Las autoridades civiles, comunales y tradicionales que conforman el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM manifiestan su apoyo total a la comunidad indígena de Santa María Sevina y convocan a una Movilización Estatal por la Seguridad, por la Vida, por la Paz y por la Justicia el próximo lunes 25 de mayo.
La única manera de tener exito es seguir luchando compañeros, no se dejen engañar por los merolicos del poder, la lucha es colectiva, es aquí y es ahora
¡Vivan las comunidades que defienden el territorio, la seguridad, los bosques, el agua y la vida! Comunidad Indígena de Santa María Sevina Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM
En un contexto marcado por el avance del extractivismo y la amenaza constante de proyectos mineros en la Mixteca poblana y oaxaqueña, las comunidades, autoridades agrarias y municipales, organizaciones y colectivos han decidido fortalecer los espacios de información, reflexión y organización colectiva. La defensa del agua, la tierra y la vida se ha convertido en una necesidad urgente frente a los intereses económicos que buscan convertir los bienes comunes en mercancía, poniendo en riesgo la salud, la cultura y la permanencia de los pueblos originarios en sus territorios. La minería no sólo representa contaminación y despojo ambiental; también implica la ruptura del tejido comunitario, la pérdida de autonomía de los pueblos y la profundización de conflictos sociales. Ante ello, las comunidades Ngiwa, Nahua y Ñuu Savi han demostrado que la organización colectiva y la defensa comunitaria son herramientas fundamentales para proteger el territorio. Gracias a la resistencia de diversos pueblos de Oaxaca y Puebla, se han logrado frenar proyectos extractivos y fortalecer procesos de libre determinación y defensa de la vida comunitaria.
Asimismo, el actual escenario mundial de guerra, saqueo de bienes naturales y disputa geopolítica evidencia que la extracción minera está ligada a intereses económicos y militares que priorizan la acumulación de riqueza sobre la vida de los pueblos. Por ello, defender el territorio tambiến significa defender la paz, la dignidad y el derecho de las comunidades a decidir sobre su presente y su futuro. Frente a esta realidad, resulta indispensable abrir espacios de diálogo análisis donde las comunidades puedan compartir experiencias, fortalecer alianzas y construir estrategias comunes de resistencia.
Por estas razones, convocamos al Foro Informativo que se realizará el próximo 27 de junio, como un espacio de encuentro, reflexión y construcción de alianzas entre comunidades, organizaciones, autoridades y personas solidarias comprometidas con la defensa del territorio. Este foro busca fortalecer las alianzas en la región, compartir información sobre las amenazas extractivas, reafirmar que nuestros territorios no están en venta y que la vida, el agua y la libre determinación de los pueblos deben estar por encima de cualquier interés minero y empresarial
Fecha: 27 de junio de 2026 Hora: 9:00 de la mañana Lugar: San José Chichihualtepec, Chazumba, Oaxaca
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno A las Redes de Rebeldía y Resistencia A la Europa Insumisa A los Organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales. A los medios de comunicación. Al pueblo de México Al pueblo de Guerrero. A quienes en el gobierno federal y en el gobierno estatal de Guerrero, les quede un poco de sentido común.
20 de mayo de 2026.
Hermanos, hermanas de México y del mundo:
Durante los ataques que vivimos en las comunidades de Alcozacán, Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán, nuestras comunidades llamaron a las autoridades del estado, pues los drones caían, las armas retumbaban por todo el territorio y no hubo autoridad que se presentara durante los ataques. La Base de Operaciones Interinstitucional fue desocupada por el ejército, la GN y la policía Estatal, las comunidades se quedaron solas. Cuando por fin alguna camioneta del Ejército o de la GN aparecía, era solo para observar como éramos atacados y se retiraban. Lo mismo ocurrió con el Subsecretario de desarrollo político y social Francisco Rodríguez Cisneros, quien el 11 de mayo llegó al Crucero del Jagüey y desde ahí, junto a los agresores (Paz y Justicia, grupo integrado por los ardillos), informó que ya estaba resolviendo la situación, mientras, dentro de las comunidades, seguían los disparos, ataques con drones y el desplazamiento forzado.
Es en este contexto que algunos integrantes de nuestras comunidades, con el desconocimiento de las autoridades de éstas y de los promotores del CIPOG-EZ, elaboraron diversos videos expresando su dolor y desesperación, e incluso en dos o tres videos aislados, algunas mujeres poden la intervención del presidente de EEUU., Donald Trump.
Considerando la historia de lucha de nuestras comunidades y los principios del CIPOG-EZ y la CRAC-PC-PF, reiteramos nuestra solidaridad con la justificada desesperación de nuestras compañeras, pero rechazamos y hacemos el deslinde firme del contenido de dichos videos, en los que se pide el apoyo de un presidente y un gobierno que siempre ha buscado el sometimiento imperial de nuestros pueblos y de los pueblos del mundo.
Por último, reiteramos que tales expresiones no representan la postura del CIPOG-EZ y de la CRAC-PC-PF respecto a Trump, personaje genocida que anda por el mundo sembrando muerte y destrucción.
Lo decimos con mucha claridad y fuerza:
¡NI YANQUIS NI NARCOESTADO, QUE VIVA EL PUEBLO ORGANIZADO!
En los últimos ataques que sufrimos en nuestras comunidades, de la Montaña Baja de Guerrero, Tula, Xicotlán, Acahuehuetán y Alcozacán, que forman parte del CIPOG-EZ y del Congreso Nacional Indígena, iniciados el 6 de mayo de 2026, el gobierno federal en voz de Omar García Harfuch, con información que le fue proporcionada por el estado de Guerrero dijo que los ataques con drones y armas de alto poder, eran resultado de enfrentamientos entre los Ardillos y los Tlacos. No nos sorprendió y sabíamos que esta narrativa venía del Gobierno Municipal de Chilapa, municipio al que pertenecen las 4 comunidades atacadas, encabezado por Mercedes Carballo Chino, cuñada de Ivan Ortega Jiménez, líder de los Ardillos. La cadena de mando del Estado es tan simple e ingenua, a saber: frente a los ataques en las comunidades del municipio de Chilapa y al convertirse en noticia internacional, la presidenta Sheinbaum le pregunta a la gobernadora del estado de Guerrero Evelyn Salgado por los hechos, quien a su vez le pregunta a Mercedes Carballo Chino presidenta municipal de Chilapa, quien a su vez responde que todo está en orden, bajo control y que es un enfrentamiento entre criminales.
Sin investigación y con nulo sentido común, ignoraron a los más de 2000 desplazados, casas quemadas, cortes de luz, autos quemados, animales asesinados, 6 muertos que se suman a la larga lista de 76 muertosy 25 desaparecidos, abuelas, abuelos, niños, niñas huyendo a las cuevas y barrancas en los montes, todas éstas víctimas, parte del CIPOG-EZ y de la CRAC-PC-PF. A estas víctimas se les acusan de ser parte de un grupo delincuencial.
Mientras tanto, los ardillos, los agresores, siguen impunes, sin investigaciones y con toda la estructura criminal intacta. Por lo tanto, no aceptamos que se nos diga que pertenecemos a un grupo criminal, cuando nuestras comunidades han sido las víctimas del exterminio durante ya más de 10 años. No aceptamos que del CIPOG-EZ y de la CRAC-PC-PF se diga algo semejante, pues estas nuestras organizaciones se han enfocado en la salvaguarda de la vida y del territorio; por anterior, nos deslindamos con firmeza de cualquier vínculo con cualquier organización criminal, sean los Tlacos o cualquier otro grupo.
Sin más, seguiremos resistiendo, sin rendirnos, sin vendernos, sin claudicar.
A los pueblos de México y del mundo, A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos, A las Redes de Resistencia y Rebeldía, A la Sexta Nacional e Internacional, A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes, A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde, A los medios libres e independientes, A quienes caminan la palabra de la vida.
19 de mayo de 2026.
La guerra criminal en contra de las comunidades de Michoacán no deja de crecer; mientras tanto, la complicidad de los gobiernos, expresada en su completo silencio, se exhibe cada vez con mayor fuerza y la percepción de que el gobernador en el estado, ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, está coludido con el crimen organizado se transforma en certeza.
La acción criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ahora se desató en contra de la comunidad nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán. Este martes 19 de mayo de 2026 la Encargatura de la Cofradía de Ostula, perteneciente a la Comunidad de Santa María Ostula, fue atacada nuevamente por un comando fuertemente armado perteneciente al CJNG.
Dicho ataque fue repelido por la Guardia Comunal de la comunidad, que durante casi una hora enfrentó el fuego de los delincuentes hasta lograr el repliegue de éstos, quienes continuaron disparando sus armas ya fuera del perímetro comunal en las proximidades del poblado de Coahuayula, municipio de Chinicuila, Michoacán. Gracias a la pronta reacción de la seguridad comunitaria no hubo daños, ni personas heridas o fallecidas que lamentar.
Junto a este hecho de violencia criminal es importante recordar que el domingo 17 de mayo del presente año, la comunidad purépecha de Santa María Sevina, municipio de Nahuatzen, sufrió un brutal ataque por parte del crimen organizado en el que fueron asesinados JESÚS ÁLVAREZ GUTIÉRREZ e IGNACIO CAMPOS GUERRERO, integrantes de la Ronda Comunal; y otro más se encuentra gravemente herido. Previamente, el miércoles 6 de mayo del 2026, un comando del CJNG, protegido por la policía municipal de Chilchota, atacó a comuneros de la comunidad purépecha de Acachuén, municipio de Chilchota, con un saldo de dos personas de la comunidad muertas y una más herida; asimismo, el pasado 11 de mayo, el CSIM fue cruentamente reprimido por la policía estatal al manifestarse en repudio a los sangrientos sucesos de Acachuén.
Como lo señalamos en nuestro anterior comunicado, durante los 2 últimos años las comunidades indígenas de Michoacán, tanto en la región purépecha como en la costa nahua, han sufrido decenas de incursiones armadas, incluidos ataques con drones y explosivos, en contra de la población civil, de instalaciones de todo tipo, de autoridades comunitarias y de los cuerpos de seguridad tradicionales.
A la situación de violencia antes descrita hemos de agregar el asesinato del representante comunal de la comunidad tepehuana/wixárika de San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, MARCOS AGUILAR ROJAS, el pasado 26 de noviembre de 2025; y el violento desalojo de 8 familias tzeltales integrantes del CNI en Jotolá, municipio de Chilón, Chiapas, el pasado 12 de febrero, mismo que concluyó en el desplazamiento de 30 compañeros y compañeras y en la ilegal detención, hasta el día de hoy, de FRANCISCO MORENO HERNÁNDEZ.
Finalmente, entre los días 6 y 12 de mayo de este año las comunidades nahuas de Xicotlán, Acahuehuetlán, Alcozacán y Tula, municipio de Chilapa, Guerrero, integrantes del Consejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), fueron atacadas y bombardeadas, con una violencia pocas veces vista, por el cártel criminal de los ardillos frente a la inacción y la complicidad de los distintos niveles de gobierno, lo que provocó el asesinato de cinco compañeros del CIPOG-EZ, cientos de heridos, el desplazamiento de más de dos mil personas y la destrucción parcial de las comunidades antes señaladas. A dichos ataques deben agregarse los recientes bombardeos, también por parte de los ardillos, en contra de la comunidad mephaá de San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, Guerrero, por más de 22 días, que tuvieron como consecuencia dos compañeros asesinados y cientos de heridos y desplazados.
La guerra en contra de nuestros pueblos, una guerra capitalista de conquista, se torna cada vez más violenta y tiene como fin desplazarnos de los territorios que hemos ocupado de manera ancestral para despojarnos de ellos, para apropiarse de nuestros cuerpos y nuestra fuerza de trabajo, para hacer crecer las economías crimínales que sostienen este sistema de muerte que se nombra capitalismo.
Y en esta guerra el Estado mexicano y sus instituciones juegan a favor de los delincuentes, de los cárteles criminales, de las empresas trasnacionales que se enriquecen a costa del sufrimiento y el dolor de los pueblos que somos este país. La que se nombra clase política, quienes nos malgobiernan, sin importar su color o si se autonombran de izquierda o de derecha, cada vez se distinguen menos de los criminales que dicen perseguir.
Luego entonces, llamamos urgentemente a los pueblos, organizaciones, colectivos, medios libres y personas de México y del mundo que se nombran y se saben de abajo y a la izquierda, a organizarnos en nuestros calendarios y geografías para resistir esta guerra, esta barbarie, esta tormenta de muerte y destrucción llamada capitalismo.
¡POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS! ¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS! CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
FRENTE AL DESPRECIO DEL ESTADO, A LA COMPLICIDAD SHEINBAUM-EVELYN-SALGADO-MERCEDES-CARVALLO-CHINO, LLAMAMOS A LA SOLIDARIDAD Y ANUNCIAMOS LA VISITA DE UNA MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN, A LAS COMUNIDADES DESPLAZADAS DE LA MONTAÑA BAJA DE GUERRERO.
Al Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata
A las Redes de Rebeldía y Resistencia
A la Europa Insumisa
A los Organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales.
A los medios de comunicación.
Al pueblo de México
Al pueblo de Guerrero.
A quienes en el gobierno federal y en el gobierno estatal de Guerrero, les quede un poco de sensibilidad, humanidad y sentido común.
18 de mayo de 2026.
Tras 6 días de ataques, a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, Tula, Xicotlán, Acahuehuetán y Alcozacán, que forman parte del CIPOG-EZ y del Congreso Nacional Indígena, iniciados el 6 de mayo de 2026, tras la presión internacional y nacional de colectivos, organizaciones, académicos y centros de derechos humanos, el gobierno mexicano tuvo que rehacer su narrativa de “no pasa nada”, “son solo 76 desplazados”, “son 96 desplazados”, “son 200 desplazados”, transitando hacia el reconocimiento de un conflicto menor, pero acomodado como un conflicto entre grupos delincuenciales.
El gobierno mexicano asistió a la zona atacada después de que permitieron el desplazamiento de más de 2000 personas de sus comunidades, que fueron atacadas con armas de alto poder y drones; es obvio que esos ataques ocurrieron, por que lo permitieron las corporaciones de seguridad y que los municipios, principalmente el de Chilapa encabezado por mercedes Carballo Chino, no dio aviso sobre la situación, encubrieron a los atacantes. Destacamos la lamentable actuación del Subsecretario de desarrollo político y social Francisco Rodríguez Cisneros, que todo el tiempo minimizó los ataques, dialogó con los atacantes y no contuvo ni mucho menos enfrentó a los agresores, argumentó que fue retenido el 11 de mayo en el Crucero del Jagüey y no llegó a las comunidades que estaban bajo ataque, el mismo día, el gobierno federal anuncia que ya están atendiendo la situación, el mismo día que atacaban Alcozacán (de más de 1200 habitantes), comunidad a la que se fueron los desplazados y de donde tuvieron que huir a la montaña, a las cuevas y barrancas.
Es lamentable que el gobierno mexicano insista en criminalizar a las comunidades agredidas, creando la versión del “enfrentamiento entre grupos criminales” para explicar el desplazamiento de más de 2000 personas, los ataques con drones y armas de alto poder, del grupo criminal los ardillos contra niñas, niños, abuelas y abuelos pertenecientes a las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán. Resulta aún más absurda la versión de Omar García Harfuch, cuando estas comunidades, (que además de pertenecer al CIPOG-EZ, también constituyeron su propio sistema de justicia que es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias -Policía Comunitaria – Pueblos Fundadores, CRAC-PC-PF), llevan más de 10 años pidiendo seguridad, instalación de retenes, Bases de Operaciones Mixtas, ahora Interinstitucionales (BOI), para evitar los ataques de los ardillos. Lo único que podemos observar, es a un grupo criminal, disparando, asesinando, secuestrando, traficando, desplazando, perfeccionando sus ataques, expandiendo su territorio, extorsionando a la población y lo más lamentable, observamos que este grupo, es protegido por los gobiernos municipales, estatal y ahora por el gobierno federal.
¿Pueden explicarnos porqué el ejército, Guardia Nacional y policía estatal desapareció del retén que tenían en Tula cuando comenzaron los ataques de los ardillos, permitiendo que éstos instalaran una trinchera a 200 metros del retén de la Base de Operaciones Interinstitucional para desde ahí disparar a la comunidad de Tula?
¿Pueden explicarnos por qué no hay ninguna investigación federal contra el proceder de las presidenta municipal de Chilapa Mercedes Carballo Chino, por su relación familiar con Celso Ortega Jiménez, máximo líder del grupo paramilitar los ardillos y el desvío de recursos del Ramo 33 destinado a las comunidades que les ha sido negado a las comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ, así como por las nulas investigaciones, desarticulación y detención del grupo criminal Los ardillos? ¿No es evidente que existe una estructura criminal que va desde los ardillos, su rostro más sanguinario y visible, hasta las corporaciones de in-seguridad, policías municipales, estatales, fiscalía, jueces, se sigue hacia los municipios y todo el espectro político estatal y remata en los monopolios comerciales controlados también por el grupo criminal? No omitimos la colusión de la alta jerarquía de la iglesia católica de Guerrero, encabezada por el canciller de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa Jorge Amando, que se atrevió a decir que los desplazados quemaron sus carros y sus casas, que se desplazan solos, que las víctimas no son víctimas, que se victimizan porque ya no son católicos.
Es aún más increíble que conociendo lo anterior, el gobierno federal sostenga a la estructura criminal. El Estado Mexicano pretende sostener su imagen de pulcritud y corrección política a base de mentiras y encubrimiento, Guerrero es el ejemplo claro, donde el gobierno del estado y los gobiernos municipales, están infiltrados por la delincuencia organizada y Claudia Sheinbaum responde a los cuestionamientos que se le hacen en las mañaneras sobre las agresiones a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero “nos estamos coordinando con el gobierno del estado”; Evelyn Salgado responde, “ya le encargamos a los gobiernos municipales” y éstos responden que lo están checando pero que no habrá diálogo con organizaciones no reconocidas por el Estado (en clara alusión al CIPOG-EZ y a la CRAC-PC-Pueblos Fundadores, las únicas organizaciones que han salvaguardado la vida de los pueblos), mucho menos detenciones y desarticulación del grupo criminal los ardillos ¿a caso ellas son parte de los ardillos?
Las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, se han resistido a entregar el territorio para las actividades criminales de los ardillos (tránsito, consumo, venta, siembra de estupefacientes, extorsión, cobro de piso, secuestro), han creado su sistema de justicia propio y su toma de decisiones es de forma asamblearia, fortalecen su proceso político para no depender de las decisiones políticas de personas ajenas a las comunidades, sean partidos políticos o grupos criminales. Por eso sabemos que los ataques al CIPOG-EZ y a la CRAC-PC-PF, están dirigidos a la destrucción de sus aspiraciones de vivir con dignidad y construir un mundo donde la paz, la justicia y libertad, no sean un botín administrado por el poder, sino una realidad lograda por los propios pueblos; están dirigidos a la apropiación del territorio, pues mientras los grupos criminales lo ven como mercancía, los pueblos despliegan su existencia, tejen sus dinámicas y relaciones, construyen sus identidades y cosmovisiones, cuidan y valoran la relación indisoluble entre la tierra, el Territorio y todo lo que en ella existe.
Por tanto, alejados de la política de arriba, donde se acusan de ser de derecha, izquierda, centro y todas sus combinaciones, de ser prianistas o comunistas; arriba donde le hacen homenajes a Hernán Cortés o donde se le exigen disculpas a los españoles por la conquista; arriba donde se acusan de ser salinistas (sea por Gortari o por Pliego) o Lopezobradoristas; de estar con la dictadura o con los genocidas Trump-Netanyahu. Arriba donde todos y todas, se olvidan del pueblo. Nosotras y nosotros, desde los territorios y desde nuestra humanidad vemos con claridad la nueva guerra de conquista que se viven en el país y que se agudizarán. Las zonas de sacrificio hoy en día no sólo incluyen a la tierra, al medio ambiente, sino a los seres humanos que las habitan. Estamos frente a una guerra de exterminio, destrucción y despoblamiento, que aspira a la reconstrucción y repoblamiento bajo las reglas de los grupos criminales, políticos y empresariales. nos queda claro que como explicaron los hermanos y hermanas del EZLN:
“Cada bomba que cae en Gaza, cae también en las capitales y las principales ciudades del mundo, sólo que todavía no se han dado cuenta. De los escombros nacerá el horror de la guerra de mañana”.
Frente a este escenario, medios de comunicación, periodistas, organizaciones y colectivos, centros de derechos humanos, observadores nacionales e internacionales, estaremos acudiendo a realizar una Misión Civil de Observación, sobre la situación actual de los pueblos, de los desplazados, de las víctimas que han sido tratadas con desprecio por el gobierno mexicano, que no fue capaz ni siquiera de entender la importancia del idioma como puente entre los pueblos y entonces la secretaria de gobernación Rosa Isela Rodríguez, fue a hablar y a hablar y a hablar, como si estuviera en un acto de campaña. Fue a afirmar que ya había acuerdos, sin entender el modo asambleario y sin entender que las problemáticas son profundas; sin distinguir entre víctimas y victimarios, al final las víctimas fueron tratadas como victimarios, ellos bloquearon, ellos dispararon, ellos se desplazaron porque se dispararon y se autobloquearon ¿y los ardillos? ¿y la complicidad de las autoridades políticas y de seguridad?
Por tanto, desde el Congreso Nacional indígena, junto a las organizaciones y colectivos que conforman la MCO-S, llamamos a las personas de buen corazón a quienes el dolor ajeno no les es indiferente a acompañar esta Misión Civil de Observación desde sus geografías y de los modos y formas que decidan. Esta MCO-S se realizará entre los días 22 y 24 de mayo, en las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, donde documentaremos la situación que vivieron y que siguen viviendo, pues prácticamente fueron obligadas por el gobierno del estado y del municipio a volver a las comunidades de las que fueron desplazadas, a pesar de que sigue existiendo temor y sobre todo el riesgo de ser atacados.
Responsabilizamos desde ahora al gobierno federal, estatal y municipal, de cualquier situación que ocurra a quienes acompañaremos esta Misión Civil de Observación.
Confirmamos que en punto de las 9 de la mañana de este 19 de mayo de 2026, el Cártel Jalisco Nueva Generación está atacando nuestra encargatura de la Cofradía y ya las escuelas están siendo evacuadas y la población civil se refugia en sus casas mientras que nuestra Guardia Comunal estará a cargo de la situación.
Exigimos a los tres niveles de gobierno que se pongan a trabajar y cumplan con la obligación de brindar paz y seguridad a toda la población. En particular le hacemos un llamado al gobierno federal para que deje de reunirse con artistas y mejor atienda la grave situación de violencia se que vive en nuestras comunidades indígenas. Exigimos el total desmantelamiento de las organizaciones criminales que intentan a toda costa despojarnos de nuestro territorio.
Desde el Congreso Nacional Indígena seguimos denunciando, tantas veces como sea necesario, la guerra contra nuestras compañeras y compañeros del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata en la Montaña Baja de Guerrero.
Desde el pasado 6 de mayo no han cesado los ataques directos perpetrados por el grupo criminal Los Ardillos. Frente a ello, ha comenzado a circular la versión de que se trata de un conflicto entre grupos criminales. Rechazamos tajantemente estas versiones, pues forman parte de la criminalización que históricamente los gobiernos y los grupos de poder han construido contra los pueblos que resisten y defienden la vida, el territorio y la autonomía.
Llamamos a denunciar esta guerra y a no dejar de exigir garantías de protección para las comunidades afectadas. Para que las compañeras y compañeros del CIPOG-EZ puedan continuar resistiendo y permaneciendo en su territorio, es indispensable fortalecer la solidaridad económica.
Convocamos a colectar y aportar lo mucho o lo poco que esté en nuestras posibilidades, para sostener la resistencia de las comunidades del CIPOG-EZ.
Quienes deseen sumarse a esta campaña pueden realizar depósitos o transferencias a la cuenta de finanzas del Congreso Nacional Indígena con los siguientes datos:
Banco: BBVA México
Número de cuenta: 0113643034
CLABE: 012540001136430347
Código SWIFT: BCMRMXMMPYM
Sucursal: 1769
Nombre: CIENCIA SOCIAL AL SERVICIO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
Debido a que actualmente también se encuentra en marcha la campaña de solidaridad económica rumbo a los 30 años de la fundación del Congreso Nacional Indígena, les pedimos enviar un correo a cnicomunicacion@gmail.com notificando sus depósitos o transferencias y especificando que el motivo del apoyo es: CIPOG.
Atentamente
POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS
A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,
A las Redes de Resistencia y Rebeldía,
A la Sexta Nacional e Internacional,
A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,
A los medios libres e independientes,
A quienes caminan la palabra de la vida.
15 de mayo de 2026.
Sin haberse repuesto este país de la pesadilla que han significado los bombardeos del grupo criminal los ardillos sobre comunidades nahuas del municipio de Chilapa, Guerrero; y de la complicidad y omisiones exhibidos por el gobierno en todos sus niveles; ahora nos enteramos con azoro que la comunidad mephaá de San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, Guerrero, ha sido atacada por dicho grupo criminal con armas de alto poder, drones y bombas desde hace 22 días, lo que ha provocado el asesinato de dos de sus habitantes, la destrucción de una gran cantidad de viviendas y el desplazamiento de cientos de personas hacia los cerros.
Esta despiadada destrucción se ha dado con la complicidad del presidente municipal de Atlixtac, GUILLERMO MATÍAS MARRÓN, integrante de los ardillos, pertenencia criminal que se da en la mayor parte, sino es que la totalidad, de los presidentes municipales de la Montaña Baja y la Montaña Alta de Guerrero; con la actitud omisa de la gobernadora del estado, EVELYN SALGADO PINEDA; y con la actuación criminal de FRANCISCO RODRIGUEZ CISNEROS, subsecretario de desarrollo político y social en el estado, quien en todo momento se ha dedicado a minimizar la situación o a decir que “no pasa nada”, a desinformar al gobierno federal y a acusar falsamente a la comunidad de estar coludida con grupos criminales para generar la apariencia de que se trata de un “pleito entre grupos criminales, entre ardillos y tlacos” y de este modo ocultar lo que en realidad está aconteciendo en los municipios de Atlixtac, Chilapa y buena parte de la Montaña: una violenta guerra en contra de las comunidades indígenas para desplazarlas de sus territorios, forzar su control social y despojarlas.
La comunidad mephaá de San Pedro Huitzapula ha resistido por años a los ardillos, esa es la razón de tanta violencia en su contra. El 27 de octubre de 2024 tuvo lugar una asamblea de comuneros en la que una gran mayoría rechazó ingresar a la “policía comunitaria” CRAC-PC de San Juan Escalerillas, municipio de Zapotitlán Tablas, en realidad una fachada del grupo los ardillos que ha sido desconocida por todas las casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) del estado de Guerrero.
En dicha asamblea la comunidad exigió la presentación con vida de dos jóvenes que habían sido desaparecidos por la “policía comunitaria” de los ardillos, misma que era apoyada por CARLOS PACHECO BELLO, en ese entonces comisario de la comunidad. Durante el desarrollo de la asamblea la confrontación escaló y la policía comunitaria de los ardillos asesinó a dos comuneros; finalmente, la asamblea concluyó con la expulsión de los ardillos y de CARLOS PACHECO BELLO.
Pero, las cosas no pararon ahí: el 27 de febrero de 2025 la “policía comunitaria” de los ardillos realizó una incursión armada en la comunidad, misma que duró 10 días y que concluyó en el levantón y descuartizamiento de un campesino de la comunidad. Una nueva incursión armada se dio el 31 de diciembre de 2025 con un saldo de 2 campesinos emboscados.
El 14 de abril de 2026 los criminales realizaron una tercera incursión armada y, por primera vez, usaron drones cargados con bombas que usaron para bombardear a la comunidad durante 3 días.
Desde el 23 de abril de este año los ardillos iniciaron un cuarto ataque en contra de la comunidad, mismo que hasta el día de hoy duró 22 días, fecha en que se presentaron policías estatales y elementos de la Guardia Nacional obligados por un video realizado por la propia comunidad que se viralizó en redes. En dicho lapso murieron asesinados dos comuneros y tres más resultaron gravemente heridos, sumándose a los 19 habitantes asesinados por la “policía comunitaria” de los ardillos desde el 27 de octubre de 2024.
Actualmente las principales exigencias de la comunidad mephaá de San Pedro Huitzapula son las siguientes:
Desarticulación del cartel de los ardillos y de la denominada “policía comunitaria” CRAC-PC de San Juan Escalerillas.
Castigo para los culpables del asesinato de 21 comuneros desde el 27 de octubre de 2024 a la fecha.
Establecimiento permanente de una base de operaciones interinstitucionales cerca del pueblo, con personal suficiente y en la que participe el Ejército Mexicano.
Creación de garantías de seguridad para el tránsito libre hacía Zapotitlán, Tlapa y Chilapa.
Hacemos responsables a la gobernadora del estado, EVELYN SALGADO PINEDA y al presidente municipal de Atlixtac, GUILLERMO MATÍAS MARRÓN, así como a las instancias federales encargadas de la seguridad en el estado, del grave riesgo en que se encuentran la integridad y la vida de nuestros hermanos y hermanas de la comunidad de San Pedro Huitzapula.
Llamamos a nuestros hermanos y hermanas de México y del Mundo a exigir al gobierno mexicano garantías de seguridad para la comunidad de San Pedro Huitzapula y a brindar acompañamiento y solidaridad a su digna resistencia.
¡POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN
Al Congreso Nacional Indígena, CNI
Al Concejo Indígena de Gobierno, CIG
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A los pueblos y comunidades que luchan y resisten
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
Hermanas y hermanos:
Recordando…
Primero. Que la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio nace en el año 2022 como una iniciativa del Congreso Nacional Indígena para unir y fortalecer las luchas de los pueblos y organizaciones en defensa del Agua, la Vida y el Territorio y que, desde entonces se ha declarado autónoma, autogestiva, antipartidista, anticapitalista, antipatriarcal, antifascista, antimilitarista y se rige bajo los principios del mandar obedeciendo: servir y no servirse, representar y no suplantar; construir y no destruir; obedecer y no mandar; proponer y no imponer; convencer y no vencer; bajar y no subir.
Ejercer estos principios, que nuestros hermanos y hermanas zapatistas y del CNI nos han enseñado, permite guiar nuestros pasos en la construcción de Autonomía a través de los hechos y posicionarnos con claridad y firmeza ante las estrategias disfrazadas de “participación” y “reconocimiento” de los derechos de los pueblos que desde el Estado se utilizan para legitimar megaproyectos y planes de despojo y destrucción que son favorables para el fortalecimiento de dinámicas capitalistas de mercantilización de la vida y de conquista de territorios.
Segundo. Que seis territorios dignos y rebeldes han recibido a la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio: la Región Cholulteca, Puebla; Santiago Mexquititlán, Querétaro; San Gregorio Atlapulco, Xochimilco/Ciudad de México; La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala; Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, Ciudad de México; Loma de Bácum, Sonora; en este último territorio emanó el acuerdo de que la siguiente sede sería consultada entre los pueblos pertenecientes al Congreso Nacional Indígena, dando como resultado la solicitud de que la Séptima Asamblea se realice en el estado de Nayarit, en donde compañeras y compañeros Naayeris, Wixárikas, O´dam y Meshican que defienden el sagrado río San Pedro Mezquital, sus centros ceremoniales, la vida y espiritualidad que como pueblos han cuidado y han hecho florecer junto a la tierra que los sostiene.
Tercero. La Séptima Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio se enmarca dentro de las jornadas permanentes rumbo al 30 aniversario del Congreso Nacional Indígena, la casa de todos los pueblos originarios en la cual nuestras luchas por la vida, el territorio y la autonomía se acompañan y fortalecen.
y considerando…
PRIMERO: Que con el cauce del agua nos encontramos entre pueblos, pues defenderla de la industrialización, explotación y acaparamiento, es la tarea que en colectivo asumimos. La lucha por la libertad del agua nos ha hermanado a lo largo y ancho del país, los ríos, humedales, manantiales, lagunas, mares, cenotes y el agua subterránea, son sagrados para los pueblos, pero para los empresarios y malos gobiernos son mercancía y destino de desechos.
Atrapar el agua a través de presas para generar energía es altamente lucrativo para las instituciones criminales, como ocurre con el caso del Río San Pedro Mezquital en Nayarit, el último río libre en la Sierra Madre Occidental, amenazado por una de las instituciones más ecocidas del país: la CONAGUA, que intenta imponer la presa El Nayar (antes Las cruces) pese a que los pueblos originarios de esta cuenca han logrado frenarla desde hace 15 años. Cambian el nombre al proyecto como si eso borrara el ecocidio que representa. Con la construcción de esta presa no sólo se afectaría el flujo natural del Río San Pedro y todas las formas de vida que sostiene, también se afectaría la pesca y la agricultura que en las comunidades aledañas se desarrolla, así como la destrucción de centros ceremoniales de los pueblos Náayeri, Wixárika, O’dam y Meshican. Como si fuera cualquier cosa, el gobierno propone reubicar a poblaciones y centros de ceremonia en total desconocimiento y violencia hacia los pueblos que con su espiritualidad y sus formas de vida sostienen el equilibrio de la Madre Tierra.
De forma similar ocurre en Zacatecas, con el Río Atenco, los mismos criminales (CONAGUA y Gobierno) pretenden imponer la presa Milpillas, con el siempre falso discurso de que el objetivo es satisfacer la demanda de agua de la población, esconden el verdadero objetivo: satisfacer la demanda de agua de la industria minera y la empresa cervecera Grupo Modelo presentes en la región.
SEGUNDO: La industria y el mal gobierno ven a los ríos como vertedero de muerte. El Río Santiago, con más de 50 años de contaminación industrial y a la fecha más de 3,000 empresas arrojando metales pesados y otras sustancias tóxicas a su cauce, el sostenimiento de la vida de la fauna en el río se vuelve imposible. Estos vertidos intoxican todo el territorio: agua, aire, suelo, tierras de cultivo, y como una de las consecuencias más cruentas de la modernidad, estos tóxicos terminan alojados en los cuerpos de los pobladores y pobladoras. A día de hoy, con toda certeza, denunciamos que el 100% de la población de El Salto y de Juanacatlán, tienen en su sangre metales pesados provenientes de la industria.
Mientras que en el río Sonora, a 12 años del mayor desastre ambiental de la historia de la minería en México, provocado por la empresa minera criminal Grupo México, el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados compuestos por metales pesados, sin ninguna consecuencia para los responsables ni tampoco una solución seria para atender a la población que día con día desarrolla enfermedades crónicas ocasionadas por la contaminación.
En Puebla, continúa latente la amenaza de contaminar el río Metlapanapa que cruza los pueblos nahuas de Zacatepec, Nextetelco, Cuanalá, Ometoxtla, Texintla, Almoloya, Cuautlancingo y Santa Cruz Analco, las empresas que integran el corredor industrial Ciudad Textil, en Huejotzingo, ahogadas en sus propios desechos tóxicos insisten en deshacerse de ellos a través del cauce del río que finalmente desemboca en el Río Atoyac, uno de los más contaminados del país.
La muerte arrojada a los ríos habita en los cuerpos de las personas que viven alrededor de ellos, se evita la vida, se acaba con ella mientras los dueños del dinero se llenan los bolsillos. Pero no solo los ríos, también los mares y el agua del subsuelo como sucede con el derrame de crudo en la costa de Veracruz, que ha afectado cientos de kilómetros de litorales incluyendo los estados de Tabasco y Campeche, los ecosistemas costeros y el trabajo de pesca ha sido afectado inconmensurablemente. Mientras que los lixiviados producidos en los basureros de Tehuacán, Laureles en El Salto, Ozelonacaxtla, Calpan-Cholula, San Juan Acateno, San José Chiapa, etc. Continúan filtrándose en los mantos acuíferos, llevando la enfermedad y la muerte silenciosa a las poblaciones aledañas.
TERCERO: El mal gobierno ve a los cuerpos de agua como fuente de riqueza para venderla a los empresarios de las inmobiliarias como ocurre en el pueblo de Xoxtla, Puebla donde la empresa Concesiones Integrales-Agua de Puebla, en articulación con el mal gobierno, pretenden perforar pozos profundos para arrebatar el agua a la población y entregarla al cartel inmobiliario de la ciudad de Puebla.
En Santiago Mexquititlán, las instituciones insisten en controlar el agua que el pueblo ñhöñhö liberó tras la toma del pozo en Barrio Cuarto, empresas como Google, Amazon y Microsoft pretenden instalar centros de datos en Querétaro para lo cual requieren abastecimiento ilimitado del vital y sagrado líquido.
En San Gregorio Atlapulco la contaminación de aguas negras provenientes de otra alcaldía que han inundado varias partes del pueblo, la zona cerril, urbana y chinampera afectando gravemente zonas de cultivo, identidad y economía para chinamperos y pobladores de la comunidad. El despojo y la contaminación se imponen con violencia a través de grupos de choque como ocurrió el pasado 14 de abril en que compañeros de la Asamblea General Permanente de San Gregorio Atlapulco fueron agredidos, amenazados y perseguidos con la finalidad de frenar la organización en defensa del territorio y de la autodeterminación. A pesar de haber interpuesto y ganado un amparo por la falta de una consulta real por diferentes dependencias, la SEPI se ha dedicado a violentar los procesos de consulta y a romper el tejido social y asegurar que las obras continúen.
En Eloxochitlán de Flores Magón, el río Xangá Ndá Ge continúa siendo despojado de su sostén pétreo (grava y arena) el cual es comercializado por la familia Zepeda Lagunas, caciques del pueblo, quienes, para facilitar el saqueo han mantenido durante más de una década la persecución y criminalización de familias defensoras comunitarias; a pesar del cerco mediático sostenido por los gobiernos estatal y federal para promover las mentiras de Elisa Zepeda, (una narrativa ajena a los procesos penales), las mujeres y hombres mazatecos han arrancado las liberaciones de sus presos políticos, han derribado las recientes 200 órdenes de aprehensión, han declarado el rescate de su río, y, ahora, luchan por la cancelación de las órdenes de aprehensión de 14 exiliados que no han vuelto a Eloxochitlán desde hace doce años; sabemos que volverá la libertad para los hermanos y para el Xangá Ndá Ge.
CUARTO: el despojo en la región occidente de México se presenta de manera sistemática y tiene la finalidad de transformar profundamente los territorios en beneficio de la industria e inversión capitalista. El Estado ha presumido el progreso y la riqueza de esta región sin reconocer que se ha hecho a costa del sacrificio de ríos, arroyos, humedales y pueblos enteros.
El Canal centenario es un proyecto que forma parte del Plan Hídrico del Noroeste (diseñado para los estados de Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California), de imponerse, dicho canal ocasionará una amplia destrucción en las poblaciones aledañas y ecosistemas completos; con 60 mil kilómetros de longitud, pretende ser usado para desviar agua de los ríos Acaponeta, San Pedro y Santiago al norte del estado de Nayarit, a los desiertos de Sonora y parte de Estados Unidos. El desvío de agua afectaría directamente a las Marismas Nacionales, ya que se disminuiría el flujo de agua que llega a las mismas ocasionando alteraciones en la salinidad del agua y como consecuencia, la afectación a los ecosistemas de los manglares de la zona.
En Jalisco la imposición de las termoeléctricas “La Charrería” en Juanacatlán y “El Salto 1” entre los pueblos de Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, traería consigo el incremento de la ya mortal industrialización en la región y con ello la exacerbación de la contaminación, enfermedades crónicas, desabasto de agua y violencia que azotan a la población.
En San Lorenzo de Azqueltán, el despojo de tierras continúa siendo letal para los compañeros Wixárikas y Tepehuanos que las defienden, el pasado 26 de noviembre fue asesinado el compañero Marcos Aguilar Rojas, el asesinato fue ejecutado por parte de un grupo armado al servicio de caciques que pretenden despojar de las tierras ancestrales a la comunidad de Azqueltán, la cual fue declarada comunidad indígena autónoma desde el año 2013. El ejercicio de la autonomía en Azqueltán permite proteger las tierras de la explotación y despojo, la existencia de grupos armados para atacar a los compañeros está directamente relacionada con ello.
En Michoacán, la Geotermoeléctrica “Los Azufres” en el municipio de Hidalgo lleva 30 años contaminando de manera progresiva el agua, el aire y el suelo, afectando también a los municipios de Zinapécuaro y Maravatío. Las enfermedades crónicas como la insuficiencia renal se hacen presentes en una parte importante de la población debido a los metales pesados vertidos en el agua que consume para su funcionamiento, los pueblos purépechas qué son parte del Consejo Supremo Indígena de Michoacán se han organizado para exigir solución a los graves daños al medio ambiente y a la salud.
QUINTO: La cuarta transformación se define actualmente por una cínica, burlona y criminal estrategia de entregar el territorio a manos de empresas trasnacionales para que lo destruyan todo: bajo un gran proyecto de reorganización del territorio nacional a través del Plan México, cuyo propósito es garantizar las inversiones para la industrialización, el despojo y el saqueo de regiones enteras a lo largo y ancho del país. El plan Hídrico Nacional y los planes regionales son las estrategias gubernamentales que pretenden cimentar el abastecimiento ilimitado de agua y el destinar ríos y otros cuerpos de agua como lugares de descargas tóxicas al servicio de la industria.
El absurdo de presentar al fracking como una opción para la “soberanía energética” y tener el atrevimiento de nombrarlo “sustentable”, es una fuerte amenaza para todas las formas de vida en los territorios donde se pretende imponer.
Los polos de desarrollo como el que pretenden construir en San José Chiapa, Puebla, donde al ecocidio pretenden llamarle economía circular y donde la presidenta Sheimbaum, con cinismo, les dio a escoger a las comunidades de la cuenca Libres- Oriental el tipo de muerte que prefieren: un basurero a cielo abierto o una recicladora.
En Bahía Banderas, Nayarit avanza el proyecto ecocida a cargo de la empresa Montage, consiste en un polo de turismo que incluye viviendas unifamiliares y plurifamiliares, áreas de piscina, hotel y áreas de servicio en una superficie superior a 58 mil metros cuadrados, esto representa la privatización de las playas evitando el acceso a la población, desplazamiento de comunidades y la destrucción de la playa Las Cocinas donde tortugas marinas realizan su proceso de desove.
De manera similar sucede en Mahahual Quintana Roo, donde la empresa Royal Caribbean pretende construir un parque acuático que dañaría manglares y arrecifes así como el despojo de agua a la población y un afluente turístico masivo en la región.
Mientras que, en la Ciudad de México, se padece desde hace meses la estrategia de limpieza social y despojo que representa el mundial de fútbol. El mundial se traduce en los hechos con desalojos forzados, gentrificación, extracción masiva de agua en medio de una escasez del vital líquido en las ciudades, militarización e incremento acelerado del desarrollo inmobiliario, así como un abierto desprecio a las familias que exigen que la búsqueda de sus seres queridos y el alto a las desapariciones en México sea la prioridad y no un evento que beneficia a empresas como Coca-cola, televisa, Airb&b y la industria inmobiliaria.
La destrucción y entrega ilimitada del territorio a la inversión capitalista requiere de una impunidad total para quien negocia con la vida y asegurar la represión en contra de quienes la defienden. El modelo industrialista propio del neoliberalismo, impuesto por el Estado mexicano por más de tres décadas pretende profundizarse por este mal gobierno de la cuarta transformación. Los planes de justicia y los planes de restauración de ríos, pretender crear condiciones de gobernabilidad para seguir garantizando las inversiones y, por lo tanto, profundizando el saqueo.
SEXTO: La exacerbación de la guerra a través del crimen organizado en todo el país se torna más sangrienta y generalizada, los principales objetivos hacia los que apuntan y disparan sus armas son los pueblos organizados y quienes demuestran no solo la incompetencia del Estado sino su estrecha complicidad con los cárteles de la industria y del narcotráfico.
Nuestros hermanos y hermanas del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), viven día con día la sangrienta guerra capitalista y de exterminio. Drones, explosivos, armas de alto calibre son usados por el grupo criminal “Los Ardillos”, para desplazar a cientos de familias de las comunidades de la montaña de Guerrero, comunidades organizadas y que construyen autonomía. Las fuerzas armadas del Estado y los representantes del gobierno observan pasivamente la masacre; 800 familias han sido obligadas a abandonar sus hogares los cuales fueron incendiados por el grupo armado, mientras continuaron los ataques a través de drones. En medio de estos ataques fueron asesinados José Guadalupe Ahuejote Xantenco, Víctor Ahuejote Arribeño y Abraham Jiménez Chautla; en abril de este año, a los compañeros Salvador Villalba Rosario, Isaías Morales Lucas, Bernardino Hilario Ocotlán y Ernesto Hilario Ocotlán les fue arrebatada la vida por el mismo grupo criminal, sumando 79 compañeros asesinados y 25 desaparecidos miembros de CIPOG-EZ.
Hoy el territorio de Guerrero sangra por la clara intención del Estado de eliminar la organización en defensa de la vida y la autonomía.
En Chiapas, también se vive la estrategia de despojo contra los pueblos en la que, abiertamente, se coordinan gobierno con paramilitares. El pasado 12 de febrero habitantes del ejido Jotolá, municipio de Chilón, apoyados por agentes de la Guardia Estatal, la Policía Municipal, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Tribunal Unitario Agrario, agredieron y provocaron el desplazamiento forzado de 30 personas tseltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), así como la detención de los compañeros Francisco Moreno Hernández y María de Jesús Sánchez a quienes les fabricaron delitos. Actualmente los compañeros siguen privados de su libertad y las treinta familias continúan desplazadas.
El 6 de mayo del presente año, en la comunidad purhépecha Acachuén, Michoacán un grupo armado atacó una reunión de comuneros en la orilla de la carretera federal, que se organizaban para encontrar solución al incremento de inseguridad y acoso por parte de los grupos criminales, como resultado del ataque perdieron la vida dos personas y una más resultó herida, la policía municipal acudió al lugar detonando sus armas en contra de los comuneros, siendo evidente que su labor es atacar la organización de las comunidades.
La barbarie se extiende a lo largo y ancho del país, más de 133 mil desaparecidos y en aumento, las madres y familias buscadoras han encontrado cientos de cuerpos destazados en los alrededores de un estadio que se usará para el espectáculo del mundial en Jalisco, también han encontrado, con sus propios medios y en medio de amenazas y ataques, fosas clandestinas y centros de destrucción de cuerpos usados por los grupos criminales. El dolor permanente en la vida de las familias que buscan incansablemente se incrementa día con día con el desprecio y la violencia del Estado que abandona a su suerte a quienes buscan.
No son números, son personas. Nombramos a Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlalli Jáuregui Acosta ambas buscaban a Miguel Ángel Jáuregui Acosta fueron asesinadas el 10 de mayo del presente año y exigimos justicia.
Mientras tanto, la defensa del Agua se ha convertido en el principal objeto de ataques del Estado, con hostigamiento, criminalización, grupos de choque, estrategias de división, amenazas y agresiones directas busca detener la organización en defensa del vital líquido tanto en comunidades originarias como en las ciudades.
La guerra que padecemos en México es la misma guerra que padecen nuestros hermanos en los territorios dignos de Palestina, Irán, Líbano, Cuba, es el gran negocio de la sangre, el dolor y la muerte.
SÉPTIMO: La Autonomía a través de los hechos y la organización de los pueblos frente a la guerra. A pesar de esta guerra de exterminio, la esperanza busca grietas por las cuales florecer, los cauces del agua encuentran caminos para encontrarse y hermanarse, los pueblos continúan resistiendo y demostrando que la autonomía a través de los hechos devuelve el agua, libera compañeros, construye espacios de vida, preserva especies, alimenta la tierra y abre surcos para el mañana.
Este 2026 celebramos 3 años de la recuperación de la biblioteca comunitaria y construcción de la Tlamachtiloyan en San Gregorio Atlapulco; 5 años del cierre definitivo de la empresa Bonafont – Danone en San Mateo Cuanalá, Juan C. Bonilla, Puebla; 5 años de que se detuvo el saqueo en camiones cisternas y se recuperó la laguna de Barrio cuarto en Santiago Mexquititlán; 6 años de la toma del INPI y construcción de la Casa de los Pueblos y comunidades indígenas Samir Flores Soberanes por la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México; 30 años del nacimiento del Congreso Nacional Indígena; 32 años del levantamiento zapatista; 533 años de resistencia de los pueblos originarios contra la guerra de exterminio. Así nos recordamos que nuestro caminar va en contracorriente contra el criminal y asesino sistema capitalista, así construimos el mañana en Común.
Por lo anterior y con el compromiso de fortalecer nuestra organización en colectivo y con la firme convicción de que solo en común, organizados y juntos podremos derrotar al sistema capitalista, hacemos pública la siguiente…
CONVOCATORIA
SÉPTIMA ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO
8 Y 9 DE AGOSTO EN LA COMUNIDAD DE ZITÁCUA EN TEPIC, NAYARIT
POR EL RÍO LIBRE SAN PEDRO MEZQUITAL
Que se llevará a cabo bajo el siguiente programa de actividades:
HORARIO DE NAYARIT
Sábado 8 de agosto
7:00 am/ Registro
8:00 am/ Ceremonia
9:00 am/ Plenaria Inaugural
-Defensa del agua y la vida en Nayarit:
Río San Pedro
Río Santiago
Canal Centenario
Saqueo del agua en la región por industria hotelera
Afectaciones de en centros ceremoniales
Congreso Nacional Indígena
-Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio
-Pueblos invitados
12:00 pm/ Inicio de mesas de trabajo
2:00 pm/ Comida
3:00 pm/ Continuación mesas de trabajo
7:00 pm/ Cena y actividades culturales
10:00 pm/ Pernocta/Descanso
Domingo 9 de agosto
7:00 am/ Desayuno
8:00 am/ Plenaria de discusión de propuestas
12:00 pm/ Micrófono abierto para denuncias
1:00 pm/ Lectura de declaratoria final y clausura
2:00 pm Comida
A quienes deseen asistir se les solicita registrarse en el siguiente link
Indispensable acudir con plato, vaso y cuchara, medicamentos si los requiere, y elementos para acampar.
Todas y todos los asistentes deberán atender las indicaciones de las y los compañeros de la comunidad.
Está estrictamente prohibido la portación y consumo de drogas, alcohol y armas.
ATENTAMENTE
Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos
Nunca más un México sin Nosotrxs
Alto a la Guerra en contra de los Pueblos Zap QX 0020atistas
Alto a la Guerra contra las comunidades de CIPOG-EZ
ALTO AL GENOCIDIO EN PALESTINA
Zapata vive, la lucha sigue
Samir vive, la lucha sigue
Hasta que la Dignidad y la Justicia se haga costumbre
Porque Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos
No al Tren Maya
No al Proyecto Integral Morelos
No al Corredor Interoceánico
Viva el EZLN
Viva el CNI-CIG
ASAMBLEA NACIONALPOR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO
SUSCRIBEN:
Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno/ Pueblos Naayeri: Presidio de los Reyes, San Juan Corapan, Huicot, Rancho Viejo, Santa Teresa, Carrizos, Dolores, San Vicente, Guacamayas, Maguey, Santa Cruz, Rosarito/ Pueblos Wixárikas: Colonia Zitákua, Colonia San Andrés, Guadalupe Ocotan, El Buruato/ Red de centros educativos wixarika y naayeris de Nayarit/ Asamblea permanente de pueblos originarios en defensa del río San Pedro-Mezquital/ Universidad popular de movimientos sociales de Nayarit-UPMS/ Agrupación Un Salto de Vida, Jalisco/ Comunidad Otomí Residente en la Ciudad de México/ Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán/ Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes/ Mazatecas por la libertad/ Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco/ UPREZ Benito Juárez/ Café Zapata Vive/ Nodo de Derechos Humanos NODHO/ Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas/Red Universitaria Anticapitalista/ Unificación de pueblos y colonias contra la minería en Morelos / Organización Campesina de la Sierra del Sur Tepetixtla O.C.S.S/ Geo-grafías Comunitarias / Tejiendo Organización Revolucionaria/ Red de Apoyo Iztapalapa Sexta / Raíces en resistencia/ Comida No Bombas Querétaro/ Red Morelense de Apoyo al CNI-CIG/ Mujeres y la Sexta/ Brigada Ignacio Martín Baró/ Empalabrando la palabra viva Medio Alternativo/ Empalabrando la palabra viva, Colectivo Querétaro / Comida no bombas Querétaro/ Colectiva Yaocihualt Pedregales
A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,
A las Redes de Resistencia y Rebeldía,
A la Sexta Nacional e Internacional,
A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,
A los medios libres e independientes,
A quienes caminan la palabra de la vida.
14 de mayo de 2026.
La guerra de conquista en contra de los pueblos originarios no deja de crecer en cada una de las geografías de este adolorido país que es México y se expresa en la violencia militar y paramilitar que vivimos cotidianamente. Nuestros pueblos, como nunca, viven privados de sus más elementales derechos, bajo constante asedio del crimen organizado y abandonados del Estado mexicano.
El miércoles 6 de mayo del 2026, de manera paralela a que las comunidades pertenecientes al Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata en el municipio de Chilapa, estado de Guerrero, empezaban a ser bombardeadas por el grupo criminal conocido como “Los Ardillos”, un comando del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacó a comuneros de la comunidad purépecha de Acachuén, municipio de Chilchota, Michoacán, con un saldo de dos personas de la comunidad muertas y una más herida. Los habitantes de Acachuén, unidos y organizados se defendieron de los criminales para repelerlos, pero de manera sorpresiva la policía municipal se presentó en el lugar en el que la comunidad resistía a los delincuentes y atacó a los comuneros para proteger a los criminales.
Este hecho provocó que el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) se movilizara en apoyo a la comunidad de Acachuén, tomando diversas carreteras el día 11 de mayo del 2026. Sin embargo, una vez más el gobierno actuó en contra de los pueblos organizados y no en contra de los criminales, reprimiendo violentamente, mediante el uso de la policía estatal, a los integrantes del CSIM para desalojarlos de la autopista siglo XXI.
Hasta el momento ningún ámbito de gobierno ha dado la cara, ni con relación a los hechos ocurridos en Acachuén, ni con relación a la cruenta represión en contra del CSIM; y el gobernador del estado ha sido omiso para establecer la mesa de diálogo que la comunidad le exige para atender tan grave problemática, lo que demuestra el contubernio entre las instituciones del Estado mexicano, particularmente del gobierno de Michoacán, y el CJNG.
Hacemos responsables al gobernador del estado de Michoacán, ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA, a la presidenta municipal de Chilchota, ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ, así como a las instancias federales encargadas de la seguridad en el estado, del grave riesgo en que se encuentran la integridad y la vida de nuestros hermanos y hermanas de la comunidad de Acachuén, a la vez que decimos que no están solos.
Exigimos la remoción inmediata de la presidenta municipal de Chilchota, ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ; el castigo a los policías municipales y funcionarios de gobierno implicados con el CJNG; el castigo a los efectivos y mandos de la policía estatal que reprimieron al CSIM el día 11 de mayo pasado; y la inmediata instalación de la mesa de diálogo demandada por la comunidad de Acachuén con el gobierno del estado y las dependencias federales encargadas de la seguridad a fin de atender la problemática.
Llamamos a nuestros hermanos y hermanas de México y del Mundo a exigir al gobierno mexicano garantías de seguridad para la comunidad de Acachuén y a brindar acompañamiento y solidaridad a su digna resistencia.
¡POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!
