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(Español) Los Xochimilcas se levantan

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Publicado en Camino al Andar

Por Oralba Castillo Nájera

 

Xochimilco es territorio zapatista. En sus canales y humedales resuenan las gestas del Ejército Libertador del Sur. Será por eso que sus habitantes se sublevaron valientes y firmes, señalando a la jefa de gobierno, quien con mañas cuarta T pretendió validar una consulta e imponer el Programa General de Ordenamiento Territorial y el Plan General de Desarrollo de la CDMX (PGOT-PGD). Este Plan y este Programa abren la puerta a la privatización de tierras comunales, para robar a los pueblos su agua y ofrecerla a las inmobiliarias que han destruido la ciudad. Edificios de veinte pisos, tiendas gigantes, zonas tomadas por restaurantes y etcéteras han devastado el suelo de agricultura de los dueños originarios.

En acuerdo con el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, y a espaldas del pueblo, encajaron un tubo en las aguas de San Gregorio, dizque para drenaje residual. Los habitantes se percataron que era para robarles el agua. Situación que impacta más allá de la región de los doce pueblos nahuas de la CDMX.

El sábado tres de diciembre dio inició la defensa del territorio y la autonomía. Los comuneros de San Gregorio cerraron calles con barricadas, instalaron un plantón, llegaron granaderos a golpear y reprimir. Por las redes se expandió la noticia del enfrentamiento. En pocas horas los comuneros de Milpa Alta estaban en pie de lucha. Los pueblos nahuas rechazaron la imposición de la jefa de gobierno a favor de la mafia inmobiliaria. A Sheinbaum la sorprendió la organización y bravura de los pueblos.

El arribo al plantón de comunidades otomíes expresando solidaridad y ondeando la bandera negra con la estrella roja del EZLN y la del CIG-CNI, hicieron realidad el grito, –que el poder de arriba ignora–: ¡NO ESTÁN SOLOS! Pueblos purépechas, del Altepelmecalli, de Puebla, de Guerrero y de Morelos unieron sus voces. No a la destrucción de nuestras vidas, no al saqueo de nuestros recursos. ¡A nuestra Madre Tierra con sangre la vamos a defender! ¡Respeto a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas!
 La represión en San Gregorio Atocpan a mujeres de la tercera edad, tuvo heridos, 19 uniformados y tres comuneros.
El agua se defiende como territorio común frente a la urbanización creciente, y el aberrante discurso de modernización, progreso y desarrollo capitalista.
El abogado Carlos González, del Congreso Nacional Indígena declaró, en Milpa Alta, que “no se trata de que consulten, se trata de que pidan permiso”. La espuria consulta del tres de diciembre quedó, por decisión popular, cancelada. Formas y maneras en que las autoridades tratan a los pueblos pretendiendo poner una parte considerable del suelo de conservación de tierras ejidales y comunales a disposición del mercado inmobiliario, viola los derechos de los pueblos.

El abogado González afirma: “se debe exigir se restituya la legalidad de los derechos violentados por las autoridades, que se cancele la consulta, no solo se suspenda.”

El 4 de diciembre, asambleas y pronunciamientos de solidaridad seguían manifestándose. Ese día, esa fecha recuerda a Zapata y Villa entrando a Xochimilco, antes de llegar a la Ciudad; como si la rueda de la historia girara en los tiempos de la revolución popular, en 1914, cobrando fuerza.

¡SÍ SE PUDO!

Gritaron los Xochimilcas cuando se comenzaron a retirar los tubos hidráulicos, y se acató la decisión de la Asamblea, manifestando un rotundo no al PGOT-PGD de la CDMX.

En la mañanera, el Mesías del desarrollismo capitalista hubo de intervenir: “son alcaldes conservadores quienes dieron mal la información a los pueblos”. Claudia Sheinbaum repitió la misma cantaleta.

Una semana agitada, llena de reuniones, enfrentamiento con granaderos, cierre de calles, fogatas, ollas comunales, guardias día y noche dieron por resultado el fortalecimiento de la lucha comunal.

El 9 de diciembre se llevó a cabo una asamblea en Milpa Alta donde los comuneros celebraron el triunfo. Hubo mención especial a las mujeres que se pusieron al frente y aplausos a los jóvenes. El abogado Carlos González se congratuló de la justa alegría, pero alertó de no baja la guardia. Seguir organizados, no permitir que se cambie el uso de la tierra. Se ganó una batalla, no la guerra. Existen muchas mañas del gobierno para continuar con sus planes de desarrollo inmobiliario apropiándose de territorios indígenas.

 Falta lo que falta. ¡Zapata vive, la lucha sigue!
 
 
 
 
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Avispa Midia

(Español) Miriam Miranda: “Estamos construyendo autonomía frente al capitalismo voraz”

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Fuente: Avispa Midia

Por Camila Parodi para la agencia de noticias BiodiversidadLA / Foto de portada por Marcha Noticias

El campamento “Wagueira Lee”, de la comunidad garífuna, está ubicado en la zona de Roatán, en Honduras. Es una recuperación comunitaria de tierras ancestrales que hace parte del proceso de supervivencia de la cultura y defensa de los territorios garífunas, contra el avance de la destrucción de la naturaleza y la vida. Entrevista a Miriam Miranda, Defensora de los Derechos Humanos y lideresa de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

La comunidad garífuna, que habita los territorios que preexisten al Estado hondureño, avanza firme en la recuperación de sus tierras ancestrales. Siglos de violencias y diferentes intentos de sometimiento se replican desde la conquista europea hasta la actualidad. Hoy, sus territorios rodeados de palmeras, selva, arena y agua cristalina, son codiciados por las empresas de turismo, así como por la industria palmera. Desde la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) denuncian amenazas permanentes.

Si bien en su plataforma electoral la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, habló sobre el respeto a las poblaciones indígenas del país centroamericano, las comunidades denuncian que, en los hechos, los atentados contra su soberanía territorial, cultural y política continúan. En ese marco, las comunidades garífunas organizan procesos de recuperación de la tierra para asentar a las nuevas generaciones y garantizar la supervivencia de su cultura ancestral.

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Desde el mes de septiembre, integrantes de la Aldea Garífuna del Municipio de José Santos Guardiola, en las Islas de la Bahía, comenzaron la recuperación de una parte de su territorio ancestral. La ocupación “Wagueira Lee” (que significa “Esta es tierra nuestra”) toma el nombre del primer asentamiento garífuna de la zona, tras ser expulsados de la isla de San Vicente en 1791.

El pasado 7 de noviembre, un comando integrado por militares y policías desalojó violentamente a quienes allí se encontraban y detuvieron a seis personas, acusadas del presunto delito de “usurpación”; todo esto, sin respetar el convenio 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ni la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos. Si bien el 25 de noviembre, las y los defensores obtuvieron el sobreseimiento definitivo, esta causa contra la recuperación “Wagueira Lee” evidencia la perspectiva que construye el Estado Hondureño sobre sus pueblos indígenas y los territorios que habitan.

La recuperación ancestral de los territorios por parte de las comunidades indígenas no es solo un derecho, sino que también es una acción constante de defensa de la vida, frente al modelo de muerte que insiste en mercantilizar y destruir la naturaleza. Los pueblos indígenas de toda la región construyen alternativas y nos enseñan, en sus prácticas cotidianas y de defensa de los territorios, que otra vida sin desigualdades, y en armonía con la naturaleza, es posible. Para conocer sus propuestas, la agencia de noticias BiodiversidadLA dialogó con Miriam Miranda, Defensora de los Derechos Humanos y lideresa de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

Hemos visto que, durante el gobierno de Xiomara Castro, los desalojos y violencias contra el pueblo garífuna persisten. ¿Cuál es su lectura ante esta situación?

La situación es muy compleja. En el caso del desalojo, vemos cómo el aparato de la justicia de este país protege los intereses de los empresarios, de la gente que tiene el poder y el control económico a nivel nacional e internacional. Este juicio lo mostró con mucha claridad, se ven los vicios de nulidad: la fiscal que ordenó la captura de los compañeros y compañeras no estaba facultada para hacerlo y mucho menos la policía.

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Nosotros y nosotras creemos que este es un contexto muy difícil para el pueblo garífuna, para los pueblos que luchamos por los territorios, porque el poder de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público se muestran permanentemente contra nosotros y a favor de los empresarios que nos quieren desplazar. Sin embargo, estamos decididos a seguir denunciando este tipo de hechos. A su vez, entendemos que la Presidenta, como la comandante en jefe tanto de la Policía como del Ejército, podría haber detenido ese desalojo. No se puede desmarcar la responsabilidad de este nuevo gobierno.

¿Por qué es importante escuchar y conocer la mirada del pueblo garífuna para comprender la historia de Honduras?

En nuestro país se dieron sucesivos golpes de Estado, aunque mucha gente no lo recuerde. Los pueblos garífunas, así como otros pueblos indígenas, vemos con claridad esa continuidad de amenazas contra nuestra soberanía territorial. No fue solamente el golpe del 2009, nosotros hemos vivido tres golpes de Estado sucesivos: en 2009 sacaron al Presidente de la República; en 2012, el Congreso Nacional dio un golpe contra la Corte Suprema de Justicia y sacaron a varios magistrados que se oponían al proyecto de muerte de las Ciudades Modelos, hoy conocidas como “Zedes”; y el golpe electoral que nos dieron en 2017, cuando Juan Orlando Hernández se impuso, a través de la bota militar, para seguir siendo Presidente de la República.

Con este escenario, es muy claro que estamos hablando de una destrucción de la institucionalidad; no se rompió solamente la construcción de esa democracia incipiente, sino que se generó un Estado fallido y es eso lo que se muestra en este momento. Nosotros sabemos que debe haber interdependencia entre los poderes del Estado pero, también, tiene que haber Justicia. Nosotros no queremos y no pretendemos que no haya interdependencia, que haya un solo gobierno que controle todos los poderes, porque así lo hizo Juan Orlando Hernández.

¿Cuál es la exigencia del pueblo garífuna en este contexto?

Nosotros estamos exigiendo que haya Justicia para los pueblos, porque eso fue lo que prometió la Presidenta. Hoy nos encontramos en una situación muy difícil para el pueblo garífuna, porque las empresas y el poder económico quieren avanzar sobre nuestros territorios.

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La situación es bastante grave porque son quienes controlan el país. Entonces, estamos entrando a una etapa diferente, porque quieren hacer desaparecer a nuestra comunidad. Nosotros hemos venido luchando y construyendo procesos genuinos y colectivos. Porque también, y quiero decirlo claramente, estos procesos supuestamente “democráticos” que se vienen impulsando por el actual gobierno atentan contra la vida del pueblo, contra la Soberanía Alimentaria y contra nuestra organización.

¿Cuáles son las propuestas cotidianas con las que OFRANEH construye alternativas a las planteadas por el gobierno?

Desde OFRANEH no defendemos solamente los derechos de los pueblos indígenas, mediante lo que es la movilización y la posibilidad de poder acudir a instancias internacionales. También estamos construyendo autonomía y autogestión comunitaria frente al capitalismo voraz, que destruye la naturaleza. En ese contexto, nosotros hemos construido el primer proceso para la producción masiva de cocoteros, en un territorio donde tenemos a nuestro alrededor las palmas africanas. Tenemos ese proceso comunitario no solamente para recuperar la dieta alimenticia del pueblo garífuna, sino también para generar autonomía y fortalecer la Soberanía Alimentaria, y que las comunidades puedan producir sus propios alimentos. Eso es lo que estamos haciendo ahora en la zona de Vallecito, un proyecto que no sólo produce coco conífera, sino que también lo estamos combinando con la producción de tubérculos, como la yuca, que es la base alimenticia del pueblo garífuna.

Las comunidades indígenas ponen la vida en el centro. Por eso es imprescindible, sobre todo frente a una crisis climática sin precedentes, conocer sus expresiones y propuestas de organización y vida social. ¿Qué lectura hacen de la crisis climática desde el territorio garífuna y cuáles serían las propuestas reales que podrían ponerle un freno?

No podemos perder de vista que este modelo y este sistema capitalista acumulador pone el capital por sobre la vida humana. Está poniendo en riesgo a toda la humanidad, y eso lo sabemos muy bien. Atenta contra la alimentación, la salud y las necesidades básicas del pueblo, ya que se han convertido en mercancías. La persona que tiene dinero puede tener acceso a la salud. Se pone en riesgo la vida humana porque la salud se ve como una mercancía, se ha generado una industria farmacéutica acumuladora de capital que pone al negocio por sobre la salud, que es un derecho humano.

Por eso, nosotras y nosotros creemos que son un fracaso absoluto las Cumbres Climáticas que se han venido dando, porque no solamente no se toman decisiones para reducir la emisión de gases y la polución, sino que tampoco se toman decisiones radicales que permitan hacer respirar al planeta. Para nosotras y nosotros hay que trabajar sobre el consumo desmedido de todo lo que daña el planeta y la naturaleza, como el plástico, por ejemplo. Si no se toman decisiones radicales y se sigue poniendo al capital por sobre la salud humana, vamos a perecer y a desaparecer como humanidad, pero la tierra se va a regenerar.

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Avispa Midia

(Español) Oaxaca, el estado más peligroso para defensores de derechos humanos en México

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En portada: Miembros de la comunidad de El Rebollero participan en un homenaje al activista Samir Flores, asesinado en 2019. Los pobladores zapotecas resisten ataques de paramilitares que pretenden abrir paso a la minería en San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca. Foto: Santiago Navarro F.

El estado de Oaxaca se ha convertido en el estado más peligroso para las y los defensores de derechos humanos en el país. Con un registro de 34 crímenes, las agresiones en el estado al sur de México provienen principalmente de autoridades locales.

Según la organización Servicios para una Educación Alternativa, la mayoría de los ataques sucedieron en las regiones Costa y Mixteca, en un contexto de “violencia alimentada por la complicidad entre poderes fácticos y autoridades locales (emanados de todos los partidos y también del sistema normativo interno)”.

Destacan las agresiones contra defensores que estaban involucrados en procesos de defensa del territorio frente a inversiones y proyectos de desarrollo. De acuerdo a la organización, el 91% de los defensores violentados pertenecía a un pueblo indígena.

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Estos homicidios corresponden al periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a partir de diciembre de 2018 y hasta noviembre del 2022, años en los que se registraron 141 asesinatos de personas. De las víctimas se desprende que 19 eran mujeres, 8 personas de la diversidad sexual, así como 114 hombres.

Estados de la misma región al sur de México también muestran un alto nivel de agresiones contra defensores. En Guerrero sucedieron 25 asesinatos y en Chiapas se registraron 14 homicidios. Destaca también el estado de Chihuahua, al norte del país, con 10 personas defensoras asesinadas en ese mismo lapso.

A los homicidios defensores de derechos humanos se suma la desaparición de 17 personas en los mismos cuatro estados.

“En 2021, en Chihuahua hubo 10 personas desaparecidas, siete indígenas yaquis y tres trabajadores de ranchos. En Guerrero, Vicente Suástegui lleva más de un año desaparecido. Y en Oaxaca no se sabe nada de Claudia Uruchurtu, desparecida en de Nochixtlán, ni de cuatro defensores del bosque de San Esteban Atatlahuca, incluida la ambientalista Irma Galindo”, contextualiza la organización mediante comunicado de prensa.

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De la violencia a nivel nacional, los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Chihuahua suman a más de la mitad de asesinatos, ejecuciones y desapariciones de personas defensoras de derechos humanos.

“Es importante mencionar que, la gran mayoría de los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales ha quedado en total impunidad, por lo que el ciclo vicioso de la violencia se sigue acelerando”, enfatiza la organización de derechos humanos.

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Avispa Midia

(Español) Honduras sigue los pasos de El Salvador y declara estado de excepción

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El gobierno de Xiomara Castro, en Honduras, decretó estado de excepción en el país a partir del día 6 de diciembre, extendiendo por 30 días. La decisión fue justificada por las autoridades hondureñas como una medida para enfrentar la situación de inseguridad actual que vive el pueblo hondureño.

Por medio de un decreto, la presidenta de Honduras suspende seis derechos garantizados en la Constitución del país, entre ellos la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión, y la inviolabilidad del domicilio.

El estado de excepción rige sobre los municipios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde 89 y 73 barrios respectivamente están siendo intervenidos. En un primer momento 600 policías fueron desplegados. A lo largo de los días, la cantidad de efectivos involucrados en los operativos, incluidos oficiales de la policía militar, ascenderá a 20 mil, organizados en turnos rotativos.

Diversas organizaciones en Honduras han manifestado su rechazo a la decisión presidencial.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) sostuvo que un estado de excepción en manos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de Honduras, “ejes fundamentales del golpismo y el régimen de Juan Orlando Hernández (expresidente del Honduras), y que no han sido reformados ni refundados, otorga más poder a instituciones que han demostrado su captura por estructuras mafiosas y criminales y que pone en riesgo la protección y seguridad del pueblo hondureño”.

De acuerdo con la organización, la lucha contra la inseguridad debe pasar por desestructurar las finanzas de grupos criminales que pasan por los bancos nacionales, así como sus vínculos con terratenientes y grupos de poder, así como con las mismas fuerzas de seguridad del Estado. “La historia nos ha demostrado que las políticas de seguridad con un enfoque represivo generan graves violaciones a los derechos de las comunidades pobres en manos de estructuras mafiosas y criminales de la Policía y el Ejército”, señala Copinh en un comunicado.

Recuerdan que la estructura criminal que realizó el operativo de asesinato de Berta Cáceres surgió desde el interior de las Fuerzas Armadas de Honduras, en especial el 15to batallón del ejército y estas estructuras siguen impunes.

Para la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras, el estado de excepción “es una respuesta racista que discrimina y estigmatiza la pobreza, que afecta directamente a las mujeres, niñez y grupos más vulnerables de los barrios y colonias a los que han aplicado esta medida”.

La asamblea sostiene que el estado de excepción no es un plan integral para los problemas de las Maras en Honduras ni en otro país de Centroamérica. “Nosotras sabemos que las maras no se crearon en nuestra región fueron importadas desde Estados Unidos resultado de la exclusión social, crecimiento urbano rápido y sin planificación, inmigración desordenada, extrema pobreza y falta de oportunidades, a las que se añaden xenofobia y racismo”.

La demanda de Copinh es que el Gobierno de Castro genere una política integral de seguridad ciudadana, que garantice el respeto de los derechos humanos y la eliminación de las estructuras criminales económicas y empresariales que sostienen los fenómenos de los grupos ilegales armados que azotan al pueblo de Honduras.

El Salvador

La Oficina en Washington para Asunto Latinoamericanos (Wola) hizo un llamado público para que Honduras no siga los pasos de Guatemala y El Salvador, quienes han gobernado bajo estados de emergencia o regímenes de excepción nacionales o focalizados sin velar por el respeto a los derechos humanos, especialmente de la población más vulnerable como las mujeres y los pueblos garífunas e indígenas.

La decisión de Honduras sigue a la deEl Salvador, donde este marzo el presidente Nayib Bukele dispuso la misma medida a fin de reducir los crímenes de las pandillas.
Desde entonces, ya se han aplicado ocho extensiones del decreto y se ha capturado a más de 58 mil personas.

Organizaciones y familiares de los detenidos han denunciado diversas violaciones de derechos humanos y arrestos sin fundamentos.

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UNIFICACIÓN DE PUEBLOS Y COLONIAS CONTRA LA MINERÍA EN MORELOS

(Español) Toda nuestra solidaridad a los pueblos Nahuas de Xochimilco y Milpa Alta

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AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA
AL CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LAS REDES DE RESISTENCIA UAN REBELDIA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y DIGNOS
A LAS ORGANIZACIONES DE LUCHAS DIGNAS
A LOS PUEBLOS DE MORELOS
A TODOS LOS PUEBLOS DE MÉXICO

Viernes 09 de diciembre de 2022.

Nosotras y nosotros los pueblos originarios de las comunidades nahuas del Estado de Morelos, descendientes de los Xochicalcas y los Tlahuicas, que formamos parte de UNIFICACIÓN DE PUEBLOS Y COLONIAS CONTRA LA MINERIA EN MORELOS, NOS PRONUNCIAMOS EN CONTRA DE LA REPRESIÓN que están padeciendo nuestras hermanas y hermanos que luchan por la vida, por el agua y por el territorio.

Nosotros los pueblos indígenas, originarios de este territorio llamado México, somos quienes hemos cuidado a la madre tierra para que siga existiendo el agua, la fauna y la flora en nuestros territorios, nosotras y nosotros amamos y veneramos la madre tierra para que siga existiendo la vida.

Nuestra lucha por nuestra existencia a lo largo de estos más de 500 años ha sido de resistencia, y hoy en día no es la excepción, exigimos a los tres órdenes de gobierno municipal, estatal y Federal que cese el hostigamiento y represión hacia nuestras hermanas y hermanos nahuas, que los gobiernos respeten las leyes nacionales como es el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes internacionales como el Convenio 196 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de los derechos de los Pueblos Indígenas, donde señalan los derechos colectivos a la autonomía y a la libre determinación de pueblos indígenas, porque solo nosotras y nosotras los pueblos originarios tenemos derecho a decidir sobre nuestros territorios ancestrales.

Los pueblos originarios e indígenas decimos ¡NO AL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO BARRIAL!, QUE PRETENDE DESPOJAR EL AGUA A LOS PUEBLOS DE XOCHIMILCO Y MILPA ALTA, ¡NO A LA MODIFICACIÓN DEL CAMBIO DE USO DE SUELO DE CONSERVACIÓN A SUELO RURAL HABITACIONAL!, lo que amenaza la continuidad de su vida colectiva comunitaria como pueblos originarios.

POR ESTO, NOS SUMAMOS A LA EXIGENCIA PARA QUE SE CANCELE EL PLAN DE DE SARROLLO Y ORDENAMIENTO BARRIAL Y QUE CESE LA REPRESIÓN EN CONTRA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE XOCHIMILCO Y MILPA ALTA.

¡UNIFICACIÓN DE PUEBLOS Y COLONIAS CONTRA LA MINERÍA EN MORELOS!
¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA Y EL CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO CIG!
¡FUERA MILITARES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE XOCHIMILCO Y MILPA ALTA!
¡FUERA EJÉRCITO REPRESOR DEL PUEBLO EN NUESTROS TERRITORIOS!
¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTRAS Y NOSOTROS!
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Avispa Midia

(Español) México: Anuncian grupo de élite de la Guardia Nacional para operaciones de alto impacto

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Este lunes (5), mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el comandante de la Guardia Nacional (GN), Luis Rodríguez Bucio, anunció la entrada en operaciones de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI).

Según argumenta Bucio en el acuerdo, el establecimiento de la FERI responde a la necesidad de mejorar el funcionamiento de la GN para ejecutar operaciones de alto impacto en funciones de seguridad pública, destacando su responsabilidad de “garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social en el territorio nacional”.

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La unidad de élite de la GN está compuesta por 500 elementos y su mando operativo lo ejercerá el Comandante de la Guardia Nacional a través de la Jefatura General de Coordinación Policial, órgano técnico quien realiza la coordinación operativa, logística y administrativa de las unidades de dicha institución.

Entre las facultades de la FERI destaca el resolver situaciones de alto riesgo; traslado de reos de alta peligrosidad y proporcionar seguridad en eventos especiales (reuniones de alto nivel, eventos diplomáticos, culturales y/o deportivos de carácter internacional) y a altos funcionarios.

Otras de sus atribuciones son las de brindar apoyo a las autoridades ministeriales para la cumplimentación de órdenes de detención y técnicas de investigación (cateos); así como llevar a cabo operaciones sorpresivas y de corta duración en zonas urbanas de alta incidencia delictiva.

Según ha documentado este medio, organizaciones sociales y civiles, así como expertos en materia de seguridad, han alertado sobre la profundización de la militarización de la seguridad pública en México.

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Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), remarca que el poder de las Fuerzas Armadas en México se ha incrementado a niveles hasta hace poco impensables. “Más de 10 cambios legales recientes otorgan mayor poder al Ejército sin que a la par se estén diseñando controles civiles externos robustos para la rendición de cuentas y sin que la Suprema Corte de Justicia de la Nación priorice la resolución de los asuntos pendientes que están bajo su análisis respecto de este tema. En este 2022 que acaba se añadieron dos reformas adicionales, de muy hondo calado: la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena y la ampliación hasta 2028 de la intervención de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública”, sostiene para medios nacionales.

La reacción ante estas reformas repercutió incluso en organismos supranacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quien envió una carta para solicitar al gobierno mexicano frenar los cambios legislativos por considerarlos “inconstitucionales”.

“El avance de estas iniciativas significa un ataque en contra del principio de supremacía constitucional”, sostuvieron los expertos de Naciones Unidas, quienes también acusaron que las reformas recién aprobadas autorizan “abiertamente” a las Fuerzas Armadas a desobedecer la constitución.

Contradicciones

Por otra parte, el mismo lunes (5) se difundió el decreto por el cual se aprueba el Programa Nacional de Seguridad Pública (PNSP) para el periodo 2022-2024.

En el documento se establece como eje principal de la estrategia, “cambiar el paradigma de seguridad que ha imperado en sexenios anteriores”, pues considera que necesita incorporar enfoques transversales para dirigirse a la raíz de la “aguda crisis que enfrenta el país en esta materia y a la plena incorporación de la perspectiva de respeto a las libertades y a los derechos humanos”.

En el análisis de la situación de seguridad actual, el PNSP argumenta que la llamada “guerra contra el crimen organizado” de administraciones pasadas no mejoró las condiciones de paz en el país y, al contrario, resultó en más de 240 mil víctimas de homicidios dolosos y otros fenómenos como la desaparición forzada de personas.

Pese a este escenario, el mismo PNSP establece que una de las metas para lograr la “pacificación” del país es la necesidad de “contar con la presencia de la GN en todo el territorio para coadyuvar en acciones de seguridad que impacten en la contención de la delincuencia y la violencia en las regiones del país”.

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Más aún, en el recién PNSP aprobado, se suman otras atribuciones a los elementos de la GN. Es el caso de la coordinación entre esta corporación policiaca-militar con otras instituciones de seguridad para reforzar la vigilancia dentro y fuera de los centros penitenciarios federales.

El PNSP también promueve la consolidación de la Unidad Policial Especializada en la Investigación del lavado de dinero (Guardia Financiera), la cual se argumenta en el documento que permitirá “debilitar los esquemas financieros de las organizaciones criminales”.

Cabe destacar que, a pesar de su creación en 2019, el PNSP reconoce que la GN aún mantiene pendiente la implementación de “mecanismos de supervisión de la actuación policial para evitar actos de corrupción y garantizar su desempeño con respeto a los derechos humanos”.

Entre las acciones aún por concretar que se desprenden de esta estrategia se encuentran la implementación de mecanismos de denuncia ciudadana para reportar actos de corrupción en la Guardia Nacional, así como atender las recomendaciones y sentencias emitidas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

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De acuerdo a registros de la GN, a diciembre del 2020 sus elementos se encontraban desplegados en 200 regiones del país. Conforme a lo establecido en el PNSP 2022-2024, “como parte de la estrategia para la pacificación del país”, la meta es que sean desplegadas unidades en 66 regiones adicionales de mayor incidencia delictiva, en las cuales se establecerán unidades de la GN, y serán las áreas geográficas que servirán de base para su despliegue en el territorio nacional.

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(Español) Guatemala | Mayas en resistencia contra palma africana son atacados por fuerza policial

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Fuente: Avispa Midia

Las fuerzas de seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala realizan este martes (6), un desalojo en la comunidad de Chapín Abajo, El Estor, Izabal, en donde se reporta una persona fallecida por arma de fuego, se trata de Lisbin Neftalĺ Quileb Pec, de 16 años, maya Q’eqchi.

Autoridades indígenas reportaron que las fuerzas de seguridad portaban armas y fusiles, además del equipo antimotines que rodeaba el lugar.

El medio Prensa Comunitaria dio a conocer que la comunidad fue sitiada por elementos de la PNC y el ejército, desde la madrugada con 25 órdenes de allanamiento en contra de las Autoridades Ancestrales Q’eqchi’.

Además, confirma un saldo de varias mujeres detenidas, dos heridas, una de ellas en el hospital, y una persona desaparecida. Según relatos de los comunitarios, entre los detenidos están Alba María Choc, esposa de una autoridad ancestral, y su hijo de 9 años de edad.

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La operación es promovida por la empresa aceitera NaturAceites, denuncian autoridades ancestrales. Los moradores defienden su territorio del monocultivo de palma de aceite, en tanto el gobierno de Guatemala insiste en que se trató de un operativo para recuperar armas robadas hace un año.

Apenas en octubre pasado, hubo otro operativo en el cual la Policia Nacional intentó ejecutar tres allanamientos y 20 detenciones en la comunidad de Chapín Abajo. En aquella ocasión intentaron detener a comunitarios que participaron en la resistencia antiminera en la región, mientras otros son acusados por la empresa NaturAceites del delito de usurpación agravada.

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Naturaceites, la productora de palma africana que comercializa el aceite Capullo, figura como denunciada en nueve expedientes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. La corporación ha sido acusada de ocasionar la muerte de centenas de peces con los desechos que producen sus monocultivos. También ha sido señalada de empezar proyectos sin contar con instrumentos de evaluación del impacto ambiental.

La empresa opera en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Petén y Escuintla; distribuye sus productos en México, Estados Unidos y República Dominicana y ha sido proveedora de empresas como Nestlé y Unilever.

A finales de 2021 fue impuesto un estado de sitio en El Estor, luego de que las autoridades reprimieran violentamente protestas de comunidades maya Q’eqchi’ para impedir el paso de vehículos cargados de carbón de la empresa minera Fénix, pese a que su operación fue declarada inconstitucional.

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CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

(Español) Solidaridad total con los pueblos originarios de Xochimilco y Milpa Alta: Consejo Supremo Indígena de Michoacán

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El agua es vida, y la vida se defiende Solidaridad total con los pueblos originarios de Xochimilco y Milpa Alta: Consejo Supremo Indígena de Michoacán

SOLIDARIDAD TOTAL CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE XOCHIMILCO Y MILPA ALTA

AL PUEBLO DE MÉXICO Y MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
AL ESTADO MEXICANO

Comunidades P’urhépecha a 6 de diciembre de 2022.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM; Consejo libre y autónomo de los pueblos originarios de la entidad, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas; Asamblea general autoridades indígenas, conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades originarias, manifestamos colectivamente lo siguiente:

El #CSIM se pronuncia en apoyo a los Pueblos Originarios de la Ciudad de México, que hoy defienden su derecho al territorio y a decidir sobre el uso y aprovechamiento de los bienes comunales. Están ejerciendo su derecho fundamentado en los tratados internacionales y el artículo 1ro de nuestra carta magna.

El llamado “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Barrial», pretende despojar del agua a los pueblos de Xochimilco y Milpa Alta, además de modificar el cambio de uso de suelo de conservación a suelo rural habitacional. Lo anterior, amenaza la continuidad de su vida colectiva como pueblos y la desarticulación como sujetos de derechos.

Nos sumamos a la exigencia de la cancelación de dicho plan y cese la represión por parte de los cuerpos de seguridad capitalina. Exigimos respeto al pueblo de San Gregorio Atlapulco. Respeto al territorio, a la vida comunitaria, a los bienes comunes y a la libre autodeterminación y autonomía.

Solidaridad total con los pueblos originarios de Xochimilco y Milpa Alta.

 

¡VIVA JUCHÁRI UINÁPEKUA!

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI

JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

radio
Radio Zapote

(Español) Comunicado de la comunidad originaria de Milpa Alta contra la imposición del Programa general de ordenamiento territorial y el Plan de desarrollo de la CDMX

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A las mujeres y hombres que luchan
A lxs ciudadanxs conscientes de la Ciudad de México
A los medios de comunicación

Ante el capricho del Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum y la política partidista de despojo, destrucción y violencia con la que pretenden imponer el Programa General de Ordenamiento Territorial y el Plan General de Desarrollo de la CDMX, NOSOTRXS NAHUAS, COMUNERXS, VECINXS Y RESIDENTES DE LOS DOCE PUEBLOS DE MILPA ALTA RECHAZAMOS Y DESCONOCEMOS LA SIMULACIÓN DE CONSULTA QUE PRETENDEN REALIZAR EN NUESTROS PUEBLOS, EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2022 Y LA IMPOSICIÓN QUE PRETENDE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD.

Denunciamos las prácticas corruptas y rapaces que el Instituto de Planeación, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de los PILARES y a la Alcaldía Milpa Alta han realizado en nuestras comunidades, engañando, intimidando y condicionando la permanencia en los Programas Sociales a cambio de aprobar un Ordenamiento Territorial que no ha sido debidamente informado y construido con quienes habitamos Milpa Alta y la ciudad toda.

Los doce pueblos de Milpa Alta: Atocpan, Miacatlán, Ohtenco, Tepenahuac, Tecoxpa, Tlacotenco, Tlacoyucan, Oztotepec, Villa Milpa Alta, Xicomulco, Cuauhtenco y Tecomitl decimos NO al Programa General de Ordenamiento Territorial y Plan General de Desarrollo, porque sabemos que nos condena al despojo de nuestra Tierra y Territorios. Decimos NO a la destrucción de nuestras vidas. Decimos NO al saqueo de nuestros recursos. Decimos claro y fuerte que ¡A nuestra Madre Tierra con sangre la vamos a defender!

Decidamos la ciudad que queremos, con información oportuna, precisa y consensuada en todos y cada uno de nuestros pueblos. Decidamos desde nuestra experiencia cotidiana cómo queremos ordenar nuestros territorios, decidamos desde el caos que vivimos todos los días para dónde podemos crecer, decidamos entre todxs hasta dónde nos alcanzan nuestros recursos, particularmente el agua. Decidamos todxs por una vida digna para todxs. Para decidir la ciudad que queremos, EXIGIMOS AL GOBIERNO DE LA CIUDAD RESPETO A LA AUTONOMÍA Y LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS, CON APEGO A LOS LEYES NACIONALES E INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS E INDÍGENAS.

Invitamos a todos los pueblos y barrios originarios de la Cuenca del Anáhuac a manifestarse CONTRA EL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL en los centros donde se llevará a cabo la supuesta consulta, el día de mañana sábado 3 de diciembre, a partir de las 09:30 horas, y RECHAZAMOS LOS RESULTADOS DE LAS CONSULTAS REALIZADAS EN LOS PILARES DE MIACATLAN, XICOMULCO, TLACOYUCAN Y TECOMITL, PORQUE SE REALIZARON A LOS USUARIOS MENORES DE EDAD SIN PREVIO AVISO, SIN INFORMACIÓN Y DE FORMA AMAÑADA.

Los pueblos de Milpa Alta nos solidarizamos y repudiamos la represión que sufren nuestrxs hermanxs de San Gregorio Atlapulco, a manos de granaderos y grupos de choque del alcalde José Carlos Acosta.

Desde Milpa Alta apoyamos la lucha legítima del pueblo originario de Atlapulco y demandamos que la alcaldía de Xochimilco, SacMex y el Gobierno de la Ciudad cesen la represión y salgan de San Gregorio las fuerzas represoras del Gobierno de la CDMX.

PUEBLOS HERMANOS DEL SUR: SI TOCAN A UNO NOS LEVANTAMOS TODOS???

radio
Avispa Midia

(Español) Periodistas salvadoreños demandan a fabricante del programa espía Pegasus

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En portada: Entre junio de 2020 y noviembre de 2021, periodistas de El Faro fueron víctimas de espionaje telefónico a través del software espía Pegasus, desarrollado por NSO Group.

El pasado miércoles (30), un grupo de 15 periodistas miembros de El Faro, periódico digital salvadoreño, presentó una demanda ante un tribunal federal de los EEUU contra NSO Group, empresa israelí creadora del programa de vigilancia malicioso conocido como Pegasus.

Representados por el Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia, los periodistas señalan que, durante junio del 2020 y noviembre del 2021, mediante dicho programa se realizaron infiltraciones a sus dispositivos móviles con el objetivo de rastrear sus conversaciones y movimientos de forma secreta.

Mediante comunicado de prensa, el instituto destacó que este caso es el primero presentado por periodistas contra NSO Group en los tribunales de Estados Unidos. En su comunicación, también detallan que, en los últimos años, el programa espía de la empresa israelí se ha utilizado en regímenes autoritarios y de vulneración de derechos de todo el mundo para atacar a periodistas, activistas de derechos humanos y disidentes políticos.

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Para Carlos Dada, cofundador y director de El Faro, estos ataques fueron un intento para disuadirlos de realizar sus labores periodísticas. “Presentamos esta demanda para defender nuestro derecho a investigar e informar, y para proteger a los periodistas de todo el mundo en su búsqueda de la verdad”, declaró el periodista salvadoreño.

Pegasus es capaz de infiltrarse en teléfonos inteligentes sin ser detectado y tras ello brinda información a los operadores del programa espía sobre las listas de contactos, información de calendario, mensajes de texto, correos electrónicos, historiales de búsqueda, geolocalización, etc.

El 24 de septiembre del 2022, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dedicó parte de su conferencia para descalificar a El Faro e indicó que Hacienda investigaba al periódico por evasión de impuestos y lavado de dinero.

Acorde a la demanda, los ataques con el programa espía contra El Faro son parte de una acción mayor en contra de otros medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil salvadoreña en la que se contabilizan, al menos, infiltraciones a los dispositivos de 35 personas y nueve organizaciones.

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El periódico digital, con sede en El Salvador, destaca por su trabajo de periodismo de investigación sobre temas de derechos humanos, desigualdad, violencia y corrupción gubernamental. Por su parte, NSO Group, con sede en Israel, desarrolla programas espía que comercializa con gobiernos a nivel mundial, incluidos aquellos que han estado implicados en graves abusos de derechos humanos.

La demanda argumenta que, con sus acciones, NSO Group violó diferentes leyes estadounidenses como la Ley de Fraude y Abuso Informático y la Ley Integral de Fraude y Acceso a Datos Informáticos de California.

En la demanda se detalla que, para que NSO Group pudiera desarrollar Pegasus, sus miembros accedieron a servidores propiedad de empresas tecnológicas estadounidenses, entre ellas Apple Inc, ubicada en Cupertino, California. “Los acusados accedieron a los servidores de Apple para identificar y explotar vulnerabilidades en el software y los servicios de Apple, para permitir la entrega de Pegasus a los iPhones de los objetivos”, se lee en la documentación que integra la demanda.

Cabe recordar que, en noviembre de 2021, Apple demandó a los desarrolladores de Pegasus desde EEUU, afirmando que, a través del desarrollo y despliegue del software espía, habían explotado el software y los servicios de Apple, dañado su negocio y buena voluntad, y perjudicado a sus usuarios.

“El uso de programas espía para vigilar e intimidar a periodistas representa una amenaza en verdad urgente para la libertad de prensa”, sostuvo la abogada Carrie DeCell. La litigante del Knight First Amendment Institute también exigió a los tribunales estadounidenses cumplir con su deber en garantizar que los desarrolladores de programas espía rindan cuentas de sus acciones cuando estas violen la legislación de los Estados Unidos, como argumenta que ocurrió en las infiltraciones contra los miembros de El Faro.

La demanda presentada por los periodistas exige que NSO Group identifique, devuelva y borre toda la información obtenida mediante estos ataques; la prohibición a la empresa israelí para utilizar Pegasus de nuevo contra los demandantes, así como la identificación del cliente que ordenó las infiltraciones contra el medio digital.

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“NSO Group y otros desarrolladores mercenarios de programas espía están suministrando a los gobiernos autoritarios las herramientas para sofocar la disidencia y aplastar la libertad de prensa”, señaló Jameel Jaffer, director ejecutivo del Knight Institute.

Por su parte, Ron Deibert, profesor de Ciencias Políticas y director del Citizen Lab, organismo que identificó 226 infecciones de Pegasus en los dispositivos utilizados por los empleados de El Faro, declaró que este tipo de litigio puede contribuir a “disuadir este desprecio insensible por los derechos humanos tanto por parte de NSO Group como de todas las empresas de la industria mercenaria de programas espía”.