La noche del pasado martes (1), durante el primer día del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y pese a las promesas de no repetición, elementos del ejército mexicano se vieron involucrados nuevamente en actos de violencia contra población civil, esta vez en el municipio de Villa Comaltitlán, en la costa de Chiapas.
Acorde a un comunicado del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur -integrado por una veintena de organizaciones de derechos humanos-, una camioneta de redilas que transportaba a 33 personas migrantes fue alcanzada por disparos realizados por elementos militares, lo que provocó que el vehículo se accidentara y dejara un saldo de seis personas migrantes fallecidas.
Según las organizaciones, por las imágenes difundidas se sugiere que las personas fallecieron por impactos de bala. También reportan 10 más lesionadas, entre ellas niños y niñas. Entre los fallecidos se encuentran cuatro hombres adultos, una niña y una joven, mientras los lesionados fueron trasladadas para recibir atención hospitalaria. Las personas en movilidad proceden de Nepal, India, Arabia Saudita, Egipto, Pakistán, Honduras, Cuba y Perú.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) difundió un comunicado mediante el cual ofrece su versión de los hechos. En el documento refieren que, elementos del ejército detectaron un vehículo que iba a alta velocidad, el cual eludió a las fuerzas de seguridad. “A retaguardia de la pick up se desplazaban dos camionetas de redilas como las que usan grupos delincuenciales en esa región. Personal militar manifestó escuchar detonaciones, por lo que 2 elementos accionaron su armamento, deteniendo su marcha una de las camionetas de redilas”.
Los jueces hicieron coincidir las audiencias de las causas contra la Lof Quemquemtrew y la Lof Winkul Mapu, a las que acusan por “usurpación” en Cuesta del Ternero y Villa Mascardi. Los juicios llegan tras años de persecución y los asesinatos de Rafael Nahuel y Elías Garay. Desde el inicio de este año, otras tres comunidades fueron condenadas o judicializadas bajo la misma acusación para desconocer el derecho sobre sus territorios.
Por Mariángeles Guerrero y Roxana Sposaro
Cobertura colaborativa conjunta de Tierra Viva e Infoterritorial
Una serie de procesos judiciales avanzan contra el Pueblo Mapuche en Río Negro, en Argentina. Esta semana se inició con las audiencias del juicio oral por supuesta usurpación de tierras contra la Lof Quemquemtrew, que cerró su etapa de alegatos este jueves y espera sentencia para el miércoles 2 de octubre. Este jueves también comenzaron las audiencias contra integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu, llevados al banquillo con otra acusación de usurpación, cuya sentencia se conocerá el próximo lunes. Ambas causas fueron iniciadas tras la recuperación de tierras por parte de las comunidades y en ambos casos lamentaron homicidios: Elías Garay, en 2021 (a manos del empleado de un empresario forestal en Cuesta del Ternero), y Rafael Nahuel, en 2017, a manos de la Prefectura Naval en Villa Mascardi.
“POR EL RESPETO A LA AUTONOMÍA, LA DIGNIDAD, LA RESISTENCIA Y LA REBELDÍA DE NUESTROS PUEBLOS”, TOMAMOS EL INPI, HOY CASA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS “SAMIR FLORES SOBERANES”
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo
Titular del Ejecutivo Federal y Jefa máxima del 2º piso de la Cuarta Transformación
Desde la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México…
DENUNCIAMOS: El despojo del agua, el territorio y la vida; la militarización, la impunidad del crimen organizado, los megaproyectos de muerte y la guerra capitalista que imponen desde el poder económico y político, en contra de nuestros Pueblos y Comunidades Indígenas.
DENUNCIAMOS: Que la continuidad del segundo piso de la 4a Transformación, representa la continuidad de la GUERRA EN CONTRA DE NUESTROS PUEBLOS.
Claudia Sheinbaum. No nos representas y este es el único BASTÓN DE MANDO que recibirás el día de hoy!
Como muestra de tu herencia Obradorista, te dejamos el dato de los últimos tres sexenio:
“El primero, de Felipe Calderón, cerró con 122 mil 491 asesinatos y 16 mil 815 casos de desaparición.
El saldo de Enrique Peña Nieto fue de 159 mil 308 homicidios y 32 mil 590 personas desaparecidas.
López Obrador cierra rebasando por mucho a sus antecesores: 176 mil 406 muertes violentas al cierre de agosto de 2024, y 52 mil 222 casos de personas desaparecidas, los que triplican la herencia de Calderón. La cuarta parte corresponde a mujeres y niñas desaparecidas, cuyos casos se cuadruplicaron de 2006 a 2024. De idéntica manera, sus muertes violentas se duplicaron, pasando de las 9 mil 993 reportadas con Calderón, a más de 21 mil casos al cierre de agosto de 2024.”
Desde nuestra vivencia sabemos que no se impugnaron las relaciones coloniales de opresión después de que los procesos de independencia edificaran el Estado-nación mexicano. La Colonia culminó en términos formales y jurídicos y obtuvo reconocimiento internacional, sin embargo, la colonialidad ha persistido hasta el día de hoy. De esta suerte el Estado se revela como uno de los instrumentos de dominación mejor articulados para el sostenimiento del sistema capitalista mundial, donde una característica que resalta para el caso de México y de su último sexenio, es la participación activa de miembros de pueblos indígenas que pretenden construir el rostro indígena de la actual administración estatal, y quienes en conjunto con la élite blanca gobernante son los “nuevos” capataces de la finca llamada México. Historias locales y diseños globales configuran la experiencia de sometimiento y opresión, así como de resistencia que cada pueblo ha levantado para persistir a los embates del Estado a lo largo del planeta.
En México hace 30 años (1994) un nuevo ciclo de luchas y resistencia indígena se hizo presente. El levantamiento armado del EZLN cimbró al planeta entero y mostró el proyecto civilizatorio maya que como hace miles de lunas, sigue hoy, asegurando la vida y creando opciones en tiempos de muerte y destrucción que arroja la crisis civilizatoria que enfrentamos como humanidad.
A lo largo de estas tres décadas hemos presenciado la aparición de discursos, políticas públicas, modelos educativos y la discusión sobre la diferencia étnica en México, las cuales sufrieron una transformación radical a partir del levantamiento armado del EZLN. Esta bifurcación histórica transformó las maneras de nombrar, visualizar y pensar a los pueblos indígenas, de ello ineludiblemente se desplegó un renovado indigenismo de Estado con raíz colonial, pero con discurso multicultural e intercultural, con perspectiva de género, interseccional y descolonizante; sin embargo, los discursos desde el Estado, no han logrado detener la guerra de conquista y exterminio que azota a nuestros pueblos y a todo el país.
En las geografías del México de abajo se reconoce desde hace mucho tiempo que el ejercicio de la autonomía y la reconstitución integral de nuestros pueblos son un buen comienzo para impugnar el colonialismo histórico. Por su parte, en los calendarios del poder de arriba se buscó incluir en el lenguaje lo referente a la diversidad. Fue así como a la luz del neoliberalismo, la diferencia étnica, la multiculturalidad e interculturalidad se convirtieron en parte del paquete discursivo de políticos, científicos sociales, ONGs, universidades e indígenas afines a los partidos políticos y a los gobernantes en turno. Durante el último sexenio se consolidó un nuevo consenso alrededor del Estado en México. Hubo un reajuste en la relación del Estado y los ciudadanos. La serie de reformas que en la actual administración se articulan son para hegemonizar ese cambio en el Estado mexicano. En otras palabras, la máquina que perpetúa la muerte en el país necesita una modificación, ya que el capitalismo “no puede parar”.
A esto, debemos sumar la situación de la cooptación, imbricada con los intereses de poder de personajes indígenas, lo cual ha dado como resultado no solo la creación de indígenas permitidos, como lo nombramos en 2019, sino también ha consolidado una clase de políticos profesionales indígenas que buscan corporativizar y tener fichas para negociar en el nuevo reacomodo de fuerzas. Sí, así justo como en el pasado con el INI, CDI y ahora el INPI de la “4D”, o sea, la Cuarta Destrucción.
Si bien el Estado y sus instituciones siempre están en una constante subsunción retórica hacia las demandas de los pueblos, ahora podemos observar cómo durante este sexenio, se registra la adopción de un lenguaje técnico y de una indumentaria por parte de los miembros de la “izquierda ilustrada e institucional” que ahora sirve a los gobiernos en turno. Observamos un uso políticamente correcto de las demandas históricas de los desposeídos, se enarbolan las demandas y frases emblemáticas de los movimientos indígenas. Afuera de sus palacios y de las mañaneras, la realidad es diferente a la percibida por los gobernantes étnicos en turno.
Por tanto, ante la constante cooptación del lenguaje y la disputa narrativa conviene señalar que una cosa es la creación del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas (CNPI) impulsado por el INPI con su actual director Adelfo Regino, quien es calificado como traidor al movimiento indígena; y otra cosa es el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), sí, así mero con C, y que nació a mediados del 2017 como una iniciativa del EZLN – CNI presentada en 2016. El primero corre sobre los rieles del tren del progreso con dirección a la catástrofe y el otro teje la vida desde abajo y a la izquierda.
De ahí que no nos resulte extraño las limitantes de la hoy tan “controvertida” Reforma Constitucional y Legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afro mexicanos, puesto que nació muerta. Solo basta recordar el año 2001 para tener claro que el Estado tuvo una oportunidad para cumplir los acuerdos de San Andrés firmados en 1996 y no estuvo a la altura. Por ello, el movimiento indígena desde el espacio del Congreso Nacional Indígena CNI y el EZLN decidieron romper el diálogo y enfocarse en lo que seguía para sus pueblos. Lo anterior decantó en el ejercicio de la autonomía por la vía de los hechos, ejemplo paradigmático fue la creación de los caracoles en 2003 por el EZLN, así como la recuperación de tierras de la comunidad nahua de Ostula, en la costa de Michoacán en 2009. Muchos argumentan desde el púlpito del poder que ahora el Estado sí cumplió y que por ello la reforma va. Olvidan que no puede venir la vida de la máquina de muerte que es el Estado y esa enseñanza la miramos todos los días en nuestros pueblos y a través de las madres buscadoras. Por otra parte, es necesario señalar que en ese 2001, algunos cuantos decidieron aceptar la oferta del poder y con ello participar en los partidos políticos. De ese tiempo viene la traición de Adelfo Regino.
Sumado a lo anterior, recordar que desde el 2019, cuando el INPI y su actual director Adelfo Regino convocó a foros regionales a lo largo de la república mexicana, lo hizo bajo la bandera de que esta iniciativa cumpliría los temas que quedaron pendientes en los Acuerdos de San Andrés, y paradójicamente continuaron legitimando una política de militarización en Chiapas y de todo el país. Con la mano derecha crean “nuevas leyes” —estirando y lucrando con las demandas—, con la mano izquierda reprimen a los que se organizan y con ambas aplauden el festín de la élite gobernante.
Pero incluso antes de que fuera “descafeinada”, ya desde el 2019 en el foro nacional fue discutido el punto referente a Tierras, territorios, recursos, biodiversidad y medio ambiente de los Pueblos Indígenas, puesto que uno de sus principios marcaba abiertamente la supeditación de los pueblos: Reconocer el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y controlar sus tierras, territorios y recursos o bienes naturales, salvo aquellos considerados estratégicos para la Nación, para estipularse en la modificación de la fracción VI del apartado A. del Artículo 2° y en la adición de un párrafo segundo a la misma. Un punto nada desdeñable considerando que los recursos estratégicos para la nación son: el petróleo, los minerales, la energía nuclear, los ferrocarriles y la petroquímica básica.
Por otro lado, las instituciones del Estado mexicano confirmaron una vez más que llegan tarde, sin actualización y sin querer reconocer las formas que los pueblos despliegan para asegurar la vida día con día. O sea, estamos ante la presencia de una mezcla entre una etnicidad S.A. de C.V. al servicio del Estado mexicano y revestido de progresismo ilustrado del siglo pasado, lo cual es perfectamente combinado con la participación en cargos públicos, y con todo ello, nos quieren hacer creer que las demandas de los pueblos en lucha han sido cumplidas y que ahora todo cambió. Hace un año el CNI señaló:
México, a pesar de los disfraces y mentiras que brotan del gobierno de la Cuarta Transformación, no es la excepción y las cifras que describen la violencia y la guerra son elocuentes: más de 156 mil homicidios dolosos, más de 43 mil personas desaparecidas y no localizadas, más de 4 mil feminicidios, 75 periodistas y 104 personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas, derechos humanos y medio ambiente asesinadas en este sexenio, casi la mitad de estos últimos participantes en el espacio que es el Congreso Nacional Indígena CNI (CNI, 2023).
Las cifras del colapso y la destrucción son claras. Ante la oscuridad que va adquiriendo la tormenta, es nuevamente necesario continuar con los trabajos de base, escuchando la palabra, reconociendo y enlazando dolores; es decir, llevar la organización a nuestras vidas, con nuestras familias, vecinos, amigos, miembros de la comunidad.
Por último, no debemos olvidar que es necesario dejar constancia en la historia de quien decidió servir al amo y quienes decidieron caminar por abajo y en colectivo.
[1] Zoque de Chapultenango, Chiapas, México. Historiador, antropólogo e integrante del Centro de Lengua y Cultura Zoque.
El pasado martes (17), la empresa norteamericana Odyssey Marine Exploration anunció la resolución a su favor, por parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organización perteneciente al Banco Mundial (BM), relativo a una demanda contra el gobierno mexicano, a quien acusa por perjuicios después de la negativa de autorización para explorar una mina submarina al norte del país.
La resolución deriva de la demanda, promovida por la empresa norteamericana desde el año 2020, en la cual argumenta daños a sus inversiones tras las negativas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entre 2016 y 2018, para autorizar un proyecto minero submarino en el Golfo de Ulloa, en el estado de Baja California Sur, el cual pretendía extraer 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales, durante un periodo de 50 años, para la producción de fertilizantes.
El fallo llega tras cuatro años de litigio en el que la empresa argumentó que el gobierno mexicano incumplió sus obligaciones en materia de inversión establecidas mediante el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).
La orden del CIADI demanda el pago a la empresa norteamericana de una indemnización por 37.1 millones de dólares, además de intereses anuales desde octubre del 2018 hasta el momento en que se cubra el monto total. Sumado a ello, el CIADI resolvió que el gobierno mexicano cubra los costos derivados de la demanda.
“El fallo de hoy valida nuestra posición de que la agencia ambiental de México, Semarnat, negó erróneamente nuestro permiso ambiental, que contenía amplias aportaciones de asesores externos y expertos de la industria para determinar un plan de desarrollo económicamente viable y ambientalmente responsable”, declaró Mark Gordon, director ejecutivo y presidente de la Junta Directiva de Odyssey.
El proyecto minero, denominado “Don Diego” – entre cuyos socios se encontraban Diego Fernández de Cevallos (político mexicano) y Alonso Ancira (ex presidente de Altos Hornos de México, acusado de fraude por 500 millones de dólares contra el gobierno mexicano) -, consistía en el dragado marino en un área mayor a 61 mil hectáreas en el Golfo de Ulloa para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas.
Odyssey Marine Exploration Inc sostiene que la negación del permiso ambiental por parte de Semarnat se basó no en regulaciones de México ni en datos científicos, sino “en una directiva de políticos”.
En contraste, la Semarnat alude que su negativa se sostuvo en la aplicación del principio precautorio ante posibles daños a especies marinas protegidas como tortugas caguamas y ballenas gris y azul, y lobos marinos; además de impactos a las pesquerías de langosta, pulpo, abulón y curvina, entre otras.
Fue en 2018, tras manifestaciones de pescadores artesanales motivadas por la mortandad de animales marinos a partir de las prospecciones mineras, cuando la Semarnat negó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”.
Apelación
La demanda presentada ante el CIADI exigía el pago de 3 mil 500 millones de dólares, no obstante la resolución anunciada la semana pasada representa apenas el 1.18% del total reclamado por Odyssey Marine Exploration
Días después del anuncio por la empresa minera, el jueves (19), la Secretaría de Economía comunicó que iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes. Argumenta que no se tomó en consideración evidencia que demostró la falta de experiencia de la empresa en el sector minero, debido a que su actividad principal es la búsqueda de tesoros marinos.
Mediante boletín, la dependencia aludió a que el proyecto minero afectaba un lugar ecológicamente sensible y sumado a ello, “se expuso que las técnicas de dragado marino que Odyssey quería implementar no habían sido puestas en práctica en ningún lugar en el mundo”.
El gobierno mexicano destacó que entre los tres árbitros del tribunal hubo una postura disidente, perteneciente al británico Philippe Sands, el cual criticó que “las preocupaciones ambientales razonables y serias de México fueron ignoradas deliberadamente por la mayoría del tribunal”. Además en su conclusión aseveró que “este laudo inédito e inquietante es novedoso e innovador en el peor de los sentidos”.
Aunado a ello, el comunicado de Economía resalta que el Tribunal dio un peso desproporcionado a las declaraciones de dos ex directivos de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat presentados como testigos por parte de Odyssey, quienes declararon que la negación de la MIA se debió a situaciones políticas y no científicas.
“Por su parte, la defensa de México demostró que ambos testigos incurrían en conflictos de interés al recibir pagos cuantiosos por testificar, lo cual no fue tomado en cuenta por la mayoría del tribunal”, denuncia la Secretaría de Economía.
Del total de demandas, 93% fueron interpuestas por inversionistas de los EEUU, Canadá y la Unión Europea y en 14 casos los tribunales de arbitraje han decidido a favor de los inversionistas con lo que el gobierno mexicano ha sido condenado a pagar más de 341 millones de dólares.
El informe destaca que aún existen 23 casos pendientes contra México, acumulando un monto reclamado por hasta 13, 635 millones de dólares, aunque enfatiza que “las cifras podrían ser superiores, ya que no toda la información es pública”.
El sector económico con más demandas es el de las industrias mineras y de hidrocarburos y, solo en 2023, México fue el país que más demandas de arbitraje de inversión recibió en el marco de tratados de protección de inversiones a nivel mundial.
Desde 2018, el país se convirtió en miembro pleno del Convenio del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Además es parte de 31 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y 11 Tratados de Libre Comercio (TLC) que prevén el recurso a los tribunales arbitrales internacionales como principal mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados.
En portada: La expansión de la frontera agropecuaria en el Gran Chaco argentino ha convertido esta región en uno de los focos más graves de la deforestación en Latinoamérica. Los bosques de este territorio ubicado al norte del país desaparecen a gran velocidad, empujados por los cultivos de soya y la producción de carne. Foto: Martin Katz.
“Descarbonización”, “carbono neutralidad” o “net zero” (cero neto) son palabras que aparecen cada vez más en los discursos políticos y en las publicidades de las empresas: se ofrecen desde cervezas hasta explotaciones petroleras “carbono neutrales”. El gobierno de Neuquén, por ejemplo, presentó en julio pasado el programa Vaca Muerta Net Zero, en alianza con el sector petrolero para lograr “la neutralidad de carbono” en las operaciones de la formación Vaca Muerta. El agronegocio, por su parte, lanzó en 2019 el Programa Argentino de Carbono Neutro. Y, en 2022, las empresas forestales y fábricas de celulosa iniciaron la Mesa del Carbono Forestal (ahora Mesa Argentina del Carbono).
En todo los casos, lo que estos sectores promueven son mercados para compensar la contaminación que provoca su actividad. Contaminación generada a través de la emisión de gases de efecto invernadero, desmontes o degradación de los suelos. A estos mercados se los conoce como mercados de carbono y lo que permiten, tanto al sector privado como a los gobiernos, es comprar y vender créditos que equivalen a una tonelada de dióxido de carbono, uno de los principales gases responsables de la crisis climática. Las empresas identifican en ellos una doble oportunidad: ganar dinero y publicitarse como sostenibles y amigables con el ambiente.
Al invertir en un proyecto que absorba, capture o remueva carbono (ya sea un monocultivo forestal, la conservación de un bosque o prácticas de agricultura regenerativa) o en proyectos que mitiguen emisiones (como reutilizar residuos como fuente de energía) las empresas buscan compensar el daño que producen al liberar gases contaminantes. De esta manera, no es que reducen la contaminación sino que la compensan. Por eso hablan de cero neto: argumentan que la contaminación que suman por un lado la restan por el otro.
Si bien no son nuevos, estos mercados cobraron impulso a partir de 2015, con el Acuerdo de París celebrado en la 21º Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ante la sociedad, se presentan como una solución viable a la crisis climática. Sin embargo, en los territorios donde se realizan tanto las actividades contaminantes como las de compensación, comunidades locales denuncian lo contrario: desde falta de información y participación hasta impactos negativos de los proyectos de créditos de carbono.
A nivel internacional, medios de comunicación europeos como The Guardian, Die Zeit y Follow the Money expusieron casos de fraude por parte de las empresas certificadoras de los créditos de carbono, al señalar que en una gran proporción se trata de créditos fantasma que no representan reducciones reales de carbono. En paralelo, organizaciones socioambientales cuestionan directamente la idea de compensación. Afirman que no sólo no es efectiva sino que agrava la crisis climática al distraer y retardar la toma de medidas eficaces.
Foto: phoenixglobalresources
Petroleras “carbono neutrales”
Vaca Muerta es uno de los yacimientos de petróleo y gas no convencionales más grandes del mundo, ubicado en las provincias de Nequén, Río Negro, Mendoza y La Pampa. La extracción —que en la última década se concentró sobre todo en Neuquén— se realiza mediante el fracking o fractura hidráulica: se introducen grandes volúmenes de agua, arena y químicos para destruir las rocas profundas que contienen los hidrocarburos y sacarlos a la superficie.
Uno de los impactos de esta actividad son los sismos. En Sauzal Bonito, un pueblo de unas 200 familias, en 2021 llegaron a sufrir hasta 40 temblores en tres días. Se rompen los vidrios de las casas, se rajan las paredes y hay desmoronamientos. Al norte del pueblo, del otro lado del río Neuquén, se encuentra el yacimiento Fortín de Piedra, de Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint. Según un informe del Observatorio de Sismicidad Inducida (OSI) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), entre 2015 y 2023 hubo al menos 428 sismos en Vaca Muerta.
Además de los sismos, las comunidades que viven cerca de los pozos de fracking tienen que soportar derrames de petróleo, la proliferación de basureros con residuos contaminantes y los gases que emanan las torres de venteo.
Sobre este escenario y en un contexto de crisis climática global —generada en gran medida por la quema de combustibles fósiles—, las empresas petroleras invierten en proyectos que las muestran como “sostenibles”.
Tecpetrol, por ejemplo, anunció su proyecto por el cual utiliza el gas de venteo, que es un residuo de la actividad, para “criptominería”. Es decir, con ese gas generan energía para alimentar computadoras que realizan “minería” de criptomonedas. Al proyecto lo presentan como de “mitigación digital de venteo”. Esto le permitió aumentar la producción de gas que de otro modo se hubiera visto restringida, ya que las empresas tienen límites de cantidad de gas que pueden ventear o quemar por la contaminación que esto produce.
Vista Energy, la empresa del exdirector de YPF Miguel Galuccio, es otra de las petroleras que busca mostrarse como sostenible. “Aspiramos a ser una empresa de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en 2026”, afirma en su sitio web. Uno de sus proyectos es el de certificar créditos de carbono en base a monocultivos de pinos que ya existen en la provincia. Para ello, en febrero pasado, la petrolera anunció la firma de un convenio con el gobierno de Neuquén. Este fue uno de los proyectos destacados por el gobernador Rolando Figueroa al anunciar el programa Vaca Muerta Net Zero, en julio pasado.
Mientras tanto, las comunidades afectadas ven que estos anuncios están muy lejos de reducir los impactos reales de la actividad en los territorios. “Los planes de descarbonización que se han presentado en Neuquén responden a los intereses de las empresas. Los gobiernos adoptan totalmente el discurso empresarial y promueven soluciones que benefician solamente a las empresas”, sostuvo Lefxaru Nawel, abogado e integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén y del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (Odhpi). “Es una discusión que está muy en boga pero falta información y participación.”
Nawel explicó que en la zona viven 15 comunidades mapuche que no tienen agua, gas ni luz, mientras se usan millones de litros de agua tanto en los pozos de fracking como en las hidroeléctricas para dar energía a las petroleras. “Si la solución a los venteos va a ser minar criptomonedas para que Tecpetrol siga ganando plata y la energía siga monopolizada por las petroleras mientras la gente alrededor padece todos los impactos, no tiene luz, no tiene agua, no tiene gas, y ellos encuentran la salida para su negocio, y encima se pintan la cara de verde, sin dudas no es una buena salida”, afirmó.
También cuestionan la utilización de monocultivos de pinos como forma de compensar las emisiones de carbono. “Por las comunidades que viven en la cordillera sabemos que esas plantaciones no son beneficiosas porque son monocultivos y es pino exótico”, señaló.
Foto: Neuquen.gov.ar
Compensación con la selva misionera
Otra de las petroleras que anunció inversiones en mercados de carbono es la suiza Mercuria. En 2017, esta multinacional se asoció a Andes Energía PCL, del Grupo Vila y Manzano, para crear Phoenix Global Resources, dedicada a la explotación de gas y petróleo en Vaca Muerta.
Mercuria firmó un acuerdo con el gobierno de Misiones “de Cooperación y Compraventa de Créditos de Carbono”, que fue aprobado por la Provincia en enero de 2022. Se prevé que los créditos se generen a partir de proyectos de conservación de bosques conocidos como REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación). Los proyectos pueden ser presentados por privados y, para poder comercializar los créditos, tienen que estar verificados por empresas certificadoras internacionales.
Hay distintos tipos de proyectos REDD. El que se aplica en Misiones se llama REDD Jurisdiccional y Anidado (JNR) y tiene antecedentes en otros países, como Brasil. Allí, si bien muchas comunidades locales han recibido fondos a través de estos programas, en los últimos años se registraron numerosas abusos, engaños y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Esto llevó a que, en agosto pasado, el Ministerio Público Federal de ese país recomiende la “suspensión de todas las actividades de crédito de carbono/REDD+ en territorios de la Amazonía”. Entre los argumentos señala la falta de consulta y los riesgos que implica para las comunidades la firma de contratos poco transparentes y a largo plazo, que ponen en riesgo la forma de vida y el patrimonio de los pueblos indígenas.
Uno de los casos es el del estado brasileño de Acre, que lleva más de una década de implementar REDD. A partir de 2010, el Gobierno decretó la medida de “cero fuego” y la “bolsa verde”, un pago trimestral como compensación a las comunidades por no permitirles limpiar el terreno para cultivar alimentos. “Esto es un perjuicio irrecuperable porque tanto las mujeres indígenas como las pertenecientes a poblaciones tradicionales que siempre trabajaron en la plantación. Con esta prohibición, a partir de 2010 dejaron de producir”, relató Dercy Teles de Carvalho, ex presidenta del Sindicato de Trabajadores Rurales de Xapuri. “Hoy las personas dependen de comprar comida, arroz refinado que viene de otro Estado, de Mato Grosso. La ‘bolsa verde’ es una limosna”, señaló en una entrevista publicada por el Movimiento Mundial por los Bosques.
Foto: Fernando Cattáneo
Monocultivos en Corrientes
Otro de los proyectos de la petrolera de Galuccio es la plantación de monocultivos de pinos y otras especies en Corrientes, en el establecimiento Rolón Cué, a unos 40 kilómetros de Gobernador Virasoro. A este negocio lo lleva adelante a través de Aike, una empresa subsidiaria de Vista Energy, creada para desarrollar los proyectos de compensación y venta de créditos de carbono.
De acuerdo al proyecto presentado ante Verra, una de las certificadoras internacionales de créditos de carbono, la inversión contempla la plantación inicial de 2.331 hectáreas: 60 por ciento con pinos y 40 por ciento con mezcla de pinos y especies nativas. El proyecto todavía no está aprobado. En caso de que Verra lo apruebe, la petrolera estará en condiciones de comercializar los créditos que se generen a partir del cálculo de dióxido de carbono que capture el monocultivo.
Corrientes es la provincia con mayor superficie de plantaciones forestales del país. Si bien esta actividad se publicita como productiva y generadora de empleos, las comunidades que viven cerca o directamente rodeadas por las plantaciones relatan un panorama diferente: precarización laboral, falta de tierras para el cultivo y cría de animales, contaminación del ambiente por el uso de agrotóxicos y aumento de riesgos de incendios. Guardianes del Y’verá, una organización socioambiental correntina que acompaña la lucha de las poblaciones locales, advirtió que el proyecto de compensación de Vista Energy no parece estar alineado a ningún plan real de conservación que pueda traer beneficios al ambiente y las comunidades.
“El proyecto es una declaración de intenciones con vocabulario de conservación pero sin registrar verdaderos objetivos de conservación”, sostuvo Emilio Spataro, miembro de la organización. “No tiene coherencia con ningún plan, programa o proyecto para la conservación de la biodiversidad ni propone criterios ni indicadores públicos para que la sociedad civil pueda hacer seguimiento.”
Para Guardianes del Y’verá, el proyecto reafirma el modelo forestal en una región donde estos monocultivos se han expandido sin analizar su impacto como resultado de la gran conversión de tierras de pastizales, humedales y bosques en plantaciones forestales. A ello, agregan: “No son proyectos en los que se pueda determinar o confiar con la información que proveen si realmente están secuestrando carbono o están generando un daño tal en el suelo que en realidad están liberando carbono”. Por último, Spataro sostuvo: “En definitiva es greenwashing (lavado verde) e ingreso de dinero extra para ellos, nada más”.
Unitán en Chaco
Una de las primeras empresas del país en anunciar la certificación de créditos de carbono es la fábrica de taninos Unitán, que opera hace más de 100 años en el Chaco y Formosa. Lo hizo a través de un proyecto de plantación de 2.348 hectáreas de monocultivo forestal en cinco propiedades en esas dos provincias. Según se describe en el proyecto, el 63 por ciento es eucalipto y 37 por ciento es quebracho colorado. Por estas acciones, la empresa afirma en su sitio web tener un impacto “climáticamente positivo”.
Desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, la industria del tanino ha sido una de las principales responsables de la destrucción de bosques enteros de quebracho colorado y otras especies en el Gran Chaco, región que abarca diez provincias argentinas, entre ellas Chaco, Formosa, Santiago del Estero y norte de Santa Fe. Aún hoy, varias de estas empresas tienen denuncias por desmontes. En mayo pasado, el colectivo Somos Monte Chaco denunció la influencia de Unitán y otras empresas del agronegocio en la reciente modificación del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN). Esta ley provincial, sancionada en la madrugada del 30 de abril, habilita el desmonte de miles de hectáreas.
Ante la certificadora Verra, Unitán presentó su proyecto como de “forestación y reforestación de pastizales”. En la descripción, explica que se trata de la forestación de una zona de pastizales y tierras agrícolas abandonadas “con el objetivo de producir, como producto prioritario, madera en rollo para la industria del tanino y secundariamente, leña”. Y agrega: “El proyecto se ubica en una región donde las plantaciones forestales comerciales no son comunes, o incluso inexistentes. La forestación con esta especie evitará el uso de madera de bosques nativos en el futuro”.
La empresa obtuvo la certificación en enero de 2023, lo que le permite comercializar los créditos. A esos ingresos económicos hay que agregar que, desde 1998, los monocultivos forestales están subsidiados en la Argentina a través de la Ley Nacional 25.080. Gracias a esta norma, las forestadoras reciben apoyos económicos no reintegrables y ventajas impositivas, como exención de impuestos y estabilidad fiscal de entre 30 y 50 años. De acuerdo al registro oficial publicado por la Secretaría de Agricultura de la Nación, entre 2018 y 2021 Unitán recibió al menos diez autorizaciones de apoyos económicos no reintegrables por plantaciones realizadas. La última que figura es de fines de 2020, por 3,4 millones de pesos.
El lobby
Una de las instituciones promotoras del avance de los mercados de carbono en el país es la Asociación Forestal Argentina (AFOA), que en mayo de 2022 anunció la creación de la Mesa del Carbono Forestal.
AFOA está integrada por las principales empresas productoras de madera, celulosa y papel, taninos y otros derivados de las plantaciones forestales. Entre ellas se encuentra la multinacional chilena Arauco (ex Alto Paraná, que opera principalmente en Misiones), Celulosa Argentina (del Grupo Tapibecuá, cuyo principal accionista es el empresario José Urtubey), Papel Misionero (propiedad de Arcor), el grupo español Iberpapel, Puerto Laharrague (de la familia de Nicolás Laharrague, ex funcionario de Desarrollo Foresto-Industrial durante el gobierno de Mauricio Macri), el Establecimiento Las Marías, la Compañía Tierras Sud Argentino (de la italiana Benetton) y Unitán.
A la mesa se sumaron las petroleras YPF y Vista Energy, la Sociedad Rural Argentina, las bolsas de comercio de granos a través de su Programa Argentino de Carbono Neutro, estudios de abogados y empresas consultoras que desarrollan proyectos para los mercados de carbono. Estas últimas, creadas al calor de las oportunidades de negocio que ofrece la crisis climática, tienen nombres como GMF Natured Based Solutions (Soluciones Basadas en la Naturaleza), GreenSur, Fotosíntesis SAS o Allcot. Con esta nueva conformación, la mesa pasó a llamarse Mesa Argentina del Carbono, en julio pasado.
En un documento titulado “Aportes para el desarrollo de los mercados de carbono en la Argentina”, la Mesa advierte que para que el país pueda aprovechar “una oportunidad única para posicionarse en el mundo a través de los mercados de carbono” se necesitan una serie de medidas que le den certidumbre a los inversionistas. Entre ellas, piden un marco normativo que dé seguridad jurídica en relación a la propiedad del carbono y de los créditos de reducción de emisiones, y que se establezcan criterios para la comercialización.
En cuanto a la intervención del Estado, si bien por un lado exigen que sea mínima (sólo a través de un registro centralizado de proyectos y sin cobrar impuestos a la actividad) al mismo tiempo piden que se implementen incentivos económicos a través de “la generación de un Fondo o algún instrumento de subsidio al diseño, certificación o implementación de los proyectos”.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, el Estado nacional avanzó en la elaboración de una Estrategia nacional para el uso de mercados de carbono. Allí se establecen los objetivos y lineamientos para una estructura legal y administrativa.
Ya en el gobierno de Javier Milei, los mercados de carbono fueron incluidos en la primera versión de la Ley Ómnibus, que no prosperó en el Congreso Nacional. Sin embargo, tal como estaba formulada, la propuesta del gobierno nacional no conformaba a la Mesa Argentina del Carbono, que en un comunicado sostuvo: “Tal como está hoy la ley sólo se enfoca en sectores y actividades ‘emisoras’ pero no prevé la posibilidad de compensar con créditos de carbono provenientes de proyectos ‘externos’ a las actividades obligadas a reducir, como por ejemplo, de proyectos de carbono forestal o del agro”.
Mercados regulados y voluntarios
En el mundo hay dos principales mercados de carbono: el mercado regulado y el mercado voluntario. El mercado regulado es de cumplimiento obligatorio y fue establecido en 1997 por el Protocolo de Kioto. Allí, los países desarrollados acordaron poner un límite a sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pero al mismo tiempo acordaron que estas emisiones, en lugar de reducirse podrían compensarse. Y que esta compensación no necesariamente tendría que ser dentro de sus fronteras.
Los mercados voluntarios, en tanto, funcionan por fuera de los mercados oficiales y permiten a las empresas u otras entidades comprar créditos de carbono para compensar voluntariamente sus emisiones. No están regulados por los gobiernos y operan sin un tope de emisiones.
En su Glosario sobre mercados de carbono, FARN explica que, en la actualidad, la Argentina no cuenta con un sistema de comercio de emisiones (en donde se establece un tope global de emisiones y se comercializan derechos de emisión), pero ha registrado varios proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL, vinculados al Protocolo de Kioto). “Aún no está claro cómo nuestro país participará de los nuevos mercados internacionales de carbono del Acuerdo de París, una vez que estos comiencen a funcionar”, señalan. “Por otra parte, cada vez más empresas e incluso algunas provincias de la Argentina participan en el mercado voluntario, tanto registrando proyectos para poder emitir créditos de carbono como adquiriendo unidades para compensar sus emisiones.”
Para que estos mercados funcionen es necesario aceptar al menos dos ideas. Una es la de compensación, es decir, que la contaminación que se produce en un lugar puede ser compensada en otro, incluso en otro país o continente.
La otra idea es la de adicionalidad. Esto es: que el proyecto que genera los créditos de carbono aporta una captura o absorción de carbono adicional en el planeta, que no existiría de no ser por ese proyecto. Si la selva misionera o las yungas en el Noroeste siempre estuvieron ahí, incluso antes de que las petroleras existieran, ¿cómo es que ahora se demuestra que, además de absorber el carbono que absorbieron siempre, capturan el extra emitido por estas empresas? Porque se afirma que de no existir el proyecto, la selva se tumbaría para dar paso a la soja o cualquier otra actividad más rentable. O que las prácticas de las comunidades indígenas —como usar madera para cocinar o construir casas, o limpiar parte de terreno para cultivo— no son sostenibles, entonces el proyecto propone modificarlas.
La misma lógica se aplica en otro tipo de proyectos. En los casos de agricultura regenerativa o sostenible, por ejemplo, se afirma que sin esa iniciativa, en esas tierras se seguiría con las prácticas de agronegocio convencionales, que degradan los suelos.
Rechazo de organizaciones internacionales
En los días previos a la 28º Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, realizada en Dubai en diciembre de 2023, un grupo de organizaciones internacionales lanzó un llamado a “Detener los de mercados de carbono“.
“Durante los últimos 20 años, la compensación de carbono ha sido una barrera para acciones reales contra el cambio climático, ha dado origen a violaciones a los derechos humanos y de los pueblos originarios y ha provocado daños graves a las comunidades más expuestas a los impactos de las industrias extractivas y a los efectos de la crisis climática”, sostiene la declaración, firmada por Amigos de la Tierra Internacional, GRAIN, Indigenous Environmental Network y The Oakland Institute, entre otras. “Las nuevas fronteras para la compensación de carbono se basan en una carrera por convertir suelos agrícolas así como áreas marinas y costeras en áreas de ‘remoción’, las que, según las empresas, van a capturar carbono y crear nuevos créditos de carbono. Pero ninguna de estas tecnologías ha probado poder almacenar carbono de manera permanente”, advirtieron.
En portada: Pobladores protestan cerrando una carretera para exigir atención ante contaminación por derrames de hidrocarburos en la región de Papantla, Veracruz.
Habitantes de la comunidad de Ojital Viejo, en el municipio de Papantla, Veracruz, accionaron un bloqueo carretero entre las comunidades de El Chote – Coatzintla durante inicios de esta semana para exigir a la paraestatal, Petróleos Mexicanos (PEMEX), la remediación inmediata frente a constantes derrames de hidrocarburos que afectan el medio ambiente de la región.
Los pobladores reclaman que, la contaminación, resultado de constantes fugas en los ductos que transportan los hidrocarburos, se mantiene desde el pasado mes de junio, sin que funcionarios de PEMEX realicen acciones para evitar los derrames que dañan las tierras y cuerpos de agua que abastecen a las comunidades para labores de riego y cubrir sus necesidades básicas.
Debido a las fuertes lluvias del pasado fin de semana fue que, durante la madrugada del lunes (16), habitantes de Ojital Viejo se percataron del escurrimiento de hidrocarburos causando la contaminación del arroyo que atraviesa la localidad. No obstante, a pesar de que reportaron de inmediato la situación a PEMEX, ningún funcionario de la empresa arribó para atender la contingencia.
Vista aérea de la contaminación en el arroyo de la comunidad Ojital Viejo. Fotos: Esteban Hernández.
Ante el impacto negativo en la fauna y flora locales, así como por la contaminación del arroyo, donde en algunas zonas se practica la pesca, fue lo que aumentó el malestar de la comunidad y derivó en el bloqueo carretero para ejercer presión ante la paraestatal.
Las acciones de protesta también señalaron el peligro que representa la extensión de los escurrimientos hacia predios y propiedades en las localidades de Zapotal Santa Cruz, La Laguna y otras comunidades cercanas al municipio vecino de Coatzintla.
Entre las afectaciones a la salud de los pobladores, refieren que debido a la enorme cantidad de hidrocarburos, el olor es insoportable lo cual ha provocado mareos y problemas respiratorios a la población local, quienes por sus propios medios han buscado atención médica.
Contaminación en el arroyo de la comunidad Ojital Viejo.
Frente a la grave contaminación, la comunidad consideró suspender actividades escolares para así prevenir afectaciones en la salud derivadas por la inhalación del crudo derramado. Cabe recordar que esta zona registra constantemente derrames de hidrocarburos, por lo que pobladores acusan la falta de mantenimiento, por parte de PEMEX a los oleductos, situación que provoca los desastres.
Derrames, inatendidos
La ciudad de Poza Rica, considerada “capital petrolera de México” durante el siglo pasado se ubica en el denominado Paleocanal de Chicontepec y solo entre 1948 y 1956, produjo 70 por ciento de todo el crudo extraído en el país.
Actualmente existe una caída en su producción la cual llegó, en 2018, a 30 mil barriles de crudo diarios, apenas el 8.5 por ciento de la máxima producción que llegó a obtener, pero que está por recibir un nuevo impulso. Apenas, el pasado agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseveró que para el próximo 1 de octubre comenzará la construcción de una nueva planta de fertilizantes como parte de un proyecto entre PEMEX y la empresa Mota-Engil para revitalizar la industria petroquímica del país.
Según Mota-Engil, de capital portugués y quien participa también en las obras del Tren Maya, con una inversión de mil 200 millones de dólares, la fábrica se localizará en la comunidad de Reforma Escolín, población totonaca donde, en contraste, debido a la falta de mantenimiento se han registrado siniestros como la explosión de ductos propiedad de PEMEX, en junio de 2022, sin que la paraestatal accionara en dicho momento frente a la contingencia ambiental.
“A Pemex y a las autoridades ambientales como la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente) y Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), no les interesa que las instalaciones y ductos de hidrocarburos, se encuentren sin el mantenimiento y la vigilancia adecuada, campos y pozos de Pemex usados por la delincuencia organizada, devastación socio ambiental por los pozos, los quemadores, los derrames, las fugas, parecen no importarles a las autoridades”, acusaron mediante comunicado miembros del Congreso Nacional Indígena.
Por ello, recientemente pobladores de las comunidades de Emiliano Zapata, Reforma Escolín, Rodolfo Curti y otras vecinas se sumaron a la exigencia de Ojital Viejo para que PEMEX repare los daños al medioambiente en la región.
Un análisis de la organización CartoCrítica señala la alta peligrosidad que representan las fugas y derrames en la infraestructura petrolera mexicana. Debido a que los ductos no se encuentran dentro de un complejo industrial con características de seguridad, pues se despliegan a lo largo y ancho del país, “el riesgo de derrames, contaminación y explosiones es sumamente alto, con rangos que van desde los 20 metros para los ductos de diámetro pequeño, hasta más de 300 metros para los grandes ductos o de alta presión”, alerta.
Funcionarios de PEMEX en reunión con pobladores afectados por el derrame de hidrocarburos.
Medios locales reportaron que, después de una reunión con Rigoberto Nuñez, representante de PEMEX que se apersonó en la Agencia Muncipal de Ojital Viejo, el pasado martes (17), y tras comprometerse a sanear el arroyo de la comunidad en un máximo de 15 días, además de proveer agua potable mediante pipas, la comunidad levantó el bloqueo carretero. Sin embargo, pobladores señalaron que, en caso de que no se cumplan las promesas de la paraestatal realizarán una manifestación en las oficinas de PEMEX.
Gracias a las movilizaciones, marchas del 10 de enero del año 2021 en el Ayuntamiento de Temixco para exigir que declarara al municipio libre de minería de la que nunca recibimos respuesta del oficio entregado con las peticiones del pueblo nahua de Cuentepec, la marcha y protesta del 12 de octubre del 2022 PROFEPA para realizar la entrega de la denuncia por los daños ocasionados por parte de la minera en los cerros del Jumil [conocido también como kolotepetl] y el cerro de la calabaza, en 2021 las reunión en SEMARNAT en la Ciudad de México, 2022 la Realización de la ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS NAHUAS DE MORELOS, donde se elaboró el DECRETO DE LOS PUEBLOS NAHUAS CONTRA LA MINERIA EN EL TERRITORIO con sede en la comunidad de indígena nahua de Cuentepec, donde asistieron más de 400 personas provenientes de diversos pueblos y municipios indígenas nahuas de Morelos y otros pueblos nahuas del país. En esta asamblea de los pueblos reconocimos qué solo el pueblo puede decidir el futuro de su territorio el cual ha defendido y preservado como territorio ancestral ante cualquier empresa minera qué quiera destruirlo, ejerciendo nuestra libre determinación como pueblos indígenas contando con sistemas normativos autónomos.
Por lo que esta «DECLARACIÓN DE MUNICIPIO DE TEMIXCO LIBRE DE MINERIA» ES UN LOGRO DE LOS PUEBLOS QUE SE HAN ORGANIZADO Y QUE HAN RESISTIDO, Esta declaratoria surge de la exigencia de los pueblos que luchan más NO de la voluntad de los gobiernos ni el municipio de Temixco.
Nos ha llevado tres años de lucha de resistencia y de exigencia. Teniendo como antecedente que el Ayuntamiento ha pasado por encima de la asamblea y de la autonomía del pueblo nahua de Cuentepec en las elecciones pasadas de elección de ayudante de la comunidad, imponiendo y cambiando formas de auto organización internas.
EL PUEBLO DE CUENTEPEC NO OLVIDA QUE EL MUNICIPIO DE TEMIXCO VIOLENTÓ LOS DERECHOS COLECTIVOS DEL PUEBLO NAHUA DE CUENTEPEC.
Al Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades, Barrios, Organizaciones, Colectiv@s y activistas que luchan por defender a la Madre Tierra resistiendo y construyendo autonomía en todos los rincones
del Sur Global (Oaxaca, México y el Mundo)
A los medios libres, comunitarios, alternativos, independientes o como se llamen
A quiénes defienden la vida con su vida misma
Estamos a menos de dos meses del Encuentro Global por el Clima y la Vida – ANTICOP 2024, en un momento crucial que nos convoca a unir nuestras fuerzas y corazones en torno a una causa común: la defensa de la Madre Tierra. En nuestra travesía hacia noviembre, ya hemos iniciado el diálogo en nuestros foros virtuales. (https://mirrorssouthglobal.org). Estos intercambios nos sirven como preámbulo a los trabajos que nos esperan y nos ayudan a afinar nuestras propuestas y estrategias.En esta segunda llamada, queremos nombrar a nuestros hermanoas del EZLN y el CNI-CIG, porque su ejemplo y sus pasos nos han enseñado a abrazar con fuerza la lucha contra el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo, a trabajar cada día por ese mundo donde quepan muchos mundos. Su valentía y perseverancia nos inspiran a seguir adelante, incluso cuando los desafíos parecen abrumadores. Reiteramos la invitación hecha, sería un honor para nosotros contar con su presencia. Su palabra, ejemplo y guía son cruciales para construir un futuro en el que la justicia y la equidad prevalezcan.Esta iniciativa nació de una profunda reflexión sobre las tormentas que enfrentamos y sentimos en nuestra realidad cotidiana. Tras revisar la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y la Declaración por la Vida, decidimos unir esfuerzos para hermanar nuestras luchas entre Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades, Barrios, Organizaciones, Colectiv@s y activistas de diferentes rincones del planeta que también están comprometidos en defender a la Madre Tierra y la Vida. Desde el inicio, quienes tomamos la iniciativa, sabíamos que enfrentaríamos a quiénes creen tener todas las respuestas y solo escuchan el dulce sonido de su propia voz. Nos enfrentamos a una amplia gama de actores, desde quienes están en el poder hasta aquellos que aunque lo critican, lo abusan en los espacios comunes. Queden tranquilas las vanguardias, no estamos buscando a sus bases, ni convocando a sus públicos cautivos. Se escuchan rumores, mentiras y silencios cómplices. Parece que es más fácil destruir que construir, juzgar que comprender. Sin embargo, nosotres estamos firmemente comprometidos a dialogar las diferencias, poniendo lo común frente a las adversidades, desde la honestidad y la profundidad de la palabra compañera. Nos dedicamos a la construcción constante y colectiva porque soñamos lo imposible y creemos en un futuro mejor.
El momento para convocarnos es ahora. Este llamado está dirigido a todas las personas quiénes se sienten invisibles, atrapadas en la desesperación y la deuda, a menudo abandonadas y solas, a quienes
sentimos la necesidad de enfrentarnos juntas y organizadas a las tormentas que se avecinan. Es una invitación a soñar en construir o recomenzar nuestros territorios en autonomía y con libre autodeterminación.Hemos sido testigos en diversas geografías del planeta del crecimiento de una “izquierda difuminada” que, poco a poco, reveló su verdadera piel, mostrando su carácter neoliberal y profundamente fascista en sus acciones. Esta supuesta alternativa progresista no protesta contra la militarización ni cuestiona los planes imperialistas. Con una mano ofrece programas sociales, mientras con la otra entregó territorios al capital transnacional. En México, esta izquierda neoliberal puede abrazar a Evo Morales, pero también cierra las fronteras a las personas de Centroamérica y muestra su desprecio por quienes defienden la tierra y el territorio, reafirmando el programa de despojo, exacerbación de los extractivismos y apertura al colonialismo verde.Estamos viendo la continuidad de los megaproyectos de capital transnacional que despreciando a los pueblos continúan imponiéndose sobre nuestros territorios, Estos megaproyectos no sólo arrasan con la tenencia de la tierra, también mutilan la identidad, la cultura, la lengua y la espiritualidad de los pueblos. Denunciamos al mismo tiempo, las imposiciones y complicidades entre gobierno, corporaciones y estructuras criminales para poner al territorio mexicano a jugar en una apuesta de transición energética contrapuesta a los intereses de los pueblos y sus territorios.Quienes convocamos al Encuentro Global por el Clima y la Vida buscamos construir desde abajo, con una organización sólida que recupera las numerosas luchas en defensa de la vida y el territorio de nuestros pueblos. Queremos evitar imponer agendas para escucharnos entre pares, siempre con la lucha por la vida como nuestro horizonte común.
En nuestro encuentro, queremos permitirnos soñar con un diálogo enriquecedor entre movimientos, pueblos, organizaciones, colectivos y activistas. Queremos replantear nuestras estrategias y avanzar más allá de la denuncia, hacia acciones concretas y transformadoras.
¿Qué camino tomaremos después del Encuentro Global? Esa decisión la tomaremos juntas, juntos, juntes. Nos escuchamos en Oaxaca, dispuestos a escribir el próximo capítulo de nuestra historia compartida.
NOTA: El programa general sigue en construcción, será publicado durante la mitad del mes de octubre. NOTA_2: Seguimos respondiendo correos y mensajes, si no has recibido respuesta, insistente mandando la frase “a ver a ver a qué horas”.
Gracias.
ENG 👇🏾
Second callTo where and with whom do we sail?
To the Zapatista Army of National Liberation (EZLN)
To the National Indigenous Congress – Indigenous Council of Government (CNI) To the Peoples, Tribes, Nations, Communities, Neighborhoods, Organizations, Collectives and activists who struggle to defend Mother Earth by resisting and building autonomy in all corners of the Global
South (Oaxaca, Mexico and the World)To the free, communitary, alternative, independent and independent media
To those who defend life with their very lives
We are less than two months away from the Global Encuentro for Climate and Life – ANTICOP 2024, at a crucial moment that calls to unite our forces and hearts around a common cause: the defense of Mother Earth. On our journey towards November, we have already started the dialogues in our virtual forums (https://mirrorssouthglobal.org). These exchanges serve as a preamble to the work that awaits us, helping us to refine our proposals and strategies.
In this second call, we want to name our sisters of the EZLN and the CNI-CIG, because their example and their steps have taught us to embrace with strength the struggle against capitalism, patriarchy and
colonialism—to work every day for that world where many worlds flourish. Their courage and perseverance inspire us to move forward, even when the challenges seem overwhelming. We insist on our invitation. It would be an honor for us to have your presence. Your word, example and guidance are crucial to build a future where justice and equity prevail.
This initiative was born out of a deep reflection on the tempests we face and feel in our daily reality. After reviewing the Sixth Declaration of the Lacandon Jungle and the Declaration for Life, we decided to join efforts to unite our struggles among Peoples, Tribes, Nations, Communities, Neighborhoods, Organizations, Collectives and activists from different corners of the planet who are also committed to defend Mother Earth and Life.
From the beginning, those of us who took the initiative knew that we would face those who believe they have all the answers and only listen to the sweet sound of their own voice. We face a wide range of actors, from those who are in power to those who—even while criticizing it—abuse it in common spaces. Let the vanguards rest assured, we are not looking for their bases, nor are we summoning their captive audiences. Rumors, lies and complicit silences are heard. It seems that it is easier to destroy than to build, to judge than to understand. However, we are firmly committed to dialogue the differences, putting the common in the face of adversities, from the honesty and depth of the comrade word. We are dedicated to constant and collective construction because we dream the impossible and believe in a better future.
The time to convene is now. This call is addressed to all people who feel invisible, trapped in despair and debt, often abandoned and alone—to those of us who feel the need to face the storms ahead together and organized. It is an invitation to dream of building or restarting our territories in autonomy and free self-determination.
We have witnessed in various geographies of the planet the growth of a “blurred left” that, little by little, revealed its true skin, showing its neoliberal and deeply fascist character in its actions. This supposedly progressive alternative does not protest against militarization or question imperialist plans. With one hand it offers social programs, while with the other it hands over territories to transnational capital. In Mexico, this neoliberal left may embrace Evo Morales, but it also closes the borders to people from Central America and shows its contempt for those who defend land and territory, reaffirming the program of dispossession, exacerbation of extractivism and openness to green colonialism.
We are seeing the continuity of the megaprojects of transnational capital that, despising the peoples, continue to impose themselves on our territories. These megaprojects not only destroy land tenure, but also mutilate the identity, culture, language and spirituality of the peoples. We denounce at the same time, the impositions and complicities between government, corporations and criminal structures to put the Mexican territory to play in an energy transition bet against the interests of the peoples and their territories.
Those of us who call for the Global Encuentro for Climate and Life seek to build from below, with a solid organization that recovers the numerous struggles in defense of life and territory of our peoples. We want to avoid imposing agendas in order to listen to each other, always with the struggle for life as our common horizon.
In our meeting, we want to allow ourselves to dream of an enriching dialogue between movements, peoples, organizations, collectives and activists. We want to rethink our strategies and move beyond denunciation, towards concrete and transformative actions.
What path will we take after the Global Gathering? We will make that decision together. Together. Together. We will listen to each other in Oaxaca, ready to write the next chapter of our shared history.
NOTE: The general program is still under construction, it will be published during the middle of October.
NOTE_2: We are still answering emails and messages, if you have not received a reply, please insist by sending the phrase “a ver a ver a qué horas”. Thank you.
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Por la comisión de Organización y Coordinación / By the Organization and Coordination Committee:
Comunidad Indígena Binnizá de Puente Madera, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), Asamblea de los Pueblos indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), Consejo Regional Autónoma de la Zona Costa de Chiapas, Coordinadora
Regional de Acción Solidaria (CORASON), Centro de Investigación en Comunicación Comunitaria, Centro de Derechos Humanos – Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos – ESPADAC, Laboratorio Popular de Medios Libres, Colectivo LEGAIA, Deuda por el Clima México. Frente de Organizaciones Oaxaqueñas – FORO: Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas – CODEDI, Comité de Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca – CODEPO, Frente Indígena Zapoteca – FIZ, Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur – COCISS, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas – UNTA, APIIDTT.
Organizaciones, colectiv@s y procesos que co.convocan en respaldo /
Organizations, groups and processes that co-convene in support:
El Istmo es Nuestro, Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapa, Maderas del Pueblo del Sureste, Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza, ECOOS – Escuela de Economía Social, Zona de Creación, CEACOMUN, Observatorio de Industrias Extractivas, Ñuu Jnama Yuku, ENGENERA – Energía, Género y Ambiente A.C. Colectiva Las Nietas, Contaminantes Anonimus, Red Tierra Común, Red Feminista de Investigación en IA, La Cuadra Provoca Ciudad A.C. / Huerto Roma Verde, Invetia, Ndú Xacúa, Nuestros Datos.org, Ollin Quetza, Boletín Socioambiental CDMX y Área Metropolitana. Tierra Resiliente, Más Música – Menos Balas, Pacto Ecosocial del Sur, Extinción o Rebelión (Ecuador), Comité Campesino del Altiplano – CCDA- (Guatemala), Slow Food (Brasil), Red de Cooperación Amazónica REDCAM (Venezuela), Centro Internacional de Investigación PIRKA (Argentina), Musa Community Development and Sustainability Organization (Zambia, África), Plataforma Global (El Salvador), Associazione Ya Basta Êdî Bese (Nordeste, Italia), Friends of Mother Earth (Bolivia / California), Proyecto Social y EcoPedagógico Tierra Bonita (Colombia), Tejiendo Pensamiento (Colombia), Instituto para el Desarrollo sostenible de la mujer indígena Lenca de Honduras IDESMULH (Honduras), Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador – MILPA (El Salvador), Aquelarre (República Dominicana), IDNOVA (Imagination for Development and the Nature Of Values (Aruba, Caribe), Dandelions (USA), Frente de Justicia Ecosocial (Finlandia), Xicana Tiahui de Chicanx World Making and Futurities Project (EEUU), InsightShare with La Marabunta Filmadora (UK-Mx). Terra Insumisa Alcamo (Italia).
Nuestras comunidades están siendo afectadas por los derrames de hidrocarburos, el agua que nos queda para consumo humano ha sido contaminada, nuestros arroyos, y la tierra en la que sembramos.
Este derrame se localiza en la comunidad de Ojital Viejo en Papantla, Veracruz. Pero está afectando los alrededores.
Agradecemos a quienes nos leen compartan esta información, pues está siendo invisibilizada.
¡Exigimos que se las empresas responsables se hagan cargo de este escocido y daño socioambiental!
