^{Participantes de la caravana “El Sur Resiste” durante su paso por Candelaria, Campeche. Foto: David Muñoz}

Organizaciones sociales, comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes del sureste mexicano cuestionaron a la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre la próxima inauguración de tres tramos del “tren maya”, prevista para el viernes (15) en Campeche.

A través de una conferencia de prensa, miembros de la red “El Sur Resiste”, contrapusieron las diversas afectaciones provocadas por el que catalogan como “megaproyecto de muerte” y que atraviesa sus territorios violando sistemáticamente derechos de los pueblos.

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Comunidades y organizaciones de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y Campeche se pronunciaron “en contra del megaproyecto militar interconectado Tren Maya/Corredor Interoceánico”, así como con la consolidación de otras infraestructuras asociadas en la región.

“Sus obras ferroviarias porfirianas, la modernización de sus puertos y aeropuertos, su carretera ‘La Puerta al mar’ atravesando la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, sus gasoductos transportadores de gas fracking – ‘La Puerta del Sureste’ y otros más – y su refinería Dos Bocas”, describieron mediante comunicado sobre el reordenamiento proyectado en el sureste mexicano.

Sostuvieron que esta infraestructura incluye parques eólicos empresariales y corredores industriales, que despojan los territorios en el istmo de Veracruz y Oaxaca, y además, “contaminan nuestras aguas, aires y tierras y acaban con nuestras formas de vida – que todavía son alternativas al desastre planetario”.

Resistencias

En la rueda de prensa participaron organizaciones articuladas en la red “El Sur resiste”, quienes integraron la caravana con el mismo nombre y que recorrió los siete estados sureños durante abril y mayo de este 2023.

En su participación, Ileana May, del Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’baloon-(Quintana Roo), destacó la afectación a los flujos hídricos por las obras de “Puerta al mar”. Este es un proyecto complementario al tren maya que consiste en una carretera asfaltada de 22 kilómetros que atraviesa la Reserva de la Biosfera de Sian Kan. May señaló que la incentivación de esta obra proviene del sector turístico y da entrada a la especulación inmobiliaria.

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La joven enfatizó los conflictos sociales con el incremento de la presencia militar en la base que integra el nuevo aeropuerto en Tulum. También sostuvo que existen problemas comunitarios, como en el caso de incumplimientos de pagos por parte de los ejidatarios con las comunidades.

Julio Garduño, de Tabasco, detalló las afectaciones al ambiente por el impulso a la industria petrolera. Por ejemplo, con la construcción de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, que destruyó hectáreas de manglares y sepultó vasos reguladores de la zona, lo que agrava los problemas de inundaciones en la región.

También con la instalación de pozos petroleros desde el municipio de Cárdenas hasta la zona de los pantanos de Centla, donde se encuentra la comunidad de El Bosque, recientemente desplazada por el incremento del mar que devoró al pequeño pueblo pescador.

De acuerdo a Garduño, a la indiscriminada instalación de pozos, cercanas a zonas habitadas, se suma que Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de la petrolera china Sinopec, ha estado realizando una serie de exploraciones sísmicas en las comunidades de la zona de La Chontalpa, que abarca los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán y Paraíso.

“Ha sido un proceso muy invasivo, pero nos preocupan las siguientes etapas a partir de lo que encuentren, con un Pemex en decadencia, con una crisis financiera e infraestructura deteriorada”, sostuvo.

Gemaly Padua, integrante del colectivo Altepee y del proceso de articulación de la Sierra de Santa Marta advirtió que las comunidades del sur de Veracruz defenderán el agua de sus manantiales y ríos frente a la proyección gubernamental de utilizarlos para abastecer los parques industriales del Corredor Interoceánico.

Recientemente, la Secretaría de Marina (Semar) difundió las adjudicaciones para cinco Polos de Desarrollo del Bienestar (Podebi) que integran al Corredor Interoceánico. La portuguesa Mota-Engil tendrá dos parques, en Coatzacoalcos y Salina Cruz; Grupo Constructor Urcedic obtuvo la de San Juan Evangelista y el consorcio Profharmax y Transportadora Comexsa, en Texistepec.

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En el sur de Veracruz, sostuvo que no permitirán la privatización de las tierras mediante el “dominio pleno” que busca convetir la propiedad social en privada. “Mantendremos el régimen social de nuestras tierras, ejidales y comunales heredadas de nuestros padres abuelos y ancestras”, señaló.

Padua también se posicionó contra la explotación mineral y de hidrocarburos, como con la construcción del gasoducto marino “Puerta al sureste”, de la canadiense TC Energy, que amenaza zonas arrecifales del Golfo de México.

“Estamos en contra de este supuesto progreso y desarrollo que sólo viene a perjudicarnos a los pueblos a enriquecer, los dueños de las grandes empresas extranjeras y aumentar el calentamiento global que nos pone a la humanidad y a miles de especies animales y vegetales en peligro de extinción, porque luchamos por la vida”, compartió.

Brian Arizmendi, del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), en Campeche, advirtió sobre el cerco mediático alrededor de las afectaciones del megaproyecto militar del “tren maya”. Aseguró que, pese al sesgo, ejidatarios se han movilizado para reclamar por el irrespeto a los acuerdos con Sedena, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Registro Agrario Nacional (RAN).

Además, señaló que el tren modifica la relación con el territorio, como sucede en la Reserva de la Biosfera de Calakmul. Contextualizó que ahí el Estado mantiene una deuda de más de 30 años sin poder titular a comunidades y ejidos, mientras a la par construye un hotel militar dentro del área protegida.

“Ya estamos hartos del involucramiento del ejército en las dinámicas de la comunidad”, reclamó en relación a la creciente militarización de la zona. En el marco de la inauguración del tren, recordó que existe una orden judicial incumplida por la Sedena para que se abstenga de realizar más construcciones. También denunció que existen “más de 100 muertos en esta región a causa de las obras”.

Corredor Interocéanico, un mismo proyecto

Mediante comunicado denunciaron la criminalización y hostigamiento en contra de las comunidades oaxaqueñas de Puente Madera, de Santa María Mixtequilla y de Mogoñe viejo, así como contra organizaciones de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y del territorio (APIIDTT) y de la Unión de comunidades indígenas de la zona Norte del Istmo (UCIZONI).

En este escenario, exigieron la cancelación de ordenes de aprehensión y de procesos penales en contra de las personas que resisten contra los polos de desarrollo “que quieren imponer en sus territorios y contra el intento de desalojo de terrenos a la orilla de las vías del tren interoceánico”.

Es el caso de David Salazar, miembro de la comunidad binizaá de Puente Madera quien, de acuerdo a la APIIDTT está siendo acusado con delitos fabricados. “Claramente responde a esta serie de actos, por parte del gobierno del estado de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara Cruz, por parte del gobierno federal, las instancias que le corresponden al Corredor Interoceánico y claramente por parte de los interesados de los grupos políticos vinculados al crimen organizado en la región”, señaló Mario Quintero, de dicha organización.

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Según las organizaciones, se está empezando a definir el marco industrial que va a establecerse en la región de la zona planicie costera, desde el istmo oaxaqueño hasta Tapachula, en la frontera entre Chiapas y Guatemala. “Un gran proyecto de infraestructura en manos de la agenda de Estados Unidos, económica y migratoria”, sostuvo Quintero.

Por su parte, Paulette Hernández, del Consejo Autónomo de la Costa de Chiapas compartió que meses después del paso de la caravana El Sur Resiste, la Semar inició trabajos para la rehabilitación de las vías férreas que conectan a la costa chiapaneca con Centroamérica.

Acorde a Hernández, esta situación ha provocado desalojo, despojo y amenazas a las personas que habitan las comunidades de las diferentes regiones costeras, desde Arriaga hasta Tapachula.

“Les están prometiendo a cada habitante que vive cerca de las vías 36 mil pesos, cuando la vivienda cuesta más”, denunció la defensora de derechos humanos quien destacó que los ingenieros de la Semar pretenden ampliar el derecho de vía a 20 metros a la par del trazo férreo.

Para Hernández es grave la situación provocada por las obras relacionadas al Corredor Interoceánico pues también incluyen infraestructura carretera que conectará la zona de Pijijiapan hacia Palenque, vinculándose con el “tren maya”.

“Vemos como la devastación, el ecocidio que están haciendo es enorme (…) también el aumento de la violencia a través del crimen organizado”, señaló en relación con el aumento en las desapariciones de mujeres, jóvenes y niños en la región costa de Chiapas.

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“Vemos como en este tiempo de la cuarta transformación ha incrementado, no solo las desapariciones, no solo la violencia, sino también el despojo. Nos quieren quitar el territorio que ha sido parte de nosotros toda la vida y no estamos dispuestos a ceder”, sostuvo.

Para las organizaciones y comunidades el “tren militar mal llamado maya” representa la exacerbación ultraneoliberal del sistema capitalista “causante de tantas guerras pasadas, actuales y futuras y de la miseria y sufrimiento de tanta gente, y que solo beneficiara a los dueños de las grandes empresas trasnacionales en detrimento de los pueblos y de la madre naturaleza”.

Ante ello, manifestaron que su lucha es por la vida y que otro sistema de organización de la sociedad es posible, “sin partidos políticos y líderes corruptos, desde las asambleas de los pueblos, articulados en redes de autonomías no capitalistas y no patriarcales”.

^{Manifestación de pobladores de Ixil contra el intento de despojo de tierras colectivas para desarrollos inmobiliarios.}

Este martes (28), mediante conferencia de prensa, representantes de las comunidades mayas de Kinchil e Ixil, en Yucatán, quienes resisten ante proyectos inmobiliarios, reiteraron su lucha en la defensa de sus territorios.

Pobladores de Kinchil compartieron que el pasado domingo (26) consiguieron realizar una asamblea ejidal para tratar el tema de 4,000 hectáreas amenazadas por intereses inmobiliarios.

Pese a la negativa del Comisariado y el Consejo de Vigilancia para convocar a la asamblea, impulsada por 20 ejidatarios, durante la asamblea se reconocieron a 71 campesinos y campesinas que tienen posesión de las miles de hectáreas ambicionadas por intereses inmobiliarios, colindantes con la carretera que lleva de Kinchil hacia Celestún.

“Por unanimidad los ejidatarios reconocieron a todos los posesionarios, con lo que ya tienen un reconocimiento legal que les servirá para defender las tierras si las inmobiliarias intentan despojarlos. Toda esa zona ya aparece en venta en internet, a través de diversos intermediarios inmobiliarios. Son ventas fraudulentas, están engañando a posibles compradores”, denunció Federico May Cuitún, campesino de Kinchil.

Para los posesionarios del área es importante denunciar la intención de despojo por parte de las inmobiliarias. Por ello, Doña Gregoria del Rosario Dzul Cuá reiteró que “como posesionarios no queremos que esto se venda, no queremos dinero, queremos mantener esas tierras en la comunidad, eso es nuestra vida, de eso trabajamos”.

Dzul Cuá resaltó que su familia mantiene la posesión de dichas tierras desde hace 80 años, donde trabaja con abejas y ha vivido de lo que produce en el campo. También denunció que el Comisariado de Kinchil mantiene una estrategia para conseguir la firma de ejidatarios a cambio de un pago para que firmen y puedan vender las tierras. “Gracias a que la asamblea nos reconoció como posesionarios, ya estamos más protegidos”, comentó.

Doña Sara María Dzul Tzuc, otra posesionaria de esa zona, denunció que han recibido amenazas, pero celebró la realización de la asamblea donde reconocieron a los ejidatarios de Kinchil. “Hasta ahora, los ejidatarios han sido engañados por el comisariado, pero el domingo salieron, incluso en silla de ruedas, y dieron su palabra. Ya nos habían dicho que nuestra lucha no tenía futuro, que abandonáramos, pero ahora estamos muy fuertes. La tierra no se vende, la vamos a defender”, sostuvo.

Durante la asamblea ejidal de Kinchil, también se aprobó por unanimidad una serie de acuerdos para ordenar al Comisariado Ejidal y al Consejo de Vigilancia “defender la posesión de las tierras de la comunidad de Kinchil amenazadas por intereses económicos ajenos (proyectos inmobiliarios, empresas porcícolas o avícolas)”.

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Con esta decisión, las y los pobladores mayas exigen a sus representantes legales para que acaten las decisiones emanadas de la asamblea de su comunidad, máxima autoridad ejidal, ante malas prácticas por parte del Comisariado a quien acusan de actuar en favor de las inmobiliarias.

Ixil

Por su parte, pobladores de Ixil denunciaron el incumplimiento de la orden de suspensión que obtuvieron para evitar el cercamiento de sus tierras colectivas, lo que ha obstaculizado la realización del trabajo de campesinos y apicultores desde el pasado 17 de agosto.

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Cabe recordar que la comunidad maya señala a las familias Abimerhi y Millet de intentar apropiarse de las tierras colectivas de Ixil. Jorge Yam Ek, uno de los demandantes en los juicios de amparo interpuestos por la comunidad de maya contra el intento de despojo, señaló que, tras el violento operativo policiaco de agosto, varios cientos de hectáreas de tierras de cultivo permanecen cerradas con alambre de púas y con sellos que amenazan con hasta tres años de cárcel a quienes violen los sellos.

“Aunque el Juzgado Primero de Distrito emitió la suspensión el 6 de noviembre de 2023, en la que ordena a la Fiscalía (de Yucartán) y a la SSP (Seguridad Pública de Yucatán) que se permita acceso a los pobladores de Ixil a estas tierras para la realización de actividades productivas, y que dichas autoridades se cercioren del acatamiento de la medida, aún no han quitado los alambres de púas que cierran los caminos cosecheros y los accesos a los predios”, denunció Yam Ek.

El poblador de Ixil declaró que, al igual que Kinchil, su pueblo está unido ante “la mafia de empresarios que se está queriendo apropiar de nuestras tierras. Es una maquinaria perversa compuesta de políticos, comisariados, notarios, la fiscalía, etc. Intentan que a la gente se amedrente y abandone el campo, pero estamos unidos y seguiremos defendiendo el territorio”.

Ciriaco Pech Tec, ejidatario de Ixil, detalló que debido al cercamiento de las tierras colectivas no han podido acceder con agua para suministrar a sus abejas. Tampoco han podido transportar herramientas para trabajar en su producción de hortalizas. “Todo hay que acarrearlo a mano a través de los alambres. Están los policías intimidando a la gente. El comisariado actual lleva dos años y medio pero no informa, le exigimos asambleas, le vamos a ver a su casa pero aún no convoca asamblea”, aseveró.

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Durante la conferencia, se anunció el ingreso de una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), contra el proyecto inmobiliario Cedrón, aparentemente desarrollado por las empresas Grupo FIAT y ECOPSA Desarrollos, el cual pobladores de Ixil acusan que está deforestando selva a solo dos kilómetros de su comunidad.

“Esto va a afectar la agricultura campesina que depende del monte para que haya buenas condiciones para la siembra, y también nos va a hacer más vulnerables ante inundaciones y ante el cambio climático. No vamos a permitirlo, en Ixil no queremos inmobiliarias ni granjas porcícolas o avícolas, queremos ser un pueblo libre”, señaló Karla Flores Arazola, de la comunidad maya.

El objetivo es clausurar el proyecto Cedrón “para que esa zona siga siendo selva y conservar nuestra agua limpia”, complementó Maria Estrella Cocom Noriega, representante de la comunidad.

^{En portada: Minería de arena de sílice en Jáltipan. Foto: Aldo Santiago}

A través del proyecto Hilando el capital verde en Mesoamérica, Avispa Mídia atestiguó un enorme despliegue de maquinaria en el istmo veracruzano, región sur del estado. Las carreteras desde San Juan Evangelista hasta Coatzacoalcos se inundan de trabajadores, transportes y materiales. El boom del nearshoring -reubicación de cadenas productivas a las geografías más cercanas para el mercado-, impulsa la consolidación de proyectos estratégicos para el reordenamiento territorial del sureste mexicano.

La zona es clave para articular 10 parques industriales contemplados en el proyecto del Corredor Interoceánico, que también atraviesa Oaxaca. Cada estado sureño comparte cinco PODEBI (Polos de Desarrollo para el Bienestar), como se denominan los complejos industriales proyectados para la región.

^{Mapa elaborado por GeoComunes}

Además, es un punto nodal para la interconexión ferroviaria con el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, así como por una serie de infraestructura de carreteras, puertos y aeropuertos que constituyen la apuesta por consolidar el andamiaje para la exportación de mercancías hacia mercados de EEUU, Europa y Asia.

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Estas iniciativas forman parte de la articulación de megaproyectos que en la región se enlazan para acelerar la extracción de hidrocarburos -incluidos los no convencionales, más perjudiciales para el ambiente-, minería a cielo abierto y como clúster de la agroindustria.

Chinameca

“Pieza clave” es la descripción del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) sobre la estación de compresión ubicada en Chinameca, Veracruz.

Dicha infraestructura funciona para la compresión y almacenamiento del gas para su posterior distribución y comercialización. Las estaciones están interconectadas mediante ductos de recolección desde los sitios para la extracción de hidrocarburos del subsuelo.

Un análisis de CartoCrítica destaca que los principales lugares de producción en México son las aguas del golfo de México, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Chiapas. Acorde a la cartografía, en México existe una red de 1,291 proyectos con una longitud mayor a 34 mil kilómetros.

A estos, se añade la construcción del gasoducto Puerta al Sureste, ducto submarino de 715 kilómetros que conectará con el ducto Jáltipan-Salina Cruz, terminal en la costa oaxaqueña desde donde exportará gas a Europa y Asia. El mismo está planeado para proveer gas a la península de Yucatán, al tren maya y a los PODEBI.

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En junio de este 2023, Abraham David Alipi Mena, director general de Cenagas, anunció la rehabilitación de esta estación, que moviliza diariamente 300 millones de pies cúbicos de gas natural.

El funcionario de Cenagas, perteneciente a la Secretaría de Energía, resaltó la importancia de la estación para el transporte de gas de sur a norte de México y viceversa, con la cual buscan aumentar la producción diaria con hasta 800 millones de pies cúbicos.

“La idea es darle mayor flexibilidad al sistema y con esto poder atender las necesidades que hay, y sobre todo el incremento de la inyección en la producción de gas natural”, remarcó el titular del organismo gestor del transporte y almacenamiento del hidrocarburo.

Chinameca también alberga infraestructura de, por lo menos, cuatro de las gigantes de la agroindustria en México: Bachoco, Campi, Maseca y Oleofinos.

Esta última, pertenece al grupo Oleomex, conglomerado de 15 empresas que posee participación en la siembra, procesamiento y distribución de aceite de palma. Entre sus principales clientes se encuentran multinacionales como Cargill, PepsiCo y Nestlé.

La planta procesadora, la primera del estado y especializada en la refinación de aceites y grasas vegetales, fue inaugurada en 2010. Con el argumento de brindar empleo en la región, también se promovió como una fuente para la producción de biodiésel y con ello impulsó los monocultivos de palma en el sur de Veracruz.

La inversión para la planta procesadora se enmarcó en el Programa Estratégico Trópico Húmedo para potencializar monocultivos de cacao, hule y palma aceitera en el sur-sureste mexicano. A su vez, Oleofinos proyectó la instalación de su infraestructura en esta región por la posibilidad de exportar el aceite de palma hacia el sur de los Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe.

Para el proceso de convertir el aceite de palma de una sustancia líquida a sólida o semisólida se utiliza el proceso de hidrogenación con elementos catalizadores como el níquel y el cromo, cuyo residuo derivado de la actividad industrial es altamente tóxico.

De acuerdo al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, elaborado por la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales, la procesadora de Olefinos reporta hasta 2021 la descarga de elementos como el cromo, níquel y bióxido de carbono tanto al aire, agua y suelo en Chinameca.

Mecayapan

Veracruz ocupa el cuarto lugar en producción de palma aceitera, detrás de Chiapas, Campeche y Tabasco. De acuerdo con la Federación Mexicana de Palma de Aceite, es en el sur de esta entidad donde se concentran más de 9 mil hectáreas de este monocultivo.

Entre los municipios de Acayucan y Mecayapan suman el 40% (3,169.5 hectáreas) de las plantaciones de la región y del estado. Y es en Mecayapan donde se registró la mayor producción en 2021, al generar el 21% del total de Veracruz con más de 15 mil toneladas de Racimos de Fruta Fresca.

Además de las inversiones privadas, esto se ha logrado con el apoyo estatal con acciones como la entrega de toneladas de fertilizantes químicos como el “Triple 17” a miles de productores del sur de Veracruz.

En consonancia, el Consejo Mexicano Para el Desarrollo de la Palma de Aceite ha localizado entre 2 y 4 millones de hectáreas que cuentan con buen y mediano potencial para la producción de palma de aceite en los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche.

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Un análisis del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano y la organización México Vía Berlín resalta la importancia de la ubicación de las plantaciones de palma. Destaca que la región del norte de Acayucan y Mecayapan se expanden cerca o a lo largo de las vías de comunicación. Lo que conllevaría a una acelerada expansión con la interconexión de la región con el Corredor Interoceánico y el Tren Maya.

Jáltipan

El coque de petróleo es un residuo de la actividad de refinación petrolera y de derivados de carbón. Es utilizado como combustible para generadores eléctricos y cuenta con un alto nivel de azufre conllevando problemas de afectación en el ambiente.

Desde hace más de 10 años, en el municipio de Jaltipán que cuenta con más de 40 mil habitantes, opera una planta de almacenamiento de coque. Pobladores señalan como una fuente de contaminación al encontrarse dicho material en grandes cantidades y a cielo abierto.

Organizaciones ambientalistas como Chogosteros en Acción acusan que dicho contaminante provoca enfermedades que van desde neumonías y fibrosis pulmonar hasta insuficiencia hepática y renal, deformidades, abortos y cáncer.

Propiedad de la empresa de capital español ADN Energía, desde julio de 2013 comercializa más de 1 millón de toneladas por año de coque de petróleo. Las y los pobladores de la región denuncian que la compañía instaló el tiradero de coque a cielo abierto sobre manantiales, en una superficie que alcanza más de 25 hectáreas.

En contraste, sus operaciones que realiza entre los municipios de Jáltipan y Chinameca, donde extrae arena de sílice para la fabricación de vidrio han sido señaladas como dañinas del medioambiente. Pobladores locales acusan que los residuos afectan a 10 mil habitantes de la región y además contamina el río Chacalapa.

Covia Holdings Corp también mantiene operaciones en Chihuahua, Puebla, Coahuila y Guanajuato. Entre los minerales que extrae se encuentran zinc, plomo, plata y hierro.

^{Foto por Santiago Navarro F}

Las organizaciones de tortillerías y molinos de nixtamal de México han remarcado el rechazo al uso de maíz transgénico para la elaboración de masa y tortillas, alimento básico de los mexicanos. “Es nuestra responsabilidad y compromiso llevar a los hogares de México un producto sano y nutritivo. Por lo tanto, estamos en contra de usar como materia prima el maíz transgénico”, expresaron las organizaciones en un comunicado.

En diciembre de 2020 se publicó un decreto contra el maíz genéticamente modificado, el cual se debía eliminar de la alimentación. En un nuevo decreto, de febrero de 2023, se quita el plazo para prohibir el maíz transgénico en la alimentación animal e industrial de alimento humano. Se prohíbe el maíz transgénico, así como el uso de glifosato, a partir de 31 de marzo de 2024.

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Sin embargo, a partir de la decisión del gobierno mexicano, las presiones por parte de corporaciones agroalimentarias, como Bayer-Mosanto, y de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá (T-MEC), empezaron, tanto judicialmente como por la vía del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México.

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Inicialmente las presiones desembocaron en una petición de consultas técnicas en junio de 2023, cuestionando las bases científicas en que se sustenta dicho decreto.

A partir de entonces el gobierno mexicano ha presentado las pruebas necesarias e incluso, propuso realizar una investigación conjunta con los Estados Unidos con el propósito de analizar los daños ocasionados por el glifosato y los maíces transgénicos a la salud humana. El gobierno estadunidense se ha negado.

“Esta negativa muestra que no existe voluntad de avanzar de manera constructiva ya que el solo hecho de aceptarlo pondría en duda lo que el gobierno de Estados Unidos y las transnacionales han buscado imponer como verdad absoluta que el paquete tecnológico glifosato y maíz transgénico no conlleva daños a la salud”, sostuvo la Campaña Nacional Sin Maíz no Hay País.

El pasado 17 de agosto, el gobierno de Estados Unidos solicitó establecer, en el marco del T-MEC, un panel de controversia sobre la restricción que el gobierno mexicano ha establecido para la importación de maíz transgénico.

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“No permitamos que un país extranjero a través de un tratado comercial imponga condiciones que ponen en riesgo nuestro derecho a un ambiente sano, a la salud, a la vida, a un trabajo digno libre de tóxicos”, sostuvieron las organizaciones de la campaña.Las organizaciones de tortillerías sostienen que desconocen “cualquier posicionamiento que no provenga del consenso colectivo y que responda a intereses desconocidos” y solicitan que “las autoridades competentes otorguen los apoyos necesarios a los agricultores encargados de la siembra de nuestro maíz, para alcanzar la suficiencia alimentaria”.