Foto: Germán Romeo Pena (ANRed).

Estigmatización y criminalización mediática, encuentros ultraderechistas impulsados por la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras y familias terratenientes, ataques e incendios anónimos en lugares emblemáticos, un cerco del Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Policía de Río Negro, el envío de Gendarmería por parte del gobierno nacional y una política de desgaste por más de 50 días. Estos hechos fueron construyendo el escenario que terminó – poco después de que se levantara el acampe solidario en apoyo a la lof – con el ingreso a Cuesta del Ternero de dos individuos sin identificación que dispararon contra comuneros de la Lof Quemquemtrew, asesinando a Elías Garay y dejando a Gonzalo Cabrera con heridas de bala calibre 22 en su abdomen. Como broche, sectores de ultra derecha festejaron y echaron a las protestas que se realizaron ayer por la noche en El Bolsón. Soraya Maicoño, vocera de la lof, relató: «entraron a matar. Ingresaron dos personas de civil. No sabemos si eran policías, parapolicías o matones del empresario Rocco». Por su parte, Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro sentenció: «que no nos vengan hablar de violencia porque los muertos los seguimos poniendo nosotros. La zona liberada es responsabilidad de la policía de Río Negro: o la liberaron o son ellos». Por ANRed.

Cómo se preparo el escenario previo

La Lof Quemquemtrew comenzó la recuperación territorial el sábado 18 de septiembre: «hacemos público y reivindicamos la recuperación territorial del cuadro conocido como ‘Tapera de los Alamos’ en el paraje de la Cuesta del Ternero, deshabitado hace mas de 50 años y a merced de intereses inmobiliarios, forestales e hidricos», anunciaba la comunidad mapuche, y agregaba: «esta porción territorial además de estar muy contaminada viene padeciendo sequías e incendios, situaciones que solo benefician al wingka capitalista, al Estado, y sus funcionarios de organismos como la Dirección de Tierras, de Bosques, del Servicio Forestal Andino, y Enforsa, quienes luego hacen posesión de la tierra y la entregan a empresarios, por lo general, de origen extranjero».

Más tarde, en declaraciones a ANRed, una abuela de la comunidad expresaba: «Nosotros somos preexistentes: no vinimos de afuera, nacimos en este lugar».

Luego de la recuperación territorial, el 24 de septiembre hubo un primer intento del gobierno de Arabela Carreras de desalojar la recuperación con al menos 50 efectivos del Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Policía de Río Negro. Tras la represión, la policía llevó detenidos a varios integrantes a la Comisaría 12° de El Bolsón, a pesar de que había un acuerdo con el fiscal de la causa, de Francisco Arrien, para una audiencia de conciliación.

Ante los hechos represivos, se conformó una amplia red de organizaciones para acompañar a la Lof Quemquemtrew y repudiar la represión. Incluso, el premio Nóbel de la Paz y titular del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) Adolfo Pérez Esquivel se expresó al respecto sosteniendo que «la Lof Quemquemtrew se encuentra en emergencia humanitaria por el accionar violento del Estado». También, a fines de septiembre, hubo una caravana en apoyo a la Lof Quemquemtrew y conferencia de prensa en el acampe humanitario. En tanto, la CIDH pidió informe al Estado argentino por la Lof Quemquemtrew.

En este marco, el pedido de apoyo humanitario y la puesta en marcha de una mesa de diálogo para la comunidad que recuperó territorio ancestral en la Cuesta del Ternero fue rechazada por el juez de garantías Ricardo Calcagno, quien negó el ingreso de alimentos y abrigo a la Lof Quemquemtrew, y consideraba: «entiendo, al igual que el Ministerio Público Fiscal (la fiscal Betiana Cendón), que el ingreso de alimentos consolida la usurpación».

Así se fue instalando un clima de militarización, hostigamiento y racismo, sin garantías para los pueblos originarios con un cerco del Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Policía de Río Negro que llegó a superar los 50 días.

Esto fue acompañado, desde los mediático, con una campaña estigmatizadora y criminalizadora contra los pueblos mapuches y las recuperaciones territoriales, de la que participaron casi todos los medios locales y a nivel nacional estuvo encabezada por un periodismo de comisaría que preparó la represión al pueblo mapuche, de la mano de Clarín (con los informes de Lanata anunciando que «los indios vienen por la patagonia» y que quienes integraban la Lof Quemquemtrew eran una «guerrilla terrorista»), Infobae y La Nación, principalmente, vinculando además los ataques e incendios anónimos en lugares emblemáticos de El Bolsón con las comunidades protagonistas de las recuperaciones.

En el caso del programa «PPT» de Jorge Lanata, el informe construyó y difundió una imagen del «indígena» como el enemigo interno, reforzando de esta manera el discurso del poder, sesgando información y avalando la violencia contra las comunidades. La transmisión del programa ocurrió, casualmente, cinco días después de la desaparición del militante social Santiago Maldonado durante la represión a la comunidad de Lof en Resistencia del departamento de Cushamen, Chubut, de la cual el gobierno actual ni el pasado aún no ha dado respuestas. Este informe cosechó un fuerte repudio de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), que consideró que se trataba de una «campaña de estigmatización hacia el pueblo mapuche, en la que reprodujeron discursos racistas y persecutorios de distintos sectores de la política».

Finalmente, a la campaña estigmatización y criminalización se fortaleció también de la mano de los encuentros ultraderechistas impulsados por la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras y familias terratenientes, en defensa de la propiedad privada y contra las recuperaciones territoriales mapuche. Asimismo, en la previa de las elecciones legislativas, denunció que en el gobierno nacional de Alberto Fernández y en el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) había cómplices de la violencia mapuche. En aquella ocasión también acusó a otras dependencias, como el directorio de la Administración de Parque Nacionales (APN) que está bajo la órbita del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde el Estado argentino desistió de avanzar en la causa por la recuperación de tierras en Villa Mascardi, ubicada a unos 35 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Finalmente, el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández determinó el envío de efectivos de Gendarmería a la zona.

Crónica de una muerte anunciada

Todos estos hechos fueron construyendo en el tiempo el escenario que terminó este domingo 21 de noviembre por la tarde – alrededor de las 15, según los testimonios de los comuneros – con el ingreso al territorio recuperado de Cuesta del Ternero de dos individuos sin identificar – supuestos cazadores – que lograron pasar el fuerte cerco que el Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Policía de Río Negro mantuvo por más de 50 días. Allí, según los testimonios de la Lof Quemquemtrew, estos hombres discutieron con comuneros y efectuaron disparos, asesinando a Elías Garay – cuyo cuerpo aún se encuentra dentro del predio – y dejando a Gonzalo Cabrera con heridas de bala calibre 22 en su abdomen, que luego tuvo que ser intervenido en el quirófano del Hospital de El Bolsón y ahora se encuentra internado y estable.

Como broche del día, sectores de ultra derecha del pueblo de El Bolsón festejaron en las calles el asesinato y echaron a las protestas que se realizaron ayer por la noche en la localidad en repudio al ataque.

El hecho en el cual ayer dos individuos asesinaron a un joven mapuche e hirieron a otro ocurrió inmediatamente después de que el sábado 20 por la tarde el acampe humanitario, que se había instalado en solidaridad con la Lof Quemquetrew, tras 52 días de aislamiento y amedrentamientos, anunciara que se levantaba. Los dos supuestos cazadores ingresaron al lugar a pesar de haber un reten policial que evitaba la circulación de personas. Como dijo un testimonio, al lugar «no ingresaban alimentos ni abrigos pero si las balas». Pero otro dato que agrava el escenario del asesinato es Gonzalo, el comunero mapuche herido por un disparo en el abdomen, se le extrajo una bala de calibre 22 milímetros, que no se corresponde a las armas reglamentarias de las fuerzas especiales COER y que, según testimonios de la lof, había personal de civil disparando. El dato alerta sobre el proceder de las fuerzas de seguridad cuando evitan la identificación para realizar actos ilegales, lo que trae al recuerdo episodios como fue el asesinato de hace unos días del joven Lucas González por parte de efectivos no identificados de la Policía de la Ciudad.

Foto: Germán Romeo Pena (ANRed)

Ante los señalamientos al gobierno provincial de que hubo una zona liberada, Arabela Carreras desmintió por la tarde que hubiera realizado cualquier tipo de operativo policial.

Este domingo por la tarde, desde la guardia del hospital Soraya Maicoño, vocera de la Lof Quemquemtrew, pudo dialogar con Gonzalo Cabrera, quien antes de ingresar a cirugía pudo dar testimonio de los hechos a la vocera, que comunicó: «me contó que entraron dos personas al territorio. Dijeron que estaban cazando, pero en realidad no sabemos si eran policías de civil o parapoliciales o matones de Rocco. Finalmente, se pusieron muy nerviosos y dispararon a matar. Se hicieron los que andaban perdidos en el territorio. Cuando se dieron vuelta y los vieron tenían armas calibre 22. Estos empezaron a ponerse nerviosos y decir ‘quédense tranquilos, si ustedes se quedan tranquilos, nosotros no vamos a hacer nada’. Los lamgen respondieron, ‘entonces, si no van a hacer nada, bajen las armas y váyanse ya mismo del territorio’. Cuando le plantearon eso, estos dos empezaron a disparar. Al lamgen Elías le dispararon de muerte y Gonzalo tiene dos entradas de bala en el estómago’, relató Maicoño.

«Nuestros lamien están resguardados en el monte todavía. Entonces nos preocupa esa situación. La abogada está tratando de convencer a la fiscal que dé una orden para frenar a la policía», agregó la vocera. Finalmente, informó que la policía y la gendarmería mantienen la ruta cortada, y agregó: «mañana (por hoy) se va a intentar entrar al territorio con el lamgen Néstor y luego recién se va a ver cómo continúa la cuestión legal. Hay que presionar en fiscalía para que la gente mapuche pueda llegar al territorio. Exigir que se desmilitarice«.

Silvia de los Santos, abogada de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) fue contundente sobre el contexto legal en la cual ocurrió el crimen: «el viernes a la mañana intentamos presentar recurso extraordinario federal en el habeas corpus, ya que el superior tribunal de Río Negro rechazó el recurso de casación diciendo que acá está todo bajo el control del poder judicial ‘con las debidas garantías’. En ese recurso estamos denunciando tentativa de genocidio, hoy ya consumada, y tortura. Preguntamos en ese recurso si estaban esperando que aparezcan cuerpos o simplemente que desaparezcan. Denunciamos ya desaparición forzada. No son ‘dos cazadores’. Fue una ejecución parapolicial. Es el estado. Es genocidio. Es tortura. Es lisa y llanamente exterminio. Impotencia de observar cómo la Constitución Nacional no sirve para nada. Como, especialmente, la fiscal Betiana Cendón, y el juez Ricardo Calcagno, al frente de este operativo de exterminio, son quienes fueron junto a criminalística al territorio. La compañera de la persona asesinada denunció la semana pasada violencia de género (acoso) por parte de dos policías del retén. Nada es casual. Esta es una nueva crónica de una muerte anunciada«, destacó.

Con esta observación también coincide Susana Lara, periodista editora de Patagonia Extremo e integrante de la Multisectorial Contra la Represión de Bariloche, quien señaló: «la versión de los cazadores es inadmisible por el cerrojo policial, con efectivos y drones, mantenidos desde los dos intentos de desalojo fracasados. Además, el joven asesinado es el compañero de una mujer mapuche que el 16 de noviembre denunció a dos efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la policía provincial, por acoso, en el marco de la ley 26585 de prevención y eliminación de la violencia de género, indicó el Colectivo Feminista Nómada. De ser así, la ejecución de la víctima no fue circunstancial ni tampoco la presencia de los cazadores, que contaron con información de inteligencia previa».

Foto: Germán Romeo Pena (ANRed).

En tanto, desde FM Alas, medio comunitario de El Bolsón, informaron: «había muchísima policía, muy enfierrados y con actitud jodida hacia quienes nos presentamos como parte de la prensa y los vecinos. Estuvimos hablando con el oficial que estaba a cargo del COER, Méndez, que no nos atendió, pero sí el subcomisario Zapata, que es el oficial a cargo de la Comisaría 12, que estaba en la delegación de Cuesta del Ternero y hablamos varias veces con él. Negaba todo y no estaba en conocimiento de lo que había ocurrido, incluso no sabía que había una persona muerta, ni de las personas heridas. Negó absolutamente todo. Alrededor de las 22 llegó una ambulancia con gente del Hospital de El Bolsón con gente de comunidades, que habían hecho un arreglo con el fiscal Francisco Arrien para poder acercarse a constatar la muerte del peñi. La policía estuvo largo rato dando vueltas hasta que les dejó acceder, previa llegada de otra ambulancia con la directora del Hospital y un oficial a cargo de la oficina de criminalística. Más allá de que ese no hubiera sido el acuerdo con el fiscal Arrien, siendo que era un solo oficial de criminalística y que se ponía en riesgo la posibilidad de acceder al territorio para conocer la situación dejaron que también subiera. El arreglo con la fiscalía es que hoy luego de las 7 am, después de que pueda llegar también la abogada de comunidad de Fiske Menuco se van a hacer presentes en el territorio el fiscal Arrien y el fiscal adjunto del Bolsón Francisco Torchia y la gente de criminalística, con bastante policía, suponemos. Para esto se harán presentes personas de la comunidad mapuche y organizaciones que acompañan para controlar el ingreso de toda ésta gente al territorio. Las personas que subieron pudieron verificar que había una persona fallecida, pudieron hablar con la gente en la comunidad. El cuerpo está en territorio y hasta que no se hagan las pericias no lo van a mover. Luego de eso, al bajar se decidió que no quedara nadie porque se había organizado un pequeño acampe en el retén policial, sino acompañar el procedimiento de la fiscalía y criminalística», detalló en su informe FM Alas.

Por su parte, Orlando Carriqueo, el werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, manifestó: «que no nos vengan a hablar de violencia, porque los muertos los seguimos poniendo nosotros. La zona liberada es responsabilidad de la policía de Río Negro; o la liberaron o son ellos«, sentenció con respecto al ataque mortal que desató el grupo de individuos que ingresaron a Cuesta del Ternero. También expresó que hay «discurso de odio del gobierno provincial» a cargo de Arabela Carreras, y agregó: «que no le echen la culpa a la justicia, porque ellos la dominan; hace lo que la gobernadora dice. No quieren sentarse al diálogo y permiten estas cosas. La responsabilidad política es innegable, tanto del gobierno provincial, que se niega a dialogar, quiere resolver las cosas a los tiros y no reconoce una comunidad, como del nacional, por ser tan tibio en esta situación. La Secretaría de Derechos Humanos, con una denuncia en la Comisión Interamericana, no intervino. Esperó a que haya un muerto», remarcó, por lo que consideró que «hay una responsabilidad doble», del gobierno provincial y el nacional.

En este marco, la Lof Quemquemtrew convocó a una conferencia de prensa online urgente desde las 13.20 para dar a conocer la situación actual del conflicto, que será transmitida por la plataforma Zoom, de la que participarán Mauro Millán, longko de Pillañ Mawiza y Nelson Ávalos por la APDH Regional Noroeste de Chubut. El link para participar es https://us02web.zoom.us/j/87121135229 y la ID de reunión: 871 2113 5229.

Al cierre de esta nota, también se anunciaban convocatorias improvisadas en repudio al ataque a la Lof Quemquemtrew.

Hoy por la mañana organizaciones de pueblos originarios, sociales, políticas, sindicales, ambientalistas y de derechos humanos convocaban a concentrar desde las 10 en el acampe que llevan adelante las Organizaciones de Pueblos Indígenas del NOA (OPINOA) frente al Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires, para repudiar el asesinato de Elías Garay: «comienzan los desalojos y muertes, a horas del vencimiento de la Ley 26.160», alertan sobre la ley que fue prorrogada por el gobierno nacional por otros cuatro años a través del decreto 805/2021, y que las organizaciones originarias reclaman que sea aprobada como ley por el Congreso.

Asimismo, se convocaba a una movilización para hoy a las 20 en la Plaza Rivadavia de la localidad bonaerense de Los Toldos, en repudio al ataque, convocada por la Lof Epu Lafken y la Comunidad Ñuke Mapu.

Créditos: Foto de archivo, 2021. Aj Ral Choch.

Existe la posibilidad de personas heridas, algunas familias se escondieron en la montaña por miedo a las fuerzas de seguridad. Se confirma la captura de una mujer que defendía su vivienda.

Por Prensa Comunitaria

96 familias Q´eqchi´ fueron desalojadas este día por un grupo grande de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).  Los comunitarios dijeron que la policía utilizó maquinaria pesada para destruir las viviendas; también fueron quemadas las pertenencias de las familias.

Se reporta la captura de Irma Yolanda Choc Maquín por intentar defender su vivienda; su hija de 5 años quedó bajo custodia policial por no haber un familiar cercano a la menor.

Las familias que hoy perdieron su hogar piden la solidaridad y acompañamiento de la sociedad guatemalteca pues perdieron todas sus pertenencias y no cuentan con un lugar para resguardarse.

-Una comunidad perseguida y violentada 

La comunidad Chinebal en el área sur de El Estor, Izabal, ha estado bajo amenaza de desalojo desde hace varios años, pues es un territorio que la empresa productora de aceite de palma, Naturaceites, arrenda para sembrar y procesar palma africana.

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Por Paolina Albani y Francisco Simón Francisco

La presencia del Ejército y de la policía solo ha devuelto la calma a los mineros. Los camiones de la mina rusa, cargados de carbón, ferroníquel y otros materiales, transitan por las calles del municipio con libertad y son custodiados por la misma policía que acosa a los comunitarios y que, días antes, les lanzó bombas lacrimógenas y allanó sus casas con vehículos blindados. Para los defensores del territorio no hay paz, únicamente miedo y ese parece ser uno de los objetivos del Gobierno.

El 24 de octubre, el Gobierno de Alejandro Giammattei impuso sin muchos miramientos un estado de sitio en El Estor, Izabal, un municipio caribeño de habla Q’eqchi’ al nororiente del país, con la promesa de “devolver el orden y la paz” a la comunidad, luego de que los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi´ realizaron una manifestación pacífica que duró 20 días para defender a las montañas y al Lago de Izabal de las consecuencias de la minería a manos de CGN-Pronico. Exigían su derecho a ser incluidos en el proceso preparatorio para la consulta libre, previa e informada, ordenada por la Corte de Constitucionalidad.

***

El 6 de noviembre, periodistas de varios medios de comunicación arribaron al municipio para documentar la vida de El Estor bajo el estado de sitio como parte de la caravana “Caravana a El Estor”, en la que también viajaban artistas y activistas, quienes hicieron actividades lúdicas. Han pasado dos semanas desde que las fuerzas armadas y la policía se instalaron en el lugar. Dos retenes instalados en la entrada a El Estor son algunos de los puestos de control encontrados en el camino a las comunidades. No hay un desborde de presencia policial como lo hubo previamente, pero las patrullas mantienen la vigilancia.

Al entrar al municipio, en las calles hay calma, sobre todo para los camiones de la mina, conocidos como “góndolas” y custodiados por patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) en su salida con destino al Puerto Santo Tomás de Castilla. En un período de dos horas, 22 de ellos salieron del municipio y fue fácil detectarlos por los ruidos y el temblor que generaban a su paso.

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Durante este medio día en Concepción, se realizaron diversas concentraciones en repudio a la actual militarización en Wallmapu por parte del Estado chileno y exigiendo justicia para Camilo Catrillanca.

La convocatoria emanó desde los distintos hogares de estudiantes mapuche en Concepción, quienes también llamaron a una marcha para el próximo lunes, conmemorando los tres años del asesinato de Camilo Catrillanca  a manos de efectivos del Gope de Carabineros.

Las concentraciones tuvieron lugar en los tribunales penquistas, en la intersección de las calles Aníbal Pinto con Barro Arana y en la plaza Lautaro (ex plaza Independencia), desde donde se llamó a las y los transeúntes a solidarizar con las comunidades mapuche violentadas antes y durante el estado de excepción impuesto en primera instancia por el imputado Sebastián Piñera y ratificado por la cámara de Diputadas/os el pasado martes.

Cabe recordar que el estado de excepción se impuso el pasado 12 de octubre en las provincias de Arauco, Biobío, Malleco y Cautín. Posteriormente, el 2 de noviembre, el Gobierno ingresó un oficio para que se prorrogara la medida represiva por 15 días más, situación aprobada por 76 votos a favor y 59 en la cámara baja.

Durante las concentraciones realizadas hoy en Concepción se hizo hincapié en que el resultado del estado de excepción solo aumentó los niveles represivos en territorio mapuche, que dejaron como resultado el asesinado de Yordan Llempi a manos de infantes de Marina.

Desde las y los estudiantes mapuche convocados hoy, exigieron el cese inmediato de la militarización del Wallmapu, que hasta la fecha solo han dejado comunidades violentadas por agentes del Estado.

Comunicado de hogares de estudiantes mapuche de Concepción:

Comunicado Hogares Mapuche de Concepción, Noviembre de 2021.

Marri marri kom pu che, saludamos a todo el Pueblo Nación Mapuche y no mapuche conscientes. Como hogares de estudiantes mapuche de Concepción. (Pegun Dugun, Ruka Aliwen y Lib Rakiduam) comunicamos lo siguiente:

Que como jóvenes mapuche, estudiantes y pertenecientes a diversos lof de wallmapu, repudiamos el actuar avasallador del estado chileno, que mediante las fuerzas armadas reprimen y siguen derramando sangre en diversos territorios mapuche, donde habitan nuestros machi, lonko, reñma/familias, constituidas por ancianos, jóvenes y niños que ven enmarcada su cotidianidad por el hostigamiento constante de pacos y milicos amparados por el estado. Este estado capitalista responde a evidentes intereses económicos, pasando por alto las consecuencias que dejan en el territorio, no les importa acrecentar la pobreza que ellos mismos causaron, pasan a llevar toda forma de vida que con orgullo hemos mantenido y seguiremos manteniendo con la convicción de recuperar la anhelada autonomía de nuestro pueblo.

Es por ello, que hacemos un llamado a mantenernos fuertes como un coigüe, a resistir y no abandonar la lucha histórica que por tantos años han llevado nuestros antepasados. Porque si uno cae, diez se levantan pu peñi, pu lamngen, no olvidar. MARRICHIWEU!

Por último, extendemos la invitación para el próximo Lunes 15 de Noviembre a las 18:00 horas a una marcha en la Plaza Leftraru (Ex plaza independencia) para manifestar y visibilizar las demandas territoriales en la warria, y dar a conocer nuestro descontento por el asesinato de nuestros recientes hermanos caídos; Camilo Catrillanca, Jordan Llempi y tantos otros que llevamos en nuestro rakiduam.

Por Vanessa Garcìa Navarro

_{Foto portada: Santiago Navarro F.}

Hace un par de meses (19 de septiembre) el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lanzó un comunicado en el cual divulgaba sobre el secuestro de dos zapatistas – Sebastián Núñez Pérez y José Antonio Sánchez Juárez, autoridades Autónomas de la Junta del Buen Gobierno de Patria Nueva -, orquestado por la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO). Por ocho días ambos hombres fueron privados de su libertad hasta que, gracias a la presión de párrocos de San Cristóbal y Oxchuc, la movilización de organizaciones de derechos humanos y la difusión nacional e internacional sobre el agravio, fueron liberados. Este fue un hecho que comenzó a extinguir la paciencia y que evidenció la brutalidad vivida al Sur del país.

Las noticias sobre ataques paramilitares, atentados y secuestros en contra de los miembros y familias del EZLN en Chiapas se vuelven cada día más constantes y violentas. Aunque para algunos podrían parecer eventos aislados y recientes, en realidad existe una historia de criminalidad que se gesta desde hace décadas y los acontecimientos se tejen entre sí. Como se revela en el comunicado del EZLN, la ORCAO está en coalición con el gobierno, que alienta a la violencia y muerte en un estado que poco a poco es devorado por la paramilitarización, el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción.

Días después de publicarse el comunicado, se llevó a cabo un conversatorio transmitido en “La Comuna” – un programa de difusión política, de acompañamiento en la defensa del territorio-, organizado por la Red Universitaria Anticapitalista, en el cual participaron los miembros de la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq, Diana Itzu y Rigoberto Albores, y el columnista de la “Jornada”, Luis Hernández Navarro, para ahondar en la temática.

El antecedente

Ocosingo, municipio chiapaneco ubicado en la frontera ente México y Guatemala, es un territorio de interés para el gobierno, pues es una de las zonas en donde se planea asentar el Tren Maya, además de ser un área en la que se ha implementado el proyecto del gobierno federal “sembrando vida”. Dentro de Ocosingo se localizan tanto Nuevo San Gregorio, sede del caracol zapatista 10, como en Moisés Gandhi, hogares de familias del EZLN que se dedican a la agricultura, tejido en telares, carpintería y alfarería para subsistir. Los habitantes de estas localidades se consideran a sí mismos guardianes del territorio, no dueños, y por ende aprovechan los recursos para subsistir en lugar de lucrar.

Los pobladores de Ocosingo se enfrentan constantemente a las intimidaciones y ataques armados de la ORCAO. Aunque en un principio la relación entre las comunidades del EZLN y la ORCAO fue relativamente pacífica, con el pasar de los años la ORCAO comenzó a adquirir matices paramilitares y a acosar a los cohabitantes de la región.

Las tácticas

La táctica de la ORCAO consiste básicamente en destruir las bases económicas de las familias zapatistas, quemando sus cultivos, allanando sus cooperativas y destruyendo sus plantas medicinales, aunque eso no es todo. Según los testimonios de los participantes del conversatorio, las familias zapatistas están secuestradas en sus propios hogares, constantemente amedrentados por ráfagas de balas que les impiden salir de sus hogares a buscar alimento, agua, acudir a las escuelas o a las clínicas. Dolorosamente, el escenario en las casa es igual o aun más fatídico, dado que las paredes de los hogares no rivalizan con la potencia de los disparos. “Los niños duermen con las botas de hule puestas”, en caso de que se inicia un tiroteo, pero ¿a dónde ir? No parecen existir lugares seguros para ellos.

Pese a que la ORCAO es perpetrador de violencia psico-socio-emocional y física hacia poblaciones enteras, sin importar si niños salen heridos, ellos han adoptado una postura en la cual se victimizan, calumniando y difamando a las familias del EZLN.

Las constantes

El patrón observado por los invitados de “La Comuna” es que cada vez que el EZLN realiza anuncios de acciones de peso político sucede algún ataque en contra de la comunidad chiapaneca del EZLN. Un ejemplo de ello es que Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez, activistas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, fueron secuestrados el 12 de abril, apenas unos días antes de que zarpara en Europa el escuadrón 421, contingente marítimo de la gira zapatista por la vida en Europa.

Otro ejemplo es que los secuestros de Sebastián Núñez Pérez y José Antonio Sánchez Juárez se suscitaron a la brevedad de la partida de “la extemporánea”, segundo contingente de la gira por la vida.

Como remarca Hernández Navarro, “no son hechos aislados, son parte de una matriz, el modelo regional de dominio está reventando por todos lados y tiene que ser enfrentado como una situación de conjunto y no como hechos aislados”.

Apenas el 14 de octubre sucedió otro terrible ataque por parte de la ORCAO. Individuos fuertemente armados que a menos de 30 metros de los hogares de las familias zapatistas se dispusieron a abrir fuego. Ninguno de los tres niveles de gobierno se muestra interesado en actuar. El trabajo colectivo ha sido el pilar en el cual se sustenta la fortaleza de la comunidad, reforzado por el interés internacional que ha alzado la voz al ver tremenda injusticia e indiferencia.

Por Samantha Demby

Más de una docena de rostros blancos recorren sin esfuerzo las laderas escocesas en bicicletas eléctricas de alta gama. Sus uniformes, una paleta de tonos verdes, llevan el logotipo del gigante energético español Iberdrola, junto al emblema de la Conferencia de las Naciones Unidas, comúnmente conocida como la COP, que se celebra actualmente en Glasgow (Reino Unido) hasta el 12 de noviembre.

Cada año, Iberdrola organiza la rodada a la COP para “concienciar en la lucha contra el cambio climático”, según la propia ONU. Este mes la empresa multinacional anuncia en tuits decorados con corazones verdes y emojis de bicicletas: “Lideramos la lucha contra la #EmergenciaClimática con las #renovables, pero no es suficiente: ¡TODOS debemos acelerar la transición energética!”. Con el objetivo declarado de hacerlo, Iberdrola patrocina a sus empleados de alto nivel, junto con representantes de la ONU y otras instituciones ambientales influyentes, para que acudan a la COP 26 en bicicleta eléctrica para entregar un “manifiesto para la acción climática”.

Iberdrola proyecta una imagen de empresa líder en energías renovables. La asociación de la empresa con la ONU contribuye en gran medida a esta imagen.

La filial de Iberdrola, Scottish Power, es un “socio principal” de la COP 26. Durante la conferencia, el Grupo Iberdrola organiza eventos con actores clave en la toma de decisiones en torno a la crisis climática, como el gobierno británico, el país anfitrión de la conferencia este año. Además, el “Auditorio Scottish Power” es la sede de “sesiones interactivas” organizadas con instituciones como el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD). Finalmente, Iberdrola cuenta con una caseta en la “Zona Verde” de la COP 26, donde visibiliza su propio “liderazgo climático”.

Lejos de la pompa verde de Glasgow, en México, casi el 90% de la energía que produce Iberdrola no es renovable. De un total de 10.511 megavatios generados por la empresa en el país, 9.146 proceden de 12 centrales de ciclo combinado, mientras 4 plantas de cogeneración producen otros 202 MW. En cuanto a las energía renovables, Iberdrola – que ha jugado un papel destacado en el sector energético del país desde los 1990 – opera 7 parques eólicos con una capacidad total de 693 MW, además de 3 parques fotovoltaicos capaces de producir 470 MW, lo que supone una producción total de 1.163 MW en energías renovables.

Defensoras indígenas denuncian a Iberdrola

De los 7 parques eólicos de la empresa en México, 4 se encuentran en la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, donde el aprovechamiento de las intensas ráfagas de viento por empresas como Iberdrola ha provocado intensos conflictos territoriales.

El 4 de noviembre, un par de días antes de que la rodada de Iberdrola partiera de Edimburgo hacia Glasgow, defensoras y defensores indígenas se concentraron frente a las oficinas de la empresa en la Ciudad de México para denunciar “el engaño, el despojo, la destrucción y la contaminación” ocasionados por Iberdrola.

En el marco del día de acción contra el lavado verde, convocado por el Encuentro de los Pueblos que se celebra paralelamente a la COP 26 en Glasgow, integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDTT), la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura y del Congreso Nacional Indígena precisaron en un comunicado que las “Soluciones Basadas en la Naturaleza”, así como “las supuestas ‘energías limpias’ como los parques eólicos y fotovoltaicos también despojan, contaminan y matan la tierra fértil, lo mismo que explotan y desplazan a los pueblos.”

Usando un megáfono para tapar el sonido de los coches que pasaban por la autopista, una miembra de la APIDTT leyó una carta que se entregó a los directores de la empresa, en la que se expresa “nuestra indignación porque empresas trasnacionales como Iberdrola y su filial Scottish Power, responsables de tales delitos en contra de los pueblos en México…sean los socios principales de la Organización de las Naciones Unidas-ONU en la Cumbre Climática Mundial COP 26.”

En el Istmo, Iberdrola actualmente opera 4 parques eólicos: Bii Nee Stipa en el Espinal; Dos Arbolitos en Juchitán; PEM (Parques Ecológicos de México), antes conocido como La Ventosa, en Juchitán; y el Parque Eólico La Venta III en Santo Domingo Ingenio. Desde que Iberdrola comenzó a operar en la región, ha sido acusada de corrupción, falta de transparencia y graves impactos ambientales y sociales.

Como documenta el investigador Luis Miguel Uharte Pozas: “En los proyectos eólicos que Iberdrola tiene en Oaxaca…los testimonios recogidos en el marco de nuestra investigación indican que Iberdrola sobornó a las autoridades municipales para que convencieran a los ejidatarios de alquilar sus tierras para instalar los molinos de la empresa.”

Uharte Pozas agrega: “La Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (2011) tiene registradas diversas denuncias contra ‘el representante en la región de Iberdrola’ por haber intimidado y amedrentado a los ejidatarios del parque La Venta III. En el parque de La Ventosa, también gestionado por Iberdrola, el proceso fue muy similar, según testimonios de habitantes del municipio.”

Los impactos ambientales de los parques eólicos están bien documentados. Un ejemplo que atañe a Iberdrola es la muerte de unas 3 mil 900 aves y 6 mil murciélagos al año como consecuencia de la colisión con las turbinas del parque eólico La Venta II, en el que Iberdrola participó. Al mismo tiempo, en la COP 26 la multinacional promueve actos con su socio Birdlife International, una mega-asociación de grandes organizaciones de conversación dedicada a la protección de las aves.

A estas acusaciones se suma la evidencia de las puertas giratorias que han existido entre Iberdrola y el gobierno mexicano durante décadas, como documenta el informe “La insolación mexicana de Iberdrola” (2020). Por ejemplo, hasta 2015, el presidente de la filial mexicana de Iberdrola fue Herminio Blanco Mendoza, jefe negociador del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) y ex-Secretario de Comercio y Fomento Industrial de México en el gobierno de Ernesto Zedillo (1994 – 2000). Entre 2016 y 2019, el ex presidente mexicano Felipe Calderón (2006 – 2012) – cuyo sexenio dio lugar a la adjudicación de varios contratos para Iberdrola – se desempeñó como consejero independiente de Avangrid, la filial estadounidense de la empresa.

COP 26: Plataforma para el lavado verde

Mientras la COP 26 llega a su fin este viernes, los activistas indígenas y medioambientales siguen denunciando que la conferencia es una plataforma para las estrategias de lavado verde de empresas contaminantes como Iberdrola.

Como resume la destacada activista climática Greta Thunberg: “Los líderes no se están quedando de brazos cruzados, sino que están creando activamente lagunas y configurando marcos para beneficiarse a sí mismos y seguir sacando provecho de este sistema destructivo”.

Las y los defensores del territorio tampoco se quedan de brazos cruzados. Más allá de manifestarse en contra de Iberdrola y sus socios en la ONU y en la COP, buscan generar salidas alternativas a la crisis climática. Como dicen los propios pueblos en su carta a los directores de Iberdrola, “soluciones reales y verdaderas (…) apegadas a la Naturaleza y en defensa de la Vida.”

Por Vanessa Garcìa Navarro

Texto y fotos: Santiago Navarro F

Tramo remodelado de vías del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Foto: Santiago Navarro F.

Para la investigadora Ceceña, “el Istmo de Tehuantepec se convertirá en un permanente corredor de flujo de contenedores, que marcará una especie de cinturón de traslado de mercancías, el cual cortará al país en dos, con fuertes afectaciones, sobre todo, en los pueblos originarios que lo habitan”, además, advierte la académica, “esta reconfiguración del Istmo también es una amenaza a la flora y la fauna con la cual conviven los pueblos”.

El informe El Istmo de Tehuantepec en Riesgo, donde participó Ceceña, con nueve investigadores más, también alerta que “el Tren Transístmico y los polos de desarrollo que le acompañan, marcadamente bajo la figura de parques industriales, también se convertirán en un muro de las diásporas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Son una amenaza de arrasamiento cultural, ambiental y físico del hábitat y del modo de vida de sus pobladores, que conducirá a un proceso de extinción que se resisten a admitir”.

A Perseida Tenorio, indígena zapoteca, de Asunción Ixtaltepec, le llena de incertidumbre la reconfiguración que se está dando en esta región y que se perfila como una próxima gran urbanidad industrial. “En mi pueblo quieren instalar un parque metalúrgico, y eso, sabemos la cantidad de agua que van a ocupar. Nos van a dejar sin agua y me preocupan nuestros alimentos. ¿Qué tipo de vida vamos a tener en nuestras comunidades? Hay quienes ya estamos pensando en migrar a otro lugar”, agrega.

El escenario en la vida de los pueblos originarios será de grandes dimensiones porque, “cambiará su dinámica cotidiana al estar insertados a un nuevo contexto, al ritmo que exige una ciudad industrial. Van a tener que lidiar con la polución, con los desechos, con la movilidad de los camiones y el flujo de mercancías. Va a cambiar todo. Va a cambiar la vida de los pueblos y también la biodiversidad”, agrega la bióloga Mora.

Lo que nuestros abuelos no ven, afirma Perseida, es que “estos proyectos nos vienen quitando todo: el aire, el agua, la tierra, la alimentación, la lengua. Vienen fracturando todo”, y alerta, “si no hacemos nada ahora, va a ser eso, van a ser historias de qué era el Istmo, porque no quedará nada, ni de la cultura, ni las tradiciones. Vamos a desaparecer como pueblos originarios. Seremos como esas ciudades industriales donde nadie se conoce ni nadie se habla. Llenas de cárteles de la droga, con la juventud despedazada por la drogadicción, van a denigrar nuestra vida y nuestro territorio, se acabará la diversidad natural y cultural del Istmo”.

En algunas comunidades del Istmo resguardan vestigios milenarios, como la comunidad de Ixtaltepéc, ahí se ubica, en la zona conocida como Cerro Blanco, un sitio ceremonial con pinturas rupestres de más de dos mil años. “Se pensaba que ahí se originaba la vida, por eso se hacen ofrendas. Si no luchamos ahora, nuestra memoria y nuestra historia podría desaparecer. Si eso pasa, también vamos a desaparecer como pueblos originarios”, coincide la indígena zapoteca Victoria Guzmán.

Lo más preocupante es el flujo de capitales que se atraerá con los parques industriales, porque el Istmo es una posición geopolítica muy importante para el mercado mundial, además, porque “en el siglo XX el mercado fluyó por el Atlántico y a finales de este siglo se ha trasladado hacia el Pacífico. Por ello el Istmo es una región en disputa, principalmente, entre Estados Unidos y China”, destaca Ceceña.

La investigadora Ceceña asegura que Estados Unidos sigue siendo un país con mucho poder y está en constante competencia con China. De tal modo que la disputa se trasladará a la región geoestratégica del Istmo de Tehuantepec. Un objetivo es la mano de obra barata que ofrece la región, pero también la migración centroamericana que nutrirá los parques industriales. “El Istmo también fungirá como un muro de contención de la migración y absorberá la mano de obra para estos parques industriales”, afirma la investigadora.

Esta región es de vital importancia para los Estados Unidos, ya que por esta ruta cruzan las mercancías y materias primas que tienen como destino la costa Este. “Es ahí donde se genera el 40% de su riqueza económica (de EEUU). Pero esta costa tiene un problema, ya no está bien ubicada geográficamente. Le había servido el canal de Panamá para hacer el traslado de mercancías, petróleo y pertrechos militares. Pero esta vía está cada vez más saturada y no tiene capacidad para mover el actual volumen mundial de mercancías”, explica la académica Ceceña.

El 80% del comercio mundial se mueve por el mar, entonces, “el Istmo de Tehuantepec es esa pieza clave para resolver el problema en el sentido de la competencia entre el flujo de mercancías”, asevera Ceceña.

 

Desde 1800 ha habido diversos intentos por crear las condiciones para lo que sería el puente comercial más importante del mundo. Uno de ellos ocurrió en un contexto que se presentó con aires de cambio en México, en el año 2001, durante el gobierno de Vicente Fox. Él impulsó el “Programa Integral de Desarrollo Económico para el Istmo de Tehuantepec”, con el llamado “Plan Puebla Panamá (PPP)”, un acuerdo signado por nueve entidades federativas del sur de México y los gobiernos de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá.

El viejo plan de reorganizar el sur de México y el resto de Centroamérica también viene acompañado de programas de seguridad, como la llamada Iniciativa Mérida que, con el objetivo de contrarrestar el tráfico de drogas y armas, Estados Unidos financió un paquete de “ayuda militar” para México y Centroamérica. Tan solo para México, desde 2008 hasta 2021, “el gobierno estadounidense ha asignado más de 3,300 millones de dólares”, según el Departamento de Estado.

Para América Central, se implementó la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica (CARSI, por sus siglas en inglés), iniciada en 2008 y la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI), iniciada en 2009.

Desde 2015, el Departamento de Estado de los EEUU ha registrado que han destinado 58.5 millones de dólares para control de inmigración y seguridad fronteriza de México. “Los fondos han permitido la provisión de equipos de inspección no intrusivos, quioscos móviles, equipos caninos y vehículos, así como la capacitación de más de mil funcionarios”, según el Congreso estadounidense.

“Primero empezaron con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), porque desde ese momento se piensa este territorio como único y articulado. Desde Centroamérica hasta el Norte del continente, los Estados Unidos asumen como un solo territorio donde protegen principalmente las inversiones de capital”, agrega la investigadora Ceceña.

Posterior a la firma del NAFTA, el PPP se presentó con la urgencia de atender temas de población en condiciones de pobreza y el medioambiente, las estrategias se enfocaron a la mejora de la infraestructura física, sin que se previera abiertamente la articulación (de los megaproyectos) “ni se introdujera el concepto de la interconexión y el transporte”, sostiene el Grupo Funcional Desarrollo Económico del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Hoy, la interconexión y la reorganización de todo este territorio se anuncia abiertamente y sin tapujos. Se comienza a perfilar como un objetivo nodal, desde la perspectiva de crear nuevos espacios para el capital, tal y como lo afirma el Comunicado no. 14 del CIIT. Esta integración del Sur-Sureste de México también se pretende expandir con “Centroamérica y la vinculará con las corrientes mundiales de producción y comercio”. Para ello se tiene contemplado ampliar la red de gasoductos, oleoductos, carreteras y complejos industriales que absorberán la mano de obra barata que ofrece la región la migración, demás, más proyectos de seguridad regional.

Mientras tanto, esta “reconfiguración de todo el Sur-Sureste de México” avanza con la reorganización de los territorios indígenas que, entre otros objetivos, ha comenzado “mediante la ampliación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, incluyendo la terminal de Contenedores en el Recinto Portuario Pajaritos y el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria en Minatitlán, Veracruz, e Ixtepec, Oaxaca”, según la información solicitada a la ASF.

 

 Sin consultas previas

El Plan de Desarrollo para esta región busca atender a los municipios más pobres, los mismos que serán impactados por los proyectos. No obstante, la ASF documentó que “no se estableció la identificación de las problemáticas específicas que se buscan resolver en los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec”. Por ello, emitió una recomendación, pues “es primordial que el CIIT establezca los mecanismos de coordinación suficientes con la instancia responsable, a fin de concretar dicha acción y que se disponga de un diagnóstico completo de las problemáticas que afectan a cada uno de los 79 municipios”.

A pesar del desconocimiento de las necesidades específicas de cada municipio, para contribuir a su supuesto desarrollo, de acuerdo con la Agenda Estratégica del Sur-Sureste, se busca construir al menos, “10 polos de desarrollo (parques industriales) a lo largo de la región”, los cuales aprovecharán la cercanía del FIT, y el Estado brindará los servicios necesarios, así como la reducción de impuestos y otros incentivos a las empresas que quieran invertir en ellos.

Discurso de Andrés Manuel López Obrador.

 

En la parte de Oaxaca, los terrenos para los parques industriales “ya están en el proceso de adquisición”, señaló el director del CIIT y, asegura que, una vez cumplidos todos los requisitos, “saldrán a licitarlos para que los desarrolladores se queden con ellos y atraigan empresas al país. Un atractivo serán los incentivos fiscales que ofrecerán durante un tiempo determinado a los participantes”, destacó Rafael Marín Mollinedo.

Estos polos de desarrollo, según El Programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, se ubicarán en los municipios de Coatzacoalcos, Sayula de Alemán, Minatitlán y Acayucan en el estado de Veracruz; en Matías Romero, Ciudad Ixtepec, El Espinal, Asunción Ixtaltepec, San Blas Atempa, Santo Domingo Tehuantepec, Juchitán de Zaragoza y Salina Cruz, en Oaxaca. En total, abarcarían un área de más de nueve mil kilómetros cuadrados para actividades industriales, ocho veces más grande que la ciudad de Juchitán, una de las principales zonas urbanas de la región.

Por su parte, el titular del INPI sostuvo que previo a determinar dónde se edificarán los polos de desarrollo fue necesario “un proceso de consulta, porque se tiene que escuchar la voz de los pueblos, de las comunidades indígenas, en cumplimiento a lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de otros instrumentos jurídicos internacionales”. El funcionario argumenta que solo falta una comunidad por consultar.

El indígena David Hernández Salazar, autoridad de la comunidad de Puente Madera, de San Blas Atempa, se muestra escéptico sobre estas consultas y sobre los impactos de estos parques en su territorio y asegura: “no hay información real en qué consisten los parques industriales que pretenden instalar en nuestras tierras de uso común, por eso, nosotros como comunidad de San Blas Atempa nos mantenemos en resistencia”. Hernández, junto con su comunidad, han realizado diversos bloqueos carreteros y otras acciones directas como protestas que iniciaron en 2020.

Hernández agrega que constató que el Estado mexicano está sobornando a los comuneros para que aprueben los parques industriales y hasta están falsificando las firmas. “Hubo una supuesta asamblea en la que supuestamente 900 comuneros, de un total de 1,390, aprobaron el parque industrial (en San Blas Atempa). Revisé la lista de asistencia y resulta que tan solo de Puente Madera falsificaron 52 firmas de comuneros. Entonces vemos que estos proyectos se quieren imponer a la fuerza y de forma ilegal”, enfatiza el indígena zapoteco.

Hernández, como autoridad comunal, sostiene: “nosotros como comuneros de la comunidad de Puente Madera, asistimos a esa reunión de comuneros (con otras comunidades de la región) donde se aprobó el parque industrial. Al llegar nos encontramos que había pocos comuneros y la mayoría eran personas pagadas, que, además, son funcionarios del municipio”. Actualmente, a Hernández, junto a otros indígenas, se les ha ordenado su detención por haberse manifestado en la autopista principal de esta región y, por mostrar su inconformidad con el avance de estos proyectos.

David Hernández Salazar-San Blas Atempa.

 

Perseida Tenorio, de Asunción Ixtaltepec, otra comunidad que se supone ya fue consultada para otro parque industrial, asevera que no participaron todos los habitantes de su comunidad. A Perseida le preocupan las mujeres, “porque somos nosotras las que trabajamos en el Istmo, somos los pilares económicos, culturales, comunitarios y emocionales. Lamentablemente, hay pocas mujeres en el Istmo que tienen la oportunidad de estudiar un nivel medio superior”. Por eso, se pregunta, “¿Qué mano de obra va a estar trabajando en estos parques industriales? ¿Va a ser la mano de obra menos calificada, con jornadas laborales largas y mal pagadas?”.

En cuanto a los jóvenes, una incertidumbre los ha invadido. Su voz tiene mínima validez en las asambleas, por no ser comuneros o comuneras, es decir posesionarias de la tierra comunal o colectiva. En esos espacios de decisión, son las personas mayores quienes están tomando la última palabra, pero, con una mala o nula información y, con los viejos recuerdos del tren, medio siglo atrás.

 

Por Vanessa Garcia Navarro

Para muchos trabajadores mexicanos Canadá parece un destino tentador para buscar mejores oportunidades laborales y de vida, en los campos de cultivo de moras, frutas, vegetales, flores y plantas ornamentales, incluso son estimulados por iniciativas como el Programa de Trabajadores Agrícola Temporales (PTAT), del gobierno mexicano.

No obstante, los testimonios de mexicanos que confiaron en estos programas no deberían ser ignorados, pues muestran al mundo una realidad diferente, totalmente contrastante a las promesas maquilladas de las páginas web de los gobiernos y las agencias de trabajo que les prometen ayudarlos a realizar sus trámites y conseguirles ofertas laborales con condiciones de calidad.

El jueves (4) se llevó a cabo el conversatorio testimonial Trabajadores Agrícolas Mexicanos en el Extranjero, ¿Se respetan sus derechos en Canadá?, en el cual se exhibieron las inhumanas vejaciones que viven los trabajadores agrícolas mexicanos cuando laboran en Canadá.

La lista de denuncias es larga. Jornadas de hasta 15 horas diarias (cuando sus contratos estipulan claramente que deberían ser de 8), omisión del día de descanso por semana (sin reposición del mismo posteriormente), que no se les paguen las horas extras ni días festivos con la tarifa correspondiente, negación de servicio médico, hacinamiento en las viviendas, agresiones físicas y psicológicas por parte de los jefes de las granjas, dificultades a la hora de comunicarse por no dominar los idiomas del país (inglés y francés), así como la escasez de material traducido al español o traductores que los apoyen al momento de anteponer denuncias, entre otras.

Byron Cruz, proveniente de Guatemala y miembro del Colectivo Santuario (una red de derechos migrantes de Canadá), en un ejercicio de solidaridad con los mexicanos, puntualizó como la pandemia por COVID-19 fue la ocasión perfecta para dejar en descubierto las injurias vividas por los trabajadores agrícolas migrantes en Canadá.

Por experiencia puede dar fe de que en muchas ocasiones los trabajadores son puestos por sus jefes en habitaciones pequeñas que tienen que compartir con un elevado número de compañeros, lo cual, por si mismo es incómodo, pero tomando en cuenta que seguimos atravesando una pandemia, estas condiciones pasan al ámbito de lo peligroso e insalubre: los dos metros de distancia entre camas son imposibles, de hecho, los habitantes duermen codo a codo.

Por si fuera poco, en caso de que los trabajadores experimenten un accidente o enfermedad la estrategia de varios dueños y administradores de granjas es no reportar el incidente, lo cual deja desamparado al trabajador, cuya siguiente opción de acudir a un servicio medico privado (incosteable por ellos).

Finalmente, en un punto de vulnerabilidad absoluta del trabajador, los contratantes aprovechan y les proponen regresarlos a México, prometiéndoles que ahí tendrán la mejor atención médica patrocinada por ellos. “Esta por supuesto es una mentira, una manera de desechar a los trabajadores cuando consideran que ya no son una fuerza de trabajo útil”, dijo Byron.

Elizabeth Muñoz, socióloga con especialización en desarrollo comunitario, coordinadora del Centro de Trabajadores Inmigrantes (CTI), con una trayectoria de 8 años trabajando directamente con los trabajadores agrícolas migrantes en Canadá, observa que los empleadores tienen una visión de los trabajadores “como si fueran de su propiedad”, no respetan los contratos y los amenazan con regresarlos a México si se niegan a las jornadas exhaustivas. Los jefes no se presentan a acompañar a los trabajadores (como es el derecho de estos últimos) en caso de que estos acudan al hospital de emergencia.

Otro fenómeno alarmante, según indica la socióloga, es que cuando un trabajador agrícola se lesiona es regresado a su país. “México está teniendo una acumulación de trabajadores enfermos y lesionados que no pueden trabajar ni en Canadá, ni en México”.

De la vista gorda

Muñoz comparte la voz de los trabajadores agrícolas con los que ha trabajado. Estos le dicen que se sienten desamparados, pues cuando llaman al consulado mexicano la respuesta que obtienen de los que se supone deberían protegerlos es “trabajen”, y posteriormente obtienen una segunda estocada de parte de los empleadores que se enfurecen con ellos por haber contactado al consulado.

Karla Meza, periodista independiente mexicana que se encuentra en Canadá, enfoca su investigación en los problemas que viven los trabajadores agrícolas. Indica que la secretaría del trabajo tiene quejas, sin embargo, estas no son atendidas. Una amenaza común de los empleadores a los trabajadores mexicanos es que si no desean perpetuar el ritmo de trabajo se les remplazará con “algún trabajador guatemalteco”. Al parecer este racismo sistémico se fundamenta en que Guatemala no tiene acuerdo bilateral con Canadá, como es el caso de México, lo cual vulnera aun mas a los trabajadores proveniente de Guatemala.

Además, Muñoz reporta que el tráfico de humanos se está volviendo una realidad en Canadá. Ante la desesperación, muchos trabajadores prefieren pagarle a un traficante (de los denominados coyotes o polleros) para que los lleven a Estados Unidos, donde prefieren vivir indocumentados que tolerar los maltratos en las granjas e invernaderos donde laboran en Canadá.

Covid-19

Otros trabajadores narraron las dificultades para ser inoculados contra el COVID-19 (por no contar con seguro), lo cual desencadena un circulo vicioso, dado que sin certificación de haber sido vacunados no son aceptados para laborar y ni siquiera pueden desarrollar actividades tan esenciales como entrar a comer establecimientos, ya que les solicita pruebas de haber recibido las dosis de vacunas.

Otro empleado agrícola, quien si obtuvo acceso a la vacuna contra COVID-19 narra que se lesionó el pie durante su jornada laboral, y su jefe tradujo incorrectamente la situación en el hospital, atribuyéndolo a una reacción de la vacuna, a fin de entorpecer el uso del seguro médico.

¿Las autoridades?

La diputada Rosa María González Azcárraga, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados del Congreso Mexicano, refirió que desde el congreso se está trabajando en un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que garantice los derechos humanos y laborales de los trabajadores agrícolas mexicanos que se encuentran en Canadá, por la falta de oportunidades laborales en México. El punto de acuerdo  ha sido presentado el 28 de octubre.