Megaproyectos
Consulta de AMLO sobre Proyecto Integral Morelos incumplió con el Convenio 169 de la OIT
Por Eugenia López
El primer y segundo tribunales colegiados en materia administrativa dieron la razón a ocho comunidades de Puebla, Morelos y Tlaxcala que se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM).
Uno de los objetivos principales del PIM es el transporte de gas para una termoeléctrica para responder al crecimiento y desarrollo industrial de la zona. El camino del gasoducto atraviesa toda la zona del volcán Popocatépetl, desde Tlaxcala hasta por Puebla. La inversión total, asumida por las empresas españolas Elecnor y Abengoa, es cercana a los 1,600 millones de dólares.
Los tribunales ordenaron a los jueces que acepten el amparo que interpusieron en febrero pasado las comunidades de Huexca, Jantetelco, Amayuca, Amilcingo, Santa María Zacatepec, San Damian Texoloc, San Jorge Tezoquipan y San Vicente Xiloxochitla contra la Consulta Ciudadana efectuada por el gobierno federal para resolver sobre la viabilidad del PIM.
El amparo, por el mal uso de las consultas
El pasado 18 de febrero, dos días antes del asesinato del indígena Nahua Samir Flores, las comunidades mencionadas habían promovido las demandas 199/2019 y 209/2019 ante los juzgados Primero y Cuarto de Distrito.
De acuerdo con integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, con esas demandas las comunidades se oponían al hecho de que el proyecto pueda ser aprobado mediante la Consulta Ciudadana promovida y realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien, el mandatario declaró que gracias a esa consulta la decisión recaerá “en el pueblo”, las comunidades indígenas afectadas lo acusan de violar sus derechos a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, así como a la autodeterminación, reconocidos por la Constitución de México y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Como lo afirmaron las comunidades, la Consulta Ciudadana no remplaza la obligación del Gobierno Federal de realizar una Consulta Previa e Informada enmarcada en los estándares internacionales.
Rechazo
En una primera instancia, los juzgados primero y cuarto rechazaron las demandas de las comunidades indígenas, alegando que le presidente no es “autoridad responsable” del supuesto agravio y que usó la consulta como fundamento moral y no legal, para dar continuidad a la termoeléctrica, acueducto y gasoducto.
Además, citando como antecedente la consulta pública para decidir el futuro del aeropuerto en Texcoco realizada en noviembre de 2018, sostuvieron que en la zona directamente involucrada no existen comunidades consideradas indígenas, sino comunidades con un interés “simple”, como “el resto de los mexicanos”.
En respuesta, los pueblos acudieron a los tribunales colegiados.
Reconocen daños a derechos de pueblos
El primer y segundo tribunal colegiados determinaron que fueron erróneos los criterios emitidos por los jueces primero y cuarto de distrito con sede en Puebla, al desechar los amparos 199/2019 y 209/2019 y permitir la realización de la consulta, a pesar de que incumplía con la ley.
El primer tribunal colegiado reconoció que los quejosos acreditaron violaciones a la ley que los dejaron sin defensa. El juez consideró que los juzgados de Distrito no habían tomado en cuenta el acervo probatorio ofrecido por los quejosos y validó como pruebas del interés de los quejosos sus constancias de residencia, el acta de hechos de su asamblea general, las múltiples firmas en hojas anexas, donde manifestaban «yo no estoy de acuerdo por el paso de gasoducto por mi comunidad», así como las actas de Cabildo que negaban autorización al PIM.
Por su parte, el segundo tribunal aceptó que la consulta abrió la puerta a la continuación del proyecto, sin garantizar la participación efectiva de los pueblos en las medidas administrativas que puedan impactar su entorno o hábitat. También reconoció el argumento de que la metodología de aplicación no cumplió con los parámetros del Convenio 169 de la OIT, para dar a los interesados una adecuada participación.
En un comunicado, las comunidades agraviadas pidieron que el criterio del segundo tribunal colegiado sobre el PIM siente precedente para otros casos de resistencia a megaproyectos como los trenes Transístmico y Maya en el sureste del país.
Comunicado del Frente de Pueblos Morelos, Puebla -Tlaxcala a 3 meses del asesinato de Samir Flores
TRES MESES DESDE EL ASESINATO DE SAMIR SIN JUSTICIA Y CASTIGO A LOS CULPABLES
El día de hoy 20 de mayo del 2019 se cumplen tres meses del asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes, incansable luchador social y defensor del territorio y los derechos humanos. Tres meses ya han pasado y no hay ningún avance en las investigaciones sobre su asesinato desde la Fiscalía General del Estado.
Aunque las líneas de investigación se ampliaron hacia su labor tanto de periodística, como de sus actividades de lucha ante el PIM, los avances sobre estas líneas son nulos. La falta de seriedad y las formas de cómo se ha ido ejecutando la investigación nos preocupa.
Casi un mes después del asesinato de Samir se presentaron los investigadores de la Fiscalía al lugar de los hechos para levantar pruebas, incluso se les tuvo que prestar herramientas, ya que no iban preparados con lo necesario. Solo se han presentado a declarar a personas sospechosas pero a la par, hemos recibido citatorios compañeros que defendemos el territorio, con el argumento de ser parte de la investigación, situación que pareciese, más que una investigación, una forma de amedrentarnos.
Los abogados de la familia han dado elementos para que se citen a ciudadanos que pueden aportar para la investigación pero pareciera que para la Fiscalía no es importante ya que ha postergado citarlos para declarar. El Fiscal del Estado está más preocupado en dar declaraciones irresponsables para justificarse diciendo que “todo va bien y que están por salir ordenes de aprehensión contra los presuntos responsables materiales”, sin que haya sucedido nada, a casi un mes de las declaraciones.
Por su parte el super delegado federal Hugo Erik Flores declara que el asesinato de Samir fue por la delincuencia organizada debido a su labor periodística, sin explicar cómo obtiene la información que asegura, ya que no puede conocer la carpeta de investigación sin haber sido citado antes, por ser uno de los sospechosos en las líneas de investigación. Declaraciones del delegado sin fundamento, ya que Samir, durante su labor periodística, no hablaba o se refería a situaciones realizadas por la delincuencia organizada, por lo que esta versión del super delegado, pretende posicionarse como una verdad histórica para quitarle el peso político a su asesinato y reducirlo solo a un hecho de la delincuencia.
A raíz de la muerte de Samir, diversos compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua y de la Resistencia de Amilcingo han temido por su seguridad e integridad física, además de actos de hostigamiento y amedrentamiento laboral que han sufrido algunos, situación que los llevó a incorporarse al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, a petición del mismo Mecanismo, pues señalaron, “el Gobierno Federal está muy preocupado por nuestra seguridad”, pero lamentablemente hasta el momento se han implementado una mínima parte de todas las medidas que se evaluaron eran necesarias para la protección de las y los compañeros. Por lo que exigimos al Mecanismo de protección cumpla ya con las medidas programadas para mejorar las condiciones de seguridad de la comunidad de Amilcingo y de los compañeros en riesgo. También nos preocupa la falta de información y conocimiento de las autoridades gubernamentales y educativas respecto a las implicaciones de estar incorporado al
mecanismo, situación que está generando complicaciones y posibles represalias laborales hacia algunos de los beneficiarios de este mecanismo. Exigimos se respeten las medidas estipuladas por el mecanismo que permitan garantizar la seguridad e integridad de nuestros compañeros.
Denunciamos que la complicidad de los poderes de gobierno para imponer el Proyecto Integral Morelos continúa para Amilcingo, pues en el mes de abril, el ejido de Amilcingo interpuso un amparo contra la ilegal instalación del Gasoducto Morelos en tierras ejidales, sin embargo, el Juez Noveno de Distrito con sede en Morelos, desechó infundadamente el amparo al señalar que el ejido tenía 15 días para ampararse, cuando el plazo establecido en la Ley de Amparo para núcleos agrarios es de 7 años.
¿Cómo quieren que no pensemos que el gobierno no está involucrado en el asesinato de Samir por su oposición al PIM, si fue asesinado en medio de un ambiente de discurso de descalificación y odio promovido por López Obrador? ¿Si fue asesinado 3 días antes de la consulta y la consulta se impuso a la fuerza? ¿Si los amparos interpuestos por la consulta dos días antes de la muerte de Samir fueron desechados de manera injusta para permitir la consulta? ¿Si el super delegado Hugo Erik declara conclusiones de la investigación sin tener acceso a la misma? ¿Si aunque existe la línea de investigación sobre el asesinato a Samir a causa del PIM, esta línea no ha avanzado en nada, permitiendo a los sospechosos como Hugo Erik Flores, querer sembrar verdades históricas en la opinión pública? ¿Si el proyecto se quiere seguir imponiendo a través de diversos operadores, ocultando todas las irregularidades que tiene? ¿Si a las comunidades indígenas y ejidos que no queremos el PIM se nos desechan los amparos de diversas formas tan ridículas? ¿A quién le conviene que las comunidades y defensores contra el PIM vivan con miedo y sin medidas de protección para seguir realizando su labor de organización y defensa?
Ya son tres meses sin nuestro compañero, tres meses sin sus programas al aire, sin su presencia en la asamblea, en su casa, en nuestras vidas. Tres meses que el pueblo de Amilcingo junto con otros pueblos, colectivos, organizaciones hemos exigido justicia. No permitiremos que su caso quede impune, no permitiremos que nos quieran imponer “verdades históricas” ni chivos expiatorios sobre su asesinato.
El asesinato de Samir es un asesinato político, porque sucedió en un contexto político y fue por su labor de defensa de derechos humanos y comunicador indígena. No permitiremos que desdibujen las razones de su muerte a versiones infundadas que pretendan desviar la gravedad de su asesinato en un contexto donde se ha incrementado gravemente el asesinato de defensores de derechos humanos, del territorio y periodistas en México, sin que el gobierno haga nada para detener este ataque.
¡Exigimos que la Fiscalía General del Estado realice su trabajo seria y verazmente!
¡Exigimos que el Mecanismo de protección a periodistas y defensores proteja verdaderamente a los defensores y periodistas!
¡Justicia para Samir! ¡No al PIM! ¡Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos!
