Fuente: Avispa Midia Por Santiago Navarro F y Regina López
En portada: Para la comunidad es importante tener su propia Guardia Comunal ya que son personas conocidas, los propios familiares y vecinos que la conforman, conocen los estatutos, el territorio y las dinámicas comunitarias internas. Foto: Santiago Navarro F.
La conocen como la mexicana. Es una mujer indígena Nahua de un poco más de 50 años de edad. En su mirada firme guarda como un secreto los momentos más decisivos de los últimos 15 años de su vida “haciendo resistencia”, como dice ella. Ha aprendido a sortear el hostigamiento del crimen organizado en sus tierras. Primero fue el cártel de la Familia Michoacana, cuenta ella, después Los Caballeros Templarios y, ahora, el llamado Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ella, la indígena Teresa Regis Nicolás, hace quince años volvió de los Estados Unidos. Tras la muerte de su padre regresó a su tierra natal, con un legado que le había dejado, luchar por las tierras comunales que pertenecen al pueblo indígena de Santa María Ostula, municipio de Aquila, localizado en el estado de Michoacán de Ocampo, que llega hasta la costa del Océano Pacífico, en el oeste de México.
En ese entonces, en el año 2009, tenía solo tres meses que este pueblo había ejecutado una estrategia armada para recuperar una fracción de sus tierras, en las que hoy habita Teresa, su hijo y más de 70 familias indígenas. Un poblado que fue bautizado como Xayakalan, tierras que estaban en manos de personas que habían conseguido escrituras como pequeños propietarios, vinculados al crimen organizado. Aunque los indígenas cuentan con la titulación de sus tierras comunales por decreto presidencial de 1964 y los títulos primordiales de los años 1700 que respaldan que estás tierras son suyas.
Xayakalan pasó a ser el poblado número 24 que forma parte de Ostula, que los originarios reconocen como encargaturas, similar a las agencias municipales. “No me tocó la acción de la recuperación. Pero tres meses después fui una de las primeras ocho familias que se establecieron con una casita en este lugar y, desde entonces, hemos resistido”, recuerda la mexicana.
La Comunidad Otomí anunció este 5 de julio el fin del plantón que mantenía en la avenida México-Coyoacán debido al nulo avance del diálogo con Martí Batres, actual jefe de gobierno y su equipo de trabajo. Así la comunidad lanzó un mensaje a la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum y a la virtual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.
¿Claudia Sheinbaum y Clara Brugada tendrán la capacidad de resolver las demandas de la Comunidad Otomí? Su exigencia principal es una vivienda digna y el avance en los proyectos que garanticen el acceso digno y decoroso, para así desocupar el edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) que mantienen tomado desde hace casi 4 años y se ubica a un costado de la Cineteca Nacional.
Resolver estas peticiones significa un gran reto, pues supone garantizar el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad que tienen los pueblos originarios. Resolver las peticiones significa garantizar que una comunidad originaria goce de un plan integral con condiciones para desarrollar una vida libre de violencia racial y discriminación, lo que marcaría un gran precedente. El reto es tener voluntad política para resolver una situación que diferentes funcionarios intentaron gestionar.
Desde el 12 de octubre de 2020 la Comunidad Indígena Otomí mantiene tomadas las instalaciones del INPI. En ese entonces la jefa de gobierno era Claudia Sheinbaum, que fue citada en distintas ocasiones para resolver las peticiones e instalar mesas de trabajo. Sin embargo, nunca se presentó y los acuerdos a los que se llegó con sus representantes no tuvieron validez. A partir de octubre de 2024 asumirá un nuevo cargo, con lo que tendrá nuevos grandes retos y oportunidades.
Con la actual administración se tuvieron mesas de para alcanzar negociaciones, además se les entregó un oficio que contenía una propuesta de 9 puntos para llegar a una resolución. Tuvieron conocimiento Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México, Inti Muñoz, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Ciudad de México (SEDUVI) y Tania Libertad Argumedo Chávez, coordinadora ejecutiva del Instituto de Vivienda (INVI), pero no ha habido un avance. Sin embargo, la Comunidad Otomí no descarta que en los 95 días que les queda de administración logren establecer una ruta justa. De lo contrario emprenderán acciones dirigidas a la nueva administración.
Ataque armado en Santa María Ostula Michoacán pone en riesgo a la comunidad
Al firmar esta Acción Urgente se enviará automáticamente un correo a autoridades gubernamentales para exigir que frene la violencia en la comunidad nahua de Ostula. Consulta el listado de autoridades a las que les llegará tu petición al final de esta acción urgente.
Ciudad de México, 04 de julio de 2024 Actualización 2 de la Acción Urgente 003/2024
Del 1 al 3 de julio de 2024 la comunidad nahua, Santa María Ostula, ubicada en Michoacán, denunció que fue atacada nuevamente por un grupo delincuencial. La comunidad señaló que desde el 1 de julio se presentaron los ataques armados en los puntos de seguridad de la Guardia Comunal que vela por la seguridad de las y los habitantes, poniendo en riesgo a toda la población.
El 3 de julio el grupo delincuencial accionó con explosivos lanzados desde drones y con armas de grueso calibre. Un explosivo fue lanzado a la cancha central de la encargatura de Ostula y posteriormente se accionó en contra de casas, la escuela, y en adelante, una explosión aproximadamente cada 40 minutos vía aérea (con drones). La población civil fue atacada y hubo grupos de alrededor de 50 criminales que rodearon a la población desarmada, que son principalmente mujeres, niños y personas de la tercera edad.
Por la gravedad de los hechos, la comunidad notificó a los tres niveles de gobierno, que hicieron caso omiso para atender la emergencia y desactivar los ataques. El 4 de julio por la mañana, periodistas reportaron que elementos de la Secretaría de la Marina hicieron presencia en la comunidad, sin embargo, solo sobrevolaron la comunidad con un helicóptero que no se acercó a las zonas de donde provenían los ataques. Lo que generó tensión entre la población.
Por lo anterior hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales a nivel federal y estatal para:
La actuación inmediata de las autoridades competentes para proteger a la población, garantizar la vida e integridad de todas las personas y el cese de los ataques del grupo delincuencial en contra de la comunidad.
El respeto, reconocimiento y otorgamiento de las garantías necesarias para el funcionamiento de la Guardia Comunal y el ejercicio de la libre determinación y autonomía de la comunidad indígena Nahua de Santa María Ostula, para mantener la paz en la región, el cuidado y la protección comunitaria.
La construcción de estrategias conjuntas entre gobierno federal, estatal, municipal y comunitario para enfrentar estos ataques y que se coadyuve al ejercicio pleno de su libre determinación.
El reconocimiento a la libre determinación y autonomía de Santa María Ostula como uno de los procesos históricos en México.
No abonar a las narrativas que minimizan la gravedad del contexto que se enfrenta en el estado de Michoacán.
La Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena, nos sumamos a la exigencia de la comunidad indígena de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Muchoacán y URGIMOS a que se tomen de inmediato las acciones necesarias para resguardar la seguridad en la región costa sierra de Michoacán, y se detenga el avance del Cartel Jalisco Nueva Generación, que acrecentó de una manera desmedida su ataque armado a la encargatura de La Cofradía, en la zona sierra de la comunidad indígena de Ostula.
Desde el día 1 de julio comenzó el ataque a los puntos de seguridad de la comunidad. Y desde el 3 de julio comenzó un artero ataque con explosivos arrojados desde drones sobre lugares públicos de la comunidad, a los que cada 40 minutos estuvieron arrojando explosivos y atacando con grupos de alrededor de 50 sicarios con armas de guerra, sumados a los ataques que la comunidad ha denunciado en semanas anteriores y ante los cuales, los gobiernos han sido omisos, permitiendo con ello la expansión del Cartel Jalisco Nueva Generación a costa de la vida de los pueblos indígenas y campesinos
Denunciamos que el gobierno estatal de Michoacán y el gobierno federal están dejando sola a la comunidad de Ostula. No solo no han hecho presencia para resguardar y defender al pueblo indígena de la sierra costa, sino que permiten que los atacantes puedan transitar por la región para reabastecerse de parque y armamento para mantener su guerra a la que nuestras hermanas y hermanos resisten de manera heroica con organización y dignidad.
Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo nahua de Santa María Ostula, Michoacán y su guardia comunal y convocamos a los pueblos originarios de México y el mundo, a la sexta nacional e internacional, a las organizaciones de derechos humanos y colectivos solidarios y conscientes, a denunciar y exigir que se detenga el ataque armado y sean desmantelados los grupos criminales.
ATENTAMENTE Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena.
COMUNIDAD NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA BAJO ATAQUE DEL CRIMEN ORGANIZADO
¡Exigimos acción inmediata para desarticular los grupos criminales! ¡Exigimos respeto a la libre determinación de la comunidad Nahua de Santa María Ostula!
Un pueblo en resistencia: la historia de lucha de Santa María Ostula
Los abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación ante la situación que vive la comunidad indígena de Santa María Ostula. Desde hace décadas, la comunidad ha sido un ejemplo de dignidad y organización en la defensa de su territorio y el ejercicio de su derecho a la libre determinación. En 2009 El Manifiesto de Ostula, firmado en conjunto con los pueblos Wixárika, Purhépecha, Binnizá, Hñahñuu, Coca, Tzeltal, Ñuu Savi y Rarámuri, reiteró su empeño por continuar ejerciendo su derecho histórico a la autonomía y libre determinación. Días después, miles de comuneros de Ostula recuperaron cientos de hectáreas de tierra que estaban en poder de caciques locales bajo el artilugio de “pequeños propietarios”. Estos territorios, ahora llamados Xayakalan, son codiciados por empresarios del turismo, minería, crimen organizado y comercio de maderas preciosas. Además, Ostula se encuentra estratégicamente ubicada entre los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los dos más importantes de México.
Rápidamente, Santa María Ostula se constituyó como un referente de autonomía y autogestión, estableciendo control comunitario sobre sus tierras y playas y creando la Guardia Comunal, que se encarga de suministrar paz, seguridad y justicia para los habitantes de la región.
Sin embargo, la comunidad no ha estado exenta de hostigamiento y violencia. Desde 2008 en el proceso de organización para la recuperación de su territorio y a lo largo de los años, han sufrido asesinatos, desapariciones, intentos de desarme y ataques armados por parte del crimen organizado.
Denunciamos los ataques del 1 al 3 de julio de 2024
Entre el 1 y el 3 de julio de 2024, la comunidad de Santa María Ostula fue nuevamente víctima de una brutal embestida por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los ataques armados se intensificaron, poniendo en grave riesgo a la población. El 3 de julio, los criminales utilizaron drones para lanzar explosivos contra la comunidad, incluyendo la cancha central, casas y la escuela.
La población civil, principalmente mujeres, niños y personas mayores, fue aterrorizada por la violencia y rodeada por grupos de hasta 50 criminales. A pesar de la heroica resistencia de la comunidad, las autoridades estatales y federales han brillado por su ausencia, permitiendo el ataque impune de los agresores.
Exigimos a las autoridades Federales y Estatales:
La intervención inmediata para detener la embestida del CJNG.
El reconocimiento y respeto a la libre determinación y autonomía de Santa María Ostula como un ejemplo histórico de lucha por la tierra y la dignidad.
El respeto al derecho de la comunidad a ejercer su autodefensa y el otorgamiento de garantías para el funcionamiento de la Guardia Comunal.
Castigo a los responsables de este ataque, de los asesinatos, desapariciones y demás violaciones a los derechos humanos de la comunidad que se perpetran impunes desde 2008.
¡Alto a los ataques contra la comunidad Nahua de Santa María Ostula!
Espacio de Coordinación Nacional Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas
Los pueblos, organizaciones y colectivos que integramos la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida exigimos el cese inmediato a los ataques del Cartel Jalisco Nueva Generación en contra de la población de Santa María Ostula, Michoacán.
El miércoles 3 de julio, por la mañana comenzaron los ataques con explosivos lanzados por drones, a partir de las 5:00 PM miembros del CJNG se hicieron presentes en la comunidad atacando directamente a las casas con armas de fuego de alto calibre mientras que las detonaciones de explosivos continuaron.
Al momento de la publicación del presente comunicado continúan los ataques, por lo cual exigimos a los tres niveles de gobierno que intervengan de manera inmediata para detener las agresiones letales contra nuestras y nuestros compañeros nahuas de Santa María Ostula.
La guerra contra los pueblos está alcanzando niveles de genocidio en nuestro país, con la finalidad de entregar nuestros territorios al gran capital y al crimen organizado.
Repudiamos enérgicamente la desatención del gobierno mexicano que entrena militares y extiende la presencia de la guardia nacional por todo el territorio sin intenciones de acabar con grupos criminales como el que hoy pretende exterminar a nuestros hermanos, sino que sus militares se están preparando para reprimir a la población que se atreva a defender y exigir paz en sus comunidades.
Hacemos un llamado a toda la población organizada y no organizada a exigir que se detenga el fuego contra Ostula, solo la digna solidaridad y la organización podrá hacer frente a este sistema asesino.
A todas las organizaciones sociales y de derechos humanos,
Al Congreso Nacional Indígena,
Al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México,
A la sociedad civil nacional e internacional.
Nuestra comunidad de Santa María Ostula está siendo atacada en estos momentos de forma muy violenta y con uso de explosivos, por el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Desde el 1 de julio volvieron a presentarse ataques armados en contra de los puntos de seguridad que la Guardia Comunal ha establecido para vigilar y evitar los avances de este grupo de criminales.
Pero hoy, 3 de julio, desde la mañana comenzaron a escucharse explosiones ocasionadas por drones así como detonaciones de armas de grueso calibre, en los cerros que rodean la encargatura de la Cofradía de Ostula.
A partir de las 5 de la tarde aproximadamente, se avisó a toda la población de la encargatura sobre la presencia de miembros del CJNG acercándose a donde están las casas, escuelas e iglesia.
Conforme a los protocolos de seguridad se resguardó a la población y la Guardia Comunal ejerció las labores de defensa. Alrededor de las 6 de la tarde comenzaron a escucharse nuevamente detonaciones de armas de alto calibre así como explosiones ocasionadas por drones.
Pero esta vez, el CJNG lanzó un explosivo en contra de la cancha central de la encargatura, que afortunadamente está techada. Inmediatamente comenzó la refriega en contra de casas y escuela, y en adelante, una explosión cada 40 minutos ocasionada por drones.
Esta vez el CJNG atacó a la población civil sin distingo y mandó grupos de alrededor de 50 criminales cada uno a rodear a una población desarmada e integrada principalmente por mujeres, niños y personas de la tercera edad.
Mientras tanto, los tres niveles de gobierno, que han sido notificados por nuestras autoridades agrarias y civiles de esta grave situación, hasta este momento han hecho caso omiso para atender la emergencia y desactivar la embestida criminal.
Exigimos que se desmantele al CJNG, que se detenga a sus cabecillas y a todo aquel que esté actuando en su nombre, incluyendo a personas como Cemeí Verdía Zepeda, Agustín Villanueva Ramírez, Leonardo Bravo, alías Gorra Prieta, Vicente Villanueva Ramírez, Silvano Mercado Cervantes, alias Quirrin, Guillermo Francisco Cruz, alias Picolin, y Refugio Alcalá Alcalá, alias Cubano.
ANTE LOS HECHOS DE VIOLENCIA DENUNCIADOS MANIFESTAMOS QUE LA GUARDIA COMUNAL DE SANTA MARÍA OSTULA, JUNTO CON LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA Y GUARDIAS COMUNALES DE AQUILA Y COAHUAYANA, REFORZAREMOS LAS ACCIONES PARA COMBATIR Y ACABAR CON LA PRESENCIA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN TODA LA REGIÓN, EXIGIENDO EN CONSECUENCIA A TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO:
1. LA ACTUACIÓN INMEDIATA Y ENÉRGICA PARA PROTEGER A NUESTRA POBLACIÓN Y DESACTIVAR LA EMBESTIDA DEL CJNG EN CONTRA DE NUESTRA COMUNIDAD.
2. EL CASTIGO A LOS CULPABLES DEL ASESINATO DE ISAUL NEMESIO ZAMBRANO, MIGUEL ESTRADA REYES, ROLANDO MAGNO ZAMBRANO, EUSTAQUIO ALCALÁ DÍAZ Y JUAN MEDINA, LORENZO FROYLÁN DE LA CRUZ Y ANTONIO RÉGIS NICOLÁS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE ANTONIO DÍAZ Y RICARDO LAGUNES Y JOSÉ GABRIEL PELAYO.
3. EL DESMANTELAMIENTO DEL CJNG Y EL CESE DE LA PROTECCIÓN QUE OTORGAN A DICHO CARTEL FUNCIONARIOS Y MANDOS MILITARES CORRUPTOS.
4. EL RESPETO Y OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y PARA EL EJERCICIO DE NUESTRA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA.
¡Castigo a los culpables del asesinato de nuestros comuneros en la lucha por la tierra y las libertades de la comunidad!
Mientras organizaciones de derechos humanos denuncian el aumento de las agresiones a defensores de territorio en el contexto de la construcción del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec en el último año y medio, en el mismo período se han intensificado las actividades y encuentros promovidos por autoridades mexicanas junto a empresarios y líderes políticos de Europa, Estados Unidos y Asia, para promocionar lo que consideran los “beneficios” de dicho corredor y sus más de diez parques industriales. El objetivo es atraer grandes empresas a la región.
En una de las acciones más recientes, realizada en el inicio de junio de 2024, una delegación mexicana encabezada por la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, y el secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, sostuvo en Washington D.C. un encuentro con Amos Hochstein, asesor principal del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para Infraestructura Global y Seguridad Energética de Estados Unidos, y con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Interior del presidente Biden.
La delegación mexicana compartió detalles de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis) que se construyen en la zona.
La comitiva participó, junto con empresarios y representantes del sector privado mexicano, de un evento organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (U.S. Chamber of Commerce), “en el que coincidieron en la alternativa moderna y eficiente que representará el CIIT para el comercio global por el fácil acceso a Estados Unidos, Asia, Centro y Sudamérica”, dice un comunicado conjunto de las secretarías de Marina y Relaciones Exteriores.
Los funcionarios mexicanos hicieron énfasis en el decreto de “beneficios fiscales” publicado el año pasado por el gobierno mexicano, para las empresas inversoras en la región.
Dos meses antes, mayo de 2024, otra comitiva mexicana integrada por funcionarios de los estados de Oaxaca y Veracruz, de las secretarías de Marina y Relaciones Exteriores (SER), además de representantes del Poder Legislativo, del Corredor Interoceánico y de los consorcios ganadores de los Podebis, hicieron una gira por Europa – la cual inició en la Feria Industrial Hannover Messe 2024, en Alemania, y continuó en Bélgica, Portugal y España.
En estos lugares se sostuvieron reuniones de trabajo con integrantes de la Unión Europea, Asociación de Cámaras Europeas de Comercio e Industria, la Comisión Europea, así como representantes de gobiernos, sectores industriales y conglomerados de inversionistas.
Uno de las agendas principales de la comitiva fue la que trató del corredor marítimo Salina Cruz-Coatzacoalcos-Sines (en Portugal), establecido en diciembre de 2023, contemplado entre los proyectos prioritarios del Global Gateway (una política de la Unión Europea para financiar proyectos de infraestructura en todo el mundo) y considerado uno de los pilares para fortalecer las cadenas de producción entre la Unión Europea y México, a través del Corredor Interoceánico.
La delegación mexicana también hizo un recorrido por el puerto de Amberes-Brujas, Bélgica, el segundo más grande de Europa, donde exploraron futuras colaboraciones.
Unos meses antes, en marzo de 2024, una comitiva de la Unión Europea estuvo en México para lo que llaman Diálogo de Alto Nivel. El Corredor Interoceánico fue tratado como proyecto prioritario, así como el Plan Sonora.
En junio de 2023, en una reunión en México entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, identificaron a México como centro energético, industrial y logístico estratégico – a través de los megaproyectos Corredor Interoceánico y Plan Sonora – para proveer a los mercados norteamericanos y europeos, con un gran potencial en hidrógeno verde, y acordaron que las inversiones europeas serán importantes para contribuir a su desarrollo.
Empresas
Empresas transnacionales también han sido blanco de las acciones del gobierno mexicano. La Secretaría de Economía informó que inició, desde el 8 de mayo de 2023, una ronda de acciones de promoción del corredor. Al menos 330 empresas, de 23 países, fueron alcanzadas por estas acciones, entre ellos Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Países Nórdicos, Reino Unido, Suiza y Taiwán.
Un ejemplo fue el Encuentro Empresarial para el Crecimiento y la Relocalización México-Taiwán, realizado en junio de 2023 en México, en el que se recibió la visita de una delegación de 20 empresas y tres asociaciones empresariales de Taiwán de los sectores de semiconductores y circuitos impresos.
En portada: México presenta en Estados Unidos el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Mientras organizaciones de derechos humanos denuncian el aumento de las agresiones a defensores de territorio en el contexto de la construcción del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec en el último año y medio, en el mismo período se han intensificado las actividades y encuentros promovidos por autoridades mexicanas junto a empresarios y líderes políticos de Europa, Estados Unidos y Asia, para promocionar lo que consideran los “beneficios” de dicho corredor y sus más de diez parques industriales. El objetivo es atraer grandes empresas a la región.
En una de las acciones más recientes, realizada en el inicio de junio de 2024, una delegación mexicana encabezada por la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, y el secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, sostuvo en Washington D.C. un encuentro con Amos Hochstein, asesor principal del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para Infraestructura Global y Seguridad Energética de Estados Unidos, y con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Interior del presidente Biden.
La delegación mexicana compartió detalles de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis) que se construyen en la zona.
La comitiva participó, junto con empresarios y representantes del sector privado mexicano, de un evento organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (U.S. Chamber of Commerce), “en el que coincidieron en la alternativa moderna y eficiente que representará el CIIT para el comercio global por el fácil acceso a Estados Unidos, Asia, Centro y Sudamérica”, dice un comunicado conjunto de las secretarías de Marina y Relaciones Exteriores.
Los funcionarios mexicanos hicieron énfasis en el decreto de “beneficios fiscales” publicado el año pasado por el gobierno mexicano, para las empresas inversoras en la región.
Dos meses antes, mayo de 2024, otra comitiva mexicana integrada por funcionarios de los estados de Oaxaca y Veracruz, de las secretarías de Marina y Relaciones Exteriores (SER), además de representantes del Poder Legislativo, del Corredor Interoceánico y de los consorcios ganadores de los Podebis, hicieron una gira por Europa – la cual inició en la Feria Industrial Hannover Messe 2024, en Alemania, y continuó en Bélgica, Portugal y España.
En estos lugares se sostuvieron reuniones de trabajo con integrantes de la Unión Europea, Asociación de Cámaras Europeas de Comercio e Industria, la Comisión Europea, así como representantes de gobiernos, sectores industriales y conglomerados de inversionistas.
Uno de las agendas principales de la comitiva fue la que trató del corredor marítimo Salina Cruz-Coatzacoalcos-Sines (en Portugal), establecido en diciembre de 2023, contemplado entre los proyectos prioritarios del Global Gateway (una política de la Unión Europea para financiar proyectos de infraestructura en todo el mundo) y considerado uno de los pilares para fortalecer las cadenas de producción entre la Unión Europea y México, a través del Corredor Interoceánico.
La delegación mexicana también hizo un recorrido por el puerto de Amberes-Brujas, Bélgica, el segundo más grande de Europa, donde exploraron futuras colaboraciones.
Unos meses antes, en marzo de 2024, una comitiva de la Unión Europea estuvo en México para lo que llaman Diálogo de Alto Nivel. El Corredor Interoceánico fue tratado como proyecto prioritario, así como el Plan Sonora.
En junio de 2023, en una reunión en México entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, identificaron a México como centro energético, industrial y logístico estratégico – a través de los megaproyectos Corredor Interoceánico y Plan Sonora – para proveer a los mercados norteamericanos y europeos, con un gran potencial en hidrógeno verde, y acordaron que las inversiones europeas serán importantes para contribuir a su desarrollo.
Empresas
Empresas transnacionales también han sido blanco de las acciones del gobierno mexicano. La Secretaría de Economía informó que inició, desde el 8 de mayo de 2023, una ronda de acciones de promoción del corredor. Al menos 330 empresas, de 23 países, fueron alcanzadas por estas acciones, entre ellos Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Países Nórdicos, Reino Unido, Suiza y Taiwán.
Un ejemplo fue el Encuentro Empresarial para el Crecimiento y la Relocalización México-Taiwán, realizado en junio de 2023 en México, en el que se recibió la visita de una delegación de 20 empresas y tres asociaciones empresariales de Taiwán de los sectores de semiconductores y circuitos impresos.
En portada: Pobladores de la región Choluteca, Puebla, se manifestaron para exigir la presentación del Manifiesto de Impacto Ambiental del relleno sanitario. Las autoridades se negaron a dialogar con los habitantes de la zona afectada por el basurero irregular. Abril, 2024.
La Unión de Pueblos y Fraccionamientos en contra del Basurero y en Defensa del Agua que integra 27 comunidades de la región choluteca, en Puebla, mantiene una férrea lucha contra la operación irregular de un tiradero a cielo abierto, en una resistencia que durante meses ha recibido la respuesta violenta del Estado, la criminalización por medios masivos y la omisión de las autoridades ambientales.
En entrevista para Avispa Mídia, el defensor Alejandro Torres Chocolatl contextualiza los últimos sucesos en la lucha contra la operación del basurero.
Torres Chocolatl, locutor de la Radio Zacatepec, advierte que, pese al obtener una resolución judicial a su favor, la cual ordena a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausurar el tiradero, esto no se ha realizado.
Actualmente, la batalla se despliega en acciones de protesta, como bloqueos y marchas, pero también con ejercicios de reforestación y cuidado de la naturaleza pues, según el defensor, ahí donde hay muerte, los pueblos defienden la vida.
A continuación, presentamos extractos de la conversación con Alejandro Torres Chocolatl.
Avispa Mídia (AM): ¿Puedes compartirnos el contexto de las luchas por la defensa de los territorios en la región Choluteca?
Alejandro Torres (AT): Desde hace muchos años hemos librado batallas aquí en toda esta región: el gasoducto; las torres de alta tensión; desarrollos de parques industriales y las aguas que pretendían contaminar nuestro río Metlapanapa; la expropiación de tierras para desarrollos inmobiliarios y después vino el problema de la embotelladora Bonafont.
Actualmente, nos encontramos con este problema del basurero, o tiradero, porque así lo llaman los especialistas. Más que un relleno sanitario, pues es un basurero y que efectivamente ya llevamos un buen rato aquí organizándonos, pues cada vez se suman más comunidades.
AM: Durante los últimos meses hemos atestiguado la resistencia contra el basurero, ¿cuáles son las irregularidades que han documentado y en qué momento se encuentran tras la orden judicial a las autoridades ambientales?
AT: Hemos visto muchas irregularidades y la Profepa pues no cumple las órdenes judiciales. El juez les dio un plazo de una semana para recolocar nuevamente los sellos, y hasta la fecha, ya vamos 15 días y no han venido a colocarlos.
En abril, con la clausura provisional que colocó la Profepa en la ampliación de este basurero, -y que después retiraron de manera ilegal-, donde rascaron un socavón de más de 20 metros de hondo, ahí apareció el agua. Son 5,000 metros cuadrados de perforación y que, ahorita, por las lluvias, los lixiviados ya están entrando a las entrañas de los mantos freáticos.
Al no contar con la geomembrana para los lixiviados, nomás quedó el 60% cubierta y toda esa basura, ahorita con las aguas y con los vientos de estas tormentas que están cayendo, la basura volvió a irse a los terrenos de cultivo.
Eso sí es un problema muy grave que estamos viviendo. En días pasados, un juez federal notificó a Profepa que tiene que regresar los sellos de clausura, porque les dieron un tiempo para remediar todo ese daño que estaban ocasionando: cubrir la la montaña de basura, tratar los lixiviados, tener bien resguardado el biogás, el gas metano que segrega la basura. Lamentablemente no cumplieron con todo lo que les pidieron y la Profepa federal dijo que, de no cumplir, pues tenían que clausurar de manera definitiva el relleno sanitario.
AM: ¿Cuáles son los efectos negativos que dejó la operación del tiradero?
AT: Nosotros hemos hecho estudios con la Universidad Autónoma Metropolitana, que hizo cinco estudios de pozos a un radio de kilómetro y medio del basurero y que, vieron como resultado que efectivamente ya los mantos freáticos están contaminados por la basura. Tenemos conocimiento que depositaban residuos peligrosos de laboratorios, de hospitales, de textileras, todo eso lo enterraban y no solo eran estos 23 municipios (de Puebla) que se habla, sino ya venía la basura de la ciudad de México, de Tlaxcala y Oaxaca. Incluso llegamos a ver camionetas de Tamaulipas. Era un basurero para toda la persona que pudiese pagar un buen billete para llegar ahí a depositar clandestinamente su basura, porque lo hacían en la madrugada.
AM: ¿La empresa ha realizado los trabajos de remediación que le ordenaron las autoridades ambientales?
AT: Hubo brigadas del dueño del basurero. Contrató unas 100 personas que se pusieron a limpiar alrededor de todos los terrenos afectados. Se pusieron a meter pipas que extraían todos los lixiviados con bomba. Mataron a la “fauna nociva”, los perritos, que eran más de 300, fueron sacrificados. Nosotros documentamos todo eso, de los perritos tirados alrededor de los terrenos aledaños. Las palomas y todo lo que tenía el basurero también fueron envenenados. Quisieron hacerlo todo en menos de 20 días. No pudieron, no cumplieron y estamos esperando que, de verdad, se respete la decisión del juez federal y que la Profepa haga su clausura.
AM: ¿Por qué si se ha demostrado la contaminación y otras irregularidades, la empresa continúa aferrándose a su operación?
AT: Vemos que arriba, el dueño es Cuauhtémoc Ochoa, un político que en su momento fue subsecretario de la Semarnat (Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales), ahí por el gobierno de Peña Nieto. Entonces los favores se van pagando. Actualmente, del Partido Verde brincó a Morena para elegirse como diputado federal por el Estado de Hidalgo. Todos esos compadrazgos, todos esos lazos, pues están haciendo que se retrase esta clausura, porque desgraciadamente vivimos en un país corrupto por parte de nuestras instituciones, por parte de los gobiernos en los tres niveles y pues todos ellos se solapan, pero yo creo que la lucha digna y justa de aquí de los pueblos cholutecas logrará el cierre.
El dueño de la empresa está necio. De hecho, hubo una manifestación, de gente contratada, ahí frente a Casa Aguayo (palacio de gobierno del Estado de Puebla) para decir que más de 150 personas habían perdido su trabajo. Hicieron ruedas de prensa argumentando que hay una afectación muy fuerte, y luego las denuncias que hizo esta empresa, con los mismos trabajadores de él, diciendo que está perdiendo muchos millones de pesos y que los culpables son una bola de revoltosos, que son 10 o 12 borrachos, porque así lo han manejado de quienes están ahí obstruyendo el relleno sanitario.
Vemos que de verdad está utilizando toda la economía que tiene y el poder político para no irse, para no cumplir con lo que el juez federal está ordenando.
AM: ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoriades estatales?
AT: Mira cuánto tiempo llevamos y las autoridades, omisas. Y luego el gobierno del Estado, desinformando, diciendo que los pueblos son los necios, que no queremos diálogo; que estamos provocando basureros clandestinos, que somos unos contaminadores. Se ponen a decir que, ¿cómo es posible que tienen que ir a otro basurero, que está a 10 km de Puebla? y que, “pobres llantas de los camiones y los municipios que tienen que gastar gasolina”, o sea, dicen tontería y media con tal de generar esa desinformación y justificar una posible represión, porque eso es una estrategia que vemos en varios conflictos, donde empiezan a criminalizarte y, de pronto, pues utilizan la fuerza pública justificando que están haciendo justicia.
Nosotros tenemos que denunciar todo eso, porque pues, sí, el riesgo está latente. La semana pasada llegaron 10 patrullas al plantón, de manera agresiva e intimidando, tomando videos, fotos. El Estado está jugando su papel para querer regresar esta empresa corrupta a seguir contaminando el territorio, pero los pueblos no lo van a permitir.
AM: ¿Cómo se ha profundizado la campaña de criminalización y represión?
AT: El subsecretario de Gobierno, Javier Aquino Limón, aquí de Puebla, anunció que ya fabricaron carpetas de investigación, “para los revoltosos”, y no nos extraña que puedan utilizar este último recurso para querer dividir, para querer meter miedo, y para seguir imponiendo este basurero
Esa información la dio a conocer hace mes y medio, de que ya la empresa había formulado carpetas de investigación y van a proceder en activar la orden de aprehensión. Hace 15 días dijeron que eran cinco denunciados, de los compañeros más visibles. Está muy hermética la información, lo tienen bien resguardado, para que en su momento pues de la noche a la mañana activen una orden de aprehensión.
Es el último recurso que utilizan las personas que generan este tipo de conflictos. De todos modos estamos atentos. Tenemos dos abogados, están al pendiente de esta situación legal. Cualquier cosa que llegase a pasar, con cualquiera de nuestras compañeras o compañeros, el responsable es el dueño de la empresa Pro Faj Hidro Limpieza S.A. de C.V., que se llama Cuauhtémoc Ochoa y sería también el mismo gobierno del estado de Puebla, por la complicidad que tiene con ellos.
Tienen silenciados a los medios de comunicación. Vemos que es un conflicto difícil y que esperemos no vaya a suceder lo que pasó allá en Totalco, en Perote, Veracruz, donde perdieron la vida dos campesinos por defender su agua.
AM: ¿Consideran hacer uso de otros recursos legales?
AT: Vamos a tocar instancias internacionales con toda la documentación y pruebas. Creo que esta gente ecocida tiene que estar en la cárcel y no solo eso, sino tiene que reparar todo el daño tan fuerte que ya cometió y que no se va a remediar en uno dos o tres años. Son miles de toneladas de basura ahí ya asentadas y que el corazón del basurero pues está generando lixiviados que sabrá Dios cómo los vamos a quitar.
AM: Además de las acciones de rechazo al basurero, ¿qué otras estrategias han implementado?
AT: Como no opera la Profepa, ni la Semarnat, los pueblos nos estamos organizando para campañas de reforestación. Ya llevamos tres campañas con más de 150 árboles alrededor del basurero, árboles de un metro, grandes. Nosotros tenemos ese lema, “donde hay muerte, nosotros reconstruimos”. Estamos generando vida y de igual forma seguimos visibilizando toda esta injusticia y el daño ambiental que ahorita con las lluvias, les comento, están ya cayendo los lixiviados a ese hoyo que hicieron, pues están contaminando más nuestros pozos.
Trabajos de reforestación por parte de comunidades de la Región Choluteca.
Los jóvenes están participando; estudiantes, los padres de familia, niños, los pueblos. Lo que se está haciendo es que, como esas tierras están en comodato al empresario, – por lo tanto son tierras del pueblo-, donde están saliendo los lixiviados, se están haciendo vallas de árboles, unos árboles que nos dicen los ingenieros agrónomos que se chupan los lixiviados. Como que los encapsulan.
A ese espacio se le está dando vida. Ya van tres domingos que se hace esa campaña de reforestación. De los 150 que se llevan plantados, sólo no han vivido tres. Todo eso, en un futuro, lo vamos a ver verdecito y pues ojalá veamos clausurado el basurero, la reparación del daño y el plan de abandono.
En portada: Grupos de autodefensas durante patrullaje al occidente de Michoacán. 2014. Foto: Simón Sedillo / Agencia Subversiones
Por Rogelio Josue Ramos Torres**
LOS DETONANTES
“Porque días llegarán en que la sangre de los sacrificados inundará la conciencia del tiempo”.
Ramón Martínez Ocaranza
En aquel junio de 2014, cuando lo apresaron, Marco tenía 22 años, nació en Otlán, Jalisco, pero desde los 5 vivía con su madre en Coalcomán, Michoacán. Las cosas con la inseguridad habían comenzado a complicarse años antes, pero en 2013 de plano se fue todo al carajo, al menos para él y para su familia. Ya antes habían matado a su tío José, pero la larga zarpa templaria les habría de caer todavía con más brutalidad encima el 2 de diciembre de ese mismo año. Sucedió cuando su hermano, de 18 años, y su tía, de 25, viajaban juntos con rumbo a Colima. Un grupo de hombres armados los interceptó cuando pasaban por una ranchería. A ella la bajaron primero del carro, a jalones, ante los gritos impotentes del muchacho. Ahí mismo le arrancaron la ropa, la violaron entre tres y la golpearon hasta que cayó inconsciente. Luego, uno de los sicarios se acercó al joven y sin más lo mató de un disparo, le clavaron un cuchillo con una cartulina en un costado y arrojaron su cuerpo inerte sobre la muchacha. “Eso les pasa por soplones”, escribieron.
Sobre la familia pesaban varias amenazas, todas sin fundamento, pretextos que los templarios buscaron para condenarlos por el hecho de haberse negado a pagar las cuotas exigidas. Los criminales la emprendieron entonces contra un primo de Marco que recién había regresado de los Estados Unidos. También se negó. No tardaron en perpetrar la represalia, y fue despiadada, demencial. Al primo lo levantaron. Cuando la familia de Marco encontró su cuerpo, este no tenía los testículos, tampoco el ojo derecho, ni la lengua, ni una oreja, ni ninguno de los dedos de las manos. El torso estaba marcado por diversos cortes de arma punzocortante y siete heridas de bala. Tenía, además, varias partes carbonizadas.
Jorge rondaba los 19 años cuando le pusieron las esposas y lo llevaron a empujones a una camioneta de la policía en ese verano de 2014. Nació en Chucutitán, un rancho como a unos 30 kilómetros del puerto de Lázaro Cárdenas. Era albañil y le tocó vivir en carne propia el acoso templario. Una tarde vio cómo la gente que mandaba “El Bigote” le ponía a su abuelo una pistola en la sien, obligándolo a arrodillarse. Querían que les entregara una camioneta que había comprado recientemente. Era el año 2010, y, gracias a la intervención de un conocido pudo negociar el asunto. Los delincuentes, sin embargo, compensaron lo perdido con lo que pudieron sacarle a un tío de Jorge, que vendía muebles en La Mira y a quien obligaron a pagar una cuota bajo la amenaza de matarlo a él y a sus hijos. Más tarde le pidieron un millón de pesos, que el señor se negó a pagar. Estaba consciente de lo que eso implicaba, y se preparó para las consecuencias. El día que llegaron por él los recibió a balazos, pero traían más armas y no pudo con todos, ahí lo mataron. Le dieron un tiro de gracia en la frente y aventaron su cadáver en una laguna cerca de Playa Azul. Apareció flotando cuatro días después.
Fotos: Agencia Subversiones.
Ricardo tenía 26 años cuando le cayeron encima los federales en aquel sexto mes de 2014. Entonces vivía en Caleta de Campos, trabajaba como campesino. Un día, un grupo de hombres armados liderados por “El Chabelo”, el jefe templario del pueblo, se presentó en la casa donde vivía junto a sus padres y otros hermanos. El delincuente les dijo que una hermana de ellos, emigrada desde hace algunos años a Estados Unidos, le debía 15 mil dólares. Le respondieron que, si aquello era cierto, ellos no podían pagarlo. Días después levantaron a uno de sus hermanos en el tramo Caleta-Chuquiapan. Luego de algunos días de buscarlo, un campesino de una localidad cercana les dijo haber visto que en una brecha torturaron a alguien. Fue un 23 de marzo cuando junto a cuatro policías federales encontraron su cuerpo, estaba quemado y parcialmente enterrado. Lo reconocieron gracias a lo que quedó de una credencial para votar. Después sabrían que tenía también decenas de huesos rotos.
EL CONTEXTO
Entre la policromática lista de causales que impulsaron el surgimiento de los grupos de autodefensas en Michoacán entre los años 2013 y 2014, hay innumerables historias como estas, que remiten a un hartazgo legítimo frente a un acoso criminal que germinó y se agigantó gracias a complicidades políticas e institucionales que, salvo irrisorias excepciones, nunca fueron penalizadas. En esta historia, los seudónimos de los capos mafiosos más temidos, el Chabelo, el Gori, el Bigote, el Quinientos, etc., están inevitablemente ligados a nombres y apellidos de políticos de viejo y nuevo cuño, pero también de empresarios sin cuyos medios y canales comerciales la explosión de la delincuencia no puede sencillamente entenderse. Crimen organizado, estado y empresarios, la trilogía que en Michoacán alimenta y aceita la máquina del desarrollo, un conglomerado omnímodo y fáctico de fuerzas cuyas tensiones, en los años posteriores al calderonismo, derivaron en un temporal crítico que sacudió a un estado históricamente habituado a convivir con niveles de violencia por encima de la media nacional.
El denominador común de los tres testimonios antes referidos es que sus autores estaban entre los 82 hombres que fueron apresados junto a José Manuel Mireles, el 27 de junio de 2014, en La Mira, Michoacán. La mayoría eran costeños, residentes de pueblos como Caleta de Campos, Chuquiapan, Las Peñas y La Manzanilla. Mireles, se sabe, estuvo rodeado de perfiles tan variopintos como lo es el propio crisol social de la Tierra Caliente y de la Sierra-Costa michoacanas. Regiones donde, así como le sucedía al malhadado Jesús Pérez Gaona del inefable José Rubén Romero, la muerte y las personas se hablan de tú desde hace un buen rato y las lógicas de blancos y negros se quedan muy cortas para explicar la realidad.
Los de ese encarcelamiento eran en su mayoría hombres de trabajo, personas sencillas para las que el yugo templario era ya insostenible, familias con hijas violadas, con hermanos muertos, con padres torturados, con sobrinos desaparecidos, con madres amenazadas, con casas arrebatadas, con bienes expoliados, a quienes la desesperación, y una añeja imposibilidad de acceso a los canales institucionales, no dejó otro camino para tratar al menos de contener un drama de dolor y sangre que para entonces se repetía por cientos en esas regiones.
El fenómeno no era en absoluto aleatorio, el desinterés oficial saltaba a la vista exhibiendo las falacias de un sistema supuestamente democrático, en el que la inclusión política es propiedad exclusiva de unos cuantos, generalmente congraciados con los intereses del gran capital. De eso hablaba el desdén de las autoridades, del sesgo policial característico de los Estados que transitan a las fases más rapaces del neoliberalismo, en los que las funciones de seguridad se centran en custodiar capitales y no personas, funciones que, en lugares como Michoacán, se comparten desde hace mucho con los lugartenientes criminales. Un esquema lógico considerando que, como apunta Salvador Maldonado (2014), el narcotráfico es la cristalización de la misma organización económica, política y social de las poblaciones y sus mercados. El problema fue que la grotesca ocurrencia calderonista de 2006 rompió los equilibrios de esa gobernanza político-criminal, provocando el brote de múltiples fuerzas delincuenciales que terminaron por hacer metástasis en el tejido social, y los anticuerpos de este, a su vez, por reaccionar.
Autodefensas del municipio de Aquila, en la región costa sierra michoacana. Foto: Juan José Estrada Serafín / Agencia Subversiones.
Frente a las autodefensas, el gobierno federal adoptó una actitud errática, que un gobierno estatal representado por Fausto Vallejo, un mandatario de pacotilla, con distintos matices, replicó. Las posturas de políticos y funcionarios del régimen oscilaban entre el silencio, la simpatía y la condena. Finalmente, la ambivalencia y el pragmatismo se impusieron como la constante que guió el proceder de las autoridades (Guerra Manzo, 2015), y, así, el gobierno se reservó el derecho de clasificar a buenos y malos de acuerdo con sus propios intereses. Hipólito Mora y José Manuel Mireles, los líderes más radicales y reacios a la negociación, fueron entonces separados del resto y colocados bajo una etiqueta distinta, una marca que, a la postre, habría de decidir sus destinos.
Esos liderazgos ostentaron desde el inicio una capacidad de aglutinamiento de la indignación social que cundió velozmente en el territorio estatal, y que, por lo tanto, amenazaba los intereses de la plutocracia en el gobierno, cuya vocación capitalista no se distanciaba, en esencia, de aquella criminal. Por eso, la estrategia para el apaciguamiento fue en buena medida la de reordenar la relación Estado-grupos criminales, orientada a calmar la superficie de las cosas, y a inhibir el incendio social que se extendía por todo Michoacán.
Como corolario, vendría el manotazo gubernamental, el castigo ejemplar a los rebeldes que se negaron a plegarse a las decisiones de la administración peñanietista. Al gobierno no le preocupaban las causas del problema, su interés estaba, más bien, como señaló en su momento Martha Olivia Arias (2014), en montar la ilusión de la “vuelta a la normalidad”. Un subterfugio obligado ante la amenaza que el brote de las autodefensas significaba para un Estado en franco despliegue neoliberal, que se aprestaba, mediante una serie de reformas estructurales, a rematar el patrimonio nacional. No fue casualidad que, tras haber recorrido una buena cantidad de poblaciones, el arresto de Mireles ocurriera precisamente en la zona costera donde se concentran las hegemonías industrial y política que controlan históricamente el desarrollo de la región, y, en no menor medida, del estado.
LA DETENCIÓN
El arresto fue una puñalada a traición para quienes, con todo y sus contraluces, se habían encargado de hacer lo que el gobierno no hacía, proveer seguridad y defender a la población frente al embate criminal. A Mireles, según se dijo, lo había convocado la gente de La Mira y de Acalpican para que les ayudara a constituir su consejo de autodefensa. De ahí se lanzarían sobre el puerto de Lázaro Cárdenas y, si todo salía bien, enderezarían después baterías rumbo a la capital. Fue el propio Mireles quien invitó a ese mismo acto a los grupos de autodefensa de los pueblos vecinos. Algunos aceptaron con recelo, el mes anterior, una patrulla militar había intentado llevarse a los pobladores de Caleta de Campos que hacían guardia en su barricada. La población salió a defenderlos y frustró el intento. Pero en La Mira las cosas iban a ser distintas.
Dicen que eran como 600 entre militares, federales, marinos y ministeriales los que rodearon aquella tarde el pueblo. Dicen que fue el sobrevuelo de un helicóptero merodeando a pocos metros del suelo el primer mal augurio. Dicen que, habiendo caído el doctor, sonaron balazos y hubo persecuciones en algunos barrios y en los alrededores de la localidad. Dicen que no fue la falta de valor sino la confusión lo que neutralizó la reacción de los cientos de jóvenes y hombres ahí presentes convocados por la carismática figura de Mireles. Lo que, en todo caso, a los 82 hombres detenidos ese día no se les olvida, es el calor inclemente de la costa haciendo hervir el fierro de las cajas de las camionetas a donde fueron arrojados, con las manos atadas, con la cara pegada a la lámina, unos sobre otros, como pacas apretujándose en montones. Ahí, expuestos deliberadamente a padecer un sol lacerante, quedaron muchachos y hombres adultos con el cuerpo machacado a patadas y cachazos, con los músculos punzantes, con huesos rotos, con pómulos tumefactos. Ahí quedaron las heridas aun abiertas a merced de la sal que brotaba de la piel, ahí, la ropa del compañero de estiba secó los hilos de sangre. Ahí, empezó la tortura, ahí, el castigo estatal comenzó a destilar, lenta y contundentemente, sus efectos.
Foto: Juan José Estrada Serafín / Agencia Subversiones.
Luego de un par de horas los vehículos se pusieron en movimiento. La primera parada fue en el Ministerio Público de Lázaro Cárdenas. Los que antes habían podido esconder entre los calzoncillos el dinero que traían, lo perdieron en ese lugar a manos de policías y funcionarios sátrapas que se los arrebataron sin dejar, claramente, constancia de su existencia en documento alguno. Para varios de los detenidos, como Martín, proveniente de La Coralilla, aquel fue un golpe duro, ese mismo día había vendido su cosecha de mango y los ministeriales le robaron los 30 mil pesos del pago que llevaba en los bolsillos de su pantalón. Los obligaron a hacer una fila. Quienes aún conservaban su teléfono celular ahí lo perdieron también. Los tuvieron parados por horas, les tomaron los datos, y con la noche ya entrada los volvieron a subir a las camionetas, que partieron de inmediato, siempre esposados, siempre vigilados por un fuerte operativo. Por si no bastara con la inquina policial, una lluvia nutrida los acompañó buena parte del camino, como machacándoles su mala estrella. Varios tendrían complicaciones de salud los días siguientes. Se dirigían a Morelia.
Llegaron de madrugada. En la Procuraduría había algunos reporteros, esperaban a Mireles, pero entre los detenidos nadie sabía de él ni de sus escoltas. Para la mayoría, aquella tarde fue la última vez en verlo. Los metieron al edificio, esta vez los separaron en pequeñas celdas. Comenzaban la rendición de declaraciones. La naturaleza carroñera de los coyotes de la Procuraduría se puso entonces en acto, funcionarios de grados menores, sin identificación, comenzaron a rondar a los detenidos que aguardaban su turno, “¡ey tú!, 50 mil pesos para que te toque arma corta”. A la mirada extrañada de los interpelados, el oferente alargaba un poco la explicación: “es que si te toca arma larga no alcanzas fianza. Por eso, con 50 mil lo arreglas, pero me tienes que dar ahorita la mitad. Si me dices que sí, ahorita pido para que te dejen hacer una llamada, pero tiene que ser ya.”
Al momento de declarar quedaba todo más claro: las acusaciones que el gobierno les imputaba incluían los delitos de portación de armas y explosivos de uso exclusivo del ejército. El parte policial hablaba del hallazgo de armas largas e, incluso, drogas en los vehículos decomisados, un burdo montaje plagado de infundios, orquestado desde las oficinas del funesto Comisionado para la pacificación de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes.
LA CÁRCEL
Tras cumplir con los trámites de rigor, quedó formalmente inaugurada la sujeción de los detenidos al patíbulo carcelario. El sábado 28 de junio, los 82 procesados se estrenarían como reclusos de prisiones que, como las de todo el país, son mitad pocilga y mitad matadero. Se encargaba, de esta forma, a los barrotes la tarea que los criminales habían dejado inconclusa, la de doblegar de una vez por todas a quienes se habían erigido en obstáculo para el control hegemónico de los territorios. A la dureza de la reclusión se sumaba el hecho indignante de que ahí, en ese encierro, los que hasta horas antes habían realizado actividades como autodefensas, coincidían ahora, en los Centros de Readaptación Social, con miembros de los grupos criminales, también presos, que ellos mismos se habían dedicado a perseguir semanas y meses atrás.
Autodefensas y templarios volvían a verse las caras, esta vez como alfiles sobre el tablero de un sistema que mueve a su antojo las piezas, en el que las rejas de la prisión, como escribió Revueltas, recrean también las de la vida, las de la existencia.
Foto: Simón Sedillo / Agencia Subversiones
Sin embargo, a pesar de todo, en aquellas primeras semanas luego del encarcelamiento, los bríos del carácter calentano y serrano no dejaban de mantenerse a flote. Muchos de quienes estaban ahora presos habían comenzado a cazar por su cuenta templarios, aun antes de que Mora y Mireles se levantaran en armas. Ya como parte de los grupos de autodefensa, su valor tampoco se había echado en falta. Eso no cambió durante los primeros meses de prisión, cuando aún se escuchaban entre los detenidos relatos y anécdotas imbuidos de tonos heroicos y grandilocuentes. “¿Te acuerdas aquella vez que te paraste en medio de la carretera tu solo y de siete balazos hiciste correr a tres camionetas?”, “… desde que estoy con las autodefensas me han tocado doce encuentros contra sicarios. Para eso se enlista uno oiga, para eso ofrece la vida, para limpiar nuestra tierra” (Javier y Martín, 27 y 48 años).
Quizá porque abrigaban esperanzas de salir pronto, quizá porque no creían, como decían algunos, que “ahora resulta que es delito defenderse”, o quizá porque, según dice el antropólogo Salvador Maldonado (2012), los individuos en la Costa y la Tierra Caliente se construyen en oposición permanente frente al Estado, pero, en aquellos primeros meses de prisión, muchos declaraban orgullosos su filiación como autodefensas.
“Nunca dejaré de ser autodefensa hasta que cambien las cosas y tengamos nuevas formas de gobierno y se respete al pueblo. Estoy consciente de que tengo en riesgo mi vida, pero no me asusta, la justicia vale mucho más y por ella seguiremos luchando. Soy autodefensa y siempre lo seré” (José, 31 años)
“Yo por mi parte le digo que no descansaré hasta que capturemos al asesino de mi hermano, que aún anda libre, por eso y todo lo que ha pasado soy autodefensa” (Alfredo, 28 años).
“Me integré al movimiento de las autodefensas con total compromiso y firme decisión de hacer justicia y alcanzarla también para mi familia. Cuando me enteré del movimiento me trasladé de Colima capital para organizar y hacer conciencia en la gente. Veo que nuestro país sigue en picada y lo tenemos que levantar pueblo a pueblo, por el bien de nuestros hijos. Por eso soy autodefensa, porque debemos de imponer un nuevo orden y nuevas esperanzas a favor de nuestros hijos y los de México entero” (Martín, 48 años).
“Todos hemos sido víctimas de extorsión, teníamos que pagarles a los templarios si vendíamos un puerco, un chivo, una vaquita. Así es que cuando nos dimos cuenta que en Tepalcatepec se habían levantado en armas, nosotros en Caleta y en toda la Costa nos preparamos para hacer nuestra propia defensa. Le entramos de frente cuatro hijos y yo, y mire, aunque usted me vea viejo, nosotros estamos dispuestos a morirnos en esta lucha si es necesario. Vamos a seguir luchando” (Carlos, 56 años).
Pero la suerte de estas personas apenas comenzaba a resentir el tránsito por el vil y tortuoso aparato de justicia estatal. Estaban lejos de sus familias, para muchas esposas, madres y hermanas de los detenidos, era imposible costear los gastos del pasaje desde la costa a la capital. De suyo, eso complicaba en extremo las posibilidades de contactar con abogados que pudieran encargarse de la defensa de los reos, teniendo sobre todo en cuenta que la insuficiencia de dinero es un inconveniente mayúsculo cuando se sabe de antemano que la justicia es un lujo reservado a quienes pueden costearlo.
La detención no solamente rompía la columna vertebral de un movimiento que se nutría en buena parte de un hartazgo social genuino, también atacaba directamente a la moral de poblaciones que habían encontrado en la autodefensa la última garantía de seguridad. Los artífices de la detención sabían bien que el castigo no se queda en el cuerpo y la psique del individuo, sino que golpea también a sus círculos más cercanos. Pueblos como Caleta de Campos quedaron entonces en el más completo desamparo. A los presos no les quedó otra más que esperar que nada grave ocurriera, esperar que sus esposas, sus madres, sus hermanas pudieran solas con el paquete de sacar adelante a sus familias, de administrar los bienes cuando los había, y de capotearse a como fuera el amago criminal.
Las mujeres, por su parte, luego del encarcelamiento, lejos de arredrarse, comenzaron a realizar eventos en favor de los detenidos. Salían a la plaza a colocar sus fotos, buscaban donde denunciar la traición de Castillo, e, incluso, se fajaron las armas y ocuparon por unos días el lugar de los hombres en las barricadas. Al menos hasta que las incursiones criminales arreciaron de nuevo, esta vez impulsadas por una abierta sed de venganza que ya no encontraba obstáculos por delante. En aquel verano mataron a Ponciano Reyes Farías, líder de la autodefensa de Chucutitán. También atacaron El Bejuco, y endurecieron el control sobre pueblos como la Coralilla, playa Nexpa y Las Peñas.
EL PROCESO
Alejados, como estaban, de sus familias, ignorantes de los procedimientos legales e impedidos económicamente, la mayoría de los presos había quedado a merced no solamente de todas las violencias ocultas tras el eufemismo “readaptación”, sino de abogados y políticos mercenarios que vieron en los detenidos la oportunidad de obtener beneficios. Una abogada de Apatzingán se dijo dispuesta a ayudar, fue en busca de los familiares, le pidió a cada uno 15 mil pesos para los primeros trámites y les ofreció un plan de pagos accesible. Quien pudo, entregó el dinero. Algunas madres, que habían quedado solas con los nietos, se endeudaron para cubrir el monto inicial, y lo siguieron haciendo con los pagos sucesivos. Pero cuando buscaban a la abogada para pedirle información sobre los detenidos, esta nunca respondía las llamadas. No había pasado un año de la detención, cuando la abogada se esfumó.
Para los políticos, los autodefensas que habían sido detenidos al lado de Mireles significaban un jugoso botín, pues su defensa podía llegar a inclinar las balanzas electorales. En enero de 2014, los mexicanos tenían una mejor opinión de las autodefensas que de las autoridades según la casa encuestadora Parametría (Ríos, 2014). Comenzó, así, un desfile de figuras políticas procedentes sobre todo de partidos opositores al del régimen en el poder, acompañadas por abogados que ostentaban más capacidad para dar declaraciones que para el litigio. Todos llegaban con promesas de excarcelación y discursos justicieros que condenaban el proceder del Estado, pero daban una escasa atención procesal a la causa, y ni por asomo rendían cuentas a los familiares.
Legalmente, había varias posibilidades para que los detenidos obtuvieran la libertad. El expediente 132/2014 radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en Uruapan, donde se concentraban los procesos de todos, desbordaba deficiencias y falsedades. Entre las componendas del proceso, destacaba, por su desaseo, la irregularidad del mismo parte policial en donde se había registrado la supuesta flagrancia de los detenidos. Cuando el oficial que en ese documento aparecía como principal responsable del operativo fue llamado a dar su testimonio, este no reconoció como suya la firma ahí consignada, asegurando que, aunque su nombre en el parte policial así lo indicara, él ni siquiera había participado en aquellas acciones. En cualquier otro proceso esa anomalía habría dado por concluido el asunto, pero las cosas son distintas cuando hay de por medio una consigna procedente de las cumbres del poder estatal.
EL DESVANECIMIENTO DE LAS FRONTERAS
Dice el criminólogo Elias Neuman (2004) que la maquinaria carcelaria funciona a fuerza de ejercicios de crueldad y discriminación que hieren día a día la autoestima, socavando el ánimo hasta quebrar al recluso por dentro. Una alquimia, dice, dirigida a lesionar de muerte a la dignidad, a abrir una herida en el reo y a ensancharla paulatinamente hasta dejarlo exangüe. Esa cadenciosa tortura, cuya constancia acompañaba fulminante el paso de los días, de las semanas, de los meses, fue menguando silenciosamente la moral de los autodefensas presos. Un año después de la detención, varias de sus familias habían abandonado sus lugares de residencia. Entre las razones, estaban por lo general una mezcla de necesidad y miedo que las empujaba a salir de sus comunidades, o del estado y, si se podía, también del país.
Fotos: Agencia Subversiones.
Al cabo de dos años, la apuesta del gobierno daba sus frutos. Los rostros de hombres otrora altivos y audaces aparecían sombríos, un pesar doliente se adivinaba en los entrecejos y una desesperación acuciosa poblaba ahora las conversaciones. Ya nadie hablaba de las autodefensas. Si Michoacán seguía incendiándose era cosa que para ellos había pasado a segundo o tercer término. Lo primero, ahora, era resolver la situación de la familia, pensar en una forma de pagar deudas y favores que se amontonaban conforme transcurrían los meses. Ni siquiera las amenazas de muerte que continuaban cayendo sobre algunos de ellos estaban entre sus principales preocupaciones, la angustia por los seres queridos y el deseo de poder regresar con ellos estaba por encima de todo.
Poco antes del tercer año, comenzó a ocurrir un fenómeno cada vez más recurrente. El contacto permanente entre autodefensas y templarios llevó a que los acuerdos de convivencia tácitos del cautiverio se convirtieran en algo más, y propició acercamientos que se fueron estrechando con el tiempo. En cierto modo, aquello era natural, a final de cuentas, unos y otros provenían de los mismos lugares, de las mismas realidades, y oportunidades de trabajar juntos siempre las había habido. Viejos paisanos, vecinos e incluso familiares habían quedado divididos por el cisma social que a unos colocó del lado de los criminales y a otros de sus combatientes, pero sus historias personales compartían en muchos casos raíces. De esta forma, la convivencia y el encierro fueron apaciguando a los bandos, lo que en algunos casos llevó a su vez a dejar de lado las viejas afrentas y rencillas. No se trataba de una simple pax carcelaria, sino del establecimiento de nuevos tratos que, a la postre, significarían un relanzamiento de la gobernanza criminal en varios pueblos.
A ello, habían contribuido dos factores: en abril de 2017 el gobierno de Silvano Aureoles ordenó el cierre del CERESO Francisco J. Múgica de Morelia, y trasladó arbitrariamente a todos los presos ahí recluidos al Centro Penitenciario David Franco Rodríguez, ubicado en las afueras de la misma ciudad, donde otros grupos tanto de templarios como de autodefensas, se encontraban. El otro factor fue el papel de abogados abusivos que aparecían más en los medios que en los juzgados donde se desahogaba la causa, dispendiando tiempos que en su alargue alimentaban la desesperación. A esto, se sumaba el proceder fraudulento de un grupo de coyotes procedentes del Estado de México, enviados, según se rumoraba, por gente cercana al comisionado Alfredo Castillo, quienes sabían que muchos en aquellas cárceles se encontraban básicamente indefensos y había, por tanto, con la ayuda de sus contactos dentro de las instancias judiciales, la posibilidad de sacar dinero. La panorámica, en su complejo, terminó por agotar la paciencia de algunos quienes ya cansados de entregar dinero a cambio de promesas que se convertían en humo, comenzaron a explorar otras alternativas, que, eventualmente, encontraron en los abogados de los templarios.
A diferencia de aquellos que en teoría debían defenderlos, los abogados de la maña demostraron una mayor eficacia, pues, independientemente de los cargos que se les imputaban, sus clientes comenzaron a salir libres antes. El tamaño de esas contradicciones fue un duro golpe de realidad para muchos de los autodefensas que habían confiado en la justicia porque se sabían inocentes, y porque los cargos en su contra eran mentiras absurdas que deberían de haber caído pronto. Pero los barrotes les seguían recordando que no era así de simple. Las pedagogías de la represión fueron entonces haciendo mella en ellos, y entendieron que los caminos de la justicia no llevaban a ningún lado si no se les transitaba en los vehículos correctos; entendieron que en la alcantarilla se juega con las reglas de la alcantarilla, y optaron por adoptarlas.
Por lo demás, había una serie de ventajas adicionales para quienes se acercaron a los grupos templarios. Entre las más atractivas, estaba el ofrecimiento de pagar los servicios legales con trabajo y colaboración para el cartel, una vez obtenida la libertad. Eso significaba, implícitamente, al menos, dos cosas. Una, se limaban asperezas que ayudaban a que los jefes de plaza que seguían libres y buscaban venganza, perdonaran o canjearan los castigos por algún tipo de servicio. Además, había ahí la posibilidad de asegurar una fuente de ingresos sumamente útil para paliar la crisis que se acrecentaba, y que, de otra manera, iba a ser muy difícil de conseguir en el mercado formal de trabajo, sobre todo con el pesado estigma de la prisión encima. De hecho, se podía comenzar a colaborar incluso antes de salir libre, si el reo así lo decidía.
Para el cuarto año de prisión, varios entre los más jóvenes trabajaban ya abiertamente para alguno de los grupos controlados o asociados a los templarios dentro de los penales, como el de los tecatos, que manejan hasta hoy el tráfico de heroína y otras drogas dentro del CERESO Mil Cumbres. En algunos de estos casos, los autodefensas recién integrados a esos grupos, alcanzaron con el tiempo posiciones de poder importantes dentro de la organización. El lugar común dice que la cárcel enseña a los internos a comportarse como criminales, y, en estos casos, los jóvenes no sólo lo habían aprendido, se volvieron maestros. Si la readaptación se trata de preparar al reo para inserirse de manera exitosa en la realidad social, estos fueron quizá los que salieron del penal siendo más aptos para enfrentarse al Michoacán de esos días.
EL REGRESO A LA REALIDAD
Quienes, a pesar de todo, mantuvieron alguna distancia frente a los criminales dentro de las cárceles, y lograron más tarde obtener su libertad, volverían a pueblos donde los gatilleros templarios lo controlaban nuevamente todo. Varios, que cargaban con amenazas de estos últimos, tuvieron que irse en definitiva de esos lugares a riesgo de perder la vida o la de su familia. Otros, por valor o porque no tenían más opciones, decidieron enfrentar esa posibilidad, y acabaron muertos en los rincones de la sierra, a la vera de brechas, sobre las dunas de playas y entre los polvos de caminos rurales.
Las autodefensas eran ahora parte de una historia hecha de fantasmas, de breves recuerdos que hacían aflorar fugaces sonrisas, apagadas de inmediato por silencios de texturas desconcertantes.
A diez años de aquellos eventos, está todo más claro, nunca hubo realmente la voluntad de acabar con el flagelo de las mafias, sino de reacomodar los poderes en palio para que los que se benefician de un estado excepcionalmente rico en recursos naturales, lo sigan haciendo. Ahí están la feroz agroindustria, los proyectos mineros, los puertos de altura, la ganadería extensiva, controlados todos por metapoderes que no han dejado de drenar la naturaleza y los territorios michoacanos. Ahí están la desigualdad y la pobreza lastimando perennemente el tejido social, ahí están, también, los récords de homicidios renovándose año con año, los de desaparecidos, cifras en las que la entidad se encuentra anual e infaltablemente entre las diez primeras del país.
Quienes sobrevivieron, siguen siendo el testimonio vivo de la brutalidad con la que operan los poderes en Estados neoliberales en los que el crimen organizado no es sino una fracción orgánica, cuando se osa pretender transformar las realidades que los alimentan. La cárcel, dice Elías Neuman (2004), es un microcosmos en donde se recrean las relaciones sociales de dominación. En Michoacán, los presidios fueron el instrumento coercitivo para obligar, mediante la violencia de la reclusión, a aceptar el orden de las cosas como algo inamovible. Quienes cuatro o cinco años antes combatieron criminales, volvían, de este modo, a ser nuevamente sus víctimas. Los pueblos regresaron a las garras de matarifes y secuestradores, que tuvieron a su vez que agruparse bajo diferentes siglas para darle contenido a las versiones oficiales que anunciaron el fin de los Caballeros Templarios. El orden político estatal había recuperado su estabilidad y la rueda de la economía mantenía su curso. La normalidad estaba pues restablecida.
EL LEGADO
Y, sin embargo, la mancha que ha dejado la sangre regada por costas y serranías permanece indeleble, delineando los contornos de una geografía del dolor que arraiga y define más que nunca a quienes, con sus sacrificios y por razones que escapan a los maniqueísmos, contribuyeron a construir la historia de Michoacán de los últimos diez años. Entre estos, quedan los testimonios de muchos autodefensas, personas sencillas, cuyos avatares no aparecerán nunca en diarios ni reportajes, pero que dejan sembrada una semilla de dignidad y coraje capaz de germinar en las circunstancias más extremas. Sus encarcelamientos, sus infortunios, sus muertes, son retazos de un entramado histórico desgarrado por múltiples violencias, pero son también las notas de una capacidad para resistir que sigue desafiando a los silencios y a las ficciones estatales que, mascaradas de izquierda o derecha, cada sexenio anuncian que las cosas en Michoacán marchan bien.
En medio de órdenes cada vez más opresores, forjados al calor del inmundo contubernio entre el capital y el Estado, la épica heredada por los grupos de autodefensas no es poca cosa. Aun y con sus múltiples claroscuros y contradicciones, la idea de gestas populares enarboladas para proveer amparo a la población, sigue siendo un poderoso mensaje político que engancha bien con una tradición de lucha arraigada en la identidad y en la historia de las latitudes michoacanas. Hay, por tanto, en el testamento de las autodefensas, un capital inflamable, la pólvora de la movilización que aguarda un nuevo aumento de las temperaturas para volver a estallar la realidad.
Foto: Agencia Subversiones.
A diez años de su nacimiento y muerte, las autodefensas siguen siendo – razonablemente – objeto de interpretación y análisis. Son demasiadas aún las preguntas sin respuesta que siguen flotando en las geografías michoacanas, como demasiadas son también las heridas que dejó una guerra con cuyos efectos seguimos haciendo cuentas. Quién sabe qué rumbo hubieran tomado las cosas de no ser por las mandíbulas de un aparato estatal que trituraron hasta la última reminiscencia de aquellos afanes. Lo que nos queda es, por ahora, una historia soterrada bajo el peso del plomo y la sangre, esperando a que la curiosidad comience a extraer respuestas. Como señaló Carlos Montemayor (2003) explicando otras batallas “estamos en el momento que empieza a surgir a la luz la memoria de estos movimientos. Esa memoria debe formar parte de nuestra conciencia actual, porque su historia empieza a revelarse para decirnos lo que somos, lo que a través de nuestras luchas hemos querido ser, y deseamos aún llegar a ser.”
* Los testimonios que aparecen en el texto fueron obtenidos entre julio de 2014 y diciembre de 2018. Los nombres de sus autores fueron cambiados por motivos de seguridad.
** Rogelio Josue Ramos Torres es investigador académico y recientemente finalizó un doctorado en antropología social.
FUENTES
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Maldonado Aranda, Salvador (2012). “Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de Michoacán, en Revista Mexicana de Sociología, Vol. 74, Núm. 1, Enero-marzo, p.p. 5–39 http://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/29532/27470.
Maldonado Aranda, Salvador, (2014). “Michoacán y las autodefensas. ¿Cómo llegamos aquí?”, en Nexos, 14 de enero 2014 https://redaccion.nexos.com.mx/michoacan-y-las- autodefensas-como-llegamos-aqui/
Arias-Vázquez, Martha O., (2014). “Notas en torno a las autodefensas michoacanas”, en Análisis Plural, Primer semestre, ITESO, p.p. 169 – 181 https://rei.iteso.mx/server/api/core/bitstreams/65821534-0cb7-46a3-8ed1- 05aa1ab1d9fa/content
Ríos, Viridiana, (2014). “Autodefensas, el riesgo de no aplicar la ley”, en Nexos, 1 de abril de 2014 https://www.nexos.com.mx/?p=20018.
Neuman, Elías, (2004). “Quebrados por dentro. La prisión y su función deshumanizadora,” en Renglones, núm. 58 – 59, ITESO, p.p. 6 – 19 https://rei.iteso.mx/server/api/core/bitstreams/75521a03-b16c-4679-a9d0- 3211f6887dd9/content.
Montemayor, Carlos, (2003). Prólogo a “En las profundidades del MAR. El oro no llegó de Moscú”, de Fernando Pineda Ochoa.
