se respetó el derecho a la consulta de la comunidad afroindígena “en ninguna de las fases de planificación o ejecución de los proyectos turísticos ‘Marbella’ y ‘Playa Escondida’, [tampoco en] la adopción del Decreto que estableció el área protegido Punta Izopo y la aprobación del Plan de Manejo” del parque nacional.

Con ello, la CIDH confirmó la titularidad de la comunidad de Triunfo de la Cruz, quien además cuenta con un título de propiedad otorgado por el Estado hondureño en 1993 y evidenció la amenaza que representan los proyectos turísticos y de conservación que se sobreponen a las tierras garífunas.

Amenazas

Mediante comunicado, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) enfatizó que han denunciado reiteradamente, “con nombre y apellidos, las amenazas a muerte en contra de los miembros del comité de tierra y la comisión de cumplimiento de la sentencia de la comunidad; hasta la fecha no hemos visto reacción de la policía ni de las demás autoridades del país”.

Además, la organización informa que, el 3 de febrero del año 2022, presentaron a las autoridades policiales y al Mecanismo de Protección, las cinco zonas de mayor riesgo y de mayores amenazas contra los defensores del territorio de la comunidad, dentro de las cuales se incluye el sector del Rio Gama donde recientemente fue asesinado Arnaúl.

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Ofraneh también contextualiza que, en el mes de octubre del 2022, presentaron a la comunidad de Triunfo de la Cruz ante Natalie Roque, actual ministra de los Derechos Humanos. Denunciaron las amenazas a muerte en contra de varios líderes de dicha comunidad.

“En esta visita, la comunidad solicitó a la ministra no solo investigar estas amenazas, sino que además que (…) acelere el cumplimiento de la Sentencia [de la Corte IDH] a favor de la comunidad”, detalla el documento difundido tras el asesinato del joven defensor garífuna.

En este contexto, la comunidad de Triunfo de la Cruz denunció el permanente hostigamiento y amenazas de Playa Escondida, “un complejo turístico usurpador que se ha apoderado del territorio y ha prohibido el paso al cementerio ancestral de esta comunidad”. Cabe resaltar que la ubicación del proyecto turístico ‘Playa Escondida’ forma parte de uno de los lotes de tierra que la Corte IDH ha ordenado sea devuelto y restituido a la comunidad de Triunfo de la Cruz.

La Ofraneh señala que, hasta la más reciente agresión contra la comunidad garífuna, no se ha investigado las denuncias de amenazas de muerte contra líderes de la comunidad. “No tenemos información sobre el paradero de los desaparecidos desde el 18 de julio del 2020 y tampoco tenemos indicios sobre el cumplimiento de la sentencia a favor de la comunidad”.

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Ante la respuesta oficial, que señalan se limita a publicar indignación en redes sociales, “sin llevar a cabo los mandatos establecidos para liberar, titular y sacar nuestros territorios y mucho menos tocar las estructuras que mantienen en terror y zozobra nuestras comunidades”, la Ofraneh aseveró que no normalizará la violencia, muertes y desapariciones contra las comunidades garífunas.

Por ello, la organización garífuna exigió una investigación exhaustiva “de este vil y cobarde asesinato y de los demás asesinatos ocurridos en nuestras comunidades que no solo han traído dolor y luto, sino que se han constituido en el principal disuasivo para entregar nuestro territorio a la mafia del capital que domina el país mismo que en muchas de las oportunidades se disfrazan de ´empresarios y de funcionarios´”.

Cabe recordar que en octubre del año pasado se registraron amenazas de muerte contra el fiscal del Comité de Defensa de Tierra de Triunfo de la Cruz, Alfredo López Álvarez, quien fue intimidado para abandonar la comunidad y la lucha por la restitución de sus tierras ancestrales.

Recientemente, organizaciones de derechos humanos, de Honduras y Centroamérica, condenaron el asesinato del joven defensor garífuna. Aunado a ello, este lunes (30) la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) solicitó al gobierno hondureño que efectue una investigación exhaustiva por el asesinato del defensor. Por su parte, Alice Shackelford, la representante de la ONU en Honduras, lamentó la violencia contra los defensores de derechos humanos. “Me solidarizo con su familia así como con Ofraneh. ¡Es necesaria la protección de personas defensoras de DDHH y justicia en este tipo de casos! ¡No más muertes!”, señaló la funcionaria.

^{En portada: El futuro ineludible de la minería. Extracción de ilmenita en Chiapas. Foto: Santiago Navarro F.}

La mayor parte de la actividad minera en México se ubica en zonas áridas y semiáridas, en los estados de Sonora, Zacatecas, Durango, Colima y Guerrero, los mismos que tienen el mayor volumen de agua concesionado.

El dato fue divulgado durante la presentación del Sistema de Información Geográfica, denominada Agua y Minería, herramienta desarrollada por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Existen dos maneras de la industria minera para acceder al agua en territorio mexicano, explicó el director general del IMTA, Adrián Pedrozo Acuña. La primera es por la concesión de título de aguas nacionales, inscrito en la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), administrado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), bajo la clasificación “uso industrial”.

Basado en este registro, en 2020, el volumen concesionado a la industria minera fue de 462.45 millones de m³ al año, donde más de 80% de las extracciones de agua se destina a la producción de cobre, oro y hierro.

El 66% de las concesiones de agua se ubican en acuíferos sin disponibilidad y el 18.96% de las concesiones para la minería metálica están en acuíferos sobreexplotados.

Sin embargo, existe una segunda manera de la industria minera para acceder al agua. Es el uso de agua asociado directamente al título de la concesión minera, también llamada de uso libre o agua de laboreo. “La industria minera, específicamente la industria minera a cielo abierto, tiene la posibilidad de usar el agua que está libre, que se alumbra en los grandes pozos que se genera en el mismo territorio” de actividad minera, explica Acuña.

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Resulta que no existe un control, por parte del gobierno mexicano, del uso del agua por la vía de la concesión minera. “El Estado mexicano no sabe cuánta agua de laboreo es utilizada por la industria minera”, admite el director del IMTA.

El Instituto hizo una estimación del volumen del agua utilizada en 2020 por medio de las concesiones mineras. La aproximación revela que el uso fue casi tres veces más que el agua utilizada por medio de las concesiones de títulos de aguas nacionales: 1,131.58 millones de m³   por año. “Eso nos indica el tamaño del problema”, dijo el Acuña.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, admitió que la minería a cielo abierto requiere de grandes volúmenes de agua, lo que genera impactos negativos irreparables para las comunidades aledañas y sus ecosistemas. “En las últimas décadas la sobreexplotación de los yacimientos mineros ha contaminado ríos y mantos freáticos y se ha utilizado irracional y irresponsablemente del agua superficial y subterránea”, dijo.

Más agua

Acuña explicó que, en la actualidad, se requiere cada vez de mayores cantidades de agua para separar los minerales del suelo.

“Es cada vez más complicado encontrar minerales en el suelo. Se requiere de muchísima agua, lo que genera muchos más residuos, de manera que las presas de jales (presas formadas por residuos tóxicos del proceso de extracción de minerales) son mas grandes”, explica.

Para tener una idea, en el año 1900, por una tonelada de suelo removido se lograban 20 gramos de oro, y se generaban 999 mil 980 gramos de jales. Hoy, de una tonelada de suelo removido es posible sacar cinco gramos de oro, y se generan 999 mil 995 gramos de jales.

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El aumento del volumen de agua y de residuos “genera diferentes crisis”. “Por un lado, la necesidad de tener más agua para los procesos de concentración de minerales y, por otro, (son necesarios) más procesos de tratamiento para que los lixiviados y toda aquella agua residual no contaminen los cuerpos de agua que tenemos”, dijo Acuña.

Para 2050, las dos autoridades ambientales, Albores y Acuña, admiten que los riesgos hídricos asociados a la minería serán inmensos y ocasionarán mayor escasez, contaminación y conflictividad.

^{En portada: Mariano Abarca al micrófono durante las protestas en la embajada de Canadá ubicada en la Ciudad de México durante 2009.}

La Corte Suprema de Canadá cerró la puerta a cualquier investigación sobre el papel de la embajada de dicho país en México en el asesinato de Mariano Abarca, defensor del medio ambiente en Chiapas.

Abarca, líder comunitario de Chicomuselo, fue asesinado en 2009 debido a su activismo contra los impactos sociales y ambientales de las operaciones mineras de la canadiense BlackFire Exploration, empresa que explotó concesiones de titanio en la región de la Sierra Madre.

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La reciente decisión de la Corte responde a una queja presentada por la familia de Abarca sobre el rol de la diplomacia canadiense. En el año 2018, y bajo la ley de denunciantes de Canadá, los familiares del activista chiapaneco argumentaron que el apoyo incondicional de la Embajada de Canadá a Blackfire Exploration puso a Mariano Abarca en mayor riesgo durante las semanas y meses previos a su asesinato.

“Ignorando más de 1,000 páginas de pruebas que documentaban las acciones de la Embajada en apoyo a la empresa, el Comisionado de Integridad para la Administración Pública de Canadá -cuya responsabilidad es examinar denuncias y garantizar la confianza en el sector público- se negó a abrir una investigación”, difundió este lunes (23) la organización Mining Watch.

La resolución de la Corte contradice la revisión del juez federal de Canadá, Keith Boswell, quien en 2019 admitió que Abarca “quizás no hubiera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”.

No obstante, pese a los recursos presentados ante el Comisionado no consiguieron la apertura de una investigación y el 12 de enero la Corte Suprema rechazó el recurso de apelación presentado por la familia Abarca.

“Hemos agotado todas las vías para llegar a la verdad en Canadá”, informó José Luis Abarca, hijo de Mariano, quien señaló que ahora acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir justicia.

“Mi padre fue asesinado hace 13 años y, hasta el día de hoy, no estamos más cerca de comprender el papel que los funcionarios canadienses pudieron haber desempeñado en poner en peligro su vida. Mientras no se investiguen las acciones de estos funcionarios canadienses, las embajadas de Canadá en todo el mundo seguirán prestando un importante apoyo diplomático a empresas mineras canadienses, probablemente poniendo en peligro las vidas de otros defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Es hora de que recurramos a organismos internacionales para que Canadá rinda cuentas”, sostuvo el hijo del defensor asesinado.

Diplomacia económica

La cronología elaborada por el Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP por sus siglas en inglés), sobre el asesinato de Mariano Abarca, enfatiza que el crimen ocurrió apenas siete semanas después de que diplomáticos canadienses se reunieron con funcionarios del gobierno chiapaneco para promover las actividades de la minera BlackFire Exploration.

Ahora,con la resolución de la Corte Suprema se ha puesto un fin a la posibilidad de investigación, administrativa y judicial, sobre las irregularidades en que incurrieron funcionarios canadienses en el asesinato del defensor del medioambiente, apunta el asesor jurídico de la familia, Nicholas Pope.

“La integridad de los procedimientos de revisión ética de Canadá en sus actividades internacionales es un asunto que preocupa enormemente a los canadienses. Es lamentable que la Corte haya cerrado esta puerta”, compartió el abogado.

Por su parte, Shin Imai, también integrante de JCAP, sostuvo que este caso cobra relevancia debido a que habría puesto a prueba al sistema de denunciantes de Canadá, “con importantes implicaciones para la democracia, la transparencia y el problemático apoyo diplomático de Canadá a las empresas canadienses en el extranjero”.

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Según Mining Watch, en 2022, el valor de los activos mineros canadienses en el extranjero ascendía a 188,000 millones de dólares, “activos de propiedad de empresas que reciben un importante apoyo financiero y diplomático del gobierno canadiense”, recalca la organización.

Ante ello, otra integrante de JCAP, la profesora Charis Kamphuis, afirma que la diplomacia económica puede tener repercusiones negativas sobre los derechos humanos y estar en contradicción con las obligaciones internacionales de Canadá.

“Los funcionarios canadienses ofrecen un sólido apoyo político para promover los intereses mineros canadienses en el extranjero y a menudo no respetan las propias políticas canadienses de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos y del medio ambiente amenazados”. Una muestra de ello, acorde a la profesora, es el caso de Mariano Abarca, pues “los tribunales canadienses no quisieron tomarse en serio esta cuestión y exigir una investigación de las acciones de los funcionarios canadienses”.

Otros Mundos Chiapas y la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), quienes trabajaron con Abarca antes de su asesinato, afirman que la negativa de la Corte Suprema de Canadá a escuchar esta apelación es “decepcionante”.

Según Gustavo Castro, “reafirma nuestra percepción de hasta qué punto las autoridades canadienses están capturadas por los intereses de sus empresas mineras. Este caso trata del asesinato de Mariano Abarca en México, pero también de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente que protegen su tierra y su agua de los daños causados por las explotaciones mineras canadienses en América Latina y en todas partes”.